#Doctrina El instituto de la compensación de las obligaciones como práctica abusiva en el ámbito del derecho del consumidor

Autor: Pérez, Álvaro A.

Fecha: 23-jun-2020

Cita: MJ-DOC-15384-AR | MJD15384

Sumario:

La compensación de las obligaciones en los contratos de consumo. Pautas interpretativas en las cuales determinadas clausulas o practicas devendrían abusivas. Limitación a la compensación legal y convencional dentro del ámbito de la relación de consumo. Compensación de deudas por distintos contratos. Compensación por deudas dentro del mismo contrato. Impugnación por parte del consumidor. Conclusión.

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Doctrina:

Por Álvaro Alberto Pérez (*)

El micro sistema del Derecho del Consumidor vino a irrumpir en el ámbito de la responsabilidad civil para lo cual recepta soluciones jurídicas sustancialmente diferentes cuando interviene un consumidor o usuario ante una problemática derivada de un incumplimiento legal en el ámbito del contrato de consumo o en la relación de consumo.

Dicha irrupción no le es ajena al instituto de la compensación de las obligaciones en las cuales, en el ámbito del derecho del consumidor, puede devenir como una práctica abusiva, entendida a esta última como aquella situación en la que el proveedor exacerba su posición dominante valiéndose de la asimetría estructural existente entre ambos polos relacionales (consumidor-proveedor) con el afán de obtener una ventaja económica o jurídica en desmedro o perjuicio del sujeto débil.

Como punto de partida debemos realizar ciertas precisiones para abordar la problemática que aquí se presenta cuando se pretende hacer valer, legal o convencionalmente, la compensación de las obligaciones.

La compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas reúnan la calidad de deudor y acreedor recíprocamente, cualesquiera sean las causas de una u otra deuda.El efecto de la aplicación de la compensación es extinguir con fuerza de pago las dos deudas hasta el monto de la menor (1), el cual puede ser legal, convencional, facultativa o judicial (2).

La compensación producirá sus efectos en el momento en que ambas deudas coexistan en condiciones de ser compensadas aunque el crédito no sea líquido y aunque alguna de las partes haya impugnado la deuda.

En efecto, un consumidor puede ostentar la calidad de acreedor frente a una obligación debida por un proveedor y viceversa, el proveedor puede ostentar la calidad de acreedor frente a una obligación debida o no satisfecha por el consumidor, y es dable esperar que cuando coexisten dichas obligaciones y están en condiciones de ser compensadas el sujeto fuerte de dicha relación actué en consecuencia haciéndose de su crédito hasta el monto de la deuda menor.

La cuestión que aquí se plantea es si el proveedor puede oponer el instituto de la compensación y si dicha oposición no reviste una práctica abusiva.

Preliminarmente debemos hacer notar que el consumidor, al momento de celebrar un determinado contrato o entablar una determinada relación jurídica con el proveedor, no espera ver frustrado su derecho como consecuencia de un incumplimiento en un contrato ajeno al cual lo constituyo en acreedor frente al proveedor, gozando de la plena expectativa de su cumplimiento en respeto con sus intereses económicos allí depositados.

A raíz de evitar la frustración de los derechos de la parte débil de la relación negocial, es que el legislador a instaurado una serie de pautas interpretativas en las cuales determinadas cláusulas o practicas devendrían abusivas y, como tal, inexistentes a la luz del sistema protectorio aludido.

Por su parte, determinados organismos facultados en la aplicación administrativa de la ley 24.240 y normas complementarias, han esbozado bases interpretativas respecto del alcance de determinadas conductas que podrían acarrear un comportamiento abusivo.

Dentro de las pautas más generales que se pueden considerar abusivas podemos mencionar aquellas que «desnaturalicen obligacioneso limiten la responsabilidad por daños, preceptos que impongan la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor, como así también, aquellas cláusulas que importen renuncia o restricción de sus derechos o amplíen los derechos de la parte proveedora (3)».

En la misma línea general la resolución 53/2003 de la Secretaria de la Competencia, la Desregularización y la defensa del Consumidor, en su Anexo, estableció que se consideran abusivas las cláusulas que establezcan que cuando el consumidor se encuentre en mora, respecto de obligaciones previstas en el contrato, el proveedor pueda cancelar la misma por compensación con otras sumas que el consumidor hubiera suministrado al proveedor como consecuencia de otro contrato o de la provisión de otro producto o servicio, excepto cuando la compensación se encuentre autorizada por nomas legales especiales, en cuyo caso el proveedor deberá informarlo al consumidor en el contrato (4).

Aquellas clausulas contractuales o prácticas que propendan a la compensación de deudas para el caso que el consumidor haya incurrido en mora y su crédito esté en condiciones de ser compensado devendrá en abusiva.

Pero al respecto cabe realizar ciertas precisiones a tener en cuenta, lo que la ley prohíbe, en consonancia con la resolución antes citada, es evitar que el proveedor, valiéndose de alguna suma que el consumidor haya suministrado al proveedor como causa de otro contrato o respecto a la provisión de otro servicio o contrato, pueda ser compensado y, por ende, se vea frustrado su derecho de obtener el cumplimiento del primer contrato.

Por ende, la compensación legal y convencional se ven fuertemente limitadas dentro del ámbito de la relación de consumo en tanto el proveedor no puede pretender compensar deudas de sus consumidores y/o usuarios frente a créditos que este disponga con motivo de algún contrato celebrado.

Sí cabe resaltar que en caso de que en un mismo contrato las partes adquieran la calidad de acreedores y deudores recíprocamente, no existiría en principio un valladar para que operase la compensación legal o convencional. Lo que la ley y la resolución citada reputan abusiva es aprovechar un nuevo contrato en la cual se generó un crédito a favor del consumidor y compensarlo con un crédito del proveedor generado por contrato diferente, aunque revistiendo ambos la calidad requerida por ley.

Ello en modo alguno implica cercenar derechos de la parte proveedora por dos simples razones: la primera está dada en que si el proveedor tenía conocimiento de que el consumidor revestía la calidad de deudor en un contrato celebrado debe adoptar los medios pertinentes para obtener la satisfacción de su crédito y no aprovecharse de algún estímulo al consumidor para que celebre un nuevo contrato en la que lo colocara como acreedor y al proveedor como deudor y así compensar sus créditos en un claro fraude al primero, ello en tanto el sujeto fuerte de la relación consumeril cuenta con la suficiente expertiz para analizar el riesgo propio de su actividad comercial y entablar las acciones pertinentes para el recupero de sus créditos y, en segundo lugar, cuando el consumidor celebra un determinado contrato eligiendo una determinada empresa/proveedora no solo tiene en mira el resultado y calidad de la prestación que le será debida sino que, además, deposita en este último una confianza que es propia de la posición que ocupa el proveedor, generándose una clara expectativa de cumplimiento íntegro de las obligaciones derivadas de ese nuevo contrato el cual no tendrá injerencia anteriores o futuros contratos que se celebren en lo sucesivo, y ello no es más que un desprendimiento lógico de la garantía constitucional del respeto a los intereses económicos de los consumidores y usuarios.

Por tanto, cualquier práctica o disposición contractual que pretenda aprovecharse del instituto de la compensación de las obligaciones por parte del proveedor para ver satisfecho su crédito por un contrato diferente devendrá abusiva y, por tanto, como no convenida.

COMPENSACION POR DEUDAS DENTRO DEL MISMO CONTRATO

Conforme lo expusiéramos, la práctica abusiva o prohibida por el ordenamiento jurídico respecto a la compensación en materia de consumo está dada por deudas y créditos que se originan recíprocamente por contratos diferentes.

Entonces ¿Qué sucede cuando el consumidor y el proveedor adquieren la calidad de acreedor y deudor por créditos provenientes de un mismo contrato?

Al respecto se pueden esbozar dos posturas, la primera, sobre la cual considera que dicha práctica también deviene abusiva y, la segunda, aquella que lo considera permitida pero con ciertas limitaciones que pueden hacer incurrir al proveedor en una práctica abusiva.

Una tesis amplia está dada en considerar la compensación, cuyas deudas reciprocas se originen con motivo de un mismo contrato, como abusivas por considerar que de aplicarla el proveedor para compensar su crédito este incurriría en una vulneración de los intereses económicos del consumidor quien vería frustrado su derecho de hacerse de su crédito legítimamente obtenido.

Al respecto esta parte considera que, en tal caso, no se da una situación de abusividad en cuanto el proveedor no traspole créditos o deudas originados en un contrato ajeno.

Pero esta postura de no abusividad no es absoluta, toda vez que de no darse ciertos requisitos el proveedor podría incurrir en una práctica reprochable y, como tal, no ha de ser posible la aplicación del instituto analizado.

Para que la compensación que realice el proveedor tenga plena validez esta debe enmarcarse dentro del contrato celebrado y no traspolar créditos o deudas ajenas, así mismo debe reunir los requisitos dados por la compensación legal.

Así, para que sea procedente, ambas deudas deben coexistir al momento de la oposición de la compensación y estas deben estar en condiciones de ser compensadas.La oposición reviste una característica fundamental por dos motivos, el propio Código Civil y Comercial no estipula una compensación automática, por el contrario, de la propia lectura del artículo 924 CCyCN al analizar los efectos de la compensación legal deja bien a salvo que empezaran a surtir una vez opuesta por el interesado.

Dicha oposición, en lo que hace a la relación de consumo, viene de la mano con el claro deber de información que pesa sobre el proveedor quien tiene la carga legal de brindar información cierta, clara, detallada y suficiente en todo el iter contractual, no tan solo en la etapa pre-negocial donde surge la formación del consentimiento sino, además y con mucha ra zón, dentro de la etapa de la ejecución de las obligaciones.

La falta de oposición por parte del proveedor de la intención de hacer valer la compensación de la obligación acarreara la consecuencia de su ineficacia por violación a lo prescripto por el articulo 924 CCyCN incurriendo, además, en una clara falta al deber de información establecido por el articulo 4 LDC y 1100 CCyCN.

Pero aquí surge una nueva interrogante ¿qué sucede si la deuda que se le imputa al consumidor o si el crédito que cree acreedor el proveedor es impugnada por el consumidor?

El articulo 924 CCyCN establece que la impugnación que haga el deudor respecto del crédito no acarrea la suspensión de los efectos de la compensación.Advertimos en este punto que dicha práctica, a la luz del actual derecho del consumo, devendría una práctica abusiva y, además, este artículo no pasaría en determinadas circunstancias del control de constitucionalidad opuesto al artículo 42 CN.

Tal como dijimos al principio el micro sistema del derecho del consumo vino a modificar la tradicional respuesta que se da en materia de responsabilidad y obligaciones civiles, debiéndose realizar una interpretación hermenéutica a la luz de la particularidad del negocio celebrado y de las características personales que ocupan las partes contratantes, siendo la primera un sujeto débil e inexperto, con poca incidencia en la etapa negocial y, muchas veces, actuando en un mercado monopólico u oligopólico con escasa posibilidad de opción, mientras que en el otro polo obra un sujeto fuerte, cuya nota característica es la profesionalidad, con claros conocimientos técnicos y jurídicos del negocio que celebra, con un alto grado de expertiz y gozando de la facultad de predisponer las bases contractuales.

Ello lleva a tutelar al sujeto débil de una manera diferente de aquellas situaciones en la que las partes obran en un mismo plano de igualdad, con el fin de paliar dicha asimetría de la mejor manera posible, equiparando la balanza lo más equilibrada que se pueda para evitar abusos.

Por tanto, toda conducta o clausula contractual que conlleve ampliar derechos a favor de la parte proveedora devendrá abusiva y, por consiguiente, inexistente.

Pero además, la ley veda de manera categórica toda situación que implique una inversión de la carga de la prueba colocando al consumidor en una posición desventajosa respecto a la tutela de sus derechos.

Ante la impugnación de un crédito por parte del consumidor corresponde suspender sin más los efectos de la compensación opuesta por el proveedor en tanto, de no ser así, dicha práctica devendría abusiva por imponer al consumidor la obligación de demostrar, con posterioridad, que dicha oposición era justificada.

Es el proveedor es quien cuenta conmejores herramientas para demostrar que su crédito resulta compensable y, por ende, frente a una impugnación demostrar que aquella no debiera prosperar.

Cualquier conducta o clausula que permita continuar con los efectos de la compensación, incluso impugnado el crédito, acarrearía la grave consecuencia de tener el consumidor que demostrar que dicho crédito no era compensable por no reunir determinadas características.

Por otra parte, advertimos una deficiente redacción legislativa en el artículo 924 CCyCN en tanto debió advertir que en caso de que las deudas que se pretendan compensar tienen su causa-fuente en un contrato o relación de consumo, la impugnación suspende los efectos de la compensación hasta tanto no sea resuelta debidamente.

Es que de proseguir los efectos de la compensación advertimos que el artículo 37 inciso c de la ley 24.240, siendo esta última una ley especial, además, violaría de manera flagrante el principio «indubio pro consumitor», sobre la cual, en caso de duda, tanto en la interpretación de un hecho como en la aplicación del derecho, deberá adoptarse aquella que resulte más favorable o menos lesiva para los intereses del consumidor.

En la misma línea, advertimos que el artículo citado no supera un control de constitucionalidad a la luz del articulo 42 CN, en tanto vulnera de manera notoria los intereses económicos de los consumidores a quienes se les debe un especial resguardo y tratamiento, por lo que de no suspenderse los efectos de la compensación ante la impugnación realizada por el consumidor colisionaría con dicho precepto constitucional.

CONCLUSIÓN

Conforme se expuso, esta parte considera el instituto analizado no puede ser aplicado en absoluto por créditos que tengan su causa-fuente en contratos de consumo diferentes.

No así el caso de que se pretenda compensar deudas originarias de un mismo contrato de consumo en la medida en que cumplan con los requisitos de la compensación legal, siempre y cuando sea debidamente opuesta en tiempo y forma por el proveedor y el consumidor no la haya impugnado.En el primer caso entendemos que los efectos de la compensación no podrían comenzar a surtir efectos hasta tanto no sea opuesta y, en el segundo caso, de ser impugnada entendemos que los efectos deben suspenderse hasta tanto se resuelva la impugnación formulada por el consumidor.

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(1) Articulo 921 CCyCN.

(2) Articulo 922 CCyCN.

(3) Articulo 37 ley 24.240-

(4) Anexo a la resolución S.C.D y D.C n°53/2003, inciso f

(*) Abogado, Universidad Nacional de Tucumán. Magister en Economía y derecho del consumidor, Universidad de Castilla – La Mancha. Maestrando en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, UNTREF.