#Doctrina El caso Vicentin. Un análisis estrictamente jurídico

Autor: Vaiser, Lidia

Fecha: 17-jun-2020

Cita: MJ-DOC-15394-AR | MJD15394

Sumario:

I. Antecedentes de Vicentin SAIC: Empresa Familiar. II. El concurso preventivo: finlidades y principios. III. El decreto de necesidad y urgencia. IV. La intervención de una sociedad anónima en el sistema jurídico nacional. V. Las normas constitucionales y administrativas. VI. Conclusiones./i>

Doctrina:

Por Dra. Lidia Vaiser (*)

I. ANTECEDENTES DE VICENTIN SAIC: Empresa Familiar

Vicentin SA es una empresa familiar creada en el año 1927 por tres hermanos de ese apellido que habían inmigrado desde Italia. Actualmente constituye un conglomerado de aproximadamente 30 empresas radicadas en Argentina, Uruguay y Paraguay. Estas características permite desmentir la terminología legal que todavía se utiliza aludiendo a «empresas cerrada o de familia», ya que además de su expansión a través de los años, cotizaba en la Bolsa de Valores de Buenos Aires. (1)

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Como nota característica de esta particular empresa familiar, debe destacarse que su existencia ha superado la cuarta generación sucesoria y, como se ha destacado reiteradamente, tiene 109 accionistas emparentados, a excepción de cierta reciente alianza con una empresa extranjera a la que vendió una parte importante de una controlada.

Asimismo, la firma tiene un notable arraigo territorial en el norte de la Provincia de Santa Fe ya que de ella depende un sector importante de la economía regional en razón de sus fuentes de empleo y su objeto principal que es la comercialización y exportación de granos, razón por la cual se erige como principal sino único cliente de numerosas explotaciones agropecuarias pequeñas y medianas.

Sin embargo, la empresa se encuentra lejos de competir con los gigantes del mercado ya sean estos nacionales o extranjeros, según trascendiera en distintos medios.

Vicentin SAIC no produce alimentos sino que su principal objeto es la exportación de granos y de productos elaborados a partir de estos, especialmente aceites comestibles y combustible biodiesel, pero sí ejerce el control societario de otra empresa que los elabora. (2)

Se ha mencionado que la firma emprendió una expansión notable en los últimos años mediante apalancamiento con los créditos en dólares tomados en el mercado financiero local e internacional, mientras que gira en moneda local. Esta sería una de las causas de su complicado estado financiero, sin considerar las demás que pudieran existir.Aún aquellas que se mencionan como actuaciones irregulares que podrían haber afectado su patrimonio, balances «dibujados», obtención abusiva de créditos, etc.

En cuanto a sus acreedores del país debe ponerse de relieve a los bancos públicos y privados, sin perjuicio de la banca extranjera, en especial, al Banco de la Nación Argentina, dado que los créditos otorgados a Vicentin SA han sido puestos en pugna a través de un sumario administrativo y de una causa por el presunto delito de estafa, interpuesta contra el presidente del Banco Central así como de otros altos funcionarios del gobierno anterior y gerentes y administradores de la propia firma.

La política expansiva emprendida por la empresa – según ha trascendido – habría levantado la objeción del auditor de sus balances, la reconocida firma internacional KPMG, a la que no obstante se le atribuye también una actuación cuestionable. El presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara, declaró recientemente que la empresa debe ser «expulsada del comercio de granos» y se mostró indignado con aquellos productores que volvieron a venderle granos. El empresario acopiador y referente del sector también apuntó a un factor clave: los balances que venía mostrando Vicentin para acceder a las líneas de prefinanciación de exportaciones, donde el rol de la consultora KPMG en la auditoría de los balances de la empresa «dejó mucho que desear». (3)

Dada su situación patrimonial el 10 de febrero del corriente año Vicentin SAIC se presentó en Concurso Preventivo ante el juez competente según su domicilio social, (Reconquista, Provincia de Santa Fe) tal como dispone la ley (art.3 LCQ)

II. EL CONCURSO PREVENTIVO: Finalidades y principios

Es uniforme la doctrina y la jurisprudencia interna, tanto como el Derecho comparado, en el sentido de que el concurso preventivo lleva por finalidad satisfacer los créditos del que ha caído en cesación de pagos y rescatar a las empresas viables, en razón de sus fuentes de empleo y su importancia en el desarrollo económico de las naciones.Es dable destacar que la noción de «salvamento o rescate» de la empresa está prevaleciendo desde hace mucho tiempo en el Derecho comparado por sobre otros principios y valores concursales; y que se hace oír con verdadero estrépito en el contexto de la actual pandemia sanitaria.

Nuestro derecho interno contempla un salvataje empresario inspirado en el Chapter 11 del derecho concursal norteamericano, que tiene reflejo en el art. 48 de nuestra ley y al que denominamos habitualmente «cramdown» (tal como se conoce en los Estados Unidos aunque -como se sabe- presenta aquí otras características). Ello así y ante la eventualidad de no lograrse un acuerdo con los acreedores, la ley confiere otra chance de negociación al propio deudor y a terceros, en cuyo caso estos últimos deberán adquirir las acciones sociales de la concursada.

También resulta necesario subrayar que la legislación concursal, dada su importancia en la economía de los países, está establecida en base a normas de orden público, circunstancias que se hace especialmente relevante en el caso. (4)

El proceso concursal, como es sabido, se encuentra organizado a través de segmentos que van marcando su avance en el tiempo. A la presentación concursal y a su apertura por medio de una sentencia judicial le sigue el llamado «período informativo», donde los acreedores deben presentarse a verificar sus créditos (art 32 LCQ), el síndico del concurso informa sobre su verosimilitud y procedencia (ART 35 LCQ) para finalmente ser admitidos mediante una sentencia judicial que hace cosa juzgada, salvo dolo (art. 36 LCQ)

En el proceso concursal de Vicentin SA, se encuentra corriendo en este momento el plazo para que los acreedores de la firma se presenten a verificar sus créditos, es decir en una embrionaria fase del período informativo que vence el 26 de agosto del corriente año.De modo que todavía no es posible establecer las magnitudes económicas que se desprenden del caso, habida cuenta de que no se encuentra establecido el valor patrimonial de la empresa, ni los créditos que integran su pasivo. Su determinación dependerá de las sucesivas etapas del proceso y se irá revelando a través de la verificación e impugnación de los créditos (art. 32, 32 bis, 33 ,34 y ccds LCQ); del informe individual del sindico (art. 35 LCQ) de la sentencia verificatoria de los créditos (art. 36 LCQ y del informe general del síndico, (art. 39 LCQ), sin mencionar otras alternativas legales y judiciales que hacen a la cuestión.

También debe subrayarse que la empresa se encuentra operativa y que las normas concursales y las potestades del juez natural de la causa permiten afirmar que los activos de la sociedad se encuentran protegidos a través de diferentes normas jurídicas. Así y por ejemplo los ya mencionados artículos 14 , 15 ,16 ,17 y 21 LCQ que producen entre otros los siguientes efectos:

– El concursado NO PUEDE DISPONER DE SUS BIENES NI GRAVARLOS

– La apertura del concurso produce la inhibición general de sobre todos los activos, la que se anota en los respectivos registros.

– El concursado sufre lo que se denomina un desapoderamiento atenuado y su administración se encuentra restringida y vigilada por el síndico

– No puede realizar actos a título gratuito ni alterar las condiciones de los créditos involucrados en el concurso.

– Debe solicitar la autorización del juez para todo acto ligado a bienes registrables.

– El concurso ejerce el fuero de atracción sobre los juicios en trámite, a excepción de los laborales y los fundados en relaciones de familia

Finalmente se destaca que el incumplimiento de estas normas produce la ineficacia de pleno derecho sobre los actos ejecutados en violación a la ley.Y autoriza al juez a desplazar a los administradores o limitar sus funciones mediante la designación de veedores o interventores.

De otro lado, las sucesivas reformas de la ley 24522 han dotado a los trabajadores de nuevas y numerosas prerrogativas dentro del proceso concursal; como la readecuación del instituto de pronto pago, las funciones de control dentro de los comités previstos en la ley y la formación de cooperativas de trabajadores cuando el empresario fracasa en su gestión o no consigue un acuerdo homologable.

Es necesario recordar también que desde hace mucho tiempo la ley y la doctrina han distinguido acabadamente entre la empresa y el empresario. La idea es aplicable a los administradores, sean o no accionistas. Este criterio pareció quedar olvidado por la Corte Suprema de Justicia en la causa Oil Combustibles cuando declaró la nulidad de la sentencia de apertura de su concurso preventivo invocando razones de merecimiento empresario, noción también erradicada de la Ley Concursal a partir de 1995.

Sin embargo más tarde la Sala D de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial con un fundado voto del Juez Pablo Heredia logró poner las cosas en su justo punto. (5) Así se juzgó que la cesación de pagos es el requisito más relevante para la apertura del proceso concursal, «cualesquiera fueren las causas determinantes, aún cuando ésta fuera imputable a la negligencia, culpa o fraude del deudor». Y que no corresponde evaluar si ese estado patrimonial responde o no a una

conducta fraudulenta del concursado.Con citas de la más añeja doctrina concursal se entendió que si el estado de cesación de pagos subsiste, el proceso destinado a resolverlo «no puede terminar sino por alguno de los medios que la ley establece»: el concordato, que eliminando la cesación de pagos evita que se declare la quiebra.

No puede olvidarse tampoco que en su actual redacción el Art 52 LCQ co nstituye el último límite contra la ilegitimidad cuando establece que «en ningún» caso el juez homologará una propuesta abusiva o en fraude a la ley.

Esta valiosa doctrina resulta aplicable a Vicentin SAIC, ya que de verificarse conductas fraudulentas por parte de directivos o accionistas, el Derecho tiene la adecuada respuesta. Pero resulta evidente que el principio de conservación «recae sobre la empresa», con independencia de sus dueños o administradores.

III. EL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA

El Poder Ejecutivo Nacional ha dictado el DNU 522/2020 disponiendo «. la intervención transitoria de la empresa Vicentin SAIC por un plazo de 60 días a fin de asegurar la continuidad de las actividades de la empresa, la conservación de los puestos de trabajo y la preservación de sus activos y patrimonio.».

Entre los considerandos del Decreto se explica la situación económico-patrimonial de la firma, aquí ya referida y su importancia estratégica, y también se expresa que conjuntamente con la medida cautelar, el Gobierno ha enviado al Congreso Nacional un proyecto de ley que propicia la declaración de utilidad pública y la expropiación de la «sociedad Vicentin».

Debe señalarse por más que resulte evidente, que una sociedad anónima es una persona jurídica y que como tal «no puede ser objeto de expropiación». Tampoco así la «empresa», dado que la misma está constituida por un conjunto de bienes físicos y de capital humano, de «know how» empresario y demás activos intangibles.

Además, el decreto también dispone la intervención transitoria de la «empresa» Vicentin, mientras que las razones de utilidad pública que seintenta alcanzar en el Congreso aluden a la expropiación de la «sociedad» Vicentin, así: a secas.

La referencia indiscriminada a la «empresa» y a la «sociedad», abre una serie de inquietantes preguntas que pueden desembocar en circunstancias muy disimiles e igual de peligrosas desde el punto de vista de la legalidad de los actos y de la seguridad jurídica. Según valiosas opiniones si lo que se va a trasmitir es una «empresa», su traspaso deberá quedar sujeto a ley 11867 de transferencias de fondos de comercio, la que en su art. 1 establece que los elementos constitutivos de un establecimiento comercial o fondo de comercio a los efectos de su trasmisión por cualquier titulo son las instalaciones, mercaderías, nombres, enseña, clientela, patentes y marcas. Y por otro lado el art. 8 de la misma ley establece que en ningún caso podrá enajenarse un establecimiento comercial «por un valor inferior a la totalidad de su pasivo». (6)

Debe recordarse por otra parte, que Vicentin SAIC es la sociedad madre de un complejo societario de dimensión transnacional, por lo cual la indeterminación semántica trae aparejada graves inconvenientes interpretativos sobre la suerte de las demás empresas del grupo. Y también conviene poner de relieve que la sociedad está controlada por otra sociedad familiar del exterior, radicada en la República Oriental del Uruguay (Vicentin Family Group).

De su lado, el proyecto del PEN remitido al Congreso que persigue la expropiación de la firma por causa de utilidad pública, tampoco arroja luz sobre estos aspectos. Nótese que éste hace mención en todo momento a la «empresa» Vicentin SAIC, y se hace referencia a los «bienes sujetos a expropiación» sin aclarar nada sobre éstos y sin identificarlos. Por cuya razón también se abren parecidos y sinuosos interrogantes:

– ¿Se van a expropiar las acciones de la sociedad anónima que está en concurso preventivo?

– ¿También las del accionista extranjero?

– ¿Cuál será la suerte de las demás empresas del grupo?- ¿Todos los bienes y/o acciones de capital de aquellas están alcanzados por la intervención y por la expropiación?

Y sin entrar en cualquier consideración de índole política, económica o de oportunidad sobre las medidas gubernamentales dispuestas, necesariamente surgen otras preguntas no menos inquietantes:

– ¿Tiene facultades el PEN para intervenir una empresa privada que adicionalmente se encuentra en concurso preventivo?

– ¿Puede desplazar toda su administración colocando un único funcionario ad hoc?

– ¿Es constitucional la medida?

IV. LA INTERVENCION DE UNA SOCIEDAD ANONIMA EN EL SISTEMA JURIDICO NACIONAL

El sistema jurídico argentino contempla en varios plexos normativos las condiciones y requisitos para acceder a la intervención de una firma privada.

En el art. 113 de la Ley de Sociedades 19550 se establece que cuando los administradores de la sociedad realicen actos o incurran en omisiones que la pongan en «peligro grave», procederá la intervención judicial como medida cautelar. El peticionante debe ser un «socio» que acredite fehacientemente su condición de tal y los peligros que invoque; y recién en ese momento por imperio de un juez con competencia ordinaria en el lugar del domicilio social, puede accederse a la medida cautelar.

La intervención judicial de sociedades puede presentar distintos grados de profundidad, desde una veeduría, una coadministración o hasta el desplazamiento completo del órgano de administración social, para ser sustituido con el auxiliar de la justicia que sea designado por el mismo juez (art 115 LSC).

Esta disposición halla su correlato en el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación) donde se dispone que todas las medidas cautelares, sin perjuicio de las regladas en leyes especiales -como la ley de sociedades comerciales- se rigen por las normas allí dispuestas (art. 225 CPCCN).

También, que el pedido de intervención cautelar puede ser solicitado por un «acreedor» y que -en todos los casos- la aplicación de la medida «se juzgará con criterio restrictivo». (art. 225, 1.CPCCN)

En los términos de estas normas, el Poder Ejecutivo Nacional «no es una persona jurídica competente» para solicitar una medida cautelar de estas características y tampoco se advierte la «existencia de peligro grave» que necesite tutelar los bienes de la sociedad, en virtud de que -por encontrarse en concurso preventivo- la Ley 24522 «establece la mayor de las tutelas a la que se puede aspirar en el derecho interno», en función de la administración controlada y al desapoderamiento atenuado que establece.

Eventualmente y en el marco del Concurso Preventivo de Vicentin SAIC las medidas cautelares, incluyendo la intervención o el liso y llano desplazamiento del directorio social, podrían haber sido solicitadas por el Banco de la Nación Argentina, denunciado como acreedor por parte de la misma empresa.

V. LAS NORMAS CONSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS

Como lo han señalado casi todos los especialistas, en este caso se hallan en juego las normas establecidas por el art. 17 (derecho de propiedad), 18 (principio del juez natural) y 109 de Constitución Nacional.

El Profesor Francisco Junyent Bas ha hecho especial hincapié en la inconstitucionalidad del decreto 522/20 con fundamento en las normas mencionadas, dando con justa razón muy especial relieve al art. 109 CN que expresa: «En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.»

Bien señala el jurista y ex magistrado de la provincia de Córdoba que es necesario imperativo ejercer la tutela del juez natural de la causa, que es el juez concursal.Y que el decreto constituye un claro abuso de poder por parte del Ejecutivo, quien no puede en ningún caso arrogarse funciones judiciales ni entrometerse, como es el caso, en la competencia de un juez natural.

Por cuya razón el juez del concurso como director del proceso, debiera rechazar la intervención de la empresa y declarar la inconstitucional del decreto, que por violar la Constitución Nacional es «insanablemente nulo». (7)

En otro orden, el DNU 522/2020 dispone que se deberá efectuar «.ocupación temporaria por sesenta días de la sociedad VICENTIN S.A.I.C. en los términos de los artículos 57 , 59 y 60 de la Ley N° 21.499,.» en razón de su «utilidad pública» y con el objeto de asegurar la «continuidad de la empresa», la preservación de sus activos y de su patrimonio, y la protección de los puestos de trabajo en peligro.

Se señala también que el volumen de la empresa amerita las medidas intentadas en virtud de alcanzar la «soberanía alimentaria» concepto que no tiene amparo en ninguna norma legal de nuestro sistema jurídico y constituye una peligrosa construcción que podría aplicarse en el futuro a otros rangos y rubros empresarios. Por qué no la «soberanía sanitaria» para expropiar clínicas y sanatorios; o la soberanía de las telecomunicaciones, o de la prensa escrita. (8)

Ese fundamento traído por el decreto es débil; podría estar ligado al concepto de seguridad alimentaria desarrollado por la FAO.Pero a la vez «no solo es un concepto en construcción que por su indeterminación posibilitaría al Congreso en el caso «Vicentin» adoptar cualquier tipo de decisión sin un marco contextual de amarre, sino que, directamente no es aplicable a las actividades desarrolladas por la empresa en crisis». (9)

Por otra parte es sabido que la actividad de la empresa no está suspendida y que tampoco se encuentra en estado falencial, como también se expresa en otros párrafos, sino que se ha sometido voluntariamente a un Concurso Preventivo.

La ley 21499 trae la figura de la «ocupación transitoria» en el art. 57, estableciendo que cuando por razones de utilidad pública fuese necesario el uso transitorio de un bien o cosa «determinados, mueble o inmueble, o de una universalidad determinada de ellos», podrá recurrirse a la ocupación temporánea, que bien se caracteriza como una situación «anormal» en el marco de una expropiación.

Según el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, la ocupación «anormal» es tá pensada para situaciones excepcionales, de emergencia y «.si bien es una empresa que ocupa un lugar estratégico en la economía, es muy discutible que esta intervención responda a una situación así». (10)

Por otra parte salta a la vista que la norma recién mencionada impone la determinación fehaciente de los bienes que se van a ocupar, lo que no surge del decreto, ni del proyecto de ley de expropiación, donde se alude de manera promiscua a la expropiación de la «sociedad» y de la «empresa».

Para abreviar, por el momento no puede establecerse que el decreto y el proyecto de ley tengan una «causa que los justifique».

Con respecto a la continuidad empresaria, es preciso recordar que el concurso preventivo no la hace cesar, y que la administración de la firma queda sometida, como ya se dijo, a una serie de prohibiciones y controles de parte del sindico del concurso preventivo y del juzgado interviniente (arts.15,16 y 17 LCQ).

Otra apreciación lleva a señalar que la aludida protección de los «activos y del patrimonio social» también despierta una vacilación terminológica inadmisible que resulta imperioso erradicar de los cuerpos normativos.

Finalmente, huelga señalar que la calificación de «utilidad pública» exigida por la Constitución argentina en el art. 17 -o de «interés social» tal como lo establece el art. 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- es determinada por el Congreso en forma discrecional «exenta de arbitrariedad», ponderando la oportunidad, el alcance y la conveniencia de la expropiación. Esta exigencia representa una garantía constitucional que tiene por objeto resguardar el derecho fundamental y el derecho humano de propiedad que titularizan las personas. (11)

VI. CONCLUSIONES

1. Mediante el Decreto 552/2020 el PEN ha dispuesto el desplazamiento de los órganos de administración de una sociedad anónima concursada, sustituyéndolo por un funcionario designado «ad hoc» para intervenir la empresa sin tener las facultades legales necesarias para el acto.

2. Las causas invocadas por el hecho del príncipe (decreto de necesidad y urgencia/proyecto de expropiación) no se compadecen con la situación de la empresa ni con la tutela judicial que ya tiene a consecuencia de su concurso preventivo amparado por una ley nacional y un juez natural cuyas potestades han sido vulneradas.

3. La empresa no se encuentra en estado de falencia sino en concurso preventivo, tratando de obtener un acuerdo con sus acreedores que seguro necesite de una inyección de capital fresco acorde a las magnitudes económicas del caso y de algunas alianzas estratégicas. Lo cual se encontraría explorando la concursada cuando sobrevino el decreto de necesidad y urgencia.

4. Los bienes de la compañía se encuentran a buen resguardo bajo la tutela de un juez natural y de un síndico con todas las facultades que permiten impedir o sancionar toda actuación irregular que pretenda alterar el activo concursal en perjuicio de los acreedores

5.El concepto de soberanía alimentaria no puede constituir la causa del decreto ni de la expropiación, no solo por su carácter difuso y ajeno al

sistema jurídico, sino por no encontrarse en sintonía con el objeto social de la firma.

6. El salvataje de una empresa tiene su recepción legal en el art. 48 de la LCQ cuando establece una segunda oportunidad para el concursado y/o para terceros interesados en la adquisición de la concursada, como medio para evitar la quiebra.

7. Los trabajadores de la compañía después de las últimas reformas de la ley concursal tienen un papel preponderante en el marco del proceso concursal que se ha visto reforzado por su inclusión en los comités del control y en la posibilidad de formar cooperativas que han mostrado muchas soluciones exitosas. Sería interesante considerar la opinión del personal de la empresa en un número que supera las 2000 personas, sobre el hecho de pasar a desempeñarse en YPF SA, cuyo objeto social no guarda relación alguna con el de la concursada; y cuando los bienes de la compañía serían fideicomitidos a otra sociedad, inexistente por el momento (YPF AGRO).

8. La mala gestión de los administradores o las responsabilidades atribuibles a los accionistas, que pudieran incluso incurrir en conductas sancionadas por el Derecho penal, no permite confundirlos con la empresa, que es otra persona jurídica distinta y la única titular del amparo que brinda la ley 24522.

9. El PEN ha actuado en exceso de sus facultades constitucionales y con injerencia en el Poder Judicial, lo que se encuentra prohibido; por cuya razón el Decreto 522/2020 – como dispone la Constitución – resulta «insanablemente nulo».

10. La ausencia de causa justificada para la expropiación de una empresa privada presupone su inconstitucionalidad por resultar arbitraria en los términos del art.17 de la C.N y la consecuente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

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(1) Puede verse al respecto nuestro trabajo «La Sociedad Familiar un gran desafío jurídico» en:Los desafíos del Derecho de Familia en el Siglo XXI; en homenaje de la Dra. Nelly Minyersky; Ed. Errepar, Bs.As.2011

(2) Para mayores datos vinculados a la sociedad, su capacidad patrimonial, desempeño y otras cuestiones puede verse la excelente nota: «El caso Vicentin: Entre la ineficiencia de su administración y el oportunismo político»; Camerini,Marcelo y Barreira Delfino, Eduardo en ERREPAR DSC Junio 2020

(3) http://informeagropecuario.com.ar/?p=15985 22-4-2020.

(4) Siempre es buena la oportunidad para recomendar la obra del Profesor Gustavo Esparza «El orden público en el derecho privado» Ed. Martin, 2019

(5) Sobre el tema puede verse nuestro ensayo «Podría haberse concursado Al Capone: a propósito del fallo en Oil Combustibles s/Concurso Preventivo» en ERREPAR DSC; Octubre 2018

(6) Vítolo, Daniel: «Intervención estatal de la concursada. ¿A quién beneficia?, ¿Quien paga? El caso Vicentin» Charla abierta on line organizada por Bloque Constitucional, disponible en youtube

(7) Junyen Bas, Francisco. en diálogo con Radio Suquía, 10-6-20

(8) Vitolo, Roque Daniel, en la conferencia citada.

(9) Gil Dominguez, Andres: en diario La Nación 15-6-20; Vicentin: La expropiación y el riesgo de la arbitrariedad extrema

(10) LANCION 10 6 2020. https://www.lanacion.com.ar/politica/el-dnu-firmado-fernandez-alude-proyecto-ley-nid2376988

(11) Gil Domínguez, Andrés; según la cita previa ya efectuada

(*) Abogada. Especialista en asesoramiento jurídico de empresas; Profesora de grado y de posgrado de la UBA (Facultad de Derecho y de Ciencias Económicas) autora de numerosos libros y publicaciones especializadas.

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