#Doctrina Deber estatal de prevención y reparación integral de daños por indigencia. Su exigibilidad a partir de la inconstitucionalidad flagrante de los artículos 1764 a 1766 del CCCN. Las enseñanzas del COVID-19. Situación de emergencia y la «nueva normalidad»

Autor: Burgos, Osvaldo R.

Fecha: 11-jun-2020

Cita: MJ-DOC-15370-AR | MJD15370

Sumario:

I. Introducción. II. Antecedentes. III. Hipótesis. IV. Marco normativo. V. Fundamentación: paradigmas, problemas, «anomalías» y daños resarcibles.VI. La crisis pandémica y su tratamiento: la cuestión en situación de emergencia sanitaria y la «nueva normalidad». VIII. Conclusiones.

Doctrina:

Por Osvaldo R. Burgos (*)

«Cuando Claudio vio pasar su funeral, entendió por fin que estaba muerto». – Séneca

I. INTRODUCCIÓN

La inserción, en el Código Civil y Comercial Unificado de la República Argentina -regulación que se ufana en declamar ampulosamente su respeto al principio de la reparación integral de los daños- de las excepciones inmotivadas que expresan los artículos 1.764 a 1.766 (1) inclusive, es tan vergonzosa como avergonzante.

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Vergonzosa, porque los autores del Código -dos de ellos, también, jueces de la Corte Suprema de Justicia en el mismo momento de legislar (2) – habían tenido ocasión de afirmar y reafirmar repetidamente, antes de la sanción del cuerpo normativo que lleva sus firmas -como toda la doctrina y jurisprudencia del país, además- la responsabilidad del Estado incluso por los daños que causara en el curso de su obrar lícito. Y luego, con la redacción de estos tres escuetos artículos decidieron, de improviso, desdecirse; retrocediendo así en más de cien años el reloj de la evolución jurídica.Las pruebas al respecto son tantas y están tan a la vista, que extendernos en esto sobreabunda.

Vergonzante porque, además de retroceder un siglo la evolución doctrinaria y jurisprudencial del país, un código que declama adoptar un paradigma superador -Thomas Khun diría, «un conjunto de descripciones más adecuado para la resolución de problemas, minimizando las “anomalías” de los casos sin solución satisfactoria» (3) – en la práctica:

a)Se fija, de manera absolutamente incausada, un límite para su aplicación, que lo fuerza a considerar «anómalos» -esto es, problemas o casos sin respuesta dentro del conjunto de descripciones que impone- a un importantísimo porcentaje de los hechos dañosos:

1.Los causados por el Estado -sea en su función pública o en su creciente intervención en la esfera privada-.

2.Los que resultan del obrar requerido a sus agentes.

Hablamos, entre tantas y tantas otras cosas, de la prisión preventiva en la que es recluido por años alguien que luego demuestra probadamente su inocencia, de la responsabilidad objetiva por el estado de las rutas nacionales, de las personas -niños, mayores, ancianos- que cada día resultan lesionadas o muertas en hechos ocasionados, por ejemplo, por los automóviles policiales que circulan a gran velocidad para acudir a un llamado imperioso. Todo eso ha sido excluido expresamente de la regulación que el código impone. Y enviado, de manera inconsulta, al Derecho Administrativo que, en su sistema propio de resarcimiento, no reconoce de ninguna manera al principio de la reparación integral.

b)Se establece, lisa y llanamente, una nueva nobleza, en tanto se determina un sector de la población -el Estado como persona jurídica y sus agentes, en todos los niveles- al que no alcanza la ley que rige al común de los mortales.c)Consecuentemente, se discrimina negativamente a todas las personas -en nuestros ejemplos anteriores, los detenidos siendo inocentes, los accidentados en rutas, los lesionados y los dañados por las muertes ocasionadas por un móvil policial en ejercicio de tareas- apartándolos de la promesa común de reparación de los daños e imponiéndoles una carga subjetiva adicional que termina por minar y desmentir la proclamada intención de reparación integral del sistema.

Hemos escrito largamente sobre esta barbaridad. Antes, durante y después de la sanción y del inicio de vigencia del Código en cuestión. (4) Hemos denunciado una y otra vez esta aberración normativa, en publicaciones que pueden rastrearse fácilmente, tanto en el país como en el extranjero. (5) Los mismos autores -dos de los cuales, en la condición de jueces de Corte que señalamos ya en líneas precedentes, deberán votar sobre la inconstitucionalidad de la ley codificada que ellos mismos dictaron- tuvieron tiempo después, ocasión de retractarse de su retractación (6). Y la vergüenza avergonzante se completó con una ley específica de responsabilidad del Estado, que nada aporta y más merecería el título de ley de irresponsabilidad. (7)

Sin embargo, ese no es el tema en cuestión aquí. Lo que aquí venimos a decir es que, una vez aceptada la evidentísima inconstitucionalidad de estos tres artículos, la hermenéutica propia de la normativa sancionada en el mismo Código Civil y Comercial Unificado abre -de manera indisimulable- una puerta enorme que, también, venimos empujando desde hace años, casi en solitario: la consideración de la indigencia como un problema jurídico y el consecuente deber estatal de la reparación integral de los daños que derivan de ella.Daños por indigencia o daños de marginación que, de acuerdo con la misma regulación del Código:

a)Debe prevenir el Estado, según los términos del artículo 1.710, inciso b) . (8)

b)No reconocen su acción en la vía excepcional y provisoria del amparo, sino que deben entenderse contemplados por la acción preventiva del artículo 1.711 a 1.713 inclusive. (9)

c)No prevenidos adecuadamente, deben repararse de manera integral, según los términos del artículo 1.738 in fine (10) y en mérito a la interpretación incontrovertible del artículo 2. (11)

II. ANTECEDENTES

Decíamos que venimos empujando esta puerta, casi en solitario, desde hace tiempo -desde mucho antes de la sanción del Código que, declaración de inconstitucionalidad mediante, termina por abrirla-. Así lo hacíamos, por ejemplo, en el parágrafo 93 del libro Daños al Proyecto de Vida (12) en el que, expresamente, afirmábamos que:

a)«El daño inconmensurable que sufren quienes son obligados a desarrollar su cotidianeidad en situaciones de emergencia extrema se inscribe directamente en el ámbito social».

b)En su irrupción dañosa «no se trata ya de privar intempestivamente a alguien del proyecto individual o familiar en curso, sino de prohibirle toda posibilidad de proyectar y enviarlo, con ello, a una condición de inexistencia.»

c) Y así porque «su tratamiento como problema jurídico no se niega, no se elude.Directamente se desconoce.»

Luego, observando que «la consagración de la impunidad, bien podría suponer, desde la perspectiva de aquellos a quienes se perpetúan en el rol de víctimas -y en razón de la comprensiblemente nula predisposición a la creencia en un sistema común que los excluye-, el nacimiento del derecho a negar el derecho» sosteníamos, intentando argumentarlo con la ley vigente por entonces, que el amparo no era la vía adecuada para su exigibilidad, que muy peligrosamente el viejo artículo 1.113 del Código Civil daba al Estado un medio para excluir su deber de responder y que:

a)Esta «anomalía» planteada por la indigencia de millones de personas hacía insoslayable «la necesidad de considerar a los daños a la persona como un paradigma -este término remite inequívocamente al planteo de Kuhn- de resarcimiento que impone reformas legislativas urgentes.»

b)«Es imprescindible reformular el rol de Estado, esta vez, desde la perspectiva de una ética global incluyente»,

c)«Frente a los inconmensurables daños que supone la marginación extrema no sería así necesaria la alegación de un incumplimiento puntual y determinado para fundar la obligación estatal.»

d)«La posibilidad de un proyecto de vida (.) debería ser exigible por acción autónoma y directa.»

Pues bien, dejemos la cita. Pero, antes de dejarla, detengámonos un momento en el análisis necesario de su planteo en el escenario jurídico de hoy. Escenario éste, signado primero por la reforma de la ley vigente -mediante la sanción del Código Unificado- y luego, por la insoslayable inconstitucionalidad de los artículos 1.764 a 1.766 que opera, en nuestro razonamiento, como débil valladar o permeable frontera última para negar lo que, tras su caída, se afirma.Así, entonces, podríamos sostener válidamente que:

1.La victimización exagerada de grandes sectores de la sociedad, a partir de la naturalización de su daño de indigencia y marginación como «anomalías no considerables» o «problemas ajenos» al sistema jurídico, expone ahora su indefensión absoluta y su imposibilidad de cumplimiento de las normas en la situación de emergencia sanitaria planteada por la irrupción del covid-19 y la imposición del aislamiento social.

2.Las reformas legislativas que aquel libro exigía, con carácter de urgencia, ya tuvieron lugar. Y no mediante una simple ley, sino a través de la sanción de un Código.

3.La intención de «reparación integral» que el Código declama, es un apreciable primer paso en el sentido de la adopción necesaria de una «ética global incluyente». En términos de daños jurídicos, excluido es aquel a quien se impone una carga subjetiva extraordinaria insostenible.

4.Volvamos, por un momento a la situación de emergencia planteada por el covid-19 y los modos de su tratamiento normativo: en el interior de las villas y barrios de asentamiento precario, el aislamiento funcionó con sus propias normas, permitiendo la circulación interna -inevitable, en tanto no hay allí una casa en la que cada uno pueda quedarse- y controlando policialmente el ingreso y el egreso de las personas.

Transformar las villas en guetos, sin embargo, no impidió el contagio ni disimuló las carencias: cuando hay que salir del barrio para ir a buscar agua, «quédate en casa» y «lávate las manos por cuarenta segundos tantas veces al día» resultan ser mandatos incoherentes entre sí y de imposible aplicación práctica simultánea. Cuando todos los derechos se niegan tan abiertamente, la exigencia de alegación de un incumplimiento puntual por parte del Estado -que constitucionalmente debe garantizarlos- deviene ociosa.5.«Las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, (y) de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida» son, hoy, daños con autonomía, tanto conceptual como resarcible. (13)

III. HIPÓTESIS

Todo lo dicho hasta aquí, anticipa la hipótesis. El objetivo de este ensayo es demostrar que, una vez aceptada la inconstitucionalidad de los artículos que excluyen al Estado y a sus funcionarios del deber de responder civilmente, la reparación integral de los daños por indigencia es un mandato exigible por acción civil autónoma.

Esta acción, como la reparación integral que su objeto persigue, se divide en dos instancias de ejercicio diferenciadas y sucesivas:

a)La prevención del daño, ante la existencia de su amenaza específica -amenaza que, en un esquema de reparación integral en el que el derecho no se agota en la sanción sino que se extiende hacia el «poder hacer» entendiéndose como promesa, debe tenerse ya por daño-. (14)

b)La reparación del daño no prevenido, según los términos de la sección 4 del Título V del Código Unificado, insólitamente nombrado como «otras fuentes de las obligaciones».

Hablamos, respectivamente, de la función preventiva y la función resarcitoria de la reparación. (15)

IV.MARCO NORMATIVO

Según lo que venimos diciendo, y limitándonos ahora a la legislación civil, el marco normativo del que nos valemos para sostener esa afirmación, es el que determinan los artículos:

a) 1.764 a 1.766 inclusive; que impugnamos por su flagrante inconstitucionalidad.

b)1.710 a 1.713, inclusive; deber de prevención y acción preventiva.

c)1.717 y 1.719 a 1.726 , inclusive; consecuencias resarcibles, objetividad de la atribución del Estado como dañante por omisión de la conducta que le es exigible y nula actitud de la asunción de riesgos de la víctima para justificar el daño.

d)1.737 a 1.741 , inclusive; 1.745 y 1.746 ; concepto de daño no justificado y medida de la reparación integral -con expresa mención a las afecciones espirituales y al daño al proyecto de vida-.

e)2; interpretación de todas las normas anteriores -y de todas las demás aplicables- según lo establecido en los tratados de derechos humanos firmados por el país.

Este último artículo -último en nuestra enumeración, primer mandato normativo del Código (16) – es el que recepta la idea de la transdisciplienariedad -no simple multidisciplariedad- del objeto del derecho y, consecuentemente, la imposibilidad de seguir entendiendo las disciplinas jurídicas como compartimentos estancos o mónadas autosuficientes.O como lo decíamos en el inicio del libro que venimos citando aquí:

«Por vía de competencias jurídicas transdisciplinarias que han impregnado de sus principios el Derecho común y que, incluso a veces, tienden a sustituírlo -decimos transdisciplinarias y no «multidisciplinarias», en tanto no se trata de materias que construyan su objeto a partir de la concurrencia de otras disciplinas sino, muy por el contrario, de materias cuyo objeto trasciende, en unicidad compleja, todas las especificidades utilizadas para su abordaje-, los antiguos y otrora inconmovibles principios de la responsabilidad civil están siendo paulatinamente relegados por aspiraciones tales como la reparación integral del daño o el pleno resarcimiento del dañado- (17).

V. FUNDAMENTACIÓN: PARADIGMAS, PROBLEMAS, «ANOMALÍAS» Y DAÑOS RESARCIBLES.

Muchas veces hemos escuchado, leído y escrito que la pretensión de reparación integral supone la adopción de un paradigma distinto -y según nosotros, superador- al de la responsabilidad civil. Esto lo dicen los mismos firmantes del Código y, en el punto que a nosotros incumbe, es lo que sostiene al mismo Código en su formulación de principios. Lógicamente, se trata de una afirmación que nos fuerza a detenernos en algunas determinaciones necesarias:

a)¿Qué es un paradigma?

Como hemos dicho en líneas precedentes, la noción de paradigma surge en el mundo científico con Thomas Samuel Khun. A muy grandes rasgos podría definirse como un conjunto de descripciones de carácter sistémico, que permite la resolución de un número suficientemente amplio de casos o problemas -o más específicamente, de un número suficientemente mayoritario en el total indeterminado de casos apreciables bajo su aprehensión-. Tantos como para sostener su adopción y mantenimiento como punto de vista institucionalizado en el estudio del fenómeno que constituye su objeto.

b)¿Qué pasa con los casos o problemas que el paradigma institucionalizado no puede resolver?

No se ven como problemas.Se descartan, como si no existieran -en tanto no existen para el conjunto de descripciones adoptado- tildándolos difusamente de «anomalías».

c)¿Cuándo tiene lugar una sustitución de paradigmas?

Cuando las «anomalías» son tantas, que el peso de su desconocimiento plantea lo que Khun llama una situación de «inconmensurabilidad»: lo real de los problemas sin solución desborda a lo simbólico del sistema de reglas o descripciones imperante, que ya no responden ni siquiera siendo forzadas a la adopción de significaciones no previstas en su dictado. Se hace necesario, entonces, un acontecimiento abrupto -en nuestro caso una sustitución de la normativa vigente y de su interpretación consolidada- que adecue la representación a lo representado y devuelva la credibilidad al sistema.

La fundamentación de lo que estamos diciendo aquí parece suficientemente sólida. Expresándolo de una manera gráfica y según todo lo que hemos venido sosteniendo:

a) Declarada que fuera, por las razones apuntadas, la inconstitucionalidad de la insostenible intención de situar al Estado fuera de todo deber de responder civilmente, el Código Civil y Comercial Unificado pretende articular un sistema de reparación integral.

b)El punto de vista de la reparación -la misma definición terminológica lo dice- (18) focaliza la aprehensión del fenómeno en la víctima y no en el responsable: instaura un com/promiso, una promesa compartida, de evitar toda irrupción dañosa -considerando a la amenaza cierta del daño como un daño en sí- y luego, minimizar el impacto disvalioso de la inscripción de los daños no evitados, en el tejido social.c)No se trata únicamente de detenerse en el castigo al responsable -que es lo que a la responsabilidad civil interesa- sino, principalmente, de ofrecer a la víctima la elaboración de un proyecto vital en la situación subsecuente a la manifestación del daño que la victimizó. La tarea es, precisamente, desvictimizar, reintegrar al dañado a la conversación plural en la que el derecho ocurre y de la que el daño -en nuestro caso, la marginación como un daño continuado- lo excluyó.

d)En una sociedad de permanente interrelación de riesgos, como resulta ser ésta en la que vivimos, nociones como las del «riesgo creado» ya no parecen conceptualmente serias. Somos víctimas y dañantes potenciales, común y simultáneamente. Necesitamos de los demás -somos seres parlantes, per/sonas, que suponen la existencia del otro, para ser- y conformamos, también, un peligro para ellos.

e)La indigencia expresa una clara «violación a los derechos personalísimos de la víctima». La obligación de la carga subjetiva extraordinaria que obliga a asumirla, afecta «la integridad personal» y «la salud psicofísica» de aquel que la padece.

f)Quien es obligado a construir su singularidad expulsado de lo intersubjetivo -esto es, jurídicamente excluido e inconstitucionalmente marginado, en la naturalización de su invisibilización- se ve claramente afectado en sus «afecciones espirituales legítimas».

g)No hay mayor «interferencia en un proyecto de vida» que la imposibilidad cierta de imaginar cualquier proyecto vital realizable. Y esto, precisamente, es lo que impone toda situación de indigencia.

La exclusión jurídica -y remarcamos este concepto, porque estamos convencidos de que la constante alusión a la «exclusión social» es simplemente una máscara autoabsolutoria para esconder el fracaso de un derecho que excluye (19) – vacía de contenido las garantías constitucionales aplicables, desconoce los derechos humanos que deben guiar la interpretación de las normas civiles, atenta contra el principio bioético de autonomía, niega al derecho como práctica de libertad. Invisibiliza. Despersonaliza.Instaura diferenciaciones discriminatorias insostenibles.

Sin embargo, no es necesario siquiera entrar en el terreno de tales cuestiones teóricas. La letra del artículo 1.738 in fine del Código Civil y Comercial Unificado -en su juego con la inconstitucionalidad flagrante de las prescripciones de los artículos 1.764 a 1.766 inclusive- ofrece las pautas indispensables e inequívocas para la recepción de la responsabilidad estatal en el daño, cuyo reconocimiento estamos proponiendo aquí.

VI. LA CRISIS PANDÉMICA Y SU TRATAMIENTO: LA CUESTIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA Y LA «NUEVA NORMALIDAD»

La crisis sanitaria que irrumpió con el covid-19, y la vulnerabilidad absoluta de millones de personas -impuesta sobre ellas, como una carga subjetiva extraordinaria e injustificada- que la obligación de aislamiento social desnudó, no generaron la «inconmensurabilidad» que, según Kuhn, obliga al cambio de descripciones sistémicas -aunque en su carácter extraordinario hubieran resultado suficientemente aptas para hacerlo-. Muy por el contrario, expusieron la inaplicabilidad en la práctica de un paradigma que teóricamente ya había sido sustituido, aunque la valla inconstitucional de la irresponsabilidad estatal lo contuviera, manteniéndolo de pie.

De tantas y tantas cosas que quedaron más que claras, en mérito a la irrupción de semejante experiencia traumática e inaudita -nada menos que el encierro generalizado y simultáneo de casi la mitad de la población mundial-, tres son particularmente relevantes:

a)Estamos más expuestos y somos más indefensos a los daños de lo que estaríamos dispuestos a aceptar.La tecnología y la manipulación genética, por caso, son fuentes inabarcables de dañosidad que nuestros reconocidos juristas que asumieron la tarea de codificar eligiero n no tratar específicamente en la normativa sistémica que nos legaron -pese a que al momento de su trabajo, ya constituían una problemática acuciante-.

b)También somos potencialmente dañantes y podríamos ser una amenaza, aún inconsciente, para todos los demás.

Para seguir con nuestros ejemplos, tanto en la actividad en la red como en las infecciones derivadas de manipulaciones genéticas, el papel de la voluntad -clave en la consideración tradicional del derecho y su paradigma clásico de responsabilidad civil- resulta claramente insuficiente y, en ciertos extremos, irrelevante -su adopción exclusiva como parámetro, (20) genera un universo inconmensurable de «anomalías», multiplica los casos sin resolver, disemina en la sociedad cargas subjetivas extraordinarias injustificables que ponen en crisis al sistema común-.

c)Algunos están más expuestos y son más indefensos que otros. Consecuentemente, su dañosidad potencial es mayor.

Son los excluidos, los marginados, los negados en la construcción colectiva del derecho. Los que encarnan las «anomalías» del paradigma jurídico tradicional. En los términos de la experiencia pandémica del covid-19, aquellos que no tienen una casa en la que quedarse. O que, «quedándose en casa», se exponen a un peligro que nadie puede controlar. Esparcido en espacios hacinados, la mortalidad de un virus se multiplica de manera exponencial.

Ante semejante evidencia es necesario actuar. Según ha dicho magistralmente la socióloga e investigadora en derechos humanos Déborah Delgado (21), no debería volverse a la «normalidad» porque esa normalidad a la que se pretende volver constituye, precisamente, el problema.Es necesario, entonces, generar una «nueva normalidad» en la que el espacio intersubjetivo tome suficiente nota de:

a)La interrelación permanente de riesgos,

b)La exposición creciente a ser dañados y a dañar -aun inconscientemente, con total independencia de la voluntad propia- que nos caracteriza y que portamos.

c)La imperiosa necesidad común de que no haya personas en condiciones de exclusión jurídica; es decir, de indigencia.

VII. CONCLUSIONES

La conclusión es simple: a la interdependencia de riesgos cabe oponer la interdependencia del deber de cuidado. Quien no está en condiciones de articular un proyecto de vida digna para sí mismo, no está en condiciones de cuidar a nadie más. La situación de emergencia nos expuso a la urgencia imperiosa de empezar a cambiar eso. Las herramientas jurídicas están, son ley vigente. Solo falta la decisión de abogados y de jueces de aplicarlas, de hacerlas valer. Así entonces:

a)Si la situación de emergencia sanitaria -y la amenaza cierta de contaminación en villas de emergencia y barrios precarios sin servicios esenciales ni circunstancias propias de control del virus- tornaron directamente aplicables las prescripciones de los artículos 1.710 a 1.713 -función preventiva-.

b)Una vez superada la amenaza de la pandemia y en tanto continúe la situación de indigencia que impide la articulación cierta de un proyecto de vida probable, a partir de la inconstitucionalidad de los artículos 1.764 a 1.766, se habilita la reclamación de la reparación integral en los términos del artículo 1.738.

«El viejo mundo se muere, el nuevo mundo no termina de llegar. Y en ese claroscuro surgen los monstruos» escribió una vez Antonio Gramsci, en la desoladora soledad de una cárcel fascista. (22) Los siglos históricos nunca duran exactamente cien años. Su impronta, su carácter, está marcado siempre por ciertos acontecimientos insoslayables que exponen las inconmensurabilidades, obligan a cambiar los paradigmas.

Cada siglo tiene su forma de pensar, de pensarnos, de pensarse.La pandemia y la experiencia consecuente del generalizado encierro simultáneo y obligatorio, tal vez hayan dado inicio histórico tardío al siglo XXI. Una «nueva normalidad» supone un nuevo derecho. Y aunque su tautológica enunciación sea digna de Perogrullo, aceptar la exclusión jurídica como un problema jurídico -y consecuentemente, responder jurídicamente a ella- parece ser el único camino viable para cuidarnos «entre todos», para no dañar tanto, para no dañarnos más.

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(1) CCCU. Artículo 1.764 : Inaplicabilidad de las normas. Las disposiciones del Capítulo I de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria. Artículo 1.765. Responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local, según corresponde. Artículo 1.766. Responsabilidad del funcionario y del empleado público. Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas se rigen por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local, según corresponda.

(2) Claramente la superposición de funciones legislativa -codificadora- y judicial en una misma persona, avasalla el principio republicano de división de poderes. Esta afirmación se demuestra por sí sola y exime de mayores consideraciones.

(3) Thomas Samuel Kuhn desarrolla epistemológicamente esta noción en su famoso libro La estructura de las revoluciones científicas que, ya en 1962, cambió la forma de pensar la evolución del pensamiento sistémico. Para mayor abundamiento, remitimos a su lectura.

(4) El Código Unificado fue aprobado por ley sancionatoria, el 01/10/2014 y comenzó a regir el 01/08/2015.Consecuentemente, entre su sanción y su vigencia medió un término de diez meses.

(5) Entre muchas otras, El Código unificado y su lenguaje, publicado en el Suplemento Edición Santa Fe de elDial.com, referencia DC18A0 y en la revista italiana Persona e Danno, http://www.personaedanno.it/generalita-varie/el-codigo-unificado-y-su-lenguaje-osvaldo-r-burgos.

(6) Así lo hizo al menos una de ellos, tanto en instancias científicas ante la comunidad jurídica, como en medios masivos de difusión, ante la opinión pública general. Para más abundamiento, entre otros tantos ejemplos disponibles, es posible ver: https://www.lanacion.com.ar/opinion/aida-kemelmajer-de-carlucci-me-dolio-que-se-excluyera-del-codigo-civil-la
responsabilidad-del-estado-nid1734474

(7) Nos referimos a la insostenible, inconstitucional y vacía de contenido, Ley 26.944 .

(8) CCCU. Artículo 1710 . Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella depende, de (.) inciso b: adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud (.)

(9) CCCU. Artículo 1711 . Acción preventiva. La acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación y agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. Artículo 1.712. Legitimación. Están legitimados para reclamar quienes acreditan un interés razonable en la prevención del daño. Artículo 1713. Sentencia. La sentencia que admita la acción preventiva debe disponer, a pedido de parte o de oficio, en forma definitiva o provisoria, obligaciones de dar, hacer o no hacer, según corresponda, debe ponderar los criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad.

(10) CCCU. Artículo 1738 . Indemnización.La indemnización (.) incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida.

(11) CCCU. Artículo 2 . Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.

(12) BURGOS, Osvaldo R.: Daños al Proyecto de Vida, Astrea, Buenos Aires 2012, páginas 383 y ss.

(13) Artículo 1.738 in fine CCCU.

(14) Desarrollamos esta idea en BURGOS, Osvaldo R.: El derecho como promesa, Universidad Libre, Bogotá, 2015, al que remitimos para mayor abundamiento.

(15) Sección 2 y sección 3 del Capítulo 1 («Responsabilidad civil») del Título V («Otras fuentes de las obligaciones») del CCCU

(16) Aun siendo una norma específica -y por tanto, normativo en sentido amplio- el artículo 1 del CCCU se limita a describir las fuentes y su aplicación. Es simplemente descriptivo. Así entonces, decimos que el artículo 2 del CCCU resulta ser su primer mandato normativo en sentido estricto, en tanto dispone un modo de interpretación, impone una conducta.

(17) BURGOS, Osvaldo R.: Daños al Proyecto de vida, página 1,

(18) Según la acepción 5 del diccionario de la Real Academia Española, «reparar» es «remediar o precaver un daño o perjuicio». https://dle.rae.es/reparar. Desarrollamos ampliamente esta idea en nuestro libro «Daños al Proyecto de Vida» (ob. cit.), páginas 8 y ss.

(19) Decimos que no existe la exclusión social, por el simple hecho verificable de que no hay ningún lugar donde los excluidos de la sociedad puedan ir -en lo que razonablemente sería otra sociedad, que a su vez tendría sus propios excluidos y así ad infinitum-. No hay infinitas sociedades en un único espacio de derecho. Hay una.Y en esa única sociedad hay millones de personas que no tienen derecho a nada, que están al margen del sistema jurídico, que son jurídicamente excluidos de una manera obscena. Pero decir «exclusión social» implica la naturalización de la exclusión y, en esa naturalización, brinda una inmejorable excusa (auto)absolutoria: si es la sociedad la que excluye nadie es responsable por la exclusión y nada se puede hacer para avanzar sobre ella. Siempre existió, existe, siem pre existirá. Es «normal» y en tanto «normal» no puede ser «normalizada». Ampliamos esta perspectiva en «El derecho como promesa» (ob. cit.)

(20) El derecho que conocemos está articulado desde la expresión de voluntad. Hoy, frente a la irrupción de un nuevo escenario global -en el que existen medios de condicionamiento masivo de la voluntad y las intimidades son avasalladas continua y cotidianamente- es precisamente la voluntad y las implicancias de su manifestación, lo que debe volver a pensarse.

(21) http://www.servindi.org/actualidad-opinion/25/03/2020/no-debemos-volver-la-normalidad-porque-la-normalidad-es
el-problema

(22) GRAMSCI, Antonio, escribió esta frase, innumerables veces citada, en el número 38 de sus «Cuadernos de Prisión»

(*) Abogado, UNR. Posgrado en Derecho de Daños, UCA. Segundo Premio Nacional del Seguro. Mención al Premio Nacional del Seguro. Premio al Mérito Jurídico, Colegio de Abogados de Rosario. Visitante Ilustre de la Academia de la Magistratura de la República del Perú. Honrado en ese país con la organización del concurso de investigación jurídica y humanista «Osvaldo R. Burgos». Conferencista. Director de publicaciones argentinas y extranjeras. Doctrinario. Autor de los libros «Será ficción» (Rosario), «Daños al proyecto de vida» (Astrea) y «El derecho como promesa» (Universidad Libre de Colombia). Algunos de sus trabajos integran, entre otras, la Biblioteca de Consulta de la OIT, sede San José de Costa Rica.