#Fallos Errores sin consecuencias: Sin perjuicio del error de diagnóstico a un niño y la demora en los traslados, fue intervenido y dado de alta sin complicaciones, por lo que no hubo daños que reparar

Partes: G. O. D. c/ C. M. y otros s/ daños y perjuicios – resp.prof.medicos y aux.

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: K

Fecha: 12-may-2020

Cita: MJ-JU-M-125818-AR | MJJ125818 | MJJ125818

Improcedencia de la acción resarcitoria deducida contra un médico por error en el diagnóstico.

Sumario:

1.-Debe rechazarse la acción de daños y perjuicios deducida contra la obra social demandada por supuestos errores en la coordinación del sistema prestacional que ocasionaron el agravamiento de la patología sufrida por el hijo del reclamante, pues sin perjuicio del tiempo que insumieron las dos derivaciones realizadas, el paciente fue intervenido y dado de alta sin complicaciones, no acreditándose la existencia de daño ocurrido a raíz de la demora por los traslados realizados.

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2.-Es improcedente la acción resarcitoria deducida contra el medico que atendió al hijo del reclamante por daños que le habría ocasionado el errado diagnóstico brindado a su hijo – en el caso, primero se le diagnosticó otitis y a las 72 hs., se diagnosticó apendicitis-, pues no hubo un error en tanto el diagnóstico final de apendicitis fue correcto y la operación y el post-operatorio tuvo resultados satisfactorios, por lo que no se evidenciaron secuelas físicas ni psicológicas en el paciente.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 12 días del mes de mayo de 2020, hallándose reunidos los Señores Vocales de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de entender en los recursos de apelación interpuestos por las partes en los autos caratulados: «G., O. D. contra C., M. Y OTROS sobre DAÑOS Y PERJUICIOS -RESP. PROF. MÉDICOS Y AUX.», habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden del sorteo de estudio la Dra. Silvia Patricia Bermejo dijo:

I- Vienen los autos a este Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto por las demandadas «O. S. d. P. d. l. S. A.» (fs. 693), la doctora M. R. C. R. (fs. 698) y «C. P. P.l S.A.» (fs. 703), como así también por la citada en garantía «P. C. A. d. S. G. S.A.» (fs. 694), contra la sentencia de primera instancia (fs. 671/690vta.).

Oportunamente, se fundaron (fs. 725/730, 740/744vta. 718/722vta. y 736/739, respectivamente) y recibieron réplica (fs. 732/734, 745/746vta., 748/749 y 750/752). A continuación, la Defensora Pública de Menores e Incapaces de Cámara contestó la vista (fs. 759/760) y se llamó autos para sentencia (fs. 761).

II- Los antecedentes del caso El señor O. D. G., en representación de su hijo menor de edad, L. E. G. -de seis años al tiempo del evento- y por sí, reclamó los daños y perjuicios que le habría ocasionado el errado diagnóstico y tratamiento brindado a su hijo los días 17 y 18 de octubre de 2010, al igual que por la demora en los traslados y la innecesariedad de uno de ellos.Asienta en estos eventos el padecimiento del niño, prolongando su dolor, agudizando su dolencia y otros efectos como son el descuento de los días no trabajados por acompañarlo y del presentismo laboral.

Relató que el domingo 17 de octubre de 2010, a las 16.00 hs. aproximadamente, concurrió junto con su esposa y su hijo a la guardia de la «C. P. P.l S.A.» de la localidad de Merlo, Provincia de Buenos Aires, pues éste presentaba fuertes dolores en el abdomen, ingle y pierna derecha, como también vómitos y fiebre.

Refirió que lo atendió la doctora M. R. C. R. quien atribuyó la dolencia a gases, en tanto L. había estado en un cumpleaños donde comió patitas de pollo fritas, diversos snacks y golosinas. Aludieron que, luego de revisarlo, la profesional concluyó que tenía anginas y otitis, por lo que le recetó Amoxicilina Dúo.

Manifestó que, al día siguiente, L. continuaba con vómitos y dolor por lo que regresaron a la Clínica, a las 19.30 hs., donde, luego de realizarle estudios de sangre y orina, le diagnosticaron apendicitis, por lo que debía ser intervenido quirúrgicamente de inmediato. Como allí no contaban con cirujano, se contactaron con la obra social «-» para encontrar otra institución.

Mencionó que, después de 6 horas, ordenaron el traslado al «I. M. C.», ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Relataron que arribaron allí a las 2.20 hs. del día 19 de octubre y les informaron que recién a las 8 hs. llegaría el anestesista. Sin embargo, a las 6 hs. una ambulancia los recogió y los llevó al «Sanatorio S. P.» toda vez que el anestesiólogo no concurría a trabajar ese día.

Contó que ingresaron a la clínica a las 7 hs. y que les avisaron que a las 10 hs. llegaría la cirujana. A las 11 hs.fue intervenido y señaló que, al salir, les dijeron que la apendicitis se había transformado en peritonitis, lo que habría complicado el cuadro inicial.

Adujo que estuvo internado allí hasta el 23 de octubre en una habitación común, donde les negaron comida y cama a los padres y que, además, al señor G. le descontaron seis días de su salario y perdió el presentismo, mientras que su hijo faltó dos semanas de clase y sufrió daño psicológico.

Atribuyó responsabilidad a la «O. S. F. d. A. d. l. S. A.», a la «C. P. P.l S.A.» y a la doctora M. R. C. R.

Reclamó por daño físico -debido a las 43 horas que estuvo L. con dolor desde la primera consulta hasta que lo intervinieron-, por agravamiento del cuadro, traslados prolongados e innecesarios y por daño moral y psicológico. A su vez, el señor G. demandó, por sí, el descuento de días y presentismo laboral, gastos de acompañamiento en el post-operatorio, daño moral y perjuicio por merma de ingreso (fs. 15/18 y 25, esp. fs. 16vta. y 25).

La señora G. C. R:, madre de L., ratificó lo actuado por el señor G. (fs. 23).

La «O. S. d. P. d. l. S. A.» (-) contestó la demanda y señaló, entre otras cosas, que para la fecha del evento se encontraba vigente el contrato con la empresa «H.

S.A.», red prestacional integrada por centros médicos, entre ellos la «C. P. P.l S.A.». Si bien desconoció los motivos de la consulta médica y de las distintas derivaciones, por no haber intervenido directamente, consideró que la actuación de los profesionales fue correcta, pues no le quedaron secuelas al niño (fs. 41/47vta.).

La «C. P. P.l S.A.» se presentó, reconoció la atención médica a L. los días 17 y 18 de octubre de 2010 y brindó su versión de los hechos (fs. 64/84vta.). Solicitó la citación del «I. M.C.» -la que fue rechazada por el juez a quo (fs. 190/192)- y de su aseguradora «P. C. A. d. S. G. S.A.». Esta última coincidió con lo manifestado por la institución (fs. 147/161).

En lo que es pertinente destacar, la doctora M. R. C. R. compareció al proceso y afirmó que el diagnóstico fue correcto, en tanto el niño no evidenció ningún síntoma que le hiciera presumir una apendicitis. Además, desconoció las atenciones posteriores por no constarle (fs. 284/290vta.).

Sustanciado el proceso, se dictó sentencia (fs. 671/690vta.).

III- La sentencia El fallo hizo lugar a la pretensión instaurada por el señor O. D. G., por sí y en representación de su hijo menor de edad, L. E. G. Condenó a la médica M. R. C. R., a la «C. P. P.l S.A.», a la «O. S. d. P. d. S. A.» (-) y a la citada en garantía «P. C. A. d. S. G.

S.A.» a abonar las sumas de $– y $–, respectivamente, con más intereses y costas.

Asimismo, reguló los honorarios de los profesionales intervinientes (fs. 671/690vta.).

IV- Los agravios La «C. P. P.l S.A.» cuestiona que los accionados no demandaran al «I. M. C.» donde el menor de edad estuvo más de seis horas esperando un anestesista que no llegó y que, por ello, fue trasladado a un centro a varios kilómetros. Asegura que esta demora provocó que la apendicitis derivara en peritonitis, la que no puede ser causa demostrativa de mala praxis alguna por parte de la doctora C. R.

Respecto al accionar de la profesional, refiere que es muy difícil diagnosticar una apendicitis en las primeras horas. Además, se agravia de la falta de análisis de los testimonios brindados por los doctores A., S.y T.

Alega que no tiene responsabilidad por los hechos acontecidos con posterioridad a su traslado a otros establecimientos.

Sostiene que la jueza a quo no valoró pormenorizadamente todos los elementos aportados en la causa, que meritó solamente la pericia médica y que no tuvo en cuenta las observaciones efectuadas. Afirma que no existe una responsabilidad generada en una obligación de garantía, sino que es de seguridad.

La «O. S. d. P. d. l. S. A.» (-) considera que el diagnóstico de la doctora C. R. fue acertado y que el cuadro apendicular no estaba instalado al momento de la atención brindada por ella.

Asimismo, opina que, conforme refirió la perito médica, se resolvió satisfactoriamente el cuadro apendicular del paciente, sin complicaciones ni secuelas, por lo que no tiene sentido el análisis del desempeño profesional en tanto no fue equivocado.

Aduce que los inconvenientes en las derivaciones no evidencian errores en su organización, pues fueron debidamente detectados y resueltos en forma oportuna y, además, no tienen relación con el agravamiento de la patología.

Por otro lado, alude a que resultan improcedentes los reclamos por pérdida de chance, daño moral y daño psicológico respecto del menor de edad L., como así también los atinentes a los descuentos de días y presentimos del señor G. A su vez, persigue se disminuya el monto otorgado a este último por la minusvalía psíquica.

La citada en garantía «P. C. A. d. S. G. S.A.» se agravia de la excesiva suma admitida por daño moral. Cuestiona la aplicación de la tasa de interés activa y su fijación desde la fecha del hecho, por generar un enriquecimiento sin causa a favor de los actores.

Hace reserva del caso federal.

Por otro lado, la médica M. R. C. R. menciona que su diagnóstico fue correcto, en tanto L. no presentaba síntomas de cuadro apendicular cuando ella lo revisó y que existe responsabilidad del «I. M.C.» -el cual no fue demandado- por las demoras invocadas por los actores, no imputables a ella. Sostiene que resulta ajena a los hechos acontecidos con posterioridad a su intervención. Agrega que, igualmente, el menor de edad fue intervenido en forma oportuna y sin consecuencia alguna. Coincidió con la Clínica sobre la falta de análisis de las declaraciones testimoniales y de todos los elementos aportados en la causa, en tanto critica que sólo se meritó la pericia médica, la cual cuestiona.

A todo evento, solicita que, en caso de mantenerse la decisión, se le atribuya el 1% de la responsabilidad en tanto la restante corresponde al «I. M. C.».

V- Ley aplicable Al igual que lo decidido en primera instancia y que no fue debatido por las partes, en cuanto a la responsabilidad atribuida, la presente acción se analizará desde la perspectiva del Código Civil anterior, por ser la ley vigente al momento de sucederse el evento por el cual se reclama (arts. 3, CC; 7, CCCN).

VI- Existencia de la responsabilidad Los agravios de los accionados se centran, con diversos argumentos, en la inexistencia de la responsabilidad atribuida. En tanto los presupuestos para su configuración son comunes para los distintos legitimados pasivos, se comenzará con este examen.

VI-a- Presupuestos de la responsabilidad Al igual que lo mencionado en la sentencia de primera instancia, «.la responsabilidad profesional es aquélla en la que incurre el que ejerce una profesión al faltar a los deberes especiales que ésta le impone y requiere, por lo tanto, para su configuración, los mismos elementos comunes a cualquier responsabilidad civil. Ello quiere decir que cuando el profesional omite las diligencias correspondientes a la naturaleza de su prestación ya sea por impericia, imprudencia o negligencia, falta a su obligación y se coloca en la posición del deudor culpable (art. 512, Código Civil; . causa Ac. 88.406, sent. del 10-V-2006; v. también C. 98.267, sent. del 23-IV-2008; C. 100.216, sent. del 13-V-2009; C. 94.854, sent. del 28-X- 2009; C.103.717, sent. del 3- III-2010; entre otras).» (SCBA, del voto del señor Juez doctor Genoud en «Langoni, Adriana Marcela contra Hospital Italiano. Daños y perjuicios», causa C. 112.820, sent. del 17-XII-2014).

La responsabilidad médica se halla sometida a los mismos principios de la responsabilidad en general. Son sus normas generales: 1) El incumplimiento objetivo, que consiste en la infracción al deber mediante la inobservancia de la palabra empeñada en un contrato o a través de la violación del deber general de no dañar; 2) El daño entendido como la lesión a un derecho subjetivo del incumplimiento jurídicamente atribuible; 3) La relación de causalidad suficiente entre el hecho y el detrimento, de tal manera que pueda predicarse que el hecho es causa (fuente) del mismo y; 4) Un factor de atribución, es decir la razón suficiente para asignar el deber de reparar al sujeto sindicado como deudor que podrá ser objetivo o subjetivo (conf.

Conclusiones V Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Rosario, 1971, citadas por Atilio Aníbal Alterini-O. José Ameal- Roberto M. López Cabana, «Derecho de Obligaciones Civiles y Comerciales», pág. 159, Buenos Aires, 2006).

Asimismo, al tratarse del análisis de la responsabilidad médica, el factor de atribución será subjetivo, debiendo probar, quien alega, la culpa del profesional (arts. 3, 512, CC; 7, CCCN).

«La prueba de la culpa del médico se traduce en la violación del deber de seguridad, que `como obligación tácita se halla comprendida en el contrato asistencial, y cuya omisión genera la responsabilidad directa de la entidad contratante, además de la que concierne directa y personalmente al profesional´ (Bustamante Alsina, «Responsabilidad Civil de los médicos en ejercicio de su profesión», L.L. 1976-C-p. 63, Fecha de firma: 12/05/2020 Alta en sistema: 14/05/2020 Firmado por: SILVIA PATRICIA BERMEJO , JUEZ DE CAMARA Firmado por: OSVALDO ONOFRE ALVAREZ , JUEZ DE CAMARA Firmado por: OSCAR JOSE AMEAL, JUEZ DE CAMARA #12955273#252832134#20200512113943351

cit.en voto del doctor de Lázzari en Ac. 87.884, sent. del 14-XII-2005. En similar sentido C. 98.767, sent. del 21-V-2008; C. 101.294, sent. del 15-IV-2009; C. 105.772, sent. del 9-VI-2010)» (SCBA, del voto del señor Juez doctor Genoud en «Langoni», ya cit.).

A modo de síntesis, en la apreciación de la prueba de la mala praxis médica habrá de privar un criterio estricto y gobernado por las reglas generales que establecen los arts. 512 y 902 del código de fondo (SCBA, C 92810, sent. del 27-4-2011, voto de la mayoría; C 106780, sent. del 26-2-2013). Ello, cabe aclarar, en tanto, como se referenció, la normativa aplicable es el Código anterior.

VI-b- Hechos del caso VI-b-1- Existencia del daño físico A los fines de definir la suerte de los agravios traídos, es menester acreditar si los hechos probados revelan la presencia de la responsabilidad que pretende atribuírsele a los demandados.

Resultan definitorios los dictámenes médico y psicológico para definir en este caso la existencia del daño. A tal fin, como menciona la doctrina, si bien éste es lo que aparece en último lugar en la correlación de los eventos, debe ser el primero a analizar.

La experta médica A. G. A. puntualizó que L. «.fue intervenido quirúrgicamente el día 19 de octubre de 2010, con diagnóstico de apendicitis aguda, tuvo un post operatorio sin complicaciones y fue dado de alta el día 23 de octubre de 2010. Por lo que fue tratado correctamente» (fs. 401/407, esp. fs. 402, punto 9). También concluyó en que no presentó secuela física ni signos de incapacidad de ese orden (ídem., esp. fs. 402, punto 10; arts. 386, 477, CPCC).

Además, señaló que en la epicresis no surge el término peritonitis (fs. 401/407, esp. fs.405, respuesta al punto 14), a diferencia de lo argumentado en el libelo de inicio y lo afirmado en la sentencia de primera instancia (fs. 671/690vta.), lo cual, por ende, carece de todo sustento probatorio. Es decir, la intervención quirúrgica no tuvo ningún tipo de complicación (arts. 377, 386, CPCC).

Precisó la experta que en el parte médico y en la Historia Clínica no consta que al niño se le colocara drenaje abdominal (v. fs. 401/407, esp. fs. 403 vta., punto 12), se le hicieran cultivos de líquido intraabdominal (ídem, ver esp. fs. 404, respuesta al punto 14) o se le aspirara líquido purulento intraabdominal (ídem., esp. fs. 404, punto 16).

Nada de ello consta que sucediera. Por el contrario, se señaló una buena evolución de la herida quirúrgica. El día 21 de octubre, el doctor M. expuso que ésta tenía «buen aspecto» y el día 22 del mismo mes, la cirujana infantil J. R. M. detalló que la herida estaba seca (ídem., esp. fs. 404, punto 15).

Dable es precisar que los dictámenes de los profesionales deben valorarse de conformidad a las reglas de la sana crítica y con sujeción a las normas de aplicación al caso (esta Sala, causas 20586/2016, sent. del 21-II-2019; 33.977/2013, sent. del 20-III- 2019, 86684/2013, sent. del 4-IV-2019, entre otras).

Estas reglas indican que para apartarse de la pericia suficientemente fundada, es necesario oponer argumentos científicos que pongan en duda su eficacia probatoria. Las meras opiniones en contrario, sin esgrimir motivos valederos, no son aptos para provocar el apartamiento de las conclusiones vertidas por quien es experto en un área de la ciencia o técnica, como ocurre en este caso (art. 477 del CPCC; esta Sala, causas 33.977/2013, sent. del 20-III-2019; 86684/2013, sent.del 4-IV-2019, entre muchas otras).

En síntesis, acorde surge de la experticia médica, el niño fue intervenido quirúrgicamente con éxito por apendicitis, sin que le quedaran secuelas físicas temporarias o definitivas por esta dolencia (ídem., esp. fs. 402, punto 10; arts. 386, 477, CPCC).

VI-b-2- Existencia del daño psicológico Tampoco aprecio que exista una minusvalía psicológica atribuible al hecho de autos. La perito psicóloga S. M: S. concluyó que el menor de edad L. presenta una incapacidad psíquica del 10% que la atribuyó a que los test psicológicos dieron cuenta de una vulnerabilidad, actitud temerosa y vigilante por la situación atravesada y validó las palabras del niño respecto a sus terror a las agujas «.ya que le hicieron muchos análisis de sangre, sueros y demás elementos de medicina que atemorizan a un niño de poca edad y quedan asociadas a situaciones de peligro, traumáticas» (fs. 350/355, esp. fs. 354/355).

En la audiencia, la profesional mencionó que la operación «Tomó una zona inguinal que afecta la sexualidad y en el momento en que acontece tenía seis años cuando es muy importante el desarrollo. Ahí se produce una situación traumática» (Segunda parte del CD agregado al expediente a continuación de fs. 669; minutos 00:00:56 a 00:01:05). Agregó que, «Por verbalizaciones de él, le había quedado todo un temor a recibir todo lo que sea inyecciones, a comer porque había tenido el episodio en un cumpleaños» (ídem., minutos 00:01:45 a 00:02:00). Especificó el tratamiento recomendado, el cual afirmó que mejoraría el cuadro.

Conforme se desprende de lo relatado, el temor que la experta en psicología ilustra que padece el niño es la experiencia vivida por la apendicitis, no por una mala praxis.Si bien someterse a una cirugía es una situación traumática, más aún para un niño de seis años, lo cierto es que, en este caso, la intervención debía hacerse por tratarse de un padecimiento que así lo requería, más allá del diagnóstico de la doctora C. R. y de la supuesta demora en las derivaciones, lo cual tampoco ocurrió, según se explicará. La realidad es que L. presentaba esa patología que, una vez detectada, requería indefectiblemente de una operación, por lo que él debía atravesarla como parte de su recuperación. Como detalla el dictamen médico, «La apendicitis aguda es el diagnóstico más común sujeto a tratamiento quirúrgico de urgencia.» (fs. 401/407, esp. fs. 405, respuesta al punto 15, primer párrafo).

Por lo tanto, el daño mencionado por la experta derivado del miedo a las agujas, del dolor padecido y la espera en las derivaciones, se justifica en el cuadro clínico presente, el cual requería de la realización de exámenes y de cirugía como tratamiento. Lo antedicho es lo indicado y ajeno a cualquier error (art. 477, CPCC). En síntesis, no podría atribuírsele a los legitimados pasivos las consecuencias propias de la naturaleza ante una respuesta que es la indicada.

En definitiva, los dolores y padecimientos alegados por los actores, como daño físico, al igual que el temor a las agujas y a los hospitales, en lo que se erige el daño psicológico al igual que el moral (fs. 15/18 y 25, esp. fs. 16vta.), no son consecuencias del obrar de la doctora C. R. o de la C. P. P.l, sino propio del cuadro que lo afectaba, es decir, de la apendicitis (arts. 3, 512, 902, CC; 7, CCCN; 330, 356 inc. 1, 386, 477, CPCC).

VI-b-3-. Obrar de la médica de guardia Otro agravio planteado se refiere a la intervención en el caso de la doctora C. R.y a si la falta de determinación oportuna del diagnóstico implicó demorar la atención del niño, prolongando una dolencia que hubiera podido abreviarse y provocándosele así un perjuicio.

Los codemandados argumentan la dificultad de diagnosticar una apendicitis en las primeras horas, en tanto los síntomas pueden estar encubiertos. Aseveran que el niño no corrió ningún riesgo, que fue correctamente diagnos ticado cuando los síntomas se hicieron evidentes y que se realizaron todos los trámites necesarios para su traslado.

Aducen que no se encuentran acreditados los presupuestos de la responsabilidad a su respecto y, tampoco, que la supuesta impericia de la médica causó la demora en la intervención quirúrgica. Además, critican la omisión en examinar todos los elementos aportados y las declaraciones testimoniales de los doctores A., S. y T.

La jueza de grado concluyó que la doctora C. R. era responsable, toda vez que, al no haber historia clínica del 17 de octubre de 2010, para analizar si hubiese sido posible efectuar el diagnóstico de apendicitis, impidió evaluar su obrar, sumado a que el cuadro tenía 72 horas de evolución -según la Historia Clínica del Sanatorio S. P.-.

Por lo tanto, la jueza a quo consideró acreditada la culpa, por no haber tomado todos los recaudos necesarios para detectar de manera temprana el cuadro de apendicitis (fs. 671/690vta., esp. fs. 681vta. y 682vta.).

Como ya se precisara, los coactores relataron que concurrieron, el 17 de octubre de 2010, a las 16.00 hs., a la guardia de la «C. P. P.l S.A.», pues su hijo L. G. presentaba dolor de abdomen, ingle y pierna derecha, vómitos y fiebre. Refirieron que fue atendido por la doctora C. R. quien le diagnosticó angina y otitis y le recetó Amoxicilina Dúo. La atención brindada, el diagnóstico y el tratamiento fueron reconocidos por la coaccionada C. R. (fs. 284/290vta., esp. fs. 287/288) y por la «C. P. P.l S.A.» (fs. 64/84vta., esp. fs.65vta.), si bien no coincidieron en cuanto a la sintomatología -los demandados adujeron que presentaba adinamia, asteria, adenomegalia cervical, afebril, estado nauseoso, dolor abdomen difuso, sin localización (fs. fs. 64/84vta., esp. fs. 65vta.)-. Esta última entidad acompañó copia de la pantalla de la historia clínica de la guardia donde -ese día- se lee el diagnóstico de «otitis media» (fs. 57). Si bien los actores y la «O. S. d. P. d. S. A.» solicitaron que acompañe la documentación, el juez a quo, en la audiencia preliminar, la tuvo por agregada con las copias presentadas por la demandada en su contestación (fs. 52/57 y fs. 441/444, esp. fs. 442vta., punto I.4), por lo que existe tal constancia de la atención en la Clínica referida.

Además, los accionantes acompañaron tres recetas en cuyo membrete figura el nombre de la institución y, en dos de ellas, se ve el sello y firma de la doctora C. R.

Estas dos fueron reconocidas por la colegitimada pasiva, pero no la tercera (fs.

284/290vta., esp. fs. 288vta.), sobre la que el perito calígrafo se expidió y aseguró que no fue de su autoría (fs. 564/587, esp. fs. 587). En ellas se lee que se le diagnosticó otitis media, le recetó Amoxicilina Dúo, antibiótico y antitérmico, como así también le indicó nebulizarse (fs. 645 y 646).

En síntesis, quedó acreditada la atención de L., por la doctora C. R., por la guardia, en la «C. P. P.l S.A.» de Merlo, el día 17 de octubre de 2010 y que se le prescribió por una otitis. Este es el obrar indebido en el cual los actores asientan la responsabilidad que pretenden encontrar en su desempeño.

Acorde se citó del dictamen, la falta de identificación de una apendicitis en la primera consulta no representa un error médico. La perito médica A. G. A.explicó que «El diagnóstico de apendicitis aguda no es simple, la clínica clásica se encuentra frecuentemente contaminada por síntomas atípicos, de manera tal que el diagnóstico correcto en la primera visita a las unidades de emergencia varía entre 50% y 70% en adultos. En niños menores de 12 años se diagnostican en la visita inicial 43% a 72% apendicitis y en menores de 2 años alrededor de 1%» (fs. 401/407, esp. fs. 403, respuesta al punto 6).

Igualmente, mencionó que «.en determinadas ocasiones una apendicitis puede ser enmascarada por diversos signos y síntomas atribuibles a otras entidades nosológicas» (fs. 401/407, esp. fs. 402, punto 6). Afirmó que es dificultoso de definir y que «Los síntomas de la apendicitis pueden variar. Puede ser difícil diagnosticarla en niños pequeños, ancianos y mujeres en edad fértil. El primer síntoma a menudo es el dolor alrededor del ombligo. Este dolor inicialmente puede ser leve al principio, pero se vuelve más agudo y grave. Es posible que también presente inapetencia, náuseas, vómitos y fiebre. El dolor tiende a desplazarse a la parte inferior derecha del abdomen y tiende a concentrarse en un punto directamente sobre el apéndice» (ídem., esp. fs.

405, punto. 15).

Agregó que las «.Dificultades en interpretar la historia clínica y los hallazgos a la exploración física se encuentran durante las primeras 15 horas del cuadro clínico.» (fs. 401/407, esp. fs. 406, punto 2).

A la pregunta de si pudo haber comenzado el cuadro con un foco de faringoamigdalitis, la experta respondió que «Dentro de los diagnósticos diferenciales se encuentra la patología de vías aéreas superiores por lo que podría haber sucedido en el caso del menor de marras» (ídem., fs.406 vta., respuesta al punto 3).

Además, en la audiencia que convocó la jueza a quo para que la experta brinde explicaciones de su dictamen, ésta aseguró que «.por los elementos que tiene, indicación médica y diagnóstico, no puedo saber el examen médico que realizó. el diagnóstico está, es una otitis media, lo que no sé es. cómo llegó al diagnóstico o qué sintomatología traía al niño cuando fue a la consulta. Lo único que sé es una otitis media y es correctamente medicada con el antibiótico que indicó la doctora» (primera parte del CD agregado al expediente a continuación de fs. 669; minutos 00:02:24 a 00:03:00). En cuanto al diagnóstico de apendicitis «se cree que una apendicitis es muy fácil de diagnosticar. sin embargo, en muchas otras condiciones médicas puede tener esas sintomatologías y no deberse a una apendicitis» (ídem., minutos 00:04:00 a 00:03:23). «Puede tener las dos patologías juntas. los vómitos también pueden ser producidos por una otitis, no son excluyentes» (ídem., minutos 00:09:10 a 00:09:30).

Por su lado, el testigo R. A. A., de profesión médico, al preguntársele sobre cómo se diagnostica una apendicitis, explicó que es quirúrgica y anatomopatológica, que se hace ver al paciente por un cirujano si se piensa que es operable y que en medicina no hay síntomas patognomónicos, lo que significa que un síntoma puede pertenecer a más de una patología (fs.489/490vta.; arts. 386, 456, CPCC).

De todo lo expuesto, encuentro que no hubo un error de diagnóstico o una dilación reprobable de la doctora C. R. en identificar la apendicitis. Ello pues, los síntomas que aparecen en las primeras horas pueden no ser claros, los que pueden enmascarar el cuadro, en especial si son niños.

Si L. asistió a la guardia de la «C. P. P.l S.A.» el día 17 de octubre, a las 16.00 hs.-ocasión en la cual fue atendido por la doctora C. R.- y se dijo que los síntomas pueden tardar quince horas en definirse, se entiende que fuera recién identificada la apendicitis al día siguiente, cuando el mismo actor dijo que volvió a eso de las 19.30 hs., al mismo Centro asistencial.

La contundencia de la evidencia producida desplaza a las consideraciones por la falta de otros elementos que no se acompañaron, como es la Historia Clínica, circunstancia en la cual la sentencia de primera instancia asentó la responsabilidad a esta médica. Incluso, cabe precisar, la Historia Clínica se adjuntó, aunque ella no fuera completa en cuanto a la atención del día 17 de octubre, oportunidad en la cual L. asistió a la guardia. En la Historia Clínica de la atención acompañada por la «C. P. P.l S.A.», sólo figura la fecha y el diagnóstico de «Otitis media» (fs. 57). Además, cabe recordar que el a quo, en la audiencia preliminar, la tuvo por agregada con las copias presentadas por la demandada en su contestación (fs. 52/57 y fs. 441/444, esp. fs. 442vta., punto I.4).

Sobre este documento de fecha 17 de octubre de 2010, la perito médica refirió que, en este caso, «Al no constar historia clínica del menor en autos, de los días de consulta previos al diagnóstico de apendicitis no es posible evaluar si hubiera sido posible realizar dicho diagnóstico con anterioridad al día 19 de octubre de 2010» (fs. 401/407, esp. fs. 402, punto 7). Sostuvo que «No constan en autos historia o ficha de examen clínico de guardia del día 17/10/2010 de la C. P. P.l S.A. del menor L. E. G.

Según relato de sus padres, fojas 15, el niño presentó signos y síntomas que no eran patognomónicos de un cuadro apendicular» (ídem., esp. fs.402vta., punto 1).

Por lo tanto, más allá de que la experta no pudo constatar si el diagnóstico de la doctora C. R. fue correcto, debido a la ausencia de una Historia Clínica detallada en el expediente sobre la atención el día 17 de octubre por guardia, la realidad es que el diagnóstico posterior de apendicitis fue correcto -el cual se mantuvo incluso durante su internación en el Sanatorio S. P.- y la operación y el post-operatorio tuvo resultados satisfactorios, por lo que no se evidenciaron secuelas físicas ni, como se refirió, psicológicas en el menor de edad. Es decir, que no se comprobó la existencia del daño, elemento indispensable para determinar la responsabilidad de los demandados, al igual que no hubo un obrar reprobable en el primer abordaje de la dolencia.

A mayor abundamiento, además de considerar que el daño no se probó, elemento esencial de la responsabilidad civil, tampoco aprecio que el obrar de esta codemandada sea censurable -ya sea por un diagnóstico distinto de la apendicitis, como por la dilación en la identificación de ésta-, en tanto ello puede acontecer en este tipo de cuadro, al igual que por no haberse acreditado que el niño no hubiera tenido una otitis, la cual habría estado bien medicada, por lo que propongo a mis distinguidos colegas rechazar la responsabilidad atribuida a la doctora M. R. C. R. (arts. 3, 512, CC; 7, CCCN; 330, 356 inc. 1, 386, 477, CPCC). Estas circunstancias hacen que la ausencia de la historia clínica, como dijo la señora juez -aunque en verdad no hay ausencia, sino que la misma es incompleta en lo que respecta a ese día 17 de octubre de 2010- no puede sustentar una responsabilidad cuando ello no se condice con el resto de las probanzas del expediente (arts. 377, 386, 477, CPCC).

VI-b-4- Responsabilidad de la «C. P.P.l S.A.» Por las consideraciones vertidas, al considerar que no ha existido responsabilidad de la médica de guardia, no cabe mantener la atribuida a la «C. P. P.l S.A.», en tanto la misma se erigió en la omisión de cumplir con el deber de seguridad por la deficitaria atención médica alegada de aquélla (fs. 671/690vta., esp. fs.

681vta./682). En consecuencia, al postular este voto revocar lo así decidido en la instancia anterior, se impone igual suerte con la responsabilidad atribuida a este coaccionado.

VI-b-5- Responsabilidad de la «O. S. d. P. d. S. A.» En cuanto a la responsabilidad de la «O. S. d. P. d. S. A.», el fallo en crisis la sostuvo en dos motivos, el relacionado con el obrar de la doctora C. R. en la C. P. P.l, por la falta de detección temprana del cuadro y, luego, cuando se debió derivar a L. a otro centro asistencial para hacérsele la cirugía, en lo que asienta la demora en la atención (fs. 671/690vta., esp. fs. 685).

La Obra Social sostiene que de las constancias de autos no surge que la actividad profesional de la doctora C. R. fuera incorrecta, ni observa fallas en el deber de garantía de la «C. P. P.l S.A.». Argumenta que los síntomas referidos por los padres del menor de edad, no resultan indicativos de un cuadro apendicular.

Aduce que ese cuadro se diagnosticó oportunamente y resultó sin consecuencia alguna para el paciente, por lo que carece de relevancia analizar la actividad de cada médico involucrado. Considera que, con esta premisa, deben examinarse también las derivaciones.

En lo que respecta al primer aspecto, cabe dejar sin efecto la responsabilidad atribuida a la Obra Social, por no haber objeción al deber de la médica de guardia demandada. Los agravios traídos ya se abordaron antes en este voto.Se reitera que no hubo una dilación en la identificación temprana de la apendicitis, pues ello no es siempre médicamente posible cuando se trata de niños (arts. 377, 386, 477, CPCC).

El otro de los aspectos en los cuales se le atribuye un defecto en la prestación médica a la Obra Social es por el error en la coordinación del sistema prestacional. La jueza a quo le atribuyó responsabilidad por los diferentes traslados, los cuales alega que le ocasionaron el agravamiento de la patología y se puso en riesgo su salud.

Anticipo que concuerdo con la crítica al fallo.

A partir de la relación contractual existente con sus afiliados, la obra social responde por la actuación de los médicos y entidades en las que se deriva la prestación médica, en función de una obligación legal de seguridad, siendo indiferente la sustitución por otros prestadores. Por lo tanto, la responsabilidad es objetiva (Rinesi, Antonio Juan, «El deber de Seguridad», Capítulo XXIV, Rubinzal Culzoni, 1ra edición, 2007, Santa Fe, pág. 349).

En el presente caso, el día 18 de octubre de 2010 a las 19.30 hs. aproximadamente, los actores regresaron a la Clínica -en tanto persistían los dolores de L.-. Este horario es el aportado por los propios actores (fs. 15/18, esp. fs. 15). Se explicó en la demanda y coincide con la prueba documental obrante que se le realizó a L. un examen médico y estudios y, conforme surge de copias aportadas por la institución, los resultados del análisis estuvieron a las 21.50 hs. de ese día (fs. 54) y otro a las 1.00 hs. del 19 de octubre (fs. 56), los que constan también en la Historia Clínica (v. fs. 57). La copia del Libro ilustra que se solicitó la derivación a ATSA para L. a las 22.38 hs. del día 18, que hubo una comunicación de médico a médico con el «I.

M.C.» a las 00.12 hs y que a las 00.20 hs la doctora había aceptado la derivación y lo retiraron a las 00.50 hs. -O 1.50 hs., pues no se aprecia con claridad la indicación en el Libro cuya copia se adjunta- (fs. 53). Si bien los actores afirmaron que la derivación se debió a la falta de cirujano y la Clínica alegó que no había camas, fueron afirmaciones no acreditadas.

Una vez trasladados al «I. M. C.», los actores refirieron que les informaron que el anestesista se presentaría a las 8.00 hs. Sin embargo, a las 6.00 hs. se anoticiaron que no concurriría, por lo que se los derivó al «Sanatorio S. P.», en San Fernando, en la Provincia de Buenos Aires. Conforme surge de la Historia Clínica, L. ingresó el 19 de octubre del 2010, a las 7.30 hs., «por falta de anestesista. Se solicita derivación a este centro» (fs. 206/213, esp. fs. 207). Figura como comentario y diagnóstico presuntivo «Abdomen agudo quirúrgico» (ídem., esp. fs. 209).

Allí, fue operado a las 11 hs. de ese día donde «Se exteriorizó apéndice gangrenoso» (fs. 206/213, esp. fs. 212). En la epicrisis se asentó que el diagnóstico de alta era «apendicitis aguda gangrenosa» y egresó el 23 de octubre sin complicaciones, indicándose que tuvo cuatro días de internación (ídem., esp. fs. 206).

A su vez, la obra social acompañó copia de la historia clínica de L. donde se asentó su ingreso -19 de octubre- y egreso -23 de octubre- en el Sanatorio S. P., con su diagnóstico e intervención (fs. 451/454, esp. fs. 451). Además, se observan como consumos registrados los traslados en el mes de octubre de ese año coordinados por «H. S.A.» (ídem., esp. fs. 453).

El doctor R. A. A., quien trabajó en la «C. P.P.l S.A.», manifestó, en cuanto a la demora el trámite de derivación, que «Dependiendo de la obra social, promedio unas 3 a 6 horas, el sistema de traslado de pacientes es lamentablemente engorroso» (fs. 489/490vta., esp. fs. 490).

El doctor J. Á. S., empleado de la Clínica, explicó los pasos a seguir desde que un paciente ingresa a la guardia. Refirió que «Lo atiende el médico de guardia, lo examina, pedirá los estudios necesarios para llegar a un diagnóstico, una vez hecho el diagnóstico si es encuadro clínico se tomarán las conductas médicas necesarias para su tratamiento correspondiente y en caso de presuponer que sea quirúrgico se tomarán las medidas necesarias y de ameritar la consulta con el especialista que es el testigo se le comunicará la existencia del paciente» (fs. 491/492, esp. fs. 491). Relató que en caso de internación «.de acuerdo a la cobertura de obra social o prepara si está cubierta la internación en la Clínica se lo interna y siempre que haya camas para hacerlo. Si no se diesen esas circunstancias se deriva, salvo que fuese de emergencia en cuyo caso se lo interna y se actúa de acuerdo a la emergencia del caso.

Emergencias son dos: la hemorragia y la sed de aire. Se informa a la parte administrativa para que solicite la derivación, al paciente se lo atiende, dependiendo del cuadro puede llegar a ser necesario administrarle algún medicamento, suero o nada.» (v. fs. 491 vta.). A la pregunta de cuánto demora aproximadamente el trámite de la derivación responde que: «Como es administrativo depende de la respuesta de la prepaga u obra social. Una vez solicitada la derivación y habiéndose aclarado el motivo depende de la obra social y de acuerdo a esa solicitud.» (ídem., esp. fs. 491 vta.).

Asimismo, declaró el coordinador del Servicio de Pediatría de la Clínica, el doctor M. R. T. C.Señaló al respecto que «Se pide derivación por la obra social para ser valorado por cirujano infantil en la clínica donde la obra social tenga disponible cirujano» (fs. 527 y vta., esp. fs. 527vta.; arts. 386, 456, CPCC).

De la prueba aportada, se observa que desde que el Laboratorio imprimió el estudio -a las 21.50 hs. del día 18 de octubre, según en él consta-, el tiempo que implicó que ese documento llegara a las manos del médico requirente, que éste confirmara el diagnóstico de la apendicitis, se ordenara la derivación, que el «I. M. C.» aceptara recibir al paciente -a las 00.20 hs.- y, luego, que el menor de edad fuera retirado de allí -a las 00.50 hs. O 1.50 hs., pues no se aprecia con claridad la indicación en el Libro cuya copia se adjunta-, transcurrió un lapso que no se aprecia prolongado. En vista a que se debe convocar a la ambulancia y que debe hacerse el traslado, en un caso como en el presente, no se ha evidenciado que fuera un tiempo excesivo o que pusiera en peligro la salud o la vida de L., como se afirmó en la sentencia, sin ningún basamento fáctico acreditado. No hay ningún aporte médico que así lo haya especificado (fs. 52 a 57; art. 386, CPCC).

Consta, a su vez, el ingreso al «Sanatorio S. P.» a las 7.30 hs. luego que, conforme el relato los actores, el anestesista del «I. M. C.» avisara que no se presentaría a trabajar a las 6 hs. Es decir que transcurrió 1.30 horas entre que se anoticiaron que no podría ser intervenido allí, se lo trasladó nuevamente y arribó al sanatorio. Una vez en la institución, fue internado e intervenido quirúrgicamente a las 11 hs.-3.30 horas después-, lo cual concluyó en forma satisfactoria.

Por consiguiente, el haberse tenido que trasladar de un centro asistencial a otro -ya sea por falta de anestesista o por cualquier otra razón-, la distancia entre los sanatorios y si la ambulancia se movía o no en su marcha no revelan un incumplimiento del deber de la prestación de la Obra Social, como juzgó la sentencia.

Tampoco puede recriminársele, como se pretende en la demanda, que el acompañante de quien es intervenido quirúrgicamente no tenga una cama para descansar o no le sirven la comida por cuenta del mismo hospital y deba adquirírsela aparte, pues no son más que circunstancias que hacen a lo accesorio del obrar médico, lo cual podrá hacer a la comodidad de quien recibe la atención o de sus acompañantes o, a todo evento, el cumplimiento de una obligación, cuando se hubiera pactado, lo que no es el supuesto de estos obrados, en tanto no se alegó.

Cabe referir y lo que se aprecia como es encial, es que, sin perjuicio del tiempo que insumió cada etapa referida, L. fue intervenido y dado de alta sin complicaciones, no acreditándose la existencia de daño ocurrido a raíz de la demora por las dos derivaciones que debieron hacerse debido a la falta de cirujano.

Al igual que se expuso antes, para que haya responsabilidad, es necesario acreditar la existencia de sus presupuestos, uno de ellos, el daño, el cual no se aprecia presente en el caso (arts. 512, 902, CC; 7, CCCN).

Si bien la demora podría ocasionar el agravamiento de una patología, en estos obrados, no aconteció. Es más, quedó acreditado que la operación fue exitosa. Surgen constancias de la causa -ya citadas- que la urgencia se resolvió correctamente y sin consecuencias para el menor de edad. Por ende, el daño al que se refiere la sentencia, como objetan los apelantes, se erige en afirmaciones dogmáticas carentes de sustento en las constancias de la causa (art.386, CPCC).

Además, en lo atinente al fundamento del fallo sobre lo alegado por la Obra Social, en cuanto a que no puede armarse un equipo quirúrgico de noche, lo que revelaría una falta de eficiencia en la coordinación de los efectores de salud para una adecuada prestación del servicio, no se asienta en ninguna resolución que haya especificado que la «C. P. P.l» haya debido tenerlo.

Existen diversas disposiciones tendientes a organizar la mejor prestación del Servicio de Salud en los distintos ámbitos de nuestro país. En tal sentido, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, número 455, del 8 de Junio de 2000, aprobó el «Marco Estratégico-Político para la Salud de los Argentinos», con el propósito lograr la efectiva aplicación y materialización del Derecho a la Salud satisfaciendo las necesidades de la comunidad a partir de los principios de equidad, solidaridad y sustentabilidad de las acciones encaradas.

En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley 153, -Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires-, establece, entre otros aspectos, que «Los efectores son los hospitales generales de agudos, hospitales generales de niños, hospitales especializados, centros de salud polivalentes y monovalentes, médicos de cabecera y toda otra sede del subsector estatal en la que se realizan acciones de salud» (art. 24. ley cit.). Como de ello se infiere, hay distintas formar de cuidar la salud de las personas y no todos los espacios médicos brindan los mismos cuidados.

La presencia de prestadores directos, indirectos, público y privados imponen la necesidad de su coordinación para un resultado eficiente. En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires -donde comenzó la atención médica de L.-, se creó el Sistema de Atención Médica Organizada (S.A.M.O.) «.cuya misión será proporcionar servicios integrados de medicina preventiva y asistencial mediante los recursos sanitarios provinciales y municipales y la coordinación con los demás recursos oficiales y privados y/o efectores de Seguridad Social.» (art. 1, dec.8.801/2000).

Como puede desprenderse de las disposiciones citadas, existe una compleja red de participantes en el aseguramiento del derecho a la salud, entre otros, las Obras Sociales, las cuales destinan sus recursos en forma prioritaria a esa prestación, además de brindar otras de orden social (art. 3, ley 23.660, conf. ley 23.890).

Incluso, los efectores públicos y privados, brindan asistencia sanitaria, médica o de rehabilitación con distinto alcance. Así, están los de nivel primario -de máxima cobertura y mínima complejidad-, secundario y también el terciario, los que aumentan en la sofisticación de los estudios y tratamientos. Además, existen establecimientos de salud sin internación o con ésta, la cual puede ser general o especializada o con fines de diagnóstico o de tratamiento. No se puede pretender que existan centros de alta o media complejidad, con la mejor prestación posible y además próximas a toda la población.

No se ha alegado ni probado por parte de los actores que la «C. P. P.l S.A.» o el «I. M. C.» debieron de haber tenido un equipo de cirugía de urgencia y se incumpliera con tal obligación. Incluso, finalmente L. fue intervenido en el Sanatorio S. P., también prestador de la Obra Social. Como refirió en el informe la Obra Social, ellos no intervinieron en la derivación del niño a la «C. P. P.l S.A.» (fs.754, respuesta al punto 7), lo cual es lógico pues a ese centro fue al que se dirigieron los padres de L. para la atención, por decisión propia.

En síntesis, de todo lo expuesto a mayor abundamiento -pues por la inexistencia del daño no cabría la necesidad de expedirse sobre el obrar de la Obra Social-, no se ha evidenciado una falta atribuible a este colegitimado pasivo. En definitiva, propongo rechazar la responsabilidad atribuida a la «O. S. d. P. d. S. A.».

VII- Por consiguiente, no encontrando reprobable el obrar médico atribuido a la doctora C.R., al deber de seguridad de la «C. P. P.l», ni a la intervención de la «O. S. d.

P. d. S. A.», no corresponde se reparen los otros daños que se alegó que de ella se derivaron, como es el descuento de los días que el señor G. debió quedarse con su hijo y la pérdida del presentismo o los denunciados perjuicios porque el niño no pudo asistir al colegio por quince días. De tal manera, quedan desplazados de su consideración los restantes agravios traídos, al devenir abstractos por este modo de resolver.

VIII- Por las consideraciones expuestas, en caso de resultar compartido este voto por mis colegas de Sala, postulo al acuerdo revocar la sentencia de primera instancia y rechazar la demanda instada por el señor O. D. G., por sí y en representación de su hijo menor de edad, L. E. G., contra la señora M. R. C. R., «C. P.

P.l S.A.», «O. S. d. P. d. S. A.» (-) y, por consiguiente, contra «P. C. A. d. S. G. S.A.», con costas de ambas instancias a los accionantes vencidos (art. 68, CPCC). Firme la presente, vuelvan los autos para la regulación de honorarios.

El Dr. Álvarez y el Dr. Ameal por las consideraciones y razones aducidas por la Dra. Bermejo, votan en igual sentido a la cuestión propuesta. SILVIA P. BERMEJOOSVALDO O. ALVAREZ- O. J. AMEAL-JULIO M. A. RAMOS VARDE (SEC.).

Buenos Aires, 12 de mayo de 2020.

Y visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, el Tribunal por unanimidad decide revocar la sentencia de primera instancia y rechazar la demanda instada por el señor O. D. G., por sí y en representación de su hijo menor de edad, L. E. G., contra la señora M. R. C. R., «C. P. P.l S.A.», «O. S. d. P. d. S. A.» (-) y, por consiguiente, contra «P. C. A. d. S. G. S.A.», con costas de ambas instancias a los accionantes vencidos (art.68, CPCC). Firme la presente, vuelvan los autos para la regulación de honorarios.

En virtud que el «Protocolo y pautas para la tramitación de causas judiciales durante la feria extraordinaria», aprobado por Acordada n° 14/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, habilita el dictado de oficio de sentencias interlocutorias y definitivas y su posterior notificación electrónica durante la vigencia de la feria extraordinaria dispuesta por Acordada n° 6/2020 -y prorrogada por las Acordadas n° 8/2020, 10/2020, 13/2020 y 14/2020-, en sentido similar a las Resoluciones del Tribunal de Superintendencia de esta Cámara Nacional Civil (n° 393/2020 y 454/2020, entre otras, dictadas por estrictas razones sanitarias), se suscribe la presente, con expresa indicación que ésta no implica la reanudación de los plazos procesales, lo cual, a todo evento, deberá ser pedido expresamente y de forma fundada (conf. punto IV, «3» del citado protocolo).

Regístrese de conformidad con lo establecido con el art. 1° de la ley 26.856, art. 1 de su Decreto Reglamentario 894/2013 y arts. 1, 2 y Anexo de la Acordada 24/13 de la CSJN.

La difusión de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. En caso de su publicación, quien la efectúe, asumirá la responsabilidad por la difusión de su contenido.

Notifíquese por Secretaría, cúmplase con la comunicación pública dispuesta en las Acordadas CSJN 15/2013 y 24/2013 y, oportunamente, devuélvase.

SILVIA PATRICIA BERMEJO

JUEZ DE CAMARA

OSVALDO ONOFRE ALVAREZ

JUEZ DE CAMARA

OSCAR JOSE AMEAL

JUEZ DE CAMARA

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