Reflexiones sobre los estándares de prueba en el proceso penal

Autor: Latino, Matías A.

Fecha: 1-jun-2020

Cita: MJ-DOC-15359-AR | MJD15359

Sumario:

I. Breve introduccion. II. Desarrollo. III. Consideraciones finales. IV. Bibliografia.

Doctrina:

Por Matías A. Latino (*)

I. BREVE INTRODUCCIÓN

El presente texto tendrá como objetivo medular ahondar sobre diferentes aspectos vinculados con la prueba y sus estándares de evaluación, principalmente en el proceso penal. En esa senda, se procurará establecer las pautas que la condicionan y cómo operan en el derecho comparado para analizarla con los parámetros que predominan en el ordenamiento procesal a nivel nacional. De este modo, se intentará detectar las deficiencias que comprometen la obtención de pronunciamientos judiciales, con el mayor grado de certeza posible, sobre determinado acontecer histórico y evitar yerros que redunden sobre una convicción caprichosa del juzgador.

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II. DESARROLLO

– La verdad en el proceso penal.

Previo a introducirnos en la temática que nos ocupa, corresponde destacar algunos aspectos que inciden de manera directa en los conceptos a analizar.

En ese sentido, nos detendremos en la noción de verdad en el proceso penal. De modo necesario, cuando se avanza en las diferentes definiciones que ofrecen distintos autores, se analiza la misma de acuerdo a determinados parámetros según se trate de un proceso civil o penal. También, se la aborda desde construcciones teóricas que emergen del plano filosófico, tornando dificultoso arribar a enunciados claros y precisos.

La definición de verdad constituye una conceptualización relativa. La verdad a la que arribará el juez jamás podrá resultar absoluta y abstracta, sino un estado subjetivo del mismo, cuyo acceso a esa «verdad» -digamos más bien certeza- se ha ajustado a un procedimiento reglado por pautas y guías lógicas de experiencia. Para el convencimiento del juez acerca de la ocurrencia o no de determinados sucesos, no importará que el hecho resulte «verdadero» sino que se haya verificado un significativo margen de probabilidad de que éste haya existido.

Al respecto se ha dicho que «lo que el hombre puede alcanzar y conocer en el conocimiento sensible no es jamás la verdad, sino tan solo un juicio de extrema probabilidad.Junto con la ilusión de la certeza de la razón ha caído la ilusión de un mundo físico cierto e igual, obediente a leyes naturales fijas que permiten prever partiendo del presente, la evolución futura o el estado pasado» (1)

En palabras de Caffareta Nores, es aquella denominada «verdad material, verdad correspondencia o verdad real». Esta verdad, según indica el autor, resulta una construcción del juzgador, a la cual, tras creerla firme, se la llama certeza, ya sea en el sentido positivo o en el sentido negativo. A ello, se agregan los estados intermedios de creencia que los gradúa en duda, probabilidad e improbabilidad.

No obstante ello, la dificultad a sortear resulta establecer cómo se construye esa concepción de verdad, basada en certezas. Así, se desarrollan distintos procedimientos lógicos que permiten construir una suerte de verdad.

Claro está que no se podrá hablar de verdades absolutas, sino de procedimientos que, cumpliendo con estándares, permiten establecer la certeza de determinada afirmación. Así, se puede mencionar a la prueba legal o tasada, la cual únicamente otorga certeza a los hechos que se muestran tal como la ley lo preestablece. No existe una estimación o análisis del juez, solo basta con su constatación para que sea válida o se pueda dar por cierta determinada proposición.

El juez, en el momento de evaluar los elementos de prueba, queda necesariamente sometido a reglas abstractas preestablecidas por el legislador. Si bien, en principio, esta metodología podría otorgar cierto grado de uniformidad en las decisiones del juzgador, la «verdad» que se obtiene se transforma en formal y no real, a partir de que la realidad de lo acontecido puede ser probado de un modo diferente al que expresamente prevé la norma.

Por su parte, la íntima convicción no establece una fórmula legal que debe seguir el juez para dar por probado determinado episodio; basta únicamente que exista en su persona un íntimo parecer o un convencimiento sobre el acaecimiento de determinado suceso.Si bien se le otorga al magistrado «la confianza» en su buen sentido común, lo cierto es que, claramente, se corre con el riesgo de adoptar soluciones arbitrarias, máxime cuando no se exige una fundamentación en lo decidido.

De su lado, en la libre convicción -también conocida como «sana crítica racional»- la afirmación de determinada verdad, no puede constituir la convicción del magistrado, sino que debe exteriorizar y justificar el procedimiento lógico y razonado que derivó finalmente en la afirmación de una certeza.

Aquí el magistrado, si bien tendrá libertad para la acreditación de la ocurrencia de un suceso en concreto, estará compelido, de modo obligatorio, a justificar o motivar su decisión, debiendo exteriorizar el procedimiento adoptado para arribar a la afirmación de determinada verdad.

Exige un método lógico de razonamiento, debiendo el juez explicarlo sobre la base de los principios de la lógica y las máximas de experiencia. (2) En ese camino, si bien se le otorga la posibilidad de apreciar libremente la prueba, se procura que se encuentren sujetos a principios que eviten incurrir en la arbitrariedad. De este modo, no podrá realizarse una valoración contraria a la razón, las leyes o al sentido común, que se funde en la sola voluntad o antojo del magistrado.

Las reglas de la sana crítica suponen entonces la existencia de determinados principios generales que servirán de guía para la apreciación de la prueba; excluyéndose, de este modo, incurrir en la discrecionalidad absoluta del juzgador. Estos principios son aquellos que derivan de la lógica, como así también máximas de experiencia; es decir, se extraen de la observación del corriente comportamiento humano y científicamente verificable, actuando ambos como fundamentos de posibilidad y realidad.(3)

Los ordenamientos de forma para la aplicación de la ley penal establecen, a partir de sus respectivas normas, distintos niveles de convicción, a partir de los cuales resulta válido avanzar sobre un reproche, hasta incluso disponiendo medidas que pueden ser consideradas como cautelares.

A modo de ejemplo, claramente resulta distinto el nivel de conocimiento que debe existir sobre el magistrado para convocar a una persona en calidad de imputado para intimarlo de determinada acusación, como también para afectarlo al proceso a través de una medida de coerción personal. Tampoco se requerirá el mismo grado de certeza para avanzar en el desarrollo de un juicio que aquel que necesitará para dar por afirmada la ocurrencia de un hecho delictivo atribuible al imputado.

– Estándares de prueba: Nociones, su utilidad en la valoración de la prueba y algunas dificultades.

En los sistemas de libre valoración, se suele afirmar que la decisión judicial se encuentra sujeta únicamente a exigencias de racionalidad, dejando de lado el rol de los estándares probatorios y de las reglas legales que los establecen.

Sin embargo, también se afirma la necesidad de contar con un estándar para evaluar si las pruebas disponibles, valoradas racionalmente, son suficientes para dar cierta una hipótesis.

El concepto de estándar probatorio, si bien resulta extraño en nuestro sistema jurídico, es extensamente utilizado en los modelos de enjuiciamiento del «Common Law».

Se lo considera como uno de los engranajes claves del proceso judicial que posibilita a los jueces arribar a la elección justificada de un cierto curso de acción. De este modo, permite operar válidamente en contextos de incertidumbre.

Así, los temperamentos que se lleguen a adoptar y que pudieren eventualmente estar afectadas a errores podrán ser calificadas como decisiones conforme a derecho; ello por la vía de definir cuánta información y análisis será requerido para superar las exigencias inherentes a la carga de la prueba que ha sido impuesta sobre una de las partes.En otras palabras, los estándares de prueba delimitan las directrices acerca de cómo debiera distribuirse el potencial error en que podrían incurrir los jueces al dar por probada la historia favorable a las pretensiones del demandante o del acusador.

Los estándares de prueba constituyen, de este modo, normas que funcionan dando pautas a los jueces acerca de cómo debieran operar en un contexto en que sin ellas no habría parecido posible su aplicación plenamente justificada, en razón de los posibles errores en que podría incurrirse.

Los mismos establecen la posibilidad de yerro del conocimiento que será utilizado como uno de los pilares de la decisión judicial, indicando que para tratar a las personas atribuyéndoles, por ejemplo, el estatus de «ladrón» o de «buen padre» o «buena madre», se requerirá alcanzar un cierto nivel de comprobación; el que, en todo caso, nunca será suficientemente fuerte como para despejar toda duda en cuanto a que lo que ha sido probado ha efectivamente ocurrido en la realidad.

Los estándares de prueba pueden ser más o menos exigentes, según si se fija un umbral mínimo de suficiencia o bien un umbral más elevado.El nivel mínimo de suficiencia es el que requiere que se tenga por probada la proposición fáctica que resulte relativamente más corroborada por las pruebas disponibles, esto es, que resulte más acreditada que las proposiciones incompatibles con ella que se hayan planteado en el proceso o, en todo caso, más verificada que su negación.

Este umbral es considerado como «mínimo» en tanto un estándar menos riguroso implicaría que se debiera tener por probada una hipótesis menos corroborada, o, dicho de otro modo, menos probablemente verdadera que otras hipótesis sostenidas en el proceso, lo que constituiría una directiva incompatible con la exigencia de valoración racional de la prueba.

En este sentido, afirma Michele Taruffo que «sería irracional dejar que el juzgador eligiera la versión de los hechos que esté menos apoyada por los medios de prueba». (4)

Este patrón de prueba mínimo suele conocerse como estándar de pre ponderancia de la prueba y corresponde al que, en sistemas de tradición anglosajona, se considera aplicable en los procesos civiles.

No obstante, el derecho puede fijar también un esquema de prueba más exigente, requiriendo un grado de corroboración mayor para que una hipótesis pueda tenerse por probada. Al elevar el umbral de suficiencia de la prueba se reduce, por una parte, el riesgo de que se cometa un error al declarar probada una proposición fáctica. Sin embargo, de manera paralela, aumenta el riesgo de que se yerre al declarar no probada una proposición fáctica que resulta verdadera.

En definitiva, un estándar probatorio más exigente procura evitar declarar acreditada una proposición falsa. Suele adoptarse, donde el error al declarar probada una proposición falsa en una determinada clase de proceso es valorado como mayormente grave por la comunidad política.Esto es lo que ocurre en las proposiciones que integran una acusación en el proceso penal, en donde los costos por una condena errónea de un inocente, a través de la cual se menoscaba, entre otras cosas, su libertad, justifican que se considere de mayor gravedad condenar a un inocente que absolver a un culpable.

De lo expuesto, se puede advertir una importante diferencia entre el grado de convicción judicial que resulta exigible para condenar en un proceso penal y el necesario para dar por válida una pretensión en el proceso civil.

En los sistemas judiciales basados en la tradición sajona, la declaración de culpabilidad penal exige como estándar la prueba más allá de toda duda razonable -«beyond a reasonable doubt»-. Dicha concepción se ha visto renovada y reforzada a partir de 1970, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo, en el caso «In re Winship», y luego en una extensa línea de casos posteriores, que la aplicación en todo proceso penal del estándar de prueba «más allá de toda duda razonable» resulta exigida por la cláusula constitucional del debido proceso.

En dichas sentencias se reconoce esa fórmula como garantía en favor del acusado, que «proporciona sustancia concreta a la presunción de inocencia» al fijar «un estándar de prueba más riguroso que el propio de las causas civiles», afirmándose la convicción según la cual resulta peor que se condene a un inocente a que un culpable quede libre. (5)

Se reconocen los intereses del acusado que se ponen en juego en un proceso penal, determinándose que el riesgo de error deba ser reducido al mínimo por la extrema gravedad de sus consecuencias:la libertad personal, la dignidad humana y la protección de la honra frente a la estigmatización que significa una condena penal, e incluso la vida, en aquellos casos en los que pudiera imponerse la pena de muerte.

Sin embargo, al mismo tiempo que se reconoce al estándar de prueba «más allá de toda duda razonable» ese papel decisivo para la distribución equitativa del riesgo de error en un proceso penal, en los mismos tribunales norteamericanos se ha debatido intensamente sobre el mejor modo de explicar lo que esa fórmula requiere. Dado que el veredicto de los jurados que resuelven sobre la prueba de los hechos del caso en un proceso penal no debe ser fundamentado, la discusión se ha referido, sobre todo, al contenido de las instrucciones que el «trial judge» debe dar a los jurados acerca de la aplicación del estándar.

Una de las explicaciones más utilizadas tradicionalmente asimilaba el estándar más allá de toda duda razonable a una exigencia de «certeza moral». Esta equiparación, utilizada intensamente durante el siglo XIX, conecta al estándar de prueba penal con la expresión «certeza moral» utilizada para designar el grado más alto de justificación al que podían aspirar las creencias sobre asuntos empíricos, en la medida que, si bien no cabía respecto de ellos la certeza matemática, asociada a la demostración rigurosa, sí era posible justificar, sobre la base de pruebas contundentes, creencias capaces de imponerse con una fuerza cercana a la certeza. Con todo, este sentido de la noción de certeza moral fue diluyéndose progresivamente en su traducción al ámbito del proceso penal, por el riesgo de que induzca a error y haga creer a los jurados que su decisión puede basarse en sus juicios morales sobre la conducta del acusado.A pesar de esa resistencia, la expresión sigue siendo utilizada en algunas instrucciones a los jurados, aunque entendida simplemente como equivalente a la confianza subjetiva del juzgador en la verdad de los cargos imputados al acusado.

Igualmente resistidos han resultado otros intentos de definición, como el que equipara la prueba más allá de toda duda razonable a aquella que se presenta tan convincente como para que una persona no vacile en confiar en ella y actuar sobre esa base en los asuntos trascendentes de su propia vida, o el que caracteriza a la duda razonable como aquella respecto de la cual pueden darse razones.

Sin embargo, las discusiones en torno a la explicación del estándar en las instrucciones a los jurados llevaron incluso a la idea de no ofrecerla, siendo preferible dejar que la fórmula de la duda razonable «hable por sí sola».

Esa fórmula, nos remite a la afirmación que realiza Taruffo al indicar que «el significado central que se expresa a través de ese estándar es evidente: éste requiere un grado particularmente alto de confirmación probatoria de la culpabilidad del imputado, que se aproxima a la certeza, dado que sólo admite la presencia de dudas «irrazonables», con la evidente intención de reducir al mínimo el riesgo de condena de un inocente». (6)

No obstante lo indicado, este estándar, suscita una serie de inconvenientes que lo transforman en una mera afirmación, muchas veces, vacía de contenido. Uno de los problemas, radica sustancialmente en su imprecisión, la cual impide establecer con claridad cuál es ese grado de duda tolerable. La posibilidad de identificar criterios precisos de aplicación del mismo se expone a intensas controversias, de modo que las condiciones de suficiencia de la prueba que impondría el estándar más allá de toda duda razonable parecen lejos de estar suficientemente decantadas.Las prácticas judiciales ponen en evidencia lo que ocurre bajo una lectura subjetivista del estándar de prueba, en tanto se suele repetir su invocación como una especie de fórmula que afirma que sobre la base de los elementos de prueba identificados «valorados con libertad y sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados» el tribunal ha adquirido la convicción, más allá de toda duda razonable, de que se encuentran acreditados los siguientes hechos.

De este modo, la aplicación del estándar puede agotarse en la pura afirmación de la existencia de convicción del tribunal, sin que se aborde a través de una justificación reflexiva la cuestión de la suficiencia de las pruebas.

Las referencias que aquí se desarrollan ilustran como una lectura subjetiva del estándar de prueba más allá de toda duda razonable termina por privarlo de su función normativa, pues bajo esa lectura, lo único que el estándar afirma es que es suficiente la prueba que el tribunal cree conveniente.

El subjetivismo no resulta el único peligro que involucra el recurso a la fórmula de la convicción más allá de toda duda razonable para definir el estándar de prueba. En tal sentido, se ha afirmado que, aunque se pretenda interpretar el patrón a través de la identificación de «criterios menos subjetivos que resulten más susceptibles de control a través de la fundamentación del fallo», la indeterminación de la noción de duda razonable ofrece poco de qué asirse para su construcción; la tarea de proponer criterios operativos para la aplicación del estándar es particularmente dificultosa, no siendo posible la construcción de una teoría o solución conceptual consistente, que se implemente de manera general a todos los casos.(7)

De lo expuesto, en la determinación del contenido del estándar de prueba más allá de toda duda razonable, resulta medular evitar la interpretación subjetivista, para que su aplicación no requiera una profunda introspección del juzgador para sondear la intensidad de su convicción, sino que supone atender a la calidad de las pruebas disponibles.

Lo que importará no es que la duda se presente de hecho en el ánimo del juzgador, sino que aquella haya debido suscitarse a la luz de las evidencias disponibles.

Así, para evaluar la suficiencia de la prueba y determinar si ella es defectuosa, es necesario realizar un análisis diferenciado respecto de cada una de las circunstancias de hecho que ha sido objeto de prueba en el proceso y que es relevante para la aplicación de la teoría jurídica en que se funda la acusación.

La suficiencia de las pruebas no puede ser evaluada de modo global respecto de la historia o teoría del caso propuesta por la acusación, pues podría bastar que alguna de las circunstancias de hecho que la integra no se encontrara suficientemente probada -por ejemplo, las proposiciones fácticas que den cuenta de la participación del acusado- para que resultara justificada la absolución.

Es obvio que la integración del conjunto de proposiciones fácticas sostenidas por la acusación en un relato global coherente es necesaria para que sea posible comprenderlas e interpretarlas, pero cada una de ellas debe estar sustentada por suficientes pruebas para poder ser tenida como acreditada. También es obvio, por supuesto, que un mismo elemento de prueba puede ser relevante respecto de más de una proposición fáctica principal:de lo que se trata es precisamente de identificar en forma analítica cada una de esas líneas de corroboración, para evaluar separadamente los diversos factores que pueden influir en su fuerza.

Una vez identificadas las pruebas disponibles respecto de cada proposición fáctica principal podemos encontrarnos en dos situaciones que es posible distinguir, siguiendo a Taruffo (8), como «prueba conve rgente» -aquellas que corroboran una misma proposición fáctica- y «prueba divergente» -las que se encuentran en conflicto entre sí, en tanto unas confirman la proposición sostenida por la acusación y otras, en cambio, la niegan, o, dicho más precisamente, confirman la negación de la proposición fáctica que se trata de probar o bien confirman una proposición distinta aunque incompatible con aquella-.

Los defectos de las pruebas disponibles respecto de una cierta proposición sobre los hechos del caso que justifican una duda e impiden tenerla por probada bajo el estándar de prueba más allá de toda duda razonable consisten en que ellas no logren eliminar o refutar alguna proposición fáctica alternativa plausible y compatible con la inocencia del acusado.

Una interpretación semejante del estándar de prueba más allá de toda duda razonable ha sido sostenida por Michele Taruffo, Paul Roberts y Adrian Zuckerman, al afirmar que debiera aplicarse «a través de la progresiva eliminación de las explicaciones consistentes con la inocencia del acusado, hasta que su culpabilidad sea la única explicación posible de las pruebas» (9)

– Los estándares de prueba en nuestro ordenamiento procesal.

En primer lugar, vale aclarar que, en el tema que aquí nos ocupa, me habré de detener en el ordenamiento de forma nacional, de aplicación en todo el territorio sujeto a la jurisdiccional federal.

En materia probatoria, otorga libertad al magistrado para acreditar la existencia de determinados hechos.No obstante esa disponibilidad, aun cuando existen procedimientos que se establecen como tales para dar validez a la prueba o procuran incorporar prueba obtenida de manera «legal» o «legítimamente», su decisión no puede basarse en su íntima convicción, sino que debe adoptarla desde un razonamiento determinado con sustento en la sana crítica racional.

Así, el artículo 123 establece «Las sentencias y los autos deberán ser motivados, bajo pena de nulidad. Los decretos deberán serlo, bajo la misma sanción cuando la ley lo disponga».

De este modo, se obliga al magistrado a explicar razonadamente los motivos sobre los cuales dio sostén a determinada decisión. Así deberá explicar, bajo los parámetros de un desarrollo razonado, los elementos de prueba y su valoración, para arribar a determinado decisorio, ello en estricto resguardo del derecho de defensa en juicio. No basta su íntima convicción o su férrea creencia acerca de determinado acaecer. Se requerirá también una valoración que argumente su decisión, la cual deberá basarse en certezas.

Es posible afirmar que el artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación reconoce la necesidad de motivar los pronunciamientos y la exigencia de que el juzgador consigne los motivos que respaldan la resolución, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el «iter lógico» seguido por él para arribar a la conclusión (análisis crítico, razonado y circunstanciado de las constancias del proceso, sin omitir la evaluación de toda aquella prueba que sea conducente o decisiva para el desenlace de determinada cuestión).

Más allá del requisito indicado, nuestro ordenamiento de forma prevé distintos niveles o estadios sobre la «verdad» que debe poseer el juez para avanzar en sus respectivas etapas.Claro está, que los niveles de certeza que habilitan a convocar a una persona para que declare en calidad de imputado en determinado proceso, no serán los mismos que aquellos que se exigen para dictar a su respecto un auto de mérito, como así tampoco para condenarlo.

Sobre este aspecto, cobra vital preponderancia el principio del «in dubio pro reo», recepcionado en el artículo 3 del cuerpo normativo en trato, que establece: «En caso de duda, se deberá estar a lo que sea más favorable para el imputado».

Este principio no responde únicamente a un imperativo constitucional, sino que constituye uno de los postulados máximos que gobiernan la valoración probatoria y, en general, el proceso penal.

Sin embargo, su reconocimiento en modo alguno puede implicar que para su aplicación baste con su sola afirmación. En esa lógica, el grado de certeza que debe obtenerse en un proceso no puede ser abstracto, sino referido a un objeto determinado. En otras palabras, el juicio probatorio debe imprescindiblemente fundamentarse en los medios de prueba que se obtengan de la actividad procesal, resultando intrascendente la sola afirmación de certeza o duda, según el caso, en tanto lo que importa en su demostración.

III. CONSIDERACIONES FINALES

A lo largo del presente texto, se ha intentado abordar, aunque de manera sucinta, diversos aspectos que se vinculan con la prueba en el proceso penal y el modo en que es incorporada para construir el concepto de verdad para arribar, sobre bases de certeza, a una sentencia que se ajuste a la realidad de los sucesos.

A medida que se profundiza al respecto, se disparan múltiples aristas en cada uno de los temas que se transitan.A modo de ejemplo, cuando se desarrolla el concepto de verdad, de manera necesaria, nos conduce a concepciones filosóficas sobre la misma.

En ese camino y partiendo desde la premisa de que la verdad constituye un concepto relativo, basado en la impresión o concepción que pueda adquirir determinada persona de un suceso conforme lo que percibe a través de sus sentidos, nos coloca en un estado que exigirá un mayor rigorismo a la hora de valorar la prueba en un proceso penal, máxime cuando una de sus consecuencias implica la aplicación de una pena que compromete, principalmente, la libertad de una persona.

Teniendo en cuenta esos parámetros, se ha ahondado en diferentes sistemas que fueran utilizados a los fines de valorar la prueba y, sobre ello, construir conceptos de certeza y duda para arribar a una decisión. De este modo, tomando aquel que permite la libre valoración probatoria del juez, ajeno a las exigencias de determinada forma legal, se impone, a los fines de evitar la arbitrariedad, que esa decisión sea fundamentada, producto de un ejercicio razonado sobre las premisas recabadas en el proceso.

Esa decisión no podrá ser producto del capricho o antojo del magistrado, sino que deberá sustentarse en las evidencias y probanzas obtenidas y la explicación razonada sobre ellas que permitieron llegar a afirmación en concreto.

No obstante ello, creo oportuno realizar una salvedad. La subjetividad del magistrado, aun cuando se agoten los esfuerzos del caso por mantenerla al margen de la decisión, siempre estará presente. En su fuero íntimo, podrá construir una concepción de «verdad» sobre determinado acaecer.Sin embargo, para darla por cierta y tomar a partir de ello una decisión que importe afectar la libertad de una persona, tendrá que dar los motivos lógicos de determinada afirmación, lo cual tendrá que sustentarse en las pruebas obtenidas durante el proceso.

En la misma lógica, entiendo que las concepciones acerca de estándares de prueba que se originan en los sistemas de tradición sajona, y principalmente, aquellos que versan sobre procesos penales, no se encuentran fuera de las consideraciones efectuadas.

En la construcción del estándar de prueba «más allá de toda duda razonable», aun cuando se realicen esfuerzos por delinear concepciones normativas sobre el mismo para arribar a una decisión con un alto grado de certeza, no podrá encontrarse al margen de la subjetividad propia de quien dé por válida una afirmación e incluso, a que resulte una aseveración vacía de contenido. De este modo, para otorgarle certeza a una versión «más allá de toda duda razonable» se demandará, en un proceso penal, un nivel de exigencia determinado, que lleve, incluso, a dar por descartada una verdad antes de correr el riesgo de asignarle validez a una falsedad, cuando ello signifique afectar garantías individuales.

No obstante lo expuesto, ese nivel de exigencia, una vez más, dependerá de la vara del propio juzgador, todo lo cual, nos invita a reflexionar acerca de la transcendencia o gravitación de sus decisiones y la necesidad de ejercer sobre ese poder punitivo mecanismos de control que impongan una mayor calidad en el ejercicio de la magistratura, máxime cuando los que se encuentran en juego resultan derechos esenciales a la condición humana.

IV. BIBLIOGRAFIA

– CAFFERATTA NORES: «La prueba en el proceso penal», Editorial Depalma, 3º edición, 1998.

– COLOMA, Rodrigo: «Panorama general de la prueba en el juicio oral chileno, La prueba en el nuevo proceso penal (Santiago de Chile, LexisNexis, 2003).

– DE LOS SANTOS, Mabel: El juez frente a la prueba, La prueba, Editorial La Plata, Edición 1996.

– FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. 2007:«La valoración de pruebas personales y el estándar de la duda razonable», Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho 15 [disponible en ].

– FERRER, J., 2002: Prueba y verdad en el derecho, Madrid-Barcelona, Marcial Pons [2ª ed., 2005].

– FERRER, J. y D. GONZÁLEZ LAGIER, 2003: «Introducción», Discusiones 3, 7-14.

– GASCÓN, M.: 1999: Los hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba, Madrid, Marcial Pons [2ª ed., 2004].

– KIELMANOVICH, Jorge L.: Teoría de la prueba y Medios probatorios, Editorial Rubinzal – Culzona, Segunda Edición Actualizada, 2001.

– ROBERTS, Paul y ZUCKERMAN, Adrian: Criminal Evidence (2ª edición, Oxford, Oxford University Press, 2010).

– SPINELLI, M.: «Las pruebas civiles», Editorial Ejea, Buenos Aires

– TARUFFO, Michele: La prueba de los hechos (1992) (traducción de Jordi Ferrer, Madrid, Editorial Trotta, 2009).

– TAFUFFO, Michele: Simplemente la verdad. El juez y la construcción de los hechos (traducción de Daniela Accatino, Madrid-Barcelona, Marcial Pons, 2010).

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(1) SPINELLI, M.: Las pruebas civiles, Ejea, Buenos Aires, p. 293.

(2) DE LOS SANTOS, Mabel: «El juez frente a la prueba», Editorial La Plata, Edición 1996.

(3) KIELMANOVICH, Jorge L.: «Teoría de la prueba y Medios probatorios», Editorial Rubinzal – Culzona , Segunda Edición Actualizada, 2001, pág. 139

(4) TARUFFO, MICHELE, «La prueba» (traducción de Laura Manríquez y Jordi Ferrer, Madrid – Barcelona, Marcial Pons, 2008), p. 138.

(5) «In Re Winship» 397 U.S. 358 (1970). Otras sentencias relevantes son, por ejemplo, «Sullivan v. Louisiana», 508 U.S. 275, 278 (1993) y «Apprendi v. New Jersey», 530 U.S. 466, 477 (2000).

(6) TAFUFFO, Michele: «Simplemente la verdad. El juez y la construcción de los hechos» (traducción de Daniela Accatino, Madrid-Barcelona, Marcial Pons, 2010), p. 249.

(7) COLOMA, Rodrigo: «Panorama general de la prueba en el juicio oral chileno, La prueba en el nuevo proceso penal (Santiago de Chile, LexisNexis, 2003), pp. 26 ss.

(8) TARUFFO, Michele: «La prueba de los hechos» (1992) (Traducción de Jordi Ferrer, Madrid, Editorial Trotta, 2009), pp. 282-292.

(9) ROBERTS, Paul y ZUCKERMAN, Adrian: «Criminal Evidence» (2ª Edición, Oxford, Oxford University Press, 2010)

(*) Abogado, Especialista y Magister en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Adjunto de la materia Derecho Procesal y Correccional de la Universidad de Lomas de Zamora. Docente de la Universidad de Buenos Aires. Secretario de Cámara de la Cámara Federal de San Martín.