Análisis de las Resoluciones: SRT 38 y 40/ 2020 reglamentarias del DNU 367/20

Autor: Schick. Horacio
Fecha: 4-may-2020

Cita: MJ-DOC-15317-AR | MJD15317

Sumario:

I. Introducción. Breve referencia al DNU 367/20. II. Análisis de la Resolución SRT 38/20. II.1.Denuncia de la contingencia. II.2. Procedimiento ante la CMC. II.3 Tramite ante la CMJ. II.4 Intervención de la CMC. II.5 Recursos administrativos. II.6 Recurso de apelación. II.7 Patrocinio letrado obligatorio. II.8 Ventanilla Electrónica. II.8 Ventanilla Electrónica. II.9 Aplicación excluyente del procedimiento para los casos encuadrados en el DNU 367/20. III. Imputación al Fondo Fiduciario de Enfermedades profesionales. IV. Mesa de trabajo virtual. V. Trabajadores de la salud. VI. La resolución SRT 40/20 VII. Reflexión Final.

Doctrina:

Por Horacio Schick (*)

I. INTRODUCCIÓN. BREVE REFERENCIA AL DNU 367/20

Conforme las facultades establecidas por el artículo 6° del DNU 367/20 la SRT procedió a dictar las normas reglamentarias del mismo, que incluyen el trámite ante la Comisión Medica Central-CMC-, incorporándose también otras normas procesales no previstas en el DNU.

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Desde ya anticipamos el carácter modificatorio respecto a la norma madre, y sobre todo el conflicto latente con las Provincias, al establecer la intervención obligada de la CMC, un órgano de orden federal, que dinamita toda la estructura de adhesión voluntaria de las Provincias al régimen de la Ley 27348, fijado en su artículo 4° , que indudablemente va a traer conflictos.

Cabe referenciar que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) dictó el DNU 297/2020, mediante el cual ordenó, con carácter general, el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en todo el territorio de la Nación desde el 20 y hasta el 31 de marzo (art. 1° ), prolongado luego hasta el 13 de abril y luego hasta el 10.05.20.

Durante el ASPO, las personas deberán permanecer en sus residencias habituales absteniéndose de concurrir a sus lugares de trabajo (Art.2° ). Se exceptuó de esta medida a los trabajadores afectados a los servicios declarados esenciales en la emergencia, enumerados inicialmente en el artículo 6° del mismo DNU 297/20, listado que fue luego ampliado por la Decisión Administrativa N° 492/20 del Jefe de Gabinete de Ministros, del 20 de marzo de 2020 y luego por la Decisión Administrativa N° 462/20 que incorporó a la actividad notarial relacionada con las actividades esenciales.

A pesar de las recomendaciones de la OIT sobre la conveniencia de declarar al Covid 19 como enfermedad profesional, el DNU 367/20 optó por crear una nueva categoría dentro de las contingencias resarcibles del sistema, al otorgar al coronavirus el trato de una «enfermedad profesional no listada» (1),confiriendo a los trabajadores esenciales contagiados del virus dos presunciones diferenciadas en una reedición edulcorada del DNU 1278/00, reconociendo al Covid-19 como enfermedad presuntivamente profesional, pero sólo para el caso concreto, sin alterar el listado y estableciendo un laberíntico procedimiento, más agravado al imponerse el recurso originario obligatorio y excluyente de la Comisión Médica Central (CMC).

La nueva categoría de contingencias son las: Enfermedades profesionales no listadas consideradas presuntivamente como consecuencia de la prestación de actividades esenciales sufridas por los trabajadores que debieron cumplir sus tareas en momentos del ASPO del Decr. 297/20. El nuevo régimen tiene un lapso temporal de vigencia según sea una de las dos categorías previstas en el DNU 367/20: las del Art. 1°, y las del Art.4° .

Nada obstaba a declarar directamente como enfermedad profesional al Coronavirus. Sin embargo predominaron los intereses sectoriales de las Aseguradoras, pues durante la vigencia del ASPO se hace cargo de la cobertura de las prestaciones el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (cf. Art. 5° DNU 367/20).

Una primera presunción alcanza a todos los trabajadores esenciales que no sean de la salud.Otorgándoles una cobertura cautelar para recibir la prestaciones en especie y dinerarias, impidiendo el rechazo por la aseguradora hasta que se expida la Comisión Médica Central (Art. 1° DNU 367/20). Los damnificados de esta categoría deben presentar un certificado médico que acredite haber contraído el Covid-19 ante la ART para percibir estas prestaciones.

Según la regla invocada en el artículo 1°, no serán resarcibles aquellas enfermedades que fueren «consecuencia inmediata o mediata previsible» de factores ajenos al trabajo o imputables al trabajador. Es decir que el nexo de causalidad es en principio restrictivo. (2)

La prueba de «la imprescindible y necesaria relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad denunciada con el trabajo» que enuncia el DNU 367/20 en el párr. 1º de su art. 3º se refiere en realidad a la prueba de la exposición del trabajador al riesgo biológico del coronavirus SARSCoV-2, en su medio ambiente laboral o en ocasión de sus tareas, pues no puede exigírsele la prueba diabólica acerca del momento y la acción precisa mediante la cual ese virus ingresa a su organismo. (3)

El Art 3° primer párrafo del DNU crea un nuevo régimen procesal al establecer que:«La determinación definitiva del carácter profesional de la mencionada patología quedará, en cada caso, a cargo de la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (C.M.C.) establecida en el artículo 51 de la Ley Nº 24.241, la que «entenderá originariamente» a efectos de confirmar la presunción atribuida en el artículo 1° del presente y procederá a establecer, con arreglo a los requisitos formales de tramitación y a las reglas de procedimiento especiales que se dicten por vía reglamentaria del presente decreto, la imprescindible y necesaria relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad denunciada con el trabajo efectuado en el referido contexto de dispensa del deber de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en los términos especificados en el artículo 1°». (El entrecomillado interno me pertenece).

El segundo párrafo del artículo 3° crea una presunción de causalidad, o inversión de la carga probatoria en favor de los trabajadores esenciales referidos en los artículos 1°,2 y 3° primer párrafo del DNU 367/20, en el sentido de que la CMC la aplique en los casos que el trabajador esencial este cumpliendo tareas en un establecimiento o en cercanías del mismo en el que existan circunstancias reveladoras de contagio para el mismo y que haya sido en el cumplimiento de tareas descriptas en el artículo 1°. Se refiere a los trabajadores esenciales que no sean de la salud, (4) para los cuales rige el artículo 4° del DNU 367/20.

La cobertura para los beneficiarios enumerados en el artículo 1° del DNU 367/20 se extenderá exclusivamente por el plazo que dure la ASPO, circunstancia que se contradice con los periodos de latencia del virus y sus consecuencias para el portador, que pueden extenderse mucho tiempo después de vencido este plazo limitado de vigencia.Parece un plazo breve y arbitrario por cuanto la ciencia no ha determinado la cura de la enfermedad, ni se ha descubierto la vacuna que neutralice la pandemia, que seguirá existiendo aún después de la vigencia de la ASPO.

Una característica singular es que estamos frente a un régimen provisional o transitorio que fija un nivel de protección de las víctimas a través del establecimiento de algunas presunciones. Vencido este plazo los damnificados quedarán fuera de la cobertura del régimen, y deberán recurrir a las normas generales vigentes con anteriorioridad. Es decir el Articulo 6.b ap.2 Ley 24557, que ha surgido desde la sanción del DNU 1278/2000

Una segunda presunción, referida a los trabajadores de la salud -establece una presunción «iuris tantum»- que exime al damnificado de acreditar la relación causal (Art. 4°). Se admite la reparación del daño en el marco de la prestación laboral.

En el art. 4º del DNU 367/20, con aplicación exclusiva a los trabajadores de la salud, se presume salvo prueba en contrario, a cargo de la ART (art. 4º del DNU 367/2020) que la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARSCoV-2 «guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada».

Según el mismo artículo 4° la presunción rige hasta los 60 días posteriores a la finalización de la declaración de la emergencia sanitaria dispuesta por el DNU 260/20 el 12 de Marzo de 2020. Es decir, rige en principio hasta el 12 de mayo del año 2021.

Esta presunción «iuris tantum» solo puede ser desvirtuada si se demuestra, en el caso concreto, la inexistencia de la prestación de labor que da lugar a la contaminación o que el trabajador de la salud se ha contagiado en ámbito ajeno al lugar de desempeño de tareas.

II.ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN SRT 38/20

Cumpliendo con las prescripciones del Artículo 6° del DNU 367/20, la SRT reglamentó el procedimiento ante la CMC, así como dictar las medidas complementarias y aclaratorias que sean necesarias en el marco de sus competencias, conceptos que son reiterados en los considerandos de la Res. SRT 38/20.

II.1. DENUNCIA DE LA CONTINGENCIA.

En el artículo 1° se establecen los requisitos de los damnificados y derecho habientes que deben presentarse ante la ART.

Cabe destacar que la Res. 38/20 incorpora como posibles reclamantes a los derecho-habientes del trabajador, categoría que había sido omitida en el DNU 367/20.

En concordancia con lo dispuesto en el Artículo 2° del DNU el trabajador debe acreditar su enfermedad mediante un certificado conteniendo el resultado positivo de padecer o haber padecido Covid-19, emitido por una entidad sanitaria incluida en el Registro Federal de Establecimientos de Salud.

Sin embargo de esos miles de nosocomios incluidos en el listado muy pocas instituciones, por lo menos hasta el presente, testean la contaminación de las personas, certificando la enfermedad. De modo que esta obligación que se impone al trabajador puede resultar de difícil cumplimiento. En todo caso frente a la denuncia, y más allá de lo prescripto por el DNU y la Resolución, ante la imposibilidad de obtenerlo, por un criterio de razonabilidad, debería ser la ART, quien derive al presunto contagiado a uno de sus prestadores de salud, a los efectos de que confirme la enfermedad.

También el trabajador en su denuncia debe describir las tareas desarrolladas durante el ASPO, así como adjuntar constancia de la dispensa otorgada por el empleador para prestar servicios en actividades declarados esenciales (Art. 6° DNU 297/20. También debe presentar los datos de identidad personales y de su empleador.

El artículo 2° de la Res.SR T 38/20, determina que las controversias respecto al cumplimiento de los requisitos formales de la denuncia deberán ser resueltas con la intervención de la SRT, y ser presentadas ante el Departamento de Atención al público y gestión de reclamos.

Las presentaciones deberán ser resueltas por la SRT dentro un plazo máximo de 48 hs mediante una opinión técnica vinculante de la GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVOS de la SRT. En caso de silencio, implicará la admisibilidad de la denuncia efectuada.

Esta disposición puede llegar a ser de complejo cumplimiento para los damnificados de todas las Provincias que deben dilucidar estos eventuales conflictos respecto a los requisitos formales ante el Ente de Regulación, cuya sede se encuentra en CABA.

Se altera sin mayor fundamento el régimen procesal de la Ley 27.348 y la Res. SRT 298/17 que determina la intervención de la Comisión Médica Jurisdiccional conforme las reglas procesales del Art. 1° de la ley 27.348. La competencia de la CMJ fija la excluyente del domicilio del trabajador, omitiendo la opción de elegir también el domicilio de prestación de servicios o el domicilio donde habitualmente se reporta el trabajador. El redactor de la Resolución pretende fundamentar el apartamiento de las regulaciones preexistentes en el segundo párrafo del artículo 12 de la Resolución SRT 38/20.

II.2. PROCEDIMIENTO ANTE LA CMC

El artículo 2° del DNU 367/20 operaría como una medida cautelar. La ART no puede rechazar la cobertura denunciada por el trabajador «esencial» y debe otorgarle las prestaciones dinerarias y en especie, una vez presentado el certificado que acredite su condición de infectado por el Covid-19.

Se trata de una presunción transitoria, pues opera hasta que la Comisión Médica Central determine en definitiva el carácter de la patología.Hasta ese momento, se presume que la enfermedad tiene origen laboral y la cobertura de la ART para la percepción de las prestaciones dinerarias y en especie.

Ahora bien, una vez cesada la ILT, el carácter definitivo de la incapacidad por la enfermedad Covid-19 lo determinará la CMC, para lo cual el damnificado deberá presentarse previamente ante la CMJ, con patrocinio jurídico obligatorio, circunstancia no prevista en el DNU 367/20. También puede efectuar la denuncia mediante la «ventanilla electrónica».

Se determina la competencia inicial de la CMJ interviniente a la del domicilio del trabajador, omitiendo las otras dos opciones previstas en el artículo 1° de la ley 27348 es decir la de elegir también el domicilio de prestación de servicios o el donde habitualmente se reporta el trabajador.

Esta competencia excluyente puede determinar inconvenientes, por ejemplo para los trabajadores migrantes. Un trabajador correntino, que se desempeña en la pesca en el sur del país, si contrae la enfermedad, posiblemente no pueda regresar a su domicilio y se le prestará asistencia médica en el lugar de trabajo, debiendo guardar reposo. Por lo tanto, no aparece razonable que restringa la competencia al domicilio de trabajador, excluyendo el de prestación de tareas o donde habitualmente se desempeña,

También se podrá efectuar la denuncia mediante la ventanilla electrónica. Cabe señalar, que hasta tanto no se implemente la mesa de entradas virtual, mediante la Resolución 40/2020 se habilita el módulo de tramites a distancia (TAD) (https://www.argentina.gob.ar/noticias/tutorial-para-iniciar-tramites-tad)

En ambos casos, deberá presentarse la denuncia mediante un escrito que describa las circunstancias fácticas que acreditan las tareas y el fundamento ante la CMJ, debe describir las tareas generadoras de la contaminación y el fundamento de la relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad Covid-19 con las actividades desarrolladas en su empleo. Debe acompañar la historia clínica y la constancia de alta médica otorgada por la ART.La exigencia tradicional del sistema de la causalidad directa e inmediata con la ejecución del trabajo (visión monocausalista), elude todos los factores que inciden en el trabajador, en las relaciones de trabajo, más aún en estos momentos críticos donde los motivos de contaminación son a veces difíciles de dilucidar e identificar. Este dogmático enfoque restrictivo, puede llevar a negar prestaciones médicas y dinerarias e indemnizaciones que correspondan a los trabajadores expuestos, bajo la imputación de conmorbilidades, por ejemplo.

La prueba de la «relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad denunciada con el trabajo» que enuncia el DNU 367/20 en el párr. 1º de su art. 3º cabe interpretarlo en realidad a la exposición del trabajador al riesgo biológico del coronavirus SARSCoV-2, en su medio ambiente laboral o en ocasión de sus tareas. No puede exigírsele la prueba diabólica acerca del momento preciso en el cual el virus ingresa a su organismo.

II.3 TRAMITE ANTE LA CMJ

De la presentación del trabajador se le dará traslado de la denuncia a la ART a través de la Ventanilla Electrónica, quien deberá responder dentro del plazo de cinco días hábiles.

La ART deberá adjuntar toda la documentación pertinente para acreditar los extremos del DNU: (Art, 4° Res. SRT 38/20). Entre otros:

1. Denuncia de la contingencia en los términos del artículo 1º de la presente resolución;

2. Estudio de diagnóstico emitido por entidad sanitaria autorizada con resultado positivo por coronavirus COVID-19;

3. Constancia de dispensa expresa otorgada por el empleador;

4. Historia Clínica de la contingencia en donde conste atención médico asistencial que hubiera sido brindada por parte de la A.R.T. o el E.A.;

5. Informe de análisis del puesto de trabajo por el Área de Prevención de la A.R.T. o el E.A. y en donde conste profesional interviniente, título habilitante y matrícula.Dicho informe reviste carácter meramente potestativo en razón de lo cual en caso de no ser presentado se considerará no controvertido lo manifestado tanto en el artículo (5)

También el damnificado podrá adicionar toda otra documentación de la que intente valerse a los efectos de desvirtuar las presunciones previstas en los artículos 1°, 3º y 4º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20, cuando ello así lo amerite.

El silencio por parte de la A.R.T. o el E.A. vencidos los plazos habilitará la prosecución de las actuaciones.

II.4 INTERVENCIÓN DE LA CMC

Una vez vencido el plazo de cinco días de responder el traslado por parte de la ART y de resolución de la CMJ en el plazo de tres días, se deben elevar las actuaciones a la CMC -de actuación originaria- a efectos de determinarse la relación de causalidad invocada entre la enfermedad denunciada y la ejecución del trabajo en el contexto de dispensa del ASPO (Artículo 4° Res. SRT 38/20)

Reiterando lo dicho en el análisis del Decreto 367/20 (6) consideramos que la recurrencia a la CMC es un trámite burocrático innecesario, que solo demorará el proceso de acceso a su reparación de los afectados. Se trata de un órgano único para todo el país que tiene y tendrá un notable congestionamiento de causas y que tiene sede en CABA.Se vulnera así la tutela judicial efectiva que debe gozar todo dañado en nuestro ordenamiento jurídico, agravado en el caso de los trabajadores que gozan de una doble tutela protectoria, emanadas del artículo 14 bis y 19 de la CN.

Resulta irrazonable que en todos los casos, aun en aquellos que no sean controvertidos por las ART, deban ser sometidos a decisión final de la Comisión Médica Central, lo que generará además demoras propias de un órgano central nacional, que rápidamente se llenará de conflictos administrativos.

La remisión a dicha instancia única y originaria no luce razonable y no puede interpretarse en otro sentido que el de obstaculizar el acceso a la reparación, motivado a su vez por la caprichosa adopción del régimen del art. 6.2.b de la Ley 24557, que también pareciera obedecer al objetivo de aligerar las cargas de las ART. En efecto, si hubiera sido declarada como enfermedad profesional, debería afrontar la cobertura de prestaciones en especie y dinerarias, en forma inmediata, en cambio mientras esté vigente la ASPO se hace cargo de las mismas el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (Art. 5° DNU 367/20).

La CMC es un órgano de competencia federal y el diseño de la norma avasalla la Justicias Provinciales.

Recuérdese que en fallos de la CSJN «Castillo Ángel c/ Cerámica Alberdi» (7.09.2004) y «Venialgo Inocencio c/Mapfre ART» (13.03.2007) se estableció que la Ley de Riesgos del Trabajo no contiene disposición alguna que declare federal el régimen de accidentes de trabajo, y que la Ley 24557 y sus reformas regula contenciosos jurídicos entre particulares, originados en infortunios laborales.

De este modo se dinamita el sistema de adhesiones provinciales de acuerdo al artículo 4° de la Ley 27348 que, al que precisamente, adhirieron exigiendo la proximidad de la instancia administrativa y la actuación posterior ante instancias judiciales locales.

La recurrencia a la Comisión Médica Central (Art. 6 ap. 2. inc.c Ley 24557) podría sustituirse por la existencia de una norma más favorable. Nos referimos al art. 2° de la Ley 27348, que establece que agotada la vía de la CMJ, queda abierta la instancia judicial en la jurisdicción que intervino la CMJ cualquiera sea la forma que ella adopte: recurso de apelación en la Justicia Nacional del Trabajo, o demanda laboral ordinaria en las demás provincias que adhirieron al régimen de la ley 27348.

En la instancia de la CMC si se encuentra confirmado el diagnóstico se prescindirá de la audiencia médica. Sin perjuicio de considerarlo necesario podrá ordenarse medidas para mejor proveer cuando los antecedentes no fueran suficientemente convictivos. En este último supuesto podrá extender el plazo de pronunciar el dictamen a 15 días más de los 30, que tiene para emitir e l dictamen correspondiente para expedirse sobre la enfermedad Covid 19 producida por el corona virus SARS-Cov-2 (Art. 5° Res. 38/20

Según el artículo 6° el dictamen de la CMC debe estar fundado con estricto fundamento científico y apego a la normativa vigente y contando con la previa intervención del dictamen del Secretario Técnico Letrado, quien deberá expedirse sobre la legalidad del procedimiento y respecto a la relación de causalidad invocada entre el agente de riesgo corona virus SARS-Cov 2 y la tarea desarrollada por el trabajador.

II.5 RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Novedosamente se incorpora la posibilidad de solicitar a través de la ventanilla electrónica la rectificación de errores materiales o formales que se deberán formular dentro de los tres días hábiles administrativos.

En el mismo plazo podrá requerir a través de la ventanilla electrónica la revocación del Dictamen de la CMC, por existir contradicción sustancial entre su fundamentación y conclusiones, u haber omitido resolver algunas de las peticiones formuladas.II.6 RECURSO DE APELACIÓN

El artículo 8° de la Resolución SRT 38/20 establece el diseño de apelación de la decisión de la Comisión Medica Central, que consiste en recurrir los dictámenes de la misma conforme el artículo 2° de la Ley 27348, mediante un recurso directo ante el tribunal de Alzada del fuero laboral de la jurisdicción competente o en su defecto ante los tribunales de instancia única que resulten competentes. El plazo para interponer el recurso es de quince días hábiles administrativos y debe presentarse ante los tribunales que vayan a intervenir.

Estas disposiciones darán lugar a indudables conflictos.

En primer lugar el recurso del artículo 2° de la Ley 27348 sólo rige en el ámbito de la Justicia Nacional del Trabajo, en CABA y deberá interponerse ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

En el resto de las 15 Provincias que adhirieron a la ley 27348, convirtieron el recurso del art. 2° en una acción laboral ordinaria a promover una vez agotada la instancia administrativa del Art. 1° de la Ley 27348. Es decir el recurso no se aplica.

De modo que la normativa bajo análisis invade las facultades jurisdiccionales de las Provincias, dinamitando su adhesión voluntaria al régimen de la 27348 de acuerdo al artículo 4° de la misma ley, imponiéndoles a los damnificados de las Provincias un órgano decisorio de carácter federal, y obligando a un procedimiento recurrencial que altera las reglas procesales vigentes, invadiendo inconstitucionalmente la zona de reserva de las provincias.

El artículo 2° de la Ley 27348 para el ámbito de la Justicia Nacional establece el restringido y cuestionado «recurso de apelación en relación y con efecto suspensivo». Esta regulación induce a los damnificados a consentir las resoluciones de las CCMM al no poder cobrar a cuenta.aun habiendo un reconocimiento parcial de la incapacidad.

El recurso de apelación del Articulo 2° es en relación y con efecto suspensivo, empeora aún más el escenario original del decreto 717/96 (art. 27 ). En aquel procedimiento, cuando el trabajador recurría la decisión de la CCMM, (fuere del trabajador o de la ART) el recurso tenía efecto devolutivo, lo que significaba que el damnificado podía percibir a cuenta la suma determinada por la ART o la CCMM local -aunque fuera insuficiente- mientras se debatía en instancias superiores la resolución definitiva del conflicto. (7)

En cambio, la ley 27348 y la Resolución SRT 38/20 en otro giro regresivo para el trabajador accidentado y particularmente vulnerable, establece el efecto suspensivo y en relación para los recursos que interponga el damnificado ante las decisiones adversas de la CCMM.

El carácter suspensivo del recurso que impide cobrar a cuenta condiciona al trabajador, el cual no puede esperar la finalización de todo el proceso apelatorio judicial para percibir su indemnización.

Aun cuando la ART haya consentido el siniestro y parcialmente las prestaciones o el grado de incapacidad, el damnificado deberá esperar el resultado del proceso judicial para poder obtener su crédito. Se viola un derecho humano a la vida y a la salud en tanto se priva al damnificado de un derecho reconocido, aunque sea de modo parcial.

Por otra parte, hay un efecto favorable adicional a las ART ya que las induce a que recurran los dictámenes de las CCMM porque el carácter suspensivo del recurso previsto en el artículo 2°,les evita el desembolso en forma inmediata de las prestaciones, difiriendo el cumplimiento a la finalización del proceso judicial. Alienta la litigiosidad judicial y/o presiona al damnificado a que acepte una propuesta conciliatoria de la ART.

La característica de «en relación» del recurso significa que:

– La fundamentación debe efectuarse en la instancia de origen.

– No existe la posibilidad de alegar hechos nuevos ni producir pruebas.El damnificado no puede ventilar otra cosa que lo ya discutido ante la CCMM. Le queda vedada la eventual producción de prueba denegada o cuya negligencia fuera declarada. No se le permite la incorporación de documentos nuevos o desconocidos al momento de transitar la instancia administrativa (cf. art. 275 , CPCCN).

De modo que no existe un procedimiento administrativo con debate, prueba y revisión judicial amplia y suficiente.

Además, el procedimiento ante las CCMM se impulsa mediante formularios que, si bien simplifican la denuncia, constriñen la posibilidad de alegación de hechos y el ofrecimiento de pruebas

Ya existe en la CNAT un pronunciamiento que declara la inconstitucionalidad del recurso del Artículo 2° de la 27348 y habilita la acción laboral ordinaria (8)

II.7 PATROCINIO LETRADO OBLIGATORIO

El artículo 9 de la Resolución 38/20 establece que los damnificados y derecho habientes deben contar con patrocinio letrado obligatorio durante todo el proceso administrativo y obviamente en la instancia judicial.

Asimismo la Resolución bajo análisis remite al Título I Capítulo IV de la Resolución SRT 298/17.

Dicha remisión establece el patrocinio jurídico obligatorio. También si el trabajador no cuenta con patrocinio de su abogado de confianza la SRT ofrece abogados gratuitos, que son empleados de la misma.

El patrocinio jurídico obligatorio, y menos aún, el gratuito designado por la SRT, no purgan el vicio esencial que altera la garantía constitucional del debido proceso, al depositar el discernimiento del conflicto jurídico laboral ante galenos inidóneos para dirimir estas cuestiones para las cuales no son versados; solo están capacitados en la ciencia médica, carecen de las aptitudes jurisdiccionales que les asigna la ley 27348 en sus primeros tres artículos y así como en el DNU 367/20 y Res. SRT 38/20. La presencia de los Secretarios letrados en el mismo rango que los médicos para emitir dictámenes jurídicos, de acuerdo a la modificación del Art.21 de la Ley 24557, a través del cosmético retoque dispuesto por la Res. SRT 899/17 , no purga los vicios de inconstitucionalidad del sistema.

Los letrados gratuitos no cobran honorarios de la ART (art. 37 de la Res. 298/17) ni obviamente pueden percibir pacto de cuota litis del trabajador, prohibido por el sistema. Los retribuye la SRT, sustentada a su vez por la deudora, las ART quienes solventan con sus aportes dinerarios el funcionamiento de las CCMM. Es decir que los letrados de los damnificados son subsidiados por un servicio jurídico a cargo de la beneficiaria.

Bien dice Machado: «Es un juicio de mentirita; con abogados de mentirita, ante jueces de mentirita» (9).

Machado nos recuerda también que la Corte Suprema en la causa «Gordillo» (29/9/1987) señaló: «No basta para cumplir las exigencias básicas del debido proceso que el acusado haya tenido patrocinio letrado de manera formal, sino que es menester que aquel haya recibido una efectiva y sustancial asistencia de parte de su defensor». Claro está, si pudiera deducirse que el abogado provisto por «el servicio» se ha limitado a cumplimentar formalidades, firmar presentaciones, actas de audiencias, etcétera, pero sin cumplir con la dedicación y eficiencia que el trance requiere, es posible plantear la nulidad del trámite y sus consecuencias (10).

El alcance y realización del derecho de defensa no puede estar subordinado o depender del carácter obligatorio de una postulación oficial con arreglo a la legislación de un procedimiento administrativo.Hay en juego no solo ciencia y saber , sino también valores como la confianza e, indudablemente, la experiencia y la autonomía de criterio.

II.8 VENTANILLA ELECTRÓNICA

El sistema ordena que las partes constituyan domicilios electrónicos a los efectos de ser notificados de las resoluciones que serán notificados por esa vía electrónica.

Sin perjuicio de la directiva precedente la parte reclamante y su letrado deberán constituir también domicilio postal.

II.9 APLICACIÓN EXCLUYENTE DEL PROCEDIMIENTO PARA LOS CASOS ENCUADRADOS EN EL DNU 367/20

La Resolución SRT 38/20 en su Art. 12 prescribe que los procedimientos regulados en los Art. 3° y 4° del DNU 367/20 son de aplicación excluyente para este régimen.

Asimismo se establece que no serán de aplicación las diferentes reglas procesales del sistema de riesgos, en especial la Res. SRT 298/17.

Como señalamos más arriba existe la real posibilidad de conflictos que se produzcan sobre todo en las provincias, al imponérseles un régimen procesal de carácter federal que fuera declarado inconstitucional por la Corte Suprema.

Pero además en todas las provincias que adhirieron a la Ley 27348 en los términos del ART 4°, sustituyeron el recurso del Art. 2°, por una acción laboral ordinaria, una vez agotada la vía administrativa.

III. IMPUTACIÓN AL FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES

En el Capítulo III, artículos 13,14 y 15 se establece el procedimiento para que las ART imputen la s prestaciones otorgadas al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, cuya vigencia se extiende hasta los 60 días posteriores a la finalización del ASPO correspondiéndole el reintegro del 100% de los costos asumidos en el otorgamiento de la prestaciones dinerarias y en especie por las ART.

IV.MESA DE TRABAJO VIRTUAL

El artículo 17 de la Resolución faculta a las Gerencias Técnicas y de Administración de Comisiones Médicas para que implementen una de Mesa de Entradas virtual en el ámbito de las CMJ y la CMC, a los efectos de efectuar los trámites mediante una manera no presencial vistas la emergencia pública sanitaria dispuesta por el DNU 260/20

V. TRABAJADORES DE LA SALUD.

La resolución en su artículo 18 delimita quienes son los trabajadores de la salud conforme lo dispuesto en el artículo 4° del DNU 367/20 que gozan de la presunción «iuris tantum» que han contraído la noxa por el desempeño de sus funciones en el ámbito de los establecimientos sanitarios o similares.

Dice la norma:

«Se entenderá como trabajadores/as de la salud, con carácter meramente enunciativo, al personal médico, de enfermería, auxiliares (entendiéndose por tal camilleros, choferes de ambulancia y de transporte de residuos patológicos, mucamas; personal de limpieza y empresas de saneamiento, incluyendo residuos patológicos), de esterilización, administrativos, de vigilancia, secretarias de servicios, mantenimiento, kinesiólogos, bioquímicos (laboratorio y toma de muestras) y todas aquellas actividades desarrolladas en cumplimiento de tareas asistenciales en los tres niveles de atención (guardia, internación y terapia intensiva), debidamente identificados con arreglo a los Clasificadores Industriales Internacionales Uniformes (CIIU) contenidos en el Anexo de Firma Conjunta IF-2020-28303075-APN-GP#SRT que forma parte de la presente resolución».

Al ser una inclusión meramente enunciativa cabe la posibilidad de incorporar a otros trabajadores de la salud, no incluidos en el listado precedente.

VI.LA RESOLUCIÓN SRT 40/20

Esta Resolución complementaria de la SRT 39/20 establece con carácter provisorio, y hasta tanto se implemente en forma definitiva la MESA DE ENTRADAS VIRTUAL de la S.R.T., ordenada por el artículo 17 de Resolución SRT 38/20, los trabajadores damnificados o sus derechohabientes podrán llevar a cabo presentaciones ante la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (C.M.C.) y las COMISIONES MÉDICAS JURISDICCIONALES (C.M.J.) a través del módulo «Trámites a Distancia» (TAD) del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) aprobado por el Decreto Nº 1.063 de fecha 04 de octubre de 2016, conforme a las pautas principales que se establecidas en el Artículo 1° en primer lugar:

a. Carácter Profesional del coronavirus COVID-19, Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367 de fecha 13 de abril de 2020 y Capítulo II de la Resolución S.R.T. Nº 38 de fecha 28 de marzo de 2020.

En este caso se está refiriendo al tratamiento de acuerdo a la regulación de la norma original que califica al Covid-19 enfermedad profesional no enlistada, así como las previsiones de la Resolución SRT 38/20 analizado más arriba.

b. Divergencia en las Prestaciones, Resolución S.R.T. Nº 179 de fecha 21 de enero de 2015. Se establecen los pasos procesales que deben cumplir los trabajadores así como las ART, diferenciando los recaudos exigidos a la denuncia formulada por la ART, y el trabajador enfermo. En caso de silencio de la ART. Inasistencia del trabajador a recibir las prestaciones en especie. Divergencias con los diagnósticos de los médicos que obligan a derivarlo en forma inmediata a un profesional médico de la Comisión Médica para su evaluación.

c.Si existen DIVERGENCIA EN LAS PRESTACIONES» o «DIVERGENCIA EN EL ALTA MEDICA», se procederá a derivarlo en forma inmediata a un profesional médico de la Comisión Médica para su evaluación, pudiéndose verificar DOS (2) situaciones:

a) Cuando de la evaluación, de la revisación clínica y a criterio del médico interviniente, se encuentren dadas las condiciones para resolver, se procederá a emitir dictamen médico que será notificado a las partes.

b) Cuando de la evaluación, de la revisación clínica y a criterio del médico interviniente surgiera que no es posible emitir un dictamen, se efectuará un requerimiento a la A.R.T./E.A. La A.R.T./E.A. deberá confeccionar el «Informe del Caso»

Esta Resolución 179/15 dictada con anterioridad a la sanción de la ley 27348 establece una serie de pasos procesales que deben cumplir los trabajadores y las ART de las cuales por razones de brevedad.

d. Divergencia en el Alta, Resoluciones S.R.T. Nº 1.838 de fecha 1º de agosto de 2014 y Nº 179/15.

En todos los casos, los trabajadores damnificados o sus derechohabientes deberán dar debido cumplimiento en su presentación a los requisitos de admisibilidad que resulten exigibles para el motivo de trámite de que se trate en conformidad con la citada normativa.

e. En el Artículo 2° se exime a los damnificados del régimen del ASPO que deban concurrir a examen médico ante las CCMM.

También se determina que en los supuestos de realizar el examen médico, regirá exclusivamente la competencia excluyente de la C.M.J. correspondiente al domicilio del trabajador damnificado en el marco de la emergencia pública sanitaria.

ARTÍCULO 3º.- Los damnificados o sus derechohabientes que lleven a cabo presentaciones ante la S.R.T.en los términos del artículo 1º de la presente resolución, deberán constituir un domicilio electrónico en los términos de los artículos 6º , 7º y 8º del Decreto Nº 1.063/16, en donde serán consideradas válidas todas las comunicaciones y notificaciones.

Sin perjuicio de ello también deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 3º y 10 de la Resolución S.R.T. Nº 38/20, y constituir un domicilio electrónico especial junto con su letrado patrocinante, denunciando para ello el número de C.U.I.T. del profesional.

ARTÍCULO 4º.- Aprueba el Protocolo para la celebración de audiencias ante el servicio de homologación en el ámbito de las comisiones médicas jurisdiccionales en forma virtual, que como anexo integra la presente resolución SRT 40/20.

ARTÍCULO 5º.- establece que las restantes presentaciones, consultas y reclamos continuarán siendo recibidas a través de los canales electrónicos habituales disponibles en el sitio web oficial de la S.R.T. (https://www.argentina.gob.ar/srt).

La Resolución SRT 40/20 contiene un Anexo que establece el Protocolo para la celebración de audiencias ante el servicio de homologación en el ámbito de las comisiones Médicas jurisdiccionales en forma virtual. De tal modo que cumpliéndose con los recaudos previstos en el Anexo, las Audiencias ante el SH de las Comisiones Medicas se podrán celebrar mediantes medios electrónicos.

VII. REFLEXIÓN FINAL

El complejo procedimiento regulado, alterando el vigente de la Ley 27348 y la Res. SRT 298/17 impone un régimen extenso y complejo, agregándose nuevas instancias como la CMC, que se agrega a la intervención de la SRT, la CMJ, y el cuestionado recurso del artículo 2° de la Ley 27348.

Es un procedimiento laberíntico que obliga a los damnificados a llegar hasta la CMC, siendo aún más intrincado que el desfavorable régimen de la ley 27348.Además la experiencia dentro de las CCMM en estos años de vigencia de la citada ley, es sumamente desalentadora, ya que los mejores derechos son mutilados por los órganos del sistema cohonestados con los médicos de las ART. Se ha convertido en un «Fuero pro ART», en el que el damnificado debe recibir las mezquinas indemnizaciones ofrecidas por las Aseguradoras, convalidadas por las CCMM.

El trámite engorroso y la multiplicidad de instancias para obtener las prestaciones dinerarias deja planteado el interrogante acerca del cumplimiento de los plazos procesales que se imponen a las diferentes instancias administrativas y judiciales. En especial, surgen dudas de que la CMC, que recibirá los reclamos de todo el país pueda emitir los dictámenes dentro del plazo fijado por la reglamentación

Se regula un sistema imperfecto, con un diseño rígido y cerrado, que torna dudoso el cumplimiento eficaz de tutelar a los damnificados por el Covid-19.

La experiencia dentro de las CCMM durante los 3 años de vigencia de la Ley 27348 ha demostrado que 90% de los casos son conciliados en esa instancia, la mayoría de las veces en términos lesivos, abusándose del estado de necesidad de los damnificados, que no pueden esperar la instancia judicial. Y los trabajadores se ven obligados a aceptar las ínfimas indemnizaciones ofrecidas por las Aseguradoras, convalidadas por las CCMM.

Concurrir ante un órgano centralizado como es la CMC abarrotado de causas, acentuará esta mutilación de derechos y posibilidades de los trabajadores expuestos al Covid-19.

Como hemos señalado en reiteradas oportunidades, el sistema de las ART y CCMM (no hay mucha diferencia entre ellas) son refractarias a reconocer las enfermedades laborales: solo verifican un 2% sobre el total de siniestros, cuando es sabido que hay más enfermedades que accidentes traumáticos. Hay un serio infra- registro de enfermedades en nuestro país.

¿Cabe esperar un resultado diferente frente al Covid-19? Es un interrogante que el transcurso del tiempo nos lo hará saber.Por último, no podemos omitir que un elevado número de médicos o personal afín, que trabajan sobre todo en la actividad privada, se hallan encuadrados como monotributistas, pseudo autónomos, pero que en verdad se hallan vinculados por una relación laboral, configurando un típico escenario de simulaciones ilícitas de contrataciones laborales encubiertas, como locaciones de servicios o de obra. Esta situación fraudulenta provoca la carencia de cobertura de estos trabajadores con la pérdida de derechos laborales y de cobertura de una ART.

En estos supuestos, de darse la circunstancia penosa de contagiarse el Coronavirus se deberá accionar judicialmente contra los respectivos empleadores para obtener el reconocimiento de la relación laboral, conjuntamente con el reclamo del otorgamiento de las prestaciones dinerarias y en especie de la LRT, así como el resarcimiento por el derecho común de los daños sufridos.

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(1) En los considerandos del DNU 367/20 se menciona que, dado el alcance mundial de la actual pandemia, resulta pertinente destacar que la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T.) ha llevado a cabo un análisis pormenorizado sobre las disposiciones fundamentales de las normas internacionales del trabajo pertinentes en el contexto del brote del nuevo coronavirus COVID-19, publicado con fecha 27 de marzo de 2020, sosteniendo que las patologías contraídas por exposición en el trabajo a dicho agente patógeno podrían considerarse como enfermedades profesionales, en razón de lo cual otros países -tales como España, Uruguay y Colombia- han declarado que la afección producida por la exposición de los trabajadores y las trabajadoras al nuevo coronavirus, durante la realización de sus tareas laborales, reviste carácter de enfermedad profesional. (El resaltado es nuestro).

Efectivamente, la Resolución del 23 de marzo de 2020 denominada «Recomendaciones OIT. Las normas de la OIT y el COVID-19. Disposiciones fundamentales de las normas internacionales del trabajo pertinentes en el contexto del brote de COVID-19», entre otras consideraciones se expresa que:La enfermedad del COVID-19 y el trastorno de estrés postraumático contraídos por exposición en el trabajo, podrían considerarse como enfermedades profesionales. En la medida en que los trabajadores sufran de estas afecciones y estén incapacitados para trabajar como resultado de actividades relacionadas con el trabajo, deberían tener derecho a una indemnización monetaria, a asistencia médica y a los servicios conexos, según lo establecido en el Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 (núm. 121). Los familiares a cargo (cónyuge e hijos) de la persona que muere por la enfermedad del COVID-19 contraída en el marco de actividades relacionadas con el trabajo tienen derecho a recibir prestaciones monetarias o una indemnización, así como una asignación o prestación funeraria.

Y agrega el documento de la OIT que: Se debería reconocer a determinados agentes biológicos como la causa de enfermedades profesionales provocadas por la exposición a tales agentes que resulte de las actividades laborales. Cuando se haya establecido, por medios científicos (o de conformidad con otros métodos nacionales) la existencia de un vínculo directo entre la exposición a agentes biológicos que resulte de las actividades laborales y una enfermedad contraída por los trabajadores, se recomienda reconocer esa enfermedad como enfermedad profesional a los efectos de la prevención, el registro, la notificación y la indemnización.

(2) La exigencia tradicional del sistema de la causalidad directa e inmediata con la ejecución del trabajo (visión monocausalista), elude todos los factores que inciden en el trabajador, en las relaciones de trabajo, más aún en estos momentos críticos donde los motivos de contaminación son a veces difíciles de dilucidar e identificar. Este dogmático enfoque restrictivo, puede llevar a negar prestaciones médicas y dinerarias que correspondan a los trabajadores expuestos.

(3) FORMARO, Juan; BARREIRO, Diego A.y CURUTCHET, Eduardo E.: «El derecho de daños laborales y el coronavirus Reglas generales para la cobertura del COVID-19 y análisis del DNU 367/2020», cita on line: AR/DOC/1094/2020.

(4) El art. 3°, segundo párrafo106131.3) del DNU 367/20 prescribe que la CMC podrá invertir la carga de la prueba de la relación de causalidad en favor del trabajador en el supuesto de existir un número considerable de infectados por el Covid -19 en actividades desarrolladas en ese contexto por el damnificado y en un establecimiento determinado en el que tuvieren cercanía o posible contacto o cuando se demuestren otros hechos reveladores de la probabilidad cierta de que el contagio haya sido en ocasión del cumplimiento de las tareas desempeñadas en el marco del artículo 1° del DNU.

(5) Para mejor visualización, transcribo el artículo el cual hace mención al carácter opcional.

ARTÍCULO 3º.- Presentación.

Cesada la Incapacidad Laboral Temporaria (I.L.T.) y verificada la denuncia de la contingencia en el REGISTRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES creado por la Resolución S.R.T. N° 840 de fecha 22 de abril de 2005, el trámite para la determinación definitiva del carácter profesional de la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 deberá ser iniciado por el/la trabajador/a, sus derechohabientes o su apoderado/a, a través de la Mesa de Entradas de la COMISIÓN MÉDICA JURISDICCIONAL (C.M.J.) correspondiente al domicilio del trabajador/a o mediante la Mesa de Entradas Virtual que se habilitará al efecto en conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la presente resolución, debiendo acompañar:

1.Escrito de presentación con correspondiente patrocinio letrado, que deberá contener:

a) Descripción del puesto de trabajo, funciones, actividades o tareas habituales desarrolladas así como las jornadas trabajadas durante la dispensa del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020 y normas complementarias (según artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/2020);

b) El fundamento de la relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad denunciada COVID-19, con el trabajo efectuado en el contexto de dispensa al deber de aislamiento social, preventivo y obligatorio;

2. D.N.I. del/a trabajador/a (copia o escaneado de anverso y reverso);

3. D.N.I. y Matrícula del/a abogado/a patrocinante (copia o escaneado de anverso y reverso);

4. Historia Clínica de la enfermedad COVID-19, para el supuesto de haber recibido tratamiento médico asistencial a través de Obra Social o en prestadores públicos o privados;

5. Constancia de Alta Médica otorgada por la A.R.T. o el E.A. de conformidad con lo dispuesto por la Resolución S.R.T. Nº 1.838 de fecha 01 de agosto de 2014 y complementarias;

6. Toda otra documentación de la que intente valerse a efectos de acreditar la invocada relación de causalidad.

(6) https://drive.google.com/file/d/1wt9nsYg8lz93bXSa8BJTvg2CchnybgT6/view. Informe Laboral N° 77 bis.

(7) SCHICK, Horacio: Régimen de Infortunios Laborales, Una interpretación protectoria frente a nuevos virajes regresivos en materia de Daños Laborales, pag, 60 y siguientes, Edición junio 2019, Editorial Erreius.

(8) En el caso «Brizuela», CNAT, Sala IV, «Brizuela, David Raúl C/ Prevención ART S.A. S/ Accidente – Ley Especial», CNT 16125/2019/Ca1, 28/02/2020. Ratificándose el fallo del Juzgado Nacional de 1ra Instancia del Trabajo Nro. 54, de fecha 29/10/2019.agotada la vía de las CCMM se había planteado la inconstitucionalidad del art.2º de la ley 27348 proponiéndose la acción laboral ordinaria en sustitución de ese remedio por no cumplir con las pautas de revisión plena dispuesto en el leading case de la CSJN «Ángel Estrada», establecido en el exiguo plazo de 15 días que restringiendo así el plazo de prescripción del art. 258 LCT crea caducidades de derechos y limitando el plazo prescriptivo.

Frente al planteo la Jueza de Primera Instancia a cargo del Juzgado 54 Dra. Andrea García Vior rechazó la excepción de cosa juzgada planteada por la ART demandada y declaró la inconstitucionalidad del sistema recursivo del art. 2º de la ley 27348 habilitando el trámite de la demanda laboral ordinaria. Agregando la Jueza García Vior: «sólo la habilitación de un control judicial pleno, amplio y oportuno podría legitimar el régimen y es ese aspecto -incumplido- el que me lleva a admitir el planteo de inicio». En mi criterio, este aspecto de la resolución 298/17 que impone dicho plazo a los que está sometida la Justicia del Trabajo para poder revisar lo resuelto por los órganos administrativos constituye un exceso reglamentario que afecta el principio básico consagrado en el art. 14 y 28 de la Constitución Nacional al carecer de razonabilidad. Máxime cuando, reitero, dicho lapso es harto breve en función de la naturaleza de los reclamos, en los que está en juego el acceso a la jurisdicción por parte de una persona trabajadora que aduce haber sufrido un daño en su salud y trae consigo la existencia de «cosa juzgada administrativa» en los términos del art. 15 de la LCT. Ello, además afecta el cumplimiento de las exigencias de normas de rango constitucional antes mencionadas acerca del derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente (art. 75 inc. 22 CN). En definitiva, vulnera la garantía constitucional de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva (art.18 CN).»

Apelada esta resolución por la ART demandada la CNAT, Sala IV confirmó lo resuelto en Primera Instancia efectuando aportes doctrinarios de relevancia en un fallo dividido con el voto preopinante del Dr. Manuel Díez Selva con la adhesión de la Dra. Silvia Pinto Varela y la disidencia votó el Dr. Héctor Guisado. La mayoría de la Sala sostuvo que la necesaria revisión judicial plena no está garantizada por el restringido recurso del art. 2º de la ley 27348 y menos por los 15 días de plazo para recurrir que fijó la norma reglamentada por la SRT, imponiendo uno harto exiguo plazo que no tiene apoyo en ninguna pauta objetiva ni se compadece con la trascendencia de los derechos en debate. Para cumplir con el requisito de revisión plena que establece el fallo «Ángel Estrada» de la CSJN, una vez agotado el trámite ante las CCMM debe existir el amplio plazo de prescripción para promover una demanda laboral or dinaria en la justicia Nacional del Trabajo, tal como se propuso en el escrito inicial de nuestro estudio.

El Dr. Díez Selva concluyó:

«En síntesis, en el caso de autos se ha verificado el cumplimiento del trámite administrativo previsto en la ley 27.348, ante la Comisión Médica 10 – CABA, en el marco del expediente SRT; como también se ha verificado que la parte actora ha realizado una presentación -con formato de demanda judicial en los términos del art. 65 LO, no pudiendo negarse validez a dicha presentación, a todos sus efectos propios, como escrito de inicio de un juicio que, en el estricto marco del control judicial suficiente exigido, y de las reglas de competencia vigente, resulta menester que tramite ante la Justicia Nacional del Trabajo.La jurisprudencia ha tenido ocasión de pronunciarse en el sentido que viene postulándose habilitando la presentación de un escrito aun vencidos los 15 días de notificado de la denegación del reclamo administrativo con formato de demanda laboral, que no se limita a un mero recurso de apelación por el cuestionamiento de la decisión de la CCMM iniciando una acción laboral ordinaria, haciéndose lugar al planteo de inconstitucionalidad deducido respecto de lo dispuesto en los arts. 2° de la ley 27348. En mi criterio, este aspecto de la resolución 298/17 que impone dicho plazo a los que está sometida la Justicia del Trabajo para poder revisar lo resuelto por los órganos administrativos constituye un exceso reglamentario que afecta el principio básico consagrado en el art. 14 y 28 de la Constitución Nacional al carecer de razonabilidad. Máxime cuando, reitero, dicho lapso es harto breve en función de la naturaleza de los reclamos, en los que está en juego el acceso a la jurisdicción por parte de una persona trabajadora que aduce haber sufrido un daño en su salud y trae consigo la existencia de «cosa juzgada administrativa» en los términos del art. 15 de la LCT.

(9) MACHADO, José D.: «Sobre las Comisiones Médicas y el (in)debido proceso», http://www.rubinzal.com.ar.

(10) Ibidem

(*) Abogado especializado en derecho del trabajo. Exasesor legislativo de la Cámara de Diputados de la Nación. Expresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Autor de numerosos artículos y de los libros: Ley de Riesgos del Trabajo, Análisis Crítico y Propuestas, 2007; Riesgos del Trabajo, Temas Fundamentales, 4 ediciones, 2009/el 2012; Riesgos del Trabajo, Ley 26773, Una interpretación protectores frente a un viraje regresiva en materia de daños laborales. Tres ediciones, 2013,2014 y 2015. Expositor en diversos cursos, paneles y jornadas de su especialidad.

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