Rechazo de excarcelación si o no: Padece mal de chagas, por lo que es grupo de riesgo ante la amenaza del COVID-19, pero su pena de prisión oscila entre los seis a veinte años

presoPartes: M. V. H. s/ incidente de excarcelación

Tribunal: Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario

Sala/Juzgado: II

Fecha: 26-mar-2020

Cita: MJ-JU-M-124639-AR | MJJ124639 | MJJ124639

Se rechaza el pedido de excarcelación, ya que si bien el encausado padece mal de chagas, por lo que es grupo de personas de riesgo ante la amenaza del virus COVID-19, los hechos que se le atribuyeron prevén una pena de prisión que oscila entre los seis a veinte años de prisión.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar el pedido efectuado por el Defensor Público Oficial, en cuanto a la morigeración de detención y consecuente excarcelación de su asistido y disponer que el imputado continúe cumpliendo con la prisión preventiva oportunamente impuesta, ya que si bien el encausado padece de forma crónica la enfermedad de mal de chagas, lo que lo ubica dentro del grupo de personas de riesgo ante la amenaza del virus COVID-19, los hechos que se le atribuyeron prevén una pena de prisión que oscila entre los seis a veinte años de prisión, lo que supera los parámetros para que proceda la excarcelación o, en caso de una futura condena, que la misma pueda ser de cumplimiento condicional; aumentando la presunción de fuga.

Fallo:

Rosario, 26 de marzo de 2020.

Y VISTOS: los autos caratulados Incidente Nº 6 – NN: M. V. H. s/INCIDENTE DE EXCARCELACION, expediente número FRO 40340/2017/TO1/6, de trámite por ante este Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de Rosario.

DE LOS QUE RESULTA:

I.- a) A fs. 1/7 el Defensor Público Oficial, Dr. Martín Gesino, en ejercicio de la defensa de M. V. H., solicitó «.se otorgue la libertad al señor M. V. H., con la imposición individual o combinada de alguna de las pautas contenidas en los incisos «a» a del art. 210 (excepto el incido «g»), o bien su arresto domiciliario (inciso «j»). Ello, en función de los arts. 210, 221 y 222 del CPPF, y que debido a la reciente declaración de la pandemia Coronavirus (Covid-19) mi asistido se encontraría entre las personas con riesgo potencial.».

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En tanto, no sólo fundó su petición en cuestiones principalmente humanitarias y relativas a que su asistido se encuentra entre el grupo «factores de riesgo» ante el virus COVID-19 (ello por ser paciente crónico desde 1997 de la enfermedad del mal de chagas -Trypanosoma cruzi-), sino también en la nueva vigencia normativa (CPPF), el estado avanzado de la causa, y la falta de peligrosidad procesal de su asistido. b) Respecto a la nueva normativa vigente, hizo hincapié en que el nuevo código procesal penal federal dispuso un decenar de medidas de coerción para asegurar la comparecencia de los imputados al proceso, siendo la prisión preventiva de ultima ratio y solamente ante el caso de que las anteriores medidas no fueran suficientes para ello; debiendo así considerarse éste en relación con el peligro de fuga (art. 221), y al entorpecimiento de la investigación (art. 222).

Analizando las pautas previstas en los arts. 221 -«Peligro de fuga»- y 222 -«Peligro de entorpecimiento»- del CPPF, expuso los siguientes fundamentos, a saber:

1) En primer lugar, sostuvo que su asistido posee arraigo (art. 221 inc.A) por contar con domicilio en el que cumplirá la detención domiciliaria en caso de concedérsela, un grupo familiar y afectivo de contención y una posibilidad cierta de trabajo lícito estable (esto es, de albañil). Insinuó que esto evidencia la ausencia de peligro de fuga.

2) En segundo lugar, en cuanto a las pautas referidas en el art. 221 inciso «b», entre otros señaló que la presente se trata de una causa cuya instrucción se encuentra finalizada, con lo que disminuyó objetivamente el riesgo procesal; como así también que su asistido carece de antecedentes penales.

Citó jurisprudencia al respecto.

3) En tercer lugar, respecto al comportamiento de su asistido (art. 221 inciso «c»), destacó que M. siempre «.se mostró colaborador, acató sin mayor esfuerzo la orden de la preventora, fue correctamente identificado, nunca intentó eludir el accionar de la fuerza y no fue declarado en rebeldía.». Además, añadió que actualmente «.cumple cabalmente con los reglamentos carcelarios y las normas de conducta que le fueron impuestas, no cuenta con sanciones disciplinarias en su contra y tiene muy buen concepto dentro de la Unidad Carcelaria.».

4) En cuarto y último lugar, teniendo en cuenta el peligro de entorpecimiento (art. 222 CPPF), señaló que «.toda la prueba se encuentra cautelada y la causa fue elevada a juicio, ya se ha ofrecido prueba y la misma fue provista, y se ha fijado fecha para la audiencia.». c) Particularmente, ante el pedido de arresto domiciliario, fundó su petición -como ya se dijo- en que su asistido padece de forma crónica la enfermedad de mal de chagas, lo que lo ubica dentro del grupo de personas de riesgo ante la amenaza del virus COVID-19. Además, citó la Acordada 3/20 de la CFCP y la Resolución 184/2019 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación -en la que se declara la emergencia penitenciaria-; como así también doctrina y jurisprudencia al respecto.d) Finalizó su exposición solicitando que se otorgue la libertad a su asistido -imponiéndosele alguna de las pautas contenidas en los incisos «a» a «i», salvo el «g»- o subsidiariamente su arresto domiciliario -inciso «j» del art. 210 CPPF).

A tal fin, hizo saber que, en caso de concedérsele el arresto domiciliario pretendido, el mismo se llevará a cabo en el domicilio sito en calle Misiones n°740 de Firmat, provincia de Santa Fe (en el que se domiciliará el procesado junto a su esposa e hijos) y su referente será la señora Yesica Schugart. Asimismo, aportó el número telefónico de I. M. hermana del procesado- a efectos de contacto (esto es, 03465 15531638). Seguidamente, formuló las reservas pertinentes.

II.- Corrida vista al Fiscal General, el Dr. Oscar Fernando Arrigo, dictaminó que se rechace la excarcelación solicitada por la defensa de M. V. H. y la aplicación de medidas alternativas previstas en el artículo 210 del CPPF; manteniéndose así la prisión preventiva del encartado.

En relación a la detención domiciliaria con fundamento en la pandemia declarada por el coronavirus COVID-19, previo a expedirse, solicitó se encomienden una serie de informes y exámenes médicos respecto del procesado.a) Centrándose en el análisis acerca de la viabilidad de la libertad vía excarcelación, el Fiscal primordialmente, sostuvo que, en el presente caso, a la luz de los artículos 221 y 222 del CPPF, «.existe riesgo procesal desde los dos supuestos contemplados, de que se vea frustrada la comparecencia del imputado, y asimismo, que exista entorpecimiento de la investigación, y con ello, se vea frustrada la pertinente administración de justicia.».

1) Concretamente, hizo hincapié en la naturaleza del delito que se le atribuye en el requerimiento de elevación a juicio, su participación en el mismo y la respectiva escala penal -esto es, autor del delito previsto en el artículo 5º inciso «c» de la Ley 23.737 agravado por el artículo 11 inciso «e» de dicho cuerpo legal, el cual prevé en abstracto una pena de 6 a una máxima de 20 años de prisión, en cualquier caso efectivadestacando que lo establecido en el artículo 221 inciso «b». del CPPF no se adecua a ello.

2) Entre otros fundamentos, sostuvo que M. no ha acreditado fehacientemente vinculaciones laborales relativamente estables y/o constancias demostrativas de arraigo (resaltando así el resultado del informe ambiental practicado en instrucción del cual surge que el encartado tenía concepto negativo de sus vecinos, como así también que su empleador manifestó oportunamente que éste no cumplía con sus obligaciones).

3) A más de ello, ponderó como otro indicio de fuga «.las causas penales que registra M. (cfr. Planilla de fs. 164), muchas de ellas de carácter violento (amenazas, atentado y resistencia a la autoridad, tenencia de arma de fuego), que denotan también un desapego a la ley y constituyen un serio indicio de entorpecimiento a la justicia (cfr. Art.222 del CPPF) .»; destacando que al momento de allanarse el domicilio del procesado en los presentes, no sólo se incautaron sustancias estupefacientes, dinero, celulares y elementos de fraccionamiento, sino también armas de fuego y municiones.

4) Por último, señaló el estado procesal en que se encuentra la presente causa, esto es próximo a la celebración de la audiencia de debate, etapa procesal en la que resulta indispensable la presencia del encausado. b) Respecto al pedido de detención domiciliaria, como se consignó precedentemente, solicitó se encomienden una serie de informes y exámenes médicos respecto del procesado, y una vez recepcionados estos, se corra nuevamente vista a ese Ministerio Público Fiscal.

CONSIDERANDO QUE:

I. Corresponde al Tribunal expedirse sobre el pedido de morigeración de detención en los términos del artículo 210 del CPPF solicitada por el Defensor Público Oficial, Dr. Martín Gesino respecto de su asistido M. V. H., adelantándose desde ya que se habrá rechazar la soltura por excarcelación del nombrado y a diferir el análisis y resolución del arresto domicilio solicitado en subsidio (art. 210 inciso «j»), hasta tanto se recepcionen los informes solicitado por el Ministerio Público Fiscal mediante Dictamen n°145/2020 y conteste la vista que nuevamente se le correrá.

II. 1. En fundamentación de la primera de las decisiones apuntadas, corresponde decir que a partir de la resolución 2/2019 de fecha 13 de noviembre de 2019 (B.O.19/11/2019), la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal Federal del Congreso de la Nación, en el marco de las facultades conferidas por las leyes N° 27.063 modificada por su correlativa N° 27.482 (artículo 7°), ley N° 27.150 (artículos N° 3 y 4) y el decreto de necesidad y urgencia n° 257/15, dispuso, entre otras medidas, la implementación de los artículos N° 19, 21 , 22, 31, 34, 54, 80, 81, 210, 221 y 222 del citado código de rito a partir del tercer día hábil posterior a la fecha de publicación de esa resolución en el Boletín Oficial (esto es, desde el 22/11/2019), para todos los tribunales con competencia en materia penal de todas las jurisdicciones federales del territorio nacional.

2. a) Alguna posición sembró dudas sobre la aptitud de la Comisión Bicameral para disponer tal implementación, más allá que incluso los artículos 4 y 5 del nuevo código de forma, brindan una idea clara respecto de la aplicación de las disposiciones del digesto reseñado. Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio y que conforme al criterio del Máximo Tribunal debe presumirse que el legislador -en este caso la Comisión Bicameral antes aludida- dictó tal normativa con miras a su aplicación conforme a los principios contemplados en la Constitución Nacional, este Tribunal entiende que corresponde conjugar las disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación -según ley 23.984- con otros institutos menos gravosos de coerción, de acuerdo al principio de subsidiariedad que debe presidir el dictado de la prisión preventiva, previstos en el nuevo Código Procesal Penal Federal -según ley 27.063 y modif.-, siempre ba jo los preceptos de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación, a la luz de las pautas constitucionales y convencionales que rigen el caso.b) En sentido semejante se expidió la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en un reciente pronunciamiento: «No obstante, la puesta en vigencia de los arts. 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal conforme ley 27.063 de acuerdo a la resolución 2/19 de la ‘Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal’ del 13 de noviembre pasado, exige evaluar nuevamente la cuestión. Las normas cuya implementación se dispuso (arts. 210, 221 y 222 del CPPF) deben entonces ser interpretadas como pautas de regulación específica para evaluar los riesgos procesales en el proceso y las medidas de coerción posibles a aplicar en forma concordante y armónica con los artículos del Código Procesal Penal de la Nación según ley 23.984 que reglamentan la prisión preventiva (arts. 312), como los supuestos de excarcelación (arts. 316, 317 y 319)». (SALA 5 CCC 82230/2019/3/CA1 «H., P. E. s/ hurto» Excarcelación. J. 44 FD/EV, del 28 de noviembre de 2019).

3. En tal orden de ideas, debe ante todo destacarse que los artículos 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal establecen los parámetros a tener en cuenta para decidir acerca del peligro de fuga y de entorpecimiento para la averiguación de la verdad, respectivamente. Sin embargo, tal normativa no introduce ningún criterio de valoración novedoso respecto de los ya contemplados en el plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal (Acuerdo 1/08 -Plenario N° 13- en autos «Díaz Bessone, Ramón Genaro s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley») los cuales -en el caso que nos ocupa- fueron oportunamente tenidos en cuenta por el magistrado instructor, al dictar la prisión preventiva de la encartada en trato por considerarla presunta autora del delito previsto por el art. 5° inc. c) (transporte estupefacientes).

III.Corresponde aclarar que a los fines de armonizar lo establecido en ambos ordenamientos jurídicos vigentes, el caso traído a estudio será analizado teniendo en consideración las pautas establecidas en los arts. 316, 317, 319 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación y los artículos 210, 221 y 222 de la ley 27.063.

1. Sentado ello, resulta necesario realizar algunas aclaraciones conceptuales en relación al tema a tratar. Al respecto, este Tribunal entiende que las restricciones de la libertad de una persona durante el proceso sólo pueden tener fines cautelares y no sancionatorios, pues si esto último sucediera, se atentaría contra el principio de inocencia consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales incorporados a ella. a) A mayor abundamiento tiene dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos que «la restricción del derecho a la libertad personal, como es la detención, debe darse únicamente por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas o por las leyes dictadas conforme a ellas (aspecto material), y además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto formal)» (Caso Servellón García y otros Vs.

Honduras.Sentencia de 21 de septiembre de 2006). b) A ello cabe agregar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha referido que las decisiones de la Corte Interamericana resultan de cumplimiento obligatorio para el Estado Argentino, por lo que ha establecido que, en principio, debe subordinar el contenido de sus decisiones a la del tribunal internacional (Sentencia emitida 23 de diciembre de 2004 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, República Argentina (Expediente224.XXXIX), «Esposito, Miguel Ángel s/ incidente de prescripción de la acción penal promovido por su defensa» , considerando 6.). c) En tal entendimiento, los únicos motivos que justifican dicha restricción de la libertad ambulatoria antes del dictado de una condena que declare la responsabilidad de una persona imputada por la comisión de un delito, son los que se fundan en el cumplimiento de los fines del proceso, esto es, asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley (artículo 280 del C.P.P.N.).

2. a) En este orden de ideas, la doctrina establecida por la mayoría de los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal en el fallo plenario «Díaz Bessone, Ramón Genaro s/recurso de casación» adopta una postura moderada de interpretación de las normas que rigen la excarcelación, y sostiene que: «.no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho años (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.) sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal.».

Es decir, que la aplicación de los arts. 316 y 317 del C.P.P.N. no es automática, sino que son pautas establecidas por el legislador que operan como presunción iuris tantum (cf. voto del Dr.David en el fallo citado), las cuales deben ser armonizadas con las previstas en el art. 319 del código de rito, atendiendo siempre a las particularidades del caso. b) Asimismo, hemos de señalar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya opinión sirve para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conf. Fallo 3191840 «Bramajo»), ha sostenido en el considerando 28 del informe 2/97 que «la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la justicia» (citado por la Sala 1 de la Cámara Federal de San Martín, en «Mosquera, Juan A» del 03/02/2004, Lexis Nexis del 14/07/2004).

IV. Ahora bien, y siguiendo el orden planteado, corresponde someter a estudio el mentado artículo 221 del Código Procesal Penal Federal. Así las cosas, tal como lo señaló el Ministerio Público Fiscal, corresponde hacer mención a lo que hace pocos meses se resolvió en relación a la libertad de M. durante el proceso (concretamente por la CFCP) y que lleva ínsito la valoración del hecho imputado a M. V. H. y la gravedad que reviste el delito que se le atribuye al nombrado en relación a la eventual pena que podría corresponderle.

1. a) En primer lugar, corresponde valorar que mediante Resolución n° 224 de fecha 10 de diciembre de 2019, este Tribunal Oral dispuso la inmediata detención de M. V. H., luego de analizar en ella lo acontecido en autos, de lo que se pasó revista en un racconto que conviene reproducir, a saber:

«.1) Al imputado M. V. H., se le concedió la libertad bajo el régimen de excarcelación mediante Resolución de fecha 29 de junio de 2018 del Juzgado Federal N°4 de Rosario; la cual fue confirmada por la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, mediante acuerdo de fecha 20 de noviembre de 2018 (fs.42/43 y 111/113 del incidente de excarcelación FRO).

El Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Dr. Claudio Marcelo Palacin, interpuso recurso de casación contra el acuerdo dictado por la Sala B de la Cámara en mención – fs. 114/124 del incidente de excarcelación-, el cual fue denegado por la misma (ver Acuerdo de fecha 26/12/2018 glosado a fs. 126/127 del FRO40340/2017/1).

2) Ante ello, en fecha 9/02/2019 el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de queja por Casación denegada (ver. Fs. 40/49 del FRO 40340/2017/4/RH1), siendo el mismo concedido mediante Registro nº177/19.

Abierto el recurso, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, mediante Registro nº 643/19 resolvió por mayoría «.HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, sin costas, ANULAR la resolución impugnada y su antecedente necesario y ORDENAR, previo paso por la Cámara a quo, se disponga lo necesario, para que M. V. H. sea puesto a derecho.» (fs. 64/67 del FRO 40340/2017/4/RH1). De los fundamentos que sostienen la postura mayoritaria, cabe citar el siguiente: «.de la lectura del legajo se desprende que M. V. H. se encuentra procesado en orden al delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, previsto y reprimido por el art. 5º inc. «c» de la Ley 23.737, con el agravante del art. 11, inc.»e» de la citada ley, por haberse cometido en las inmediaciones de un establecimiento de enseñanza.

La escala penal asignada para el delito atribuido, supera ampliamente los 8 años de prisión en abstracto y, el mínimo legal aplicable, impide pronosticar en el caso una eventual condena de ejecución condicional.».

3) Recibido el incidente en el Juzgado Federal nº 4 de Rosario, su titular en fecha 28/5/2019, citó al encartado -por intermedio de su defensa- a fines de que comparezca ante esa oficina en el plazo de tres (3) días de notificado. Ello, se materializó en fecha 6 de junio de 2019, tomándose el comparendo del imputado que se suscribió en acta en la que se puso a disposición de la justicia siempre que sea requerida su presencia y constituyó domicilio real.

4) Paralelamente, el representante del Ministerio Público de la Defensa, Dr. Guillermo A. Todarello, interpuso Recurso Extraordinario Federal contra el Registro nº 643/19, el cual fue declarado inadmisible- en fecha 28 de junio de 2019- por la Cámara Federal de Casación Penal (fs. 5/16 y 19 del FRO 403401/2017/4/1).

5) a) Con ese panorama procesal en lo que a la libertad del imputado M. se refiere, la presente causa principal tuvo su ingreso en este tribunal el día 21 de agosto del corriente año. En fecha 30 de septiembre de 2019 el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la detención de M. V. H. (fs. 281), con fundamento en haber «.quedado firme la resolución dictada por la cual se habría dispuesto revocar la excarcelación que oportunamente se le concediera a M. V. H.».

b) A todo esto, a fs. 282 obra glosado un informe actuarial en el cual se informó acerca del trámite de un pedido de Recurso de Queja por denegación del Extraordinario Federal ante la CSJN interpuesto «in pauperis» por M.

6) Corrido traslado a la defensa del encartado a cargo del Defensor Pública Oficial, Dr. Martín Gesino, este se expidió en su escrito glosado a fs.285/286. .7) Previo a resolver, se requirió a la Comisaria 13º de Firmat que remita las constancias de presentaciones mensuales del imputado en aquella dependencia, las cuales obran glosadas a fs. 300/314.

8) En tanto, en dos oportunidades se citó a M. V. H. a fines de que concurra ante Gabinete Interdisciplinario de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Rosario (a efectos de ser examinado conforme lo solicitara oportunamente su defensa), pero no se presentó a ninguna de éstas.

9) a) Por último, a fs.326 se dispuso dar nueva intervención al Ministerio Público Fiscal respecto del pedido de detención de M. V. H. atento lo resuelto por la «Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal» que mediante resolución 2/19, en su artículo 1º dispuso la implementación del artículo 210 del CPPF entre otros.». b) Sin perjuicio de que de lo textualmente transcripto se evidencia que las pautas del artículo 210 del CPPF ya fueron analizadas hace aproximadamente cuatro meses por este Tribunal Oral, debe destacarse -como se lo insinuó ya al repasar el dictamen del Fiscal General- que la fiscalía a cargo de la dirección de la investigación en la instrucción (a fs. 183/185 del FRO 40340/2017/TO1) requirió el enjuiciamiento de M. por la presunta comisión del delito de contemplado en el art. 5 inciso «c» agravado por el art. 11° inciso «e», ambos de la ley 23.737, esto es tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por ser este en las inmediaciones de un establecimiento de enseñanza, puntualmente de la escuela pública nº 1085 «Roque Vasalli» sita en calle General Savio nº 53 de Firmat, y teniendo con esos fines la cantidad de 6,73 gramos de cocaína distribuidos en 12 envoltorios que le fueran incautados en el allanamiento de fecha 16/6/2018.

2.En consecuencia, y como lo destaco también el Fiscal General, los hechos atribuidos al encausado prevén una pena de prisión que oscila entre los seis a veinte años de prisión, lo que a todas luces supera los parámetros para que proceda la excarcelación o, en caso de una futura condena, que la misma pueda ser de cumplimiento condicional; aumentando la presunción de fuga por parte del imputado.

V. Ahora bien, corresponde ponderar nuevamente lo resuelto por la CFCP mediante registro n°643/19, remitiéndome a los fundamentos delineados en la Resolución n°224 de este Tribunal Oral en la que se sostuvo:».Si ello pudiera no resultar claro de estar a los términos de la dispositiva del Registro nº643/19, se despeja toda duda al repasar los fundamentos expuestos por los integrantes de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal al momento de revocar la resolución por la cual se excarceló a M. V. H.; por cuanto se advierte que la misma proyectó la posible inconducta procesal del nombrado -sobre base objetiva- de evadir la acción de la justicia y/o de frustrar los fines del proceso (en virtud de la escala penal en abstracto del delito que se le imputó, entre otros), y los condujo a los magistrados que conforman el voto mayoritario, a sostener que la situación del imputado queda fuera de las previsiones de los artículos 316 y 317 del CPPN, existiendo así la presunción «iuris tantum» de fuga.».

No ha habido ninguna circunstancia novedosa que cambié el estado de cosas que llevo a la CFCP ha revocar la excarcelación a M., más que la Pandemia Mundial por el virus Covid-19, que en nada incide en este sentido.

VI.Por otro lado, en lo concerniente al examen del artículo 221 de la ley 27.063, le asiste razón al Ministerio Público Fiscal en lo relativo a la improcedencia de los supuestos contemplados en los incisos «a» y «b».

En el caso del inciso «a», esta Magistratura entiende que no se ha acreditado fehacientemente el arraigo de M., pues, no posee un trabajo estable.

Analizando el inciso «b», debe tenerse en cuenta -como se ha dicho- la eventual pena en expectativa que le podría llegar a caber en función de la escala penal resultante correspondiente al delito por el que fuera requerido a juicio -esto es, se puede afirmar que a priori existe presunción de que la encartado podría intentar eludir la acción de la justicia dándose a la fuga, en caso de encontrarse en libertad-, como así también, la eventual imposibilidad de condenación condicional.

VII. Como colofón, y sintetizando lo expuesto, habiendo analizado el alcance de los artículos 221 y 222 de la le 27.063 y su aplicación al caso concreto, este Tribunal no advierte que el advenimiento de la pandemia mundial provocada por el virus Covid-19 (conforme lo declarara la OMS) que generó el dictado por parte del PEN de los decretos 220 y 297 por los que respectivamente se declaró la emergencia sanitaria nacional y se dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio, incidan decisivamente variando las circunstancias esenciales y dirimentes que tuvo en cuenta la Cámara Federal de Casación Penal al momento de revocar hace unos pocos meses, la excarcelación a M. V. H.

1.En lo atinente al examen del artículo 210 del Código Procesal Penal Federal, cabe tener en consideración que, conforme los fundamentos expuestos ut supra, resulta valido presumir que la adopción de alguna medida morigerada respecto del solicitante podría derivar razonablemente en la probable elusión del encartado al accionar de la justicia y también entorpecimiento de la investigación y/o sustracción al cumplimiento de una eventual condena, lo que en definitiva no permitiría satisfacer lo normado por el primer párrafo del artículo 280 del Código Procesal Penal de la Nación.

Ello se revela en el relato efectuado en el «resulta» 8) de la Resolución n°224 de fecha 10/12/2019 en el que se destacó que M. fue citado en dos oportunidades por este Tribunal Oral «. a fines de que concurra ante Gabinete Interdisciplinario de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Rosario (a efectos de ser examinado conforme lo solicitara oportunamente su defensa), pero no se presentó a ninguna de éstas.» (la negrita me pertenece), lo que derivó, entre otros fundamentos, a que en su momento se ordene su detención.

2.Asimismo, resulta oportuno destacar que el Estado Argentino asumió compromisos internacionales -por medio de la ley 24.072- al ratificar la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, lo que en definitiva impone la necesidad de efectuar un análisis de la libertad de los imputados atendiendo también al singular daño social que genera la comisión de delitos análogos a los hechos investigados en autos, como así también el notable crecimiento de tales actividades criminales, de una actualidad y extrema potencialidad lesiva para el cuerpo social; lo que evidencia el desprecio por ajustar sus procederes a las reglas sociales de convivencia, extremo que a su vez conduce a considerar que en caso de permanecer en libertad durante la sustanciación del proceso, podrían intentar burlar la acción de la justicia o entorpecer la recolección de pruebas.

En esta inteligencia, la Convención de Viena resalta «.la profunda preocupación -de los estados partespor la tenencia creciente de la producción, la demanda y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que representan una grave amenaza para la salud y bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad.». Tal importancia conlleva a la necesidad que el Estado, honrando dichos compromisos, tome las medidas necesarias para asegurar que quienes se encuentren imputados por este tipo de delitos no entorpezcan ni eludan el accionar de la justicia.

VIII.Por lo tanto, teniendo en cuenta la grave imputación que pesa sobre el procesado, la pena con la que se conmina en abstracto el delito atribuido, la importancia del bien jurídico protegido, la ausencia de nuevas circunstancias que permitan apartarse de los criterios establecido oportunamente por la Cámara Federal de Casación Penal -mediante Registro nº 643/19-, y lo resuelto en consecuencia por este Tribunal Oral mediante Resolución n°224 de fecha 10/12/19, llevan nuevamente a que esta Magistratura entienda que, en el caso no existen razones suficientes que lleven a variar el estado de cosas.

Por todo lo expuesto, este Tribunal estima que no resulta conducente el pedido de morigeración de prisión solicitada y la implementación de las alternativas a la prisión preventiva establecidas en el artículo 210 del C.P.P.F., incisos «a» al «i» inclusive.

En efecto, consideramos que en el marco del delito atribuido y en las circunstancias singulares del caso, las medidas dispuestas en los incisos a), b), c), d), e), f), h) e i) no resultarían suficientes para asegurar la comparecencia del imputado a la audiencia de debate.

En este estado de cosas, se valora la etapa procesal en la que se encuentra la presente causa. Al respecto, se ha fijado fecha de audiencia de debate para el día 03/07/2020 en los términos del art. 359 del CPPN.

Por su parte, el inciso g) no sería aplicable en razón de la índole del delito imputado.

En relación al inciso j) del citado código, como ya se adelantó, corresponde diferir el estudio y resolución del arresto domicilio solicitado en subsidio por la defensa de M. V. H., hasta tanto se recepcionen los informes solicitados por el Ministerio Público Fiscal mediante Dictamen n°145/2020, y se corra nuevamente vista a tal fin.

En su mérito, RESUELVE:

I.- Rechazar el pedido efectuado por el Defensor Público Oficial, Dr . Martín Gesino en favor de M. V.H., en cuanto a la morigeración de detención y consecuente excarcelación de su asistido (cfrme. art. 210 inciso «A» al «I» inclusive del CPPF), disponiendo que el imputado continúe cumpliendo con la prisión preventiva oportunamente impuesta (cfrme. art. 210 inciso «K» del CPPF) hasta tanto se resuelva el pedido de arresto domiciliario.

II.- DIFERIR la resolución del arresto domiciliario solicitado en subsidio por el Dr. Martín Gesino, respecto de su asistido M. V. H., hasta tanto se recepcionen los informes solicitados por el Ministerio Público Fiscal mediante Dictamen n°145/2020, y se corra nuevamente vista a tal fin (Cfrme. art. 210 inciso «j»).

III.- Tener presentes las reservas formuladas por el Defensor Público Oficial.

IV.- Insertar, hacer saber y publicar en el Centro de Información Judicial (CIJ).

La Dra. Beatriz Caballero de Barabani no firma la presente por haberse acogido al beneficio jubilatorio (Decreto 289/2020 B.O. 18/03/2020).

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