El procedimiento de adopción con posterioridad a la reforma del Código Civil y Comercial Argentino

adopcion (3)Autor: Cooke, Ezequiel

Fecha: 5-mar-2020

Cita: MJ-DOC-15226-AR | MJD15226

Sumario:

I. Introducción. II. Consideraciones históricas de la Adopción. III. Principios Involucrados. IV. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño: Tratado Internacional con jerarquía constitucional en la Argentina – Ratificación en nuestro país mediante Ley nº 23.849 con algunas reservas – Postulados sobre la figura legal de la Adopción. V. Adopción: concepto. VI. Requisitos para adoptar y ser adoptado. VII. La Adopción unipersonal, conjunta y por tutor. VIII. Juicio de Adopción: competencia e inicio del proceso. IX. Tipo de Adopción. X. El derecho de defensa técnica de los niños, niñas y adolescentes en el procedimiento de la adopción. XI. Nulidad absoluta y relativa de la adopción. XII. Conclusión.

Doctrina:

Por Ezequiel Cooke (*)

I. INTRODUCCIÓN

Es conocido por la mayoría de la sociedad que cuando las personas opinan respecto al procedimiento de la adopción en la Argentina, expresan su descontento por la forma de llevarse a cabo el mismo, las exigencias requeridas, el largo tiempo en que se encuentran los pretensos adoptantes inscriptos en el Registro Único de Adopción, la tardanza en el procedimiento, la cantidad de documentación a acompañar, entre un sinfín de otras críticas.

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Seguramente, algunas de dichas críticas son válidas, ya que la tardanza en obtener una resolución favorable en la adopción muchas veces carece de justificación por los errores que cometen las distintas instituciones y operadores que participan en dichos procedimientos.

En otras oportunidades, la demora es lógica y es la prevista conforme las distintas etapas que requieren estos procedimientos. Digo esto ya que este tipo de procedimientos deben cumplir con los distintos requisitos objetivos y subjetivos, regirse teniendo en cuenta los principios procesales vinculados con dicha figura legal, velar por el interés superior del niño, el derecho del pequeño a conocer su identidad tanto histórica como dinámica, la preservación de los vínculos fraternos, el agotamiento de la posibilidad de permanecer en la familia de origen, el derecho del niño, niña y adolescente a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta por el juez de la causa, conforme su edad y grado de madurez, entre otras circunstancias.

A pesar de los enojos por la tardanza del procedimiento, cuando el mismo llega a su fin, los sentimientos y las emociones positivas del entorno familiar salen a la luz y las críticas efectuadas anteriormente quedan en el pasado.

Es que lógicamente, el pretenso adoptante o los pretensos adoptantes pasaron por muchas etapas previas dificultosas, con fracasos en el medio, incertidumbres, demoras que seguramente los estresaba, entre otras situaciones angustiantes.Es por ello, que los distintos operadores que participan en el procedimiento deben tener la paciencia y la sensibilidad necesaria para explicar las exigencias requeridas, contener tanto a los pretensos adoptantes como a los pretensos adoptados, justificar por momentos los enojos de las partes, apoyarlos para seguir adelante cuando se desalientan y felicitarlos cuando se logra el objetivo propuesto.

Es que nos encontramos con un cambio en el estado de familia del pretenso adoptado, con todo lo que ello implica, las ansiedades que genera, las tensiones que produce, pero también con la felicidad que produce llegar a la meta y lograr el objetivo.

No obstante aquello, es dable decir que si las vicisitudes que se encuentran ínsitas en el ínterin del procedimiento se eliminaran sería más ameno transitar el camino tanto para los operadores involucrados como para los actores principales.

II. CONSIDERACIONES HISTÓRICAS DE LA ADOPCIÓN

La figura legal de la adopción se encuentra regulada desde hace muchos siglos atrás. La misma ya aparecía regulada en el código de Hammurabi y en el Código de Manu que tenía por objeto asegurarle al adoptante, que no tenía descendencia masculina, un hijo que celebre el servicio fúnebre en su honor. Dicha figura legal fue regulada en el Derecho romano como en el Derecho Francés.

En nuestro ordenamiento legal argentino, el instituto de la adopción ingresa en el año 1948, con la sanción de la ley 13.252 del año 1948, pues antes de esta ley solo existían los vínculos filiatorios biológicos o por naturaleza.

En palabras de la Dra. Herrera, esta figura legal, se pensó en un principio como un medio para llenar la falta de herederos, luego como remplazo del hijo biológico que nunca se tuvo hasta alcanzar la idea de dicha figura como un medio para lograr la satisfacción de todo niño a vivir en una familia adoptiva, cuando no pudo hacerlo en su familiar de origen por diversas razones, pero nunca por carencias socioeconómicas.(Herrera, 2017)

Posteriormente, se derogó la mencionada ley 13.252 por la ley 19.134 del año 1971, la cual receptó entre sus principales reformas la adopción simple y plena.

Luego, se introdujo la ley 24.779 en el año 1997 al texto del anterior Código Civil Argentino.

Una gran deuda del legislador argentino, con la reforma del Código Civil y Comercial de agosto del año 2015, era subsanar los defectos de la ley 24.779 de adopción y establecer mecanismos ágiles, eficientes y eficaces a fin de garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en el seno de una familia adoptiva en el caso de no poder ser criados por su familia biológica.

Las modificaciones incorporadas en el nuevo Código procuran facilitar y agilizar los trámites de la adopción, cumplir al pie de la letra con los principios procesales inmiscuidos en la figura legal en cuestión y reforzar las garantías existentes para evitar su desnaturalización.

III.PRINCIPIOS INVOLUCRADOS

Son numerosos los principios procesales previstos por el Código Civil y Comercial de la Argentina – en adelante CCyC – y los de la ley de procedimientos de Familia de la Provincia de Córdoba (10.305 ) – en adelante CPFCba – que se encuentran inmersos en el procedimiento de la adopción.

Para nombrar alguno de ellos, podemos destacar que se encuentran involucrados los principios de tutela judicial efectiva, – conforme acuerdo reglamentario mil trescientos setenta del TSJ de la Provincia de Córdoba-; inmediación – teniendo en cuenta la audiencia del niño, niña y adolescente con el juez de la causa-; buena fe; lealtad procesal, oficiosidad – atento la posibilidad de iniciar de oficio la demanda de adopción conforme surge del artículo 616 del CCyC, oralidad; acceso limitado al expediente; interés superior del niño, niña y adolescente -conforme artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño- ; participación en el proceso de personas con capacidad restringida y de niñas, niños y adolescentes; libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba.

Los mencionados principios del artículo 706 del CCyC, se enumeran también en el artículo 15 del CPFCba, donde a su vez se incluye los principios de economía procesal y lenguaje sencillo que también se encuentran presentes en el procedimiento de la adopción.Otros de los principios que se encuentran inmersos en el procedimiento de la adopción, previstos en el artículo 595 del CCyC, son el Derecho a la identidad – tanto la de origen como la dinámica-, el agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada – a través de los controles de legalidad de las medidas excepcionales que dispone la SeNAF -; la preservación de los vínculos fraternos – priorizándose la adopción de grupos de hermanos en la misma familia adoptiva o, en su defecto, el mantenimiento de vínculos jurídicos entre los hermanos, excepto razones debidamente fundadas; el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, siendo obligatorio requerir su consentimiento a partir de los diez años, o antes de dicha edad, conforme al grado de autonomía progresiva del niño, niña y adolescente y teniendo en cuenta la postura que se recoja.

IV. LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO: TRATADO INTERNACIONAL CON JERARQUÍA CONSTITUCIONAL EN LA ARGENTINA – RATIFICACIÓN EN NUESTRO PAÍS MEDIANTE LEY Nº 23.849 CON ALGUNAS RESERVAS – POSTULADOS SOBRE LA FIGURA LEGAL DE LA ADOPCIÓN

Es dable reconocer la importancia que tiene la letra de esta Convención Internacional cuando hablamos de Derechos vulnerados o no satisfechos de los niños, niñas y adolescentes.Dicho instrumento internacional ostenta jerarquía constitucional en nuestro país desde la reforma constitucional de 1994 conforme surge del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.

En consecuencia, y por su significación, merece una mención especial sus articulados referidos a la figura legal de la adopción.

Si bien, en varios de los mismos, desarrolla solapadamente algunas cuestiones vinculadas con el presente instituto, es en los artículos 20 y 21 donde desarrolla directamente los postulados de la adopción.

En el artículo 20 de la CDN (1), hace referencia a la especial protección y asistencia que tendrán los niños, niñas y adolescentes por el Estado cuando se encuentren privados de su medio familiar y la posibilidad de ser protegidos por algunas figuras legales como la adopción propiamente dicha, la tutela entre otras opciones legales.

El artículo 21 de la CDN (2), refiere a que el procedimiento de la adopción respete el interés superior del niño, niña y adolescente y que dicha figura sea admitida por las autoridades competentes.

Con relación a las otras consideraciones no es dable mencionarlas ya que nuestro país efectuó reserva de los incisos b, c, d y e del mencionado artículo, tal como se explica infra.

Con relación a lo mencionado en el último párrafo, nuestro país el 27 de septiembre de 1990 sancionó la Ley nº 23.849 , que aprobó la Convención sobre Derechos del Niño con algunas reservas.

Las reservas en materia de adopción son las que surgen en el artículo 2 de la ley nacional 23.849, donde se hace reserva de los incisos b, c, d, e del artículo 21 de la CDN y se desprende que los mismos no regirán en nuestra jurisdicción por entender que, para aplicarlos, debe contarse previamente con un riguroso mecanismo de protección legal del niño en materia de adopción internacional, a fin de impedir su tráfico y venta.

V. ADOPCIÓN:CONCEPTO

En escuetas palabras y conforme a lo normado por el artículo 594 del CCyC podemos definir a la adopción como la figura legal que tiene como meta proteger y satisfacer el derechos de niños, niñas y adolescentes a vivir, desarrollarse y desenvolverse en una familia que le brinde los medios necesarios para satisfacer sus derechos esenciales y sus ne cesidades afectivas y materiales, cuando éstos no le pueden ser proporcionados por su familia de origen por distintas circunstancias, que nunca pueden ser las económicas.

La adopción se efectiviza con una sentencia del Tribunal competente y emplaza al adoptado en el estado de hijo con todos los beneficios y obligaciones que ello trae aparejado y dependiendo del tipo de adopción que se trate, conforme surge del libro II, titulo VI del CCyC.

Bajo esa línea autorizada doctrina destacó: «(.) En este contexto, la adopción constituye una figura subsidiaria porque solo ingresa a escena cuando la familia de origen o ampliada no pueda o no quiera hacerse cargo del cuidado de un niño de manera principal, cumpliéndose con los derechos y obligaciones que se deriva de la responsabilidad parental (.)» (3)

En consecuencia, esta figura legal en la actualidad tiene como fin principal priorizar y proteger el interés de los niños, niñas y adolescentes por sobre cualquier otra cosa, incluso por sobre el interés de los adultos involucrados.

VI. REQUISITOS PARA ADOPTAR Y SER ADOPTADO

Existen ciertos requisitos objetivos que, a priori, deben cumplirse para poder admitir una demanda de adopción.Entre estos podemos destacar exigencias requeridas tanto para el adoptante como para el adoptado.

Se encuentran en condiciones de ser adoptadas las personas menores de edad no emancipadas declaradas en situación de adoptabilidad o cuyos padres han sido privados de la responsabilidad parental.

Excepcionalmente, puede ser adoptada la persona mayor de edad cuando se trate del hijo del cónyuge o conviviente de la persona que pretende adoptar o hubiera existido posesión de estado de hijo mientras era menor de edad, fehacientemente comprobada, conforme lo establece el artículo 597 del CCyC.

En relación al adoptante, se exige que sea por lo menos dieciséis años mayor que el adoptado, excepto cuando el cónyuge o conviviente adopta al hijo del otro cónyuge o conviviente atento lo normado por el art. 599 del CCyC

Asimismo, se requiere que el adoptante resida permanentemente en el país por un período mínimo de cinco años anterior a la petición de la guarda con fines de adopción, con excepción de las personas de nacionalidad argentina o naturalizadas en el país y se encuentre inscripta en el registro de adoptantes conforme surge del art. 600 del CCyC.

Por último, se puede decir que no cuenta con la facultad para adoptar quien no haya cumplido veinticinco años de edad – excepto que su cónyuge o conviviente que adopta conjuntamente cumpla con este requisito -; el ascendiente a su descendiente y un hermano a su hermano bilateral o unilateral atento se desprende del artículo 601 del CCyC

VII. LA ADOPCIÓN UNIPERSONAL, CONJUNTA Y POR TUTOR

Uno de los aspectos positivos que se le reconoce al instituto de la adopción es su flexibilidad para conceder adopciones efectuadas tanto de forma unipersonal por personas casadas o en unión convivencial – con los requisitos que se requieren para dicho pedido; en forma conjunta y hasta las solicitadas por el propio tutor de un niño, niña y adolescente luego de rendir sus cuentas.La adopción por personas casadas o en unión convivencial puede ser unipersonal cuando el cónyuge o conviviente ha sido declarado persona incapaz o de capacidad restringida o cuando los cónyuges estuvieran separados de hecho atento lo establece el art. 603 del CCyC

También, se permite la posibilidad que personas que durante el matrimonio o la unión convivencial mantuvieron estado de madre o padre con una persona menor de edad, pueden adoptarla conjuntamente aún después del divorcio o cesada la unión. Lógicamente, debe estarse a cada caso concreto y valorar también otros factores importantes para admitir la presente acción.

Otra situación que puede llegar a darse es aquella donde la guarda con fines de adopción del pequeño o pequeña se hubiese otorgado durante el matrimonio o unión convivencial y el período legal se completara con posterioridad al fallecimiento de uno de los cónyuges o convivientes. En ese caso, el Tribunal puede conceder la adopción al sobreviviente y generar vínculos jurídicos de filiación con ambos integrantes de la pareja conforme surge del artículo 605 del CCyC

VIII. JUICIO DE ADOPCIÓN: COMPETENCIA E INICIO DEL PROCESO

Es muy importante iniciar la demanda de adopción ante el juez competente para evitar así una dilación del proceso innecesaria. Es juez competente para avocarse a una acción de adopción el magistrado que otorgó la guarda con fines de adopción, o a elección de los pretensos adoptantes, el del lugar en el que el niño tiene su centro de vida conforme surge del artículo 615 del CCyC.

Al respecto, autorizada jurisprudencia dijo al respecto: «(.) Si bien la relación con sus pretensos adoptantes principió con la intervención del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de Cruz de Eje en el año dos mil ocho, en donde recayó resolución otorgando al matrimonio S.- V.la Guarda Judicial Preadoptiva de la niña; el grupo familiar está establecido en esta ciudad de Córdoba y es en esta sede en donde M. tiene su centro de vida. Es por ello que el suscripto es competente a los fines de resolver acerca de lo solicitado (.)» (S.O.D – Adopcion plena, 2017)

Es fundamental para ello, tener bien en claro que entendemos por centro de vida ya que muchas veces los problemas se originan por no conocer bien esa cuestión.

Conforme a ello, el lugar donde se encuentra habitando el niño, niña o adolescente, si bien es una presunción iuris tantum que ayuda a determinar el centro de vida de los mismos, no es condición sine qua non para definir su centro de vida, ya que puede ocurrir que el lugar donde se encuentren permaneciendo fuere a los efectos de realizar un trámite personal o de sus progenitores y una vez finalizado el mismo regresar a su lugar de residencia habitual.

Por otra parte, la demanda de adopción se encuentra en condiciones de ser iniciada a partir del día siguiente en que se encuentra firme la sentencia de guarda preadoptiva o la confirmación de la guarda preadoptiva provisoria ordenada.

Asimismo, la adopción de integración se inicia al momento requerido por el pretenso adoptante, quien tiene como finalidad adoptar al hijo de su cónyuge o conviviente conforme surge del art. 620 in fine del CCyC.

La misma demanda puede iniciarse por impulso de parte o de oficio por el Tribunal. En el caso que los pretensos adoptantes no cuenten con los fondos necesarios para contratar un abogado particular, la acción puede iniciarse en forma gratuita por los asesores letrados del Fuero Civil y Comercial o los Asesores de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Género conforme surge del acuerdo reglamentario mil trescientos setenta del TSJ.

IX. TIPO DE ADOPCIÓN

El CCyC en su título VI, capítulo V, reconoce tres tipos de adopción: plena, simple y de integración.En dicho código de fondo encontramos las disposiciones generales en la sección 1ra. Asimismo, la adopción plena se encuentra en la sección 2da, la adopción simple en la sección 3ra y la adopción de integración en la sección 4ta.

Es muy importante diferenciar la adopción general (plena y simple) que se interpone luego de transitar un largo camino por una situación de vulnerabilidad de un niño, niña o adolescente de la adopción de integración que interpone quien adopta al hijo del cónyuge o conviviente.

Los Juzgados de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Genero de la Ciudad de Córdoba son competentes para resolver la demanda de adopción que se interpone luego de concluir con los controles de legalidad y guarda preadoptiva de un niño, niña y adolescente en situación de vulnerabilidad, mientras que la adopción de integración y la de personas mayores de edad – salvo que haya prevenido otro Tribunal- se tramita por ante los Juzgados de Familia de la Ciudad de Córdoba, conforme lo establece el acuerdo reglamentario n° 1370, serie A del TSJ del año dos mil dieciséis y ley de procedimientos de Familia 10.305.

IX.1 BREVE EXPLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA ENTABLAR UNA DEMANDA DE ADOPCIÓN EN EL FUERO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, VIOLENCIA FAMILIAR Y GENERO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Conforme surge del capítulo III de la ley provincial 9944 es la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, en adelante la SeNAF, la encargada de disponer las medidas excepcionales de tercer nivel, cuando se encuentran vulnerados los derechos esenciales de los niños, niñas y adolescentes.

Estas medidas excepcionales consisten en separar en forma excepcional a los niños, niñas y adolescentes del cuidado y guarda de sus padres biológicos, quedando a cargo de parientes cercanos, referentes afectivos, familias de acogimiento o instituciones.

Estas medidas excepcionales duran noventa días y solo pueden prorrogarse mientras persista la situación que le dio origen.La SeNAF puede prorrogar, innovar y hacer cesar estas medidas en base al mayor beneficio que resulte para el niño, niña o adolescente.

Una vez que se disponen estas medidas, la dirección de asuntos legales de la Senaf debe elevar el informe en un plazo de veinticuatro horas a los juzgados de niñez para que estos ejerzan el control de legalidad de las mismas.

Cumplido el año y medio desde la aplicación de la medida excepcional dispuesta, el órgano administrativo debe resolver sobre la situación del niño, niña o adolescente en definitiva. Este plazo se ha reducido a seis meses en base a lo previsto en el art. 607 inc. «c» del CCyC.

Es importante destacar, conforme se desprende del art 607 del CCyC que la declaración judicial de situación adoptabilidad del niño, niña o adolescente no puede ser dictada si algún familiar o referente afectivo ofrecen asumir la guarda o tutela del niño, niña o adolescente y ese pedido es adecuado al interés d el mismo.

El juez de niñez debe resolver la situación de adoptabilidad en un plazo máximo de noventa días y disponer la declaración judicial de situación de adoptabilidad mediante sentencia del niño, niña o adolescente, la que equivale a la declaración de estado de abandono del niño o la privación de la responsabilidad parental.

Posterior al dictado de la declaración judicial de adoptabilidad se inicia el procedimiento de guarda preadoptiva.El mismo ya no es más un proceso autónomo si no una decisión judicial habilitada a consecuencia del dictado de la declaración de adoptabilidad.

En la misma sentencia de declaración de adoptabilidad, el magistrado libra un oficio a los equipos técnicos de guarda y adopción a los fines de solicitarle que informen a que subregistro pertenecen dichos niño, niña y adolescente – conforme su edad y situación fáctica existente (ejemplo si son varios hermanos, si tiene alguna capacidad restringida, entre otras)

También, se libra oficio al Registro Único de Adopción de la Provincia de Córdoba, que acompañe los legajos de las personas inscriptas para ulterior adopción, teniendo en cuenta el subregistro de los niños, y en el orden en el que figuran en la lista de adoptantes.

El juez selecciona alguno de los legajos remitidos por dicho registro y entrevista a quienes considere más idóneos para ser guardadores preadoptivos de los niños en cuestión.

Una vez que elige a los guardadores preadoptivos (o guardador preadoptivo) les otorga dicha guarda judicial preadoptiva provisoria mediante acta judicial y ordena que se inicie la revinculacion entre esos niños o ese niño con estos guardadores preadoptivos mediante el equipo técnico de guarda y adopción.

Antes del plazo de los seis meses, se debe confirmar dicha guarda preadoptiva mediante sentencia y al día siguiente de que queda firme la resolución estos guardadores preadoptivos quedan en condiciones de presentar la demanda de adopción.

Es muy importante la fecha de la sentencia en que se confirma la guarda preadoptiva ya que la resolución que otorga la adopción tiene efecto retroactivo a dicha fecha, salvo que se tratare de una demanda de adopción de integración cuyos efectos se retrotraen a la fecha de presentación de dicha acción.

IX.2 BREVES CONSIDERACIONES RESPECTO AL OTORGAMIENTO DE LA ADOPCIÓN PLENA O SIMPLE

Es importante destacar el art.621 del CCyC del que surge la potestad que tiene el juez para el otorgamiento de la adopción plena o simple según las circunstancias y atendiendo al interés superior del niño o niña.

Sumado a ello, y por motivos fundados, el juez puede mantener subsistente el vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia de origen en la adopción plena si dicha situación favorece al niño, niña y adolescente y crear vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia del adoptante en la adopción simple.

IX.3 ALGUNOS REQUISITOS DE LA ADOPCIÓN PLENA

La adopción plena, salvo razones fundadas, extingue los vínculos jurídicos con la familia de origen, con la excepción que subsisten los impedimentos matrimoniales. Es por ello que el adoptado tiene los mismos derechos y obligaciones que todo hijo biológico del adoptante. Sumado a ello, la adopción plena es irrevocable

La misma se otorga a niños, niñas y adolescentes huérfanos o sin filiación, cuando se haya declarado situación de adoptabilidad o padres privados de la responsabilidad parental, progenitores que manifestaron su voluntad de dar al hijo en adopción conforme surge del art. 625 del CCyC.

Otro aspecto beneficioso para el niño, niña o adolescente adoptado es lo establecido por el art. 624 del CCyC del cual surge que sin alterar los efectos de la adopción, procede la acción de filiación o reconocimiento del NNyA contra sus progenitores sólo a efectos de posibilitar derechos sucesorios y alimentarios.

Con respecto al apellido del adoptado es dable destacar algunas reglas importantes que prevén los arts. 64 y 626 del CCyC:1) si se trata de una adopción unipersonal, el hijo adoptivo lleva el apellido del adoptante; si el adoptante tiene doble apellido, puede solicitar que este sea mantenido;

2) si se trata de una adopción conjunta, se aplican las reglas generales relativas al apellido de los hijos matrimoniales;

3) se puede solicitar agregar o anteponer el apellido de origen al apellido del adoptante o al de uno de ellos si la adopción es conjunta excepcionalmente y fundado en el derecho a la identidad del adoptado.

IX.4 ALGUNOS REQUISITOS DE LA ADOPCIÓN SIMPLE

En la adopción simple los derechos y deberes que resultan del vínculo de origen no quedan extinguidos por la adopción; sin embargo, la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental se transfieren a los adoptantes.

A su vez, la familia de origen tiene derecho de comunicación con el adoptado; el adoptado conserva el derecho a reclamar alimentos a su familia de origen cuando los adoptantes no puedan proveérselos y el adoptado que cuenta con la edad y grado de madurez suficiente o los adoptantes, puede solicitar que se mantenga el apellido de origen, sea adicionándole o anteponiéndole el apellido del adoptante o uno de ellos.

Asimismo, en este tipo de adopción se confiere el estado de hijo al adoptado, pero no crea vínculos jurídicos con los parientes ni con el cónyuge del adoptante, excepto disposiciones en contrario atento lo normado por el art. 620 del CCyC.

A diferencia de la adopción plena, la adopción simple es revocable, en el caso de haber incurrido el adoptado o el adoptante en las causales de indignidad o por pedido justificado del adoptado mayor de edad. También, procede la revocación de la adopción simple de conformidad con la autonomía de la libertad de adoptante y adoptado mayor de edad manifestado judicialmente.

La sentencia de revocación extingue la adopción desde que queda firme y para el futuro.Por último, es dable destacar que a partir de la revocación de la adopción el adoptado pierde el apellido de adopción a pesar que, con fundamento en el derecho a la identidad, puede ser autorizado por el juez a conservarlo conforme surge del CCyC.

IX.5 ALGUNOS REQUISITOS DE LA ADOPCIÓN DE INTEGRACIÓN

La adopción de integración es la que se configura cuando se adopta al hijo del cónyuge o del conviviente siendo concedida con los efectos propios de la adopción plena o simple, dependiente de cada caso en particular.

Este tipo de adopción siempre mantiene el vínculo filiatorio y todos sus efectos entre el adoptado y su progenitor de origen, cónyuge o conviviente del adoptante

Es importante destacar que si el adoptado tiene un solo vínculo filial de origen, se inserta en la familia del adoptante con los efectos de la adopción plena mientras que si el adoptado tiene doble vínculo filial de origen el juez otorga la adopción plena o simple atento el interés superior del niño, niña o adolescente.

En este tipo de adopción los progenitores generalmente de origen deben ser escuchados; el adoptante no requiere estar previamente inscripto en el registro de adoptantes; no se aplican las prohibiciones en materia de guarda de hecho y no se exige declaración judicial de la situación de adoptabilidad.

Asimismo, no se exige previa guarda con fines de adopción; no rige el requisito relativo a que las necesidades afectivas y materiales no puedan ser proporcionadas por su familia de origen y es revocable bajo las mismas causales para la adopción simple, haya sido o no otorgada en tal carácter atento lo normado en el art.633 del CCyC.

X. EL DERECHO DE DEFENSA TÉCNICA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL PROCEDIMIENTO DE LA ADOPCIÓN CONFORME LAS DISTINTAS POSICIONES

En los procedimientos de adopción son parte los pretensos adoptantes y el pretenso adoptado. Siempre se le da intervención al Representante Complementario y al Sr./a Fiscal de Familia. Asimismo, se libra oficio al órgano administrativo para notificarle el decreto de admisión de la demanda de adopción.

Sumado a ello, el niño, niña o adolescente debe comparecer con asistencia letrada, si tiene edad y grado de madurez suficiente. En la práctica, los juzgados de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Genero, libran oficio a la Asesoria de dicho fuero que por turno corresponda para que actúen como abogado del niño, cuando dicho joven cuenta con diez años de edad, atento lo establecido en el inc. d del art. 617 del CCyC. El juez debe oír personalmente al pretenso adoptado y tener en cuenta su opinión según su edad y grado de madurez.

Es dable aclarar que son los Asesores del Fuero de Niñez, los encargados de asumir como abogados del niño, niña o adolescente en una causa de adopción, hasta tanto se dicte el decreto reglamentario de la ley provincial 26.964 y puedan nombrarse como abogados del niño a los letrados inscriptos en el registro correspondiente.

Es oportuno aclarar, que los dictámenes del abogado del niño se limitan a solicitar lo que el mismo pide mientras que el Representante Complementario se centra en peticionar lo que resulte más beneficioso para ese pequeño más allá de su pedido expreso.

Con respecto a la asistencia letrada del niño, niña o adolescente en un procedimiento de adopción existen distintas posturas. Existe una postura amplia que considera que debe designarse al abogado del niño, cualquiera fuera su edad y grado de madurez.

Una postura intermedia que considera que deben contar con asistencia letrada los niños conforme a su grado de madurez y capacidad progresiva y una postura restringida que considera que debe designarse la defensa técnica de los niños, niños y adolescente cuando cuenten con trece años de edad en adelante, grado de madurez y autonomía progresiva.Con relación a la cuestión etaria, los juzgados de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Genero consideran debe designarse abogado del niño a los pequeños a p artir de los diez años en adelante conforme lo establecido por el inc. «d» del art. 617 del CCyC.

Al respecto una ilustre doctrinaria nos dijo al respecto: «(.) En un extremo se ubica la postura amplia que admite la designación del abogado, cualquiera que sea la edad de ese niño; en el otro, la visión restringida, que exige discernimiento para los actos lícitos y se sustenta en el criterio cronológico. En el medio, buscando el equilibrio, la que se asienta en la valoración de la madurez del niño y su autonomía progresiva (.)». (4)

El CCyC se inclinó por una postura intermedia. En el caso de un adolescente su edad y grado de madurez se presume; si es un niño o niña corresponderá al juez analizar si los mismos tienen el grado de madurez necesario para contar con asistencia letrada.

XI. NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA DE LA ADOPCIÓN

Es muy importante que el procedimiento de adopción cumpla con todos los requisitos objetivos y subjetivos exigibles en la materia y evite provocar vicios «in procedendo» o «in iudicando» que lleven a declarar la nulidad relativa o absoluta de la adopción.

Los actos de nulidad absoluta son los que contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres. La Fiscal de Familia interviniente velara para evitar que se contravengan estas cuestiones. Dicha nulidad puede alegarse de oficio, por el Ministerio Público y por cualquier interesado, sin posibilidad de sanearse por la confirmación del acto ni por la prescripción atento lo establecido por el art. 387 del CCyC.

A su vez, puede disponerse la nulidad relativa a pedido de parte interesada en algunos actos a los cuales la ley le impone esta sanción en protección del interés de ciertas personas.Dicha nulidad si admite la posibilidad de saneamiento por la confirmación del acto y por la prescripción de la acción conforme lo normado por el art. 388 del CCyC.

Los casos que conllevan a la nulidad absoluta se encuentran enumerados en el artículo 634 del CCyC, los cuales son: la edad del adoptado; la diferencia de edad entre adoptante y adoptado; la adopción que hubiese tenido un hecho ilícito como antecedente necesario, incluido el abandono supuesto o aparente del menor proveniente de la comisión de un delito del cual hubiera sido víctima el menor o sus padres; la adopción simultánea por más de una persona, excepto que los adoptantes sean cónyuges o pareja conviviente; la adopción de descendientes; la adopción de hermano y de hermano unilateral entre sí; la declaración judicial de la situación de adoptabilidad; la inscripción y aprobación del registro de adoptantes; i. la falta de consentimiento del niño mayor de diez años, a petición exclusiva del adoptado.

Los casos que conllevan a la nulidad relativa se encuentran enumerados en el artículo 635 del CCyC, los cuales son: la edad mínima del adoptante; vicios del consentimiento; el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído, a petición exclusiva del adoptado.

XII.CONCLUSIÓN

Es dable destacar que las reformas introducidas en el CCyC con relación a esta figura legal se hicieron pensando en un mayor beneficio para los niños, niñas y adolescentes a la luz de los principios y normativas imperantes en la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños.

A consecuencia de ello, se han logrado admitir distintas demandas de adopción donde la situación fáctica descripta no encontraba sustento legal o requería de la declaración de inaplicabilidad de alguno de los articulados de nuestro código de fondo para lograr una sentencia favorable y fundamentada en el interés superior del niño.

Las nuevas reformas hicieron hincapié en el derecho a ser oído del niño, niña y adolescente y a tener muy en cuenta su opinión conforme su edad y grado de madurez.

Es que a diario se observan nuevos formatos de familias que crecen, se desarrollan y van generando distintos tipos de relaciones familiares que los magistrados, a la hora de resolver dichas demandas, y los legisladores, a la hora de promulgar nuevas leyes, no pueden no tener en cuenta.

Lógicamente, que tampoco podemos permitir que «valga todo», que todo se justifique ya que existen ciertos principios, formatos y normativas en estos procedimientos que se deben respetar, ya que los niños pasan a adquirir un nuevo estado de familia con la importancia que ello implica.

En consecuencia, se estimula el trabajo interdisciplinario con el Equipo Técnico del Fuero a fin de tener distintas miradas de profesionales sobre la problemática en cuestión, evaluando la situación fáctica de cada caso en concreto al momento de tomar una resolución.

Por último, puedo concluir en que los cambios en nuestro código de fondo fueron positivos, adaptados a las nuevas demandas sociales, aunque como dijimos anteriormente, quedan algunos cabos sueltos y muchas cuestiones por ajustar y mejorar para perfeccionar los procedimientos de adopción pensando en un mayor beneficio para los niños, niñas y adolescentes

Bibliografía

HERRERA, M. (2017): Manuel de Derecho de las Familias.Ciudad Autonoma de Buenos Aires: Abeledo Perrot.

S.O.D – Adopcion plena, sentencia n° 13 (juzgado de niñez, adolescencia, violencia familiar y genero primera nominacion, secretaria uno, Ciudad de Cordoba de fecha 25 de octubre de 2017).

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(1) Artículo 20 de la Convención Internacional sobre Derechos de los Niños: 1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.

(2) Artículo 21 de la Convención Internacional sobre Derechos de los Niños: Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y:a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario;

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen;

c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el país de origen;

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de adopción en otro país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella;

e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe por medio de las autoridades u organismos competentes.

(3) HERRERA, Marisa: «Manual de Derecho de las Familias», 1ra ed., 3ra reimpresión, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2017, pág. 563.

(4) KELMERMAJER DE CARLUCCI, Aida y MOLINA DE JUAN, Mariel F.: «La participación del niño y el adolescente en el proceso judicial», RCCyC, Thomson Reuters, noviembre 2015, pág. 5

(*) Abogado, UNC. Notario, Universidad Siglo 21. Miembro del Poder Judicial Fuero de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Género de la Provincia de Córdoba. Adscripto en el segundo año de la asignatura de derecho procesal civil en la Universidad Blas Pascal con la Dra. Giselle Zelerkraut. Adscripto en el segundo año de la asignatura de derecho privado VI en la Universidad Nacional de Córdoba a cargo del Dr. Fabián Faraoni. Curso de posgrado en violencia familiar con perspectiva interdisciplinaria e interjurisdiccional, Universidad Católica de Córdoba. Maestrando en derecho procesal (Universidad Empresarial Siglo XXI). Curso de posgrado virtual Centro Núñez: Género y Derecho en el Ámbito Judicial. Perspectivas teóricas y prácticas. Disertante y coordinador de la secretaría de graduados de la Facultad de Derecho de la UNC. Diplomado en Derecho de las Familias – club de Derecho

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