Mi abogado se quedó con mi indemnización: Se suspende a un abogado en el ejercicio de la profesión por seis meses, por cobrar sumas que correspondían ser entregadas a su cliente

sancion abogadoPartes: I. A. G. c/ Colegio Publico de Abogados de Capital Federal s/ ejercicio de la abogacia – ley 23187 – art 47

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 26-dic-2019

Cita: MJ-JU-M-122989-AR | MJJ122989 | MJJ122989

Se aplica la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de seis meses al abogado que cobró sumas que correspondían ser entregadas a su cliente.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de seis meses impuesta al abogado actor pues se ha corroborado que cobró sumas en exceso, que correspondía que fueran entregadas a su cliente, lo que evidencia una retención indebida de fondos, que vulnera lo normado por los arts. 6 inc. e) y 44 incs. e), g) y h) de la Ley 23.187 y arts. 6 , 10 inc. a) y 19 incs. a), c), y f) del Código de Ética. 2-La trasgresión de los arts. 6º, inc. e, de la Ley 23.187, según el cual se encuentra entre los deberes del abogado el de comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional, y 44, incs. e, g y h, de esa misma Ley y arts. 6°, 10 inc. a y 19 incs. a, c, y f del Código de Ética, se encuentra acreditada pues el actor cobró las sumas en exceso, que correspondía que fueran entregadas a su cliente, evidenciando una retención indebida de fondos.

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Fallo:

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2019.

VISTO:

El recurso directo de apelación deducido por el actor a fs. 67/76 contra la resolución de fs. 61/64; y CONSIDERANDO:

1°) Que, el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal inició causa disciplinaria contra el abogado G. I. A., como consecuencia de la denuncia presentada por el señor Marcelo Fabián Osorio, quién se agravió de la conducta profesional desplegada por el letrado, con motivo del accidente de tránsito que sufrió el 24 de septiembre de 2009 y que dió nacimiento a la causa «Osorio, Marcelo Fabian c/ Macchiavello, Marcelo Dante s/ DS y PS, con trámite ante el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 49. En sustancia, según dicha denuncia, el abogado I. A., como consecuencia de la sentencia dictada en esos autos el 26 de mayo de 2016, lo cito en febrero de 2017 a fin de entregarle la suma de $72.000, y posteriormente -con la intervención de un nuevo letrado- tomo conocimiento de que el Dr. I. A. no le había abonado el total de su crédito, en tanto refiere que debió haber cobrado $189.391, que contemplaba los intereses de la deuda.

Añadió que el denunciado abandonó la causa, pendiente un recurso de apelación de la sentencia de primera instancia, declarándose la caducidad del recurso.

2°) Que, el 6 de junio de 2019, la Sala II del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a través de la sentencia número 5420, resolvió imponer al abogado I. A. la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de seis (6) meses contemplada en el art. 45, inc. d, de la ley 23.187 a partir del día 30 hábil de la resolución.

Para resolver de ese modo, el referido tribunal tuvo en cuenta, en sustancia, que:a) «.resulta probado a tenor de las constancias del expediente judicial que corre por cuerda, «Osorio Marcelo Fabián c/ Macchiavello Marcelo Dante s/ Daños y Perjuicios», expediente n° 22.01972010.que a fs. 377/390 se dictó sentencia haciendo lugar parcialmente a la demanda y ordenando pagar al actora la suma de setenta y dos mil pesos ($72.000) más intereses y costas.»; que «A fs. 391 el Dr. I. A. apeló la sentencia, en su carácter de apoderado del Sr. Osorio»; que «A fs. 402 se elevan las actuaciones el 9 de septiembre de 2016»; y que «A fs. 406 se declara la caducidad de la segunda instancia por falta de actividad procesal por parte del apelante (En fecha 8 de febrero de 2017)». b) Que, asimismo, «A fs. 408/409 se presentaron el Dr. I. A. y el Dr. Torres, apoderado de la demandada y practicaron liquidación definitiva y formularon acuerdo de pago.De la liquidación practicada surgía que se abonaría al Dr. I. A., apoderado de la actora la suma de $ 189.391,65, mediante dos cheques a su nombre, en tanto tenía facultades para percibir, según el poder otorgado.A fs. 413 se aprueba la liquidación practicada.»y «A fs. 420 el 27 de marzo de 2017 el Dr. I. A. da carta de pago y refiere que no tiene más nada que reclamar en concepto de capital e intereses». c) «.que queda sin dilucidar, la cantidad de dinero recibida por el Sr. Osorio en definitiva, lo que no ha podido ser demostrado por el Dr. I. A.». d) «.resulta palmario que el Dr. I. A. quién se desempeñara como apoderado, prescindió de la voluntad de su cliente, para tomar decisiones determinantes para el curso del proceso.porque luego de haber apelado la sentencia, no instó el impulso de la apelación y dejo caducar la instancia, para luego acordar con la demandada el pago de la sentencia mediante un escrito presentado en el expediente, sin vislumbrarse la voluntad de su cliente en todos estos actos procesales, o al menos documentarse de ello. e) «El Dr. I. A. por su parte, refirió haberle pagado todo al Sr. Osorio pero no pudo probar dicho extremo, por lo que subsiste la versión del denunciante, máxime si se tiene en cuenta que el profesional tenía poder para percibir y los cheques se libraron a su nombre y fueron depositados por él en su cuenta.Así pues cabe concluir que no se encuentra probada la entrega de la totalidad del dinero perteneciente al cliente.» f) «Ha quedado demostrado con las constancias de autos, que el Dr. I. A. cobró sumas en exceso, que correspondía que fueran entregadas a su cliente, lo que evidencia una retención indebida de fondos.vulneró lo normado por los arts.6 inc. e) y 44 incs. e), g) y h) de la ley 23.187 y arts. 6, 10 inc. a) y 19 incs. a), c), y f) del Código de Ética.

3°) Que, en el recurso de fs. 67/76, el letrado sostuvo, en síntesis, que: a) La decisión es errada, por considerar que el Tribunal de Disciplina incurrió en ilegalidades e irregularidades procesales durante la sustanciación del procedimiento disciplinario, arribando a un pronunciamiento definitivo arbitrario, e impuso una sanción excesivamente grave y desproporcionada que carece de base fáctica y de probanzas.

En ese sentido, pone de resalto:(i) la sentencia desoye el dictamen de la Unidad de Instrucción, quién no acusa y pide la desestimación del agravio principal, (ii) no respeta las normas y garantías procesales del reglamento de procedimientos para el Tribunal de Disciplina del CPACF; (iii) este último interpreta los hechos basándose en presunciones y dando por ciertos arbitrariamente los dichos del denunciante sin prueba alguna que los avale; (iv) incurre en un errado encuadre jurídico y en la falta de equivalencia y proporción entre las supuestas faltas cometidas y el excesivo plazo de suspensión como sanción disciplinaria. b) Con referencia al dictamen de la Unidad de Instrucción (fs. 25/27) destaca que se concluyó en la falta de pruebas sobre la retención denunciada; que no hay actuación civil, ni penal del denunciante al respecto y que se pidió la desestimación del agravio principal. Sobre esa base, afirma que el Tribunal nunca abrió la instancia en el proceso a fin de debatir sobre la rendición de cuentas practicada por su parte con relación a su actuación en el juicio civil por daños y perjuicios. Si bien reconoce que se le confirió traslado a fin de sustanciar la acción, señala que no se le permitió producir pruebas, ni expresar su alegato, en los términos de los arts. 10, 10bis y 11 del RPTD. c) Desconoce las conclusiones a las que arribó el Tribunal de Disciplina, así como la exposición de los hechos informada por el denunciante y desde su postura, realiza el relato de lo sucedido como consecuencia de su actuación en la causa civil en la que representó al denunciante. Afirma que siempre tuvo comunicación directa con su cliente, informándolo en todo momento el estado procesal de las actuaciones y consultándolo cada decisión vinculada a la gestión profesional encomendada. Asimismo, destaca que la presentación del denunciante carece de todo sustento legal por cuanto percibió íntegramente la indemnización fijada por el juez de primera instancia en el juicio de marras.d) En relación con la caducidad del recurso de apelación decretada en la referida causa civil, indica que fue dispuesta de oficio por la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, con posterioridad a la celebración del acuerdo de pago de la condena establecida en la sentencia de primera instancia. Por dicha circunstancia considera abstracta la providencia que deja firme la sentencia de primera instancia toda vez que las partes acordaron el pago de la condena con anterioridad, poniendo fin al proceso. Alega que si se le hubiese permitido producir la prueba ofrecida en su descargo habría quedado claro el momento en que fue celebrado el acuerdo transaccional presentado en dichas actuaciones judiciales y si las partes decidieron consentir la sentencia de primera instancia. e) Finalmente, acusa la falta de proporcionalidad de la medida al señalar que, sancionar tan gravemente a un abogado quitándole la posibilidad de trabajar durante un lapso tan largo sin haber cometido ningún acto ilícito, representa un injustificado exceso y una arbitrariedad manifiesta. En este aspecto, destaca que no cuenta con sanciones disciplinarias pendientes a la fecha de su contestación.

4°) Que, ya ante esta alzada, se practicó el traslado ordenado al Colegio Público quien, tras ser notificado, contestó los agravios (fs. 88/97 vta.).

Destaca que el Tribunal de Disciplina no sólo analiza los hechos configurativos y los elementos obrantes con relación a la conducta realizada, sino que también considera los antecedentes disciplinarios del matriculado y el lapso de reincidencia en su obrar siendo que en el presente hubo una conducta similar, la cual quedó firme en el año 2018, con una sanción de multa, en autos: «I. A., G. y otro c/ CPACF s/ Ej. De Abogacía Ley 23.187 – art. 47», Expte. N° 34464/2014, que tramitó ante este Tribunal.

Asimismo, señala que los dictámenes de la Unidad de Instrucción no son vinculantes para el Tribunal de Disciplina, de conformidad con lo establecido por el art.82, quater, inciso e, del Reglamento Interno del CPACF y que en el caso el dictamen fue errado toda vez que el Dr. I. A. no pudo demostrar que le entregó al Sr.Osorio, la totalidad de las sumas ($189.391,65) que percibiera en una cuenta personal, atento a las constancias que surgen del expediente judicial «Osorio Marcelo Fabián c/ Macchiavello Marcelo Dante s/ Daños y Perjuicios», expt. n° 22.019/0.

Sobre el análisis circunstanciado que realiza de la referida actuación judicial, afirma que el acuerdo y liquidación de intereses fue presentado con posterioridad al decreto de caducidad del recurso de apelación interpuesto por el letrado, contra una sentencia que hizo lugar en forma parcial a la demanda de su cliente, por considerarse que la misma afectaba los intereses de su representado para, luego, no impulsar dicha instancia.

5°) Que, oportunamente, emitió su dictamen el Señor Fiscal General, quien no encontró óbices a la admisibilidad formal del recurso interpuesto (fs. 99).

6°) Que, ante todo, cabe recordar que esta Cámara tiene dicho que las sanciones que aplica el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal remiten a la definición de faltas supuestamente deontológicas, esto es, de infracciones éticas más que jurídicas propiamente dichas, en cuyo diseño juegan enunciados generales o inespecíficos, que si bien no resultarían asimilables en un sistema punitivo abstracto fundado en una situación de supremacía general, caben perfectamente bajo un régimen de supremacía especial, como expresión tanto de la disciplina interna de la organización como por la cercanía moral de los títulos del órgano sancionador, pares del inculpado, interpretando un sistema ético que envuelve a ambos (confr. Sala I, «A. I., W. A.c/Colegio Público de Abogados del Capital Federal», sentencia del 29/8/00; Sala III, «Escudero, Roberto Franklin c/ CPACF» , sentencia del 27/07/09; esta Sala, «Ponce Azucena Isabel c/ CPACF (Expte 23056/08)», sentencia del 4/08/11 y «Gaineddu Juan Daniel c/ CPACF (19930/22960)», sentencia del 17/04/12, entre otras).

Por consiguiente, la subsunción del supuesto fáctico concreto dentro de la fórmula de la infracción deontológico profesional, es, como principio, atribución primaria de quien está llamado —porque así lo ha querido la ley— a valorar comportamientos que, precisamente, pueden dar lugar a la configuración de infracciones, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en las que ha mediado indefensión o la decisión resulte manifiestamente arbitraria (confr. Sala V, causa «Alvarez, Teodoro c/ CPACF», sent. del 16/8/95; esta Sala, expte N° 12.353/2012, «Mosquera Carlos Alberto c/ CPACF (Expte 24325/09)», sent. del 14/8/12; entre otras).

7°) Que, en el caso, la sanción del Tribunal de Disciplina se fundó en la trasgresión de los arts. 6º, inc. e, de la ley 23.187, según el cual, entre los deberes específicos de los abogados, se encuentra el de «.comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional», y 44, incs. e, g y h, de esa misma ley y arts. 6°, 10 inc. a y 19 incs. a, c, y f del Código de Ética, por considerar acreditado que el Dr.I. A.cobró las sumas en exceso, que correspondía que fueran entregadas a su cliente, evidenciando una retención indebida de fondos.

8°) Que, evaluada la apelación bajo examen, y sin perjuicio del esfuerzo en la argumentación desarrollada por el letrado recurrente, se anticipa que el recurso por el deducido carece de mérito para desvirtuar la sanción que se le aplicó.

9°) Que, en efecto, en el sub lite, no se encuentran controvertidos una serie de hechos relevantes que subyacen al reproche de conducta realizado por el Tribunal de Disciplina en la resolución adoptada, teniendo en cuenta que aquél tuvo a la vista las constancias que surgían de la causa civil. Entre ellos, ningún elemento de prueba acompañado a la causa ni consideración alguna permite desvirtuar: a) Que se decretó la caducidad de la apelación interpuesta por el letrado contra una sentencia que hizo lugar parcialmente a la demanda de su cliente. b) Que no se prueba consentimiento expreso del cliente respecto del acuerdo arribado por el letrado con la parte demandada presentado en la causa civil con posterioridad al decreto de caducidad de la apelación. c) Que el Dr. I. A. percibió dos cheques que fueron depositado en su cuenta, como consecuencia del acuerdo referido y que otorgó -el 27 de marzo de 2017-, carta de pago por dichos importes. d) Que el Dr. I. A. no acreditó en autos recibo, carta de pago o constancia de la entrega de los fondos percibidos, a su cliente. e) Que el Dr. I. A., a la fecha de la sanción, contaba con antecedentes disciplinarios, conforme surge de los antecedentes de la causa n°34464/2014, que tramitó ante esta Sala.

10) Que, a esta altura, es razonable concluir en que el contacto que el referido letrado pudo tener con el señor Osorio, entregándole prima facie, la suma de $72.000.- (v. constancia de fs.35), no puede suplir la adecuada rendición de cuentas que aquel profesional debió realizar por las gestiones encomendadas en defensa de los intereses que representaba y las sumas por él percibidas en tal carácter ($189.391,65).

11) Que tampoco puede tener virtualidad alguna para desmerecer la sentencia, lo dictaminado por la Unidad de Instrucción (v. fs.

26/28) habida cuenta de que, más allá de carecer de efectos vinculantes para el Tribunal de Disciplina, no surge del dictamen el análisis circunstanciado de los antecedentes de la causa civil, que sí se efectúa en la sentencia apelada. Lo expuesto, sin dejar de considerar el tenor, limitación y pertinencia de la prueba ofrecida por el recurrente en su descargo (ver en especial punto V PRUEBA de fs. 39 vta./40), frente a la denuncia formulada.

12) Que, en atención a lo expuesto, el recurso deducido carece de todo mérito al esgrimir que se encontró transgredido su derecho de defensa, cuando la única prueba documental acompañada por el recurrente fue la copia parcial de la sentencia dictada en sede civil que consta a fs. 35. En síntesis, examinados los antecedentes del caso y los agravios planteados, cabe concluir que no se advierte en autos la existencia de vulneración del derecho defensa ni arbitrariedad, razón por la cual corresponde confirmar la resolución apelada.

Por lo demás, tampoco se advierte un supuesto de exceso o arbitrariedad en la determinación de la sanción aplicada, que justifique su anulación o reducción en esta sede judicial.

En efecto, tiene dicho el Tribunal que la fijación y graduación de la sanción es atribución primaria de la autoridad administrativa, principio que sólo cede ante una manifiesta arbitrariedad (conf. esta Sala in re «Jorge Luis Rebagliati SRL y otro c/ PNA -Disp 76/08 (Expte. B-9828/06)», 2/11/10, «OSBA c/ SSS – Resol 1497/10 (expte 130808/08)», sent.del 7/6/11, entre otras).

En el caso, la sanción de suspensión por seis meses dispuesta no aparece como manifiestamente arbitraria si se tiene en cuenta la entidad de la infracción cometida, los antecedentes del letrado y las circunstancias de hecho comprobadas en la causa, cuando el máximo de esa sanción es de un año de suspensión. De ese modo, no corresponde intervención alguna de este Tribunal para anular o modificar la sanción impuesta (cfr. Fallos: 313:153, considerando 6°; 321:3103, considerandos 4° y 6°).

13) Que, en atención a la naturaleza del asunto, el resultado obtenido y la trascendencia jurídica de la cuestión en debate – conforme la sanción de suspensión de seis meses impuesta-; y atento al motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada durante la única etapa que tuvo el trámite de este recurso directo (v. contestación de fs. 88/97 vta.), corresponde REGULAR en la suma de PESOS. ($.) -equivalentes a la cantidad de .U.M.A.- los honorarios de la doctora Karina Melano, quien actuó como letrada apoderada en la defensa de la parte demandada (arts. 16, 19, 21, 29, 44 in fine, 51 y ccdtes. de la ley 27.423; ac. CSJN 30/19).

Se deja constancia que la regulación que antecede deberá cancelarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 27.423, y que no incluye el Impuesto al Valor Agregado, monto que -en su caso- deberá ser adicionado conforme a la situación del profesional interviniente frente al citado tributo.

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:

1) Rechazar el recurso, con costas (art. 68 del CPCCN); y 2) Regular en la suma de PESOS.($.) los honorarios de la doctora Karina Melano, de conformidad con lo dispuesto en el considerando 13.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

JORGE EDUARDO MORAN

MARCELO DANIEL DUFFY

ROGELIO W. VINCENTI

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