Tirón de orejas para el abogado: Se le llamó la atención a un abogado por haber guardado silencio respecto de las vistas conferidas durante la sustanciación de una causa

llamado de atencionPartes: Z. M. A. c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ ejercicio de la abogacía – ley 23187 – art 47

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 10-dic-2019

Cita: MJ-JU-M-122927-AR | MJJ122927 | MJJ122927

Llamado de atención a un abogado por haber guardado silencio durante la sustanciación de una causa.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar el llamado de atención impuesto por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal a un abogado por el silencio guardado respecto de las vistas que le fueran conferidas durante la sustanciación de una causa, por cuanto tal actitud pasiva configuró una violación al deber de fidelidad, ya que no atendió los intereses confiados con celo, saber o dedicación según lo previsto en el art. 19 inc. a) in fine del Código de Ética.

2.-El abogado tiene la responsabilidad en la dirección del proceso o debe demostrar un interés efectivo en la defensa de los derechos de sus clientes, la actitud contraria a la conducta descripta configura una violación al deber de fidelidad, en tanto, no atendió los intereses confiados con celo, saber o dedicación según lo previsto en el art. 19 inc a) in fine del Código de Ética.

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3.-No resulta incongruente ni arbitraria la conclusión a la que arribó el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal con relación a la conducta del matriculado -el silencio guardado durante la sustanciación de un proceso se dispuso su apartamiento y se debió dar intervención a la Defensoría Oficial-, afectando el decoro y la ética profesional, haciendo peligrar el correcto ejercicio de la profesión de abogado.

Fallo:

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2019.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

1º) Que a fs. 53/56 la Sala II del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal impuso al Dr.

M. A. Z. (Tº 83 Fº 456) la sanción de «Llamado de Atención», prevista en el art. 45 inc. a) de la ley 23.187, por haber vulnerado lo dispuesto en los arts. 6 inc. e) y 44 incs. g) y h) de la ley 23.187 y arts. 10 inc. a), 19 inc. a) y 22 inc. a) del Código de Ética.

Para sí decidir, tuvo en cuenta la comunicación efectuada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional nº 2 por los hechos ocurridos durante la tramitación de la causa nº 4768, donde se dispuso apartar al letrado Z., en virtud del silencio guardado respecto de las vistas que le fueran conferidas durante la sustanciación de la causa seguida contra Juan Carlos Rosso por el delito de robo agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública.

2°) Que a fs. 88/90 el Sr. Defensor de Oficio apeló y fundó su recurso.

Consideró incongruente y arbitraria la sentencia del Tribunal de Disciplina por considerar que «[n]o hay pruebas de que la estrategia procesal del Dr. M. A. Z. haya causado un perjuicio a su defendido» -fs. 89-.

Solicitó se revoque el decisorio atacado.

3°) Que a fs. 104/110 contestó la representante del C.P.A.C.F.

Destacó que «[e]l quejoso no individualiza en forma concreta cual es el gravamen al cual alude, es por ello, que no ha cumplido con los extremos que requiere el art. 265 del CPCC» -fs. 104vta.-.

Señaló que «[l]as razones expuestas por el quejoso no son suficientes para refutar los sólidos argumentos de hecho y de derecho expuestos por el Tribunal de Disciplina» . «[s]olo se limita a expresar su disconformidad con lo resuelto»-fs.104vta.-.

Entendió que solo «[r]emite a transcribir algunos párrafos de los considerandos, no atacando mínimamente las causales de error de la decisión impugnada, como así también no realiza una crítica seria, razonada y concreta que la ley requiere» -fs. 105-.

Explicó que «[l]a Sala II del Tribunal de Disciplina, evaluando la prueba instrumental solicitada en las actuaciones penales, consideró que ha quedado palmariamente acreditado que el Dr. Z. asumió la defensa técnica del Sr. Juan Carlos Rosso a partir del acto de indagatoria, que corrida la vista por parte del Tribunal Oral respecto de la unificación de pena de prisión de cumplimiento efectivo respecto de su asistido, y que a pesar de estar debidamente notificado, guardó silencio frente a las constantes resoluciones judiciales, incumpliendo de esa manera su función como letrado defensor dejando a su pupilo procesal en un estado de total indefensión en el proceso penal» -fs. 105vta.-.

Indicó que «[e]xistió un HECHO OBJETIVO (el obrar omisivo por parte del Dr. Z. en su calidad de abogado defensor del Sr. Rosso, de la vista efectuada por parte del Tribunal, en relación a la unificación de pena de prisión de cumplimiento efectivo a aplicarse a su defendido, y que ante el primer silencio por parte del matriculado -peso a estar debidamente notificado- el Tribunal Oral procediera a apercibirlo y apartarlo de la defensa, cosa que así terminó sucediendo) que habilitó la actuación del Tribunal Oral en lo Criminal citado a denunciar la situación por ante el C.P.A.C.F.» – fs. 106vta.-.

Afirmó que «[e]l hecho objetivo puede (y debe) ser atribuido a la actuación profesional del matriculado encartado» -fs. 106vta.-.

Recordó que «[l]a obligación que presta un abogado es de medios y no de resultados. La profesión tiene riesgos implícitos y no es aceptable éticamente que se permita el abandono de la defensa técnica de su asistido en el proceso penal» -fs. 108-.

Finalmente, solicitó se confirme la sentencia apelada.

4°) Que a fs. 112/112vta. obra el dictamen del Sr.Fiscal General.

5°) Que si bien el escrito de apelación carece de una crítica concreta y razonada del fallo atacado, que logre rebatir los hechos y la conducta juzgada para llegar a la solución adoptada por el Tribunal de Disciplina -porque sólo expresa a modo de descargo cierta justificación a la conducta de su defendido-, por consideración a la defensa de los derechos en juego esta Sala tratará las manifestaciones articuladas en el escrito de fs. 88/90.

6°) Que entonces, la cuestión se circunscribe a ponderar si la conducta del recurrente infringió los principios que emergen de los arts. 10 inc. a), 19 inc. a) y 22 inc. a) del Código de Ética en cuanto indican que el abogado debe «[u]tilizar las reglas de derecho para la solución de todo conflicto, fundamentado en los principios de lealtad, probidad y buena fe»; «[a]tender los intereses confiados con celo, saber y dedicación» y será considerada falta grave «[n]o guardar un estilo adecuado a la jerarquía profesional en las situaciones ante el poder jurisdiccional y órganos administrativos», así como de lo previsto en el art.6 inc. e) que establece que son deberes específicos de los abogados «[c]omportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional» y en el art. 44 incs. g) y h) de la ley 23.187, en cuanto establece que quedarán sujetos a las sanciones disciplinarias por el «[i]ncumplimiento de las normas de ética profesional sancionadas por el Colegio» y «[d]e las obligaciones o deberes establecidos por esta ley».

Al respecto, no existen dudas que el Dr. Z. asumió la defensa técnica del Sr. Juan Carlos Rosso y que, de la vista efectuada por parte del Tribunal, en relación a la unificación de pena de prisión de cumplimiento efectivo a aplicarse a su defendido, ante su silencio – y pese a estar debidamente notificado- el Tribunal Oral procediera a apercibirlo y apartarlo de la defensa.

Ello surge claro del auto dictado por el Sr.Juez a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional nº 2 de la Capital Federal que ante el silencio guardado por el Dr. Z. se dispuso apartarlo de la defensa del Sr. Rosso y se le dio intervención a la Titular de la Defensoría Oficial ante los Tribunales Orales nº 15 (ver fs. 17 y fs. 19).

La decisión del Juzgado de proveer al defendido de la defensa oficial obedeció a la actitud omisiva del letrado para con su pupilo.

Al respecto, es dable señalar que la defensa en juicio no es una garantía cuyo ejercicio se vislumbre de manera formal, a través de la mera designación de un defensor, sino que debe traducirse en actos concretos de defensa material de la persona que se encuentra sometida a proceso, tendiente a resistir la acusación formulada en su contra. De modo que no basta para cumplir con las exigencias básicas del debido proceso que el acusado haya tenido defensor de manera formal, sino que es menester además que aquél haya recibido una efectiva y sustancial asistencia de parte de su defensor (Fallos: 310:1934), circunstancia que el Dr. Z. no ha cumplido.

A mayor abundamiento, conviene recordar que quien ejerce la profesión de abogado debe poseer los conocimientos teóricos y prácticos y, obrar de acuerdo a las reglas pertinentes, con la diligencia, previsión y prudencia necesarias. Es por ello, que el ejercicio de la defensa debe ser cierto y debe asegurar la defensa en juicio.

Asimismo, cuadra destacar que el abogado tiene la responsabilidad en la dirección del proceso o debe demostrar un interés efectivo en la defensa de los derechos de sus clientes. La actitud contraria a la conducta descripta configura una violación al deber de fidelidad, en tanto, no atendió los intereses confiados con celo, saber o dedicación según lo previsto en el art. 19 inc. a) in fine del Código de Ética.Al respecto, vale conmemorar que, «.[l]a obligatoriedad del cargo de defensor no puede ser un mero formalismo, sino que la asistencia letrada de todo imputado debe traducirse en una efectiva defensa, en salvaguarda de sus derechos» (conf. esta Sala in re «Castiñeiras, Daniel Omar c/ C.P.A.C.F. (Expte 24867/10)», del 12 de junio de 2012).

Así las cosas, debemos destacar que el abogado es libre de aceptar o rechazar el asunto que se le encomienda (art. 20 del Código de Ética) pero si lo acepta, su responsabilidad es única e intransferible.

Por lo demás, cabe agregar que la obligación impuesta no se limita a una relación entre cliente-profesional solamente, sino también afecta, como en este caso, a la institución judicial al producir un dispendio jurisdiccional carente de sentido. La actitud pasiva adoptada no se condice con el actuar diligente que debe tener todo letrado y que no llevó a cabo.

7°) Que sentado lo expuesto, no se advierte ejercicio ilegal o arbitrario de la potestad disciplinaria, por cuanto la actitud contraria a los deberes éticos del abogado denunciado, vulnera lo prescripto en los arts. 10 inc. a), 19 inc. a) y 22 inc. a) del Código de Ética y lo previsto en los arts. 6 inc. e) y 44 incs. g) y h) de la ley 23.187. Máxime que el pupilo del encartado -Sr. Juan Carlos Rosso -, debió ser asistido por un Defensor Oficial -fs. 17 y fs. 19-.

8º) Que el abogado debe tener presente que es un servidor de la justicia y un colaborador de su administración por lo que la ley 23.187 por su art. 6°, inc. e) establece, como regla general de conducta, su deber de comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional. Consecuentemente el Código de Ética prevé tal conducta como deber inherente al ejercicio de la abogacía, sustentado en el principio de solución de todo conflicto conforme a las reglas del derecho (confr. art. 10, inc.a) en sentido concordante sentencia de esta Sala, causa n° 37123/2013, «Izus Diego Hernán c/ C.P.A.C.F.», del 31/10/2013).

Conductas como la descripta en autos, comprometen el respeto y la dignidad profesional, afectando también la lealtad, probidad y la buena fe que el abogado ha de exhibir frente a su cliente porque es deber de trascendental importancia la transparencia en la relación profesional-cliente, basado en un marco de confianza entre ellos, considerando que cualquier elemento que afecte dicho entorno entorpece la labor encomendada y perjudica la defensa de los intereses y derechos en pugna.

9º) Que finalmente, debe recordarse que por regla, la apreciación de los hechos, de la gravedad de la falta y la graduación de las sanciones pertenece al ámbito de las facultades propias del tribunal administrativo, en cuyo ejercicio éste no debe ser sustituido por los jueces (conf. esta Sala in re «Maldonado Eduardo Gabriel c/ C.P.A.C.F.» del 16/09/2014). La actividad jurisdiccional resulta limitada al control de ilegalidad o arbitrariedad que no ha quedado acreditada en el supuesto de autos.

Como consecuencia de lo hasta aquí expuesto, corresponde adelantar que los agravios del recurrente no resultan suficientes para enervar los fundamentos de la decisión que se impugna. Es que no se advierte arbitrariedad ni ilegalidad en la resolución sancionatoria que justifique su revocación o modificación por parte de esta Tribunal.

Con base en ello, no resulta incongruente ni arbitraria la conclusión a la que arribó el Tribunal de Disciplina con relación a la conducta del matriculado -el silencio guardado durante la sustanciación de un proceso se dispuso su apartamiento y se debió dar intervención a la Defensoría Oficial-, afectando el decoro y la ética profesional, haciendo peligrar el correcto ejercicio de la profesión de abogado.

10°) Que a fin de regular los honorarios, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa.Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.

Además a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba lleven a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limita la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala sentencia dictada ‘in re’ «Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M? de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos» del 30 -XII-97 y «Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/ Baiter S.A. » del 2-IV-98, entre otras).

Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más).

En atención a la naturaleza del asunto, la sanción impuesta y el resulado obtenido; atento el valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada en el marco del recurso tramitado y las presentaciones realizadas en sede administrativa, corresponde regular la suma de PESOS.($ .-) -equivalente a (.) UMA- los honorarios de la DRA. ANA LAURA NUÑEZ, por su actuación como letrada apoderada, actuante en la defensa de la demandada (arts. 16, 20, 21, 29, 44, 51 y ccdtes. de la ley 27.423-Dto.Nº 1077/17 y la Acordada 30/19 de la C.S.J.N.).

El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re: «Beccar Varela Emilio – Lobos Rafael Marcelo -c/Colegio Públ. de Abog.» del 16 de julio de 1996).

Para el caso de que la profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.

Los honorarios fijados precedentemente deberán ser abonados dentro de los diez (10) días de notificados la presente resolución (art. 54 de la ley de arancel).

En caso de incumplimiento, el acreedor queda facultado para solicitar la intimación de pago para que se cumpla en el plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de ejecución, la que tramitará por ante primera instancia del fuero.

Para ello, hágase saber al presentante que, en virtud de lo normado por la ley 26.685 como así también en razón de lo dispuesto en el pto.

2º) de la Acordada Nº 6/14 de la C.S.J.N., los documentos electrónicos que surgen del Sistema de Consulta de Causas del Poder Judicial de la Nación (http://scw.pjn.gov.ar/scw/home.seam) tienen la misma eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales; de modo tal que al no resultar necesaria su certificación, las mismas deberan ser presentadas en la mesa de asignaciones de la secretaría general de la Cámara para el ingreso del respectivo incidente. Si vencidos los plazos mencionados el interesado no impulsa el proceso en el término de diez (10) días hábiles, las actuaciones se remitirán a la instancia de origen sin más trámite.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: a) confirmar el pronunciamiento recurrido, con costas (art. 68 del C.P.C.C.N.) y b) se regulan los honorarios conforme el considerando 10º).

JOSE LUIS LOPEZ CASTINEIRA

JUEZ DE CAMARA

MARIA CLAUDIA CAPUTI

JUEZ DE CAMARA

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