Manual para reclamar (y ser aceptada judicialmente) la reparación de daños originados en un accidente o enfermedad del trabajo. Por Eduardo L. Mezio.

Accidente Laboral

Primer premisa básica: para hacer un reclamo por los daños y perjuicios que ha sufrido un trabajador emergente de un accidente o enfermedad del trabajo que realizaba, hay que determinar el tipo de relación existente entre el “acreedor” (el trabajador) y el “deudor” de la obligación de seguridad y de pago del daño ocasionado (la ART).

La única doctrina que ha analizado la realidad de esta relación, se ha originado en la Ley de Defensa del Consumidor (en adelante LDC) y luego en el Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante CCyC) han sido los que le han dado sustento jurídico valedero e irrefutable (por lo menos hasta hoy). Se aceptan toda clase de críticas fundadas a la misma.

Paso Uno.

La demanda se fundamenta en la relación de consumo existente entre la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (en adelante ART) que ha contratado el empleador, y el trabajador accidentado o enfermo. Los artículos de la LDC son los números 1, 2 y 3. Los artículos del CCyC son el 1092 y 1093. Estos artículos definen al “usuario”, al “proveedor” y a la “relación de consumo”.

Esta mención, especialmente el sistema de la Defensa del Consumidor, que tiene fundamento constitucional en el artículo 42 de la CN, es fundamental porque determinará la iniciación y continuación del proceso judicial, de acuerdo a las reglas que determina la LDC, que son muchísimo mas favorables al trabajador/a que las contenidas en la Ley de Riesgos del Trabajo (en adelante LRT).

Paso Dos.

Detallar y explicar las causas del accidente o de la enfermedad, su tratamiento por parte de la ART y la incapacidad derivada de los hechos que afecta al trabajador/a. En caso que la ART haya “rechazado el siniestro” (accidente de trabajo, accidente de trayecto o enfermedad profesional) por una causal que no cumpla con lo determinado en el artículo 4 de la Resolución SRT N° 9/2018, y remita al trabajador a la Obra Social, sin mas queda abierta la vía jurisdiccional.

Mencionar expresamente la causa origen del Accidente de Trabajo (AT en adelante) o de la Enfermedad Profesional (ET en adelante).

Paso Tres.

Pruebas de la Imputación de responsabilidad a la ART. En la gran mayoría de los casos de ocurrencia de un AT, y en la totalidad de los casos de ET, la ART es responsable por no haber otorgado la Prevención de los mismos que, de acuerdo al art. 16 acápite 1 del decreto 472/2014, debe otorgarla.

El origen de este incumplimiento que lleva al AT o a la ET de los trabajadores, es la no realización del relevamiento de los agentes de riesgos en los lugares de trabajo por parte de la ART. No se puede hacer prevención de riesgos que se desconocen. El nexo de causalidad es el incumplimiento de la ART de la prestación de Prevención.

Se puede fundamentar la prevención que debe hacer la ART y que no hace en: Dec. 170/96: art. 18 inc. a; art. 19 inc. c; art. 19, inc d; art. 19, inc e y art. 21; Res. SRT N° 463/09 (según texto Res. SRT 529/2009): art. 10, incs. a, b y c; art. 12 y art. 20; Resolución SRT N° 741/2010: art. 1 y Anexo VI; Res 840/2005 ap. 4.4.; Res. SRT 525/2015 Anexo I y Ap. 4.6 Anexo I y Res. 9/2018 art. 4. En caso de reclamar daños originados en una EP se puede solicitar también: Listado de las “Enfermedades Profesionales” (según definición de la NSL 26693) detectadas en los “Exámenes Periódicos” realizados a los trabajadores del empleador; fechas en los que se realizó el “Relevamiento de Riesgos del Trabajo” de los lugares de trabajo y Listado de “Riesgos del Trabajo” relevados en sus lugares de trabajo.

Este pedido de pruebas que debería tener la demandada, se fundamenta en el Art. 1735 del CCyC y el tercer párrafo del Art. 53 de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240.

La no presentación de estas pruebas, implica que la ART nunca cumplió ninguna medida de prevención, porque, de haber llevado a cabo las medidas que se mencionan en los artículos de las resoluciones y decretos mencionados, no se hubiera producido el AT ni contraído la ET.

Paso Cuatro.

Reclamo de daños emergente de una EP. El planteo de la demanda en estos casos debe centrarse en que el “listado” del Decreto 658/96 ha sido derogado por la definición de “enfermedad profesional” (art. 1 del “Protocolo del Año 2002”) que recepta la NSL 26693 que ratifica en Convenio 155 de la OIT.

De acuerdo al art. 75, inciso 22 de la CN el instrumento que ratifica un convenio internacional, es una “Norma Supra Legal”. Por ello, la definición y el listado del año 1996, ha quedado totalmente derogado de pleno derecho. Es conveniente utilizar también las definiciones que se mencionan en el artículo 1 del Convenio y las del artículo 3 del Protocolo, entre las que se encuentra la de “enfermedad profesional”.

Esta interpretación, convalidada por la SCJN desde siempre, abre el reclamo para cualquier enfermedad que se pruebe fue contraída en la actividad laboral por acción de los factores de riesgo.

Leer el art. 4 de la Resolución N° 9/2018 que deroga el 8 de la Res. SRT 179/2015 a fin de verificar que la ART haya dado cumplimiento a los requisitos que allí se mencionan para el rechazo de la ET o AT. Mencionar que al rechazar la ET o el AT, la ART ha “expulsado” al trabajador/a del sistema, por lo que lo ha dejado en libertad de acción de utilizar o no la LRT para su reclamo. La razón jurídica es sencilla: si una de las partes no cumple la ley, la otra no puede ser obligada a cumplirla.

Es importante en este aspecto, que de necesitar una pericia médica, se pongan en los puntos de pericia la definición de enfermedad profesional mencionada en el Protocolo del año 2002, por cuanto de esta manera se obliga al perito designado que se aparte del Listado y determine, junto con la prueba restante, que ha sido contraída por los factores de riesgo del lugar de trabajo.

Paso cinco.

Derecho aplicable. Constitución Nacional arts. 19; 31 y 42. Normas Supra Legales Nros. 26693 y 26694. Código Civil y Comercial de la Nación: Título Preliminar Capítulo 1 (Derecho), Capítulo 2 (Ley), Capítulo 3 (Ejercicio de los Derechos) y Capítulo 4 (Derecho y bienes); Libro Tercero, Título Primero (Obligaciones en general); Título Tercero (Contratos de Consumo); Título Quinto Capítulo 1 (Responsabilidad civil); Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor y sus modificatorias. Ley Nacional 24557 de Riesgos del Trabajo (art. 1, 4 y 31). Ley Nacional 26485, art. 3 inc. c. Ley Nacional N° 26.773, artículo 4 Párrafo 2°. Decretos del PEN y Resoluciones de la SRT mencionadas.

Esta fundamentación basada en la unicidad del Derecho, se encuentra validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en fallo de fecha 16 de julio del corriente año, autos 210/2014 (50-V)/CS1 Recurso de hecho V., D. c/ Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno s/ amparo, cuando en su Considerando 7, tercer párrafo adoctrina: “Dicho estándar -que ahora recoge el artículo 3° del Código Civil y Comercial de la Nación- por lo demás, también hace pie en la esencial unidad del orden jurídico, … (lo remarcado en negrita no se encuentra en el original).

Bonus track.

Ventajas para el trabajador de la aplicación de la LDC y no de la LRT.

Anclaje constitucional en el art. 42 CN. Es una ley de “orden público” (art. 65 LDC). Establece el principio “in dubio pro consumattori” (art. 3 LDC). Obliga a suministrar información “cierta, clara y detallada … con las características esenciales de los bienes y servicios que provee” (art. 4 LDC). Positiviza el “deber de Seguridad” (arts. 5 y 6). Obliga a garantizar a los proveedores condiciones de atención y trato digno (art. 8 bis). Determina la “solidaridad amplia” entre los distintos proveedores (art. 40). Tiene un régimen de sanciones para las ART mas amplios que la LRT (art.47). Prescripción de las acciones a los 3 años en lugar de dos (art. 50). Obligación de aportar al proceso los elementos de pruebas en poder de la ART (art. 53).

Eduardo L. Mezio

FUENTE: Grupo14bis

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