El dilema de las relaciones de consumo: El coche usado adquirido para trabajar, a un particular que no es proveedor, excede el ámbito de la ley de Defensa del Consumidor

COMPRA AUTOPartes: El Cardal del Monte S.A. c/ Wagen S.A. y otros s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: B

Fecha: 18-dic-2019

Cita: MJ-JU-M-123072-AR | MJJ123072 | MJJ123072

Si el bien adquirido fue integrado a un proceso productivo y también utilizado para otras finalidades, por regla general es un acto de consumo, salvo prueba en contrario.

Sumario:

1.-En supuestos de integración parcial o uso mixto, en los que se adquiere un bien que integra al proceso productivo y también se lo usa para otras finalidades son, como regla general, actos de consumo, salvo que se pruebe lo contrario.

2.-En virtud de la regla del onus pobandi cupo a la actora la carga de acreditar -previo a cualquier otro extremo- que efectivamente ese fue el modelo prometido por el vendedor (CPCCN. 377 ). Pues en definitiva, el presupuesto esencial de su pretensión era la alegada diferencia entre el modelo que se intentó adquirir y el de la unidad entregada. Sin embargo, ninguna prueba aportó que otorgara sustento a su versión de los hechos, lo cual, por ende, resulta en un relato unilateral insuficiente para fundar o revertir una sentencia.

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3.-La exención de todo gasto es la télesis correcta de la norma y la única herramienta válida para hacer realidad el mandato constitucional del derecho de los usuarios y consumidores previsto en la CN., art. 42 .

4.-Del debate parlamentario que precedió a la sanción de la Ley 26.361 , surge que la distinción entre los conceptos ‘beneficio de justicia gratuita’ y ‘beneficio de litigar sin costas’ obedeció a que en el último se incluye la tasa de justicia; así, al constituir tal tributo un recurso de orden local, su exención no podía -por respeto a las autonomías provinciales- figurar en una ley de fondo, por lo que la única interpretación posible es que en las provincias el ‘beneficio de justicia gratuita’ comprende las costas que irrogue un proceso judicial iniciado de conformidad a la LDC. -con las salvedades allí establecidas- sin que se incluya dentro del mismo a la tasa judicial, aspecto sobre el cual habrá de estarse a lo que dispongan las respectivas jurisdicciones. Se concluyó en el citado antecedente que, en el orden nacional, cabe asimilar ambos beneficios (‘de justicia gratuita’ y ‘de litigar sin gastos’) conforme lo estatuido en el art. 78 , CPCCN., por lo que el actual art. 53 de la LDC. incluye no sólo la tasa de justicia sino también las costas que irrogue un proceso judicial iniciado conforme dicha normativa, siempre que aquéllas sean impuestas a su promotor.

5.-Cuando la acción es iniciada invocando la defensa de los derechos resguardados por la LDC., el régimen de gratuidad es aplicable ex lege y la demandada no podrá removerlo a menos que mediante incidente demuestre la solvencia del consumidor. Cuestión esta última que no ha sido acreditada en autos. Lo anterior refleja el criterio observado en los precedentes de la CSJN, a cuyas pautas jurisprudenciales deben ceñirse los tribunales inferiores a menos que se impongan motivos que justifiquen un apartamiento, ausentes en autos. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 18 días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, reunidas las señoras Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos seguidos por «EL CARDAL DEL MONTE S.A.» contra «WAGEN S.A. Y OTROS» sobre «ORDINARIO» (Expte. N° 20723/2014) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden: Vocalías N° 5, N° 4 y N° 6. Dado que la N° 5 se halla actualmente vacante, intervendrán las Dras. Ballerini y Gómez Alonso de Díaz Cordero (art. 109 RJN).

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

La señora Juez de Cámara Doctora Matilde E. Ballerini dijo:

I. «El Cardal del Monte S.A.» promovió demanda por daños y perjuicios contra el Sr. «Eurico Sa De Miranda», «Wagen S.A.» y «Volkswagen Argentina S.A.» además de reclamar ciertas piezas faltantes de la camioneta Amarok, 2.0. L TDI, 4×4, Highline Pack, Patente IKE 162; o las sumas necesarias para adquirirlas, con más intereses, y la imposición de la multa civil prevista en la ley 24.240, art. 52.

Relató que el 02/05/2012 adquirió al Sr. «De Miranda» la camioneta a fin de destinarla al uso del personal jerárquico y de la familia propietaria del establecimiento rural que gira bajo el nombre de «El Cardal del Monte». Por dicha operación de compraventa abonó $193.000 (fs. 155 vta.).

Agregó que compró ese rodado porque buscaba una herramienta de trabajo segura que contara con tecnología de punta en materia de seguridad. Afirmó que al realizar la verificación de los 10.000 km, advirtió que el modelo no era highline pack, sino uno inferior. Indicó que en el caso de la unidad objeto del litigio la garantía era de 3 años (fs.155 vta).

Explicó que verificó cuáles eran las piezas faltantes del rodado en comparación con el modelo highline pack. Señaló que pudo comprobar – además-que los asientos no eran originales por cuanto según su fecha de fabricación, habían sido cambiados.

Afirmó que el 04/03/2013 remitió cartas documentos a «Wagen» (concesionario oficial) y a «Volkswagen», quien luego de ser emplazado le remitió la factura N° N°0001-00034097 del 07/10/2011 que daba cuenta de la compraventa del vehículo Volkswagen Amarok CAB.DOB.2.0 TDI 4×4 PACK (FIF-ALF), domino IKF162 por $178.000 que realizó el Sr. «Eurico de Miranda» a «Wagen».

Indicó que tanto ante la aseguradora como en ARBA la unidad está registrada como Highline Pack.

Fundó su reclamo en la ley defensa del consumidor, pues consideró que se había incumplido el deber de información, y el de trato digno. Reclamó el cumplimiento de la garantía conforme lo prevé la LDC art. 11, solicitó que se aplicara la sanción que establece la LDC art. 52 bis.

«Volkswagen» opuso como defensa de fondo la de falta de legitimación pasiva, mientras que el Sr. «De Miranda» y «Wagen» la interpusieron como excepción de previo y especial pronunciamiento.

Los codemandados sustentaron sus planteos en la inaplicabilidad de la ley 24.240, porque la unidad objeto de la controversia fue adquirida e incorporada a un proceso de producción agropecuaria.

El Sr. «De Miranda» además aseveró que no revistió el carácter de proveedor en los términos de la LDC. En tal sentido, puntualizó que la enajenación del vehículo a favor de la accionante se realizó entre dos consumidores finales, siendo el objeto de la transacción la compraventa de cosas usadas, contrato que excede el ámbito de la ley 24.240. Por ende, no integró cadena de comercialización alguna, no siendo aplicable -entonces la regla de la responsabilidad solidaria.

«Wagen» afirmó que no había celebrado contrato alguno con la pretensora, pues el rodado fue vendido por «Eurico de Miranda» en condición de usado.Por tal motivo, alegó que la relación de consumo se agota en la primera compraventa.

II. La sentencia dictada a fs. 609/619 admitió la defensa de falta de legitimación pasiva invocada por las codemandadas y rechazó la demanda. Impuso las costas a la accionante vencida (CPr. 68).

Para así resolver, el Magistrado de la anterior instancia consideró que la actora y todas las co-accionadas no se vincularon mediante una relación de consumo en los términos de la ley 24.240.

En este marco conceptual, concluyó que «Eurico» no revestía la calidad de proveedor bajo la LDC art. 2, sino de consumidor y la pretensora la de sucesivo adquirente. Así, puntualizó que la actora sustentó su reclamo en los supuestos faltantes del rodado amparándose en la garantía del mismo.

Agregó que conforme a la LDC art. 11 establecen que el consumidor y los sucesivos adquirentes gozan de la garantía legal por los defectos y vicios de cualquier índole. Asimismo, indicó que la LDC art. 13 dispone que los integrantes de la cadena de comercialización son solidariamente responsables del cumplimiento de la garantía legal.

Por ende, concluyó que la ley distingue las figuras del consumidor y sucesivo adquirente de la de los sujetos intervinientes en la cadena de comercialización.

Finalmente, consideró que a tenor de los propios hechos denunciados por «El Cardal» no resultaba aplicable el referido régimen de protección de los consumidores. Ello por cuanto, la actora manifestó haber adquirido el vehículo como una herramienta de trabajo integrándose así al proceso de producción o comercialización.Por ello, entendió que correspondía admitir la excepción de falta de legitimación pasiva invocadas por «Volkswagen» y «Wagen».

Por lo demás, concluyó que aun cuando la ley 24.240 fuese aplicable, el resultado del pleito no resultaría alterado, pues la garantía no se encontraba vigente al tiempo en que se advirtió sobre los supuestos faltantes.

En tal sentido, señaló que la vigencia de ésta se extiende por tres meses para los bienes usados y seis meses en los demás supuestos, que en ambos casos deben computarse desde la entrega. Pudiendo las partes convenir un plazo mayor. Lo cual en el caso nunca sucedió con relación al vehículo usado.

Advirtió que el número de chasis del vehículo Amarok identificado en el «Plan de Asistencia Técnica Amarok» que la accionante acompañó para acreditar la vigencia de la garantía, era distinto del número de chasis del rodado objeto de la litis. Señaló que en dicho manual surge que la garantía de tres años es otorgada para unidades nuevas y que es transferible a los propietarios subsiguientes dentro de los límites de tiempo establecidos en el texto del certificado de garantía, siempre y cuando el registro de dicha transferencia se realizara a través del concesionario Volkswagen.

Advirtió que el reclamo de la pretensora se sustentó en la extensión de la garantía que surge del manual, en el que figura un rodado distinto al de la litis.

Añadió que dado que la actora afirmó haber tomado conocimiento sobre la diferencia de modelo al realizar la verificación vehicular del 07/05/2012, toda vez que lo adquirió el 07/10/2011, el período de tres meses de garantía estaba vencido.

III. Contra el decisorio se alzó la accionante a fs. 621, sus agravios de fs. 629/643 vta. recibieron respuesta de «Volkswagen» a fs. 645/657 quien impetró la deserción del recurso de la pretensora (CPr. art. 265).

A fs. 600 emitió dictamen la Sra. Fiscal General de esta Cámara.

IV.La actora reprocha el pronunciamiento recurrido por cuanto:

(i) determinó que era aplicable el Código Civil, Ley 340; (ii) concedió la defensa de falta de legitimación, y (iii) en el obiter dictum, sostiene que aun cuando se aplicara la ley 24.240 la garantía se encuentra vencida.

Asimismo, peticiona que se haga lugar a la demanda y se imponga a las codemandadas la multa civil prevista en la LDC art. 52 bis.

V. Pasaré a analizar los agravios de la recurrente y aclaro, no obstante, que al hacerlo exclusivamente atenderé a los aspectos que crea pertinentes para la correcta composición de la litis, dejando de lado los que estime inconducentes o carentes de trascendencia jurídica, lo cual es propio de la función de juzgar, desde que los Jueces no están obligados a seguir a las partes en todos y cada uno de sus planteos sino únicamente en los que son útiles para decidir justamente (conf. CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; etc.).

VI. La apelante sostiene que accionó en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor invocando haber comprado un vehículo usado «- destinado al uso del personal jerárquico y de la familia propietaria del establecimiento rural-» (fs. 155 vta.).

En casos que guardan analogía con el presente se ha juzgado que en supuestos de integración parcial o uso mixto, en los que se adquiere un bien que integra al proceso productivo y también se lo usa para otras finalidades son, como regla general, actos de consumo, salvo que se pruebe lo contrario – lo cual no acontece en autos-. (CNCom, esta Sala in re «Alustiza José María Bautista c/Ford Argentina SCA y otros s/ordinario» del 16/05/2016, id. in re «Bandagro S.A. c/Volkswagen Argentina S.A.y otro s/ordinario» del 24/05/2014, entre otros).

No obstante, aun cuando se asuma que la accionante ostenta la calidad de consumidor, en el sub lite no se encuentran acreditados los extremos de hecho que sustenten la procedencia de la acción.

En el escrito inicial la apelante reclamó la realización de las tareas pertinentes para incorporar a la unidad adquirida la totalidad de los faltantes y/o el pago de las sumas que fueran necesarias para tal fin (mano de obra y materiales), con más los intereses desde la compraventa; los daños y perjuicios ocasionados por la diferencia entre lo adquirido y lo entregado, entre ellos el mayor valor abonado en concepto de seguros e impuestos del automotor y el pago de la multa civil estipulada en la LDC art. 52.

Si bien, se alegó la existencia de una garantía contractual de 3 años, tal extremo no ha sido acreditado en relación con el vehículo objeto de la litis. Al respecto, cabe señalar que la unida d que se describe en el Plan de Asistencia Técnica – que a fs. 140 la actora acompañó en prueba de la vigencia de tal garantía contractual- si bien es modelo Amarok, tiene un número de chasis distinto al que figura en el título de dominio de fs. 23 y al de la historia de la titularidad de dominio de fs. 74/76, así como al de las facturas N° 0005301029850 del 06/05/2010 (fs. 465) y N° 001-00034097 del 07/04/2011 (fs. 67). Tampoco se especifican en dicho «Plan» los datos del propietario al que corresponde el vehículo con el número de chasis diferente allí consignado.

Tampoco ha probado que en la especie se haya configurado una diferencia en la identidad del bien que alega haber intentado adquirir y el que afirma que le ha sido entregado.

En efecto, obsérvese que el Sr. «De Miranda» desconoció haber identificado a la unidad objeto del contrato de compraventa que lo vinculó con la accionante, como una camioneta Amarok modelo «highline pack» (ver fs.255 y 259 de la contestación de demanda). De tal modo, en virtud de la regla del onus pobandi cupo a la actora la carga de acreditar -previo a cualquier otro extremo- que efectivamente ese fue el modelo prometido por el vendedor (CPr. 377). Pues en definitiva, el presupuesto esencial de su pretensión era la alegada diferencia entre el modelo que se intentó adquirir y el de la unidad entregada. Sin embargo, ninguna prueba aportó que otorgara sustento a su versión de los hechos. Lo cual, por ende, resulta en un relato unilateral insuficiente para fundar o revertir una sentencia.

En relación con lo expuesto precedentemente, no puedo dejar de advertir que con absoluta claridad en el título de dominio surge que el vehículo objeto de la litis está registrado bajo el dominio IKF162, siendo descripto como «Volkswagen Amarok 2.0L TDI 4×4 2AL» (fs. 23).

En forma coincidente con ello, se aprecia que en el Informe de Estado de Dominio e Histórico de Titularidad cuya inscripción inicial data del 04/03/2010, también se consignó al rodado como «modelo. MU-Amarok 2.0L TDI 4×4 2AL» (fs. 74). Además, se vislumbra que desde el 04/03/2010 al 19/08/2010 el titular del vehículo fue Volkswagen Argentina S.A., desde el 19/08/2010 hasta el 06/12/2011 fue Wagen S.A., desde el 06/12/2011 hasta el 02/05/2012 fue el Sr. «De Miranda» y, finalmente la demandada desde el 02/05/2012 (fs. 74/76).

Por lo demás, señalo que tampoco las facturas aportadas a la causa resultan aptas para generar convicción respecto a que el contrato celebrado entre el Sr. «De Miranda» y la actora tuvo como objeto una camioneta Amarok modelo Highline Pack.

En efecto, véase que conforme lo indicado en la pericia contable, «Volkswagen» vendió a «Wagen» la unidad Amarok 2.0L TDI 4×4, tapizado de tela (fs. 469 vta., respuesta al punto 4 propuesto por «Volkswagen», fs. 385/86 y 465 Factura N° 0005301029850 del 06/05/2010).

A su vez a fs.67 se encuentra agregada la factura de Wagen S.A. N° 001-00034097 del 07/10/2011 emitida a nombre del Sr. «De Miranda» conforme a la cual lo vendido fue «Amarok 2.0L TDI 4×4 PACK» con «tapizado de Tela». Al respecto, el perito mecánico explica que el vehículo de la actora se configuró de fábrica como «Amarok 2.0L TDI 4×4 Highline», a la que posteriormente se le incorporaron los asientos de cuero, sin airbags de cabeza y tórax en butaca delantera (fs. 537 y vta., respuestas a los puntos d y e propuestos por la actora).

Valoradas las constancias reseñadas precedentemente a la luz de la sana crítica que informa el CPr. art. 386, es dable colegir -como se adelantó- que no se ha acreditado ni la vigencia de la garantía contractual, ni que se hubiera acordado la compra de un vehículo distinto o superior a aquél entregado a la accionante.

En tal sentido, no soslayo que en el informe emitido por Rentas de la Ciudad de Buenos Aires se indicó que el rodado correspondiente al dominio IKF162 era: «fabrica: Volkswagen familia: Amarok, marca: 2.0L TDI 4×4 HP». Sin embargo, más allá de ciertas hipótesis desarrolladas por la apelante, lo cierto es que no se demostró cuál es el significado de las siglas «HP».

En cualquier caso, frente a la claridad del título automotor, así como de las restantes constancias reseñadas, de existir algún eventual error en la forma en que el vehículo fue registrado por el ente recaudador estimo que ello no puede responsabilizar a los aquí accionados quienes, como puntualizó el anterior sentenciante y no fuera objeto de un agravio concreto, resultan ajenos. Debiendo -si así lo estimare conveniente-formular los reclamos pertinentes ante el organismo correspondiente.

Las quejas se rechazan.

VI. Para concluir, el recurrente litigó invocando la protección de la LDC que prevé el «beneficio de justicia gratuita» para las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con ese régimen protectorio. El alcance de este beneficio que regula el art.53 in fine, conforme al texto incorporado la ley 26.361, suscitó posiciones encontradas en la doctrina y en la jurisprudencia, conforme lo expuso esta Sala in re «Zoli, Sergio c/ Caja de Seguros S.A.» del 24/08/2016.

Allí se recordó que la exención de todo gasto es la télesis correcta de la norma y la única herramienta válida para hacer realidad el mandato constitucional del derecho de los usuarios y consumidores previsto en la CN, art. 42.

Del debate parlamentario que precedió a la sanción de la ley 26.361, surge que la distinción entre los conceptos «beneficio de justicia gratuita» y «beneficio de litigar sin costas» obedeció a que en el último se incluye la tasa de justicia; así, al constituir tal tributo un recurso de orden local, su exención no podía -por respeto a las autonomías provinciales- figurar en una ley de fondo, por lo que la única interpretación posible es que en las provincias el «beneficio de justicia gratuita» comprende las costas que irrogue un proceso judicial iniciado de conformidad a la LDC -con las salvedades allí establecidas- sin que se incluya dentro del mismo a la tasa judicial, aspecto sobre el cual habrá de estarse a lo que dispongan las respectivas jurisdicciones (CNCom., Sala F, in re «Aparicio, Myriam Susana y otros c/ Caja de Seguros S.A.» del 11/11/2010).

Se concluyó en el citado antecedente que «- en el orden nacional, cabe asimilar ambos beneficios («de justicia gratuita» y «de litigar sin gastos») conforme lo estatuido en el art. 78, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, por lo que el actual art.53 de la LDC incluye no sólo la tasa de justicia sino también las costas que irrogue un proceso judicial iniciado conforme dicha normativa, siempre que aquéllas sean impuestas a su promotor – «.

Así, cuando la acción sea iniciada invocando la defensa de los derechos resguardados por la LDC, el régimen de gratuidad es aplicable ex lege y la demandada no podrá removerlo a menos que mediante incidente demuestre la solvencia del consumidor. Cuestión esta última que no ha sido acreditada en autos.

Agréguese que lo anterior refleja el criterio observado en los precedentes de la CSJN, a cuyas pautas jurisprudenciales deben ceñirse los tribunales inferiores a menos que se impongan motivos que justifiquen un apartamiento, ausentes en autos (Conf. CSJN in re «Petrovic», Fallos, 325:1227 ; id. in re «Adriazola», id. Fallos 324:3764 in re «Encinas», id. Fallos 321:2294 ; id. dictamen del Procurador General in re «Ferreyra», Fallos 330:1989, sentencia del 21/03/2006).

Ergo, en ambas instancias no corresponde la imposición de costas a la actora, a pesar de que haya resultado vencida, en virtud de lo establecido por el LDC 53, in fine. Debiendo revocarse la solución que adoptó el Magistrado de la anterior instancia.

Como corolario de todo lo expuesto propongo al Acuerdo: 1) admitir parcialmente el recurso de fs. 621; 2) confirmar en lo sustancial la sentencia dictada a fs. 609/619, modificándola exclusivamente respecto de la distribución de las costas en tanto no procede su imposición a la actora atento a lo dispuesto en la Ley 24.240, art. 53 in fine, cuestión que así se decide en relación con ambas instancias.

He concluido.

Por análogas razones la Dra. Gómez Alonso de Díaz Cordero adhirió en este especial supuesto a la conclusión propiciada por su distinguida colega.

Es copia del original que corre a fs.1139/46 del Libro de Acuerdos Comerciales, Sala B.

RUTH OVADIA

SECRETARIA DE CÁMARA

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2019.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que precede se resuelve: 1) admitir parcialmente el recurso de fs. 621; 2) confirmar en lo sustancial la sentencia dictada a fs. 609/619, modificándola exclusivamente respecto de la distribución de las costas en tanto no procede su imposición a la actora atento a lo dispuesto en la Ley 24.240, art. 53 in fine, cuestión que así se decide en relación con ambas instancias.

Regístrese y notifíquese por Secretaría, en su caso, conforme Acordadas N° 3/11 y 38/13 CSJN y devuélvase. Oportunamente, cúmplase con la Publicación a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, según lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada N° 15/13 CSJN.

MATILDE E. BALLERINI

MARÍA L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO

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