Responsabilidad turista y educativa: Estudiante quedó sumergido en el agua cuando la embarcación en la que excursionaba dio un vuelco cayendo al agua

BARCO TURISMOPartes: F. V. y otros c/ Centro Educativo Latinoamericano y otros s/ Ley 24.240

Tribunal: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de Rosario

Fecha: 3-abr-2019

Cita: MJ-JU-M-122473-AR | MJJ122473 | MJJ122473

El propietario del establecimiento educativo, y el de la empresa de turismo, son responsables por los daños sufridos por el consumidor -estudiante y turista- cuando la embarcación en la que realizaban una excursión dio un vuelco campana y los ocupantes cayeron al agua y quedaron sumergidos. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Captura

Sumario:

1.-Corresponde responsabilizar a la empresa de turismo demandada en el marco de la relación de consumo y en ocasión de la prestación del servicio, -a tenor de los arts. 5 , 40 y cc de la Ley 24.240 – por los daños que sufrió la hija de los actores durante una excursión estudiantil, pues el conductor de la embarcación no estaba habilitado como timonel, que el catamarán no contaba con la pertinente habilitación administrativa, su capacidad era de 26 personas pero fue abordado por 57 pasajeros y ninguno de los pasajeros tenía colocado chaleco salvavidas, por lo que es evidente que incumplió claramente con su obligación de seguridad respecto a la actora y al resto del contingente.

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2.-El propietario del establecimiento educativo, resulta responsable por los daños que sufrió la hija de los actores durante una excursión estudiantil, pues omitió recaudos básicos a la hora de la contratación de la empresa de turismo, como por ejemplo constatar las habilitaciones pertinentes, el máximo de pasajeros autorizado por embarcación y la provisión de salvavidas.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Rosario, 03/04/2019

Y VISTOS: Los presentes caratulados «F., V. Y OTROS C/ CENTRO EDUCATIVO LATINOAMERICANO Y OTROS S/ LEY 24240» CUIJ N° 21-02859381-0, venidos a fin de dictar sentencia, de los que resulta que:

Los señores V. F. y M. L. T., en pleno ejercicio de la patria potestad que ostentan sobre su hija V. T. por ser menor de edad, inician por apoderados demanda de daños y perjuicios contra el Centro Educativo Latinoamericano, la empresa Portal del Atuel Turismo Aventura y la Sra. Martha Ileana Sotomayor como titular de esta última, por la suma estimativa de $163.800, con más intereses hasta el efectivo pago y costas. Solicitan la citación en garantía de la empresa La Mercantil Andina Seguros como aseguradora de la Empresa Portal El Atuel Turismo Aventura, y de la aseguradora que el Centro Educativo Latinoamericano tuviere contratada al momento del hecho.

Relatan que en el mes de octubre del año 2013 los alumnos de segundo y cuarto año del Centro Educativo Latinoamericano realizaron un viaje de estudios a la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza, organizado y contratado enteramente por el Colegio. Que el contingente estaba formado por 52 alumnos, entre los que se encontraba V. T., y 4 docentes a cargo de los menores.

Cuentan que el día 10-10-2013 el contingente fue llevado por los profesores a cargo a realizar una excursión en el lago Valle Grande consistente en un paseo y el cruce del lago, para lo cual se contrató a la empresa Portal del Atuel Turismo Aventura.

Explican que los 52 alumnos y los profesores subieron a borde de un catamarán de dicha empresa, por indicación de personal de la misma, y que un empleado que supuestamente cumplía funciones de ayudante del conductor, soltó las amarras y el conductor comenzó a realizar maniobras para salir del embarcadero.Que en ese momento, la embarcación dio un vuelco campana y los ocupantes cayeron al agua y quedaron sumergidos.

Afirman que los ocupantes comenzaron a desesperarse, ayudarse como podían unos a otros a salir de abajo de la embarcación y pisar tierra firme, advirtiendo que un compañero que tenía problemas motores lo ayudaron a salir y le tuvieron que practicar RCP. Agregan que había sólo un enfermero que revisaba a todos los alumnos.

Resaltan el pánico padecido por los menores, el estado de shock y miedo en que se encontraban.

Advierten que la embarcación tenía capacidad para 26/28 personas, conforme surge de la documentación y fotografías de la misma obrantes en la causa penal, y que el exceso de personas en la embarcación fue reconocido por los profesores a cargo pero se abstuvieron de intervenir.

Invocan que, de las declaraciones testimoniales en sede penal, surge que la empresa Portal El Atuel Turismo Aventura omitió respetar las normas básicas de seguridad como respetar la capacidad máxima de personas de la embarcación y exigir la colocación de chalecos salvavidas, incumpliendo así con su obligación de brindar seguridad a las personas a bordo.

Enfatizan la responsabilidad de los profesores a cargo del contingente de alumnos, como de la empresa de Turismo, debiendo responder ambos por el accidente ocurrido por los daños y perjuicios padecidos por la menor.

Alegan la responsabilidad del Centro Educativo Latinoamericano en cita al art. 1767 del CCCN, por ser éste el propietario del establecimiento educativo, la responsabilidad es objetiva por lo que no existe causal de eximición, y que por tanto debe responder por todos los daños sufridos por la menor, tanto en su integridad física como psíquica.

También explican la responsabilidad de la empresa Portal del Atuel Turismo Aventura de la Sra. Martha Ileana Sotomayor. Señalan que existe una relación de consumo entre ésta y la menor V. T. quien contrató con ella, a través de sus profesores, la realización de una excursión.Por lo que indican que su responsabilidad es directa y objetiva, advirtiendo el incumplimiento de la empresa al omitir adoptar las medidas básicas de seguridad, tales como subir a la embarcación el doble de personas para la cual se encuentra preparada, siendo ésta la única y exclusiva causa generadora del accidente y las consecuencias dañosas sufridas por la menor.

Reclaman por Daño psicológico $85.000; por el tratamiento psicológico recomendado de 24 meses de duración con una sesión semanal, un total de $28.800; por Daño moral $50.000; y por Daño punitivo.

En cuanto al Daño psicológico argumentan que, como consecuencia del accidente ocurrido, la actora comenzó a padecer fobia, esto es miedo localizado a nivel específico que se caracteriza por un temor a circular, viajar, andar en medios de transporte acuáticos, como aquellos que generan movimientos similares, imposibilidad para conciliar el sueño, alteración de la concentración y la atención. Que se le diagnosticó Stress postraumático en grado severo, ascendiendo el grado de daño psíquico que padece a 35% VGP.

A propósito del Daño moral, alegan que la afección a los legítimos intereses extrapatrimoniales de la menor reclamante, sufrimiento, miedo y angustia padecidas no sólo se presumen, sino que ante la gravedad del hecho se tornan manifiestos, ciertos y evidentes. Citan jurisprudencia en relación al tema.

En cuanto al Daño punitivo, fundan su reclamo en el art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, por la imprudencia y negligencia del actuar del proveedor del servicio resultante casi criminal, en atención al riesgo al que sometió a los consumidores, a sabiendas, dado su conocimiento sobre el funcionamiento y los riesgos de la actividad.

Ofrecen prueba. Fundan su derecho. Formulan reserva del recurso de inconstitucionalidad provincial y del recurso extraordinario federal.

Impreso a los presentes el trámite de juicio sumarísimo -fs.36- se cita y emplaza a los demandados a estar a derecho, contestar demanda y ofrecer pruebas, como así también se cita en garantía a la empresa La Mercantil Andina Seguros S.A.

A fs. 42/47 comparece y contesta la demanda por apoderado el Centro Educativo Latinoamericano, formulando una negativa general y particular a todos los hechos invocados por la actora.

Relata que su mandante contrató a la empresa Portal del Atuel para el paseo en catamarán por el Dique Villa Grande en San Rafael, provincia de Mendoza, dentro del viaje curricular de convivencia escolar organizado por el establecimiento educativo.

Señala que ese día subieron al catamarán de la empresa primero los alumnos y por último los profesores a cargo, quienes notan que los alumnos se encontraban amontonados y se dirigen al timonel para preguntarle si era adecuada la capacidad del vehículo para todos, pero manifiesta que no llegaron a hacerlo porque en ese momento se produjo un fuerte viento que volcó el transporte.

Indica que los alumnos fueron atendidos por los adultos a cargo quienes se encargaron de buscar ayuda y el resto de las acciones necesarias para que los daños no fueran de importancia. Niega la negligencia de parte de ellos.

Destaca la eficacia de los profesores ya que sólo un alumno tuvo que ser atendido en el Hospital por hipotermia al tener patologías anteriores. También que ignoraban que la empresa tuviera pensado prestar el servicio de manera deficiente con una embarcación que no cumplía con los requisitos formales y prácticos para el desarrollo de una excursión.

Alega que conforme las circunstancias del hecho probadas en la causa penal, el exceso de pasajeros es responsabilidad de la empresa Portal del Atuel y el establecimiento ninguna incidencia tuvo sobre el hecho.

Explica que una repentina ráfaga de viento desestabilizó la embarcación y produjo el siniestro, siendo un caso fortuito ya que se trató de un hecho imprevisto e inevitable.Que en el lugar no es algo acostumbrado que existan ráfagas de viento y que resulta materialmente imposible advertir de inmediato cualquier fenómeno meteorológico que se produzca. Cita jurisprudencia al efecto.

En cuanto a los rubros reclamados niega e impugna el daño psicológico, el tratamiento psicológico y también el daño moral. Cita doctrina y jurisprudencia para avalar su postura.

Informa que la compañía de seguros de la Institución es La Segunda A.R.T. S.A. Ofrece prueba. Plantea el caso federal.

A fs. 67/73 comparecen, mediante mismos profesionales apoderados, la Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A. y la Sra. Martha Ileana Sotomayor, quienes primeramente responden a la citación en garantía explicando que la Sra. Sotomayor contaba a la fecha del hecho con póliza n° 001199417 que cubría el riesgo de responsabilidad civil; afirman que la aseguradora acata la citación y que eventualmente responderá en la medida del seguro. Citan jurisprudencia que avala su postura.

Seguidamente contestan la demanda, en la que niegan que sus representados deban pagar la suma reclamada como así también las tasas peticionadas sobre intereses, señalando que al ser las indemnizaciones de daños causados por hechos ilícitos deudas de valor, corresponde su valuación a la fecha de la sentencia que determina su monto. Citan jurisprudencia concordante a su postura.

Reconocen, en cuanto a los hechos, que la actora haya realizado el viaje de estudios en el mes de octubre de 2013 con su colegio a San Rafael, que fue organizado y contratado por el Centro Educativo Latinoamericano, que los menores fueron acompañados por docentes del establecimiento.También que realizaron la excursión en catamarán, que el mismo se dio vuelta y que los chicos cayeron al agua, aclarando que todos resultaron ilesos.

Aseveran que la responsabilidad del hecho recae en el establecimiento educativo y sus profesores quienes estaban a cargo de los alumnos.

Niegan la relación de consumo entre la demandada y la actora y el incumplimiento de la primera en cuestiones de seguridad.

Niegan el daño psicológico reclamado, como así también que necesite la actora tratamiento psicológico y la suma reclamada por ello, el daño moral y el daño puniti vo. En relación a este último, recuerdan el carácter excepcional y restrictivo citando jurisprudencia al efecto.

Ofrecen Prueba. Dejan planteada la cuestión constitucional provincial y federal.

A fs. 104 se proveen las pruebas ofrecidas por las partes, constando en autos su producción.

A fs. 118 obra poder especial otorgado por la Srita. V. T., quien lo hace por derecho propio atento haber alcanzado la mayoría de edad, ratificando todo lo actuado por sus padres.

A fs. 331 se agrega acta que da cuenta de la celebración de la audiencia de vista de causa, constando en la misma el alegato de los demandados y adjuntando la actora su minuta de alegato a fs. 328/330.

A fs. 340 vta. el actor aclara que Portal del Atuel Turismo Aventura es un nombre de fantasía, siendo la titular de la empresa y asegurada la codemandada Marta Ileana Sotomayor.

Contestada la vista corrida a la Sra. Fiscal, mediante escrito cargo n°2683/19 asiente la relación de consumo entre la actora y la codemandada titular de la empresa comercial, y en consecuencia la responsabilidad objetiva de la última frente a los daños sufridos por el primero por el incumplimiento en la obligación de seguridad a cargo del dueño de la empresa de turismo (fs.338/339).

Habiendo quedado consentida la designación de la jueza que va a entender, y evacuado el informe de Mesa de Entradas sobre la inexistencia de escritos pendientes de agregación, quedan los presentes en estado de dictar sentencia.

CONSIDERANDO: Que el sub lite debe ser analizado conforme la normativa consumeril vigente a la fecha del accidente que narra la demanda y cuyo acaecimiento las co-demandadas reconocen, aunque controvierten su mecánica y la atribución de responsabilidad que la actora postula, siendo de aplicación la ley 24.240 por imperio de sus arts. 1 y 2, y -en diálogo de fuentes- los derogados Código Civil y de Comercio, conforme lo establecido por el art. 7 y cc del vigente Código Civil y Comercial.

Es que, advierto inicialmente, tanto el contrato de servicios educativos privados como el contrato de servicios turísticos, quedan comprendidos por la legislación de defensa del consumidor (en este sentido: Hernández, Carlos A. y Trivisonno, Julieta B., «La tutela del usuario de servicios educativos privados. Aportes del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación»; Sozzo, Gonzalo, «La protección del turista como consumidor», ambos en «Tratado de Derecho del Consumidor», Tomo II, Gabriel Stiglitz y Carlos A. Hernández directores, La Ley, Buenos Aires, 2015, versión online), en mérito a las previsiones de los arts. 1 y 2 de la ley 24.240.

Ello implica, por ende, la responsabilidad del propietario del establecimiento educativo, y de la empresa de turismo, por los daños sufridos por el consumidor -estudiante y turista en el caso- en el marco de la relación de consumo y en ocasión de la prestación del servicio, a tenor de los arts. 5, 40 y cc de la ley 24.240.

En lo que respecta a los propietarios del establecimiento educativo, la normativa consumeril debe ser interpretada junto con el art.1117 del Código Civil que prevé que «Los propietarios de establecimientos educativos privados o estatales serán responsables por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa, salvo que probaren el caso fortuito», quedando de manifiesto que la responsabilidad es claramente objetiva, contemplándose como único eximente el caso fortuito, que conforme art. 514 del Código Civil es «el que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse» (en este sentido: Kemelmajer de Carlucci, Aída, «La responsabilidad civil de los establecimientos educativos en Argentina después de la reforma de 1997», LA LEY 1998-B, 1047 – Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo IV, 01/01/2007, 113, Cita Online: AR/DOC/17381/2001).

Por su parte, a tenor del art. 40 ley 24.240, la responsabilidad de la empresa de turismo también es objetiva, pudiendo liberarse solamente en caso que demuestre que la causa del daño le ha sido ajena.

Consecuentemente, conforme este marco normativo, siendo que no existe controversia (véase contestaciones de demanda de fs. 42 y 67) respecto a que el siniestro en cuestión se produjo durante un viaje de estudios o curricular organizado y contratado por el colegio demandado, incluyendo en la contratación los servicios turísticos de la co-demandada Portal del Atuel de Martha Ileana Sotomayor, corresponde dilucidar si concurre en el caso alguna eximente de responsabilidad que pudiera generar la ruptura del nexo causal, habiendo invocado la co-demandada Asociación del Centro Educativo Latinoamericano el caso fortuito.

Destaco que en tanto la responsabilidad de las demandadas se funda en un factor objetivo de atribución, no media cuestión prejudicial en los términos del art.

1775 de CCCN. Agrego, por lo demás, que la causal penal tramitada a resultas del siniestro por las lesiones sufridas por algunos de los integrantes del contingente accidentado terminó con el sobreseimiento por prescripción del único imputado Enzo Barroso según surge del sumario penal agregado en copia a fs.126 y ss, remitido en respuesta al Oficio Ley 22.172 librado a la Primera Fiscalía Correccional, Segunda Circunscripción, Poder Judicial de Mendoza, Expte. N° P2-82746/17.

Así, a tenor de la prueba rendida, entiendo probado el siniestro acontecido el 10-10-2013 en oportunidad que el contingente de estudiantes y docentes del Centro Educativo Latinoamericano se disponía a realizar una excursión en catamarán en el Dique de Valle Grande, San Rafael, Mendoza.

Resulta del sumario penal referido supra (fs. 126 y ss) que el catamarán al cual ascendió la actora junto con sus compañeros de escuela y docentes dio un vuelco campana apenas inició su marcha acuática, cayendo al agua todos sus ocupantes.

Quedó acreditado en dicho expediente que el conductor de la embarcación no estaba habilitado como timonel (véase fs. 129, 170), que el catamarán tampoco contaba con la pertinente habilitación administrativa (fs. 170), que la capacidad del catamarán era de 26 personas (fs. 136, 221) pero fue abordado por 57 pasajeros (los 52 alumnos y 4 docentes del contingente más uno de los conductores del colectivo que los trasladó a Mendoza, véase fs. 221), que ninguno de los pasajeros tenía colocado chaleco salvavidas (fs. 137).

Es evidente que la empresa de turismo incumplió claramente con su obligación de seguridad respecto a la actora y al resto del contingente. Su responsabilidad en el acaecimiento del siniestro deviene manifiesta a tenor de las notorias infracciones cometidas, a punto tal que la autoridad administrativa local inhabilitó su matrícula comercial (fs.224/5).

En este punto, abordando ahora la eximente de caso fortuito que planteó el colegio demandado, entiendo que no solamente ha quedado desvirtuado por las probanzas rendidas en autos que el vuelco del catamarán se produjo por una «ráfaga de viento», sino que -advierto- aun cuando así hubiera sido ello no podría exonerar de responsabilidad al Centro Educativo Latinoamericano.

Es que, una «ráfaga de viento» en una excursión en catamarán en un lago debe ser algo previsible o que puede preverse, debiendo el responsable de la misma adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar que el viento dé vuelta la embarcación. En el caso, es claro que es el colegio demandado el responsable de la contratación de una empresa de turismo incursa en infracciones de la gravedad descripta supra, con lo cual la eximente planteada no puede bajo ningún concepto ser atendida.

Nótese que el establecimiento educativo, bajo cuyo control se hallaba la actora como alumna, omitió recaudos básicos a la hora de la contratación de la empresa de turismo, como por ejemplo constatar las habilitaciones pertinentes, el máximo de pasajeros autorizado por embarcación y la provisión de salvavidas.

En este sentido, entiendo que no se requiere ningún tipo de experticia particular a efectos de contratar la prestación de servicios con un standard de seguridad mínimo, máxime cuando se trata de excursiones que involucran a menores de edad puestos bajo el cuidado de la escuela en el marco de un viaje de estudios. Al respecto, llamo la atención respecto a la conducta desaprensiva que en relación a la seguridad de los menores a su cargo evidenció el colegio demandado, contratando servicios con los déficits de seguridad que han quedado patentizados en estos obrados a tenor de la prueba colectada.

No obstante, tampoco podrá prosperar la eximente de caso fortuito, puesto que, aun cuando algunos de los testigos del hecho refieren a una ráfaga de viento como causante del vuelco campana (fs.139, 140), otros testigos declaran en contrario (fs.

175, 203, 212, 277), obrando a fs. 221 un informe emitido por un funcionario de la Dirección de Recursos Naturales Renovables de San Rafael, Mendoza, que textualmente refiere que «constatamos que el viento que corría ese día entre la hora 14 y 18 oscilaba entre 2.2 y 6.7 m/seg. (acompaño tabla evaluadora de vientos el DIA del percance), ya que circulaba una información de que el responsable de la vuelta del catamarán fue el viento, pero de acuerdo a las cifras obtenidas ese día de la velocidad del viento, lo hace prácticamente imposible».

Por tanto, descartado cualquier eximente de la responsabilidad objetiva que cabe atribuirle a las co-demandadas en forma solidaria (arg. conf. art. 40 ley 24.240), corresponde ingresar en el conocimiento de los daños sufridos por la actora y su cuantificación, dejando establecido que al respecto resulta aplicable el plexo normativo del actual Código Civil y Comercial de la Nación conforme prevé el art. 7 de dicho cuerpo legal.

En este sentido, pretende la actora una indemnización por los daños y perjuicios que dice sufridos, reclamando por: daño psicológico, tratamiento psicológico, daño moral y daño punitivo. Cabe dejar indicado que adhiero a la posición que interpreta que el Código Civil y Comercial, al igual que el derogado Código Civil, reconoce dos grandes especies o tipologías de daño: patrimonial (o material) y extrapatrimonial (o moral) (conf. Pizarro, Ramón Daniel y Vallespinos, Carlos Gustavo, «Tratado de responsabilidad civil», Tomo I, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2017 p. 133).

De allí que el reclamado «daño psicológico» deba ser juzgado en cuanto a las lesiones o las consecuencias dañosas que hubiera provocado en la esfera patrimonial o extrapatrimonial de la actora, mas no como un tercer género de daños.

En el caso, no obra prueba respecto a que el daño psíquico del que da cuenta el dictamen pericial de fs.296 hubiera afectado intereses patrimoniales de la actora, salvo en lo que respecta al tratamiento psicológico que abordo infra. Es que, el daño patrimonial, en tanto menoscabo que experimenta el patrimonio de una persona, en sus elementos actuales o sus posibilidades normales, futuras y previsibles, a raíz del hecho generador, puede manifestarse como daño emergente, lucro cesante o pérdida de chances económicas (conf. Pizarro-Vallespinos, op. cit. supra, p. 134/5).

Así, aun cuando la demanda no lo puntualiza, entiendo que el único perjuicio patrimonial que la actora ha acreditado se vincula con las erogaciones que deberá afrontar para pagar el tratamiento psicológico que la perito psicóloga sugiere en su dictamen de fs. 296. Por tanto, resultando de dicho dictamen que la actora debería someterse a tratamiento psicoterapéutico en razón de una sesión semanal de psicoterapia individual durante seis meses o un año, estimo el daño patrimonial -daño emergente- por este rubro en la suma de $18.720 por un año de tratamiento psicológico, estimados a la fecha de presentación de la pericia (14-08-2017) y conforme el honorario ético profesional del Colegio de Psicólogos que refiere la experta en su dictamen.

Por lo demás, no encuentro acreditado otro daño patrimonial, ni como daño emergente, ni como lucro cesante ni como pérdida de chance, en tanto no se ha producido prueba alguna respecto al impacto del daño psíquico que la perito psicóloga dictamina como padecido por la actora a consecuencia del accidente en la esfera patrimonial de la accionante.

En este sentido, si bien la experta refiere que la actora presenta secuelas psicopatológicas producto de los hechos, de las cuales no ha podido sobreponerse, existiendo daño psíquico en tanto la peritada se encuentra limitada en realizar determinadas actividades tanto en medios acuáticos como poder viajar en el segundo piso de un micro, ello no me permite inferir ni presumir daños patrimoniales que puedan considerarse consecuencias actuales o futuras de la afectación psíquica descripta.

Explica Zavala deGonzález que no todo daño síquico es incapacitante, en tanto «hay perturbaciones de esa índole, que permiten proseguir viviendo sin merma del quehacer económico o de otro modo ventajoso, a despecho de angustias, fobias, ansiedades, etc. . En definitiva, es regla que una lesión síquica origine desmedros espirituales, mientras que puede o no causar daños patrimoniales por incapacidad» (Zavala de González, Matilde M., «Daño síquico y rubros indemnizables», RCyS2006, 55 – LLP 2006, 01/01/2006, 1177 – LLP 2008 (diciembre), 01/01/2008, 1247, Cita Online: AR/DOC/3348/2005).

Por tanto, el daño psíquico peritado en autos será valorado como daño extrapatrimonial, como factor agravante del menoscabo espiritual, pues éste resulta más serio si también afecta la normalidad del siquismo. Siguiendo con Zavala de Gonzalez, el daño psíquico en casos como el que nos ocupa «debe computarse como daño moral significativo, el desmedro espiritualmente patológico que impide disfrutar una existencia plena o normal; pero sin adicionar invalidación cuando no trasciende la subjetividad del afectado, ni lesiona sus vinculaciones sociales, el rendimiento o la creatividad» (op. cit. supra).

Es que, «el daño síquico es una lesión patológica, y el moral un perjuicio indemnizable derivado de ella (además de posibles desmedros económicos). Se ubican en diferentes planos, aunque estrechamente concatenados: el primero se verifica en la psique, el segundo es efecto jurídico de dicha situación (las lesiones síquicas cimientan el edificio sobre menoscabos resarcibles erigido sobre su base). La alteración de la estructura personal del afectado debe ser computada a fin de agravar el daño espiritual resultante, y no para emplazar fuera de éste una lesión síquica que por el contrario es su génesis. De allí que la doctrina jurisprudencial correcta engloba al daño síquico dentro de la misma cuenta indemnizatoria correspondiente al moral, aunque acrecentándola» (Zavala de González, op. cit.supra).

Así, valoro a efectos de cuantificar el daño moral el dictamen de la perito psicóloga, en tanto determina que el daño psíquico sufrido por la actora corresponde al grado 25% concluido en base al Baremo del Dr. Mariano Castex; y también valoro la conducta de las demandadas, en tanto omitieron ambas, cada una dentro de su ámbito de responsabilidad, adoptar las medidas de seguridad mínimas que podrían haber evitado o prevenido el accidente, con una notoria indiferencia respecto a la integridad psico-física de los menores puestos a su cuidado. En este sentido, cito nuevamente a Zavala de González:

«La subjetividad del responsable puede agravar el daño moral: el dolo en injurias proferidas maliciosamente o una culpa grave determinante de un siniestro, ya que acentúan el impacto de injusticia que experimenta la víctima por un desmedro existencial que excede márgenes de azar y fatalidad. El aumento del monto indemnizatorio no se decide entonces en función del factor de atribución, intrínsecamente considerado, sino por vía indirecta y en cuanto repercute en la magnitud del daño» (Zavala de González, Matilde M., «Cuánto por daño moral», LA LEY 1998-E, 1057 – LLP 1999, 01/01/1998, 1068 – Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo III, 01/01/2007, 153 – RCyS2015-XI, 211, Cita Online: AR/DOC/19634/2001).

Por tanto, considerando que no es factible establecer una ecuación entre dolor e indemnización, Zavala de González, en tesis que comparto, propone introducir un tercer término: el valor de los bienes elegidos al efecto del consuelo. Explica la autora citada que «esa tesis sobre los «placeres compensatorios» conduce a la indagación de los «bienes o servicios sustitutos» del daño moral, que podrían adquirirse o gozarse con la indemnización. La indagación del poder adquisitivo del monto indemnizatorio tiene sustento real: aunque no lo sepa ni lo quiera, todo magistrado se pregunta por la equivalencia aproximada entre la indemnización por daño moral y otros bienes de mercado:qué puede obtener o adquirir la víctima con el monto acordado. Al fijar la indemnización, un juez tiene en mente (y debe tener) cuánto vale una casa, un auto o un viaje .».

En el caso, tomando en cuenta la edad de la actora y las circunstancias del accidente que referí supra, que se produce durante un viaje de estudios de colegio secundario, entiendo prudencial fijar el monto del resarcimiento por el daño moral sufrido, que cuantifico a la fecha de esta sentencia, en la suma de $100.000. Dicho monto de dinero le permitirá a la accionante adquirir, por ejemplo, un viaje que le depare nuevas experiencias más felices que las que sufrió en el que motiva estos obrados, lo cual constituye una compensación razonable para el perjuicio espiritual sufrido.

Finalmente, en cuanto al daño punitivo reclamado, entiendo que la conducta de las codemandadas justifica su condena, conforme lo prevé el art. 52 bis ley 24.240. A tenor de la prueba colectada y analizada supra, la conducta de ambas demandadas aparece incursa en una notoria desaprensión en orden al resguardo de la integridad psico-física de los menores puestos a su cuidado. Ambas demandadas debían haber previsto que, en las condiciones en que se encaró la excursión en catamarán, sin medidas de seguridad y con el doble de pasajeros permitido por la capacidad de la embarcación, algún siniestro podía ocurrir.

Advierto que la aplicación del art. 52 bis ley 24.240 se interpreta como excepcional, requiriéndose que la conducta del proveedor merezca un reproche subjetivo de gravedad tal que torne conveniente su adopción. En el caso, entiendo que ambas demandadas actuaron negligentemente en el cumplimiento de la obligación de seguridad a su cargo.Por tanto, la multa civil prevista por el estatuto especial de protección del consumidor cumple en el caso un rol ejemplificador, a efectos de llamar la atención de las demandadas sobre la conducta debida en casos futuros, fundamentalmente considerando los intereses involucrados en las relaciones consumeriles que entablan.

Los rubros admitidos por $168.720 ($18.720 daño emergente/tratamiento psicológico, $100.000 daño moral, $50.000 daño punitivo) devengarán intereses calculados a la tasa pura del 8% anual (conf. CCivil y Com. Rosario, Sala I, 01-09-2016, Donnola, Agustina Sol c. Auckland Viaja Distinto y otros s. Daños y perjuicios, disponible en http://www.justiciasantafe.gov.ar, acceso 05-12-2016) desde la fecha de presentación del dictamen de la pericia psicológica (14-08-2017) el daño emergente por tratamiento psicológico, y desde la fecha del siniestro (10-10-2013) el daño moral y el daño punitivo. En caso de incumplimiento del pago dentro del término establecido, el capital y los intereses corridos hasta esa fecha (capitalizados conf. art. 770 inc. c Código Civil y Comercial) devengarán desde su vencimiento y hasta su efectivo pago un interés equivalente a la tasa activa sumada que cobra el Banco de la Nación Argentina.

Por todo lo expuesto, RESUELVO: 1.- Hacer lugar a la demanda interpuesta por V. T. y consecuentemente condenar a la ASOCIACION DEL CENTRO EDUCATIVO LATINOAMERICANO y a MARTHA ILEANA SOTOMAYOR, en forma solidaria, a pagar a la actora la suma de $168.720, con más los intereses fijados en los considerandos , con costas las demandadas vencidas. 2.- Extender la condena a la citada en garantía COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A., en los términos del contrato de seguro. 3.- Diferir la regulación de honorarios de los profesionales y los peritos actuantes hasta tanto acompañen copia actualizada de su situación ante A.F.I.P. y se practique la liquidación respectiva.

Insértese y hágase saber.

DRA. JORGELINA ANZOATEGUI

Prosecretaria

DRA. VERÓNICA GOTLIEB

Jueza

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