Juicio por Jurados en Entre Rios: Comentario a la ley 10.746

JURADOAutor: Rohde, Jorge J.A. – Cabello, Jésica P. – Aguet, Jonathan G.

Fecha: 16-dic-2019

Cita: MJ-DOC-15153-AR | MJD15153

Sumario:

I. Introducción. II. Motivos expuestos. III. Aspectos centrales de la ley.

Doctrina:

Por Jorge J. A. Rohde (*), Jésica P. Cabello (**) y Jonathan G. Aguet (***)

I. INTRODUCCIÓN

Mediante la sanción -el pasado 5 de noviembre último- de la ley provincial 10.746 , la Provincia de Entre Ríos se ha convertido en la octava provincia en implementar el juicio por jurados, luego de que lo hicieran las de Córdoba (1), Neuquén (2), Buenos Aires (3), Mendoza (4), Río Negro (5), Chaco (6) y San Juan (7). Cabe destacar que si bien Entre Ríos pasa a integrar el grupo de provincias -todas las mencionadas, a excepción de Córdoba (8) – que se ha inclinado por el modelo anglosajón o clásico de juicio por jurados, lo cierto es que resulta ser la primera que implementa un modelo netamente similar a las Reglas Federales de Procedimiento Criminal norteamericanas (9), y en gran medida superador de otras experiencias nacionales (10), en especial, en lo que se refiere a las medidas tendientes a garantizar la imparcialidad del panel, a la audiencia de prueba, la incorporación de reglas de comportamiento ético de las partes en el marco de este procedimiento específico, a la implementación de la regla de la unanimidad requerida para arribar a un veredicto válido y al estancamiento del jurado.

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De esta manera, la provincia de Entre Ríos cumple con el mandato que establece la constitución provincial en sus artículos 122 inc. 23 y 186 (11), los que -por otra parte- resultan complementarios y armónicos respecto a lo establecido en los arts.24 , 75 inciso 12 y 118 de la carta magna nacional.

Es importante aclarar -antes de ingresar en el análisis propio de las particularidades de la ley en cuestión-, que la efectiva implementación del juicio por jurados estuvo precedida por más de un siglo de inacción legislativa en la materia, y algunos intentos fallidos (12), pese a estar expresamente previsto en la Constitución provincial desde 1883 (13) en adelante (14).

De hecho, y hace ya más de veinte años, la Comisión creada por decreto Nro. 1152 e integrada «ad honorem» por miembros de las Cámaras de Diputados y de Senadores, del Superior Tribunal de Justicia, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y del Poder Ejecutivo, con el fin de analizar la factibilidad de instrumentar el Juicio por Jurados a nivel provincial, se había expedido favorablemente en cuanto a su instauración sin esperar la sanción de una ley nacional, tanto en lo que hace a su factibilidad constitucional como económica, presentando un proyecto adaptado a la estructura jurídica y a la realidad socio-cultural de la Provincia (15), el cual sin embargo no fue finalmente sancionado.

II. MOTIVOS EXPUESTOS

De acuerdo a los fundamentos que precedieron al proyecto de ley, en primer lugar se tiene especial consideración la necesidad de dar efectivo cumplimiento a nivel provincial del mandato contenido en la constitución nacional, teniendo para ello en cuenta el respaldo que supone el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (16), que convalidara la constitucionalidad de la legislación neuquina en la materia, y que resulta extensivo al resto de los modelos provinciales, ya sancionados o en vías de serlo.A su vez se tiene en consideración la convencionalidad del juicio por jurados, al destacar el también reciente pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (17), en el cual se concluyó que las garantías judiciales previstas en la Convención Americana de Derechos Humanos le son plenamente aplicables al juicio por jurados, reconociendo -a su vez- que ésta no prevé un sistema procesal penal específico.

Se destaca la implementación del juicio por jurados como el instituto procesal que fortalece la democracia, facilita el acercamiento del pueblo a la administración de justicia, permite impartir justicia con la mayor imparcialidad posible -al mantenerse alejado de las presiones que pudieran afectar su independencia-, a la vez que implica la adopción de un sistema de justicia acusatorio, adversarial, oral y público, alejado del modelo inquisitorial que caracterizara al proceso penal hasta hace escasas décadas.

Dentro de los distintos modelos de jurados, Entre Ríos se ha volcado por el clásico o anglosajón por sobre el escabinado -implementado, por ejemplo, en la Pcia. de Córdoba- por entender que «responde más al diseño constitucional y a la división republicana de gobierno», acotando su competencia -justificando la decisión en el texto del art. 118 CN- a los delitos más graves previstos en el Código Penal, aplicando para ello un sistema cuantitativo, por el cual los jurados juzgarán únicamente aquellos delitos que tengan una pena en abstracto superior a los 20 años de prisión.

En definitiva, se remarca el proceso expansivo que ha tenido el instituto del juicio por jurados en todo el país, haciendo una descripción del resultado positivo y auspicioso que ha obtenido en cada provincia, en especial, en las de Córdoba, Neuquén y Buenos Aires (18), a las cuales viene a sumarse la Provincia de Entre Ríos, aunque -según sus propias estimaciones- con proyecciones más limitadas (alrededor de 10 o 15 juicios anuales en todo el territorio provincial) lo que a la vez -paradójicamente- garantizaría la viabilidad económica y estructural del sistema.En cuanto a sus características -como se verá en detalle más adelante- el modelo elegido responde claramente a las previsiones propias del sistema anglosajón: un panel de 12 ciudadanos legos, junto a un juez técnico que efectúa la audiencia de selección («Voir Dire»), dirige las audiencias, determina la admisibilidad y pertinencia de las pruebas, que se encarga de la confección final de las instrucciones, y que -luego que el jurado hubiera emitido el veredicto-. a su vez es el encargado de dictar la sentencia, imponiendo en su caso la pena o medida de seguridad que pudiera corresponder.

En esta misma línea, incorpora la garantía contra el «double jeopardy» (prohibición de doble riesgo o peligro), esto es, la irrecurribilidad de la sentencia absolutoria, con la única salvedad que se compruebe previamente que el veredicto desincriminatorio fue obtenido mediante soborno, precisamente porque -de verificarse esa situación- el acusado nunca habría estado en riesgo cierto de ser condenado, y por ende, no sería de aplicación esta protección legal. De todos modos, es importante destacar que se referencia a esta garantía -surgida del «common law anglosajón», precisamente para el juzgamiento por jurados- con la garantía constitucional de prohibición de persecución penal múltiple («non bis in idem»), haciendo en este sentido, especial referencia a los pactos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por nuestro país, lo cual no deja de ser una novedad en el marco de un sistema procesal que -simultáneamente y en forma paralela para todos los juicios «ordinarios»- sigue manteniendo el principio de bilateralidad recursiva, y la facultad de las partes acusadoras de recurrir y revertir en una instancia superior el pronunciamiento absolutorio inicial (19).

A diferencia del resto de los modelos de jurados incorporados en nuestro país, la ley entrerriana establece un único modo de arribar a un veredicto válido -en cualquier sentido, tanto a favor como en contra del acusado- por la unanimidad de todos los miembros del jurado.En caso contrario, -y al igual que en el sistema procesal penal federal norteamericano- cualquiera sea el número final que arroje la votación, el jurado se considerará estancado y deberá -siempre que se mantenga la acusación- reeditarse el juicio ante otro tribunal.

Por último, se destaca que la presente ley muestra novedades superadoras respecto a los modelos implementados en otras provincias, tales como la implementación de una audiencia previa de prueba, reglas especiales de evidencia y estándares probatorios, estrictas reglas de ética en el ejercicio de la abogacía en el marco de este tipo de juicios, y la aplicación de la libertad de conciencia del jurado al momento de deliberar y rendir el veredicto.

III. ASPECTOS CENTRALES DE LA LEY

En el Título I, se enumeran los principios generales que rigen al modelo de juicio por jurados instaurado, «el cual tendrá competencia obligatoria e irrenunciable» (20) para el juzgamiento de todos aquellos delitos, aun en forma tentada y juntamente con los delitos conexos que con ellos concurran, «cuya pena en abstracto supere los 20 años de prisión o reclusión» (21), o que, tratándose de un concurso de delitos, alguno supere dicho monto. Si bien todas las provincias reservaron este sistema de enjuiciamiento para los casos criminales más graves, en Neuquén (22), Buenos Aires, San Juan y Río Negro el jurado resulta competente en función de la gravedad de la pena requerida por la acusación (competencia cuantitativa), mientras que en Córdoba, Mendoza y Chaco se prevé una lista taxativa de delitos (competencia cualitativa).

En cuanto a su carácter obligatorio e irrenunciable, establece una estipulación similar a la que hicieran las Pcias. de Córdoba (23), Río Negro (24), Neuquén (25), Mendoza(26), Chaco (27) y San Juan (28), y se diferencia del modelo de la Pcia.de Buenos Aires, que prevé únicamente en favor de la parte acusada, una facultad perentoria de renuncia que puede ejercer -unilateralmente y sin posibilidad de veto u oposición fiscal-, en oportunidad de contestar la requisitoria de elevación a juicio (29).

Se distingue a su vez del sistema federal norteamericano, que establece la facultad de renuncia al jurado -aunque con posibilidad de veto fiscal-(30), como un mecanismo para evitar que determinados casos cuyas especiales particularidades -hechos especialmente atroces, repugnantes o sangrientos- o la repercusión social y mediática que hayan tenido antes del juicio obsten a obtener un jurado imparcial, y sin embargo deban ser obl igatoriamente enjuiciados por dicha vía (31). Ciertamente, creemos que una estipulación similar en el modelo entrerriano hubiera evitado situaciones potencialmente injustas, y eventuales planteos defensistas de nulidad y/o inconstitucionalidad, cuando en función de los hechos ventilados o su repercusión mediática previa, se torna virtualmente imposible obtener un jurado imparcial en todo el territorio provincial (32).

Si bien no puede ser considerado como un equivalente a la facultad de renuncia al jurado, ciertamente se destaca en la ley entrerriana la posibilidad expresamente prevista de arribar a otros modos de resolución del conflicto -léase, juicio abreviado-, hasta el momento inmediatamente anterior a la fijación de la audiencia de selección de jurados (33).

Emulando la integración clásica del jurado anglosajón, el panel -exclusivamente compuesto por legos- estará conformado por 12 jurados titulares, junto con 4 suplentes, como mínimo (34), y será dirigido por un solo juez técnico.Esto significa que, atento a la gravedad, duración y/o complejidad del caso, el juez de juicio podrá ordenar que se integren más jurados suplentes (35). El panel, tanto en lo que hace a los jurados titulares como a los suplentes, deberá estar compuesto por hombres y mujeres en partes iguales, garantizando la paridad de género, lo cual -por otra parte- respeta la conformación demográfica provincial y representa, en definitiva, un corte transversal de la sociedad («broad cross-section»).

Si bien la integración del panel en el número de 12 jurados -asistidos por al menos 4 suplentes- es una decisión enteramente discrecional del Poder Legislativo, «ciertamente tiende a encarecer los costos de cada juicio» realizado bajo esta modalidad, sin otro fundamento real que los antecedentes históricos que rodean a este instituto del derecho anglosajón. En efecto, la propia Corte Suprema Norteamericana concluyó que no existe ninguna razón estadística, matemática ni, jurídica que demuestre que un panel de 12 miembros habrá de arribar a un mejor veredicto que otro conformado por 6, 8, 9 u 11 miembros (36), respondiendo este número -en realidad- a una reminiscencia histórica (37) relativa a la mitología nórdica que asociaba al número de 12 propiedades místicas o supersticiosas, y que en definitiva, poca incidencia puede tener hoy día en estas latitudes (38).

Al igual que el resto de las jurisdicciones tanto a nivel nacional como internacional, la ley establece para ser jurado popular una serie de requisitos, inhabilidades e incompatibilidades, a saber:En primer lugar, es requisito ser argentino o naturalizado con dos años de ejercicio de la ciudadanía; tener entre 18 años y hasta y 75 años de edad (39); saber, hablar y entender plenamente el idioma nacional; gozar del pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos; y tener domicilio conocido y al menos 1 año de residencia inmediata en el Departamento Judicial donde se cometió el hecho (40). No se exige, a diferencia de otras jurisdicciones (41), haber alcanzado un determinado nivel educativo específico, más allá del adecuado conocimiento y dominio del idioma nacional.

Resultan incompatibles con la función del jurado las autoridades del Poder Ejecutivo Provincial y Municipal, los funcionarios públicos tanto provinciales como municipales que revistan un cargo igual o superior al de director o su equivalente, hasta el rango fuera de escalafón de los estatutos públicos (42); magistrados y funcionarios del Poder Judicial, y Ministerios Públicos; integrantes de las fuerzas armadas o de seguridad; directivos de un partido político o sindicato legalmente reconocido; ministros de cultos religiosos; abogados, procuradores, escribanos, contadores públicos, profesores universitarios de derecho o relacionados directamente con el Poder Judicial, siendo el conocimiento jurídico una causal de incompatibilidad en general y de recusación alegable por las partes.

Finalmente, se encuentran inhabilitados para cumplir el rol de jurado aquellos que no tengan la aptitud psicofísica suficiente o presente una disminución sensorial que le impida el desempeño de la función; los fallidos no rehabilitados; los imputados por un delito doloso a los que se les hubiera requerido la elevación a juicio; los condenados a una pena privativa de la libertad, hasta 10 años después de agotada la misma, en tanto que aquellos cuya pena hubiera consistido en una multa o inhabilitación, o que hubieran sido condenados en orden a los delitos contemplados en los arts.245 CP (falsa denuncia) y 275 CP (falso testimonio), o que exijan para su realización típica la calidad de funcionario público, hasta 4 años después de agotada la pena; deudores alimentarios, integrantes de fuerzas armadas y de seguridad, tanto pública como de agencias privadas (43); así como aquellos ciudadanos que hubieran servido en la función de jurado durante los últimos 3 años anteriores a la designación (44).

El proceso de selección de jurados -conforme el sistema clásico anglosajón- consta de 3 etapas, a saber: a) confección de un listado o padrón de jurados elegibles; b) el sorteo de 36 nombres que efectuará cada tribunal para integrar un panel específico y c) la audiencia de selección de jurados (Voir Dire).

El proceso de formación de los listados de jurados se encuentra plasmado en el Título III de la ley, que dispone la formación por sorteo de los listados oficiales de cada circunscripción judicial y discriminados por sexo, de vigencia anual prorrogable por igual período, siempre que el Superior Tribunal de Justicia así lo considerase por razones de mérito (45). Dicho sorteo se realizará en audiencia pública, utilizando el padrón electoral vigente, a razón de tres (3) o más jurados por cada mil (1.000) electores femeninos y masculinos (46).

Seguidamente, la Oficina de Gestión de Audiencias procederá a depurar dichos listados mediante la remisión de declaraciones juradas a los ciudadanos que resultaron seleccionados, de manera tal de verificar -con las devoluciones de las declaraciones requeridas- que los mismos no se encuentren alcanzados por ninguno de los impedimentos enunciados en la presente ley, y a partir de ello, determinará la confección definitiva de los listados y su publicación en el Boletín Oficial.A fin de conformar el tribunal de jurados correspondiente del juicio, la Oficina Judicial confeccionará por sorteo, en audiencia pública y en presencia de las partes, una lista de potenciales jurados compuesta como mínimo por treinta y seis ciudadanos, divididos en partes iguales por sexo y ordenados de manera cronológica. La lista de jurados para el juicio se integrará con los dieciséis primeros que surjan del sorteo, asumiendo los doce primeros como titulares y los cuatro últimos como suplentes, en tanto que los restantes veinte ciudadanos sorteados quedarán afectados -de momento- en el orden en que fueran sorteados al proceso, a la espera del proceso de recusaciones y excusaciones en la audiencia de selección.

La última etapa consiste en la denominada audiencia de selección del jurado «voir dire» (47), que resulta obligatoria a los efectos de la selección y conformación definitiva del panel de jurados, mediante el proceso de excusaciones y recusaciones -con y sin causa- que podrán formular, valiéndose para ello de las respuestas que obtuvieron de los candidatos seleccionados a las preguntas previamente realizadas.

La ley concede a las partes la facultad tanto de formular preguntas a los candidatos a integrar el jurado, como a realizar un cuestionario de preguntas por escrito mediante el cual se obtenga información relevante (48), a los fines de agilizar -y depurar el interrogatorio directo posterior- la audiencia de selección. Es importante señalar que dichas preguntas serán moderadas por el juez, y únicamente deberán versar sobre cuestiones que pudieran condicionar la imparcialidad del jurado (49). De modo alguno las partes podrán formular preguntas o direccionar el interrogatorio con tintes discriminatorios, por cualquier razón (raza, género, religión, etc.), debiendo velar el magistrado por lograr un adecuado equilibrio entre el derecho de las partes a obtener información relevante de los potenciales jurados, y la preservación de la intimidad de estos.Cada parte puede formular recusaciones con y sin causa, las primeras de forma ilimitada y únicamente condicionada a los fundamentos y su procedencia, mientras que las segundas son por naturaleza limitadas, aunque -en principio (50) – incondicionadas al no expresar la parte motivo alguno de su decisión. La ley entrerriana prevé cuatro recusaciones sin causa para cada parte, aunque en caso de existir pluralidad de acusadores y/o de acusados, y no mediar acuerdo entre estos respecto al uso de dichas recusaciones, y sin perjuicio de decidirse por sorteo el orden en que se efectuarán las recusaciones, se garantizará igualmente que cada una de las partes pueda recusar sin causa al menos a dos potenciales jurados, manteniendo siempre la misma cantidad de recusaciones sin causa entre acusación y defensa (es decir, que por ejemplo y para el caso de resultar indispensable otorgar mayor cantidad de recusaciones a la pluralidad de defensores, se incrementarán en igual número la cantidad de recusaciones sin causa a la contraparte). El juez procederá inmediatamente a excluir a aquellos candidatos que hayan sido recusados sin causa, y resolverá en el mismo acto las que hayan sido fundadas (51).

Esta fase del procedimiento resulta crucial para determinar la conformación del Jurado, y aunque en términos ideales tiende a obtener un panel imparcial, lo cierto es que la estrategia, efectividad y preparación de las partes influye directamente sobre el resultado final. En los Estados Unidos, expertos han señalado que el 85 % de los casos se gana o pierde en la fase de selección del jurado (52).

Como mecanismos para resguardar la imparcialidad del jurado, se prevén:a) «la prórroga de jurisdicción»; b) «La audiencia de selección del jurado (voir dire)» (53) y c) «el aislamiento del jurado». El primero de ellos se establece únicamente a pedido del acusado, para el caso que el hecho que deba ser sometido a juzgamiento hubiera conmocionado a la comunidad de tal modo que no pudiera razonablemente obtenerse un jurado imparcial, y por el cual -previo pedido fundado- el juez podrá ordenar que el juicio se lleve a cabo en otra ciudad de la jurisdicción o bien, si ello fuera imposible por razones de infraestructura, en otra jurisdicción dentro de la provincia (54). La segunda, -tal como se explicara antes- es efectuada por el juez juntamente con las partes en forma previa a la celebración del juicio, de modo tal de interrogar e indagar directamente a los candidatos sorteados a integrar el jurado, sobre posibles circunstancias que pudieran afectar su imparcialidad. El aislamiento del jurado (55), en tanto, consiste en una medida excepcional que puede disponer el juez -de oficio o a pedido de parte- cuando las circunstancias así lo aconsejaran, ordenando tanto a los jurados titulares como a los suplentes la prohibición de mantener todo contacto con terceros, ni aún por vía telefónica, ni acceder a medios de comunicación o redes sociales durante el transcurso de todo el juicio, disponiéndose para ello su alojamiento en un lugar adecuado, confidencial y debidamente custodiado.(56)

Tradicionalmente, durante el juicio el jurado anglosajón asume una actitud pasiva, como reflejo de su estricta imparcialidad. Por ende, la ley establece que tanto el juez como el panel de jurados deberán guardar estricta imparcialidad objetiva, no pudiendo formular preguntas a ninguno de los intervinientes en el juicio, bajo ningún concepto.Esta regla, coincidente con las estipulaciones del sistema federal norteamericano, ha sido criticada por diversos expertos que han propuesto conceder ciertas facultades al jurado -tales como permitirle tomar notas, ingresar al recinto con computadoras personales, e inclusive formular preguntas que harán llegar al juez por escrito, quien decidirá sobre su procedencia y pertinencia- como una manera de reformar y modernizar el sistema de juzgamiento por Jurados (57), habiendo siendo inclusive adoptadas por algunas jurisdicciones estatales de los Estados Unidos (58).

A fin de evitar que la imparcialidad del panel se vea condicionada por información cuyo contenido sea netamente perjudicial al acusado -e irrelevante en sí mismo a la resolución del hecho debatido-, la ley establece que -bajo ningún concepto- ni el juez ni los integrantes de Jurado popular podrán conocer los antecedentes penales, ni condenas anteriores del acusado. Tampoco podrán conocer las constancias del legajo de investigación o del expediente de la investigación penal preparatoria(59). Si durante el curso del debate las partes plantearan alguna incidencia relativa a la admisión o exclusión de una prueba, el juez evaluará su complejidad y pertinencia, decidiendo inmediatamente si estima que la objeción es claramente correcta -o incorrecta-, sin considerar la respuesta de la otra parte. Si decidiera escuchar brevemente la respuesta a la objeción y posiblemente una breve contrarréplica del abogado objetante, ordenará que los abogados se acerquen al estrado a fin de que el jurado no escuche la discusión. Por el contrario, cuando la sustanciación de la incidencia requiriese -por su importancia y complejidad- de mayor profundización, o bien de la producción de prueba específica que pudiera insumir total o parcialmente de una o más jornadas, el Juez ordenará el retiro del jurado de la sala hasta tanto se resuelva la misma.En ambos casos el Juez deberá permitir la grabación -obligatoria- de la incidencia (60).

Luego de finalizado el debate y antes de que el jurado ingrese a deliberar, el juez celebrará una audiencia únicamente con los abogados de las partes a fin de que presenten sus propuestas para la elaboración de las instrucciones y sus propuestas de objeto de veredicto, redactadas en un lenguaje claro y sencillo (61), tras lo cual podrán formular objeciones en forma recíproca. Es el juez quién decidirá en definitiva las instrucciones a impartir a los jurados y el objeto de veredicto respecto de cada imputado, debiendo las partes dejar constancia de sus disidencias u oposiciones, exponiendo claramente sus motivos como protesta y fundamento a la posterior y eventual impugnación de la sentencia.

Las instrucciones deberán ser redactadas en un lenguaje claro y sencillo, y versar sobre: a) «las normas que rigen la deliberación, b) los principios y garantías que rigen el proceso penal», tales como la presunción de inocencia que asiste al acusado, la carga de la prueba a cargo de la parte/s acusadora/s, el alcance constitucional de la negativa a declarar del acusado (62) y que el jurado solamente podrá valorar las pruebas rendidas en el juicio, c) «el concepto y significado de la duda razonable», y el estándar de convicción -sobre la existencia del hecho y su autoría- que se debe alcanzar para declarar culpable a una persona; d) «el derecho sustantivo aplicable al caso», tanto en lo que hace al delito principal y los delitos menores contenidos en la acusación, así como las causales de justificación y análogas, si las hubiere; e) «las cuestiones atinentes a la valoración de la prueba;» y f) «el concepto, significado y alcance de la libertad de conciencia» que asiste al jurado al momento de sus deliberaciones y dictado del veredicto (63). No obstante este último punto, de la letra de la ley surge la posibilidad que las partes acuerden la redacción de un veredicto especial (64), que -a diferencia del general- limita la posibilidad de queel jurado se aparte de la ley aplicable al caso.

Al momento de la deliberación, únicamente participarán los jurados titulares -quedando dispensados los suplentes-, quienes deberán llevarse consigo todo objeto o escrito admitido como prueba, a excepción de las declaraciones, quedando sometidos a custodia a fin de evitar todo contacto con terceros (65).

Si bien la ley estipula que el veredicto deberá adoptarse por la «unanimidad» de los 12 jurados, en casos excepcionales -enfermedad grave, muerte, o imposibilidad sobreviniente de uno o dos miembros- se admite que la decisión sea adoptada hasta por 10 jurados, siempre que el imputado así lo consienta. Al igual que en el sistema federal norteamericano (66), Entre Ríos incorporó la regla de la unanimidad en su sentido tradicional, esto es, que todo veredicto -ya sea a favor o en contra del acusado- deberá adoptarse por esta vía, no admitiéndose mayoría en ningún caso, aun cuando esta fuera abrumadora y//o cuando fuera a favor del acusado.

A diferencia de la mayoría de las jurisdicciones (67), la presente ley se inclina por la unanimidad como mecanismo para garantizar no solo «una prolongada deliberación», sino -según a esta tesitura- de mayor legitimidad que la que habría de tener una decisión mayoritaria, a riesgo de provocar el estancamiento del jurado para el caso que hubiera un mínimo desacuerdo, prolongando así una situación de incertidumbre procesal que perjudica al acusado, y eventualmente -de reiterarse el estancamiento en un segundo juicio-, a la acusación.Solo Chaco y Mendoza establecen igual modo de arribar a un veredicto válido (68).

Al respecto, es importante destacar que en los Estados Unidos hace ya más de cuarenta años fue discutida en profundidad la conveniencia y origen de esta regla que en no pocas ocasiones provocaba el estancamiento del jurado y la consiguiente anulación del juicio, lo que dio lugar a la intervención de la Corte Suprema Norteamericana (69), que convalidó veredictos obtenidos por mayoría tanto de 10 a 2 (Ohio) como de 9 a 3 (Louisiana), sobre la base de que la existencia de una minoría disidente no puede ser equiparable a una duda razonable en los términos de la Sexta Enmienda (70). Por tanto, si bien es loable la intención legislativa, ciertamente el riesgo procesal y las eventuales implicancias negativas que esta regla conlleva, superan con creces los hipotéticos beneficios que pudiera traer, sin perjuicio de no alcanzar a advertir cuál pueda ser la desventaja de un veredicto adoptado por mayoría, máxime teniendo en cuenta lo decidido sobre el particular por nuestro Máximo Tribunal en el caso «Canales» (71).

Frente al supuesto en el que el jurado no alcance la unanimidad propuesta en un plazo racional de deliberación, el juicio se declarará estancado y podrá juzgarse nuevamente ante otro juez y otro jurado. Previamente, el juez y las partes procurarán acordar todas las medidas necesarias que permitan asistir al jurado para superar el estancamiento, tales como la reapertura de cierto punto de prueba, nuevos argumentos o alegatos de las partes o una nueva instrucción del juez. A ese fin, el juez podrá preguntarle al jurado si desean poner en su conocimiento el o los puntos que les impiden acordar, sin revelar ningún aspecto o detalle de las deliberaciones ni del número de votos a favor de una u otra postura (72). Si el jurado continúa sin alcanzar la unanimidad requerida, se lo declarará estancado y el juez le preguntará al acusador si habrá de continuar con el ejercicio de la acusación.En caso negativo, el juez absolverá inmediatamente al acusado. En caso afirmativo, el juez procederá a la disolución del jurado y se dispondrá la realización de un nuevo juicio con otro juez y otro jurado. Si el nuevo jurado también se declarase estancado, el juez absolverá al acusado (73).

Entre Ríos se enrola así dentro de las jurisdicciones nacionales que prevén la posibilidad del estancamiento del jurado, luego de Buenos Aires, Mendoza, Chaco y San Juan (74). Resultan de importancia las facultades adicionales otorgadas al juez a fin de evitar que la deliberación termine en un punto muerto, fomentando alternativas que permitan a los jurados reconsiderar su posición sobre la base de las instrucciones y/o aclaracio nes y/o pruebas adicionales, de modo tal de incorporar a los jurados en minoría a la opinión mayoritaria, salvando las diferencias iniciales que pudieran existir, y evitando la realización de un nuevo juicio.

Si bien el veredicto es inmotivado, esto no significa que la sentencia carezca de fundamentación. En efecto, el jurado rinde su veredicto de acuerdo a su íntima convicción, y por ende, no expresa los motivos de su decisión. Sin embargo, esto no impide revisar de forma amplia -aún más que en un juicio ordinario- la decisión arribada, sirviendo de fundamentación plena y suficiente tanto las instrucciones del juez al jurado, la solicitud de remisión a juicio y el registro íntegro y obligatorio del juicio en audio y video, o de taquigrafía.

Contra la sentencia condenatoria dictada en el marco del juicio por jurados, procederá el recurso de casación, el cual -sin perjuicio de los motivos ordinarios de agravio, podrá ser interpuesto los siguientes motivos especiales, a saber:a) «La inobservancia o errónea aplicación de las reglas referidas a la constitución y recusación del jurado» y a la capacidad de sus miembros; b) «La arbitrariedad de la decisión que rechace o admita medidas de prueba», de modo que se hubiera cercenado el derecho de defensa en juicio y condicionado la decisión del jurado; c) «Cuando se hubieran cuestionado las instrucciones brindadas al jurado» y se entendiera que éstas pudieron condicionar su decisión; y d) «Cuando la sentencia condenatoria o la que impone una medida de seguridad se derive de un veredicto del jurado que sea arbitrario o que se apartare manifiestamente de la prueba producida en el debate» (75).

En materia de legitimación recursiva, la ley establece una diferenciación entre los procesos ordinarios (76) y los juicios por jurados, al consagrar la irrecurribilidad del veredicto de no culpabilidad, haciendo este cosa juzgada material y concluyendo de manera definitiva e irrevocable el procedimiento y la persecución penal en contra del acusado, salvo el supuesto excepcional que la parte acusadora demuestre previa y fehacientemente que el veredicto de no culpabilidad fue producto del soborno, o de los delitos de coacción agravados, o secuestros extorsivos u otras graves intimidaciones que ejercieron una coacción sobre uno o más jurados, y que dicha injerencia hubiese determinado el veredicto absolutorio (77).

El fundamento radica en la ampliación del alcance de la garantía del «non bis in ídem» (78), dejando de lado el principio de bilateralidad recursiva, y elevando el estándar de protección conforme la cláusula del «double jeopardy», consistente en prohibir que la acusación reedite la acusación poniendo dos veces en peligro a un acusado que ha sido absuelto por un tribunal con motivo del mismo delito (79). Es decir que una vez que el Estado lleva a un acusado a juicio, traspasa un punto de no retorno y hace uso del único disparo («just one shot») que dispone para intentar la condena, careciendo de recurso alguno contra el fallo absolutorio, salvo que haya sido dictado contra el veredicto condenatorio del jurado (circunstancia noprevista por el sistema entrerriano) o -excepcionalmente- que el mismo fuera nulo por corroborarse la connivencia con el acusado por medio de soborno, o injerencia del acusado sobre el jurado, por medio de coacción y/o presión cuya incidencia haya determinado a la decisión desincriminatoria.

Esta limitación legal, como señala Chiesa Aponte, tiene por objeto proteger contra ulteriores procedimientos tras absolución en los méritos, en el sentido de juicio del juzgador de hechos en que la prueba es insuficiente para una convicción, cuyo propósito es impedir al Estado una segunda oportunidad para probar el caso (80).

El -hipotético- conflicto que pudiera generarse, no radica ya en la autolimitación estatal de su propio «ius persequendi» cuando se entienda que otorgar tal legitimación al Ministerio Público Fiscal implique permitir al Estado poner en crisis la decisión del jurado popular precisamente establecido como límite a su poder punitivo (81), sino en que la deslegitimación recursiva también alcanza a la víctima constituida en parte querellante, la cual resulta -al igual que el propio imputado- destinataria de los derechos y garantías consagrados en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, en especial, del derecho a la tutela judicial efectiva.A su vez, teniendo en cuenta los principios de progresividad, irreversibilidad e interacción entre el derecho interno y los Pactos Internacionales que rigen en materia de Derechos Humanos, cabe suponer que la modificación del alcance de la garantía del «non bis in idem» ha elevado el piso mínimo de garantías contemplado en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y por ende constituye un estándar de protección que no resulta susceptible de ser revocado, pudiendo ser invocado en consecuencia por todo imputado que, absuelto en el marco de un proceso ordinario, se vea sometido nuevamente al peligro de ser condenado en sucesivas instancias recursivas, por aplicación del principio de bilateralidad recursiva que coexiste -paralelamente- con la deslegitimación de los acusadores para recurrir la absolución en los juicios por jurados.

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(1) Ley N° 9182(ref;:LEG9166), en vigencia desde Enero de 2005

(2) Ley N° 2784 , publicada en enero de 2012 y vigente desde enero de 2014

(3) Ley N° 14.543 , vigente desde Noviembre de 2013

(4) Ley N° 9106 , vigente desde octubre de 2018

(5) Ley N° 5020 , vigente desde marzo de 2019

(6) Ley N° 7661 , vigente desde septiembre de 2015, aunque efectivamente implementada recién en 2019

(7) Ley N° 1851 , vigente desde diciembre de 2018.

(8) La Provincia de Córdoba implementó un modelo de integración mixto o escabinado, similar al francés o al italiano, pero con características propias que lo vuelven un sistema único a nivel mundial.

(9) Federal Rules of Criminal Procedure (FRCP); ver: https://www.federalrulesofcriminalprocedure.org/

(10) Referentes en la materia han señalado a la ley entrerriana como «la mejor del país, porque ha recogido las mejores experiencias de las otras leyes argentinas y ha evitado caer en los errores u omisiones de las demás» (http://inecip.org/prensa/inecip-en-los-medios/se-aprobo-la-ley-de-juicio-por-jurados-en-entre-rios/)

(11) Art.122 inciso 23 : «Corresponde al Poder Legislativo:.Dictar las leyes de organización y de procedimientos de los tribunales ordinarios y la del juicio por jurados» – Art. 186: «El Poder Judicial de la Provincia será ejercido por un Superior Tribunal de Justicia y demás tribunales o jurados que las leyes establezcan»

(12) Entre ellos, se destacan el Proyecto de ley de juicio por jurados para la Provincia de Entre Ríos del Dr. Daniel Horacio Obligado del año 1996, el proyecto de la Comisión Especial conformada por miembros de las Cámaras de Diputados y Senadores, Superior Tribunal de Justicia y Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales -U.N.L.-, creada por el Decreto 1152 del ejecutivo provincial, así como el proyecto del Colegio de Abogados de Entre Ríos de 1998, el proyecto de reforma del Código Procesal Penal del Dr. Julio Federik, así como el proyecto de juicio por jurados realizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y presentado en 2003.

(13) El texto constitucional sancionado en 1883 preveía su incorporación para el juzgamiento de los delitos de imprenta (art. 12), como parte de la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia (art 156), como una prerrogativa de la legislatura (art. 230), dedicándole inclusive un Capítulo entero (Sección V «Poder Judicial», Capítulo V «De los Jurados») a su conformación y proceso de selección específicos (arts. 179 al 184).

(14) La Constitución provincial de 1903 también contemplaba la implementación del juicio por jurados -en especial para los delitos de imprenta- (arts.12 , 197 , 225 al 229 , 234 inciso 13 ap. , b y 292 ), al igual que su modificación de 1933 -vigente hasta 2008- la cual realizaba similar previsión, en sus artículos 81 inciso 24 y 147

(15) CHIARA DIAZ, Carlos A.: «Código Procesal de la Provincia de Entre Ríos», 2da Ed., Rosario, Nova Tesis, 2017, T. II págs 286 y 287

(16) CSJN, 461/2016/RH1, «Canales, Mariano Eduardo y otro s/ homicidio agravado – impugnación extraordinaria» 02/05/2019

(17) CIDH, Caso No. 12.690 «V.R.P. y V.P.C. vs. República de Nicaragua», 8 de marzo de 2018

(18) En Neuquén, desde 2014 se celebraron 42 juicios por jurados, uno de los cuales dio lugar al reciente pronunciamiento de la CSJN («Canales»); En la Provincia de Córdoba desde 2005 se realizaron 557 juicios por jurados; en Buenos Aires, en tanto, desde 2015 se celebraron 324 juicios, mientras que en Mendoza en 2018 se celebraron 12 juicios bajo esta modalidad. https://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/TSJ/jurados_populares

(19) Art. 513 CPPE. Al respecto, el STJ de Entre Ríos analizó la cuestión en profundidad en oportunidad de fallar en el caso “Zaragoza, Carlos Daniel y otros – Sedición agravada y otros s/impugnación extraordinaria» 04/04/2018 (elDial.com – AAA875)

(20) Art. 2 Ley 10746

(21) Coincidente con la competencia cuantitativa otorgada al jurado en la Pcia. de San Juan

(22) En el caso de Neuquén, la competencia es cuantitativa y cualitativa, al exigirse como doble requisito que se trate de delitos contra las personas, la integridad sexual o cualquier otro delito cuyo resultado haya sido muerte o lesiones gravísimas, y que el Ministerio Público Fiscal solicite una pena privativa de libertad superior a los quince (15) años (Art.35 Ley 2784)

(23) Art. 2 Ley N° 9182

(24) Art. 17 in fine Ley N° 5020

(25) Arts.24 y 35 Ley N° 2784

(26) Art. 2 Ley N° 9106

(27) Art. 2 Ley N° 7661

(28) Art. 457 CPPSJ

(29) Art. 22 bis CPPBA

(30) Regla 23 a) FRCP: «Jury Trial. If the defendant is entitled to a jury trial, the trial must be by jury unless: (1) the defendant waives a jury trial in writing; (2) the government consents; and (3) the court approves.»

(31) Al respecto de los riesgos inherentes a la imposibilidad de obtener un panel imparcial, así como la conveniencia de encausar su enjuiciamiento ante un tribunal técnico, ver los precedentes «Patton v. United States», 281 U.S. 276 (1930) y «Singer v. United States» 380 U.S. 24 (1965)

(32) Estos supuestos se han analizado en profundidad en los Estados Unidos, en favor del denominado «Bench Trial» o juicio sin jurado. Para mayor abundamiento, ver «United States vs. Ceja», 451 F.2d 399, 400 (1st Cir. 1971) (prejuicio étnico); «State vs. Kilburn», 304 Minn. 217, 232-33, 231 N.W.2d 61, 69 (1975) (disidencia de J. Otis) (prejuicio racial); «United States vs. Moon», No. 82-1275 (2d Cir.) (prejuicio religioso); «United States vs. Farries», 459 F.2d 1057, 1061 (3d Cir. 1972) cert. denied at 409 U.S. 888 (1972) and at 410 U.S. 912 (naturaleza del crimen cometido en la prisión federal del Estado, consistente en la instigación al motín, causal que concurre con las características del acusado, en su condición de negro, musulmán y convicto con antecedentes criminales)

(33) Art. 2 último párrafo de la Ley Nº 10.746 «.sin perjuicio de que son admisibles las formas alternativas de resolución de conflictos hasta el momento inmediatamente antes de la fijación de la audiencia de voir dire para seleccionar el jurado», remitiéndose a su vez a lo previsto en el art.391 quinto párrafo del CPPER «Si la pena acordada por las partes supera los diez años de prisión, la petición deberá ser resuelta por el Juez del Tribunal de Juicio y Apelación de la jurisdicción».

(34) El juez podrá incrementar el número de suplentes para el caso que estimase que el debate se prolongará por más de 2 jornadas. (Art. 43 Ley N° 10.746)

(35) El número de jurados titulares y suplentes resulta coincidente con el de la Pcia. de Neuquén (Art. 35 Ley N° 2784) y de Mendoza (Art. 6 Ley N° 9106), aunque estas no hacen previsión alguna respecto a la posibilidad de incrementar el número de suplentes en casos excepcionales. La Pcia. de Buenos Aires, en cambio, prevé la integración obligatoria del mismo número de titulares, junto con 6 suplentes, independientemente de la gravedad y/o complejidad del caso (Art. 338 bis CPPBA).

(36) El conocido «Teorema del Jurado» del Marqués de Condorcet fue refutado ya en el siglo XVIII, dado que el jurado no cumple con las premisas preconcebidas por este para garantizar un mejor resultado.

(37) «Williams vs. Florida», 399 US 78 (1970), sobre el particular la Corte explicó «.Some have suggested that the number 12 was fixed upon simply because that was the number of the presentment jury from the hundred, from which the petit jury developed.Other, less circular but more fanciful reasons for the number 12 have been given, “but they were all brought forward after the number was fixed, and rest on little more than mystical or superstitious insights into the significance of “12.”.In short, while, sometime in the 14th century, the size of the jury at common law came to be fixed generally at 12 that particular feature of the jury system appears to have been a historical accident.»

(38) El modelo implementado en la Pcia.de Córdoba prevé un panel integrado por 8 jurados titulares y 3 jueces técnicos, sin que dicha reducción afecte la legitimidad y acierto de las decisiones judiciales.

(39) Entre Ríos prevé un rango etario mayor a otras jurisdicciones: Neuquén, Río Negro y Buenos Aires establecen un mínimo de 21 años de edad, mientras que Córdoba y Chaco resultan aún más restrictivas: los candidatos deberán tener entre 25 y 65 años de edad. Recordemos que la franja etaria elegida condiciona y cercena la representatividad del jurado, ya que a mayor cantidad de limitaciones, no podría reflejar cabalmente un «corte amplio y transversal de la sociedad».

(40) Estipulación similar a la prevista en Neuquén (Art. 43.4 Ley N° 2784), que exige 2 años de residencia inmediata. Córdoba y Chaco, en cambio, exigen tener una residencia permanente no inferior a cinco y cuatro años respectivamente en el territorio provincial.

(41) Córdoba (Art. 5.b Ley N° 9182) exige tener la educación básica obligatoria completa, mientras Chaco (Art. 11.b Ley N° 7661) requiere estudios primarios completos.

(42) Al igual que la Pcia de Buenos Aires (art. 338 bis inciso 2º CPPBA), un empleado público puede integrar un jurado popular.

(43) La Pcia. de Buenos Aires hace una estipulación similar (Art. 338 bis inciso 2 ap. 3 CPPBA), por el sesgo que su propia actividad representa, y que pudiera influir en su predisposición mental, de tal modo que le impida ser imparcial.La predisposición mental ha sido definida en los Estados Unidos como “la existencia de un estado de ánimo, en referencia al caso o hacia alguna de las partes que le impedirá actuar con total imparcialidad» (Ley de Procedimiento Civil de California, Sección 225)

(44) Se busca preservar el carácter «accidental» de la función de jurado, en contraposición con su posible «profesionalización», lo cual le acarrearía al candidato, a su vez, una cierta superioridad sobre el resto de los integrantes del panel.

(45) Al no haberse utilizado en la conformación de jurados la totalidad de los candidatos seleccionados

(46) En Buenos Aires, San Juan y Chaco la selección por sorteo se realiza a razón de un (1) jurado por cada mil (1.000) electores, en tanto que en Córdoba se prevé un (1) jurado por cada mil quinientos (1.500) habitantes, mientras que en las provincias de Neuquén y Río Negro, se procede a sortear el triple de ciudadanos de los que se requerirían para conformar los jurados en todos los juicios proyectados para el año judicial.

(47) Literalmente, «Ver qué dirá», vocablo francés derivado de la conquista normanda del territorio inglés (1066).

(48) Art. 32 Ley N° 10.746

(49) Del mismo modo que lo prevé la Regla 24.A.(1) FRCP

(50) Tal como se señaló antes, aun cuando no se ofrezcan motivos a la recusación, esta no puede obedecer en ningún caso a un motivo discriminatorio, razón por la cual -de existir un patrón común a todas las recusaciones sin causa- la defensa podría impugnarlas invocando la violación al art. 37 in fine Ley 10.746. En los Estados Unidos, esta causal ha dado lugar a múltiples precedentes, que invierte la carga de la prueba, y obligan a la Fiscalía a demostrar que no ha habido discriminación alguna en el proceso de selección («Swain vs. Alabama», 380 EE.UU. 202, 380 US. 219 (1965) «Batson vs. Kentucky», 476 US 79 (1986))

(51) Art. 39 Ley 10.746.Contra dicha resolución únicamente procede el recurso de revocatoria, que equivaldrá a protesta a los fines de la interposición del recurso contra la sentencia definitiva.

(52) Fahringer, Herald Price (1993-1994), «Mirror, Mirror on the Wall .: Body Language, Intuition, and the Art of Jury Selection» 17 , American Journal of Trial Advocacy, P. 197

(53) Título IV de la ley, art. 31 y ss.

(54) Art. 5 Ley N° 10.746. Esta previsión es similar a la contemplada en Neuquén (art. 25 Ley N° 2784) y Mendoza (art. 2 de la Ley Nº 9106) con la distinción que la determinación de la nueva circunscripción se definirá por sorteo público realizado en la misma audiencia. Del mismo modo, está prevista en el sistema Norteamericano, tanto para el juzgamiento de casos criminales (Rule 21 FRCP) como civiles (28 US CODE § 1404).

(55) Art. 45 Ley 10746.

(56) Vale aclarar que esta última medida de resguardo e incomunicación del jurado está prevista también en Mendoza (art. 21 – Ley Nº 9106), Neuquén (art. 208 Ley Nº 2784), Chaco (art. 46 Ley Nº 7661), Buenos Aires (art. 371 Quater Ley Nº 14.543), Río Negro (art. 203 Ley Nº 5020), San Juan (art. 492 del Código Procesal Penal Ley Nº 1851) y Córdoba (art. 30 Ley Nº 9182).

(57) Hans, Valerie P., “U.S. Jury Reform: The Active Jury and the Adversarial Ideal”, Cornell Law Faculty Publications Paper (2002) http://scholarship.law.cornell.edu/facpub/311.

(58) Un ejemplo es el Estado de Florida, USA. Ver Florida Rules of Criminal Procedure, Rule 3371(b)

(59) Art. 62 Ley 10.746. Ello vulneraría el derecho del acusado a confrontar a los testigos de cargo (Confrontation Clause), vinculado a la vez al ejercicio del derecho de defensa en juicio. Ver «Crawford vs. Washington», 541 US 36 (2004).

(60) Art. 56 Ley 10.746.Ello a fin de evitar que el jurado pudiera verse condicionado en su imparcialidad al conocer los argumentos de las partes respecto a la incidencia planteada, del mismo modo que puede verse afectado por un comentario impropio y perjudicial en el desarrollo del debate, pudiendo en ciertos casos acarrear la nulidad misma del juicio. Al respecto, ver «United States vs. Lowis» 98 – 2727 7th Cir. 1999; en igual sentido, «Sandez vs. United States», 239 F. 2d 239, 248 9th Cir. 1956.

(61) Art. 68 Ley 10.746

(62) No pudiendo nunca tomarse su silencio como presunción en su contra, tal como ha ocurrido en el pasado en los Estados Unidos, principalmente en Texas y California (Ver al respecto, «Griffin vs. California» 380 US 609 (1965))

(63) Arts. 8 y 70 Ley 10.746. Esta instrucción resulta fundamental para que jurado pueda juzgar libremente al acusado, según la ley como sus propias convicciones, pudiendo de esa forma crear derecho o anular el existente, ya que tiene la facultad de dictar un veredicto de inocencia aun cuando la prueba de cargo sea abrumadora, e inclusive cuando los hechos hayan sido inclusive admitidos por el propio acusado, y de acuerdo al derecho aplicable, correspondería una condena (Disidencia del Ju ez Brandeis en «Horning vs. District of Columbia», 254 US 135 (1920). Su fundamento reside en evitarle al acusado el cumplimiento de una condena ligada a la transgresión de leyes impopulares, o cuando la defensa ha logrado conmover al jurado (Bianchi Alberto B. «El Juicio por Jurados- La participación popular en el proceso», Ed. Abaco, Bs. As., 1999, Pág. 101)

(64) Art. 71 Ley 10.746

(65) La violación de dicha prohibición acarreará la anulación del juicio (Art. 74 Ley 10.746)

(66) Regla 31 FRCP.(67) En Neuquén se requiere únicamente una mayoría de 8 votos afirmativos -sobre 12 totales- para obtener un veredicto de culpabilidad, mientras que en Buenos Aires se requiere de una mayoría de 10 votos -sobre 12 totales- para obtener un veredicto incriminatorio, exigiendo la unanimidad de votos únicamente si el delito por el que fuera calificado legalmente el hecho en que se sustenta la acusación tuviera prevista pena de prisión o reclusión perpetua (Art. 371 quater CPPBA). En San Juan, en tanto, el veredicto de culpabilidad requiere como mínimo de 8 votos afirmativos sobre las cuestiones planteadas, salvo que el delito por el que es calificado legalmente el hecho delictivo en que se sustenta la acusación prevea pena de prisión o reclusión perpetua, en cuyo caso se requieren 10 votos afirmativos (Art. 489 CPPSJ). Río Negro, en cambio, acoge la llamada «variante inglesa» (por resultar similar a la legislación inglesa en la materia): si bien en principio se exige unanimidad para condenar o absolver, si transcurrido un tiempo de deliberación los jurados no logran llegar a un veredicto, se les informará que se admiten veredictos mayoritarios de 10 a 2, (cuando se trate de un jurado compuesto por 12 miembros), y de 6 a 1 en caso de un jurado de 7 integrantes, debiendo absolverse al acusado en caso de no obtenerse dichas cifras (Art. 202 Ley N° 5020 RN). También Córdoba exige mayoría de votos (Art. 43 Ley N° 9.182 Cba), aunque su modelo de jurados responde a un modelo mixto o escabinado.

(68) Art. 34 Ley N° 9106 y Art. 81 Ley 7661

(69) «Johnson vs. Louisiana» 406 US 356 (1972); «Apodaca vs.Oregon», 406 US 404 (1972). En este último caso, tras un extenso análisis, el Juez White concluyó que el requisito de la unanimidad surgió durante la Edad Media, y para el siglo XVIII se había convertido en una característica del Jurado aceptada por el common Law

(70) Desde la perspectiva del derecho comparado, ningún sistema (salvo los casos de Entre Ríos y Chaco) ha hecho eco de esta regla, requiriéndose para arribar a un veredicto de culpabilidad de una determinada mayoría, en general agravada.

(71) Que, de hecho, fuera tomado como precedente en la exposición de motivos para la sanción de la presente ley

(72) Art. 87 Ley N° 10.746

(73) Art. 88 Ley N° 10.746

(74) Chaco (Art. 87 Ley N° 7661) y Mendoza (Art. 34 Ley 9106) hacen idéntica estipulación que Entre Ríos, coincidentes con la previsión del sistema federal norteamericano (Regla 31.3 FRCP). Buenos Aires estipula un modo peculiar de estancamiento del jurado, que se producirá de no obtenerse el número de votos requerido para un veredicto de culpabilidad (ya sea de 10 a 2, o de unanimidad, dependiendo del caso), y siempre que se hubieran obtenido más de 8 votos afirmativos (Art. 371 quater CPPBA). San Juan (Art. 489 CPPSJ) hace otro tanto, pero con un número de 6 votos afirmativos -de culpabilidad- sobre 12 (la menor cantidad de votos requerida se justifica en el hecho que el veredicto se obtiene hasta con 8 votos de culpabilidad). En tanto, Córdoba, Neuquén y Río Negro no prevén la figura en su legislación.

(75) Idéntica estipulación y motivos de agravio prevén Buenos Aires, Río Negro, Chaco, San Juan y Mendoza. Neuquén, en tanto, contempla los tres primeros motivos especiales de agravio, dejando de lado la posibilidad de recurrir la sentencia condenatoria por arbitrariedad manifiesta del veredicto popular (Art.238 Ley N° 2784). El sistema implementado en la Provincia de Córdoba no contempla motivos especiales de impugnación para la sentencia derivada de un juicio por jurados, al encontrarse la sentencia fundada de acuerdo a la sana crítica racional y canalizar la etapa recursiva segùn el procedimiento previsto para todos los juicios ordinarios.

(76) En distinción a lo normado en la Ley de Juicio por Jurados, el Código Procesal de la Provincia de Entre Ríos habilita en el marco de un juicio común la revisión de la absolución, legitimando tanto al Fiscal como al querellante a interponer los recursos legalmente previstos para revocar la decisión del tribunal oral, reeditando la imputación en instancias superiores y permitiendo a casación anular la sentencia absolutoria (Arts. 511 y 513 CPPER).

(77) Como se dijera antes, esta excepción a la regla general se explica a partir de que, a través del soborno o el condicionamiento del jurado, el acusado nunca estuvo realmente sometido a un riesgo inicial de condena, razón por la cual no corresponde su amparo bajo la prohibición de someterlo a un doble riesgo o peligro. Idéntica estipulación prevén Neuquén, Río Negro, San Juan mientras que Chaco y Mendoza contemplan solamente el supuesto del soborno. Buenos Aires, en cambio, no prevé ninguna posibilidad de revertir la absolución, aun comprobando una o más de las condicionantes descritas.

(78) Art. 18 y 75 inc 22 CN; art. 8 inc. 4 Convención Americana de Derechos Humanos («El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.»)

(79) Dice Maier que el hecho que el Estado no posea un recurso contra la sentencia del Tribunal de juicio se deriva, en realidad, de la historia cultural del juicio por jurados. (Maier, Julio B., «Derecho Procesal Penal. Fundamentos», Tomo I, segunda edición, Buenos Aires, Edit. Del Puerto, 1996, p. 715)

(80) Chiesa Aponte, Ernesto L., «Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos» Ed. Forum, Santa Fe de Bogotá, 1992, Vol. II, p. 368

(81) En este sentido, la cuestión ha sido debidamente zanjada hace tiempo por la CSJN en el caso «Arce Jorge Daniel s/Recurso de Casación» Rta. del 14/10/1997 (Fallos 320:2145)

(*) Abogado. Profesor de Ciencias Jurídicas para la Enseñanza Media y Superior. Miembro de carrera docente de la Facultad de Derecho de la UBA (cátedra de Virgolini). Profesor adjunto (interino) en la facultad de derecho de la UBA (Sistema acusatorio y juicio por jurados) y profesor regular en la UMSA. Autor de publicaciones sobre temas de su especialidad.

(**) Abogada. Empleada en la oficina de gestión de audiencias de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

(***) Abogado. Asesor legal en secretaria de Modernización de la Jefatura de Ministros de la Nación.