La cónyuge que, luego de separada, abonó con dinero propio la hipoteca de la casa adquirida durante el matrimonio, tiene derecho al 50% de la titularidad que detentaba su ex esposo

Partes: A. L. A. c/ C. F. S. s/ liquidación de la sociedad conyugal – contencioso

Tribunal: Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Bell Ville

Fecha: 15-ago-2019

Cita: MJ-JU-M-123429-AR | MJJ123429 | MJJ123429

La cónyuge que luego de disuelta la sociedad conyugal abonó con fondos propios la hipoteca de un inmueble adquirido durante la vigencia de aquella, tiene derecho a la inscripción a su nombre del 50% de la titularidad que detentaba su ex esposo.

Sumario:

1.-Corresponde decretar la liquidación de la comunidad de ganancias y ordenar al Registro General de la Provincia que inscriba a favor de la actora el 50% del bien inmueble actualmente inscripto a nombre del demandado, ya que la compra fue realizada por ambos mientras se encontraba vigente la comunidad de ganancias y con un crédito hipotecario y a posteriori, disuelta aquella con efecto retroactivo a la fecha de la separación de hecho sin voluntad de unirse, la actora abonó las cuotas del mencionado crédito, por lo cual la cuestión debe subsumirse en el régimen de las recompensas (art. 465, inc. ñ ), en función de las directrices trazadas por los arts. 468 y 488 , CCivCom.) y concluirse que los pagos fueron realizados con dinero propio.

2.-Si de la prueba producida surge que la deuda hipotecaria era una carga de la comunidad (arg. art. 493 , CCivCom.) y que fue abonada con fondos propios de uno de los cónyuges -cuando según el origen (de la deuda) debió abonarse con dinero de la comunidad (ganancial)-, éste tiene un derecho a recompensa, al tiempo de la liquidación.

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3.-Si la casi totalidad de las cuotas del préstamo hipotecario contraído durante la vigencia de la sociedad conyugal, fueron abonadas por la acota con fondos propios luego de este evento, es necesario concluir que el derecho a recompensa que tiene la actora en contra de la comunidad es igual al porcentaje (valor) en que se encuentra inscripto el bien a favor de su ex cónyuge (50%) pues la otra porción ya está registralmente anotada a su nombre (50%).

4.-Habiendo abonado la actora con sus ingresos el crédito hipotecario contraído durante la vigencia de la sociedad conyugal, ante la inexistencia de otros bienes de la comunidad para aplicar esa recompensa para su necesario balance, lo que ordena el sentido común es atribuirle sin ambages el 50% de titularidad, tanto más cuanto este último – con más la porción que ya se encuentra registralmente a su nombre- es igual a la totalidad de la cuotas abonadas, porque resolver de manera diversa materializaría un resultado verdaderamente injusto y sin sentido.

5.-No es admisible en el régimen legal vigente, cambiar la categorización de un bien ineludiblemente ganancial (arg. art. 465, inc. a, CCivCom. de la Nación) a la calidad de propio.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Bell Ville, 15 de agosto de dos mil diecinueve.

Y VISTOS: los autos caratulados: «A., L.A. c/ C., F.S. – LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL – CONTENSIOSO» (Expte. Nº ), de los que resulta que a ff. 42/44, la apoderada de la señora L.A.A., abogada María Alejandra Noriega (v.f.8 de los autos principales), deduce incidente de liquidación y partición de la comunidad de bienes habida entre los cónyuges. Específicamente solicita que se inscriba en el RGP en un ciento por ciento (100%) a nombre de la actora el inmueble inscripto a la Matrícula n° – activo de la sociedad conyugal- toda vez que alude a su condición de bien ganancial anómalo (ganancial pero con el aporte total y absoluto de uno solo de los cónyuges).

Relata que mediante Sentencia n° 33 de fecha 22.06.2018 se decretó el divorcio vincular de los esposos L. A. A. y F. S. C. y se declaró disuelta la sociedad conyugal con efecto retroactivo al día 29 de noviembre de 1999, fecha de la separación de hecho de los cónyuges sin voluntad de unirse. Indica que por esa fecha la sociedad conyugal tenía como único bien ganancial una vivienda, la que fue adquirida a través de un crédito hipotecario en el año 1998. Que a los pocos meses de concretarse la compra del inmueble, el demandado F.S.C. hace abandono del hogar y nunca más su representado tuvo contacto con aquel, como tampoco comunicación, ni noticias acerca de su paradero. Alude entonces que a partir de ese momento -su representada L.A.A.- abonó todas las cuotas del crédito hipotecario, cancelando las 334 cuotas restantes de dicho préstamo. Sigue diciendo que en prueba de ello en el año 2013 le otorgan la cancelación de la hipoteca. Además refiere a que durante los años 2008 y 2015 realizó mejoras y ampliaciones en la unidad, tales como:un living, una cochera, un lavadero, una pieza para guardar herramientas, agrandó el comedor e instaló una pileta de plástico enterrada. Esgrime como argumento de su postulación que la ganancialidad reposa en el esfuerzo común de los esposos que conviven bajo un mismo techo, razón por la cual la consecuencia natural del cese de la cohabitación es la culminación del carácter ganancial de los bienes que en lo sucesivo se adquieran por haber desaparecido – objetivamente- las causas que justifican su subsistencia. Indica que precisamente eso fue lo que se estableció en la parte resolutiva de la sentencia de divorcio en cuanto a la disolución de la sociedad conyugal con efecto retroactivo al día de la separación de hecho (29.11.1999). Dice que el bien fue adquirido en su totalidad por la Sra. L.A.A., con la remuneración -sueldo- que como empleada percibía del Hospital de Pascanas. Este hecho da sustento y justifica el origen de los fondos para la compra del bien objeto de este incidente. Cita doctrina. Por último refiere a que su poderdante abonó los gastos de cancelación de la hipoteca y del juicio de divorcio. Ofrece pruebas: documental, instrumental, confesional y testimonial.

II) Impreso el trámite de ley a f. 48 (Dcto. de fecha 6 de septiembre de 2.018) se cita y emplaza al demandado para que comparezca a estar a derecho, conteste la demanda, opongan excepciones, en su caso reconvenga y ofrezca toda la prueba que haya de valerse, bajo apercibimiento de ley (art. 508 CPCC), como así también para que reconozca o niegue la autenticidad de los documentos acompañados bajo apercibimiento del art. 192 de la ley del rito.

A f.71 toma intervención por el Sr. Asesor Letrado, en representación del demandado rebelde citado por edictos -art. 113, inc. 3°a CPC- (v. ff.68/70).

A f. 72 se provee la prueba ofrecida por la actora e incorpora la diligenciada en autos. Firme el decreto de Autos, queda la presente causa en esta de ser resuelta (f.96).

Y CONSIDERANDO:I) En primer lugar cabe aclarar que atento la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y lo dispuesto por el artículo 7 de dicho cuerpo legal, el que dispone su aplicación inmediata para las relaciones y situaciones jurídicas existentes, será a tenor de dicha normativa conforme a la cual se procederá a resolver el presente incidente.

II) La Litis: La abogada María Alejandra Noriega -en nombre y representación de la Sra. L. A. A.-, ha entablado incidente de liquidación y partición de los bienes de la comunidad conyugal habida con el Sr. F.S.C. Dice que conforme surge de la Sentencia N°33 del 22.6.2018 -dictada por este Tribunal- se decretó el divorcio vincular de los esposos L. A. A.- F. S. C., disolviéndose la sociedad conyugal con efecto retroactivo al día de la separación de hecho sin voluntad de unirse. Así las cosas indica que en el año 1998 -encontrándose vigente la sociedad conyugal- su poderdante y el Sr. F.S.C. adquirieron una vivienda que se encuentra inscripta por ante el Registro General de la Provincia a la Matrícula n° a través de un crédito hipotecario. Que a partir del abandono del hogar por parte del Sr. F.S.C. -29.11.1999-, la Sra. L.A.A. se hizo cargo del pago de las cuotas del crédito aludido, hasta la cancelación del derecho real de garantía que pesaba sobre el bien. Refiere que además a partir de aquella fecha realizó en la vivienda una serie de mejoras y arreglos, con su propio peculio. Es por ello que solicita que se anote el bien ut supra indicado en un ciento por ciento (100%) a nombre de su poderdante, la Sra. L.A.A. Impreso el trámite de ley, el demandado no comparece a estar a derecho, motivo por el cual se lo tiene por rebelde y en razón de ordenarse su citación por edictos, toma intervención el Sr.Asesor Letrado en los términos del art. 113 inc. 3° a) del CPC (v.ff. 70/71). De esta forma ha quedado circunscripta la cuestión debatida en este proceso.

III) Presupuestos del acto sentencial (legitimación): Por una razón de orden procesal, la legitimación sustancial aparece como una cuestión a dilucidar de modo necesariamente preliminar que el órgano judicial está habilitado para examinar ex officio, aunque ninguna defensa haya sido articulada para controvertirla, pues al comportar su ausencia un impedimento sustancial que impide encarar el análisis del tópico debatido, constituye un deber del magistrado verificar si, de acuerdo con las normas vigentes, quienes accionan se encuentran habilitados para formular la pretensión de que se trata. En este sentido se ha expedido la doctrina judicial del Tribunal de Casación local (cfr.: TSJ -Sala Civil- Cba. Sent. 7, 27/2/2013, in re: «Bringas Walter Rubén y Otro c/ Roccia Miguel Ángel -Acción Ordinaria. Acción de Responsabilidad – Recurso de Casación»). Esto, porque la legitimatio ad causam representa la cualidad emanada de la ley que faculta a requerir una sentencia favorable respecto del objeto litigioso, y que en la mayoría de los casos coincide con la titularidad de la relación jurídica sustancial (cfr.: DE SANTO Víctor -Las excepciones procesales- Edit. Universidad, Bs. As., año 2008, págs. 145 y ss.; en la doctrina local: Ferreyra de De la Rua Angelina – González de la Vega de Opl Cristina -Derecho procesal civil- Edit. Advocatus, Cba., año 1999, pág. 125). Contrariamente a ello, la falta de tal legitimación consiste en la ausencia de esa cualidad, o sea, cuando no media coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y aquéllas a las cuáles la ley sustancial habilita especialmente para pretender o para contradecir respecto de la materia sobre la cual versa el proceso (cfr.: CARLI Carlo -La Demanda Civil- Edit. Aretua, Bs. As., año 1994, pág. 226; en análogo sentido: Cám. 7 Civ. y Com., Auto 55, 9/3/2006, in re:»Zeverín Escribano Alejandro c/ Municipalidad de Alta Gracia -Amparo-«). Por consiguiente, perfectamente se puede tener legitimación sustancial para accionar, aunque a la postre, tras el examen del fondo del tópico debatido, se arribe a una solución adversa a lo pretendido, precisamente, al no haberse podido concretar, sostener o demostrar el derecho que en potencia lo legitimaba para accionar. Esto, porque a decir de la buena doctrina: «. no basta que se considere existente el derecho, sino que es necesario que este corresponda a aquel que lo hace valer.» (cfr.: CHIOVENDA Giuseppe -Instituciones de Derecho Procesal Civil. Vol. I- Edit. Castellano, Madrid, año 1936, págs. 196 y 201). Trasladado esto al caso que ocupa mi atención, cabe señalar que la cuestión que atañe a las personas que se encuentran legitimadas para formular y contradecir la pretensión de liquidación y partición de los bienes de la comunidad, debe abordarse a la luz de lo previsto en las normas de los arts. 463, 475 inc. c), 480 y concordantes del CCCN que rezan: «Carácter supletorio. A falta de opción hecha en la convención matrimonial, los cónyuges quedan sometidos desde la celebración del matrimonio al régimen de comunidad de ganancias . Causas-La comunidad se extingue por .c) el divorcio; Momento de la extinción. La anulación del matrimonio, el divorcio o la separación de bienes produce la extinción de la comunidad . Recompensas. Extinguida la comunidad, se procede a su liquidación». De conformidad a las constancias de los autos principales («A., L. A. c/ C., F. S. – Divorcio Vincular» Expte. n° ) tengo para mí que los contendientes contrajeron nupcias el día 29.11.1981 y posteriormente mediante la Sentencia n° 33 del 22.6.2018, dictada en los mencionados autos, se decretó su divorcio vincular. Ello legitima a la actora para incoar la presente petición de liquidación y partición de los bienes de la comunidad de bienes. Asimismo, se ha sindicado al Sr. F.S.C. como esposo de la Sra.L.A.A.; por lo que potencialmente, queda acreditada para la causa la legitimación activa y pasiva para entablar la pretensión liquidatoria y de esta manera conformado el estamento subjetivo de la relación jurídica procesal. — IV) Marco teórico y normativo: La comunidad de bienes gananciales encuentra regulación expresa en los arts. 465, 466, 480 y ss. del CCCN. Sabido es que s on bienes gananciales aquellos adquiridos durante la vida en común a título oneroso, por el esfuerzo de cualquiera de los cónyuges. Es lo que se denomina el principio de ganancialidad o presunción de ganancialidad de toda adquisición a titulo onerosa ocurrida durante la vigencia del matrimonio, ergo quien pretenda lo contrario debe acreditarlo en el proceso. Por el otro costado advierto -además- que el caso merece ser subsumido en los arts. 488, 491 y 495 de normativa civilista en cuanto expresan: «Recompensas. Extinguida la comunidad, se procede a su liquidación. A tal fin se establece la cuenta de las recompensas que la comunidad debe a cada cónyuge. Casos de recompensa: La comunidad debe recompensa al cónyuge si se ha beneficiado en detrimento del patrimonio propio. Liquidación: Efectuado el balance de las recompensas adeudadas por cada uno de los cónyuges a la comunidad o por ésta a aquél, el saldo en favor de la comunidad debe colacionarlo a la masa común , y el saldo en favor del cónyuge debe ser atribuido a éste sobre la mansa común.» La apoderada de la actora esgrime -en abono de su petición- el cese de la ganancialidad en la porción inscripta a nombre de F.S.C. sobre el bien inmueble ya referenciado. Solicita se revierta tal carácter, en atención a que afirma haber abonado con fondos propios el crédito hipotecario tomado para adquirir la vivienda; pagos que -dice- se efectuaron después de haberse disuelto la sociedad conyugal con efecto retroactivo al día de la separación de hecho.– V) El material probatorio:La accionante acompaña con la demanda copia de la Escritura n° del 5/4/2013 con la cual, se acredita la cancelación del derecho real de hipoteca en primer grado a favor del Banco Hipotecario S.A. sobre el inmueble anotado a la Matrícula n° .

Se incorporan además ventiún (21) recibos de pago efectuados al acreedor (Banco Hipotecario S.A.) imputables a la operatoria-préstamo hipotecario 311-002-00000-00000-000310 (ff. 21/41). Estas constancias documentales dan cuenta de los pagos comprendido entre el mes 09/1999 al mes 06/2012. A ff. 86/88 (s/pliego de f. 85) corren agregadas las declaraciones testimoniales de los Sres. D., N. y P. Todos fueron contestes en lo que hace a las siguientes cuestiones: a.- que la actora vive -con sus dos hijos- desde hace más de 25 años en la vivienda ubicada en Pte. Perón n° _ de la localidad de Pascanas, b.- que aproximadamente en esa fecha cesó la convivencia con el Sr. F.S.C., c.- que con F.S.C. vivieron juntos en ese inmueble un año, y d.- que L.A. A. le efectuó a la casa muchísimas mejoras (vgr. ampliación del frente de la casa, mejora y/o construcción del living, cocina, cochera, un dormitorio y comedor). A tenor de la medida para mejor proveer dictada -v.f. 97- se agregó en autos la copia de la escritura n° 120/1998. Ella confirma todo cuanto dijo la actora en su libelo referente: a) la operatoria a través de la cual se adquirió la vivienda (vía préstamo hipotecario), b) el monto de la compraventa y c) su forma de pago en 334 meses (cuotas) contados a partir del 30 de junio de 1998.

VI) El thema decidendum: Pues bien, en atención a las razones que informan este incidente y la prueba recogida en el proceso, de lo que se trata entonces es de:(i) discernir si es viable la solicitud de recalificación del bien (de ganancial a propio) a partir de tenerse por acreditado el origen de los fondos -en cabeza de la actora- con los cuales se cancelaron las cuotas de la hipoteca que gravaba la vivienda adquirida por el matrimonio L.A.A.- F.S.C.; y (ii) ante un escenario desfavorable a la petición esgrimida-, indicar cuál es la respuesta legalmente correcta a la resolución del conflicto.

(i) El nudo georgiano de la cuestión se afinca en el hecho que la compra del inmueble inscripto a la Matrícula n° -v.f.46- se efectúo encontrándose vigente la comunidad de ganancias a través de un crédito hipotecario, y a posteriori, disuelta la misma con efecto retroactivo a la fecha de la separación de hecho sin voluntad de unirse, uno de los cónyuges -la actora- abonó las cuotas del mencionado crédito. Ante esta plataforma, L. A. A. solicita se le otorgue a la totalidad de la heredad el carácter de bien propio.

Adelanto opinión en cuanto que este postulado no es de recibo. Doy razones: en tal dirección, es menester abordar el asunto de la calificación de los bienes a tenor del art. 466 (primer párrafo) del Código Civil y Comercial de la Nación, que resulta lapidario en cuanto afirma «Se presume, excepto prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad.». La regla mencionada presume, salvo prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad, si no se prueba que pertenecen a alguno de los cónyuges como propios. La carga de la prueba recae sobre quien afirma el carácter propio del bien. En efecto, existe la posibilidad de probar que determinados bienes no son gananciales sino propios, pudiendo al respecto acudirse a cualquier clase de medios probatorios, incluidos indicios y presunciones (conf.Méndez Costa, María Josefa, «El cónyuge adquirente y la prueba en contra de la ganancialidad», cit. La Ley, 1992- B, 188; Zannoni Eduardo A. Derecho de Familia, 5ª ed.,cit.,t. 1,p 569, parágr. 453). No existe en la ley ninguna disposición expresa que prohíba a los cónyuges demandarse recíprocamente, aún vigente la comunidad, para que judicialmente se declare la calidad de propio o de ganancial de un inmueble, cuando el título de dominio no refleja la verdad de los hechos. Y para ello, les asiste el derecho de recurrir a cualquier género de prueba que permita establecer el origen del dinero y el verdadero carácter que debe asignarse al bien o bienes objeto de discusión.

En este sentido se ha sostenido que nada obsta a que cualquiera de los esposos pueda demostrar a través de algún medio el origen de esos fondos con los que se efectuó la operación inmobiliaria, o sea, la existencia de una subrogación real y el que no hizo manifestación alguna con relación al origen del dinero, tiene derecho a probar que los bienes son de carácter propio por haber sido donado por sus padres (CNCiv., sala D, La Ley, 122-467 y 142-417). Véase que en estos autos, a partir de los dichos efectuados por la actora en su exordio inicial como de la prueba colegida en el proceso, no hay lugar a la menor duda que el inmueble resulta ser de carácter ganancial. En efecto la operación de compraventa ocurrió cuando la sociedad conyugal estaba vigente, y nada hace suponer que no haya sido con fondos de la comunidad, en tal caso rige plenamente la presunción de ganancialidad normativamente aludida. Por otro lado no hay ningún elemento probatorio que logre conmover tal afirmación.Ahora bien, y para mayor satisfacción de la requirente, digo que tal cuestión no se ve alterada por el hecho que luego -tiempo después- los cónyuges se hubieren divorciado y uno de ellos haya asumido el pago de la totalidad de las cuotas restantes del crédito hipotecario. No es admisible en el régimen legal vigente, cambiar la categorización de un bien ineludiblemente ganancial (arg. art. 465 inc. a CCCN) a la calidad de propio. Por este andarivel resulta oportuno señalar que cada condómino (los cónyuge son titulares del 50% del bien) debe ser considerado así desde el origen de la adquisición, siendo que los restantes pagos efectuados contra la hipoteca, con fondos propios por L. A. A., modifican la extensión de los derechos de la participación de esta en el aspecto cuantitativo de la cuestión, pero no varía en su origen el título o causa de la compra. En definitiva las circunstancias fácticas traídas a consideración por la actora no se amoldan a ninguno de los supuestos contemplados en el art.464 del CCCN. La conclusión resulta evidente: el inmueble objeto de esta litis debe ser declarado como bien ganancial de la comunidad. (ii) Sorteado este valladar, tengo para mí que la petición formulada por la incidentista impone su subsunción en las normas que regulan las denominadas «recompensas». Autorizada doctrina refiere: «Las recompensas son los créditos que se generan a favor de uno de los cónyuges contra la comunidad, y a la inversa, a favor de la comunidad contra uno o ambos cónyuges, para que, con motivo de la disolución y posterior liquidación de la comunidad, las masas de los bienes propios de cada uno de los cónyuges y la que conforman la masa común partible de todos los bienes gananciales, queden incólumes. Es decir, que ninguno de los cónyuges sufra un empobrecimiento o enriquecimiento a costa o en razón del matrimonio» (HERRERA Marisa, Manual de Derecho de las Familias, Ed. Abeledo-Perrot, pag.230). Asimismo es cierto que, no obstante la ambigua postulación efectuada por la actora con respecto a las recompensas, esta es la oportunidad para zanjar la cuestión ya que la sociedad conyugal se encuentra disuelta por la sentencia de divorcio. Por este andarivel trazado, ha de verse -como ya fue materia de tratamiento en el acápite anterior- que el inmueble fue adquirido con un crédito hipotecario estando vigente la otrora sociedad conyugal, razón por la cual esa deuda integraba el pasivo de la comunidad. Fijado entonces el carácter común de la deuda, debe establecerse con qué fondos se canceló el crédito, para concluir acera de la procedencia o no de la recompensa a favor de L.A.A. El argumento es simple, ya que si durante la vigencia de la sociedad conyugal se establece una presunción de ganancialidad de los bienes subsistentes a la disolución, presunción que cabe extender a los fondos, una vez disuelto el régimen la presunción debe ser inversa. En autos el crédito con garantía hipotecaria se tomó en el año 1998 y terminó de cancelarse en el año 2013, resultando que la disolución operó con efecto retroactivo al año 1999. Esto quiere decir que durante 14 años (desde el año 1999 al 2013) la deuda fue asumida y pagada mes a mes con fondos propios de la actora. Así las cosas, su derecho a una recompensa contra la comunidad aparece ostensible. Pues bien, el decisorio encuentra acabada respuesta en la aplicación del art. 465, inc. ñ), en función de las directrices trazadas por los arts. 468 y 488 del CCCN en cuanto disponen: «Art. 465. Son bienes gananciales: inc. ñ). así como de los bienes gravados con derechos reales que se extinguen después de aquella, sin perjuicio del derecho a recompensa si para extinguir el usufructo o los otros derechos reales se emplean fondos propios. Artículo 468. Recompensa:El cónyuge cuya deuda personal fue solventada con fondos gananciales, debe recompensa a la comunidad; y ésta debe recompensa al cónyuge que solventó con fondos propios deudas de la comunidad; Artículo 488. Recompensas: Extinguida la comunidad, se procede a su liquidación.

A tal fin, se establece la cuenta de las recompensas que la comunidad debe a cada cónyuge y la que cada uno debe a la comunidad, según las reglas de los artículos siguientes.» Los resaltados me pertenecen. En efecto de las pruebas ut-supra referenciadas, se deduce tanto que la deuda hipotecaria era una carga de la comunidad (arg. art. 493), como que fue abonada con fondos propios de L. A. A. -cuando según el origen (de la deuda) debió abonarse con dinero de la comunidad (ganancial)- por lo cual ésta tiene un derecho a recompensa en contra de aquella, al tiempo de la liquidación. «De este modo se evita que la masa ganancial se incremente en detrimento del haber propio de uno de los cónyuges» (BUERES Alberto -Dirección – ASPIRI Jorge – Coordinación – Código Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias, T. 2 pág. 251, Ed. Hammurabi).– iii) Ahora bien, sobre la base expuesta debe ingresarse al examen de las constancias de la causa, para lo cual procedo a confrontar los instrumentos públicos arrimados al proceso (Escrituras Públicas de compra con garantía hipotecaria y cancelación del derecho real de garantía, n° 120/1998 y 245/2013 respetivamente). De ellos es dable arribar a otras dos conclusiones preliminares: por una parte es evidente que el préstamo hipotecario fue cancelado de manera anticipada por los pagos efectuados por la actora. En efecto, ha de verse que el crédito fue acordado a partir de junio de 1998 y que debía ser abonado en 334 meses (que es igual a 27 años y 9 meses), cuando en realidad fue cancelado en abril/2013.Esto quiere decir que fue abonado en 178 meses (14 años y 10 meses). Por el otro costado la conclusión arriba expuesta se ve reforzada por el hecho que la disolución de la sociedad conyugal operó en el año 1999, razón por la cual la casi totalidad de las cuotas fueron abonadas por L. A. A. con posterioridad a este evento y hasta el año 2013. En consecuencia, acreditado que se encuentra que una vez disuelta la sociedad conyugal la actora abonó una porción abrumadoramente mayoritaria de las cuotas del crédito referido, es necesario concluir que el derecho a recompensa que tiene en contra de la comunidad es igual al porcentaje (valor) en que se encuentra inscripto el bien a favor de F. S. C.(50%) ya que la otra porción ya está registralmente anotada a su nombre (50%), ello en razón de que el pago del crédito hipotecario fue realizado con fondos propios una vez disuelta la comunidad de ganancias, hasta su definitiva cancelación.- La teoría de las recompensas se encuentra plasmada en los arts. 491, 492 y ss. del CCCN, normas que se abocan a detallar los casos típicos de recompensa (vgr. la comunidad haya acrecido o se haya beneficiado con valores en su origen propios de cualquiera de los cónyuges o el patrimonio de alguno de los cónyuges haya acrecido o se haya beneficiado con los valores gananciales -Zannoni, Eduardo, Derecho de familia, T.1, p.512-). Ingresando por este camino vale la pena destacar que el supuesto bajo análisis escapa a los casos característicos de recompensas ut-supra aludidos. Esta aclaración resulta oportuna toda vez que el efecto natural de la recompensa es asignarle un valor a ese crédito para determinar el monto de la misma en contra de la comunidad. Pero lo cierto es que en este proceso no resultaría sensato ordenar como justa compensación que la actora tenga un crédito igual a la porción de titularidad de F. S. C.sobre el bien inmueble en cuestión, toda vez que ello la colocaría en un escenario de partición manifiestamente antieconómica y ajena a la génesis de la compra y posterior pago del crédito. Resulta claro que la voluntad de L. A. A. (al pagar durante 14 años una deuda hipotecaria con dinero propio) es hacerse de su vivienda familiar. En consecuencia, al haber abonado la actora el crédito con sus ingresos con posterioridad a la disolución de la otrora sociedad conyugal, y no habiendo otros bienes de la comunidad para aplicar esa recompensa para su necesario balance, lo que ordena el sentido común es atribuirle sin ambages ese porcentaje a la actora, tanto más cuanto este último – con más la porción que ya se encuentra registralmente a su nombre- es igual a la totalidad de la cuotas abonadas por L. A. A. Sin desconocer lo novedoso de esta resolución, no se me escapa que resolver de manera diversa materializaría un resultado verdaderamente injusto y sin sentido. En efecto, sería paradójico reconocerle a la actora una recompensa en contra del único bien de la comunidad, igual a la porción que ostenta el demandado sin efecto registral alguno.

Escapa a todo parámetro de razonabilidad reconocerle a la actora la deuda que tiene la comunidad con ella -aplicable al único bien que ésta posee- para luego ordenarle que se someta derechamente al proceso de partición de las herencias en los términos de los arts. 500, 2371, 2373, 2374 y ss del CCCN, llegando al absurdo de tener que subastar los derechos patrimoniales sobre su propio bien -que por esta resolución se le reconoce- para cobrarse el beneficio que ha obtenido la comunidad por los aportes por ella efectuados.

VII) A mérito de todo ello, debe acogerse la demanda interpuesta por L.A.A. disponiéndose la liquidación de la comunidad de ganancias entre la actora y el Sr. F.S.C.Asimismo, se impone declarar la existencia de recompensas a favor de la actora ya que se encuentran probados en autos los extremos de vital importancia, como son la adquisición del bien durante la vigencia de la comunidad (ganancial) con un préstamo con garantía hipotecaria y el pago de la totalidad de la deuda con fondos propios de la actora una vez disuelta aquella por sentencia de divorcio. La aplicación extensiva y complementaria de los arts. 495 y 2381 (en función del art. 500) del CCCN habilitan se disponga la adjudicación del 50% de titularidad de F. S. C. sobre el bien inmueble inscripto a la matrícula n°1.320.678 (36) a favor de la actora como reconocimiento del derecho a recompensa que esta tiene sobre la comunidad.

VIII) En razón de lo aquí decidido y en orden al principio objetivo de la derrota, corresponde que sean impuestas a la parte vencida, señor F.S.C. (art. 130 CPCC).

A los fines de la regulación de honorarios al letrado de la contraria a la condenada en costas, Dra. María Alejandra Noriega, debe tomarse como base el valor del bien en discusión en la porción de titularidad de F.S.C. con más el porcentaje correspondiente al proceso de liquidación (arg arts. 70 2° párr. y 71 C.A.). Sin embargo, en los autos de marras no es dable contar actualmente con una base económica «firme» debido al estadio actual del proceso de liquidación, sumado a que no obran agregadas valuaciones del inmueble.

Por lo tanto, al corresponder la aplicación de los mínimos legales, regulo los honorarios profesionales de la letrada mencionada -de manera provisoria- en el mínimo de .jus establecido por el art. 36 de la ley 9459, es decir en la suma de pesos. ($.).

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

I) Hacer lugar a la demanda interpuesta por la señora L. A. A. y decretar la liquidación de la comunidad de ganancias habida entre los cónyuges.

II) Reconocer el crédito por recompensa a favor de la actora incidentista conforme surge de las consideraciones efectuadas en los considerandos VI ii) y iii). En atención a ello ordenar se libre oficio al Registro General de la Provincia a fin de que inscriba a favor de L. A. A., el 50% del bien inmueble actualmente inscripto a nombre de F. S. C., sobre el bien Matrícula n° 1.320.678 (36).

III) Imponer las costas a la parte vencida, señor F. S. C. (art. 130 CPCC).

IV) Regular los honorarios – provisoriamente – de la Dra. María Alejandra Noriega, en la suma pesos.($.).

Protocolícese, hágase saber y dese copia.

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