¿Tuviste un siniestro?: Con la presentación del formulario pre-impreso proveído por la aseguradora, es suficiente para denunciar el siniestro

Partes: Sadañouski Alberto Rubén c/ Caja de Seguros S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 3-dic-2019

Cita: MJ-JU-M-122879-AR | MJJ122879 | MJJ122879

La carga de denunciar el siniestro debe considerarse suficientemente cumplida con la presentación del formulario pre-impreso proveido por la aseguradora al asegurado. Cuadro de rubros indemnizatorios.
Sumario:

1.-La cosa juzgada hace que lo resuelto adquiera firmeza y se mantenga inmutable para el futuro como garantía de seguridad jurídica; impidiéndose la discusión, alteración, modificación del ‘factum’ sometido a proceso.

2.-La cosa juzgada busca amparar, más que el texto formal del fallo, la solución real prevista por el juzgador.

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3.-El art. 46 de la Ley de Seguros establece la carga del asegurado o beneficiario de formular la denuncia de siniestro y dicha carga tiene por objeto poner al asegurador en condiciones de controlar las circunstancias en que se produjo, para establecer si realmente condice con la garantía comprometida; tomar medidas conservatorias urgentes, desbaratar posibles fraudes, etc. La denuncia es libre de formas, salvo que el contrato fije una, la cual deberá observarse.

4.-La carga de denunciar el siniestro por el asegurado se encuentra suficientemente cumplida con la presentación del formulario pre-impreso que proveyera la empresa de seguros al asegurado.

5.-Si bien el formulario de la denuncia de siniestro utilizado por el actor no se refiere estrictamente a ‘enfermedades graves’, lo cierto es que tal circunstancia no puede erigirse como un argumento válido para fundar el rechazo de siniestro cuando previamente la aseguradora verificó el estado de salud del asegurado, constató que padeció un infarto agudo de miocardio y, a su vez, ésta patología se encuentra expresamente amparada en la póliza.

6.-El contenido y efectos de la denuncia del siniestro no debe analizarse aisladamente, sino dentro del conjunto de derechos y obligaciones que la Ley 17.418 impone sobre la aseguradora. Y primordialmente, bajo el principio rector de la buena fe que debe imperar en todas las transacciones comerciales -y, en particular, en el contrato de seguro- y el hecho del carácter profesional de la aseguradora, quien tiene superioridad técnica sobre el accionante neófito y ello a tenor de lo normado en los arts. 1061 y 1724 del CCivCom.

7.-Verificada que fue por la aseguradora la patología denunciada en el formulario de siniestro, era carga de la misma adecuar el reclamo del actor a los riesgos amparados en la póliza, con prescindencia del tipo de formulario utilizado para ello.

8.-Resulta contrario a la buena fe que el asegurado deba precisar con exactitud que el perjuicio sufrido coincide con el riesgo previsto en el contrato. De allí que si el asegurado expone en su denuncia, circunstanciadamente, los hechos constitutivos del siniestro y los daños concretos producidos como consecuencia del mismo, no parece legítimo aducir la ausencia de una concreta mención sacramental para pretender eludir la obligación principal, a cargo del asegurador, cuando de la descripción fáctica del asegurado emane una razonable y cierta probabilidad de que el hecho puede encuadrar en la cobertura pactada.

9.-Queda en cabeza de la aseguradora, a través de las herramientas y recursos con los que cuenta, determinar y calificar el alcance que el hecho denunciado representa en función de la póliza de seguro contratada y ello desde que no puede exigirse tal labor técnico-asegurativa al beneficiario, que se encuentra desprovisto de mayores conocimientos frente a la compañía aseguradora, especialista en la materia.

10.-Los jueces no pueden renunciar a la verdad jurídica objetiva por consideraciones meramente formales, por lo que los tribunales siempre deben determinar la verdad sustancial por encima de los excesos rituales, ya que el logro de la justicia requiere que sea entendida como lo que es, es decir una virtud al servicio de la verdad

11.-Si bien el CPCCN. 330 dispone en su inciso tercero que la demanda contendrá ‘la cosa demandada, designándola con toda exactitud’, no menos cierto es que tal norma luego prevé que ‘la demanda deberá precisar el monto reclamado, salvo cuando al actor no le fuere posible determinarlo al promoverla, por las circunstancias del caso’. Ello es así pues ha sido entendido que tal precepto admite una razonable atenuación a la vigencia estricta del principio antedicho cuando las circunstancias del caso restan al actor toda posibilidad de fijar el ‘quantum’ definitivo, supeditado a la prueba que se produzca.

12.-La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que la condena judicial no quebranta los términos de la litis ni decide ‘ultra petita’ aun cuando excede el importe indicado en la demanda, si fue reclamado por el accionante una suma de ‘lo que en más o en menos’ resulte de la prueba a rendirse, pues los jueces pueden válidamente conceder un monto superior con el mérito de la prueba.

13.-El daño moral es un perjuicio que aprehende el orden jurídico. Y es así en la medida en que lesiona los bienes más preciados de la persona humana, al alterar el equilibrio de espíritu. Toda persona vive en estado de equilibrio espiritual y tiene derecho a permanecer en ese estado; las alteraciones anímicamente perjudiciales deben ser resarcidas.

14.-La modificación disvaliosa del espíritu que supone la producción del daño moral en la víctima, no corresponde identificarla exclusivamente con el dolor porque pueden suceder, como resultas de la interferencia antijurídica, otras conmociones espirituales: la preocupación intensa, la aguda irritación vivencial y otras alteraciones que, por su grado, hieren razonablemente el equilibrio referido.

15.-Si bien no se desconoce que cuando el daño moral tiene origen contractual debe ser apreciado con criterio estricto, desde que generalmente en ese ámbito de interacción humana solo se afectan intereses pecuniarios. En este sentido, corresponde a quien reclama la indemnización la prueba de su existencia, es decir, la acreditación de las circunstancias fácticas susceptibles de llevar al ánimo del juzgador la certidumbre de que la actitud del incumplidor provocó un efectivo menoscabo de su patrimonio moral.

16.-Del mismo concepto de daño moral se desprende que el mero incumplimiento contractual no basta para admitir su procedencia en los términos de la norma citada.

17.-Es perceptible la procedencia del daño moral reclamado cuando el incumplimiento contractual causado en el rechazo de cobertura por formalidades y, con ello, la postergación en la obtención de una indemnización asegurativa causada en el padecimiento de una enfermedad grave, bien pudo aparejar en el accionante sinsabor, ansiedad y molestias, que de algún modo trascendieron la normal adversidad que en la vida cotidiana se verifica frente a contingencias ordinarias a lo que cabe agregar que la exigencia de certeza del daño debe ser adaptada al supuesto del daño moral posible en el sector del derecho del consumidor -como lo es el caso de autos, a partir de cuanto juzgara la a quo en la resolución interlocutoria obrante a fs. 186, en la que hizo aplicación de la Ley 24.240 y concedió el beneficio de justicia gratuita previsto en el art. 53 – dado que no se trata de un daño que pueda ser probado en base a pautas objetivas y materialmente verificables de acuerdo a las circunstancias del caso.

18.-Se puede sufrir un daño moral (afectación de los sentimientos) por causas contempladas en la LDC. específicamente, omisión de información; trato indigno; mera inclusión de cláusulas abusivas, etc. y en segundo lugar, estas causas sólo pueden constituir una afectación de los sentimientos, es decir, daño moral autónomo del derecho económico.

19.-Procede la reparación del daño moral cuando las contingencias toleradas excedieron el concepto de mera molestia o incomodidad, para tornarse en una situación en la cual vio el actor frustrada su legítima expectativa dentro de los plazos acordados. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los tres días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos «SADAÑOUSKI ALBERTO RUBEN CONTRA CAJA DE SEGUROS S.A. SOBRE ORDINARIO», Expte. N° COM 20819/2016, en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Vocalías N° 16, N° 17 y N° 18.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 467/475?

La Doctora Alejandra N. Tevez dice:

I. Antecedentes de la causa.

a. Alberto Rubén Sadañouski (en adelante, «Sadañouski») inició demanda contra Caja de Seguros S.A. (en adelante, «Caja S.A.») por cumplimiento de contrato de seguro de vida colectivo y reclamo de daños y perjuicios, a fin de obtener el cobro de pesos setecientos veinte mil ($ 720.000) y/o lo que en más o en menos resultare de la prueba a rendirse, intereses y costas del pleito.

Relató que su empleador, Telefónica de Argentina S.A., contrató con la demandada una Póliza de Seguro de Vida Colectivo N° 5000987638901 con Caja S.A.de la cual resulta beneficiario.

Narró que el 28.9.15 ingresó a la guardia del Sanatorio Juncal S.A., situado en la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora, por padecer intensos dolores en «mmss» con irradiación a precordio y que, luego de realizarle ciertos estudios, le diagnosticaron una coronariopatía obstructiva significativa con lesión grave del 90,95% de coronaria derecha, con oclusión total de cx.

Frente a dicho panorama explicó que debieron realizarle en un primer instante una angioplastia transluminal con implante de dos stent y, ante la persistencia de la lesión, el 30.9.15 le implantaron un tercer stent.

Dijo que luego que su empleador formulara reclamo administrativo ante la demandada el 11.4.16, ésta lo citó para realizarle estudios en el Instituto Ineba.

Explicó que el 6.5.15 Caja S.A. le comunicó el rechazo del siniestro.

Resistió la negativa de cobertura al postular que la afección que padeció se encuentra incluida en la cláusula 827, denominada «Cláusula Adicional por Anticipo de Enfermedades Graves» e individualizada en su art. 3, por lo que resulta beneficiario de una suma equivalente al 50% de la indemnización por fallecimiento.

Se refirió luego a la naturaleza del contrato, el que consideró como de adhesión y consumo, e impugnó la cláusula 819 que excluye en su art. 6 patologías psiquiátricas y/o psicológicas, por considerarla abusiva en los términos del art. 37 de la Ley 24.240 y contraria a lo establecido en los arts. 1117 y 1122 del CCyCN.

Practicó liquidación de las sumas reclamadas del siguiente modo: i) cumplimiento de contrato, $320.000; ii) daño psicológico, $100.000; iii) daño moral, 100.000; y iv) intereses moratorios, $200.000.

Señaló que dichas sumas, están sujetas a lo que se entienda que corresponde, y/o de lo que surja de las pruebas de autos.

Finalmente ofreció prueba y fundó en derecho su reclamo.

b. En fs. 36 el accionante amplió demanda.

c. A fs. 159/177 Caja S.A. contestó demanda.Solicitó su rechazo, con costas.

Primeramente reconoció la celebración del contrato de seguro con Telefónica de Argentina S.A. instrumentado mediante póliza N° 5000- 9876389-01 que ampara al accionante.

De seguido, formuló una negativa general y luego detallada de los hechos expuestos en la demanda.

Resistió la pretensión del accionante al señalar que el reclamo de autos no se condice con aquel que fuera denunciado.

En tal sentido señaló que oportunamente se denunció una «incapacidad total y permanente» mientras que la presente acción se funda en una supuesta «enfermedad grave», resultando ser dos supuestos distintos contemplados en la póliza.

Añadió que el siniestro en la forma en que fue denunciado -incapacidad total y permanente- fue rechazado tempestivamente luego que se realizaran exámenes al actor y se concluyera que las dolencias constatadas no alcanzan el porcentaje mínimo indemnizable. Postuló asimismo la inaplicabilidad de la Ley de Defensa del Consumidor al contrato de seguro y resistió el planteo de abusividad de aquellas cláusulas que excluyen las patologías de carácter psicológico y/o psiquiátrico.

Finalmente ofreció prueba, se opuso a la producción de ciertos medios propuestos por la contraria, fundó en derecho su defensa y solicitó la aplicación de la Ley 24.432, decreto 1813/92 y del fallo «Abdurraman» en materia de honorarios.

II. La sentencia de primera instancia.

La a quo dictó sentencia a fs. 467/475. Hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a Caja S.A. a pagar a Sadañouski $400.000, intereses y las costas del proceso.

Para así decidir, primeramente consideró incontrovertido el vínculo asegurativo habido entre las partes, a la vez que halló reconocidos por el actor la póliza de seguro y la denuncia de siniestro, instrumentos aportados por la defendida.

De seguido descartó la defensa opuesta por Caja S.A.fundada en la ausencia de denuncia de siniestro de «enfermedad grave».

Para ello juzgó que la carga del asegurado se cumple cuando el contenido de la denuncia resulta suficiente para poner en conocimiento de la aseguradora los datos necesarios para anoticiarla de que se ha producido un hecho que afecta determinados intereses cubiertos por el contrato, siendo la aseguradora quien con posterioridad, con sus mecanismos organizados y tecnificados, concurre a establecer en detalle la configuración de los riesgos asegurados.

En tal sentido, razonó que la denuncia continente del diagnóstico «Angina inestable Alto riesgo» resultó suficiente para poner en conocimiento de Caja S.A. la ocurrencia del siniestro.

De otro lado consideró acreditado el siniestro a la luz del resultado de la prueba pericial médica que dio cuenta que Sadañouski padeció un infarto agudo de miocardio encontrándose dicha enfermedad amparada en el art. 3 de la cláusula 827 correspondiente a las enfermedades graves.

En relación al monto indemnizatorio, limitó la condena de este rubro, esto es, $320.000, aún cuando consideró que le asistía derecho a un monto mayor, dado que esa fue la suma pretendida en la demanda, y a fin de no vulnerar el principio dispositivo, el derecho de defensa de la contraria y no incurrir en un fallo extrapetita.

Admitió asimismo el reclamo por daño moral, que fijó en $80.000 y desestimó la indemnización por daño psicológico dado el resultado de la prueba pericial y por encontrarse excluida su indemnización en la póliza.

III. Los recursos.

La parte demandada apeló en fs. 479 y la actora hizo lo propio en fs. 483. Ambos recursos fueron concedidos libremente en fs. 480 y 484 respectivamente.

Los fundamentos del recurso de la actora corren en fs. 497/500 y fueron respondidos en fs. 509/512.

La demandada expresó agravios en fs. 502/507 y merecieron respuesta en fs. 513/519.

En fs. 525 se dio vista a la Representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara.

A fs.526 se llamaron autos para dictar sentencia en el orden previsto en el sorteo practicado a fs. 527 (Cpr. 268).

IV. Los agravios.

Pretende el actor por medio de sus agravios la elevación del monto otorgado por enfermedad grave.

De su lado, el contenido del recurso deducido por la demandada transcurre por los siguientes carriles: i) era carga del asegurado calificar correctamente el siniestro al tiempo de efectuar la denuncia; ii) no procede la condena por daño moral; y iii) debe modificarse la tasa de interés.

V. La solución.

a.1. Aclaraciones preliminares.

De modo previo a adentrarme en el tratamiento de las quejas, estimo de utilidad señalar que dado el acotado reproche de las partes al veredicto de grado -que fija el cauce de estudio en la Alzada (Cpr. 277)-, no encuentro controvertido: i) el vínculo asegurativo habido entre las partes, ii) que la póliza ampara en sus cláusulas adicionales el «anticipo de enfermedades graves», entre las cuales se incluye el «infarto de miocardio» (cláusula 827, art. 3), y iii) que el dictamen del médico legista resultó concluyente en cuanto a que el actor padeció un «infarto agudo de miocardio».

De lo supra reseñado puede observarse que el padecimiento de una afección específicamente amparada por la póliza de seguro ha sido materia de debate y juzgamiento en la sentencia de grado, alcanzando el estatus de cosa juzgada, ante la ausencia de cuestionamiento.

Cabe recordar que la cosa juzgada hace que lo resuelto adquiera firmeza y se mantenga inmutable para el futuro como garantía de seguridad jurídica; impidiéndose la discusión, alteración, modificación del «factum» sometido a proceso (Di Pietro, Andrés, A; Gringaum, Mario y Girón Mariana, «La revisión de la cosa juzgada», en Ponencia CNSMLA CD, p.3, citado por esta Sala el 20.10.14 en los autos «Cadena País Producciones Publicitarias SA s/ Concurso Preventivo s/ Incidente de revisión por (Vargas Lerena Álvaro)» y el 11.10.18 en los autos «Cresta, Alberto Jorge c/ Samsung Electronics Argentina S.A.y otro s/ ordinario» ).

En palabras del Máximo Tribunal, «la cosa juzgada busca amparar, más que el texto formal del fallo, la solución real prevista por el juzgador» (Fallos: 297:383; 298:673; 308:1150; 311:1458; 319:2527 ; 328:3299 , «Patronato de la Infancia c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/usucapión», del 24.9.13 y «Sánchez de Oesterheld, EIsa Sara y otros c/ Ediciones Record S.A. s/ nulidad de marca» , sentencia del 10.7.18). a.2. Sentado lo anterior, razones de orden lógico imponen tratar en primer término aquellos agravios de la accionada que propenden a la revocación de la atribución de incumplimiento contractual. El hipotético acogimiento de esa queja tornaría innecesario el conocimiento de la impugnación formulada por la actora, limitada a cuestionar la extensión cuantitativa del resarcimiento y los restantes recurso s elevados por Caja S.A. vinculados también a la extensión de la condena.

b. Denuncia de siniestro.

Reiteró Caja S.A. en sus agravios aquella defensa que fuera desestimada en el veredicto de grado fundada en que el actor incumplió con su carga de calificar adecuadamente el siniestro al tiempo de realizar la denuncia.

En tal sentido sostuvo que no existe identidad entre el objeto del reclamo administrativo causado en la «incapacidad total y permanente» y el que se pretende a través de la presente acción dirigido a reclamar por «enfermedad grave». Agregó que su parte rechazó adecuadamente la incapacidad alegada por el actor al no alcanzarse las condiciones para ello.

A tenor de la crítica formulada por Caja S.A. corresponde de seguido juzgar si le asistió razón para repeler el reclamo del accionante por haber efectuado la denuncia de siniestro en un formulario destinado para los casos de «incapacidad total y permanente», aun cuando se encuentra comprobado, juzgado y firme que Sadañouzki padece una «enfermedad grave», y que ella se encuentra amparada en la póliza.

El planteo de la defendida resulta desestimable.

Me explico.

Sabido es que el art.46 de la Ley de Seguros establece la carga del asegurado o beneficiario de formular la denuncia de siniestro.

Dicha carga tiene por objeto poner al asegurador en condiciones de controlar las circunstancias en que se produjo, para establecer si realmente condice con la garantía comprometida; tomar medidas conservatorias urgentes, desbaratar posibles fraudes, etc. La denuncia es libre de formas, salvo que el contrato fije una, la cual deberá observarse (conf. Halperín-Barbato, «Seguros. Exposición Crítica de las Leyes 17.418, 20.091 y 22.400», 3° edición, pág. 494 y 497, ed. Lexis-Nexis Depalma, Buenos Aires, 2003). Es mi parecer que dicha carga se encuentra suficientemente cumplida con la presentación del formulario pre-impreso que proveyera Caja S.A. al asegurado titulado «Solicitud del Beneficio de Incapacidad Total y Permanente» (v. fs. 155/157) por medio del cual se dio cuenta que Sadañouzki padecía una «Angina Instable Alto Riesgo» y que además fue acompañado de una nota en la que se dejó constancia de la presentación en copia de la «Historia Clínica y Antecedentes Médicos» (v. fs. 158).

La presentación del mentado formulario dio lugar a que Caja S.A. requiriera a Sadañouski la realización de exámenes en el instituto Ineba, en la especialidad cardiológica (v. carta documento a fs. 3).

El resultado de tales estudios se encuentra incorporado en fs. 278/281.

Allí se dio cuenta que el accionante presenta:i) en sus antecedentes personales clínicos o mórbidos, un «infarto Agudo de Miocardio», ii) en los antecedentes de la enfermedad actual, «09/15 IAm lateral por ecocardiogramaMA con tratamiento por angioplastia», y iii) en las patologías no denunciadas que sí otorgan incapacidad, un «IAM lateral», lo que implicó que padeciera una incapacidad del 30% con fundamento en un «IAM con Función ventricular conservada».

Se concluyó en el mentado informe que «el paciente presentó IAm lateral con Angioplastia en 9/15 con función ventricular conservada».

En base al resultado de tales exámenes es que la demandada fundó el rechazo del siniestro -que comunicaran por carta documento- al razonar que tales patologías no alcanzan a ser consideradas como una incapacidad total y permanente (v. carta documento a fs. 2).

Sin embargo, nada dijo en aquella comunicación en relación al derecho del actor a ser indemnizado en base a la previsión contenida en la cláusula adicional N° 827, art. 3 (cláusula adicional de enfermedad graveinfarto agudo de miocardio).

Y si bien el formulario de la denuncia de siniestro utilizado por Sadañouzki no se refiere estrictamente a «enfermedades graves», lo cierto es que tal circunstancia no puede erigirse como un argumento válido para fundar el rechazo de siniestro cuando previamente la aseguradora verificó el estado de salud del asegurado, constató que padeció un infarto agudo de miocardio y, a su vez, ésta patología se encuentra expresamente amparada en la póliza.

Es que, tal como sostuve al emitir mi voto ante esta Sala F el 26.10.10 en los autos «Frissolo Hugo Esteban c/ Cigna Argentina Compañía de Seguros S.A. s/ ordinario» , el contenido y efectos de tal denuncia no debe analizarse aisladamente, sino dentro del conjunto de derechos y obligaciones que la ley 17.418 impone sobre la aseguradora.Y primordialmente, bajo el principio rector de la buena fe que debe imperar en todas las transacciones comerciales -y, en particular, en el contrato de seguro- y el hecho del carácter profesional de la aseguradora, quien tiene superioridad técnica sobre el accionante neófito.

Ello a tenor de lo normado en los arts. 1061 y 1724 del CCyCN.

Derívase de lo anterior que, verificada que fue por la aseguradora la patología denunciada en el formulario de siniestro, era carga de la misma adecuar el reclamo del actor a los riesgos amparados en la póliza, con prescindencia del tipo de formulario utilizado para ello.

Así pues, resulta contrario a la buena fe que el asegurado deba precisar con exactitud que el perjuicio sufrido coincide con el riesgo previsto en el contrato. De allí que si el asegurado expone en su denuncia, circunstanciadamente, los hechos constitutivos del siniestro y los daños concretos producidos como consecuencia del mismo, no parece legítimo aducir la ausencia de una concreta mención sacramental para pretender eludir la obligación principal, a cargo del asegurador, cuando de la descripción fáctica del asegurado emane una razonable y cierta probabilidad de que el hecho puede encuadrar en la cobertura pactada (conf. CNCom., Sala A, 30/10/1986, «Sammaruco, C. c/ Fides Cía de Seg», citado por Rubén S. Stiglitz; «Derecho de Seguros», t° II, 5° edición, pág. 202, ed. La Ley, Buenos Aires, 2008).

Es así que queda en cabeza de la aseguradora, a través de las herramientas y recursos con los que cuenta, determinar y calificar el alcance que el hecho denunciado representa en función de la póliza de seguro contratada.

Ello, desde que no puede exigirse tal labor técnico-asegurativa al beneficiario, que se encuentra desprovisto de mayores conocimientos frente a la compañía aseguradora, especialista en la materia.

Y, siendo que en el caso -como fuera dicho- fue juzgado que el padecimiento de un «infarto agudo de miocardio» figura entre los riesgos cubiertos, de acuerdo al art. 3 de la Cláusula 827 (v. fs.133 vta.) y resultó acreditado por medio de la prueba pericial médica desarrollada en el proceso (v. fs. 428/429), es que corresponde desestimar las quejas referidas al incumplimiento del actor de denunciar adecuadamente el siniestro.

Máxime, ponderando que los jueces no pueden renunciar a la verdad jurídica objetiva por consideraciones meramente formales, por lo que los tribunales siempre deben determinar la verdad sustancial por encima de los excesos rituales, ya que el logro de la justicia requiere que sea entendida como lo que es, es decir una virtud al servicio de la verdad (conf. dictamen de la Procuración General al que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se remitió, Fallo: 339:1615).

Todo lo cual conlleva a la desestimación de la queja.

c. Monto de condena.

c.1. De su lado Sadañouzki se alzó contra la interpretación que efectuó la a quo de que el monto reclamado en concepto de cumplimiento de contrato se encontró limitado a $320.000 y, aún cuando consideró que le asistía derecho a percibir una suma mayor por cumplimiento de contrato, limitó la procedencia de tal rubro a dicha suma.

Postuló el actor en sus quejas que la suma consignada en el escrito de demanda resultó estimada y que dejó sentado que estaba sujeta a lo que en más o en menos resultare de la prueba a producirse.

Encuentro que le asiste razón.

Así pues en su escrito inicial el demandante indicó «Que vengo a promover juicio ordinario por incumplimiento contractual, y daños y perjuicios por la suma de 720.000.- (PESOS SETECIENTOS VEINTE MIL), o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse» (sic, v. fs. 12, el destacado obra en el original).

En igual sentido se expresó al practicar liquidación al señalar que «El importe total de los rubros descriptos asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS VENITE MIL» ($720.000), y/o lo que V.S. entienda corresponder, y/o de lo que surja de las pruebas de autos» (sic., v. fs.15 vta., el destacado obra en el original).

Y si bien el Cpr. 330 dispone en su inciso tercero que la demanda contendrá «la cosa demandada, designándola con toda exactitud», no menos cierto es que tal norma luego prevé que «la demanda deberá precisar el monto reclamado, salvo cuando al actor no le fuere posible determinarlo al promoverla, por las circunstancias del caso».

Ello es así pues ha sido entendido que tal precepto admite una razonable atenuación a la vigencia estricta del principio antedicho cuando las circunstancias del caso restan al actor toda posibilidad de fijar el «quantum» definitivo, supeditado a la prueba que se produzca (Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1992, t. IV, 292; Highton – Areán, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2006, t. 6, pág. 260; Fenochietto – Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Ed. Astrea, 1987, t. 2, pág. 177; Colombo – Kiper, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2006, t. III, pág. 531).

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que la condena judicial no quebranta los términos de la litis ni decide «ultra petita» aun cuando excede el importe indicado en la demanda, si fue reclamado por el accionante una suma de «lo que en más o en menos» resulte de la prueba a rendirse, pues los jueces pueden válidamente conceder un monto superior con el mérito de la prueba (Fallos: 272:37; 308:392).

Corolario de ello es que no correspondió -en at ención a los términos en que fue propuesta la demanda- circunscribir el monto de la condena por el rubro en análisis a la suma estimada en el libelo inicial. c.2. En consecuencia, de seguido procederé a establecer la suma asegurada que corresponde abonar al accionante.

Para ello he de considerar el endoso N° 533 -aportado por la defendida en fs. 59/63 y que fuera reconocido por el accionante en fs.179- cuya vigencia operó entre el 1.11.2014 y el 1.11.2015, por ser aquel que regía la relación asegurativa al momento en que se sucedieron los hechos (septiembre de 2015).

Allí se prevé en la «Cláusula Adicional de Anticipo de Enfermedades Graves» que el porcentaje del capital asegurado a adelantar alcanza al 50% (v. fs. 62), a la vez que la base del cálculo es la que surge de las condiciones particulares, a fs. 59 vta.: «Titulares c/ opcional, 36 sueldos con un capital máximo de $5.000.000».

En tales condiciones, es que el perito contador practicó liquidación en fs. 370 (vgr. $24.641,30 * 36 * 50% = $443.543,40), para luego receptar el experto la impugnación formulada por la actora en fs. 392, modificando el sueldo para efectuar el cálculo a $34.641,57 (v. fs. 401), esto último, dado lo informado por la AFIP en fs. 376.

Derívase de lo anterior que el crédito del actor es aquel que surge de multiplicar el sueldo que percibió al mes de septiembre de 2015, esto es, $34.641,57 unas 36 veces y, sobre dicho resultado, extraer el 50%.

En tales condiciones, la suma asegurada a abonar alcanza a $623.548,26 por capital ($34.641,57 * 36 * 50% = $623.548,26).

d. Daño moral.

d.1. En otro orden impugnó Caja S.A. la procedencia y monto del resarcimiento por daño moral.

Tengo dicho con anterioridad que el daño moral es un perjuicio que aprehende el orden jurídico. Y es así en la medida en que lesiona los bienes más preciados de la persona humana, al alterar el equilibrio de espíritu. Toda persona vive en estado de equilibrio espiritual y tiene derecho a permanecer en ese estado; las alteraciones anímicamente perjudiciales deben ser resarcidas (v. mi voto en esta Sala, «Oriti, Lorenzo Carlos c/ Volkswagen Argentina S.A.y otro s/ ordinario» , del 01.03.11).

Y esa modificación disvaliosa del espíritu no corresponde identificarla exclusivamente con el dolor porque pueden suceder, como resultas de la interferencia antijurídica, otras conmociones espirituales: la preocupación intensa, la aguda irritación vivencial y otras alteraciones que, por su grado, hieren razonablemente el equilibrio referido (Mosset Iturraspe, Jorge, Responsabilidad por Daños, t. V, págs. 53/4, Ed. Rubinzal – Culzoni, 1999).

Por otro lado, no desconozco que cuando el daño moral tiene origen contractual debe ser apreciado con criterio estricto, desde que generalmente en ese ámbito de interacción humana solo se afectan intereses pecuniarios. En este sentido, corresponde a quien reclama la indemnización la prueba de su existencia, es decir, la acreditación de las circunstancias fácticas susceptibles de llevar al ánimo del juzgador la certidumbre de que la actitud del incumplidor provocó un efectivo menoscabo de su patrimonio moral.

Ello pues, de su mismo concepto se desprende que el mero incumplimiento contractual no basta para admitir su procedencia en los términos de la norma citada (v. mis votos en los autos «Miani Luis Fabio c/ Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. s/ ordinario», del 12.2.19 y «Marotta Germán Ricardo c/ LG Electronics S.A. s/ ordinario» , del 19.2.19, entre muchos, a los que me remito a fin de evitar alongar en demasía este voto). d.2.Desde las antedichas perspectivas conceptuales, es perceptible en la especie que el incumplimiento contractual causado en el rechazo de cobertura por formalidades y, con ello, la postergación en la obtención de una indemnización asegurativa causada en el padecimiento de una enfermedad grave, bien pudo aparejar en el accionante sinsabor, ansiedad y molestias, que de algún modo trascendieron la normal adversidad que en la vida cotidiana se verifica frente a contingencias ordinarias.

A lo anterior cabe agregar que la exigencia de certeza del daño debe ser adaptada al supuesto del daño moral posible en el sector del derecho del consumidor -como lo es el caso de autos, a partir de cuanto juzgara la a quo en la resolución interlocutoria obrante a fs. 186, en la que hizo aplicación de la Ley 24.240 y concedió el beneficio de justicia gratuita previsto en el art. 53- dado que no se trata de un daño que pueda ser probado en base a pautas objetivas y materialmente verificables de acuerdo a las circunstancias del caso (conf. esta sala, «Bovina Giorgio Vanesa Paula c/ Peugeot Citroën Argentina SA y otros s/ ordinario», del 29.11.16)

Los autores han sostenido que «se puede sufrir un daño moral (afectación de los sentimientos) por causas contempladas en la LDC específicamente, omisión de información; trato indigno; mera inclusión de cláusulas abusivas, etc. y en segundo lugar, estas causas sólo pueden constituir una afectación de los sentimientos, es decir, daño moral autónomo del derecho económico» (Ghersi, Carlos; «Las relaciones en el derecho del consumo especialmente la responsabilidad y el daño moral», LLC2013 (marzo), 133).

En definitiva, es indudable que las contingencias toleradas excedieron el concepto de mera molestia o incomodidad, para tornarse en una situación en la cual vio el actor frustrada su legítima expectativa dentro de los plazos acordados.

Todas las circunstancias anteriormente apuntadas justifican sobradamente la concesión y confirmación del monto reconocido por el rubro, en $80.000.

e. Tasa de interés.

Finalmente cuestionó Caja S.A.la tasa de interés establecida en el grado equivalente a la Activa del Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a 30 días a devengarse desde el vencimiento del plazo previsto por el art. 46 LS y hasta el efectivo pago.

Postuló en sus quejas que al haberse establecido la indemnización a «valores actuales», la implementación de una tasa activa importaría una alteración significativa del capital de condena al computarse dos veces la desvalorización monetaria. Solicitó entonces la aplicación de la tasa pasiva del Banco Central.

Observo que el cuestionamiento de Caja S.A. parte de una premisa errónea, lo que conlleva a alcanzar una conclusión equivocada.

Es que en el veredicto de grado la valoración de los rubros de condena ha sido realizada al momento del acaecimiento de los hechos y no a valores actuales, como se sostiene.

En efecto.

La cuantificación del monto correspondiente al cumplimiento del contrato de seguro ha sido realizada por la a quo al momento del acaecimiento del riesgo cubierto -septiembre de 2015- e idéntico temperamento he asumido al receptar el agravio de Sadañouzki dirigido contra la limitación de dicho rubro.

Y, en relación al monto otorgado por daño moral, de un lado, en el veredicto de grado no se determinó que su estimación sea efectuada al momento del pronunciamiento, a la vez que se estableció la liquidación de una tasa activa -al igual que en el anterior rubro- lo que permite colegir que su valoración fue efectuada también al instante en que se sucedieron los hechos.

Lo hasta aquí dicho resulta suficiente para desestimar la queja.

VI. Conclusión.

Por los fundamentos expresados precedentemente, si mi voto fuera compartido por mis distinguidos colegas del Tribunal, propongo al Acuerdo: i) admitir el recurso de apelación interpuesto por Sadañouzki, modificando la suma que cabe reconocer por cumplimiento de contrato de seguro a $623.548,26; ii) rechazar el recurso impetrado por Caja S.A.en todos sus términos, y iii) imponer las costas de Alzada a la demandada, en su condición de vencida (CPr. 68).

Así voto.

Por análogas razones los doctores Ernesto Lucchelli y Rafael F. Barreiro adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores:

siguen las firmas

Alejandra N. Tevez

Ernesto Lucchelli

Rafael F. Barreiro

María Florencia Estevarena

Secretaria de Cámara

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2019.

1. En atención a lo dispuesto por el artículo 279 del Cód. Procesal, corresponde dejar sin efecto las regulaciones efectuadas en la instancia de grado y establecer los honorarios de los profesionales intervinientes adecuándolos a este nuevo pronunciamiento 2. Respecto a la aplicación temporal de la ley 27.423 y aun reconociendo la opinabilidad que ha suscitado particularmente esta temática (conf. Sosa, Toribio E., «Conflicto de leyes arancelarias en el tiempo» en diario La Ley del 1/2/2018; Quadri, Gabriel H. «La Nueva Ley de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia nacional y Federal» en diario La Ley del 13/12/2017), esta Sala ya ha asumido criterio en el sentido de ponderar los trabajos al cobijo del ordenamiento legal vigente al tiempo de su realización (conf. 15/2/2018, «Predial Propiedades SRL c/Kandel Guy y otros s/ordinario», Exp. COM 34838/2013, entre otros).

Es decir, tendrá relevancia determinante a estos efectos que el profesional haya cumplido todos los actos y condiciones sustanciales para ser beneficiario de una retribución cuya cuantificación jurisdiccional, aunque resulte postrera, debe necesariamente referir y sujetarse a la actividad ya devengada como al plexo legal que regía en cada momento (conf. esta Sala «Kimei cereales s.a. c/Complejo Alimenticio San Salvador S.A. s/ejecutivo», del 7/6/18).

3a. Al amparo de tal interpretación entiende esta Sala que las tareas efectuadas hasta el proveído de fs. 410, deben ser justipreciadas al cobijo de las previsiones de la Ley 21.839 (T.O.Ley 24.432).

En tal virtud, ponderando la labor profesional cumplida, apreciada por su calidad y eficacia, como la naturaleza y monto del proceso (conf. esta Sala «Vital Nora Angélica c/ Peñaflor S.A. s/ ordinario», del 01/04/14), se fijan en ($.) los honorarios de la letra da patrocinante de la parte actora Dra. María Macarena Azcueta; en ($.) los del Dr. Hernán José Miguel Capolupo y en ($.) los de la Dra. Georgina Guerra (por su actuación en la audiencia de fs. 196/7), letrados apoderados de la parte demandada (ley 21.839, T.O. ley 24.432: 6, 7, 37 y 38).

3b. En cuanto a la regulación de los emolumentos de los peritos intervinientes, cabrá referir que la mecánica aplicación de las alícuotas arancelarias previstas por el Dec. Ley 16.638 y por la Ley 27.423, daría lugar a la determinación de una remuneración para el experto materialmente excesiva y concretamente desproporcionada con los mínimos y máximos que prevén las leyes arancelarias para remunerar a los demás profesionales del derecho.

El proceder mecánicamente, significaría incurrir en el reproche implícito en el viejo aforismo summum jus, summa injuria, debiendo entonces apartarse de la aplicación mecánica de las alícuotas previstas en la Ley mencionada, para establecer la retribución acorde a la extensión de las labores profesionales desarrolladas Por ello y ponderando la complejidad e importancia de los trabajos realizados en autos, se fijan en ($.) los estipendios del perito psiquiatra Néstor Ricardo Stingo; en pesos ($.) los del perito contador Jorge Daniel Mardenlli y en pesos ($.) los del perito Médico Legista Claudio E. Nicolás (art. 13 de la Ley 21.839, modificada por la Ley 24.432 y art. 478 Cpr.).

3c. Por su parte por las tareas posteriores a la entrada en vigencia de la Ley 27.423, se fijan en 37.52 UMA (equivalentes a ($.)) los estipendios de la Dra. María Macarena Azcueta, en . UMA (equivalentes a ($.)) los del Dr.Hernán José Miguel Capolupo y por la labor profesional cumplida que motivó la presente resolución de Alzada, se fijan en . UMA (equivalente a ($.)) la remuneración de la Dra. María Macarena Azcueta (conf. ley 27.423: 1, 3, 15, 16, 19, 21, 30 y 51; Ac. CSJN 3/2019).

4. Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley N° 26.589, la fecha en que recayó la sentencia conclusiva del proceso, la trascendencia económica de la materia y lo establecido en el art. 2, inc. g) del Anexo I del Decreto 2536/15 (conf. esta Sala «Ammaturo Francisco Horacio y otros c/Darex SA y otro s/ ordinario»; «All Music S.R.L. c/ Supermercados Ekono S.A. s/ ordinario» ambos del 29.03.12), se fijan en ($.), los honorarios regulados a favor de la mediadora, doctora Miriam Rebeca Noemí Gini.

5. La presente regulación no incluye el Impuesto al Valor Agregado, que pudiere corresponderle a la beneficiaria en razón de su condición, impuesto que debe ser soportado por quien tiene a su cargo el pago de las costas conforme la doctrina sentada por C.S.J.N. in re: «Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación» del 16.6.93).

La adición corresponde previa acreditación de su condición de responsable inscripto frente al tributo.

Se fija en diez días el plazo para su pago conforme lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley 27.423.

Notifíquese (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1° y N° 3/2015), cúmplase con la protocolización y la publicación de la presente decisión (cfr. Ley N° 26.856, art. 1; Ac. CSJN N° 15/13, N° 24/13 y N° 6/14) y devuélvase a la instancia de grado.

Alejandra N. Tevez

Ernesto Lucchelli

Rafael F. Barreiro

María Florencia Estevarena

Secretaria de Cámara

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