La importancia de la denuncia de venta: El titular registral que vendió el vehículo pero no realizó denuncia de venta al momento del accidente, también es responsable

Partes: Sánchez Paulina c/ Taborda Diego Manuel s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: D

Fecha: 5-nov-2019

Cita: MJ-JU-M-122308-AR | MJJ122308 | MJJ122308

Los titulares registrales de un automotor son responsables civilmente por los daños causados con el vehículo cuando, aun habiéndolo vendido, no hayan efectuado la transferencia o denunciado la venta ante el Registro correspondiente. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Los titulares registrales de un vehículo interviniente en un accidente de tránsito son responsables por el hecho de ser dueños de la cosa, ya que, aun cuando propugnen su falta de legitimación pasiva por el hecho de haber vendido el automotor, lo cierto es que, mantuvieron una actitud pasiva para lograr la transferencia del vehículo, y tampoco efectuaron la denuncia de venta en tiempo apropiado para evitar las consecuencias que produjera el ilícito.

Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 5 días del mes de noviembre de dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala «D», para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: «SANCHEZ PAULINA C/ TABORDA DIEGO MANUEL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS», el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores Liliana E. Abreut de Begher- Patricia Barbieri- Víctor Fernando Liberman.

A la cuestión propuesta la Dra. Liliana E. Abreut de Begher, dijo:

I)Apelación y Agravios:

Contra la sentencia de fs. 951/963 apela la parte actora a fs. 969, con recurso concedido libremente a fs. 975.

A fs.1089/1094 los recurrentes expresaron agravios.

Habiéndose corrido el pertinente traslado, el mismo fue contestado a fs. 1117/1118 y 1120/1123.

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Con el consentimiento del llamado de autos a sentencia de fs. 1129 las actuaciones se encuentran en condiciones para que sea dictado un pronunciamiento definitivo.

II) La Sentencia.

A fs. 951/963 se dictó sentencia: a) Admitiendo parcialmente la demanda planteada por la Sra. Paulina Sánchez contra los Sres. Diego Manuel Taborda y Ariel Mario Tenembaum, a quienes condenó en forma concurrente a pagar a la actora, dentro del plazo de diez días y bajo apercibimiento de ejecución, la suma de $ 151.220, con más sus intereses que deberán liquidarse a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina y costas del proceso; b) Hizo lugar a la defensa de falta de legitimación pasiva planteada por la codemandada Marta Graciela García Lorea, con efectos extensivos al Sr.Luis Esteban Raffo, con costas del codemandado Tenembaum; c) Hizo lugar a la defensa de falta de seguro planteada por la empresa «Liderar Compañía General de Seguros S.A», con costas al codemandado Tenembaum y d) Reguló los Honorarios de los profesionales intervinientes.

III) Agravios:

La parte actora vierte sus quejas a fs. 1089/1094.

En una primera aproximación se alzan por encontrarse disconforme con que se haya hecho lugar la excepción de legitimación pasiva interpuesta por la Sra. Lorea y su extensión al codemandado Raffo.

Por los fundamentos esbozados a fs. 1089/1092 requieren la revocación parcial del fallo cuestionado sobre el particular, con costas a los vencidos.

Luego de ello, se agravian por el hecho de que se haya admitido la excepción de falta de seguro planteada por «Liderar Compañía General de Seguros S.A», por lo que pretende también se deje sin efecto lo dispuesto por ante la anterior instancia, y en su virtud, se haga extensiva la condena a la citada en garantía en cuestión, con costas de ambas instancias a la perdidosa.

Posteriormente se alzan por entender reducidos los montos justipreciados por el anterior magistrado bajo los rubros incapacidad sobreviniente y daño moral. Solicitan su elevación hasta sus justos límites.

IV) Excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la Sra. Lorea y su extensión al codemandado Raffo.

El Sr. Juez de grado admitió la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por la codemandada García Lorea e hizo extensivo sus efectos al co-accionado Raffo.

Ante dicha situación, se queja la parte actora, por lo que pretende se revoque el pronunciamiento de grado. a)Debe recordarse que a fs. 175/183 se presentó la Sra. Marta García Lorea y opuso excepción de falta de legitimación pasiva. Sostuvo que el vehículo Chevrolet Monza, dominio ASM 403, fue enajenado por ella y su esposo (Luis Esteban Raffo) el 14 de septiembre del año 2004 al Sr.Ariel Mariano Tenembaum, esto es, dos años antes de la ocurrencia del hecho dañoso.

Veamos las pruebas producidas.

De la información remitida por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor se desprende que a la fecha de siniestro acaecido los titulares del rodado que intervino en el hecho dañoso aquí ventilado eran la Sra. Marta Graciela Lorea y el Sr. Luis Esteban Raffo en condominio de partes gananciales (v.fs. 172/174).

Mientras que lo codemandados expresaron que vendieron el automotor al Sr. Tenembaum el día 14 de septiembre de 2004, no puedo dejar de destacar que el nuevo adquiriente recién ingresó el trámite de transferencia el día 25 de noviembre de aquel año, habiéndose observado dicho pedido en esa misma fecha por encontrarse inhibido el titular, diferir el número de motor en verificación con el obrante en el legajo y deber de acreditar el pago un impuesto ley a esos efectos.

El Sr. Tenembaum recién el día 8 de febrero de 2007 volvió a ingresar el nuevo trámite, el que sí resultó eficaz (v.fs. 739/740).

Los codemandados expresaron, en su momento, que no habían realizado la denuncia de venta pues al encontrarse una transferencia en trámite ella no era posible. b) Es sabido que en tanto los automotores son cosas muebles registrables, la transferencia sobre ellos se rige por principios diferentes que se alejan de las pautas del cuerpo normativo contenido en el Código Civil para las cosas muebles en general.

La presunción de propiedad del art.2412 C. Civil, sentado sobre la base de la máxima que en materia de muebles «la posesión vale título», no resulta aplicable en materia de automotores, siendo reemplazada por «la inscripción vale título» (conf. Edmundo Gatti, Teoría General de los Derechos reales, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975, pág. 349; Elena Highton, Derechos Reales, Posesión, Vol I, Ed.Ariel, Buenos Aires, 1979, pág.159.).

El decreto-ley 6584/58 regula el derecho de dominio sobre los automotores de manera uniforme para todo el país; y a partir de allí, se sustituyó la prueba de la propiedad mediante la posesión por la exigencia de la inscripción en un registro, con el correlativo otorgamiento de un título de propiedad. El fundamento de tal diferencia es la importancia económica que para sus titulares dominiales representa el valor de tales posesiones, así como para terceros. Este sistema de publicidad, perfeccionado con las modificaciones introducidas por la ley 22.977, se orienta en forma inmediata a la seguridad jurídica, tanto en la faz estática, como la dinámica.

La obligatoriedad de las inscripciones de las transferencias de dominio, es consecuencia del principio registral de obligatoriedad de la inscripción registral de los automotores (art.1 Dec-Ley 6582/58, ratificado por ley 14.467, y modificado por ley 22.977), pues sin ellas no habrá transferencia, y el bien permanecerá en manos del titular inscripto.

Recuerdo que la falta de inscripción puede acarrear graves peligros para el comprador, pues si el bien continúa dentro del patrimonio del vendedor, puede ser agredido por sus acreedores (conf.art.7 Dec-Ley 6582/58). Si se ha entregado el vehículo, pero no se hizo la inscripción registral, el vendedor queda obligado hacia el comprador por el sinalagma jurídico que los vinculaba, y éste habilitado a promover contra aquél una demanda dirigida a obtener una sentencia de condena a suscribir la documentación necesaria, o bien que lo haga el juez en su lugar (conf. art. 505, 512, 1137, 1197, y 1198 C. Civil; y arts. 14, pár.2, dec.ley 6582/58 modificado por la ley 22.977).

A su vez, frente a esta situación, cuando se ha hecho la tradición del bien y no se inscribió la transferencia, resulta de aplicación la normativa del art.27 del Dec-Ley 6582/58 modificado por la ley 22.977 que dispone que «hasta tanto se inscriba la transferencia, el transmitente será civilmente responsable, en su carácter de dueño de la cosa», y agrega que «No obstante, si con anterioridad al hecho que motiva su responsabilidad, el transmitente hubiese comunicado al Registro que hizo tradición del automotor, se reputará que el adquirente o quienes de este último hubiesen recibido el uso, la tenencia o la posesión de aquél, reviste con relación al transmitente el carácter de terceros por quienes él no debe responder y que el automóvil fue usado en contra de su voluntad».

La norma precitada debe relacionarse con el art.15 que dispone «La inscripción en el Registro de la transferencia de la propiedad de un automotor, podrá ser peticionada por cualquiera de las partes. No obstante, el adquirente asume la obligación de solicitarla dentro de los diez días de celebrado el acto, mediante la presentación de la solicitud prescripta en los arts. 13 y 14. En caso de incumplimiento de esta obligación, el transmitente podrá revocar la autorización para circular con el automotor que, aún implícitamente mediante la entrega de la documentación a que se refiere el art.22, hubiere otorgado al adquirente, debiendo comunicar esa circunstancia al Registro, a los efectos previstos por el art.27».

La posibilidad de comunicar al Registro la venta (vgr.denuncia de venta) como una forma de exoneración de responsabilidad por los posibles accidentes que ocurriesen con posterioridad a la denuncia, desplaza inmediatamente la responsabilidad del vendedor hacia el comprador, aun cuando deba decirlo, no lo es en forma automática, sino que deberá acreditarse en el caso de llegarse a juicio por tal extremo ( Ver conclusiones del despacho de lege lata aprobadas en el plenario del VII Encuentro de Abogados Civilistas que estableció que «la denuncia de venta efectuada por el titular registral no implica un traspaso automático de responsabilidad a quien el titular registral declara como adquirente del automotor (unanimidad)». Rosario, Junio 1993).

De este modo, si el titular registral no hace saber al Registro su transferencia a través del aviso de venta, sigue siendo responsable en su calidad de propietario por el daño provocado por dicho vehículo a terceros después de su enajenación (ver Trigo Represas, Exención de responsabilidad del titular registral del dominio automotor después de la ley 22.977, en LL 1996-c-611; artículo de mi autor ía «Transmisión de dominio de automotores», en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Ed.Rubinzal-Culzoni, T 2009-2, pág. 185 y sgtes.; Lidia Viggiola y Eduardo Molina Quiroga, Régimen jurídico del automotor, La Ley, 2002, pág.81; Omar Diaz Solimine, Dominio de los automotores, Astrea, 1994).

La CSJN se refirió al tema de la transferencia de automotores y la denuncia de venta, dejando en claro la responsabilidad de quien no realizó la transferencia de dominio del automotor y tampoco efectuó la denuncia de venta del vehículo (CSJN Fallos 331: 1414, E. 206. 37 XXXVII. in re «Entre Ríos, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad» del 10/06/2008; CSJN Fallos 325: 1158, C. 1948. XXXII – ORIGINARIO in re «Camargo, Martina y otros c/ San Luis, Provincia de y otra s/ daños y perjuicios», del 21/05/2002; ídem S.637.XXVI.»Seoane, Jorge Omar c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios» CSJN, del 19 de mayo de 1997).

En resumen, no puede incumplirse la ley y luego pretender desentenderse de sus consecuencias. Es sabido que la inscripción registral de los automotores es constitutiva del derecho de dominio, y que en el supuesto de enajenación debe inscribirse el cambio de titularidad. De no ser cumplido por el comprador, el vendedor podrá realizar la denuncia de venta ante el Registro de la Propiedad Automotor como una forma de desligarse de su responsabilidad civil.

Tal proceder no fue cumplido por los co-accionados, quienes se limitaron a acreditar en estos actuados que habían enajenado el bien al Sr. Tenembaum, mientras que mantuvieron una actitud pasiva para lograr la transferencia del vehículo, y tampoco efectuaron la denuncia de venta en tiempo apropiado para evitar las consecuencias de este proceso antes que se produjera el ilícito (ver informe de dominio de fs. 172/174 que demuestra que los coaccionados eran titulares dominiales del bien a la época del siniestro en septiembre de 2006, y lo siguieron siendo hasta el 8 de febrero de 2007-v.fs. 739/740).

Por lo demás, entiendo que resulta de aplicación la doctrina plenaria de la Cámara Nacional en lo Civil in re «Morris de Sotham, Nora c/ Besuzzo, Osvaldo P. s/ sumario». Allí se resolvió que la doctrina establecida en el fallo plenario dictado el 19 de agosto de 1980, en la causa «Morrazo, Norberto y otro c/ Villarreal Isaac y otros», con arreglo a la cual «no subsiste la responsabilidad de quien figura en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor como titular del vehículo causante del daño cuando lo hubiera enajenado y entregado al comprador con anterioridad a la fecha de siniestro, si esta circunstancia resulta debidamente comprobada en el proceso», no mantenía su vigencia luego de la sanción de la ley 22.977, modificatoria del dec.ley 6.582/58, ratificado por la ley 14.467.

Es evidente, que los vendedores contaban con herramientas para evitar la morosidad del comprador en realizar la transferencia de dominio (art. 27 del Decreto-ley 6582/58), razón por lo que mal pueden ahora alegar en esta situación su propia torpeza.

Bajo esos parámetros, de acuerdo con la calidad de titulares dominiales que revestían los Sres. García Lorea y Raffo respecto del rodado participante del siniestro a la fecha del evento dañoso y en virtud de la inexistencia de denuncia de venta ante el Registro de la Propiedad Automotor, entiendo que corresponde hacer lugar a los agravios introducidos, y en su virtud, revocar parcialmente la sentencia recurrida, haciendo extensiva la condena decidida a los Sres. Lorea y Raffo, con costas de ambas instancias a cargo de las vencidas (art. 68 del CPCCN).

V) Extensión de la condena a la compañía de seguros:

Debo señalar que la expresión de agravios consiste en la fundamentación destinada a impugnar la sentencia, cuando el recurso ha sido concedido libremente, con la modalidad de obtener su modificación o su revocación (Highton-Areán, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Hammurabi, Tomo 5, pág. 239). No es una simple fórmula carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga una «crítica concreta y razonada de la partes del fallo que el apelante considere equivocadas» (Morello- Sosa-Berisonce, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Prov. de Bs. As. y de la Nación, Abeledo Perrot, Tomo III, pág.351) Alsina sostiene que la expresión de agravios supone como carga procesal, una exposición jurídica en la que mediante el análisis razonado y crítico del fallo impugnado se evidencia su injusticia (Alsina, Tratado, T.IV, pág.389). Requiere así, una articulación seria, fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia punto por punto y una demostración de los motivos para considerar que ella es errónea, injusta o contraria a derecho, no siendo las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general idóneas para mantener la apelación (Kielmanovich, Jorge, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Abeledo Perrot, 2015, T I, pág.740).

La crítica razonada no se sustituye con una mera discrepancia sino que debe implicar el estudio de los razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas (Fenochietto-Arazi, Código Procesal y Comercial de la Nación, Astrea, Tomo 1, pág. 941; Falcón, Enrique, «Cuestiones especiales delos recursos», en Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2009, t VIII, pág.106 y sgtes.).

Se ha entendido que expresar agravios significa reputar y poner de manifiesto errores (de hecho o de derecho), que contenga la sentencia y que la impugnación que se intente contra ella debe hacerse de modo tal que rebata todos los fundamentos esenciales que le sirven de apoyo (Cám. 2ª, Sala III, La Plata, RDJ 1979-9-35, sum. 34 citado en Morello-Sosa-Berisonce, op. cit., pág. 335; ver Eduardo Couture, Fundamentos del Derecho procesal civil, ed. B de F., 2005, 4ta. reimpresión, pág. 281; Arazi, Roland y De los Santos, Mabel, Recursos Ordinarios y Extraordinarios en el régimen procesal de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2005, 200).

Esta Sala ha sostenido reiteradamente que para que exista expresión de agravios no bastan manifestaciones imprecisas, genéricas, razonamientos totalizadores, remisiones, ni, por supuesto, planteamiento de cuestiones ajenas.Se exige legalmente que se indiquen, se patenticen, analicen parte por parte las consideraciones de la sentencia apelada.

En suma, la expresión de agravios no es cuestión de extensión del escrito, ni de manifestaciones sonoras, ni de profusión de citas, ni tampoco de injurias más o menos veladas al juez, sino de efectividad en la demostración del eventual error in judicando: ilegalidad e injusticia del fallo. Pero el escrito debe ser proporcionado a la complejidad del asunto, importancia fáctica y jurídica: es pretensión dialéctica exagerada la de querer demoler con uno o dos párrafos una sentencia circunstanciadamente fundada; es ingenuo abuso de la facultad querer someter a la Cámara a la eventual lectura de una interminable perorata y, antes, ocupar diez días del otro letrado para replicarla (Colombo-Kiper, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, La ley, T. III, pág. 172).

Entonces, la falta de cumplimiento de la crítica concreta y razonada de los puntos del fallo recurrido, trae como consecuencia la falta de apertura de la Alzada y consecuentemente la declaración de deserción del recurso de apelación (conf. art. 266 del Código Procesal).

En el caso, no cabe otra solución por cuanto se advierte que las manifestaciones vertidas en esta Alzada por la actora ni siquiera marcan en forma tangencial cual fue el yerro de la sentencia, limitándose a expresar su disconformidad con el resultado.

Adviértase que solamente se hizo una vaga referencia a las conclusiones a las que arribará el perito contador en el informe agregado a fs. 823/825 y de donde se desprende la póliza en cuestión correspondía a otro asegurado y a otro vehículo diferente al del Sr. Tenembaum.

No puedo dejar de destacar, por otro lado, que dichas conclusiones fueron consentidas por la parte actora, por lo que no puede en esta instancia introducir cuestiones que ya se encuentran precluidas.

Ante tal situación, propongo declarar desierto el recurso planteado por la quejosa sobre el particular.

VI) Partidas indemnizatorias: a) Incapacidad Sobreviniente:

El Sr.Juez de grado concedió la cantidad de $ 50.000 bajo el presente concepto a favor de la actora.

A fs. 319/325 obra la pericia médica efectuada por la especialista designada de oficio, Dra. Verónica Andrea Brust.

La especialista adujo que como consecuencia del siniestro ventilado en las presentes actuaciones, la actora padeció fractura de platillo tibial izquierdo, habiéndosele efectuado en la oportunidad reducción con osteosíntesis por medio de tornillo canulado por artroscopia.

Agregó que la accionante presentó trombosis venosa profunda de miembro inferior izquierdo como complicación, y que la recuperación de la lesión le exigió que realizará rehabilitación y que pudiera cargar su peso sobre el pie recién a la octava semana del evento dañoso sucedido.

Estimó en un 30 % la incapacidad física de carácter parcial y permanente que padecía la actora de autos.

Si bien a fs. 345/350 los codemandados impugnaron la pericia de referencia, entiendo que ninguno de los fundamentos esbozados en aquella pieza procesal lograron conmover los sólidos fundamentos esgrimidos por la experta interviniente, máxime cuando la perito ratifico en un todo su presentación original con la contestación de fs. 368/370.

En su virtud, entiendo acertado estar a sus conclusiones (conf. art. 477 CPCCN).

Es dable recordar, ahora, que los porcentajes de incapacidad no atan a los jueces sino que son un elemento que sirve para orientar y estim ar la gravedad del daño padecido, cuya cuantificación debe realizarse evaluando, entre otras cosas, las circunstancias personales de la víctima.

La indemnización por incapacidad sobreviniente -que debe estimarse sobre la base de un daño cierto – procura el resarcimiento de aquellos daños que tuvieron por efecto disminuir la capacidad vital de la persona afectada, no solo en su faz netamente laboral o productiva sino en toda su vida de relación (social, cultural, deportiva e individual) (Mosset Iturraspe, Jorge y Ackerman, Mario E., El valor de la vida humana, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2002, pág.63 y 64).

Entraña la pérdida o la aminoración de potencialidades de que gozaba el afectado, teniendo en cuenta de modo predominante sus condiciones personales. Habrá incapacidad sobreviniente cuando se verifica luego de concluida la etapa inmediata de curación y convalecencia y cuando no se ha logrado total o parcialmente el restablecimiento de la víctima. (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, 2ª ed., «Daños a las personas», pág. 343; CSJN, Fallos: 315:2834, in re «Pose, José D. c. Provincia de Chubut y otra», 01/12/1992).

Por ello, la reparación comprende no sólo el aspecto laborativo, sino también todas las consecuencias que afectan la personalidad íntegramente considerada. En general, se entiende que hay incapacidad sobreviniente cuando se verifica luego de concluida la etapa inmediata de curación y convalecencia y cuando no se ha logrado total o parcialmente el restablecimiento de la víctima. (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, 2ª ed., «Daños a las personas», p. 343).

En tal sentido es uniforme la jurisprudencia en el sentido que la finalidad de la indemnización es procurar restablecer exactamente como sea posible el equilibrio destruido por el hecho ilícito, para colocar a la víctima a expensas del responsable, en la misma o parecida situación patrimonial a la que hubiese hallado si aquél no hubiese sucedido. Justamente, cuando al fijar los montos se establecen sumas que no guardan relación adecuada con la magnitud del daño y con las condiciones personales de la víctima, ello provoca un enriquecimiento sin causa de la víctima, con el correlativo empobrecimiento del responsable.

Se ha insistido recientemente, más aún desde la sanción del Código Civil y Comercial -especialmente me refiero al art. 1746-, que para el cálculo de las indemnizaciones por incapacidad o muerte, debe partirse del empleo de fórmulas matemáticas, que proporcionan una metodología común para supuestos similares.Nos ilustran Pizarro y Vallespinos que «No se trata de alcanzar predicciones o vaticinios absolutos en el caso concreto, pues la existencia humana es por sí misma riesgosa y nada permite asegurar, con certidumbre, qué podría haber sucedido en caso de no haber ocurrido el infortunio que generó la incapacidad o la muerte. Lo que se procura es algo distinto: efectuar una proyección razonable, sin visos de exactitud absoluta, que atienda a aquello que regularmente sucede en la generalidad de los casos, conforme el curso ordinario de las cosas. Desde esta perspectiva, las matemáticas y la estadística pueden brindar herramientas útiles que el juzgador en modo alguno puede desdeñar» (Pizarro, Obligaciones, Hammurabi, T 4, pág. 317).

Es que no debe olvidarse que el principio de reparación integral, ahora denominado de «reparación plena» (conf. art.1740 CCC) -que, como lo ha declarado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene status constitucional (Fallos, 321:487 y 327:3753, entre otros)- importa, como lógica consecuencia, que la indemnización debe poner a la víctima en la misma situación que tenía antes del hecho dañoso (art.1083 CC). Resulta adecuado a esos efectos el empleo de cálculos matemáticos para tratar de reflejar de la manera más exacta posible el perjuicio patrimonial experimentado por el damnificado.

Para utilizar criterios matemáticos, debemos ponderar los ingresos de la víctima – acreditados en el expediente -, las tareas desarrolladas al momento del hecho, cuales se vio impedido de seguir realizándolas y las posibilidades de ingresos futuros, suma final que invertida en alguna actividad productiva, permita a la víctima obtener una renta mensual equivalentes a los ingresos frustrados por el ilícito, de manera que el capital de condena se agote al final del periodo de vida económica activa del damnificado. Así se tiene en cuenta, por un lado, la productividad del capital y la renta que puede producir, y por el otro, que el capital se agote o extinga al finalizar el lapso resarcitorio (Zavala de González, Resarcimiento de daños.Daños a las personas, Hammurabi, 1993, T. 2a, pág.523).

Si bien existen diversas fórmulas de cálculo con variantes (ej. «Vuoto», «Marshall», «Las Heras-Requena», etc.) para obtener el valor presente de una renta constante no perpetua, o en su caso, en forma más justa, con una fórmula de valor presente de rentas variables (y probables) (ver sobre estos aspectos Acciarri, Hugo – Testa, Matías I., «La utilidad, significado y componentes de las fórmulas para cuantificar indemnizaciones por incapacidad y muertes», La Ley del 9/2/2011, pág. 2; y mismo autor, «Sobre el cómputo de rentas variables para cuantificar indemnizaciones por incapacidad», RCCy C 2016 (noviembre), 17/11/2026,3), lo cierto es que el juzgador no tiene porqué atarse férreamente a ellas, sino que llevan únicamente a una primera aproximación, o sea, una base, a partir del cual el juez puede y debe realizar las correcciones necesarias atendiendo a las particularidades del caso concreto (Pizarro-Vallespinos, op. cit., T 4, pág. 318; Zavala de González, op. cit., T 2a, pág. 504). Por ende, no corresponde otorgar a la víctima, sin más, la suma que en cada caso resulte de la aplicación rígida de la fórmula mencionada, sino que ella servirá simplemente como pauta orientadora para un resarcimiento pleno.

De allí que en materia civil y a los fines de su valoración, no puedan establecerse pautas fijas por cuanto habrá de atenderse a circunstancias de hecho variables en cada caso en particular. Al tratarse de una reparación integral, para que la indemnización sea justa y equitativa deben apreciarse diversos elementos y circunstancias de la víctima, tales como su edad, sexo, formación educativa, ocupación laboral y condición socioeconómica (esta Sala, in re «Cabrera, Oscar Alejandro c/ Cergneaux, Elvio Omar y otros s/ daños y perjuicios», R. 539.455, 19/03/2010; in re «Echazu, César Oscar c/ Rebori, Tomás Esteban y otro s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)», R.544.834, del 30/03/2010).

Por otra parte, cabe destacar que los porcentuales de incapacidad que se determinan en los dictámenes periciales no constituyen un dato rígido sobre el cual deben establecerse las indemnizaciones pues estas no son tarifadas, sino que dichas incapacidades deben ser meditadas por el juzgador en función de pautas razonablemente generales, siempre con un criterio flexible, para que el resarcimiento pueda ser la traducción lo más real posible del valor verdadero y concreto del deterioro sufrido.

Por lo expuesto, teniendo en consideración las características personales de la victima , de 85 años al momento del accidente ocurrido, de estado civil viuda, jubilada y demás constancias obrantes en el BLSG N° 84.355/13 como así también las particularidades que presentó el hecho dañoso ventilado y que la demandante falleció el día 7 de agosto del año 2017 por infarto agudo del miocardio, estimo que la partida requerida resulta procedente y reducida la cantidad reconocida bajo el ítem a estudio, motivo por el cual propongo al acuerdo la elevación del monto reconocido bajo el presente concepto a la cantidad de $ 150.000(conf. art. 165 CPCCN). b) Daño Moral:

El Sr. Juez de grado concedió la cantidad de $ 60.000 a favor de la accionante bajo el presente concepto.

Debo indicar que participo de la postura doctrinaria y jurisprudencial que considera la indemnización por daño moral, de carácter resarcitorio, y no sancionatorio, pudiendo no guardar relación alguna con la fijación de la incapacidad sobreviniente, dado que puede existir con independencia del mismo (v. Orgaz, El daño resarcible, 1967).-

El daño moral es una afección a los sentimientos de una persona, que determina dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas, y en general toda clase de padecimientos susceptibles de apreciación pecuniaria (Conf. Bustamante Alsina, Teoría de la responsabilidad civil, p. 205; Zavala de González en Highton (dir.), Bueres (coord.), Código Civil y normas complementarias.Análisis doctrinario y jurisprudencial, tomo 3A, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, p.172).- Respecto de la prueba del daño moral, se ha dicho que:

«cuando el daño moral es notorio no es necesaria su prueba y quien lo niegue tendrá sobre sí el onus probandi. Fuera de esta situación, esta clase de daño, como cualquier otra, debe ser objeto de prueba por parte de quien lo invoca (Cazeaux-Trigo Represas, Derecho de las Obligaciones, t. 1, ps. 387/88).- El carácter estrictamente personal de los bienes lesionados al producirse un daño moral, está indicando por sí la imposibilidad de establecer una tasación general de los agravios de tal especie. Así, el daño moral corresponde que sea fijado directamente por el juzgado sin que se vea obligado en su determinación por las cantidades establecidas en otros rubros.

Para establecer la cuantía del daño, el juzgador debe sortear la dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la esfera íntima del reclamante para luego establecer una indemnización en dinero que supla o compense el desmedro injustamente sufrido, por lo que más que en cualquier otro rubro queda sujeto al prudente arbitrio judicial, que ha de atenerse a la ponderación de las diversas características que emanan del proceso.

«La determinación del monto no depende de la existencia o extensión de los perjuicios patrimoniales pues no media interdependencia entre tales rubros, ya que cada uno tiene su propia configuración pues se trata de daños que afectan a esferas distintas» (cfr. Llambías, Obligaciones, t. I, p. 229).

Así las cosas, teniendo en consideración las características personales de la víctima que di cuenta al tratar el ítem anterior y que debió ser intervenida quirúrgicamente por la lesión padecida, entiendo procedente y nuevamente reducida la cantidad otorgada, motivo por el cual propicio al acuerdo su elevación a la suma de $ 120.000(conf. art.165 CPCCN).

VII) Costas

Las costas de esta instancia deben ser soportadas por los demandados perdidosos, con excepción a las generadas por la intervención de la empresa aseguradora, que serán a cargo de la parte actora vencida (conf. art. 68 CPCCN).

VIII) Colofón Por todo ello y si mis distinguidos colegas compartieran mi opinión, propicio al Acuerdo: 1) Se haga lugar parcialmente a las quejas vertidas por la parte actora, y en su virtud, se revoque parcialmente la sentencia recurrida, haciendo extensiva la condena decidida a los Sres. García Lorea y Raffo, con costas de ambas instancias a cargo de las vencidas (art. 68 del CPCCN); 2) Se admitan parcialmente los agravios vertidos por los demandantes, y en consecuencia, se eleven a las sumas de $ 150.000 y $ 120.000 las cantidades reconocidas bajo los ítems incapacidad física y daño moral respectivamente; 3) Se impongan la costas de alzada a los codemandados vencidos, con excepción a las generadas por la intervención de la empresa aseguradora, que serán a cargo de la parte actora vencida (art. 68 C.P.C.C.N.); 4)Se conozca acerca de los recursos de apelación interpuestos contra la regulación de honorarios practicada en la anterior instancia y se determinen los emolumentos de esta Alzada; 5) Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el artículo 164 párrafo segundo del ritual y artículo 64 del Reglamento para la Justicia Nacional.- Así lo voto.

Los Señores Jueces de Cámara doctores Patricia Barbieri y Víctor Fernando Liberman, por análogas razones a las aducidas por la señora juez de Cámara doctora Liliana E. Abreut de Begher, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto. LILIANA E. ABREUT DE BEGHER- PATRICVIA BARBIERI- VICTOR FERNANDO LIBERMAN.-

Este Acuerdo obra en las páginas n° a n° del Libro de Acuerdos de la Sala «D», de la Excma.Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, de noviembre de 2019.- Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1) Se haga lugar parcialmente a las quejas vertidas por la parte actora, y en su virtud, se revoque parcialmente la sentencia recurrida, haciendo extensiva la condena decidida a los Sres. García Lorea y Raffo, con costas de ambas instancias a cargo de las vencidas (art. 68 del CPCCN); 2) Se admitan parcialmente los agravios vertidos por los demandantes, y en consecuencia, se eleven a las sumas de $ 150.000 y $ 120.000 las cantidades reconocidas bajo los ítems incapacidad física y daño moral respectivamente; 3) Se impongan la costas de alzada a los codemandados vencidos, con excepción a las generadas por la intervención de la empresa aseguradora, que serán a cargo de la parte actora vencida (art. 68 C.P.C.C.N.); 4) De conformidad con el presente pronunciamiento y en atención a lo dispuesto por el art. 279 del Código Procesal, teniendo en cuenta la naturaleza, importancia y extensión de los trabajos realizados en autos; las etapas cumplidas; el monto de condena más sus intereses; lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 9, 10, 19, 33, 37, 38 y 39 de la ley 21.839 y su modificatoria 24.432; la proporción que deben guardar los honorarios de los peritos con los de los letrados y la incidencia de su labor en el resultado del pleito, se adecuan los regulados a fs. 963 vta. y 984, fijándose los correspondientes a la Dra. Sandra Marcela Di Mecola, letrada apoderada de la parte actora, en pesos.($.); los de las Dras. Alejandra Guerrisi y Marta Noemí Grondona, letradas patrocinantes de los codemandados Lorea y Raffo, en pesos . ($ .), en conjunto; los de los Dres. Franco Ortolano y Mariana Cecilia Urtiaga, letrados apoderados de la citada en garantía, en pesos. ($ .), en conjunto; los del Defensor Oficial del codemandado Taborda, Dr. Antonio A. Salgado, en pesos.($.) por el principal y en pesos. ($.) por el incidente resuelto a fs.840; los de la perito médica Verónica Andrea Brust, en pesos . ($.); los de la perito psicóloga María Florencia Russo, en pesos.($ .); los de la perito contadora María Laura Olivera, en pesos. ($ .), y los del mediador Dr. Alberto Katz, en pesos.($.) (conf. art. 2°, inciso g), art. 4 del Anexo III del Decreto 1467/11, modificado por Decreto 2536/15, y valor del UHOM vigente al día de la fecha).

Por la actuación ante esta alzada, se regula el honorario de la Dra. Sandra Marcela Di Mecola en . UMA, equivalentes a la fecha a pesos. ($.); el del Dr. Franco Ortolano, en . UMA, equivalentes a pesos.($.); y el de la Dra. Marta Noemí Grondona, en . UMA, equivalentes a pesos .($.) (art. 30 ley 27.423, Acordada CSJN 28/2019).

La Doctora Patricia Barbieri deja constancia de que, si bien entiende que la nueva ley de aranceles profesionales N° 27.423 es aplicable a toda regulación de honorarios que no se encuentre firme, aun tratándose de trabajos llevados a cabo con anterioridad (conf. esta Sala, en autos «Pagliaro, Claudia Alicia c/Banco Comafi S.A. y otro s/daños y perjuicios» del 21/3/18), atento la mayoría conformada en el Tribunal en torno a la cuestión, no se extenderá a su respecto. 5) Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el artículo 164 párrafo segundo del ritual y artículo 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.

LILIANA E. ABREUT DE BEGHER

SIGUEN LAS FIRMAS:

PATRICIA BARBIERI

VICTOR FERNANDO LIBERMAN

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