Perros de la calle: Concesionaria vial deberá responder por los daños a un auto que colisionó con dos perros sueltos en la autopista

Partes: C. W. R. c/ G. C. D. O. S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: G

Fecha: 6-nov-2019

Cita: MJ-JU-M-122291-AR | MJJ122291 | MJJ122291

Responsabilidad del concesionario vial por los daños a un vehículo que colisionó con dos perros sueltos en la autopista. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-El concesionario vial es responsable por los daños sufridos por un automotor que colisionó con dos perros, pues, más allá de que la relación con el usuario sea de consumo, contractual o extracontractual, lo cierto es que, no parece que las medidas para asegurar la adecuada fluidez del tránsito o el mantenimiento de la autopista puedan reducirse al mantenimiento de calzadas y banquinas o a la oferta de servicios auxiliares al usuario, ya que está claro que la concesionaria es la responsable de que no ingresen animales sueltos en la zona del camino, y la deudora de una obligación de seguridad respecto de los usuarios y sus bienes.

2.-La concesionaria vial debe reparar los daños de un vehículo que colisionó con dos perros sueltos, pues sin perjuicio de que no hubiera recibido sanciones o intimaciones administrativas por falta de adopción de medidas de seguridad y prevención sobre el punto, es evidente que las que dice haber tomado han resultado a todas luces insuficientes.

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3.-La presencia de animales sueltos en una autopista es inherente al riesgo de explotación y es por ello que se responde, dado que el monitoreo mediante equipo y personal especializado respecto a la presencia de aquellos no es una obligación imposible, sino un riesgo previsible inherente a la circulación de vehículos.

4.-La privación del uso del automotor de importa siempre un perjuicio que es posible presumir, en la medida que el vehículo constituye para el damnificado un bien de capital del que se ve privado por causas que no le son imputables.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 6 días del mes de noviembre de dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: «C. W. R. c/ G. C. D. O. S.A. s/DAÑOS Y PERJUICIOS», respecto de la sentencia de fs. 474/489, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores CARLOS ALBERTO CARRANZA CASARES – CARLOS ALFREDO BELLUCCI – GASTÓN MATÍAS POLO OLIVERA.-

A la cuestión planteada el Juez de Cámara Doctor Carranza Casares dijo:

I.- La sentencia apelada

La sentencia de fs. 474/489 hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por W. R. C. y condenó a G. C. del Oeste S.A. al pago de $ 55.935, más intereses y costas, al considerar probado que el 8 de octubre de 2016 el automóvil Volkswagen Suran del actor había sido dañado al chocar con dos perros mientras circulaba por el Acceso Oeste a la altura de la localidad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. A la par declaró oponible al reclamante la franquicia pactada entre Z. A. C. de S. S.A. y el aludido concesionario.

II.- Los recursos

El fallo fue apelado por el demandante y por la demandada.

El primero en su memorial de fs. 520/522 contestado a fs. 524/525 se queja por lo determinado por intereses y privación de uso.

El segundo en su escrito de fs. 527/534 respondido a fs. 538/543 cuestiona la responsabilidad atribuida.

III.- La responsabilidad

Los usuarios cuentan con el importante sistema de protección de derechos que ofrece la ley 24.2401.La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado que el vínculo que se establece entre el concesionario de las rutas y sus usuarios es calificado como una relación de consumo en el derecho vigente, que tiene sustento en el art. 33 de la Constitución Nacional y a partir de la reforma de 1994, la referencia expresa se halla en el art. 42 de la norma fundamental.

Desde esta perspectiva, resultan aplicables al caso, entre otros, los arts. 4, 5 y 40 de la ley 24.240. El primero establece que quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, deben suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los mismos; el segundo dispone que las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios; en tanto que el tercero prescribe que la responsabilidad del proveedor es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan y sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena.

Como consecuencia de lo expuesto, el concesionario indudablemente se encontraba obligado a prestar al usuario del corredor vial detallada, eficaz y suficiente información y seguridad respecto de los peligros para su integridad física en condiciones previsibles y normales de uso.

Este abordaje del vínculo entre la empresa concesionaria y el usuario desde la perspectiva de la relación de consumo también ha sido adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires: además se ha visto reforzada con la normativa introducida en el Código Civil y Comercial de la Nació a partir del art.1092.

Una segunda línea argumental -también transitada por la Corte en el citado precedente- radica en la calificación contractual del vínculo existente entre concesionario y usuario y en sostener que el primero no asume una obligación de dar el uso y goce de una cosa, sino de prestar un servicio que importa que hay una obligación nuclear del contrato, constituido por la prestación encaminada al mantenimiento de la autopista en todos sus aspectos y también deberes colaterales con fundamento en la buena fe (art. 1198 del Código Civil y arts. 961, 1061 y 1063 del Código Civil y Comercial de la Nación), entre los que existe un deber de seguridad, de origen legal e integrado en la relación contractual, que obliga al prestador a la adopción de medidas de prevención a los concretos riesgos existentes, en tanto resultan previsibles.

Adujo la Corte que el supuesto particular de accidentes ocurridos con ocasión del paso de animales por autopistas concesionadas, es claramente previsible para un prestador de servicios concesionados. La ocurrencia de accidentes anteriores del mismo tipo, constituyen datos que un prestador racional y razonable no puede ignorar. Es el prestador del servicio quien está en mejor posición para recolectar información sobre la circulación de los animales y sus riesgos, y, por el contrario, el usuario es quien está en una posición desventajosa para obtener esos datos, lo que sólo podría hacer a un altísimo costo. Es claro entonces que la carga de autoinformación y el deber de transmitirla al usuario de modo oportuno y eficaz, pesa sobre el prestador del servicio. El deber de información al usuario requiere una notificación frente a casos concretos. Esta carga de autoinformación importa también el deber de adoptar medidas concretas frente a riesgos reales de modo preventivo. En este caso puede constatarse fácilmente que, asimismo, es el prestador del servicio quien está en mejor posición para tomar medidas de prevención genéricas al menor costo.La carga indemnizatoria puede ser mejor distribuida por el prestador, tanto disminuyendo los accidentes, como contratando un seguro.

Concluyó que la falta de un adecuado ejercicio del deber de previsión y de disponer lo necesario para evitar accidentes en los términos y circunstancias indicados, compromete la responsabilidad de la concesionaria.

Desde una tercera perspectiva, encuadrada en la órbita extracontractual entiendo que también cabría concluir que los concesionarios viales no debían resultar completamente ajenos a la adopción de medidas encaminadas a prevenir accidentes como el que motiva estas actuaciones.

En efecto, el art. 37 del Reglamento Administrativo aprobado por decreto 1994/93, establece que el concesionario será responsable, ante el Estado Nacional y los terceros, por la correcta administración y disposición de los bienes afectados al servicio, así como por todas las obligaciones y riesgos inherentes a su operación, administración, mantenimiento, adquisición y construcción, con los alcances que se estipulen en el contrato de concesión.

A su vez, el decreto 1167/94 que aprueba la adjudicación de la concesión de obra pública del Acceso Oeste (ver fs. 229/262), entre otros, establece en su Anexo II que la concesionaria adoptará las medidas necesarias para asegurar la adecuada fluidez del tránsito en todo momento, de acuerdo a las características de cada calzada (cláusula 10.2); que la mencionada deberá conservar el Acceso en perfectas condiciones de utilización y tránsito (cláusula 14.8); que al momento de la toma de posesión, deberá haber contratado los seguros de responsabilidad civil por cualquier daño, pérdida o lesión que pudiere sobrevenir a bienes o personas a causa de cualquier acción relacionada con el cumplimiento del objeto de la Concesión en forma tal de mantener cubiertos a .terceros (cláusula 15.2, ap.a); que será responsable, ante el Concedente y los terceros, por la correcta administración de los bienes afectados a la Concesión, así como por todas las obligaciones y riesgos inherentes a su operación, administración, mantenimiento, adquisición y construcción (cláusula 16.7); y que deberá hacerse cargo, entre otras acciones, de las que surgieren por daños causados a terceros o a sus bienes como consecuencia de su obrar o de las responsabilidades que le son propias en su carácter de prestador de servicios públicos y Concesionaria (cláusula 16.8).

De igual modo, el Reglamento del Usuario para el Acceso Oeste aprobado por Resolución 198/97 de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte (fs. 273/284), dispone que los usuarios tienen derecho a que la concesionaria vele por su seguridad, de conformidad con las obligaciones contractuales y le brinde información anticipada sobre cualquier circunstancia que altere el tránsito (art. 4, inc. b y d), adoptar «todas las medidas que fueren necesarias implementar para evitar daños a los bienes, a las obras que se ejecuten y/o exploten, y a las personas que las utilicen» (art. 18, a), contar «con una guarda permanente de personal idóneo y equipo, que permitan actual sin demora ante los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor situaciones de emergencia o que su tratamiento no admita dilación, adoptando las medidas adecuadas que resulten necesarias para la seguridad de los usuarios y sus bienes conforme los alcances mencionados en el Contrato de Concesión» (art. 18, b).

El Reglamento de Explotación para el Acceso Oeste, aprobado por Resolución 17/97 del Órgano de Control de las Concesiones de la Red de Accesorios de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 285/298), por fin, prohíbe la circulación de animales sueltos (art. 12), dispone que la concesionaria deberá mantener la debida fluidez del tránsito y podrá disponer la suspensión temporal en forma parcial o total en supuestos de caso fortuito o fuerza mayor (art. 15), deberá implementar medidas de señalización preventivas (ar.16) y «adoptará los recaudos a su alcance y conforme al Contrato de Concesión, para evitar que ingresen animales sueltos a la zona del camino» (art. 24).

No parece que las medidas para asegurar la adecuada fluidez del tránsito o el mantenimiento de la autopista puedan reducirse al mantenimiento de calzadas y banquinas o a la oferta de servicios auxiliares al usuario, pues está claro que la concesionaria es la «responsable de que no ingresen animales suelos en la zona del camino» y la deudora de una obligación de seguridad respecto de los usuarios y sus bienes.

Por todo lo dicho, sea que haga pie en la relación de consumo, en la contractual o en la extracontractual, las tres líneas argumentales convergentes en el caso indican la existencia de una obligación de seguridad y señalamiento en cabeza de la empresa concesionaria.

Ahora bien, por tratarse de responsabilidad objetiva la atribuida, al deudor le corresponde acreditar la configuración de un hecho ajeno, de la víctima o de un tercero por el que no debe responder; o la de un caso fortuito (art. 1722 del Código Civil y Comercial de la Nación).

Esta causa ajena no puede constituir una contingencia propia del riesgo de la cosa o la actividad (art. 1733, inc. e, del Código Civil y Comercial de la Nación).

Aun cuando la demandada ha negado genéricamente el hecho (fs. 51vta./52) en el mismo escrito de contestación está implícitamente reconocido (fs. 53, 62, 63, 64) e incluso ha acompañado fotografías del automóvil dañado (fs. 48/50).

Además, como destaca la sentencia, ante la intimación formulada en los términos del art. 388 del Código Procesal (fs. 223), omitió adjuntar (fs. 263) el libro de novedades de supervisión del día del accidente (fs.28).

A lo que cabe agregar que corrobora la base fáctica del reclamo, la declaración de quien viajaba como acompañante en el vehículo, que contó que «ella apenas los vio cuando los perritos estaban sacando sus cabezas del mencionado cantero, para entrar en la mano de la autopista por la que circulaban ellos en la Surán. Y su pareja no tuvo tiempo ni de esquivarlos ni nada y se los llevó puestos a los pobres perros» (fs. 207/208).

De su lado, el perito ingeniero, en aspecto de su dictamen no impugnado, afirmó que los daños sobre la parte frontal del automóvil eran «producto de la colisión del vehículo con los canes sobre la calzada» (fs. 331).

Frente a la afirmación de la sociedad apelante de que el demandante no probó que el Volkswagen circulaba a la velocidad permitida y con un conductor atento, pongo de relieve que la carga de la eventual culpa de quien guiaba el vehículo pesaba sobre la propia demandada por tratarse, como he dicho, de una responsabilidad objetiva (art. 1722 citado).

Por otra parte, sin perjuicio de que la entidad recurrente no hubiera recibido sanciones o intimaciones administrativas por falta de adopción de medidas de seguridad y prevención sobre el punto (fs. 270), es evidente que las que dice haber tomado han resultado a todas luces insuficientes.

Resulta difícil comprender que las autoridades de la concesionaria no intenten abordar decididamente la problemática de este fenómeno cuya frecuencia permite inferir la proliferación de juicios a lo que ha dado lugar.

Mal puede alegar la recurrente que se la intenta obligar a una prestación de cumplimiento imposible cuando la obligación de información y seguridad ha sido vinculada con lo previsible y cuando ni siquiera ha demostrado adecuadamente haber tomado medidas al respecto, pues no ha acreditado la existencia de información preventiva al tiempo del suceso (la declaración del coordinador de seguridad vial de fs. 219 nada dice al respecto), ni el patrullaje constante (no esporádico, como el que surge del testimonio de fs.217 y el informe de fs. 271), ni la adopción de otro tipo de medidas de seguridad especialmente destinadas a prevenir siniestros como el que origina este pleito, ni ha presentado estudios sobre esa problemática que avalen sus asertos y revelen una seria preocupación por evitarlos, sobremanera si se repara en que esta empresa es quien se encuentra en una situación de desproporcionada superioridad frente al usuario -y al juez- como para encarar su realización.

Como ha expresado esta sala en expte. n° 4246/2012/CA1, del 8/11/18, la demandada debe responder en razón de la deficiente prestación del servicio toda vez que pesa sobre dicha parte la vigilancia permanente de rutas, remoción inmediata de estorbos y elementos extraños, control ininterrumpido de la conducción y toda medida tendiente a resguardar la seguridad, medio ambiente y la correcta circulación de los caminos, obligaciones éstas que forman parte de la adecuada prestación del deber de seguridad, incumplido en el caso.

No debe olvidarse que, como bien se ha destacado, las defensas vinculadas a las dificultades de adoptar medidas de previsión y de evitación en concreto se basan en una concepción que lleva a transferir la carga de la investigación acerca de dichos costos desde la empresa explotadora del corredor vial hacia la víctima y los jueces.

A mayor abundar, recuerdo que se ha dicho que la presencia de animales sueltos es inherente al riesgo de explotación y es por ello que se responde. El monitoreo mediante equipo y personal especializado respecto a la presencia de animales sueltos en una autopista de tránsito ligero y fluido no es una obligación imposible, sino un riesgo previsible inherente a la circulación de vehículos.

Por lo expuesto, propongo confirmar la responsabilidad atribuida en el pronunciamiento.

V.- Los daños.Privación de uso

Esta sala ha sostenido que la privación del uso de importa siempre un perjuicio que es posible presumir, en la medida que el automotor constituye para el damnificado un bien de capital del que se ve privado por causas que no le son imputables.

Esta imposibilidad de utilizarlo basta para demostrar el daño porque en general no se tiene un automóvil sino para usarlo y la indisponibilidad es índice suficiente de la necesidad de reemplazarlo, salvo prueba en contrario que debe suministrar el demandado.

Debe establecerse, entonces, el costo que importa la sustitución de este medio de transporte, con atención a las particularidades, demostradas o presumidas, de cómo se desarrollaba uso habitual y al ahorro que, por otra parte, acarrea su no utilización.

Con fundamento en el peritaje de ingeniería (fs. 322), el juez de la causa estimó que los días a computar por esta partida eran ocho, correspondientes a los días de fin de semana en los que el actor se habría visto privado de uso (fs.486vta.), y éste no ha objetado tal conclusión, pues circunscribe sus agravios al monto estimado.

Consecuentemente, ponderando que la reparación de este rubro se ha establecido a valores actuales, propongo incrementarlo a un total de $ 4.000.

VI.- Intereses

El actor se queja de que la sentencia haya fijado respecto de la principal partida reclamada (daños al vehículo) una tasa del 8 % anual desde la fecha de la factura que acredita el costo de la reparación.

El agravio, sin embargo, cae en saco roto, pues sólo proviene de una errónea lectura del fallo, que estableció intereses a tasa activa desde la fecha de la aludida factura, de modo que no cabe sino desestimarlo.

VII.- Conclusión

En mérito de lo expuesto, después de haber examinado las argumentaciones y pruebas conducentes, propongo modificar parcialmente la sentencia para establecer en concepto de privación de uso $ 4.000, y confirmarla en lo demás que decide y fue materia de agravios no atendidos, con costas de esta instancia a la demandada vencida (art. 68 del Código Procesal).

El Dr. Carlos A. Bellucci dijo: Por el lugar semipoblado en que se produjo el entuerto, y sobre todo, la proficua referencia que hace mi estimado par preopinante de las disposiciones administrativas de la concesión pertinente de la traza en que ocurrió el evento dañoso, en correlato con la clara disposición del art. 1722 del Código Civil y Comercial aplicable, concurro con el voto justo y ajustado emitido en primer término.

El Dr. Gastón M. Polo Olivera votó en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Doctor Carlos A. Carranza Casares. Con lo que terminó el acto.

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2019.

Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, SE RESUEVE:I.- Modificar parcialmente la sentencia para establecer en concepto de privación de uso $ 4.000, y confirmarla en lo demás que decide y fue materia de agravios no atendidos, con costas de esta instancia a la demandada vencida.

II.- Al referirse a los trabajos profesionales el supremo tribunal federal ha decidido con fundamento constitucional, que el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza más allá de la época en que se practique la regulación (criterio mantenido en los autos «Establecimiento Las Marías SACIFA c/ Misiones, Pcia. de» , el 4/9/2018). En consecuencia, en atención a la calidad, extensión y mérito de la labor profesional desarrollada, resultado obtenido y lo que disponen los arts. 6, 7, 9, 11, 14, 19 y conc. de la ley 21.839 y de la ley 24.432, se confirman, por estar ajustados a derecho, los honorarios de la letrada patrocinante de la parte actora, Dra. R. C. F. de C. En atención a la calidad, mérito y eficacia de la labor pericial desarrollada en autos; a lo normado por los arts. 10 y conc. de la ley 24.432 y a la adecuada proporción que deben guardar los honorarios de los expertos con los de los letrados intervinientes, por haber sido apelados sólo por bajos, se confirman los honorarios de la perita contadora M. Y. M. y del perito ingeniero mecánico E. R. D. Por los trabajos de segunda instancia se regulan los honorarios de la Dra. R. C. F. de C. en la suma de pesos.($.) -que equivalen a .UMA al presente-, y los del Dr. F. M. A. en la suma de pesos .($ .) -que equivalen a . UMA al presente- conforme arts. 30, 51 y ctes. de la ley 27.423 en virtud de la fecha en que se realizaron las labores.

III.- Devueltas que sean las actuaciones se proveerá lo pertinente a fin de lograr el ingreso de la tasa judicial (arts. 13 y conc. de la ley 23.898).

IV.- Se deja constancia que la publicación de esta sentencia se encuentra sujeta a lo establecido por el art. 164, segundo párrafo, del Código Procesal.

Regístrese, notifíquese a las partes en el domicilio electrónico denuncia do, conforme lo dispone la ley 26.685 y acordadas 31/11 y 38/13 de la CSJN, oportunamente cúmplase con la acordada 24/13 de la Corte Suprema de la Nación y devuélvanse.

CARLOS A. CARRANZA CASARES

CARLOS A. BELLUCCI

GASTON M. POLO OLIVERA

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