Tecnología digital y transparencia en el ámbito judicial

Autor: Lozano, Luis F.

Fecha: 1-nov-2019

Cita: MJ-DOC-15113-AR | MJD15113

Sumario:

I. Introducción. II. Propuestas para el futuro.

Doctrina:

Por Luis F. Lozano

I. INTRODUCCIÓN

La tecnología digital tiene múltiples aplicaciones en el quehacer judicial. Voy a referirme a una específica a la que veo mucho futuro: la transparencia.

La exigencia de que la acción del aparato estatal sea auditable está fuera de discusión. La lupa se ha concentrado en la justicia algo después que, en los otros poderes o funciones del Estado, pero sin duda, el interés es mucho, y crece vigorosamente en estos tiempos. Prueba de ello es que la Alianza para el Gobierno Abierto dedicó desde hace varios años atención a los asuntos de la denominada Justicia Abierta (1). No es ocioso recordar aquí el ODS 16, particularmente la meta 16.3 de la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible, adoptada en setiembre de 2015 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Se propende allí a la construcción de instituciones eficaces, responsables e inclusivas con decisiva base en una justicia a la que todos tengamos igual acceso. En síntesis, el motor en el que se confía es el de la ciudadanía. Volveré sobre este punto más adelante, pero, en verdad, es el centro de esta exposición.

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Hoy en día, la tecnología permite hacer que la información sea accesible y completa.

Esto se logra cargándola en páginas web que buscan ser «amigables» con el visitante. De hecho, nos deja sorprendidos y casi no toleramos que una oficina pública carezca de una página de Internet, donde recabar información sin trasladarnos a su domicilio y sin, sobre todo, depender del sí de una persona que revista la condición de estar del lado «opuesto» del mostrador.Conviene tener en consideración que hoy día existen leyes de información pública, de hecho, nuestra Ciudad tiene una muy comprometida con el propósito de hacer transparente a la Administración Pública.

Pues bien, el Poder Judicial ha mostrado entusiasmo en cumplir con dicha ley, no solamente respondiendo las solicitudes de información que recibe sino con un espontáneo suministro de la que estima útil para conocimiento de lo que ocurre en su ámbito.

A esta altura, voy directamente al anuncio de lo que estimo una novedad con mucho futuro.

La información publicada se pone mucho más interesante cuando puede ser reordenada y comparada con el fin, no ya de la oficina que la genera, sino con el que cada persona se proponga. Eso agrega transparencia e imaginación. Suma para conocer el pasado y para construir el futuro.

Ese objetivo se cumple muy limitadamente cuando la información no es susceptible de ser procesada automatizadamente. Como siempre, los costos limitan las aspiraciones. La informática lo hace sencillo -reduce enormemente el costo-, a condición de que esa información esté expuesta en un lenguaje y de un modo que pueda ser operado por la computadora. No todos los archivos que se publican en Internet permiten procesar automatizadamente su contenido. En realidad, relativamente pocos lo posibilitan. Para referirse a esos formatos preparados para la reutilización de los datos se ha acuñado la expresión «formato abierto» o «datos abiertos». Sin embargo, convertir los archivos a formatos que puedan ser cargados en una computadora y procesados automáticamente tiene costos y riesgos elevados. Es necesario un conocimiento cualificado y trabajar sobre los archivos, pero, recordemos que eso les «agrega valor». Hay, pues, una barrera que superar.

El costo de hacerlo disminuye enormemente si lo asume la propia institución que transparenta su gestión. Podemos preguntarnos si es apropiado que una organización del Estado asuma costos que no son estrictamente necesarios para su gestión y que quizás no todo contribuyente desea solventar.La respuesta depende de que para la institución que desee solventar esos costos suponga, en primer término, generar el máximo provecho del gasto invertido, porque basta desembolsar una vez para que todos los interesados aprovechen el beneficio. Además, al asumirlo, la institución cumple al mismo tiempo con un propósito propio: producir información que será un insumo útil para el análisis de su propia gestión. No solamente porque la transparencia es, en sí misma, parte de una gestión de calidad, sino porque la mejor evaluación de su propia administración conduce a su mejora continua. La absorción de este costo por la institución que la comunidad financia pone a toda la sociedad en situación de auditar lo que estime conveniente, así como de analizar mejoras para futuras gestiones.

¿Qué información conviene suministrar en formato abierto?

La respuesta es toda. Pero, hay una que nos interesa especialmente.

Cabe advertir que al Poder Judicial se le exige habitualmente información acerca de sus magistrados y funcionarios, de sus remuneraciones y de sus patrimonios, de las contrataciones y de la celeridad con que despachan las causas, pero hay una clase de datos que, día a día, se perciben como los más indicados para ser dispuestos en formato abierto: las sentencias.

Las sentencias son el producto central de la función judicial. Hace muchos años, siglos, que las sentencias son públicas; aunque algunas han sido puestas al abrigo del examen del pueblo. Quienes ya tenemos un camino andado sabemos que no todos los fueros tuvieron la misma divulgación. Algunos de ellos publicaban todas o casi todas sus sentencias en las revistas especializadas. Otros solamente las ponían a disposición de quienes visitaban sus oficinas de jurisprudencia. El esfuerzo de hacerlo disminuía la difusión casi a la nada. Hoy día, la situación es otra. Algunos tribunales como la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tribunales cimeros de las provincias generaron su propia difusión mediante revistas oficiales.Hasta que la informática nos ha llevado a la presentación de todas las sentencias de todos los tribunales, con motores de búsqueda de jurisprudencia.

Lógicamente, a mayor exigencia de tiempo para alcanzar la información, menor información alcanzada. En la actualidad, el problema parece superado merced a la informática: en líneas generales, los fallos son accesibles por Internet. No obstante, no hemos alcanzado la etapa en que se facilite la comparación de la labor de los poderes judiciales. Me refiero a compararlos a gran escala, lo cual sólo sería posible con ejércitos de juristas o por medios informatizados, supuesto fácilmente alcanzable si los poderes judiciales adoptaran la práctica de convertir el contenido de sus fallos a formato de datos abiertos.

¿Qué podemos esperar del rastreo de datos de la información contenida en esos fallos mediante sistemas de búsquedas automatizadas? Ciertamente, muchas cosas. Por ejemplo, establecer comparaciones entre sentencias, que es una tarea difícil si no se cuenta con archivos cuyos contenidos sean procesables automatizadamente.

Si bien son textos argumentados, es evidente que pueden existir razones no enunciadas que expliquen mejor el sentido de los pronunciamientos. En el texto de una sentencia aparecen fundamentos estrictamente jurídicos y estos deberían explicar la solución adoptada por el juez. Sin embargo, también aparecen otros datos, irrelevantes para el encuadramiento jurídico, pero, que sugieren inclinaciones humanas que, repetidas, pueden explicar las soluciones igual o mejor que los fundamentos jurídicos.

En definitiva, me refiero a los supuestos en que el juzgador se aparta de la imparcialidad.

En un caso específico, todo puede ser visto como cuestión de opinión: no se le dio la razón al fisco por ser el juez fiscalista sino porque estaba mejor expuesta su postura o porque el contribuyente no supo defender la propia. Pero, presumiblemente, en los grandes números, las recurrencias son sugestivas.La informática posibilita comparar universos enormes de fallos según variables escogidas por quien busca testear una hipótesis, sea de desvío o de objetividad.

Los grandes números permiten identificar las inclinaciones de los jueces y los motivos que inspiraron una sentencia. Puede ocurrir que una apelación sea rechazada por insuficiencia de fundamentos, otra porque la prueba pareció dudosa, y así sucesivamente, pero si la comparación revela que, en todos los casos, la parte apelante pertenecía a una minoría discriminada o la apelada a una privilegiada, probablemente veremos los argumentos opinables como excusas y lo omitido como motivo. Análisis de este tipo llevaron en el precedente «Yick Wo» (2) a descalificar la actuación administrativa, que habría sido válida si hubiera sido considerada «per se».

Esta posibilidad ya ha sido explorada en el mundo académico. Lee Epstein y Andrew Martin en su trabajo «Empirical Legal Research», que sientan bases teóricas para este tipo de investigación o «Empirical Legal Research in action» de Willem H. van Boom, Pieter Desmet y Peter Mascini, y tantos otros, como los de Jack Hunt de la Universidad Duke. Daniel L. Chen, un investigador de la Facultad de Derecho y de la Escuela de Economía de la Universidad de Toulouse promueve la idea de usar Inteligencia Artificial para detectar la parcialidad de los jueces.

Pienso que esta posibilidad de obtener nueva información a partir de ordenar aquella que, simplemente acumulada en un reservorio, carece de significado o tiene un significado limitado, nos expone a nuevos peligros. Así como se pueden observar recurrencias en las acciones de los magistrados y funcionarios, también puede detectarselas en los litigantes. Algunos litigantes probablemente deban exponer sus conductas (personas públicamente expuestas), pero la mayoría de ellos son personas que acuden a la justicia para obtener solución para sus conflictos, no para ser exhibidos.El procesamiento automatizado de la información contenida en las sentencias podría revelar datos acerca de la salud o el comportamiento laboral o crediticio de un litigante, invadiendo el campo de los datos personales que las leyes respectivas protegen por estimarlos sensibles.

Esta posibilidad de pesquisar por medio del reordenamiento de los llamados «big data» -no sólo los de l as sentencias, pero también los contenidos en ellas- ha sido vista con alarma por diversos pensadores. Tanto que Nayef Al-Rodhan del Geneva Centre for security Policy ha concebido la necesidad de un nuevo Contrato Social 2.0 para el resguardo de estos datos personales.

II. PROPUESTAS PARA EL FUTURO

Se debe favorecer la conversión de la información a formato abierto. Es conveniente, a ese fin, estandarizar la redacción de las sentencias. Esta tarea está ya aconsejada para favorecer la comprensión por los litigantes de lo que la decisión importa como mensaje. Esto está directamente ligado al aprovechamiento por el usuario.

En segundo lugar, hay que consultar a los órganos competentes para proteger datos personales acerca de cuáles podrían ser vulnerados por el procesamiento automatizado de los contenidos de las sentencias. Esto nos llevará presumiblemente a normas de estandarización en la redacción, que faciliten la eliminación de la que sea estimada sensible.

Conviene recordar que el procesamiento automatizado puede generar nueva información a partir de los datos extraídos, que antes del procesamiento no eran sensibles, y que la acumulación o la comparación puede llegar a convertirlos en datos sensibles.En este orden de ideas, parece de natural prudencia seguir un criterio de mayor reserva, con miras a abrir más información a medida que se experimente la novedad.

En tercer lugar, es conveniente difundir ante las organizaciones de la sociedad civil, especializadas o no -colegios profesionales, asociaciones de derechos humanos facultades de derecho, etc.- esta nueva modalidad de presentación de los datos en formato abierto, con el objetivo de que puedan aprovecharlos con la mayor inmediatez.

La consulta permanente con quienes manifiesten interés en la apertura de datos de la justicia mejoraría la presentación de todos o la inmensa mayoría de los datos y la tutela de los sensibles.

En cuarto lugar, los poderes judiciales tendrían abierto un camino constructivo a su gestión: podrían investigar recurrencias en sus fallos, sus consecuencias económicas (sumando otras fuentes), la repercusión de la jurisprudencia de unos tribunales respecto de otros, etcétera.

En suma, una perspectiva enriquecedora acerca del desempeño de los jueces.

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(1) Su Cumbre reunida en Ottawa a fines de abril de 2019 dedicó permanentemente paneles a la Justicia Abierta.

(2) «Yick Wo v. Hopkins», 118 U.S. 356 (1886). La Corte Suprema de los Estados Unidos invalidó una ordenanza de San Francisco cuyo texto, aunque no discriminaba entre etnias, posibilitaba que la Administración lo hiciera sobre la base de otorgar excepciones para operar tintorerías en edificios de madera a favor de eslavos sin explicar motivos valederos, mientras no las acordaba en situaciones similares, a los chinos, que eran la mayoría de los tintoreros.

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