Innovación, transparencia y sustentabilidad: tres retos para las compras públicas del siglo XXI

Autor: Comotto, Sabrina

Fecha: 2-dic-2019

Cita: MJ-DOC-15130-AR | MJD15130

Doctrina:

Por Sabrina Comotto (*)

Lejos quedó aquella imagen de las compras públicas como un terreno estático y meramente administrativo. Diversos factores, entre ellos, el creciente dinamismo tecnológico, los imperativos ambientales y de mayor responsabilidad social y participación ciudadana, han transformado a las adquisiciones gubernamentales en un área compleja y dinámica, interpelada y abordada por diversas disciplinas y sectores.

La insuficiencia del enfoque tradicional, proveniente del derecho administrativo, constituye una de las implicancias de este carácter crecientemente complejo e interdisciplinario de las compras públicas. Si bien aún trascendentes, las herramientas provistas por las teorías respectivas -que hacen foco en cuestiones como las formalidades de los procedimientos de compras, la naturaleza de los contratos de la Administración y las prerrogativas del poder público- se revelan como limitadas para asir la complejidad de la contratación pública del siglo XXI. La innovación y la sustentabilidad constituyen, en este sentido, dos de las variables que requieren de nuevos abordajes y saberes.

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La innovación puede ser analizada desde dos ángulos: innovación en los procesos de compras, referida al uso de las nuevas tecnologías informáticas al servicio de una compra pública más transparente y eficiente; e innovación «en los productos», es decir, la potencialidad de las compras públicas de operar como una herramienta de estímulo al desarrollo científico-tecnológico y el aprendizaje, es decir, la incorporación de saberes aplicables a la mejora industrial, social e institucional. La sustentabilidad también comprende, por su parte, dos aristas: la ambiental y la social.Se les exige a los gobiernos que, al adoptar sus decisiones de compra, sean más conscientes de su impacto en términos de reducción de la contaminación, mejora de la calidad de vida, fomento de formas justas de empleo, protección y promoción de los colectivos menos favorecidos, etc.

Desde el punto de vista disciplinar, el derecho ambiental y el derecho de alta tecnología son dos de los campos que ingresan al estudio de las compras públicas, a fin de tratar de explicar los nuevos fenómenos y demandas que lo atraviesan. Mientras que el primero aporta herramientas para pensar las externalidades ambientales de las decisiones de compra, el segundo intenta explicar y regular los desafíos emergentes de un Estado que adquiere bienes y servicios cada vez más complejos y «tecnificados».

Sin embargo, y como si las demandas precedentemente descritas no fueran suficientes para sumar retos a la labor de planificadores, analistas y compradores, la innovación para la sustentabilidad, o bien, «sustentabilidad innovadora» es un concepto que permea cada vez más los análisis políticos y académicos de las estrategias de compras públicas . Ello implica que ya no se pide únicamente a los gobiernos que innoven a través de sus compras, sino que las innovaciones promovidas sean, a su vez, respetuosas con el medio ambiental y social en que las mismas se insertan. O, dicho de otro modo, las y los compradores públicos no sólo deben ser sustentables e inclusivos, sino también, innovadores. No debemos olvidar, además, las demandas de participación y transparencia, y las exigencias que al respecto emergen de las normas internas e internacionales. Otro aspecto a ponderar es, pues, no sólo como ser sustentable e innovador al mismo tiempo, sino también como socializar esas innovaciones sustentables de modo de garantizar el acceso a la información pública suficiente y de calidad.

La cantidad de variables involucradas en las decisiones de compra se multiplica, en síntesis, de manera exponencial. Y estos desafíos parecen aún más complejos para los países en desarrollo.En ellos, todas las aristas involucradas suelen presentar debilidades: la gestión de las compras públicas está tachada de ineficiente y poco transparente, los conceptos de responsabilidad ambiental y social se ven relativizados por insuficiencias presupuestarias y/o legislativas, la innovación es una asignatura pendiente o cumplida a medias, y la «accountability» («responsabilización») de los funcionarios y las grandes empresas se ve diluida por una institucionalidad frágil. La planificación es otro de los puntos críticos: no hay planes a mediano y largo plazo que permitan insertar y proyectar la labor de las y los compradores públicos en una estrategia de compras articulada con la programación en materia ambiental y científico-tecnológica.

Se trata de discusiones y desafíos que exceden las compras públicas y que son, en definitiva, los retos que enfrenta la gestión pública del siglo XXI. Su importancia radica en su estrecha vinculación con la instauración de condiciones de vida más justas, inclusivas y saludables. Políticos, juristas, legisladores y gestores enfrentamos un arduo trabajo para discutir, planificar e implementar estrategias de compras que traten de satisfacer todas estas demandas. El primer paso sería instalar a las compras gubernamentales en la agenda pública, desde un lugar que, sin perder la visión crítica, las revalorice como un poderoso instrumento de política transversal.

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(1) Véase, por ejemplo: RAINVILLE, A. (2017): «Standards in green public procurement – A framework to enhance innovation». En: Journal of Cleaner Production, Volume 167, 20 November 2017, Pages 1029-1037.

(*) Abogada, UBA. Máster en Derecho de la Contratación Pública, Universidad de Castilla-La Mancha. Magíster en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social y Doctoranda en Ciencias Sociales (FLACSO Argentina). Docente de la Maestría en Compras Públicas de la UNSAM.

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