Lesiones al honor: Se aplica la doctrina de la real malicia en el caso de una nota periodística que lesiona el honor de la actora, ya que la causa reviste un interés público

Partes: G. A. B. c/ Diario La Arena y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 5-nov-2019

Cita: MJ-JU-M-121828-AR | MJJ121828 | MJJ121828

En el marco de una causa de lesión al honor por los dichos vertidos en una nota periodística, la Corte revocó la sentencia y sostuvo la aplicación de la doctrina de la real malicia por considerar que el asunto revestía carácter de interés público.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia apelada que sostuvo la improcedencia de la doctrina de la real malicia en el caso de una nota periodística que lesionara el honor de la actora, toda vez que el asunto que dio origen a la causa reviste un indudable interés público, hace referencia a la actora en la medida en que esta se encontraba involucrada en una cuestión de interés público, y de las constancias probatorias no surge que el demandado haya divulgado información falsa a sabiendas de su falsedad o con notoria despreocupación al respecto (del dictamen del Procurador al que la Corte remite).

2.-La libertad de expresión representa un valor fundamental en una sociedad democrática y cuando está en juego la difusión de información de interés público corresponde acudir a la doctrina de la real malicia a fin de armonizar el derecho a la libertad de expresión con el derecho al honor conforme lo expuesto en el caso ‘Costa’. Esta doctrina procura garantizar el debate libre y desinhibido sobre asuntos públicos, que constituye una precondición esencial para el funcionamiento de un gobierno democrático (‘Caso Ricardo Canese vs. Paraguay’, ‘Gómez, Patricia Verónica y otra c/ Latrille, Fernando Gabriel Roberto s/ daños y perjuicios’ ) (del dictamen del Procurador al que la Corte remite).

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3.-De acuerdo con la doctrina de la real malicia, y tal como fue desarrollada en el precedente ‘Patitó’, quien difunde información de interés público que pueda afectar el honor de figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones públicas solo debe responder jurídicamente si el agraviado prueba la falsedad de la información y que esta fue difundida con conocimiento de su falsedad o con notoria despreocupación por su veracidad (del dictamen del Procurador al que la Corte remite).

Fallo:

Procuración General de la Nación

-I-

La Sala A del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de La Pampa confirmó la decisión de la instancia anterior y condenó a los demandados a indemnizar los daños provocados por los dichos vertidos en una nota periodística y en un programa radial que lesionaron el honor de la actora, cónyuge del entonces presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia de La Pampa (fs. 1085/1094 del expediente principal, al que me referiré en adelante salvo aclaración en contrario).

El tribunal relató que en una nota titulada “Sospechosas maniobras en la compra de un auto”, publicada en el diario La Arena el día 9 de julio de 2002, y en el programa radial El aire de la mañana, emitido por Radio Noticias, el 2 de julio de 2004, Leonardo Santesteban denunció presuntas irregularidades que el Tribunal de Cuentas de la provincia de La Pampa habría cometido en el marco de una licitación de un vehículo.

Detalló los cuestionamientos realizados en esas oportunidades. En primer lugar, el periodista señaló que la destrucción del antiguo vehículo oficial del Tribunal de Cuentas que motivó la licitación se produjo durante un viaje que no revestía carácter oficial. En segundo lugar, manifestó que se omitió invitar ‘a concesionarias pampeanas a participar de la licitación, en violación de lo dispuesto por la ley provincial. En tercer lugar, criticó que se hubiese aceptado la oferta de la concesionaria Ser-Car, pese a que mantenía una deuda fiscal con el Estado provincial. Por último, aseveró que poco después de la adquisición del vehículo para el Tribunal de Cuentas, su presidente retiró otro auto de la concesionaria ganadora de la licitación que utilizaba diariamente su esposa. La misma afirmación fue reiterada en el programa radial indicado.A partir de ello, la sentencia impugnada entendió que los receptores de la noticia podían concluir que la actora se encontraba involucrada en una licitación pública irregular.

El a qua sostuvo, en primer término, que no corresponde aplicar la doctrina de la real malicia al caso en examen. Consideró, al respecto, que la actora no es funcionaria pública ni una figura pública y que, como particular, tampoco se encontraba vinculada en una controversia de relevante interés público. Sobre este último punto, argumentó que la adquisición del automotor para el uso de la actora no era relevante para el debate público. En este sentido, el tribunal interpretó que no había una conexión trascendente entre las irregularidades en el procedimiento de licitación para la compra del vehículo oficial y la compra posterior del vehículo particular. Asimismo, adujo que la referencia mínima y tangencial a la actora revela que su mención era innecesaria.

En segundo término, resolvió que en el caso están dados los presupuestos generales de la responsabilidad civiL Al respecto, expuso que según las constancias de la causa el vehículo referido en la nota fue adquirido por ella y no por su marido. En consecuencia, tuvo por acreditado que es falso que el presidente del Tribunal de Cuentas hubiese retirado un vehículo en la concesionaria ganadora de la licitación para su esposa. Luego, el a quo manifestó que la difusión de aquella información falsa no era necesaria para informar sobre el asunto de interés público que trataba el resto de la publicación y, por lo tanto, era suficiente para mostrar que el periodista demandado obró con culpa.

-II-

Contra este pronunciamiento, los demandados interpusieron recurso extraordinario federal ([s. 109711113), cuyo rechazo (fs. 1117/1120) originó esta presentación directa (fs.32/37 del cuaderno de queja).

En primer término, los recurrentes alegan que el tribunal hizo una incorrecta aplicación de la doctrina de la real malicia pues afirman que en el presente caso existe una cuestión de interés público ya que la nota publicada da cuenta de una sene de irregularidades en un procedimiento de licitación realizado por el Tribunal de Cuentas de la provincia de La Pampa. Sostienen que ese interés también comprende a la afirmación de que el presidente del Tribunal de Cuentas retiró un vehículo para su esposa de la concesionaria que resultó ganadora de la licitación irregular. Enfatizan que, a fin de exponer cabalmente la cuestión de interés público, era necesario mencionar a la actora dada su supuesta vinculación con el hecho.

En segundo término, los recurrentes se agravian de que la sentencia impugnada no aplicó la doctrina establecida en el precedente “Campillay” de la Corte Suprema, según la cual no incurre en responsabilidad quien, al difundir información que puede ser considerada deshonrosa, deja en reserva la identidad de los implicados. Exponen, al respecto, que esa situación se configura en el presente caso pues no se dio a conocer el nombre de la actora.

-III-

En mi entender, el recurso extraordinario federal interpuesto contra la sentencia definitiva de la causa fue mal denegado.

Los recurrentes controvierten la interpretación del alcance de las cláusulas constitucionales que garantizan la libertad de expresión y la decisión del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que la parte demandada fundó en ellas (art. 14, inc.3, ley 48). Por lo tanto, el recurso de queja es procedente.

-IV-

En mi opinión, asiste razón a los recurrentes en cuanto alegan que la sentencia impugnada adoptó una interpretación errada del derecho a la libertad de expresión al condenarlos por las expresiones vertidas en el diario La Arena y en el programa radial El aire de la mañana.

Ante todo, cabe recordar que la libertad de expresión representa un valor fundamental en una sociedad democrática. En este sentido, la Corte Suprema expuso en numerosos pronunciamientos que cuando está en juego la difusión de información de interés público corresponde acudir a la doctrina de la real malicia a fin de armonizar el derecho a la libertad de expresión con el derecho al honor (Fallos: 310:510, “Costa”). Esta doctrina procura garantizar el debate libre y desinhibido sobre asuntos públicos, que constituye una precondición esencial para el funcionamiento de un gobierno democrático (Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Ricardo Canese vs. Paraguay”, sentencia del 31 de agosto de 2004, párr. 86; dictamen de la Procuración General de la Nación, S. C. G. 640, L. XLVIII, “Gómez, Patricia Verónica y otra el Latrille, Fernando Gabriel Roberto si daños y perjuicios” , 14 de abril de 2015).

De acuerdo con ella, y tal como fue desarrollada en el precedente “Patitó”, registrado en Fallos:331:1530 , quien difunde información de interés público que pueda afectar el honor de figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones públicas solo debe responder jurídicamente si el agraviado prueba la falsedad de la información y que esta fue difundida con conocimiento de su falsedad o con notoria despreocupación por su veracidad (además, dictámenes de esta Procuración General en CSJ 395/2014, “García, Stella Marys el Reyes, Juan si daños”, 7 de agosto de 2015; CSJ 48/2014(50G)/ CS1, “Gómez Miranda, Federico el Gaspari, Juan Alberto si daños y perjuicios”, 15 de abril de 2016).

En esta causa, el asunto que dio ongen a las presentes actuaciones reviste un indudable interés público. En efecto, las expresiones aquí en juego estaban dirigidas a cuestionar el actuar del presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia de La Pampa, que tiene la función de fiscalizar la percepción e inversión de las rentas públicas provinciales y las cuentas de las instituciones privadas que reciban subsidios de la provincia, referidas a la inversión de esos subsidios (art. 103, Constitución de la provincia de La Pampa).

En particular, las noticias periodísticas denunciaban que la licitación pública de un vehículo llevada a cabo por ese organismo presentaba irregularidades. La nota cuestionaba, especialmente, que se hubiese omitido convocar a concesionarias provinciales en violación de la ley local, así como que se hubiese adjudicado la licitación a una concesionaria que mantenía una deuda tributaria con el Estado provinciaL En ese contexto, el periodista expuso que el funcionario compró en la concesionaria supuestamente favorecida un automóvil para su esposa -aquí actora-, sin aportar datos concretos sobre su identificación. Esa mención fue realizada a efectos de describir en detalle los hechos endilgados a su esposo y, de ese modo, guardaba vinculación con la información de interés público destinada a denunciar las irregularidades del proceso de licitación.Por ello, entiendo que la doctrina de la real malicia es aplicable para resolver la cuestión aquí controvertida en tanto se hizo referencia a la actora solo en la medida en que esta se encontraba involucrada en una cuestión de interés público.

En consecuencia, la condena debe ser revocada en tanto las constancias probatorias no muestran que el demandado haya divulgado información falsa a sabiendas de su falsedad o con notoria despreocupación al respecto. Si bien la sentencia apelada tuvo por acreditado que fue la actora, y no su esposo, quien en realidad adquirió el vehículo, del expediente no surge que los recurrentes hayan hecho pública esa información con conocimiento de su falsedad.

-V-

Por lo expuesto, entiendo que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario y revocar la sentencia apelada.

Buenos Aires, 10 de marzo de 2017.

VÍCTOR ABRAMOVlCH

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019

Vistos los autos: “Recurso de hecho dedubido por la demandada en la causa García, A. B. c/ Diario La Arena y otros s/ daños y perjuicios”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que los agravios de los apelantes han sido objeto de adecuado tratamiento en el dictamen del señor Procurador Fiscal, cuyos fundamentos esta Corte comparte y a los cuales se remite .por razón de brevedad.

Por ello, se declara procedente la queja, formal mente admisible el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda (art. 16 de la ley 48). Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Agréguese la queja al principal. Reintégrese el’ de pósito de fs. 40. Notifíquese y devuélvanse las actuaciones al tribunal de origen.

CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ – JUAN CARLOS MAQUEDA – RICARDO LUIS LORENZETTI – HORACIO ROSATTI – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO

VOTO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ Y DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I. HIGHTON de NOLASCO

Considerando:

Que en la medida en que la presente causa concierne a un particular voluntariamente involucrado en un asunto de interés público, esta Corte comparte los fundamentos y conclusiones del señor Procurador Fiscal, a los que se remite por razones de brevedad.

Por ello, se declara procedente la queja, formalmente admisible el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda (art. 16 de la ley 48). Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Agréguese la queja al principal. Reintégrese el depósito de fs. 40. Notifíquese y devuélvanse las actuaciones al tribunal de origen.

CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO