Sentencia no notificada: Nulidad de oficio de la sentencia que tuvo por firme una resolución que no fue debidamente notificada a las partes, continuando el proceso sobre dicha base

Partes: Copes Carlos Alberto c/ La Segunda ART S.A. s/ accidente de trabajo – acción especial

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 23-oct-2019

Cita: MJ-JU-M-121796-AR | MJJ121796 | MJJ121796

Nulidad de oficio de la sentencia que tuvo por firme una resolución que no fue debidamente notificada a las partes, continuando el proceso sobre la base de dicha decisión.

Sumario:

1.-Corresponde anular de oficio la sentencia que a pedido de la actora declaró la inconstitucionalidad de la Ley 14.997 y decretó su aptitud jurisdiccional para conocer en la causa, resolución que no fue notificada en debida forma a las partes, disponiendo luego el traslado de la demanda y -paradójicamente- de los referidos planteos de inconstitucionalidad; así, contestados los actos procesales mencionados, el Tribunal laboral volvió a pronunciarse -con la misma integración y en idénticos términos- sobre la inconstitucionalidad y su habilidad jurisdiccional.

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2.-La declaración oficiosa de nulidad de las sentencias judiciales es una facultad exclusiva y excluyente de la Suprema Corte, que puede y debe ejercerse en casos excepcionales, en resguardo de la estricta observancia de las formas instituidas en procura de una mejor administración de justicia.

Fallo:

La Plata, 23 de octubre de 2019.

AUTOS Y VISTOS:

I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad -en el marco de un juicio iniciado por Carlos Alberto Copes contra La Segunda ART S.A. en concepto de accidente de trabajo- decretó, previa sustanciación a la contraria, la inconstitucionalidad de la ley 14.997. Asimismo, declaró su aptitud jurisdiccional para entender en las presentes actuaciones (v. fs. 192/197). Más tarde, a fs. 199/200, el Presidente del órgano de grado, luego de calificar como firme la mencionada resolución de fs. 192/197, ordenó el traslado de la acción y -nuevamente- del planteo de inconstitucionalidad de las leyes 24.557, 14.997 y 27.348. Contestadas las vistas indicadas (v. fs. 203/229), el a quo dictaminó por segunda vez, y con idénticos fundamentos, sobre la inconstitucionalidad de la ley 14.997 y su aptitud jurisdiccional para intervenir en la contienda (v. fs. 238/243).

II. Contra éste último pronunciamiento, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 249/263), el que fue concedido por el a quo a fs. 269/270. En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera violadas. En sustancia, se agravia de la declaración de inconstitucionalidad de la ley 14.997.

III. Corresponde anular de oficio todo lo actuado a partir de fs. 191.

III.1. Liminarmente, corresponde recordar que la declaración oficiosa de nulidad de las sentencias judiciales es una facultad exclusiva y excluyente de esta Suprema Corte (causas L. 93.027, «Coto», sent. de 19-III2008 y L. 78.135, «Barreiro», sent. de 9-VI-2004), que puede y debe ejercerse en casos excepcionales, en resguardo de la estricta observancia de las formas instituidas en procura de una mejor administración de justicia (causas L. 100.658, «Ciotti» , sent. de 7-VII2010; L. 82.360, «Datola», sent.de 8-VII-2008). Sentado lo anterior, cabe resaltar que no se ignora la gravedad que dicha solución conlleva, pero resulta más grave aún que este Tribunal, como cúspide de la administración de justicia en el orden provincial, desatienda una situación en extremo irregular como la sucedida en autos.

III.2. En efecto, tal como se anticipó el órgano de grado a fs. 192/197 declaró -a pedido de la actora- la inconstitucionalidad de la ley 14.997 y decretó su aptitud jurisdiccional para conocer en la causa. Con posterioridad, el Presidente del a quo, luego de calificar como firme la mencionada resolución -que, L-123196 -3- cabe destacar, no fue notificada en debida forma a las partes-, dispuso el traslado de la demanda y – paradójicamente- de los referidos planteos de inconstitucionalidad (v. fs. 199/200). En este marco, y contestados los actos procesales mencionados, el Tribunal laboral volvió a pronunciarse -con la misma integración y en idénticos términos- sobre la inconstitucionalidad y su habilidad jurisdiccional (v. fs. 238/243).

III.3. En este marco, cabe señalar que lo ocurrido en autos provoca preocupación y perplejidad sobre el modo en que los jueces integrantes del tribunal de grado han ido resolviendo cuestiones llevadas a su conocimiento poniendo en evidencia el intolerable desapego manifiesto hacia las normas que rigen el debido proceso, lo que condujo a su irregular y manifiesto proceder y a la severa lesión de derechos consagrados constitucionalmente (art. 18, Const. nac. y 15, Const. local), que reclaman en su resguardo la excepcional actuación oficiosa de esta Suprema Corte (causa L. 104.656, » Folmer» , sent. de 24-VIII-2011). En consecuencia, la anulación de oficio responde en el presente caso, dadas sus particularidades, a la impostergable necesidad de asegurar a las partes derechos y garantías constitucionales violados sin miramiento en la instancia inferior, sustrayéndolas de las consecuencias procesales de defectos sólo imputables al incorrecto obrar de los judicantes.

III.4. Por lo expuesto, se impone así declararlo respecto de la resolución obrante a fs.192/197 como de todo lo actuado en su consecuencia, debiendo continuarse el trámite a partir de lo ordenado a fs. 191 (arts. 18, Const. nac. y 15, Const. local).

III.5. Finalmente, convencidos de que la nulidad que conllevan este tipo de infracciones no resulta gratuita para los justiciables, corresponde exhortar a los miembros del tribunal de trabajo interviniente a prestar extremo celo en la conducción del proceso de acuerdo a las exigencias constitucionales legales y al Actuario a dar debido cumplimiento con su labor como tal.

Por ello, la Suprema Corte de Justicia RESUELVE: 1. Declarar ex officio la nulidad de la resolución obrante a fs. 192/197 así como de todo lo actuado en su consecuencia, debiendo continuarse el trámite a partir de lo ordenado a fs. 191 (arts. 18, Const. nac. y 15, Const. local). 2. Asimismo, exhortar a los señores jueces integrantes del Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Isidro y a su Actuario en los términos indicados. Regístrese, notifíquese y vuelvan los autos al tribunal de origen para que, con nueva integración, continúe con el trámite de la causa.

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI

LUIS ESTEBAN GENOUD

HILDA KOGAN

EDUARDO JULIO PETTIGIANI

ANALIA DI TOMMASO

Secretaria Interina

Registrada bajo el n°1038

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