El derecho al aborto no punible: Se condena a un ginecólogo que se negó a practicar el aborto solicitado por una víctima de violación

Partes: R. L. L. J. s/ incumplimiento de los deberes de funcionario público

Tribunal: Cámara Primera del Crimen de Cipolletti

Fecha: 4-oct-2019

Cita: MJ-JU-M-121532-AR | MJJ121532 | MJJ121532

Condena del ginecólogo acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al haberse negado a practicar el aborto solicitado por una víctima de violación, máxime cuando ésta ya había iniciado el proceso al tomar la medicación correspondiente.

Sumario:

1.-Corresponde condenar el médico encartado en orden al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, pues surge probado que en todo momento mantuvo una actitud negadora de la práctica abortiva del embarazo producto de una violación que se le demandaba, a la cual estaba obligado por la Ley 4.796 , intención que oculta detrás de excusas de diversa índole, como pedir en primer lugar una evaluación psiquiátrica previa de la paciente que la norma no exige, o bien con posterioridad negarse al procedimiento alegando una infección que no fue probada ni informada a la víctima oportunamente.

2.-Si bien el acusado sostiene que le informó a la paciente del riesgo que corría por la infección que padecía y se hacía necesario prevenir, ésta lo niega rotundamente, y si a ello se suma la administración de fármacos para contener o revertir el proceso anteriormente iniciado por la propia paciente, cabe que concluir que el acusado nunca tuvo siquiera la menor intención de contemplar efectuar la práctica abortiva que reclamaba aquella ni brindarle ninguna explicación.

3.-Exigir una evaluación psiquiátrica previa de la paciente, que no es requisito preliminar de procedencia del aborto solicitado, menos cuando una profesional psicóloga está afirmando la voluntad y decisión firme de una paciente lúcida, ubicada en tiempo y espacio, que además mantiene junto a ella, representa una mera excusa para dilatar su debida y rápida intervención.

4.-Cuando el legislador ha despenalizado y en esa medida autorizado la práctica de un aborto, es el Estado, como garante de la administración de la salud pública, el que tiene la obligación, siempre que concurran las circunstancias que habilitan un aborto no punible, de poner a disposición de quien solicita la práctica las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura.

5.-El acusado es objeto de reproche fundamentalmente por su condición de funcionario público y no de médico ginecólogo, funcionario público que pudiendo haber ejercido el derecho de objeción de consciencia, no lo hizo razón por la cual se colocó voluntariamente en posición de garante de la aplicación de la Ley provincial 4.796 cuyo incumplimiento se le reprocha, para toda mujer victima de violación.

Fallo:

En la ciudad de Cipolletti a cuatro días del mes de octubre de dos mil diecinueve y habiendo pronunciado veredicto y celebrado audiencia de cesura en este legajo MPF-CI-00050-2017, caratulado «R. L., L. J. s/ incumplimiento de los deberes de funcionario publico», en los términos del Art. 190 del CPP, este Tribunal, con arreglo a lo dispuesto en la última parte de la norma procesal aludida da a conocer la presente sentencia donde resultó enjuiciado el imputado L. J. R. L., argentino, casado, medico de 43 años de edad. Nacido en Capital Federal el xx/xx/xx. Domiciliado en G. M. xxxx de esta ciudad. Hijo de M. F. y de A. S. L. DNI nº xx.xxx.xxx.

En la audiencia de cesura dijo vivir con su esposa y un hijo menor a su cargo.

Tiene los estudios propios de su profesión y especialización en toco ginecología en la UBA. Asimismo curso estudios para técnico electrónico en la escuela secundaria. Residió en la provincia de Buenos Aires además de CABA donde nació y en Río Negro donde lo hace actualmente. Trabaja como médico en la salud pública y no registra antecedentes condenatorios ni otros procesos en trámite.

La Fiscalía, representada por el Fiscal Santiago Márquez Gauna y la adjunta Anabella Camporesi, en su alegato de apertura señaló como objeto del juicio el siguiente hecho: Ocurrido en Cipolletti en fecha 02 de abril de 2017 en horario posterior a las 19 hs., en oportunidad que RLP fue derivada del Hospital Área Programa de F. Oro por la Dra. Yanira Alejandra Jalil, al Hospital Área Programa de Cipolletti, en virtud de así requerirlo su salud puesto que se encontraba cursando un embarazo proveniente de una violación, por lo cual había tomado «vía oral Oxaprost, cuatro (4) pastillas cada cuatro horas por dos dosis a partir del viernes 31 de marzo/2017» presentando un cuadro febril, contracciones aisladas y dolores abdominales.

En el nosocomio de Cipolletti, fue recibida por el toco ginecólogo de guardia Dr. L. R. L.a quien RLP informó su decisión de realizarse un aborto no punible y la medicación que había ingerido a tales fines, circunstancia que ya era de conocimiento de dicho profesional médico, toda vez que el día miércoles 29 de marzo/2017 mediante comunicación telefónica la Dra. Ayelen Mirensky y la Lic. Viviana Cufré, profesionales del Hospital de F. Oro, le informaron que aquella cursaba un embarazo que deseaba interrumpir, motivo por el cual la iban a derivar al Hospital de Cipolletti para la realización de dicha práctica pero ya en esa oportunidad el Dr. R. L. se negó a su realización indicando, previamente, un informe psiquiátrico respecto de la paciente RLP con el claro objetivo de obstaculizar el aborto no punible, requisito no exigido por la Ley Provincial N° 4796. En tales circunstancias de tiempo y lugar, el Dr. L. R. L. incumplió lo establecido en la Ley N° 4796, en especial artículos 2° inc., b); 4°; 6° inc., a); 10; 11; 12; Decreto Provincial N° 182/2016, en especial artículos 4°; 10; 11, no solo porque al recibir a la paciente en el nosocomio de esta ciudad no controló permitiendo la evolución del aborto que estaba en curso atento la medicación ingerida por la paciente sino que además suministró «Indometacina IM 75» cuyo efecto es el de inhibir las contracciones con la intención de evitar el aborto, lo cual significó realizar maniobras contrarias al aborto que se encontraba en proceso y por decisión de la RLP y para cuya realización había suscripto la Declaración Jurada y el Consentimiento informado que prevé la Ley Provincial N° 4796, como así también la Ley Nacional 26.485. Todo dentro de un contexto de violencia de género y violencia obstétrica.- Indicó la prueba con la que avalaría la acusación y calificó esa conducta como incumplimiento de los deberes del funcionario publico en grado de autor (Art.248 y 45 del CP).- Tras ello hizo uso de la palabra, por la defensa técnica, el letrado Damian Torres quien explicó las líneas de su teoría del caso las cuales habrían de centrarse en la atipicidad de la conducta del acusado la cual, según dijo, formo parte de las buenas prácticas médicas sin actuar en base a creencias ideológicas ni morales.- Subsidiariamente plantearía el estado de necesidad.

Al cabo del debate, las partes alegaron en los siguientes términos: La FISCALIA sostuvo su teoría del caso entendiendo acreditado en juicio la materialidad de los hechos y la responsabilidad del acusado R. L.

Dijo que desde el inicio del proceso la defensa fue mutando justificaciones. La imputación se circunscribe a la actuación de este el día 02 de Abril de 2019. Cuando le prescribió de la Indometacina 75 a la paciente con la clara intención de interrumpir el proceso abortivo iniciado por esta al consumir las pastillas de Oxaprost.

El ilícito que le atribuye, es un tipo formal. No requiere un resultado, solo que la conducta sea contraria a la ley vigente. Ha quedado acreditado que aquella estaba embarazada, la defensa no lo ha negado. También que al enterarse se sintió extremadamente mal, porque era fruto de violación, lo que tampoco discutió la defensa ni requiere prueba pero igual la denunció en la Fiscalía y lo dijo en la audiencia.- La defensa pretende que el acusado no lo sabía pero Mirensky y Cufre le dijeron al acusado que ese embarazo era fruto de una violación. La defensa no desacredito tales declaraciones ni la de Macarena que escuchó que su hermana le dijo al acusado que ese embarazo era fruto de una violación.- Cufre hizo lo que obliga la ley a hacer a un funcionario público: le explicó que tenía derecho a una ILE.El protocolo para ILE exige el consentimiento informado y declaración jurada de haber sido victima de violación; ambos documentos fueron firmados y aunque puede existir error de fecha hay que valorar las referencias temporales que dan. Mirensky, Cufre y RP afirmaron que se firmo antes.

El tipo de procedimiento que había que llevar a cabo por la edad gestacional no podía hacerse en Oro y eso justificó llamar al hospital de Cipolletti para derivarla pero recibió del otro lado la exigencia inflexible de un requisito no previsto por ley. El acusado no creyó que las profesionales eran capaces de informar a RP sobre sus derechos. Cufre la conocía desde antes y no es un dato menor. Le dijo que estaba lúcida, absolutamente consciente de la decisión que estaba tomando. Lo dijo como profesional de la salud mental. Y la propia perito de la defensa Dra. Variña Frau reconoció que un psicólogo formado puede hacer esa evaluación. Este primer accionar nos permite concluir que R. L. no comulga con los derechos que reconoce a la ley.- La defensa puso énfasis en que RP había ido a «La Revuelta» sin reparar que los R. L. le impiden a las personas tener acceso a sus derechos. No puede pretenderse que no concurra cuando el mismo Estado le negó ese derecho porque es la conducta de R. L. y de otros que generó la necesidad de crear esos colectivos.

A Ruth le hicieron esperar, la usaron de «incubadora humana» hasta que ellos decidieron cuando iba a nacer ese niño, para lo cual la tuvieron dos meses y medio internada. Cuando el 2 de abril se sintió mal desde Oro fue trasladada en ambulancia al hospital de Cipolletti. La médica Jalil traslado a ambas hermanas y fue recibida por R. L.En la hoja de derivación se indicaba que cursaba un embarazo no deseado, que había consumido Oxaprost indicando cantidades, y que no presentaba foco infeccioso, con temperatura temporal aumentada y contracciones.

Es cierto que llega sin el consentimiento informado ni la declaración jurada, pero la paciente ya los había firmado y esto le había sido informado por Mirensky y Cofre al mismo R. L. Macarena contó que ese mismo día su hermana indicó al medico que el embarazo era producto de una violación.- Ante ese cuadro el acusado indicó suministrar indometacina, medicación útero inhibidora, anulando el proceso que quería RP. Además indicó que sea suministrada por vía anal pudiendo utilizar otra vía menos lesiva para una dignidad ya mancillada.

Con esta actitud el acusado incumplió las normas vigentes mas allá de su posicionamiento personal, religioso, ético o moral.

Puso todas las trabas para que RP acceda a una ILE y la obligó a continuar con su embarazo y hasta decidió cuando iba a parir.- Se justificó la falta del formulario de consentimiento informado y le administró a la victima medicación contraria a su voluntad sin informarle ni requiriendo para ese caso su consentimiento. Se justificó en la falta de este para negar la práctica pero sin consentimiento le suministro medicación para contrariar la voluntad de la paciente.

Los médicos no están para decidir por sobre el paciente. Si el resultado final de una conducta es conocido y aceptado por quien lo corre nada puede reclamarle a un tercero de modo que si había un riego, lo conocía la persona y lo aceptaba debidamente informada, nada se puede reclamar.

La ley provincial no vino a crear un derecho sino a asegurar el cumplimiento de lo normado en el Art.86 del Código penal para acabar con los abortos clandestinos.

La defensa planteó que no realizó la práctica primero porque no había consentimiento informado firmado en su poder, segundo porque corría riego su vida y tercero porque por la semana de gestación no lo obligaba la ley.

La incompatibilidad de los argumentos es evidente porque si hubiese concurrido con el consentimiento informado tampoco la hubiera llevado a cabo porque tenía 22 semanas.

Quedó acreditado que antes del 02/04 estaba firmado el consentimiento y que si eso lo preocupaba podría haberlo cumplido en ese momento e informarla personalmente pero descree de cuatro las mujeres y prefiere considerar a la paciente como una joven con capacidad disminuida, que no entiende y que no puede decidir sobre su cuerpo.- Como segundo argumento aprovechando claramente al testigo Berutti pretendió acreditar la existencia de riesgo, introduciendo una hipótesis nueva, la del «síndrome de respuesta inflamatoria sistémica» en un claro intento por neutralizar la clara explicación que sobre el particular proporcionó el perito oficial Gustavo Breglia.- Pero esta explicación proviene de un testigo cuya falta de objetividad fue demostrada por la fiscalía. El perito en cuestión indicó que es objetor de conciencia, pero que no lo registro en ningún lugar. Afirmó que bajo ningún punto de vista y en ninguna situación llevaría a cabo una ILE.

El citado se desempeña y dirige el equipo ginecológico de una institución que ejerce objeción de conciencia institucional.Este pretendió enmascarar su posicionamiento religioso, bajo el manto de la cientificidad y se empeñó en negar sus propios dichos en un medio gráfico de gran circulación como el Diario Clarín, diciendo que pese a que la nota estaba publicada en ese medio con su firma, no había dicho lo que se le marcó. Pero pudo demostrar la Fiscalía que efectivamente había hecho la nota cuando en la página Web del espacio institucional donde se desempeña, apareció con la referencia que el aludido negó haber dicho.

El perito «objetivo» reconoció ser autor del articulo «El aborto no es una solución acorde a la dignidad de las mujeres».- Está claro que fue convocado para justificar de cualquier manera y con cualquier argumento lo realizado por el imputado, porque tal como reconoció en su informe, hubiera actuado de la misma manera, pero movido por una posición ideológica que desconoce la vigencia de un derecho garantizado por la ley y por la CSJN.

Aún así debe recordar que cuando se le preguntó si el «síndrome de respuesta inflamatoria sistémica» era un diagnóstico respondió afirmativamente refiriendo que en tal caso dicho diagnóstico debe consignarse en la HC.Sin embargo en la HC no fue consignado referencia alguna a este diagnóstico por el acusado resultando un intento de justificación tardía que no se corresponde con la realidad del día del hecho.- Por tal razón Breglia perito oficial sin ningún tipo de interés en la materia señaló que no había indicadores de riesgo de vida y que con los datos que contaba el día 02 no era acertado suponer la presencia de un foco infeccioso o de un proceso infeccioso.

En ese sentido dijo que el valor de laboratorio que fuera informado el día de los hechos no era anormal para una embarazada, como para pensar en infección pues tal dato no puede computarse aislado sino con la fórmula y el desglose en porcentajes, desde que toda la bibliografía indica que si la forma leucocitaria informa 0% de neutrófilos en cayados, se debe descartar la presencia de infecciones, por cuanto de existir la misma, produce la ruptura de los mismos y la aparición dichos neutrófilos.

Nada dijo el experto de la defensa.- El perito Dr. Breglia, explicó que la ingesta de Oxaprost genera aumento de la temperatura corporal y cambios en la dinámica uterina, por lo que la presencia de estos dos síntomas en la paciente se explicaba por esta ingesta y no por la presencia de un foco o proceso infeccioso.- Dijo el forense que está absolutamente contraindicada la útero inhibición en caso de gestantes con presencia de procesos o focos infecciosos, esto es claro de comprender, por cuanto al útero inhibir a la gestante, si la misma tiene un foco infeccioso en el útero, con esta conducta se está impidiendo la expulsión del producto de la infección, manteniendo la misma dentro del cuerpo de la mujer, lo que provocaría un aumento de la sépsis desmedido. En palabras simples, se estaría impidiendo que el cuerpo expulse aquello que haciéndole daño en su interior este intenta expulsar.Nada de esto explicó el perito Berutti.- Además la Indometacina, no tiene ningún efecto sobre la infección y que la prescripción de la misma es absolutamente incompatible con el diagnóstico de infección. En una tercera posición el acusado se defendió refiriendo que no estaba obligado por la ley, de acuerdo a las semanas de gestación el día del hecho. Sobre el particular, la fiscalía sostiene como criterio correcto de interpretación de la norma la no existencia de límite temporal para la aplicación de una I.L.E en caso de violación.

Si el legislador penal (Art. 86 CP), no determino cantidad de semanas para la habilitación de este derecho, mal puede otra legislación, hacerlo restringiendo el alcance del mismo. El derecho penal tiene una definición del término aborto y para interpretar leyes, se debe estar siempre al uso legal del término si el mismo no presenta ambigüedades y solo recurrir a completarlo con las otras ciencias en caso de dudas.- El medico Gomel dijo que en su comprensión aborto es «la muerte intrauterina del feto» vale decir que a nadie le cabe dudas de que cuando hablamos de aborto se alude a la muerte intrauterina en principio.-De modo que la interpretación propuesta por la defensa del término no puede prosperar, porque sometida al método hipotético no arroja resultados aceptables. Añadió que la misma C.N reza en su Art.19 in fine que «Ningún habitante de de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe» y así lo recuerda el precedente FAL de la CSJN es decir se impone la interpretación de las normas conforme el principio pro homine que garantice en mayor medida los derechos protegidos, e inversamente, a la disposición o normativa más restringida cuando se trata de imponer limitaciones al ejercicio de esos derechos.- En consecuencia resalta que los testigos de la defensa que fueron preguntados sobre si está expresamente prohibido realizar un «aborto» después de la semana 22, todos respondieron que no.- Aún suponiendo que la Ley sólo habilita la interrupción legal del embarazo para los casos de gestaciones por debajo de las 22 semanas debemos analizar si al momento de recibir a la víctima el imputado consideraba que la gestación de esta era superior a las 22 semanas y que basado en dicha información actuó.- Advierte que no se ajusta a la prueba rendida en autos, con el Dr. Breglia y con el propio testigo de la defensa, Dr. Beruti, se probó que el imputado escribió en la Historia Clínica al momento de recibir a la paciente consignó en la historia clínica, 20,3 semanas y por FUM y 21,6 semanas por Ecografía.- Es válido y fundado decir que el imputado al momento de desplegar la conducta que se le imputa, consideraba la gestación de la víctima como un embarazo de 22 semanas o más. No.Para ello basta con observar ambas anotaciones para conocer que el día 02 de Abril del 2017, antes de decidir indicar la Indometacina, el imputado según el conocimiento que tenía a ese momento, consideraba esta gestación por debajo de las 22 semanas y entonces aun aceptando la aberrante interpretación que propone la defensa tampoco aplicaría al caso.

Recién el día 03 se cuenta con una ecografía que indica otra cantidad de semanas de gestación y pese al esfuerzo del perito Beruti en explicar de cuantas semanas de acuerdo a su criterio tenía el embarazo el día de los hechos, a preguntas que se le realizó esa fiscalía, no está consignado de esa manera en la Historia Clínica, al igual que tampoco está consignado como ya se dijo, el diagnostico referenciado por este, lo que deja a las claras que lo que vino a hacer a este juicio el perito es a intentar explicar las conductas del imputado, a través de razonamientos que no son los que este hizo al momento de los hechos. Es evidente que aquél concurrió al juicio a tratar de justificar por cualquier medio la conducta del imputado, sin atenerse a las constancias del caso.- La defensa, además pretendió argumentar que existía un Estado de necesidad, un presunto mal grave e inminente en este caso el «Proceso Infeccioso» para RP que llevó a R. L. a actuar úteroinhibiendo a la víctima para no agravar el estado de la mujer. Quedo acreditado que no se recomienda útero inhibir a una persona con un proceso infeccioso.- No logró acreditar tal estado de necesidad que justificaría el accionar del imputado dado que no sólo no probó la existencia de dicho mal, sino que no existía riesgo de muerte para la paciente.

La ponderación de bienes solo puede ser realizada por los particulares solo cuando no lo haya hecho la ley previamente. Cuando hay una ponderación de bienes realizadas por el legislador esa debe primar.Hemos caracterizado el caso, de acuerdo a los lineamientos emanados de nuestro STJRN, conteniendo una perspectiva de género que es obligatoria.

El imputado ha ejercido violencia obstétrica: siendo ésta «aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicación (Ley 26485)».- El acusado no tuvo jamás en cuenta los deseos de RP y le aplicó un tratamiento en contra de su voluntad, que consistió en la introducción por vía anal de un supositorio, para lo que jamás tuvo en consideración que se trataba de una mujer que había sido violada, por lo que este tratamiento invasivo e indigno, aparece como una expresión más de la violencia machista que informó todo el accionar del imputado en el caso.- Solicitó se lo declare responsable como autor del delito de incumplimiento de los deberes del funcionario publico en los términos del Art. 248 del CP en calidad de autor (Art. 45 Ibíd.).

La DEFENSA TÉCNICA del imputado indicó que quiere mostrar la foto completa. En este proceso ha mantenido su teoría del caso pero la Fiscalía la ha modificado comprometiendo el principio de congruencia.- En el alegato de apertura estableció como fecha de la situación contextual previa al 02/04 pero en los hechos trata de unir el 29/03 con el 02/04. El alegato de apertura modificó la fecha a 30/03.

Pero le imputo que no controlo la evolución de un aborto. Pasó de una conducta omisiva a una conducta activa que es tendría que haber matado al feto. También que tenia conocimiento porque firmo la declaración jurada y ahora dice que debió haberla hecho firmar.Hubo variaciones sustanciales de la plataforma fáctica que no fueron avisadas en el control de acusación.- Las variaciones del imputado son legitimas y después se valorará su credibilidad pero las de la fiscalía son violatorias del principio de congruencia porque afecta el derecho de defensa dado que no se ha podido defender.

La defensa fue respetuosa de RP. Tuvo su lugar junto a los fiscales aun cuando no se constituyó en querellante. No controvirtieron que es una joven victima de violación ni que su embarazo es producto de esa violación ni controvirtieron los derechos que tienen las mujeres víctimas de violación en la ley vigente.

Pero señala puntos de controversia como el test de embarazo en febrero que le fue indicado en Oro y luego la dejaron. De haber actuado bien hoy no estaríamos aquí. Lo dijo Milesi, la joven fue victima del sistema de salud no de su asistido.

Mirensky y Cufré son las primeras que le mintieron a RP diciéndole «el bebe es chiquito» y que tenia «poquitas semanas» de embarazo. Era información falsa y por eso la acusación paso el llamado al 30 porque se dio cuenta que esa era la fecha del consentimiento informado cuyas firmas reconocieron las tres: RP, Mirensky y Cufré.- Esta admitió que había un 29 en la historia clínica y nada más y que si había dicho 29 no se acordaba, que se confundió. «Tenia que tratar de decir que fue el 30». Mirensky dijo que la ecografía la tenía el 29/03 y que ese día llamaron a Cipolletti. Que le comentó a R. L. una situación compleja conocida por salud mental de F. Oro y que había firmado en consentimiento informado.

La propia Mirensky nos ilustro que el 29/3 se comunicaron La Revuelta y firmaron el consentimiento informado pero el día que llamaron al acusado L. no tenía dicho documento.

La historia clínica es un instrumento público. No consignar información en la misma es falsear datos y un delito.Había cuatro ginecólogos en el hospital de Cipolletti que hacían guardias lo informaron la enfermera y la Dra. Custillo. R. L. lo estuvo el día 29/4, esto demuestra que el llamado telefónico fue el día 29 y que ese día aun no se había firmado la declaración jurada.

Está controvertido que en ese llamado Mirensky le haya dicho que se trataba de RP, dijo que una paciente, no recordaba nombre, lo mismo dijo Cufre. Se debe analizar como era en aquel momento la situación.- Mirensky le dijo que tenía antecedente en salud mental, porque la misma le había solicitado una tomografía para ver cuestiones neurológicas. En la acusación se sostiene que hubo una negativa de R. L. de recibir una paciente, como preanunciando lo que iba a hacer el 02/04. La Fiscalía no demostró una negativa a derivación para no realizar un aborto sino un pedido de informe previo. No pudo acreditar la acusación que tal informe fuera para negarse al aborto e incluso el Art. 3 remite a los protocolos que determinan necesidad de abordaje interdisciplinario. La Fiscalía dice que R. L. no le creía porque ser mujer y no es así. El Fiscal no introdujo en la plataforma fáctica que la medicación fue suministrada por un organismo por fuera del sistema de salud. Mirensky dijo que Cufre se contactó con La Revuelta, porque habían dado charlas en el Hospital de Oro pero se desentendió de la responsabilidad de haberla mandado allí y es sustancial porque la ley buscó erradicar la clandestinidad y prescribir medicación sin estar habilitado es un delito y mas para iniciar un aborto.- RP no quiso dar el nombre de quienes la atendieron ahí. Pero le dieron medicación: concretamente: Oxaprost vía oral, 4 pastillas cada cuatro horas por dos dosis a partir del viernes 31 de marzo. Surge de la plataforma fáctica de la acusación. Llegó al hospital de F. Oro. La vieron mal y se asustaron. Allí fue recibida por la Dra.Jalil quien le colocó suero por la altísima fiebre -39,5.

No era normal. Pero el fiscal desistió de su testimonio ante el temor que se evidenciara la gravedad del momento, la taquicardia, la fiebre y el foco infeccioso.

En la derivación llega a Cipolletti y lo recibe su asistido, Dr. R. L. Como la recibió, hizo lo que hizo, glóbulos blancos altos, taquicardia. Es parte de un proceso infeccioso que no se sabe donde termina.- No demostró el acusador que había un aborto en curso. El cuello del útero no estaba borrado, había contracciones aisladas. Esto lo dice el acusado pero también lo dice Jalil.- Acreditó la defensa que tenia temperatura alta, glóbulos blancos altos, taquicardia, más de 100 latidos por minutos. Eso es parte de un proceso infeccioso. La Dra. Jalil la mandó rápido a Cipolletti porque la vio mal. Había tres de los cuatro síntomas de de un proceso infeccioso y de no mediar un tratamiento de antibiótico inmediato puede haber una sepsis severa y terminar en un shock séptico con mortalidad del 40 al 70%.

Esto se demuestra por las historias clínicas.

La Fiscalía cuestionó al Dr. Berutti con un informe del forense Breglia quien había asumido pocos meses antes, nunca hizo abortos y es especialista en traumatología en tanto que aquel es ginecólogo, obstetra con más de 6000 partos y medico legista. Profesor de la UBA que presta servicios en el prestigioso Hospital Austral.

Breglia dijo que fue requerido para hacer un informe en el marco de un expediente de familia. El objeto era analizar si el 25/04 se podía hacer un aborto. Dijo que no hizo informe ampliatorio de la pericia. Berutti, en cambio, hizo una pericia en función del día 02/04. El forense sabe muy poco de la cuestión, incluso mencionó cosas de la historia clínica que no estaban en el informe.Se pregunta si es más confiable la fecha FUM o la data ecográfica.

Dos ecografías tuvimos, la del 28/3 y la del 03/04 y ambas coinciden. Breglia consignó en su informe la fecha relacionada con la primera y aquí quiso dar cátedra que era más confiable la FUM. Berutti es más experto y se puede ver el contraste entre uno y otro.- La acusación sostiene que el acusado debió permitir la evolución de un aborto en curso pero no había tal cosa sino que RP iba camino al shock séptico con riego de muerte y si hubiera permitido la evolución estaría igual aquí pero juzgado por mala praxis.- Con Berutti y Custillo demostraron que no había un aborto en curso. Berutti se expresó con base en distintas circunstancias fácticas, como que la paciente dijo sentirse mal, así lo consignó la Dra. Jalil, tenía 175000 glóbulos blancos. Eso no se controvirtió. Breglia no había visto las hojas de enfermería donde decía que tenía taquicardia y no estaba más en condiciones de determinar si había o no un proceso infeccioso.

Entonces, no había aborto en curso y en ese momento la paciente presentaba un proceso infeccioso.

Teniendo este cuadro de situación se impone un análisis jurídico: La Ley 4796 reglamenta el aborto no punible en los caso del 86 del CP en dos supuestos:

Que sea embarazo por violación y que sea practicado por medico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta. Pero donde para ello no debe iniciarse en grupos como «La Revuelta».- Al medico la mujer le tiene que dar el consentimiento. Este suministrará la dosis correcta para evitar complicaciones. Conocimiento técnico para que el resultado sea el que prevé la ley. En este caso lo inició alguien que no es médico y puso en riesgo la vida de la paciente; pero le exigen al acusado que continúe algo que no inicio.- Los profesionales de la salud de F. Oro mandaron a la joven fuera del sistema.Ahora es fácil echarle la culpa a R. L., y no hacerse cargo de eso. No actuaron de manera adecuada. Cufre dijo que fue un grave error enviarla a la La Revuelta.

El art. 5 de la ley establece que inmediatamente después de producida la comprobación el personal tratante está obligado a informar a la paciente de manera clara y precisa la practica a realizar y sus posibles consecuencias, diagnóstico y pronóstico. Cufre puede dar información sobre los derechos que tiene, pero no conocía nada de la ley. Mirensky tampoco. Hicieron todo mal y la pusieron en riesgo.

La acusación dice específicamente que había suscrito la declaración jurada y consentimiento informado, o sea lo esta acusando que ya había consentimiento ahora no puede mutar y decir que debió haberle hecho firmar el consentimiento informado.- La «Guía atención integral para mujeres que cursan aborto» de abril de 2015, allí se determina que el aborto según OMS establece la edad gestacional de 22 semanas y 500 gramos de peso». La remisión de la ley es a la guía. Los protocolos dan conceptos.- Todos los médicos dieron la misma definición de aborto. Luego de las 22 semanas o 500 gr. era parto prematuro por la viabilidad fetal, lo dijo Lasry, Moreno, Lucero -testigos MPF-, el Dr. Gomel quien dijo que hacia abortos no mayores a esa edad gestacional. También la Dra. Custillo, Berutti y Varina Frau. Ocho de los testigos dijeron esta definición.- La ley remite a protocolo y estos definen. Los conceptos jurídicos muchas veces utilizan datos científicos. Este caso puede llevar inseguridad jurídica a todos los médicos del país. El Dr. Lasry dijo que después del hecho aquí juzgado se establecieron todos los profesionales como objetores de conciencia.- El profesional que solicita el consentimiento debe brindarle información completa a la paciente, estudios, tratamiento, riesgos, posibilidades previsibles de evolución. Un medico con matricula.RP lo firmó, «no lo leyó ni se dejó constancia en la historia clínica».

Es un procedimiento que busca resguardar a la mujer.

Es un acto irreversible porque como practica médica hay posibilidad de riesgo.

El art. 10 la ley estableció 10 días y prevé la asistencia psicológica, asesoramiento legal y conservación de prueba.- Esta defensa no ha controvertido lo innecesario de hacer la denuncia. La autoridad de aplicación de la ley es el Ministerio de Salud y el art. 16 es sustancial porque expresa que las prácticas médicas que se lleven a cabo solo podrán ser realizadas por profesionales médicos, en establecimiento públicos y privado con estructura física instrumental que cuenten con el recurso humano capacitados. Médicos dice la ley, al igual que el Código Penal.

Al día 2 de abril de 2017 R. L. no tenía el consentimiento informado.

El Art 248 del CP con el que acusa el MPF tiene como bien jurídico tutelado el desarrollo de la correcta Administración Publica. Al Estado le interesa que la ley se aplique de manera integral, no de manera parcializada. Por eso no se dan elementos objetivos del tipo en concreto. No podemos crear un nuevo tipo penal. Estamos ante un caso de ILE por causa de violación. Pero supuestamente la defensa trae la cuestión de ideología de la religión, acá trajimos un caso, estamos analizando la ley vigente el caso concreto. No estamos en desacuerdo con la ley. Es Ley. Dentro del elemento subjetivo sostiene la Fiscalía que R. L. hizo algo en concreto por sus creencias religiosas e ideas y no es así.- No se recomiendan tener teorías del caso alternativas, pero en este caso era importante hacerlo, para hablar de los valores de los bienes jurídicos en juego. Ruth tenía el derecho de disponer de su cuerpo, tenia ese bien jurídico, que es parte de un sistema normativo.La integridad física que la ley presume también se ve garantizada porque iba camino a un shock séptico con riegos para su fertilidad y su vida.- «Juana» es una beba de 500 gramos reanimada que hoy tiene entre 13 y 14 años. Quizás dentro de 15 años, quien hoy tiene dos, vea este juicio y sepa que también se trató de él, vea la decisión que se tomó, que declaró en este juicio no culpable a su asistido.- Clausurado el debate, en los términos del Art. 188 del CPP el tribunal pasó a deliberar en sesión secreta.

Que así las cosas, y para un mejor orden expositivo, el tribunal se ha planteado las siguientes cuestiones: 1. Ha existido violación al principio de congruencia como planteó la defensa del acusado; 2. ¿Ha existido el hecho y participó del mismo el imputado?; 3. Que calificación legal corresponde? y 4. ¿Tras la audiencia de cesura: qué pena cabe discernir de acuerdo a las pautas de los arts. 40 y 41 del CP?

A LA PRIMERA CUESTION:

El Dr. Álvaro Meynet dijo: Daré respuesta negativa al planteo del letrado Torres. En efecto, el hecho de la imputación tal como llegó a juicio (así puede incluso verificarse en el instrumento que lo habilitó, esto es, el auto de apertura) siempre contuvo o incluyó los sucesos del 29 de marzo en el Hospital de F. Oro previos al 2 de abril.Pudo haber variado el modo ó el orden en el tratamiento y valoración por parte del Fiscal en el juicio, pero en ningún momento la defensa acreditó o puso en evidencia una mutación del facto que hubiera puesto en peligro o debilitado su estrategia mostrando un hecho distinto.

A ello cabe añadir que el hecho, no cuestionado en este punto por la defensa del acusado en la etapa de control, y aun con redacción ciertamente mejorable, contiene todos los elementos necesarios para una correcta defensa desde que describe la conducta atribuida al acusado con precisión suficiente como para permitir el ejercicio del derecho que ahora se dice conculcado.- No existe afectación al principio de congruencia. No hay perjuicio. No hay nulidad posible.

El planteo carece de andamiaje argumental y por eso cabe rechazarlo.

A LA SEGUNDA CUESTION:

El Dr. Álvaro Meynet dijo: Previo a la audiencia de juicio las partes celebraron las siguientes convenciones probatorias: 1. Que en fecha 06/07/17 la secretaria subrogante del Juzgado de Instrucción 2, Dra. Andrea Villanueva, se constituyó en el Hospital de la ciudad de F. Oro, a las 11:00 hs y procedió al secuestro de la Historia Clínica 3499 de la paciente RP y a las 12:07 hizo lo propio en el Hospital de ésta ciudad, respecto de la Historia Clínica 58053 referida a dicha paciente. 2. Que ambas documentales fueron reservadas para su utilización como evidencia en el juicio; y 3.Que el acusado a la fecha 02/04/17 era toco ginecólogo del Hospital Área Programática Cipolletti.

En un modelo adversarial puro como rige en esta provincia resulta importante dejar en claro, de modo previo, no sólo las teorías expuestas por cada parte, conforme a su objetivo, sino también otras cuestiones centrales al caso, no convenidas expresamente aunque si de modo tácito, que aquellas decidieron no controvertir en juicio.- Son cuestiones que doy por sentadas.- En este sentido destaco como sumamente relevante que no se discutió en el debate aquellos argumentos de inicio del alegato final de la Fiscalía, en el sentido que el aborto que pueda practicarse sobre una mujer que ha sido victima de lo que antiguamente se llamaba ultraje al pudor, violación o mas actual en el tiempo, abuso sexual con acceso carnal, no es una acción punible, conforme a la constitución y a la ley argentina, por transitar esa circunstancia en el espacio de reserva de la Constitución Nacional contenida en su art. 19.

Como consecuencia de esto tampoco se cuestionó o puso en duda la constitucionalidad del Art. 86 Inc. 2 del Código Penal ni de la ley provincial 4796 en cuanto establece el ejercicio efectivo del derecho de la mujer en los casos de los abortos no punibles en el ámbito local, para que pueda demandar a la salud publica provincial la práctica de la que se hace acreedora en aquellos casos.- No se discutió finalmente que RLP fue victima de violación en el sentido que su estado de embarazo provino de un acto criminal que la tuvo como víctima al forzarla a una relación sexual que de modo alguno puede considerarse consentida.- De manera tal que al abordaje del caso es necesario tener a estas premisas como inalterables en tanto no fueron objeto de desacuerdos.

Tampoco, previo a la consideración de la acusación, las partes discutieron ni controvirtieron lo siguiente: A. Que L. J. R. L. es medico diplomado; B.Que el nombrado, por su propia voluntad, se incorporó a la administración pública rionegrina como médico del servicio de salud de la provincia prestando funciones en el servicio de toco ginecología del hospital de la ciudad de Cipolletti.- C. Que a la fecha de los hechos L. J. R. L. no estaba incluido en el registro de objetores de conciencia con arreglo a la Ley Provincial nº 4796 de Atención Sanitaria en casos de abortos no punibles.- De esto último puede inferirse que a esa fecha no tenía el acusado una postura personal pública contraria a la práctica del aborto, por lo menos en los casos atendidos en dicha Ley.- Muy por el contrario, al declarar en juicio el acusado afirmó haber practicado abortos en otros casos y situaciones.

A L. J. R. L. se lo acusó de no haber provisto una prestación médica profesional en el marco legal aludido a la que estaba obligado; tanto por su calidad de funcionario publico específico en el ámbito de aplicación de la ley como por no resultar refractario a su práctica.- Entonces, con estas consideraciones preliminares, es que habré de abordar el hecho en todo lo que fuera discutido en el juicio.

Asumo así dos momentos nítidamente diferenciados para la consideración y que resultan inescindibles para su correcta comprensión.

Cronológicamente, a diferencia del modo en que fue redactado y esbozado en la audiencia por la Fiscalía: primero: lo sucedido en el momento en que RLP se presentó al Hospital de F. Oro, donde anoticiada de su estado de gravidez, es informada de los procederes legales y asume la decisión de realizarse la practica abortiva, todo lo que determina el contacto telefónico con el acusado dada la imposibilidad de llevarla adelante en un establecimiento no adecuado para ello, como el hospital donde se hallaban y, segundo, lo sucedido el día 2 de abril cuando la joven arriba al hospital de Cipolletti, derivada por su situación de salud, tras la ingesta voluntaria de oxaprost.

A.Los sucesos del 29 de marzo ocurridos en el hospital de F. Oro: En su relación la prueba es categórica como para sostener que la joven RLP concurrió aquella jornada a ese nosocomio y consciente ya del estado de embarazo que cursaba, presa de fuerte angustia, por proceder su gravidez de un hecho de violación ejecutado en su circulo familiar, informada que fuera de sus derechos, tomó la decisión de interrumpir la gestación.- Firmo los papeles para realizarse un aborto.

Así lo refirió en la audiencia la propia testigo RLP y agregó que supo que «era chiquito, de pocas semanas». La medica (Mirensky) llamó delante de ella al hospital de Cipolletti y habló con el acusado sobre derivarla pero este dijo que no la aceptaban sin la intervención de un psiquiatra.- La medica Mabel Raviola recordó hallarse de servicio el día en cuestión y haberse encontrado en un pasillo con la paciente llorando muy angustiada. Le dijo que el test del embarazo le había dado positivo. Fue a fines de marzo de 2017.

Buscó entonces a la licenciada Viviana Cufré para que la asista psicológicamente. También consultaron con Mirensky.- Las dos profesionales aludidas, están contestes con la versión de la testigo Raviola y corroboran en un todo también los dichos de la propia RLP.- En síntesis expresaron que frente a la decidida actitud de la joven y considerando que el nosocomio de aquella localidad no está preparado para la práctica, de inmediato se comunicaron con el acusado al hospital de esta ciudad y que éste exigió previo a intervenir una evaluación psiquiátrica. Ambas profesionales coinciden que frente a ello tomó la palabra Cufré quien le explicó a R. L.que tal evaluación no era requisito del protocolo y que, en cualquier caso ella, personalmente, la había evaluado, denotando la paciente estar lucida y ubicada en tiempo y espacio para decidir.- Agrega Cufré que le informó que tal requerimiento no podía cubrirse por carecer de medico psiquiatra el hospital de aquella localidad.

El acusado le respondió que en el de Cipolletti recién el lunes siguiente habría un profesional adecuado. Era claro entonces que iba a tomar cuatro o cinco días la consulta psiquiátrica considerando que estaban a mediados de semana.

Mirensky por su parte afirmó que la joven era una paciente conocida en el hospital. Cursaba embarazo de 21.6 o 22 semanas según recuerda y había firmado la declaración jurada porque no quería continuar con el embarazo.

Se comunicó entonces con el acusado quien la escuchó pero requirió el dictamen psiquiátrico previo. Como el hospital no cuenta con ese servicio, decidió darle intervención a Viviana Cufre a quien puso al teléfono porque creyó que tal vez ella no se estaba dando a entender claramente sobre la necesidad de intervenir con urgencia.- Tanto Cufré como Mirensky asumen como «un error» que, ante la impotencia generada en la cerrada actitud del médico acusado, derivaron a la joven RLP a la organización denominada «La Revuelta» ya que conocían que en casos de embarazos no deseados la misma proveía amparo y contención a las mujeres en tal situación.- Sobre este punto el acusado declaró en juicio y reconoció que ese día atendió un llamado del Hospital de Oro aunque no recordó la fecha con precisión. Sí que se comunicó una medica, quien estaba acompañada por una psicóloga.Aquella le habló del requerimiento de derivar una paciente que solicitaba una ILE, que tenía conflictos de índole personal y psicológica.

Por ello solicitó una evaluación psiquiátrica para corroborar que este lúcida, conciente y que tenga pleno conocimiento de lo que estaba pasando, de lo que solicitaba como para asegurarse que no estaba actuando bajo presión y que comprendía.

El aborto dijo- es un acto irreversible y lo que el médico requiere es que la paciente este debidamente informada.- Queda claro que el acusado puso allí como condición una evaluación psiquiátrica previa que no esta prevista en la ley ni justificada en el caso, a sabiendas incluso que, tal como se lo informaron las profesionales de Oro, el mismo no iba a poder realizarse con la premura necesaria por carecer el establecimiento de especialista y no contar tampoco en el ámbito de la salud publica mas cercano con acceso a un profesional del área.- Si bien el acusado reconoció en juicio haber conversado con «la medica» del Hospital de Oro, en relación a la testigo Mirensky; nada dijo que para resultar ilustrado sobre el «estado de lucidez» de la paciente para autorizar la practica, ésta le pasó el teléfono con la Licenciada Cufre, tal como narrara la médica y la propia Cufré corrobora.- Sin embargo en la audiencia de formulación de cargos al responderlos R. L. refirió que Mirensky sólo le pidió asesoramiento y negó enfáticamente haber mantenido contacto telefónico con la psicóloga lo cual importa una mala justificación.- Las profesionales del hospital de F. Oro no faltan a la verdad. No lo probó la defensa. Las tres acuerdan un relato en un todo conteste con el de RLP. Mirensky y Cufré asumen además como error no haber insistido en la inmediata derivación.No hay complot contra el acusado.

En mi opinión éste miente para justificarse en lo evidente pues exigir tal evaluación, que no es requisito preliminar de procedencia, menos cuando una profesional psicóloga está afirmando la voluntad y decisión firme de una paciente lucida, ubicada en tiempo y espacio, que además mantiene junto a ella, representa una mera excusa para dilatar su debida y rápida intervención. De otra forma dado los escasos kilómetros que separan una localidad de la otra- podía superar toda duda evaluándola personalmente con la urgencia del caso.

En mi opinión el acusado se justificó de mala manera. Mintió porque de lo contrario debía explicar lo inexplicable, por lo absurdo.- La propia testigo de la defensa, Dra. Alejandra Variña Frau, acordó que un profesional de la psicología con alguna experiencia esta capacitado para cubrir el requerimiento que puso como requisito previo R. L. Aún cuando insisto no lo era ni se justificaba.- Cufre, es una psicóloga profesional con recorrido en la salud pública en la localidad de F. Oro, además era quien había tratado anteriormente a RLP. De hecho, esta había ido a su encuentro cuando se enteró de su estado.

Se trató entonces de una maniobra dilatoria que desconoce flagrantemente la diligencia profesional que conlleva tratar estos casos en actitud que se conecta claramente, como lo sostuvo la Fiscalía, con lo sucedido tan solo 4 días después.

En este sentido bueno es recordar que el considerando 25 de fallo FAL de la CSJN alude expresamente a esta situación cuando consigna Que cuando el legislador ha despenalizado y en esa medida autorizado la práctica de un aborto, es el Estado, como garante de la administración de la salud pública, el que tiene la obligación, siempre que concurran las circunstancias que habilitan un aborto no punible, de poner a disposición, de quien solicita la práctica, las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura.Rápida, por cuanto debe tenerse en cuenta que en este tipo de intervenciones médicas cualquier demora puede epilogar en serios riesgos para la vida o la salud de la embarazada. Accesible y segura pues, aun cuando legal en tanto despenalizado, no deben existir obstáculos médico burocráticos o judiciales para acceder a la mencionada prestación que pongan en riesgo la salud o la propia vida de quien la reclama (ver al respecto, Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, desarrollada en junio de 1999).- Que si bien este Tribunal advierte la posibilidad de configuración de «casos fabricados», considera que el riesgo derivado del irregular obrar de determinados individuos, que a estas alturas sólo aparece como hipotético y podría resultar, eventualmente, un ilícito penal , no puede ser nunca razón suficiente para imponer a las víctimas de delitos sexuales obstáculos que vulneren el goce efectivo de sus legítimos derechos o que se constituyan en riesgos para su salud (considerando 28).- Nuestro STJ, incluso anteriormente al citado precedente federal, en el caso «Masello, Gustavo L s/ acción de amparo s/ apelación» de fecha 9 de junio de 2009, aun cuando finalmente declaró abstracta la cuestión por tratarse de un caso de autorización judicial previa en un caso de embarazo no voluntario proveniente de un delito de abuso sexual, enfatizó obiter dictum la vigencia del derecho a la salud integral de la mujer en casos en el que la continuidad del embarazo compromete su salud psicofísica conforme la definición de la OMS desde que es susceptible de lesionarla o agravarla.- B. Los sucesos del 2 de abril ocurridos en el hospital de Cipolletti:Encuentro probado que el acusado ha faltado a la verdad en su descargo y que los hechos acreditados en juicio revelan un proceder disfuncional de su parte que en momento alguno tuvo la mínima consideración de respetar la decisión de la joven RLP.

Hay, en ese sentido, información objetiva, documentada, y cabe también realizar interpretaciones de dicha documentación a la luz de la conducta de cada protagonista, según sus propias versiones, tal como fueron proporcionadas en juicio.- Las circunstancias no controvertidas en el debate en este punto permiten considerar que RLP fue derivada desde el hospital de F. Oro al hospital de esta ciudad, ese día en horas de la tarde, por disposición de la Dra. Yanira Jalil, médica generalista, la cual consignó como datos, a su criterio, relevantes en la hoja de derivación que aquella cursaba embarazo de 21 semanas, embarazo no deseado, que a ese momento evidenciaba contracciones y una temperatura corporal de 39.5 y que la misma había ingerido oxaprost en toma de 4 pastillas cada 4 horas, por 2 dosis, destacando también que al examen ginecológico evidenció cuello posterior cerrado, no genitorragia, 140 lpm, contracciones aisladas, «no foco infeccioso».

En el ingreso al nosocomio local, como se verifica con la historia clínica, donde fue recibida por el propio acusado, no consta nada diferente en cuanto al estado clínico de la paciente, al menos en lo sustancial y relevante.

Sin embargo se verificó a lo largo del proceso así como en el juicio una discordancia en cuanto a la evolución del embarazo y, en función de eso, a las posibilidades de llevar adelante la práctica que garantiza la ley que se dice inobservada por el imputado.- Las partes discutieron además, en el juicio, la existencia o no de un cuadro ó foco infeccioso en forma contemporánea al arribo de RLP al hospital de esta ciudad.- La Fiscalía lo niega con base en sus propios argumentos y la Defensa en cambio, no sólo enfatiza su existencia, sino que lo señala como de magnitud talcomo para poner en peligro la vida de aquella y desplazar como prioridad absoluta frente a cualquier otra atención hospitalaria.

Cabe abordar ambos puntos. Sobre el término para practicar un aborto los autores más destacados de la medicina forense coinciden en general establecerlo en los seis meses. «La toco ginecología denomina aborto a toda interrupción del embarazo antes de ese plazo de gestación en razón de contemplar la ausencia de viabilidad fetal antes de ese termino». Así refieren los médicos legistas Alejandro Basile y David Waisman en la obra Medicina Legal y Deontología, tomo 1 Pág. 490) a partir de allí se denomina «parto prematuro» sostienen los autores.- C. Simonin, en «Medicina Legal Judicial», también establece ese plazo en el caso del llamado aborto terapéutico, esto es la interrupción artificial del embarazo por razones médicas no punibles (Obra citada, Pág. 490).

Sin embargo, los protocolos y guías de uso en general en la materia establecen plazos más cortos y en su mayoría los ubican en las 22 semanas de gestación.

De modo que con los datos tanto de la hoja de derivación como con los datos de la admisión que fueron objetivados por los Dres Jalil y R.L., respectivamente, encontramos que RLP a ese momento presentaba un embarazo de entre 20.3 y 21 semanas de gestación.

Ello en un primer enfoque aunque ciertamente habrá que considerar alguna variación sea que se confíe en la fecha de última menstruación (FUM) o se consulte una ecografía.

La mayoría de los profesionales médicos que declararon en el juicio sostuvieron la falibilidad de ambos procedimientos en el sentido que existe siempre margen de error, e n más o en menos.- Podemos concluir que, conforme a los parámetros aludidos en cuanto al plazo para llevar adelante la practica de una ILE, el termino, si bien en el limite conforme al protocolo, la hacia posible.- Recordemos, tal como cite a los autores de medicina legal, que el parte aguas se fija considerando la viabilidad del producto de la concepción. Aquellos lo colocaban en 180 días, es decir más cercano a las 26 semanas, y los protocolos lo establecen en un rango menor.- El medico forense del Poder Judicial de Río Negro, Dr. Gustavo Breglia, al declarar en audiencia, dijo que los criterios de viabilidad resultan «tema controvertido» pues tiene que ver no sólo con la supervivencia fuera del seno materno, sino con la capacidad para desarrollarse luego, lo cual no se agota en la capacidad de sobre-vida.

Agregó que se estima que antes de las 22 semanas la viabilidad es de 0 a1% se incrementa hasta un 30% desde la semana 26. Con buena atención natal puede ser el 50%. Pero tienen una alta tasa en el neuro desarrollo por ser prematuros extremos.- El forense explicó que el imputado escribió en la Historia Clínica al momento de recibir a la paciente embarazo de 20,3 semanas y por FUM y 21,6 semanas por Ecografía.- De esta forma, en cuanto al tiempo y con la información de que disponía R.L., la práctica era factible y el propio acusado no era ajeno a la demora según lo que llevo dicho.- En cualquier caso, la mayor o menor rigurosidad en la verificación de estas pautas o criterio de viabilidad, tampoco fue el argumento central del acusado para no cumplir con su obligación en tanto funcionario de la salud, sino que expresó en juicio que debió priorizar la vida de la joven mujer la cual estaba amenazada por un foco infeccioso que, según su defensa técnica, la colocaba a las puertas de un «shock séptico».- Dijo en definitiva y en lenguaje técnico jurídico que obró en estado de necesidad.

Quiero detenerme en este punto. Si de tal cosa el acusado tenia certeza o por lo menos la consideraba posible como para prevenirla, hay a partir de ese conocimiento dos cuestiones importantes que no puede explicar ni aclarar al menos de una manera lógica.- Si la infección era de la magnitud que refirió en el juicio debemos preguntarnos: 1. Porqué motivo no lo consignó en la hoja de ingreso de la HC, que personalmente intervino; no solo por la relevancia del dato sino porque en la derivación de la Dra. Jalil se descartaba expresamente tal cuadro y 2.Porqué razón no le se lo explicó claramente a la propia RLP para que fuera ella, debidamente informada, la que decidiera en cualquier caso el curso de los hechos.

Esto debe resaltarse por cuanto conocemos a través de las «guías técnicas para la atención integral de los abortos no punibles», por citar una, la de junio de 2010, en cuanto a las condiciones preexistentes se indica por ejemplo, que las infecciones del tracto reproductivo inferior (ITRS) al tiempo del aborto, debe ser tratado inmediatamente en lugar adecuado con antibióticos y luego llevar a cabo la practica.- Es decir que se aconseja retrasarla pero no suspenderla.- De ninguna decisión relativa a esto participó la joven paciente.

El acusado no podía ignorar dos situaciones desde que le constaban conforme a la hoja de derivación, primero, que la joven cursaba un embarazo no deseado y, segundo, que había ingerido medicación en dosis como para que no quedaran dudas sobre que había decidido llevar adelante su voluntad de interrumpirlo, agrego aquí nuevamente, consecuencia directa de la negación del médico traído a juicio ya merituada en relación a los sucesos del 29 de marzo.- No respondió esto el acusado ni contra argumentó su defensa en el debate desde que afirmaron rotundamente la existencia del foco infeccioso cuya atención había que priorizar para evitar la muerte o mitigar el riesgo a la vida de la embarazada.- No se acredito esa circunstancia en el juicio y la prueba permite descartarla.- No califica como buen argumento defensivo afirmar que la inexistencia del mentado foco infeccioso no se puede sostener, más allá de la nota de derivación, por no haber citado la Fiscalía a la profesional al juicio para ratificarlo. Ello así desde que en el modelo adversarial puro también compete esa tarea a la defensa, en ese caso para descalificarla.De tal forma, si el defensor dudaba o quería profundizar y cuestionar las razones que tuvo en consideración la médica Jalil para consignar la ausencia de foco infeccioso, debió convocarla a juicio para su correcta interrogación. No lo hizo.- Acto propio.- En efecto, quedó dicho que la nombrada al disponer la derivación descartó ello expresamente.

Al momento del ingreso el acusado tampoco consignó esa información cuando el único testigo médico que sostiene la presencia del foco infeccioso, Dr. Berutti, en apoyo a los dichos del acusado, reconoció que se trata de un verdadero diagnostico y que, como tal, de existir, debe consignarse en la historia clínica.- El forense Gustavo Breglia señaló, como bien lo destacó la Fiscalía, que no había indicadores de riesgo de vida y que con los datos que contaba el día 02 no era acertado suponer la presencia de un foco infeccioso o de un proceso de esa naturaleza.

Detalló, para explicar su postura, que el valor de laboratorio que fuera informado el día de los hechos no era anormal para una embarazada, como para pensar en infección pues tal dato no puede computarse aislado sino con la fórmula y el desglose en porcentajes, desde que toda la bibliografía indica que si la forma leucocitaria informa 0% de neutrófilos en cayados, se debe descartar la presencia de infecciones, por cuanto de existir la misma, produce la ruptura de los mismos y la aparición dichos neutrófilos.

El perito oficial explicó también que la ingesta de Oxaprost genera aumento de la temperatura corporal y cambios en la dinámica uterina, por lo que la presencia de estos dos síntomas en la paciente se explicaba por esta ingesta y no por la presencia de un foco o proceso infeccioso.- Nada de esto pudo escapar al conocimiento de un medico ginecólogo de la experiencia y trayectoria del funcionario acusado.

No puede comprometer la defensa la solidez del testimonio del forense Breglia, en definitiva corroborando una información plasmada en la documental médica, aludiendo a que su especialidad esla traumatología o que tenía poco tiempo de desempeño en el Poder Judicial a esa fecha. Soslaya tal postura que el nombrado es médico legista desde antes de ingresar a la justicia y su formación es la adecuada al cargo que desempeña.- La mera invocación de semejante cuadro ó diagnóstico en forma tardía, más el intento fallido de probarlo por vía de un testigo médico que declaró en el debate con supuesto rigor científico, a todas luces disimulando convicciones de otro tipo, por respetables que fueran, ajenas a la ciencia médica; desnudan la absoluta falta de justificación del proceder del funcionario medico acusado.- Lo propio puede decirse de su alegado desconocimiento de la voluntad de la paciente por no haber accedido a los formularios que ordena la Ley.- Los formularios estaban a la fecha firmados por la paciente como rotundamente afirmaron las profesionales del nosocomio de F. Oro y pretender ignorarlo es otra excusa injustificada del acusado.

En el marco de la diligencia que ordena la ley y la jurisprudencia citada de la CSJN debe decirse que si abrigaba dudas pudo y debió requerir su presentación y tampoco lo hizo.- En ambos puntos hay un claro indicio de mentira, pues si bien el acusado sostiene que le informó a la paciente del riesgo que corría y se hacia necesario prevenir, esta lo niega rotundamente, a lo cual debo sumar que el la audiencia de formulación de cargos R. L.dijo no recordar tampoco en esta oportunidad haberle preguntado concretamente si quería realizarse el aborto.- Si a esto sumamos la administración de fármacos para contener o revertir el proceso anteriormente iniciado por la propia paciente; no puedo menos que concluir que el acusado nunca tuvo siquiera la menor intención de contemplar efectuar la practica que reclamaba aquella ni brindarle ninguna explicación.- Hay aquí un valimiento de su posición de profesional medico frente a una joven mujer humilde y con escasos recursos comunicativos como quedó evidenciado en la audiencia, la que además no contaba con la contención adecuada desde que solo se acompañaba con su hermana.- Advierto que en todo momento mantuvo el acusado una actitud negadora de la practica medica que se le demandaba, a la cual estaba obligado por Ley, intención que oculta detrás de excusas de diversa índole, las cuales además insisto no las informó como era su obligación respetando el derecho de la paciente RLP a disponer de su cuerpo y su salud.- Allí radica a mi criterio el dolo que el tipo requiere.

En este contexto puedo afirmar, citando el fallo «López», recurso de apelación 2080, del tribunal que integré junto a la Dra. Alejandra Berenguer y Dr. Julio Sueldo, hasta mediados de 2017, ex Cámara Primera del Crimen de esta ciudad, que existe «el deber de juzgar con perspectiva de género en tanto este enfoque se hace cargo de detectar los impactos diferenciados que una norma genera y de buscar soluciones a través del derecho. Lo que determina si en un proceso se debe o no aplicar la perspectiva de género es la existencia de situaciones asimétricas de poder o bien de contextos de desigualdad estructural basados en el sexo». En consecuencia de lo dicho a esta segunda cuestión la respondo positivamente. ASI LO VOTO.- Obiter dictum debo responder dos posicionamientos finales de la defensa en torno al caso en su alegato de clausura.El primero referido a que la generalidad de los profesionales de la salud, a partir del presente fallo, debería tener prevenciones especiales dadas las consecuencias penales de sus conductas en casos de aborto.

Tal conclusión es incorrecta. El acusado es objeto de reproche fundamentalmente por su condición de funcionario p úblico y no de medico ginecólogo. Funcionario público que, pudiendo haber ejercido el derecho de objeción de consciencia, no lo hizo razón por la cual se coloco voluntariamente en posición de garante de la aplicación de la ley provincial cuyo incumplimiento se le reprocha, para toda mujer victima de violación.- No es un caso de mala praxis médica ó de mala práctica funcional; sino de actuación contra legen de un mal funcionario público.

En cuanto al segundo argumento de la defensa por el que reclamó que este magistrado tomara la decisión conciente que era observado por el nacido que, según dijo, a la fecha contaría con dos años de edad; es más que evidente que no es un argumento ni adecuado al caso ni tampoco jurídico. Sin embargo habré de responderlo desde la razón.

El sólo hecho de considerarlo importaría juzgar con disvalor la decisión que, al amparo de la Ley, tomo una joven mujer ultrajada que acudió al sistema publico de salud de la provincia en la búsqueda de una respuesta que le fue negada por la conducta omisiva del acusado.

Viene al encuentro de este magistrado un párrafo del precedente FAL del STJ de Chubut que juzgo adecuado para abonar lo que digo. Es aquel que reza que «es evidente que frente a la colisión de intereses y bienes jurídicamente protegidos -vida humana vs. Libertad sexual-autodeterminación-, en el caso de la concepción producida por violación-abuso sexual con acceso carnal- la ley, hace prevalecer al segundo, sobre el primero. (Conf.: Gil Domínguez, Fama, Herrera, «Derecho Constitucional de Familia», Ediar, Bs. As., 2006, Tomo II, págs.1022, 1023).- Las consideraciones precedentes dejan en claro que la sentencia que se dicte, no decide sobre la vida del feto, sino sobre la salud de la madre. Voy a recordar que, para reconocer el daño ya producido en la integridad psicofísica y el peligro permanente de su agravamiento, hay que asumir que la experiencia traumática sólo puede ser vivida por una mujer» (del voto de la Dra. A. E.C. Ruiz, Expte. T.S. s/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo).- A LA TERCERA CUESTION: El Dr. Álvaro Meynet dijo: La conducta del acusado encuadra como incumplimiento de los deberes del funcionario público.- En efecto, el tipo penal del Art. 248 del CP consiste en dictar resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.

De acuerdo a la norma interpretativa de la ley penal argentina (Art. 77 Ibíd) por los términos «funcionario público» y «empleado público», se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente.

Edgardo Alberto Donna en Derecho Penal, Parte Especial, Tomo III, Pág.189, sostiene que la modalidad de la no ejecución de leyes cuyo cumplimiento le incumbe, consiste en omitir cumplir con la ley pero de una manera intencional, esto es, con dolo, de manera que queda de lado toda conducta negligente.

Se trata de una omisión que consiste en la inobservancia de la ley, esto es, no hacer, no ejecutar, no cumplir lo que la ley manda expresamente hacer al funcionario dentro de su autoridad funcional.- Es una forma de omisión impropia ya que el funcionario está obligado a cumplir con la ley, de manera que tiene en este caso una posición de garantía que surge de la calidad de funcionario, que por otra parte especializa el delito.- No hay dudas que se trata de un delito doloso y de dolo directo ya que como se dijo el autor tiene conocimiento de la ilegalidad de su accionar y sin embargo actúa con un plus subjetivo. En el aspecto volitivo el sujeto debe tener la voluntad de oponerse a la ley, de desconocerla, aunque no se alcance la mala aplicación o interpretación de ella.- Si bien no reconoce una única forma de consumación no tratándose de delitos de resultado material, basta la acción en su caso o la omisión en otro para que se consume el tipo.- En este último caso la consumación se dará cuando la ley debía ser ejecutada sin que ello sucediera.- Para finalizar debo decir que no encuentro debidamente fundada la petición de encuadre del caso en un supuesto de violencia obstétrica reclamado por la fiscalía como sub-especie de la violencia de genero, al menos en el hecho o circunstancia puesta en relieve por el acusador publico.

En efecto, el concepto está definido en la ley de protección integral de las mujeres 26485 Art.6 inciso e como aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalizacion y patologización de los procesos naturales con arreglo a la ley 25929 conocida como ley del parto humanizado.- Sin embargo encuentra la infracción a la ley en la circunstancia de administrarle el facultativo acusado un supositorio como medida terapéutica lo cual a su juicio revictimiza a una mujer que fue abusada sexualmente mediante acceso carnal o en el menor de los casos la humilla.- No encuentro probada esa circunstancia por dos motivos: 1. porque no se determinó que lo administrara personalmente en todo caso en infracción a alguna de las pautas aludidas en el Art. 2 de la ley citada y 2do porque tampoco se acreditó que resultara tal presentación inadecuada para el tipo medicamento de que se trata.

Al menos a mi juicio, la apreciación de la acusación no es clara en este punto y en el mejor de los casos aparece ajena a la conducta de reproche desde que no agrega un «plus» que pueda sumar a la actividad del autor como agente del delito.-ASI LO VOTO.

A LA CUARTA CUESTION:

El Dr. Álvaro Meynet dijo:

Que en la audiencia de cesura, se efectuaron convenciones probatorias y se produjo prueba testimonial. Las partes alegaron también con base en la prueba del juicio contenida en el soporte digital.

Al cabo solicitaron lo siguiente: la Fiscalía, que se le imponga la pena de un año y ocho meses de prisión en suspenso, el doble de tiempo para inhabilitación para ejercer la medicina mas pautas de conducta de rigor y las que especialmente sugiere para el caso.- La defensa postuló como justa la pena de tres meses de prisión en suspenso.Entendió que la inhabilitación requerida no era posible en razón del tipo delictivo atribuido a su asistido que reconoce como bien jurídico tutelado a la administración pública y que cualquier otra tampoco podía ser impuesta por el Tribunal en tanto que no formó parte del reclamo específico del acusador. Subsidiariamente postuló seis meses de inhabilitación para ejercer la medicina en el exclusivo ámbito de la salud pública.

Previo ingresar en la mensuración específica de la pena aplicable debo destacar que la inhabilitación especial para este delito aparece como pena conjunta (no alternativa) razón por la cual procede más allá de cualquier disquisición o yerro de la parte acusadora. Se advierte una clara conjunción precisamente por el tipo de delito de que se trata, el cual, como queda dicho, solo puede ser cometido por un funcionario público.- Resulta así inescindible.

Incluso en el marco en el que debatieron las partes, al coincidir en la aplicación del dispositivo del Art. 26 del CP en beneficio del condenado en tanto permite suspender la pena de prisión bajo las pautas del Art. 27 bis del mismo texto legal, la inhabilitación juega un rol fundamental. Ello así desde que su ejecución siempre habrá de ser impuesta en forma efectiva.- En cuanto al tipo o clase de inhabilitación especial que en derecho corresponde a mi entender destaco en primer lugar que asiste razón a la defensa en cuanto a que se trata, aquel por el cual el acusado fue declarado responsable, de un delito que con sus especiales contornos, agrede o atenta fundamentalmente a la administración pública en tanto bien jurídicamente tutelado por la norma y que por su estructura insisto solo lo puede cometer un funcionario público que, en este caso especial, es además un profesional de la medicina.- Empero va de suyo dada la atribución delictiva que hizo la acusación pública, prevalece aquella capacidad funcional en la que cometió el delito sobre esta última ocasional condición.Es decir, que la inhabilitación va a estar direccionada eventualmente a corregir, modificar o prevenir la conducta futura de un mal funcionario publico remiso al cumplimiento de sus obligaciones mas que a un médico que realiza practicas contra la voluntad de los pacientes aun cuando resulten al caso habilidades concurrentes.

Se trata de una sanción complementaria al autor del delito en tanto este constituya la violación de los deberes que impone un determinado empleo, cargo, profesión o derecho.

En el caso en examen ha sido indudablemente aquella condición de funcionario publico la relevante para cometer el delito puesto que como médico privado el agente, en iguales circunstancias, no habría cometido infracción penal alguna.- R. L., conforme a la acusación que se le dirigió, delinquió en tanto funcionario publico mas que por su condición especial de medico.- No fue acusado por el Ministerio Publico Fiscal de realizar una mala praxis médica. No pueden entonces considerarse aplicables al caso los precedentes jurisprudenciales citados.- De modo que la inhabilitación que corresponde imponer es la especial para desempeñar cargos o empleos públicos, sea por elección popular o por designación de autoridad competente puesto que lo que se procura evitar es que el funcionario permanezca en la actividad en la cual cometió el delito.- En otras palabras, L. R. L. no es un medico inepto o inhábil para el ejercicio de su profesión sino un médico que en su calidad de funcionario publico incumplió y no ejecuto una legislación que le incumbía cumplir y hacer cumplir por hallarse en la órbita de sus competencias funcionales.Es, en cualquier caso, un mal funcionario no un mal médico.

Paso a continuación a la ponderación de los pará metros aplicables para mensurar la pena considerando que el delito por el que fue declarado responsable contempla una pena privativa de la libertad cuyo rango se establece en un mínimo de un mes y en dos años de prisión de máxima y el doble de tiempo de inhabilitación especial para desempeñar cargos públicos según las consideraciones preliminares.- Entiendo en primer lugar como pautas especialmente agravantes la naturaleza de la acción y la extensión del daño y el peligro causado.- En cuanto a la acción en particular pondero que no se trató de un incumplimiento funcional cualquiera pues su autor se valió del engaño al no informar acabadamente a su paciente sobre sus procederes y motivaciones, sean médicas, terapéuticas o de cualquier otra índole.

Lo propio hizo con sus familiares directos, madre y hermana.

La singular acción delictiva achacada a R. L., allende el perjuicio a la administración pública provincial por las razones que invocara correctamente el Sr.Fiscal, incorporó también como sujeto pasivo del daño a RLP pues la conducta de aquel la privó del ejercicio del derecho a interrumpir su embarazo, en las condiciones y con las garantías de la ley, como dueña de su cuerpo y su salud en su comprensión tridimensional, esto es, física, mental y social.

La licenciada Salto fue a mi juicio contundente al referir a las secuelas que dejo el hecho en la psiquis de la joven a propósito de la conducta del medico funcionario, que trasuntara en reiterados episodios graves de autoagresión.- No es difícil estimar en este punto que al dilema de hacerse cargo de una decisión propia, ciertamente irreversible, para asumir luego sus consecuencias de manera absolutamente conciente; el proceder del acusado sumó a RLP otro, el de convivir con una decisión ajena, la de quien obrando como dueño y señor del cuerpo y la salud de ésta, la expuso a otras consecuencias para las que seguramente no estaba preparada.- Ese es el presente que ahora transita la joven según lo indico su madre.- Estas son las circunstancias que agravan el proceder del acusado.

El Sr. Fiscal sumó en el rubro «costumbres y conductas precedentes» un supuesto consistente en el maltrato sistemático del imputado a las mujeres.- No voy a coincidir con esto sino que, por el contrario, encuentro razones válidas para descartarlo en la eficaz alegación defensiva.

Ello así porque más allá de las consideraciones que en la conducta puntual del acusado efectué en torno a la culpabilidad y que aquí dejo a salvo, no probó suficientemente la Fiscalía que el maltrato específico a las mujeres resulte un patrón en la conducta del médico sometido a juicio.- Su defensa destacó acertadamente que el testigo médico, entonces director de hospital local, Dr.Carlos Lasry, precisó que en el servicio de toco ginecología, donde se desempeña el acusado, laboran especialmente mujeres pues las pacientes lo son y los equipos de enfermería también están constituidos mayormente por mujeres.

Existen menos profesionales hombres, al caso de hoy, dos médicos y un licenciado en obstetricia.

Es cierto que hubo quejas y sumarios en los que casi exclusivamente las denunciantes fueron mujeres y si bien el acusado es sobre quien recayeron en mayor número, sin embargo no es el único hombre pues en la mayoría de los procesos disciplinarios fue sindicado como protagonista de diversas situaciones junto a otros varones e incluso a mujeres. En este sentido el testimonio de la abogada Natalia García fue ilustrativo y desdibujo este ítem de ponderación negativa al que echó manos la acusación.- De modo que aun cuando en el ámbito administrativo disciplinario lo asiste la presunción constitucional de inocencia como reclamó su defensa; tampoco los hechos que en los sumarios abiertos se ventilan muestran nítidamente en el acusado aquel comportamiento abusivo sistemático invocado por el acusador.- No hay parámetro tampoco para determinar si con sus congéneres el acusado obraba con iguales procederes. Esto es si era un sujeto irascible con todos o solo con las mujeres.- Sin parámetros seguros puede incurrirse en excesos.

En el plano de las pautas de valoración positivas estimo que es un profesional joven con arraigo en la zona, con familia a cargo, con la educación e instrucción adecuada a su formación profesional, que cuenta con buena información de abono según los testigos aportados por su defensa; que carece de antecedentes penales; lo que torna viable la aplicación de la pena suspensiva y que no reviste otra peligrosidad que no se satisfaga con la pena de inhabilitación que habré de discernir en especial en relación al ejercicio de cargos o empleos públicos.- Con base en los argumentos aquí expuestos considero justo imponer a L. J. R. L.por el delito por el cual fuera declarado responsable, la pena de un año y dos meses de prisión en suspenso mas dos años y cuatro meses de inhabilitación especial para desempeñar cargos públicos y costas del proceso.- Al imponer pena efectiva, por caso la de inhabilitación, en mi opinión no corresponde discernir pautas de conducta; pero respetando el criterio adoptado por el STJ de la provincia, en distintos precedentes, impondré solo las de rigor con más la prohibición de acercamiento a la persona de RLP.- No encuentro mayores fundamentos, ni los proporcionó la acusadora, para imponer otras pautas además de las señaladas.- Finalmente la inhabilitación impuesta, que impide al condenado acceder a cargos públicos, torna abstracta la petición de «declarativa de certeza» que efectuó la acusación, acción que por otro lado no encuentra cauce procesal adecuado en esta instancia del juicio penal.

En este punto acuerdo con la defensa.

En definitiva, por los fundamentos dados y oídas que fueran las partes, tal será la condena que habré de imponer al causante.- ASI LO VOTO.

En consecuencia de lo dicho este Tribunal:

FALLA:

1. DECLARANDO CULPABLE a L. J. R. L., cuyos datos filiatorios obran al comienzo de la sentencia, como autor de incumplimiento de los deberes del funcionario público (Art. 45 y 248 del CP).

2. IMPONIENDO a L. J. R. L., ya filiado, como consecuencia del ilícito por el que fuera declarado culpable a la pena de UN AÑO Y DOS MESES DE PRISION EN SUSPENSO, DOS AÑOS Y CUATRO MESES DE INHABILITACION PARA DESEMPEÑAR CARGOS PUBLICOS Y COSTAS DEL PROCESO (Art. 5, 20, 26, 29 Inc. 3 del CP y 191 del CPP).

3. IMPONIENDO a L. J. R. L., ya filiado, como reglas del Art. 27 bis del CP y por el plazo de dos años, las siguientes: A. Fijar domicilio. B. Abstenerse de usar estupefacientes ó abusar de las bebidas alcohólicas. C. Mantener su modo de vida dentro de los parámetros normales. D. Presentarse a informar mensualmente ante el organismo de control que corresponda sobre lo pautado en los acápites «B» y «C» como así también cualquier cambio de residencia, E. No tomar contacto por ningún medio ni bajo cualquier pretexto con RLP, todo bajo apercibimiento de revocar la suspensión de la pena.

4. REGULANDO los honorarios profesionales de los Dres. Damian Torres y Juan Carlos Chirinos, por sus labores desplegadas en la defensa del acusado, en la suma de .IUS(.) en forma conjunta (Ley 2212).

5. DISPONIENDO que la Oficina Judicial, una vez firme la sentencia confeccione el correspondiente legajo de estilo para su remisión al Juzgado de Ejecución de esta ciudad y a la liquidación de costas.

REGISTRESE, PROTOCOLICESE, COMUNIQUESE DONDE CORRESPONDA Y OPORTUNAMENTE ARCHIVESE.

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