Fraude bancario: Un banco debe responder por la sustracción de los bonos de un cliente, por no advertir una falsificación

 

 

 

Partes: Fiorani Julieta c/ Banco Piano S.A. y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 1-oct-2019

Cita: MJ-JU-M-121378-AR | MJJ121378 | MJJ121378

Responsabilidad de un banco por la ilícita sustracción de los bonos de que fue víctima un cliente, por su conducta negligente al no advertir una falsificación.

Sumario:

1.-La entidad bancaria demandada es responsable por la apertura de una cuenta apócrifa a nombre de la actora y a la cual se destinaron sus fondos, ya que no deben pasarle inadvertidas las irregularidades que pudieran resultar imperceptibles para quienes no se encuentran en la actividad.

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2.-Corresponde rechazar la excepción de defecto legal, ya que no cualquier imprecisión, oscuridad, omisión o error en los recaudos legalmente exigibles en la pieza de inicio justifican el acogimiento de la excepción de defecto legal, máxime si de la correlación de los elementos existentes surgen suficientes antecedentes para posibilitar el responde y la producción de la prueba conducente, en orden al adecuado ejercicio del derecho de defensa y atendiendo a que en la materia no debe ser exagerado el rigor formalista.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 1 días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos «Fiorani Julieta c/ Banco Piano S.A. y otro s/ daños y perjuicios», y de acuerdo con el orden de sorteo, el doctor Ricardo Gustavo Recondo dijo:

I. Surge de las constancias de autos que la señora Julieta Fiorani era titular de una cuenta comitente en el Banco de la Nación Argentina, en la cual tenía depositados 238.357 Bonos Consolidación en Moneda Nacional Cuarta Serie 2% que había adquirido en virtud de la indemnización contemplada en la ley 25.471 y decretos 1873/02 y 1077/03 de la empresa YPF S.A. Tampoco es materia de debate que mediante la utilización de un documento nacional de identidad apócrifo, fue abierta a nombre de la señora Fiorani una cuenta comitente en el Banco Piano, a la cual el Banco Nación transfirió los referidos bonos. Estos últimos fueron percibidos en su totalidad por una tercera persona desconocida, habiendo quedado la cuenta con un saldo de $ 0 (ver documental de fs. 10/19, 79/265 y 619/697; informativa de fs. 509/525, 546, 701/708 y 711/712; peritaje contable de fs. 956/960 y contestación de fs. 984; peritaje caligráfico de fs.1056/1060; y causa penal N° 3.201/2009).

En este contexto fáctico, la señora Fiorani inició las presentes actuaciones, mediante las cuales demandó al Banco Nación y al Banco Piano S.A. la indemnización de los daños y perjuicios padecidos a raíz del hecho relatado en el párrafo que antecede (ver escrito de inicio, fs. 21/33).

El señor juez de primera instancia rechazó con costas por su orden la acción contra Banco Piano S.A.y, en cambio, la admitió parcialmente contra el Banco Nación, entidad a la cual condenó a pagar la suma de pesos resultante de la liquidación a practicarse de acuerdo a las pautas que indicó y las costas del juicio (fs. 1171/1185).

Contra dicho pronunciamiento se alzaron todas las partes a fs. 1198/vta., 1200 y 1202, recursos que fueron concedidos a fs. 1199, 1201 y 1203. El memorial del Banco Nación luce agregado a fs. 1245/1250vta. y el del Banco Piano, a fs. 1251/1255, mientras que el de la actora fue declarado extemporáneo (ver fs. 1272). Sólo contestó el traslado la accionante a fs. 1279/1292 y 1293/1297.

El Banco Nación cuestiona la responsabilidad que le fue endilgada a su parte (fs. 1245vta./1248, punto II.a) y la procedencia y cuantificación de los rubros indemnizatorios (fs. 1248/1249vta., punto II.b), mientras que el Banco Piano se queja de la forma en la que fueron impuestas las costas por la relación procesal que la vinculó con la parte actora.

II. Corresponde en primer término tratar el recurso de apelación interpuesto a fs. 437 contra la sentencia interlocutoria de fs. 414/415vta., el cual fue concedido en relación y con efecto diferido a fs. 438, fundado a fs. 1242/1244vta. y replicado a fs. 1276/1278.

Mediante el aludido pronunciamiento se rechazó la excepción de defecto legal que había sido interpuesta por el Banco Piano en su escrito de responde (ver fs. 312vta./313vta., punto II.1), con costas a la demandada. Es este último aspecto el que cuestiona la entidad bancaria.

Adelanto mi posición en sentido contrario a las pretensiones de la recurrente, en el entendimiento de que no se advierten en el sub examen circunstancias de excepción que autoricen la exención de costas. Ello, habida cuenta de que la parte actora, al contestar el traslado de la excepción (fs. 327/328), reiteró la necesidad de practicar un peritaje contable a los fines de determinar las sumas representativas del producido de los bonos objeto de las presentes actuaciones.A lo que se suma el hecho de que al abonar la tasa de justicia solicitó el diferimiento de la parte correspondiente al daño material que debía ser determinado por el experto contable (fs. 48/vta.), lo cual fue concedido por el a quo (fs. 49). En atención a ello, mediante el pronunciamiento glosado a fs. 414/415vta., el juez de grado consideró que la indeterminación del monto pretendido respecto de las amortizaciones y el valor de la cantidad residual de bonos resultaba inatendible, pues no era dudoso sostener que la cuantificación del reclamo materia de esta litis sólo podía establecerse -en forma seria y no a partir de un cálculo antojadizo- con la realización de la pericia contable pertinente. Consecuentemente, rechazó la excepción de defecto legal, imponiendo las costas a la excepcionante.

Pues bien, sabido es que no cualquier imprecisión, oscuridad, omisión o error en los recaudos legalmente exigibles en la pieza de inicio justifican el acogimiento de la excepción de defecto legal, máxime si de la correlación de los elementos existentes surgen suficientes antecedentes para posibilitar el responde y la producción de la prueba conducente, en orden al adecuado ejercicio del derecho de defensa y atendiendo a que en la materia no debe ser exagerado el rigor formalista, sino que primordialmente se debe hacer mérito de la finalidad del instituto (conf. Sala 1, causa 5.059 del 5/02/88).

En definitiva, no se observa cercenamiento alguno al adecuado ejercicio del derecho de defensa de la demandada, lo que obsta a la procedencia de excepción alguna al principio objetivo de la derrota. Se confirma, en consecuencia, el pronunciamiento de fs. 414/415vta.

III. Corresponde abocarme entonces al estudio del agravio del Banco Nación, relativo a la responsabilidad que a dicha parte le fue endilgada (fs.245vta./1248, punto II.a).

En sustento de su defensa, la recurrente sostiene que al momento de la apertura de la cuenta por el tercero desconocido, no existían en sus registros datos de la señora Fiorani que le hubiesen permitido corroborar la identidad de quien se presentaba, mientras que la única diligencia que su parte pudo adoptar consistió en verificar que el documento nacional de identidad no presentase signos evidentes de falsificación.

Lo primero que debo poner de resalto es que en el campo de la responsabilidad tanto contractual como extracontractual, si bien el acaecimiento del daño ha quedado demostrado, los presupuestos de la responsabilidad civil exceden la existencia del perjuicio, ya que también requieren la imputabilidad de la demandada a título cuanto menos de conducta culposa. Respecto de este último presupuesto, se trata de demostrar la omisión de esa normal diligencia que le es exigible al banco, es decir, si medió por parte de aquél un incumplimiento de los deberes de custodia del dinero y de las personas para las cuales pone a disposición el servicio que presta.

Pues bien, teniendo en cuenta que la actividad bancaria adquiere día a día mayor incidencia en la sociedad moderna, es dable exigir a las entidades financieras que obren con la atención y cautela que se corresponda con tal trascendencia, a fin de evitar la atribución de responsabilidad de conformidad con lo exigido en el art. 902 del Código Civil. Bajo este enfoque es que, frente al cliente, el banco asume responsabilidades derivadas no sólo de una relación contractual determinada, sino las que simplemente son consecuencia de la relación banco-cliente, aunque no hubiera contrato concluido formalmente, cuando existan relaciones contractuales de hecho o aun de subyacentes contratos a favor de terceros, donde el cliente asume el rol de beneficiario.Con fundamento en esa relación -cualquiera sea la índole o modalidad que asuma en el caso concreto-, cabe señalar que la entidad financiera posee el deber de custodia y seguridad de los fondos que de un modo u otro le fueron confiados.

En tales condiciones, para que proceda la responsabilidad con base en la obligación de seguridad no hace falta que medie un incumplimiento a un deber específico, porque existe un deber tácito de seguridad que deriva de la buena fe. Por lo que sí hace falta, por ende, un incumplimiento a aquel deber genérico.

Del análisis de los elementos aportados a la causa y de la forma en la que se sucedieron los hechos, llego a la conclusión de que la demandada no cumplió adecuadamente con el aludido deber de seguridad a su cargo, incumplimiento que se encuentra en relación de causalidad adecuada con el daño objeto de reparación, pues las evidencias revelan la presencia de una relación temporal y espacial que permite tener por acreditada la existencia de conexión entre el daño padecido por la actora y la responsabilidad atribuida al banco.

En el contexto descripto, es claro que la viabilidad de la falsificación no puede ser medida con los parámetros aplicables a cualquier persona, sino a quien, por su oficio en los cotejos, no deben pasarle inadvertidas las irregularidades que pudieran resultar imperceptibles para quienes no se encuentran en la actividad. Porque no es la mera falsificación grosera la que obliga al banco, sino la que, luego de una atenta observación, permita sospechar de cualquier anomalía que presente el documento o título que sea. El deber de resarcir de las entidades financieras debe ser juzgado de acuerdo a las normas de la responsabilidad profesional, ya que es indudable que el banquero organizado en forma de empresa realiza actos de comercio conforme al art. 8, inc. 3º, de la ley mercantil, haciendo de ellos su profesión habitual.

Debe entonces ponderarse el grado de responsabilidad por la condición especial del demandado en su rol de entidad bancaria.El accionar del Banco resultó culpable especialmente teniendo en cuenta que el Banco de la Nación Argentina es un comerciante que razonablemente tiene un alto grado de especialización. En consecuencia, se encuentra obligado a obrar con máxima prudencia y conocimiento de las cosas y ajustarse a un estándar de responsabilidad agravado (arts. 902 y 909 del Código Civil).

Corresponde, en consecuencia, confirmar el decisorio en crisis en el aspecto que se examina.

IV. En punto a la procedencia y cuantificación de los rubros indemn izatorios (ver agravio del Banco Nación de fs. 1248/1249vta., punto II.b), el planteo tampoco puede recibir favorable acogida.

En efecto, al cuestionar la procedencia del daño moral, la recurrente funda su defensa en el carácter sancionatorio del rubro.

Pues bien, sabido es que ello no es así, toda vez que el daño moral se caracteriza por los padecimientos o molestias que hieren las afecciones de quienes lo sufren. A mayor abundamiento, señalo aquí que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación pone punto final al debate relativo al carácter -sancionatorio o resarcitoriode este tipo de reparación del daño, toda vez que el art. 1741 in fine alude a «las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas» por la indemnización de las consecuencias no patrimoniales del daño.

Y en cuanto al valor de las amortizaciones de los bonos, que el sentenciante difirió a la etapa de ejecución de la sentencia que deberá ser calculado por un experto contable, la recurrente alega que se trata de un daño eventual o hipotético que no debe ser reparado. Sin embargo, por todo lo dicho en los considerandos precedentes, la indemnización cuestionada resulta ser una consecuencia directa de la ilícita sustracción de los bonos de la que fue víctima la señora Fiorani por la conducta negligente de la entidad bancaria demandada.Con esta línea argumental planteada por dicha parte, no encuentro razones de peso suficiente que me permitan revertir lo decidido en la instancia de grado.

V. Resta tratar el planteo del Banco Piano, dirigido a cuestionar la forma en la que fueron impuestas las costas de primera instancia por la relación procesal que la vinculó con la parte actora (fs. 1251/1255).

Pues bien, la regla general en la materia que rige nuestro ordenamiento procesal no implica una suerte de penalidad para el litigante vencido, sino que tiene por objeto resarcir a la contraria de los gastos en que la conducta de aquél la obligó a incurrir. De allí que la exoneración de su pago revista carácter excepcional y sea de interpretación restrictiva. Los gastos causídicos importan sólo el resarcimiento de las erogaciones que la parte debe o ha debido efectuar, de manera que es la actuación con derecho la que da verdadera objetividad a su imposición. Así las cosas, frente al hecho objetivo de la derrota, la distribución de las costas por su orden constituye una hipótesis de excepción que puede tener lugar ante cuestiones originales o dudosas de derecho o frente a situaciones de hecho que revistan singular complejidad (conf. Sala 1, causa 7.201/02 del 15/11/07, y sus citas).

En este contexto, dadas las circunstancias fácticas del sub examen, estimo que se verifican las circunstancias objetivas que permiten hacer excepción al principio objetivo de la derrota consagrado en la primera parte del art. 68 del ordenamiento ritual, con la consiguiente exención de costas al derrotado, quien pudo haberse creído con derecho a litigar contra el Banco Piano.

Por los fundamentos que anteceden, corresponde confirmar la sentencia apelada, en cuanto ha sido materia de agravios, con costas de Alzada a cargo de cada una de las recurrentes, en relación a sus respectivos recursos (art. 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Así voto.

La doctora Graciela Medina, por análogos fundamentos, adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto de lo que doy fe.

Buenos Aires, de octubre de 2019.-

Y VISTO: lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo precedentemente transcripto, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, en cuanto ha sido materia de agravios, con costas de Alzada a cargo de cada una de las recurrentes, en relación a sus respectivos recursos (art. 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Una vez practicada la regulación de honorarios de primera instancia, el Tribunal efectuará las regulaciones de honorarios que se vinculan con la alzada El doctor Guillermo Alberto Antelo no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).

Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase.

Ricardo Gustavo Recondo

Graciela Medina

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