El derecho a la información pública: El Estado Nacional debe entregar información sobre el empréstito público acordado con el FMI durante el 2018

Partes: Codianni Eduardo Julio c/ Estado Nacional s/ amparo ley 16.986

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 12-sep-2019

Cita: MJ-JU-M-121223-AR | MJJ121223 | MJJ121223

Se ordena al Estado Nacional a que entregue información sobre el empréstito público acordado con el Fondo Monetario Internacional durante el año 2018.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia y ordenarle al Estado Nacional que informe respecto de la existencia o inexistencia de la información clara, precisa, completa, detallada, suficiente y oportuna sobre diversas cuestiones vinculadas con el empréstito público acordado con el Fondo Monetario Internacional durante el año 2018 y, en su caso, que proceda a su entrega, pues se verifica que la demandada no cumplió íntegramente con el deber de proveer la información y que, en consecuencia, al no fundar debidamente su negativa, ni invocar que mediase en el caso alguna de las excepciones previstas en el art. 8 de la Ley 27.275.

2.-Teniendo en cuenta el alcance de la pretensión de autos y siguiendo las pautas establecidas por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en precedentes análogos, se impone concluir que le asiste razón al apelante para agraviarse; en efecto, no surge acreditado que la parte demandada hubiera otorgado una respuesta a aquél en relación con la existencia o inexistencia de actos previos a la firma de acuerdos o de cláusulas de prórroga de jurisdicción, como así tampoco que se hubiera expedido en torno a la copia de los acuerdos celebrados con el Fondo Monetario Internacional.

3.-El acceso la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación de la gestión pública través del control social que se puede ejercer con dicho acceso, y en tal contexto, la negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia y a la publicidad de gestión de gobierno, pilares fundamentas de una sociedad que se precie de ser democrática.

4.-La Corte Suprema expresó en cuanto a la legitimación pasiva que para que los Estados cumplan con su obligación general de adecuar su ordenamiento interno con la Convención Americana en ese sentido, no solo deben garantizar ese derecho en el ámbito puramente administrativo o de instituciones ligadas al Poder Ejecutivo, sino a todos los órganos del poder público; por lo tanto, la jurisprudencia de la Corte permitiría afirmar que, al regular y fiscalizar las instituciones que ejercen funciones públicas, los Estados deben tener en cuenta tanto a las entidades públicas como privadas que ejercen dichas funciones, lo importante es que se centre en el servicio que dichos sujetos proveen o las funciones que ejercen.

5.-En una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto un sistema restringido e excepciones, pues el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas.

6.-Cabe admitir los agravios vertidos en relación con la entrega de la información requerida en soporte digital pues su cumplimiento no generaría labor ni perjuicio alguno a la demandada.

Fallo:

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2019.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I- Que, por sentencia del 13 de mayo de 2019, el Sr. Juez de Primera Instancia rechazó la presente acción de amparo, con costas por su orden. Para así decidir, señaló que el actor había requerido “información clara, precisa, completa, detallada, suficiente y oportuna” sobre diversas cuestiones vinculadas con el empréstito público acordado con el Fondo Monetario Internacional durante el año 2018, específicamente: (I) texto completo del contrato firmado o a ser firmado entre las partes; términos de referencia, todos sus anexos y cualquier documentación conexa o complementaria ambos empréstitos “credit stand by” contraídos o a contraerse con el FMI; (II) condiciones establecidas en el marco de dichos empréstitos; entre ellas, si se han suscripto cláusulas con prórroga de jurisdicción hacia tribunales extranjeros arbitrales, administrativos /o judiciales para resolver controversias derivadas del empréstito; (III) informes, dictámenes y/o cualquier otro documento donde las reparticiones públicas con competencia en la materia se hayan expedido con carácter previo a la toma de tales empréstitos, sobre el impacto y distribución presupuestaria prevista para afrontar las condiciones dispuestas por los créditos en cuestión; (IV) detalle de las características financieras de ambos acuerdos; entre ellas, como mínimo: montos acordados, modalidad y plazo de desembolso de fondos, costos financieros (tasa de interés, cargos y otras comisiones), aforos y toda otra característica financiera que pueda incidir en la carga de los compromisos a ser atendidos; (V) expediente/s administrativo/s donde se desarrollaron los procedimientos previos a la toma de las decisiones administrativas pertinentes para contraer el empréstito en cuestión, con informe de:números de expedientes y entrega de copia completa de su contenido (en especial, dictámenes, informes técnicos y documentos, donde conste la intervención de los organismos de asesoramiento y control nacionales, así como todo acto administrativo dictado en el contexto del mismo); (VI) respecto del documento fechado el 12/06/2018 que el Ministerio de Hacienda ha publicado en la página web, el cual correspondería a la carta de intención dirigida por Sturzenneger y Dujovne a la Sra. Lagarde y su anexo “Memorándum de Políticas Económicas y Financieras”, correspondiente al primero de los empréstitos (simples pdfs carentes de sellos oficiales, membrete, fechas auténticas o referencia a expediente alguno), se entregue copia de los documentos originales y de todos los informes o dictámenes técnicos que se produjeron con carácter previo a definir el contenido y alcance de dichos documentos; (VII) respecto de esa carta de intención dirigida por Sturzenneger y Dujovne a la Sra. Lagarde y su anexo “Memorándum de Políticas Económicas Financieras” correspondiente al primero de los empréstitos, informe y entregue copia de la normativa pertinente que habilitaba su suscripción por parte de dichos funcionarios, o bien del acto o actos administrativos que así lo hubiesen autorizado.

Asimismo, el Sr. Juez de la instancia anterior puso de resalto que -por su parte- el Estado Nacional al contestar el informe de ley, había reseñado el trámite otorgado a la presentación efectuada por el actor, señalando que a los efectos de cumplir con el requerimiento, la Dirección de Información Ciudadana del Ministerio de Hacienda dio intervención a la Secretaría de Política Económica y el 28 de diciembre de 2018 cursó respuesta al Sr. Codianni con el informe producido en el ámbito de dicha Secretaría (NO-2018-68099592-APN-DIC-MHA); así como que el mismo día, presentó la nota y el informe de respuesta en el Correo Argentino para su envío vía postal al peticionante.Señaló que posteriormente (el 3/01/2019), ante el correo electrónico enviado por el actor el mismo día (advirtiendo sobre dificultades para acceder a la página web e indicando que las cuestiones no informadas serían requeridas nuevamente), la Dirección de Información Ciudadana le respondió por la misma vía (IF – 2019-21780359-APN-DIC-MHA) informando que: “3) Para cualquier aclaración y/o ampliación de la respuesta puede realizar otra presentación por la mesa de entradas o remitirla por correo electrónico haciendo referencia al expediente de la solicitud original. Asimismo, indicó: “Quedo a su disposición, por cualquier consulta, en ese sentido también puede comunicarse a los teléfonos.” (v. doc. glosada a fs. 92). Destacó que el demandado había señalado que con posterioridad a la comunicación vía correo electrónico y a la respuesta por la Dirección de Información Ciudadana (ambas del 03/01/2019), “.no existe ningún pedido de información pública hecho por el requirente, ni comunicación suya a ella referida. Sin embargo, casi dos meses después, el 27 de febrero de 2019, Codianni presenta la acción de amparo que tramita en estos autos” (v. fs. 109). Destacó que la demandada había concluido que “La Administración no se ha negado a brindar la información relacionada con el objeto de la solicitud. Lejos de ello, brindó oportuna respuesta y manifestó plena disposición para evacuar cualquier pedido adicional” (v. fs. 110). Así, como que, en ese sentido, había puntualizado que: “.a) Ordenó, en forma inmediata, la formación del expediente y su giro al Ministerio de Hacienda para la intervención de su competencia y prosecución de su trámite, lo que fue comunicado al interesado (conf. NO-201863568270-APN-DDPSGP: v. doc. glosada a fs.57). b) La Dirección de Información Ciudadana dispuso el envío al actor de la respuesta dada el 28/12/2018 por vía postal al domicilio constituido por el requirente, al tiempo que le adelantó ésta por correo electrónico (del que el actor acusó recibo dos horas después: conf. IF-2019-03043131APN-DIC-MHA, pág. 10/10). También especificó un correo electrónico de contacto y dos números de teléfono para evacuar cualquier duda o aclaración. Asimismo, afirma que volvió a poner en evidencia su predisposición para cumplir con el cometido de información pública mediante la comunicación brindada el 03/01/2019, en respuesta al correo electrónico de ese mismo día recibido del solicitante (IF-2019-21780359 APN-DIC-MHA: fs.110 vta). c) Ninguna de las dependencias intervinientes demoró el trámite del pedido ni opuso excepciones, por lo que su conducta fue de absoluta diligencia y predisposición para satisfacer el pedido del actor en cumplimiento de la ley. d) Destaca que el funcionario encargado de responder el segundo requerimiento hizo saber al actor: Respecto de la consulta de documentos publicados en la web del Ministerio de Hacienda (y a pesar de que no se detectó ningún inconveniente con el link ni con la página web ni con la posibilidad de consulta de los documentos), un mecanismo alternativo para acceder al link informado y en relación del envío postal, le informó que se encontraba en el centro de procesamiento del correo, aclarando que se trataba del mismo material remitido por correo electrónico vía email. Finalmente, respecto de la eventualidad de pretender realizar una nueva solicitud, detalló los mecanismos que debía utilizar para solicitar cualquier aclaración y/o ampliación: remitir un nuevo correo electrónico haciendo referencia al número de expediente original. Finalmente, la funcionaria puso de manifiesto su plena disposición para cumplir con el cometido de información pública.e) El 04/01/2019, el oficial del correo se apersonó en la dirección brindada por el actor sin poder entregar la documentación, reiterando la visita el 037/01/2019, por encontrarse el domicilio “cerrado/ausente” y dejó “aviso de visita”; sin que nadie se contactara con el Correo para retirar el envío, por lo que el 15/01/2019 se dispuso la devolución de la correspondencia al remitente. f) Con motivo de tomar conocimiento de la presente acción, practicó una nueva comunicación al actor haciéndole saber que, sin perjuicio de la respuesta oportunamente cursada y a fin de no dilatar el acceso a la información, se encontraba a su disposición, para su consulta o retiro, copia de los expedientes administrativos EX2018-29772791APN-DGD-MHA y EX2018- 52363222-APN-DGD-MHA. Ante lo cual, el 10/04/2019 el letrado patrocinante del actor, Dr. Martinelli, concurrió a la sede del Ministerio y retiró copia de éstos; por lo que, a su entender, la cuestión habría devenido abstracta.”.

En ese análisis, consideró que el amparo no podía prosperar, ya que -como había sido destacado por el Sr. Fiscal Federal en su dictamen de fs. 127/132- de la respuesta oportunamente brindada por el Poder Ejecutivo Nacional el 28/12/2018, surgía que los dictámenes previos a los que había hecho referencia el accionante como información faltante no existirían.

Al respecto, apuntó que el Estado Nacional expresamente señaló en el informe cursado que: “La firma de un acuerdo es una potestad del Poder Ejecutivo por lo que no se requieren dictámenes previos ni aprobación del Congreso Nacional. La Ley de Administración Financiera 24.156, que aplica porque somos parte del FMI desde 1956 así lo indica” (v. doc. glosada a fs. 74/78, esp. fs. 77 vta). Información que se veía reiterada, también, en la Nota NO-2018-67789479-APN-DIC-MHA, acompañada por el propio actor a fs. 69/72.Concluyó que en tales condiciones y atendiendo a las circunstancias del caso, no se advertía que hubiese mediado por parte de la demandada una denegatoria a brindar la información que se le requiriera; ni tampoco arbitrariedad y/o ilegalidad manifiesta en el temperamento adoptado que autorizara la procedencia de la vía intentada (fs. 134/9).

II- Que, contra la sentencia de primera instancia, el actor interpuso recurso de apelación a fs. 140/9, que ha sido concedido a fs. 150. El recurrente aduce que en la sentencia se ha incurrido en una interpretación arbitraria del objeto de la demanda en cuanto a la información solicitada, pues su parte no sólo requirió los “dictámenes previos” vinculados con la toma de los créditos con el FMI, sino mucho más que eso. Refiere que, en consecuencia, que tales dictámenes existan o no es irrelevante con relación al resto de las cuestiones que no fueron informadas, respecto a las cuales el amparo debió haber sido admitido. Afirma que el Poder Ejecutivo debía expedirse sobre la existencia y, en su caso, proceder a la entrega de la información y documentación requerida tanto respecto de los actos administrativos por los cuales se decidió tomar los créditos, como de la existencia de prórrogas de jurisdicción hacia tribunales extranjeros judiciales, arbitrales y/o administrativos, y sobre el acuerdo o de los acuerdos firmados entre las partes.

Por otro lado sostiene que la sentencia omitió considerar que el Ministerio de Hacienda se negó (tácitamente) a entregarle toda la documentación en soporte digital, como fuera expresamente requerido en sede administrativa. Solicita que se ordene al demandado que se cumpla con ello, por ser relevante en un contexto donde el Poder Ejecutivo Nacional trabaja con documentos y firma electrónica (conf. decreto 561/2016). Apunta que no es lo mismo contar con fotocopias de los documentos en pdf impresos desde el sistema (como le han sido entregados en sede administrativa) que con el expediente completo en formato digital.Señala que ello le permitiría controlar autenticidad, fechas de producción, inalterabilidad y otras características del documento, que no pueden verificarse en una fotocopia de papel.

Sostiene, además, que la demandada no esgrimió -en sede administrativa y tampoco en sede judicial- excepción alguna que pudiera permitirle no entregar la información solicitada. Concluye que la sentencia es arbitraria y dogmática, así como que viola abiertamente el derecho de acceder a la información requerida, que se encuentra reconocido en el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, en el art. IV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en el art. 13.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la ley 27.725. Solicita que se condene al Ministerio de Hacienda de la Nación a informar con precisión sobre la existencia y, en su caso, a entregar el contenido completo y documentación respaldatoria pertinente (en formato digital y papel) de: 1) los expedientes EX-2018-29772791-APN-DGD- MHA y EX-2018-52368222-APN-DGD-MHA; 2) los actos administrativos por los cuales se decidió tomar los créditos; 3) la existencia de prórrogas de jurisdicción hacia tribunales extranjeros judiciales, arbitrales y/o administrativos, y 4) el acuerdo o los acuerdos firmados entre las partes.

A fs. 168/73, obra el escrito de contestación de agravios que ha sido presentado por el Estado Nacional y, a fs. 177/81, el dictamen del Sr. Fiscal General, quien opina que corresponde admitir el recurso de apelación.

III- Que, en primer lugar, cabe señalar que toda vez que la parte actora procedió a subir copia digital del recurso de fs. 140/9, el 24/5/2019 (vide constancia de fs. 157), en forma previa a que fuera recibida la causa en primera instancia y que -como consecuencia de las circunstancias advertidas por este Tribunal mediante providencia de 23/5/19- se procediera a efectuar la intimación correspondiente (conf. art.120 del C.P.C.C.), resulta improcedente el planteo formulado por la parte demandada en el apartado III del escrito de fs. 168/73.

IV- Que, a fin de entrar a considerar las cuestiones recursivas planteadas por la actora, corresponde recordar que -por regla- este Tribunal no se encuentra obligado a seguir a la apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. C.S., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, “TRANSBA SA c/ ENRE- Acuerdo Nota 99868 102539 y 102731 s/ amparo ley 16.986”, del 2/10/12; “FRADECO SRL c/ EN- Mº Desarrollo Social y otro s/ proceso de conocimiento”, del 10/3/16; “Cuba Ramos, Carlos c/ EN Mº Interior OP y V- DNM s/ recurso directo DNM”, del 7/12/17, entre otros).

V- Que, ello sentado, inicialmente, cabe remitir a la doctrina sentada por la Corte Suprema Justicia de la Nación, en el precedente “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4 de diciembre de 2012 (Fallos 335:2393), y en la causa: “CIPPEC c/ EN- Mº Desarrollo Social – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986” , del 26 de marzo de 2014 (luego reiterada en autos: “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986”, del 14 de octubre de 2014).

En efecto, en este punto, es dable poner de relieve que en el primero de los precedentes citados, ha quedado admitida la vía procesal de la acción de amparo para supuestos como el que nos ocupa (C.S., “Asociación de Derechos Civiles”, Cons. 10 -quinto párrafo- y Cons. 15; confr. dictamen fiscal, a fs.95 vta., in fine; en igual sentido, Sala IV, “Asociación Derechos Civiles c/ EN -JGM – Dto 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, del 10/5/11; “Fitz Patrick, Mariel c/ EN- JGM s/ amparo ley 16.986” , del 31/10/13; esta Sala, esta Sala, “Stolbizer Margarita c/ EN- Mº JUSTICIA DDHH s/amparo ley 16.986” , del 20/2/15; “Martínez Silvina Alejandra c/ EN- Mº Justicia- DDHH s/ amparo ley 16.986”, del 18/11/15, entre otros).

Así, en lo concerniente a la admisibilidad sustancial de la acción de amparo intentada, corresponde destacar que en el fallo “CIPPEC” (antes citado), el Alto Tribunal ha señalado que el “fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan”. En tal sentido, indicó que “.la Corte Interamericana de Derechos Humanos impuso la obligación de suministrar la información solicitada y de dar respuesta fundamentada a la solicitud en caso de negativa de conformidad con las excepciones dispuestas; toda vez que la información pertenece a las personas, la información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno. Este tiene la información solo en cuanto representante de los individuos. El Estado y las instituciones públicas están comprometidos a respetar y garantizar el acceso a la información a todas las personas..”.

En este orden de ideas, también resulta pertinente recordar que el Alto Tribunal ha señalado que en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto un sistema restringido de excepciones, pues ” . El actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación de la gestión pública través del control social que se puede ejercer con dicho acceso” “. la negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados. a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia y a la publicidad de gestión de gobierno, pilares fundamentas de una sociedad que se precie de ser democrática (CSJN, Cons. 10º, in re: “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI (Dto.1172/03) s/ amparo ley 16.986”, del 4/12/12; esta Sala, “Mihura Estrada Ricardo y otros c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ amparo ley 16.986” , del 14/7/16; “Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación c/ EN- PJN- CSJN s/amparo”, del 14/9/17).

Asimismo, en ese precedente, la Corte Suprema expresó en cuanto a la legitimación pasiva “.que para que los Estados cumplan con su obligación general de adecuar su ordenamiento interno con la Convención Americana en ese sentido, no solo deben garantizar ese derecho en el ámbito puramente administrativo o de instituciones ligadas al Poder Ejecutivo, sino a todos los órganos del poder público. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte permitiría afirmar que, al regular y fiscalizar las instituciones que ejercen funciones públicas, los Estados deben tener en cuenta tanto a las entidades públicas como privadas que ejercen dichas funciones. Lo importante es que se centre en el servicio que dichos sujetos proveen o las funciones que ejercen. Dicha amplitud supone incluir como sujetos obligados. a los órganos públicos estatales, en todas sus ramas y niveles.” (Fallos: 335:2393).

VI- Que, en los términos del art. 1º, la ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, “.tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública .” y se funda en los principios de presunción de publicidad, transparencia y máxima divulgación, informalismo, máximo acceso, disociación, no discriminación, máxima apertura, gratuidad, control por el órgano competente, responsabilidad, alcance limitado de las excepciones, in dubio pro petitor, facilitación y buena fe.

De conformidad con lo previsto en el art. 8º de la citada ley, los sujetos obligados sólo podrán exceptuarse de proveer la información cuando se configure alguno de los supuestos allí previstos:a) información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta, por razones de defensa o política exterior; b) información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario; c) secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuyas revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado; d) información que comprometa los derechos e intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial; e) información en poder de la Unidad de Información Financiera encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información tendiente a la prevención e investigación de la legitimación de activos provenientes de ilícitos; f) información elaborada por los sujetos obligados dedicados a regular y supervisar instituciones financieras; g) información elaborada por asesores jurídicos o abogados de la administración pública nacional cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en una causa judicial; h) información protegida por el secreto profesional; i) información que contenga datos personales y no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación, salvo que se cumpla con las condiciones de licitud previstas en la ley 25.326 de protección de datos personales y sus modificatorias; j) información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona; k) información de carácter judicial cuya divulgación estuviera vedada por otras leyes o por compromisos contraídos por la República Argentina en tratados internacionales; l) información obtenida en investigaciones realizadas por los sujetos obligados que tuviera el carácter de reservada y cuya divulgación pudiera frustrar el éxito de una investigación; m) información correspondiente a una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública.

Los sujetos obligados deben brindar la información solicitada en forma completa y sólo cuando exista un documento que contenga en forma parcial información cuyo acceso esté limitado por verificarse algunas de las excepciones antes enumeradas, podrá suministrase por el resto (es decir, en parte). El sujeto requerido sólo podrá negarsea brindar la información objeto de la solicitud, por acto fundado, si se verificara que la misma no existe y que no está obligado legalmente a producirla o que está incluida dentro de algunas de las excepciones previstas en el artículo 8º de la ley 27.275. En todo caso, la falta de fundamentación determinará la nulidad del acto denegatorio y obligará a la entrega de la información requerida (conf. arts. 12 y 13 de la ley 27.275).

VII- Que, en la especie, la parte actora ha efectuado -con fecha 6/12/2018- un pedido de acceso a la información pública dirigido al Poder Ejecutivo Nacional, a fin de que le brindara información “clara, precisa, completa y detallada” sobre diversas cuestiones vinculadas con el empréstito contraído con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la suma de U$S 50.000.000.000, así como también sobre “.el nuevo empréstito que se pretende contraer con el mismo organismo por la suma de U$S 7.100.000.000”. Puntualmente, ha requerido que se le entregara, tanto en formato digital como papel, la siguiente información: (i) Texto completo del contrato firmado o a ser firmado entre las partes, términos de referencia, todos sus anexos y cualquier documentación conexa o complementaria ambos empréstitos “credit stand by” contraídos o a contraerse con el FMI; (ii) Condiciones establecidas en el marco de dichos empréstitos. Entre ellas, informe si se han suscripto cláusulas con prórroga de jurisdicción hacia tribunales extranjeros arbitrales, administrativos /o judiciales para resolver controversias derivadas del empréstito; (iii) Informes, dictámenes y/o cualquier otro documento donde las reparticiones públicas con competencia en la materia se hayan expedido con carácter previo a la toma de tales empréstitos, sobre el impacto y distribución presupuestaria prevista para afrontar las condiciones dispuestas por los créditos en cuestión; (iv) Detalle de las características financieras de ambos acuerdos. Entre ellas, como mínimo, las siguientes:montos acordados, modalidad y plazo de desembolso de fondos, costos financieros (tasa de interés, cargos y otras comisiones), aforos y toda otra característica financiera que pueda incidir en la carga de los compromisos a ser atendidos; (v) Expediente/s administrativo/s donde se desarrollaron los procedimientos previos a la toma de las decisiones administrativas pertinentes para contraer el empréstito en cuestión. Al respecto, específicamente que informe números de expedientes y entrega de copia completa de su contenido (en especial, dictámenes, informes técnicos y documentos, donde conste la intervención de los organismos de asesoramiento y control nacionales, así como todo acto administrativo dictado en el contexto del mismo); (vi) Respecto del documento fechado el 12/06/2018 que el Ministerio de Hacienda ha publicado en la página web, el cual correspondería a la carta de intención dirigida por Sturzenneger y Dujovne a la Sra. Lagarde y su anexo “Memorándum de Políticas Económicas y Financieras”, correspondiente al primero de los empréstitos (simples pdfs carentes de sellos oficiales, membrete, fechas auténticas o referencia a expediente alguno), se entregue copia de los documentos originales y de todos los informes o dictámenes técnicos que se produjeron con carácter previo a definir el contenido y alcance de dichos documentos; (vii) respecto de esa carta de intención dirigida por Sturzenneger y Dujovne a la Sra. Lagarde y su anexo “Memorándum de Políticas Económicas Financieras” correspondiente al primero de los empréstitos, informe y entregue copia de la normativa pertinente que habilitaba su suscripción por parte de dichos funcionarios, o bien del acto o actos administrativos que así lo hubiesen autorizado (v. fs. 2/3 vta.).

En estos términos, teniendo en cuenta el alcance de la pretensión de autos y siguiendo las pautas establecidas por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los precedentes citados, se impone concluir -de conformidad con lo establecido en el plexo normativo que rige el asunto- que le asiste razón al apelante para agraviarse.Ello es así, pues -como bien ha sido puesto de resalto en el dictamen del Sr. Fiscal General (confr. ap. 8º)no surge acreditado que la parte demandada hubiera otorgado una respuesta a aquél en relación con la existencia o inexistencia de actos previos a la firma de acuerdos o de cláusulas de prórroga de jurisdicción, como así tampoco que se hubiera expedido en torno a la copia de los acuerdos celebrados con el Fondo Monetario Internacional. Adviértase, al respecto, que -como se indica a fs. 180el actor aclaró que no se trataba de “la carta de intención y los memorandos que la acompañan, sino al contrato firmado entre las dos partes, con prestaciones y contraprestaciones claramente identificadas” (v. fs. 124).

Siendo ello así, se verifica que la demandada no cumplió íntegramente con el deber de proveer la información y que, en consecuencia, al no fundar debidamente su negativa, ni invocar que mediase en el caso alguna de las excepciones previstas en el artículo 8 de la ley 27.275, corresponde -de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General- revocar la sentencia en este punto y ordenarle que informe respecto de la existencia o inexistencia de la información en cuestión y, en su caso, que proceda a su entrega.

VIII- Que, asimismo, cabe admitir los agravios vertidos en relación con la entrega de la información requerida en soporte digital. En efecto, de conformidad con lo establecido por el artículo 5º de la ley 27.275, el Estado tiene la obligación de entregar la información “.en formatos digitales abiertos, salvo casos excepcionales en que fuera de imposible cumplimiento o significara un esfuerzo estatal desmedido.”. A su vez, en el decreto reglamentario Nº 206/2017, se prevé que “En caso que los sujetos obligados posean una versión electrónica de la información solicitada, deberán enviarla al particular sin costo alguno o ponerla a su disposición, comunicándole a éste los datos que le permitan acceder a la misma.De no existir versión electrónica, podrán reproducir la información solicitada en copias simples, medios magnéticos, ópticos, sonoros, visuales, holográficos y otros medios.”.

En tales condiciones, resulta procedente el cuestionamiento formulado por el actor para que se proceda a la entrega en formato digital de las actuaciones administrativas (expedientes EX-2018-29772791-APN-DGD- MHA y EX-201852368222-APN-DGD-MHA), según con lo que fuera requerido en el pedido de acceso a la información pública, en tanto -de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (punto 9, a fs. 180 vta./1)- su cumplimiento no generaría labor ni perjuicio alguno a la demandada. Ello así, más allá que en lo relativo a las cláusulas de prórroga de jurisdicción, a los actos administrativos previos y a los acuerdos aprobados por el Fondo Monetario Internacional, en caso de darse una respuesta afirmativa sobre su existencia, también se proceda a facilitar el acceso a ellas -según lo ordenado en el Considerando anterior- y a la entrega digital, en caso de hallarse en este formato.

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (a fs. 177/81), se RESUELVE: admitir el recurso de apelación, revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la acción de amparo en los términos indicados en los Considerandos VII y VIII de la presente.

Costas -de ambas instancias- en el orden causado, en atención a las particularidades de la cuestión que ha sido sometida a conocimiento de este Tribunal (conf. arts. 68, ap. 2do. y 279 del C.P.C.C.).

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido que sea, devuélvase.

JORGE ESTEBAN ARGENTO

CARLOS MANUEL GRECCO

SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ