La sentencia extranjera: El análisis de una sentencia extranjera de adopción para su inscripción en el país, no permite reeditar cuestiones ya resueltas por dicho juez

Partes: S. F. A. c/ L. C. L. s/ exequatur y reconocimiento de sentencia extranjera

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 24-sep-2019

Cita: MJ-JU-M-121237-AR | MJJ121237 | MJJ121237

El análisis de una sentencia extranjera de adopción para su inscripción en el país, no permite reeditar cuestiones ya resueltas por el juez extranjero.

Sumario:

1.-Cabe rechazar el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que, en el marco del pedido de inscripción de la sentencia de adopción dictada por un tribunal extranjero, rechazó el planteo de la Defensora Pública de Menores quien, con apoyo en la particular situación que se presentaba en materia de adopciones extranjeras en el distrito en el cual fue dictada la sentencia, solicitó la previa intervención a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y fijación de una audiencia con los actores, pues por aplicación del art. 517 del CPCCN., el examen de compatibilidad propio del exequatur no permite reeditar todas las cuestiones que ya fueron sometidas a decisión judicial foránea ni equiparar aquel control con el propio de una revisión judicial ordinaria.

2.-La decisión que ante el pedido de inscripción de una sentencia extranjera de adopción, rechazó el planteo de la Defensora Pública de Menores de dar intervención a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y fijar una audiencia con los actores, no lesiona los derechos reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño pues los motivos fundantes del planteo -situación presentada en materia de adopciones extranjeras en el distrito en el cual fue dictada la sentencia-, solo encuentran respaldo en la transcripción de notas periodísticas genéricas no referidas al caso, que, como tales, carecen de entidad por sí solas para desvirtuar la legitimidad de la sentencia extranjera y para formar convicción sobre la configuración de un supuesto de fraude lesivo del orden público.

Fallo:

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2019

Vistos los autos: “S., F. A. c/ L., C. L. s/ exequátur y reconocimiento de sentencia extr.”.

Considerando:

1°) Que los actores solicitaron la inscripción de la sentencia extranjera dictada el 18 de diciembre de 2009 por el juez de Familia del Estado de Colima, Estados Unidos Mexicanos, por la que se decretó la adopción plena a su favor respecto del menor de edad V.M.P.C., nacido el 12 de mayo de 2009. Fundaron su derecho en el art. 339 del anterior Código Civil y en los arts. 517, 518 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, así como en la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, ratificada por ley 22.921, y en la Convención sobre los Derechos del Niño (fs. 25/27).

Sostuvieron que dicha sentencia -firme y ejecutoriada- fue inscripta en el Registro Civil de Naucalpan de Juárez, Estado de México; que se encuentran viviendo en la República Argentina junto al menor de edad y que el infante cuenta en la actualidad con nacionalidad, documento de identidad y pasaporte argentinos.

2°) Que la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la decisión de primera instancia que había rechazado el pedido efectuado por la Defensora Pública de Menores con apoyo en la particular situación que se presentaba en el distrito de Colima en materia de adopciones extranjeras, a fin de que -con carácter previo a resolver el asunto- se diera urgente intervención a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA) y se fijara una audiencia con los demandantes, pedido al que había adherido el Fiscal.

Con apoyo en el principio de recuperación plena de la jurisdicción y en uso de las facultades instructorias, el a quo se expidió sobre el pedido de los demandantes, reconociendo fuerzaejecutoria a la sentencia extranjera de adopción plena del menor de edad V.M.P.0 y ordenando su inscripción por ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas (fs. 40 y 62/64).

3°) Que para decidir de ese modo, después de formular variadas consideraciones acerca del trámite preparatorio para el reconocimiento de una sentencia extranjera que culminaba con el exequátur, la Cámara precisó que el objetivo que se buscaba con ello apuntaba a convalidar la letra de la sentencia foránea que se había dictado y no a analizar la causa de la obligación, que quedaba reservada a los jueces con competencia en el lugar de la que había emanado, desde que la declaración judicial en materia de exequátur versaba básicamente sobre el cumplimiento de las previsiones de autenticidad, legalidad y orden público (conf. art. 517 citado).

A partir de tales consideraciones afirmó que ninguno de los recaudos solicitados por la Defensora de Menores eran atendibles, porque no solo partían de una hipótesis genérica (situación particular en materia de adopciones carente de vinculación con el caso en examen, sino que también eran ajenos al ámbito propio de este tipo de procedimiento, por lo que resultaba improcedente la solicitud de medidas sin fundamento concreto alguno más que la sola mención del lugar donde había sido otorgada la adopción (Colima).

En tales condiciones, al no existir más reparos al reconocimiento de la sentencia extranjera que los formulados por el Ministerio Público de la Defensa, que fueron descartados, la alzada concluyó que aquella cumplía con todos los recaudos establecidos en el art. 2° de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, como también con los requisitos establecidos por el ordenamiento procesal argentino.

Contra dicho pronunciamiento la Defensora Pública de Menores e Incapaces de Cámara dedujo recurso extraordinario que fue concedido a fs.92.

4°) Que el recurso extraordinario ha sido bien concedido pues se encuentra cuestionada la aplicación e interpretación de normas de naturaleza federal (Convención sobre los Derechos del Niño) y la sentencia definitiva del superior de la causa ha sido contraria a las pretensiones que la apelante funda en ellas (art. 14, inciso 3°, ley 48).

5°) Que el art. 517 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación sujeta el reconocimiento de la fuerza ejecutoria de una sentencia extranjera a que esta “no afecte los principios de orden público del derecho argentino”. Por ello, como principio, el examen de compatibilidad propio del exequátur -3-

no puede llegar al extremo de reeditar todas las cuestiones que ya fueron sometidas a decisión judicial foránea, como tampoco a equiparar aquel control con el propio de una revisión judicial ordinaria.

6°) Que, en función de lo dicho y a la luz de las constancias de la causa, no se advierte que la decisión apelada -en cuanto desestimó el pedido formulado por la defensora de menores- se aparte de lo dispuesto en las normas citadas ni lesione los derechos allí reconocidos.En efecto, de conformidad con lo dictaminado por la señora Defensora General por ante esta Corte, los motivos en que la apelante sustentó dicho pedido, vinculados con la particular situación que se presentaría en el Estado de Colima en materia de adopciones extranjeras, solo encuentran respaldo en la transcripción de notas periodísticas genéricas no referidas al caso particular que, como tales, carecen de entidad por sí solas para desvirtuar la legitimidad de la sentencia extranjera y para formar convicción sobre la configuración de un supuesto de fraude lesivo del orden público que obste al reconocimiento pretendido, como deja traslucir la interesada.

A mayor abundamiento, resulta oportuno recordar que, con el fin de proteger el interés superior del niño y su derecho a la identidad, el Código Civil y Comercial de la Nación ha dispuesto en materia de adopciones extranjeras el deber de reconocimiento de la sentencia foránea, destacando -en lo que al caso interesa- que en el control del orden público exigido en estos asuntos debe tenerse en cuenta el interés superior del niño y los vínculos estrechos del caso con la República (art.2637 del código citado), extremos que no se advierte hayan sido desconocidos por la Cámara.

7°) Que por otra parte, contrariamente a lo afirmado por la recurrente, más allá de las razones que pudieron haber sustentado su conducta, la circunstancia de que los demandantes no hubieran solicitado el reconocimiento de la sentencia con anterioridad no puede constituir indicio suficiente para denegar el pedido en cuestión ni para suscitar sospechas ciertas sobre la configuración en el caso de un supuesto de fraude que impida dicho reconocimiento, máxime frente a la inexistencia -a ese entonces- de una obligación como la derivada del actual art.

2637 del Código Civil y Comercial de la Nación y considerando que el menor de edad contaba con nacionalidad, pasaporte y documento de identidad argentinos.

8°) Que por último, no resulta objetable la postura adoptada por la Cámara que, después de rechazar los agravios de la apelante, decidió sobre la pretensión principal. En efecto, al haber desestimado los únicos motivos invocados por la recurrente COMO obstativos al reconocimiento de la sentencia, y dado el acotado ámbito de actuación de los jueces en este tipo de procesos, la decisión de expedirse, sin más, sobre el fondo de la cuestión se presenta como una solución compatible con el principio de economía procesal y* de tutela judicial efectiva, sin que se advierta como consecuencia de ello un menoscabo evidente a ‘los derechos del debido proceso y de la defensa en juicio ni al interés superior del menor de edad.

Al margen de que la garantía de doble instancia no tiene jerarquía constitucional, salvo cuando las leyes específicamente lo establezcan (conf. Fallos: 318:1711 ; 323:2357 , voto del juez Petracchi, 330:1036 y 338:556), la inexistencia de otras razones que justifiquen un doble examen del asunto tornan razonable la decisión de la Cámara de poner fin a la controversia y de evitar una dilación del proceso sin un claro beneficio para las partes intervinientes.

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se declara admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Notifíquese y, oportunamente, archívese.

CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – JUAN CARLOS MAQUEDA – RICARDO LUIS LORENZETTI – HORACIO ROSATTI