Actuales modalidades de la correspondencia como medio de prueba y el Código Civil y Comercial de la Nación

Autor: Elías, Jorge A.

Fecha: 16-oct-2019

Cita: MJ-DOC-15078-AR | MJD15078
Sumario:

I. Preliminar. II. Distintas modalidades de la correspondencia. III. El artículo 318º del Código Civil y Comercial de la Nación y la presentación de correspondencia como prueba. IV. Correspondencia confidencial. V. Conclusión.

Doctrina:

Por Jorge A. Elías (*)

I. PRELIMINAR

El artículo 318 del Código Civil y Comercial de la Nación -CCyCN- establece que la correspondencia, cualquiera sea el medio empleado para crearla o transmitirla, puede presentarse como prueba por el destinatario, pero la que es confidencial no puede ser utilizada sin consentimiento del remitente.

En la actualidad, la denominada correspondencia epistolar fue dejada de lado para ser reemplazada o suplida por los correos electrónicos y los mensajes de texto, que resultan una nueva modalidad de comunicarse, y consecuentemente corresponde equiparar al concepto de correspondencia las premencionadas maneras o formas de comunicación, incluidas con sus propias variantes la información compartida en las distintas redes sociales.

En concordancia con la actual época, el precitado art. 318 del ordenamiento civil y comercial unificado autoriza la utilización de dichos medios, dejando a salvo la confidencialidad de acuerdo con los requerimientos explicitados en el art. 18 de la Constitución Nacional.

II. DISTINTAS MODALIDADES DE LA CORRESPONDENCIA

Concurren o asisten tres conceptos enlazados o vinculados a las diferentes formas o particularidades de correspondencia: «intimidad«, «privacidad» y «confidencialidad», y de acuerdo a lo que entiende la Real Academia Española la «confidencialidad» es lo que se hace o se dice en la confianza que se mantendrá la reserva de lo hecho o lo dicho, en otras palabras, información confidencial.

Consiguientemente la correspondencia es la comunicación escrita entre dos o más personas, donde constan pensamientos, noticias y declaraciones de voluntad, considerando el concepto de escritura en sentido amplio, especificando que el mencionado artículo 318 del CCyCN, no hace referencia al soporte material en el cual se plasma la correspondencia, por lo cual comprende también, por ejemplo, los correos electrónicos (1).

También son consideradas correspondencia las cartas, las postales, los telegramas, no reputándose tales las cartas abiertas, las solicitadas y las llamadas telefónicas. En cuanto a su naturaleza jurídica, la correspondencia es una especie de instrumento privado, si está firmado, o particular, si no está firmado (2), especificándose que la firma o signatura (art.313 del CCyCN) (3) no es requisito esencial, y en el caso de que esté signado tampoco es necesario que lo sea en la manera con que la persona suscribe habitualmente los instrumentos públicos o privados.

En relación a los correos electrónicos, los que no se encuentran firmados con firma digital (solo con firma electrónica), quien invoca su validez debe probar que la signatura pertenece al autor, los restantes correos electrónicos son meros instrumentos particulares no firmados y, por lo tanto, solamente constituyen principio de prueba por escrito.

Sin perjuicio de lo reseñado, el carácter público o privado de la correspondencia, en especial cuando la pretende hacer valer un tercero, resulta clara cuando se trata de usar información a la que se accede libremente en un muro de Facebook, y por lo tanto, es pública aquella información a la que se tenga acceso por diversos medios, como ser grupos de WhatsApp que integra el oferente del medio probatorio, aquella contenida en un muro de Facebook o Instagram.

En el supuesto de la carta escrita en papel es una cosa mueble, y por lo tanto, de propiedad del remitente, hasta tanto sea entregada al destinatario, y una vez recepcionada, es propiedad del destinatario, pero no obstante, una vez en poder del receptor, el remitente o expedidor tiene la propiedad intelectual del texto, siendo tal circunstancia la razón por la cual resulta necesario su consentimiento a los efectos de presentarla en juicio en aquellos casos que revista características de confidencial.

Ahora bien, en cuanto al referido artículo 318 CCyCN, podemos señalar que la correspondencia puede ser utilizada como medio de prueba, pero de acuerdo al art. 18 de la Constitución Nacional la correspondencia epistolar es inviolable: quien pretenda hacerla valer debe tenerla por medios lícitos, y no poseerla por medios clandestinos o fraudulentos, y la excepción a la regla es que su contenido sea confidencial, en este caso el remitente debe otorgar su consentimiento con la finalidad de ser utilizada como medio de prueba.En relación a terceros, estos no podrían esgrimirla como prueba en un proceso judicial si la correspondencia tuviera carácter confidencial, salvo que sean autorizados por el destinatario, y también por el remitente.

El Código de Vélez, por el contrario, referencia solamente a la correspondencia en el artículo 1036 respecto de «las cartas misivas dirigidas a terceros», instituyéndose que «aunque en aquellas se mencione alguna obligación, no serán admitidas para su reconocimiento», y en consecuencia, los terceros no se encuentran obligados a reconocer la correspondencia que se les atribuye en un pleito en el cual no reviste el carácter de partes (4).

III. EL ARTÍCULO 318 DEL CÓDIGO CIVIL Y COMECIAL DE LA NACIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE CORRESPONDENCIA COMO PRUEBA

En el Libro Primero, Parte General, Título IV, de los Hechos y Actos Jurídicos, Capítulo 5, Actos Jurídicos, artículo 318, se dispone expresamente que: «La correspondencia, cualquiera sea el medio empleado para crearla o transmitirla, puede presentarse como prueba por el destinatario, pero la que es confidencial no puede ser utilizada sin consentimiento del remitente. Los terceros no pueden valerse de la correspondencia sin asentimiento del destinatario, y del remitente si es confidencial».

Destacamos que la primera parte del artículo supra aludido, estatuye que la correspondencia, «cualquiera» sea el medio empleado para crearla o transmitirla», resulta abarcativo tanto de la correspondencia epistolar, como del correo electrónico y los mensajes de texto cualquiera fuera la plataforma utilizada para su creación y transmisión.Vale decir, para la existencia de «correspondencia» es necesario que el «emisor», envíe al «destinatario», por cualquier «medio» un «mensaje escrito», con independencia del medio o soporte utilizado a tal efecto.

Por esta razón insistimos que la norma del artículo 318 del CCyCN comprende o incluye, tanto la correspondencia epistolar clásica, como los correos electrónicos o los mensajes de texto, con independencia de la plataforma utilizada para la transmisión de los datos escritos, siendo la condición que resulte una comunicación de carácter «privado» por oposición al «público» donde cualquiera que tenga acceso a la red puede leer el texto (por ej. el muro de Facebook).

Reiteramos que la carta escrita en papel es una cosa mueble, y por lo tanto propiedad del expedidor, hasta tanto sea entregada al receptor, y una vez recibida, es propiedad del destinatario, no obstante, una vez en poder del receptor, el remitente posee la propiedad «intelectual» del texto, y en consecuencia resulta necesario su consentimiento para adjuntarla en juicio en aquellos supuestos en que revista la característica de confidencialidad, sucediendo de igual manera respecto al texto transmitido electrónicamente donde el autor del mismo es el propietario intelectual de dicha comunicación.

De acuerdo a lo explicitado supra, la confidencialidad de estos medios de comunicación encuentra amparo legal en la norma antes descripta, protegiéndose la intimidad y confidencialidad de las personas en tanto utilizan estos medios de comunicación entre sí, a condición de que sea «privada» entre dos personas, y en consecuencia si se utiliza una modalidad «abierta», donde el texto comunicado puede ser accedido libremente por uno o más personas, tal circunstancia o particularidad se encuentra excluida del resguardo señalado en el texto legal.

La intimidad personal, que se relaciona directamente con la problemática examinada, toda vez que es uno de los bienes jurídicos tutelados por la normativa actual, encuentra su amparo normativo en el artículo 52 del Código Civil y Comercial de la Nación -afectaciones a la dignidad-, en tanto dispone que:La persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos, conforme a lo dispuesto en el Libro Tercero, Titulo V, Capítulo 1.

La regla legal sistematiza, que la correspondencia, con independencia del medio utilizado para su creación y transmisión, puede ser trasladada como prueba a juicio, a condición de que haya sido «legalmente» obtenida por quien lo pretende, y que la misma no sea de carácter confidencial, en cuyo caso se requiere el consentimiento del remitente. Este límite tiene estricta relación con el artículo 18 de la Constitución Nacional que anteriormente señaláramos y en la valoración que históricamente el legislador nacional ha realizado de la correspondencia epistolar, hoy superada, pero incluida en la norma, por los medios electrónicos de comunicación.

La correspondencia es propiedad del remitente, y al momento de ser entregada al destinatario, (por entregada entendemos:a) recibida la carta postal físicamente, b) abierto el correo electrónico; c) leído el mensaje de texto), la correspondencia se transfiere o traslada al dominio del destinatario; pero si es de carácter confidencial, a los fines de su uso, se requerirá la conformidad de remitente y destinatario.

Si la correspondencia no reviste la característica de confidencial, el receptor o destinatario estará facultado a utilizarla como prueba en juicio en tanto no tiene ninguna restricción legal en tal sentido, y por el contrario si la misma es catalogada de «confidencial», deberá necesariamente requerirse el consentimiento expreso del remitente propietario intelectual del texto, observándose palmariamente como el legislador ha pretendido tutelar o proteger el derecho a l a intimidad de quien remite un texto escrito de carácter confidencial.

Resulta manifiesto que los terceros -ni el emisor, ni el receptor de la correspondencia escrita-, ante la presencia de una correspondencia no confidencial tienen la obligación de requerir la conformidad del destinatario de la misma a fin de poder presentarla en juicio válidamente, en cambio si la correspondencia ostenta el carácter de confidencial, se requerirá el consentimiento tanto del remitente o emisor como del destinatario o receptor de la misiva.

En esta cuestión resulta de importancia el artículo 389 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación – cfr. art. 375 Código Procesal Civil y Comercial de Entre Ríos – Ley 9.776/2007-, en tanto regula la problemática de la documentación en poder de terceras personas ajenas al proceso: «Si el documento que deba reconocerse se encontrare en poder de tercero, se le intimará para que lo presente. Si lo acompañare, se encuentra facultado a solicitar su oportuna devolución dejando testimonio en el expediente. El requerido podrá oponerse a su presentación si el documento fuere de su exclusiva propiedad y la exhibición pudiere ocasionarle perjuicio. Ante la oposición formal del tenedor del documento no se insistirá en el requerimiento».

Asimismo, resulta explicativo aportar sobre la temática, lo reglado por el art.153 del Código Penal -Ley Nº 26.388 – que dispone: «será reprimido con prisión de quince días a seis meses quién abriere o accediere a una comunicación electrónica, una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico o telefónico o de otra naturaleza, que no le esté dirigido; o se apoderase indebidamente de una comunicación electrónica, una carta, un pliego, un despacho u otro papel privado, aunque esté cerrado; o indebidamente suprimiere o desviare su destino. En esta misma pena incurrirá el que indebidamente interceptare o captare comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones provenientes de cualquier sistema de carácter privado o de acceso restringido. La pena será de prisión de un mes a un año, si el autor además comunicare a otro o publicare el contenido de una carta, escrito, despacho o comunicación. Si el hecho lo cometiere un funcionario público, que abusare de sus funciones, sufrirá además inhabilitación por el doble de tiempo de la condena».

A mayor abundamiento la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ampliando los supuestos contemplados en el digesto penal, en los autos caratulados: «C.G.L.s/ denuncia de violación de correspondencia», decreto en sentencia dictada en fecha 25/04/2017 que el haber ingresado ilegítimamente a una cuenta de Facebook encuadra en el delito de violación de correspondencia, y que tal conducta debe ser investigada en el fuero federal.

El Máximo Tribunal aplicó su doctrina que concibe que el acceso ilegítimo a una «comunicación electrónica» o «dato informático de acceso restringido», en los términos de los artículos 153 y 153 bis del Código Penal, según la ley 26.388, a los que «sólo es posible ingresar a través de un medio que por sus características propias», se encuentra dentro de los servicios de telecomunicaciones que son de interés de la Nación (en virtud de los artículos 2° y 3° de la ley 19.798), por lo que debe ser investigado por la justicia federal.

IV. CORRESPONDENCIA CONFIDENCIAL

Hemos reseñado que por confidencial la Real Academia admite que es lo que se hace o se dice en confianza o con seguridad recíproca entre dos personas. De acuerdo a lo expuesto, el concepto confidencial se encuentra dentro de la esfera íntima de las personas, en tanto estas son libres de disponer la mejor forma y el modo de comunicar sus pensamientos y sentimientos (arts. 18 CN y 52 CCyCN).

En esta materia resulta relevante analizar los arts. 51 , 52 , y 53 del ordenamiento civil y comercial unificado, y al respecto, el código no define qué se concibe por correspondencia confidencial; sin embargo se razona que todas aquellas cuestiones que violen la dignidad de una persona (art. 51 CCyCN), ingresan en la esfera de la confidencialidad.

Consecuente con lo explicitado supra, por inviolabilidad debe entenderse la acotación de inalienabilidad de ciertos derechos y la imposibilidad de que éstos sean restringidos, condicionados o socavados con alteración de su contenido esencial por ley general o acuerdo de particulares.Definir esos derechos es propio de la hermenéutica constitucional, pero entre ellos, y con apoyo en el art. 52 del CCyCN, pueden enumerarse la vida, intimidad, honor, imagen e identidad (5).

Se debe especificar que en el ámbito de la categoría de confiabilidad se inscriben los denominados «secretos comerciales e industriales», y al respecto los aludidos secretos reflejan actualmente una de los instrumentos de mayor importancia para las empresas a efectos de destacarse y tomar ventajas en un mercado cada vez más competitivo.

A diferencia de otros derechos, como por ejemplo el derecho sobre una patente que autoriza a su titular a excluir a terceros del uso de su objeto: la importancia y fortaleza de los secretos comerciales reside justamente en el hecho de ser ocultos, sin perjuicio de puntualizar que una vez que se hacen públicos, por la causa que fuere, y de cualquier acción contra quien los revele sin autorización, cualquier persona que tenga acceso a esos secretos sin violar una obligación de confidencialidad puede usarlos libremente.

Doctrina autorizada destaca que los secretos comerciales, particularmente en las industrias relacionadas con la tecnología de la información (usualmente denominadas industrias «IT»), se han convertido en tal vez su mejor y más importante activo, la circunstancia reseñada está asociada, sin dudas, a la extremada rápida evolución de estas tecnologías, lo que hace que en un breve lapso de tiempo queden obsoletas. Una protección tradicional bajo otro tipo de derechos puede demorar más tiempo que lo que la tecnología tiene real utilidad en el mercado (6).

V.CONCLUSIÓN

Atento las breves consideraciones especificadas precedentemente, estimamos que sin perjuicio que el Código Civil y Comercial de la Nación, conforme lo reglado en el indicado artículo 318, autoriza la utilización de la correspondencia -en todas sus formas- como medio de prueba entre las partes, específicamente concreta el amparo o protección de los derechos de intimidad resguardados por la confidencialidad y todos aquellos vinculados al secreto industrial o comercial; puntualizándose que en el supuesto de los terceros estos deben poseer el consentimiento del remitente o expedidor a fin de utilizar o valerse de la correspondencia o comunicación en juicio.

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(1) CARREIRA GONZÁLEZ, Guillermo – GARRÉ, Malena. – «Las modernas formas de correspondencia. La confidencialidad y el secreto industrial, y su incorporación como prueba en juicio» – Publicado en: RCCyC 2018 (abril), 06/04/2018, 121. Cita Online: AR/DOC/432/2018.

(2) SAUCEDO, Ricardo J., «Los instrumentos públicos, privados y particulares», en RIVERA, Julio C. – MEDINA, Graciela, «Comentarios al proyecto del Código Civil y Comercial de la Nación», AP 2012-204.

(3) CURA, José M., «Código Civil y Comercial comentado», Ed. La Ley, t. I, p. 810.

(4) AMEAL, Oscar J., «Código Civil y Comercial de la Nación y leyes complementarias comentado, concordado y análisis jurisprudencial. Parte general», Editorial Estudio, 2015.

(5) CURA, José M., «Código Civil y Comercial comentado», Ed. La Ley, t. I, p. 310.

(6) GIAY, Gustavo – FERNÁNDEZ, Diego, «Protección de los secretos comerciales. Doctrina de la revelación inevitable», LA LEY 2013-D, 1262 – LA LEY 20/08/2013, 1.

(*) Abogado. Ex Director y Miembro Activo del Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial Colegio de Abogados de Entre Ríos.