El Decreto 669/19 en el laberinto de las inconsistencias normativas

Autor: Romualdi, Emilio E.

Fecha: 7-oct-2019

Cita: MJ-DOC-15081-AR | MJD15081
Sumario:

I. Introducción. II. El nuevo Ingreso Básico Mensual. III. La tasa de interés. IV. El cálculo de la prestación dineraria. Breve propuesta. V. Conclusiones.

Doctrina:

Por Emilio E. Romualdi

I. INTRODUCCIÓN

Con fecha 27 de septiembre de 2019 fue sancionado el DNU /2017 que fue publicado el 30 de septiembre de 2019. La estructura es simple y se limita a tres artículos donde se modifica el art. 12 de la ley 24.557 (una vez más), se mencionan unas resoluciones aclaratorias que dictaría la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y se establece su aplicación inmediata – que no es más que una forma atenuada de retroactividad – a todas las situaciones pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

La primera observación para realizar es que el decreto ha sido desde ya objeto de cuestionamientos en cuanto a su constitucionalidad (1).

En este sentido, es de apreciar que el mismo ha sido dictado de conformidad con lo dispuesto por el art. 99 incisos 1) y 3) de la Constitución Nacional reglamentado mediante la ley 26.122.

Ahora bien, los supuestos a partir de los cuales el presidente puede ejercer facultades son los siguientes conforme lo dispone el art.10 de la ley 26.122

a) De necesidad y urgencia;

b) Por delegación legislativa;

c) De promulgación parcial de leyes.

Es claro que el decreto ha sido dictado en el supuesto previsto en el inciso a) siendo que las situaciones de emergencia pública fueron definidas por la Corte Suprema de Justicia como aquellas «que derivan de acontecimientos extraordinarios, imprevisibles o bien inevitables con los recursos ordinarios, y que tienen una repercusión muy honda y extensa en la vida social, de suerte que demandan remedios también extraordinarios» (fallos 238:123) a diferencia de la delegación legislativa del Congreso que está incluida en la Constitución como una cláusula operativa (inmediatamente aplicable), entre otras circunstancias, para hacer frente a situaciones de emergencia pública.

Esto es que la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto dado que «el Constituyente reformador prohibió enfáticamente al Poder Ejecutivo que emita disposiciones de carácter legislativo («en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable»), a fin de resguardar el principio de división de poderes.

Es así que la norma constitucional habilita solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, el dictado de decretos por razones de necesidad y urgencia, siguiendo el procedimiento que establece el art. 99, inc.3º), de la Constitución Nacional» (2).

La pregunta en base a los fundamentos del decreto es si la Resolución N° 41.155 -E/17 dictada por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, a través de la cual impulsó el pago de indemnizaciones por parte de las Aseguradoras de Seguros de la Nación, permitiendo que estas utilicen reservas técnicas para la celebración de acuerdos conciliatorios y aumentando la exigencia económica en materia de constitución de reservas para pasivos judiciales en los estados contables de las mismas Aseguradoras, si realmente ante los recientes acontecimientos económico-financieros que son de público conocimiento han generado dificultades que avizoran la imposibilidad de mantener un sistema financieramente viable, mediante garantías técnicas que permitan actuar ante un posible deterioro de la situación patrimonial de las aseguradoras. Sinceramente no cuento con datos para ratificar o contradecir esa afirmación.

En igual línea de pensamiento parecería que el DNU – al igual que ocurría con el DNU 54/17 – no supera las barreras de validez previstas en por la CSJN en el precedente «Verrocchi» (3) donde se dijo que en los considerandos para que «los constituyentes de 1994 no han eliminado el sistema de separación de las funciones del gobierno, que constituye uno de los contenidos esenciales de la forma republicana prevista en el art. 1° de la Constitución Nacional. En este sentido, los arts. 23 , 76 y 99 revelan la preocupación del poder constituyente por mantener intangible como principio un esquema que, si bien completado con la doctrina de los controles recíprocos que los diversos órganos se ejercen, constituye uno de los pilares de la organización de la Nación, por cuanto previene los abusos gestados por la concentración del poder. Considérese que la reforma fue fruto de una voluntad tendiente a lograr, entre otros objetivos, la atenuación del sistema presidencialista, el fortalecimiento del rol del Congreso y la mayor independencia del Poder Judicial. En este sentido, el art. 99, inc.3°, segundo párrafo, contiene la regla general que expresa el principio en términos categóricos: «El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legistativo» (conf. causa S. 621.XXIX «Sallago, Alberto Asdrúbal c/ ASTRA C.A.P.S.A. s/ despido» , del 10 de octubre de 1996, disidencias de los jueces Belluscio y Bossert). – apartado 7 – . Que el texto nuevo es elocuente y las palabras escogidas en su redacción no dejan lugar a dudas de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte el Poder Ejecutivo se hace bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias materiales y formales, que constituyen una limitación y no una ampliación de la práctica seguida en el país, especialmente desde 1989.

En efecto, el párrafo tercero del inc. 3, del art. 99, dice: «Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros». A continuación, en el último párrafo, la norma constitucional regula exigencias formales para la comunicación del decreto que se hubiera emitido a una comisión bicameral permanente del Congreso, y para su tratamiento en ambas cámaras – apartado 8 – y que .el Presidente de la Nación pueda ejercer funciones legislativas que le son ajenas debe mediar: .1) que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan.o 2) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes apartado 9°.

Ahora bien, tampoco escapa a mi apreciación la probabilidad que el Congreso Nacional siguiendo el procedimiento previsto en la ley 26.122 reconozca validez al mismo lo cual haría ceder todos estos argumentos. Lo que queda claro es que no hace falta propiciar una ley para derogar el decreto si el congreso no valora positivamente la norma dado que es suficiente su no ratificación para hacer caer su operatividad.

Si finalmente no lo hiciere y descalificara el DNU nos llevaría al mismo punto de partida aunque en una fecha posterior en cuanto a su operatividad.

Ello más allá que siempre es necesario abordar los temas con prudencia – nunca tibieza – y analizar, sin descalificar rápidamente, los términos de la reforma introducida mediante esta particular herramienta jurídica. Ello así porque los tiempos recientes demuestran que la Corte ha descalificado muchos criterios en este sentido y ha ratificado las soluciones que se apoyan en cierta estrictez y ortodoxia normativa.

Por otro lado, como dije en un artículo reciente (4) el problema del interés en nuestro país tiene una relevancia central dado que su función en la práctica excede su función compensadora y/o moratoria que podría tener (que tiene) en países con estabilidad monetaria y consecuentemente baja inflación.

En nuestro país el interés implica siempre una compensación por la depreciación monetaria. Ello hace que normalmente cuando los abogados se refieren a un capital más intereses suelen decir «actualizado». La expresión idiomática refleja la realidad por sobre la abstracción normativa.Esa es la primaria función del interés hoy en Argentina más allá que con la tasa que se elija pueda existir una renta sobre dicho capital.

El problema del decreto está precisamente ahí. En que de sus fundamentos surge una evidente intención de disminuir el resultado del cálculo de las prestaciones dinerarias conforme la previsión del art. 12 de la LRT introducido por la ley 27.348 .

Ello más allá de las deficiencias técnicas que tiene y que en su artículo tercero al establecer su aplicación inmediata a los casos anteriores a la sanción de la ley 27.348 mejora sustancialmente el cálculo de la prestación dineraria, corrige la inconstitucionalidad de cálculo del IBM y en algunas jurisdicciones – Provincia de Buenos Aires por ejemplo – mejora el resultado final de la operación aritmética.

Claro como nada podía ser totalmente lógico transfiere a estas situaciones pendientes el problema de la actualización o interés a considerarse sobre las prestaciones de pago único. Analicemos entonces concretamente la reforma.

II. EL NUEVO INGRESO BÁSICO MENSUAL

En el artículo primero del DNU 669/19 se modifica nuevamente el cálculo del ingreso básico mensual. Es claro que la irritación que ha generado esta reforma es que explícitamente se está justificando una disminución del cálculo de las prestaciones dinerarias.

Posiblemente si esta solución se hubiese adoptado originalmente con la sanción 27.348 hubiera tenido una recepción favorable porque hubiera implicado una mejora a la situación anterior.

Por el cont rario, hoy resulta, como dije, irritante por lo expresado anteriormente sustentado en una situación circunstancial de exageradas tasas de interés y depreciación salarial.

Es decir, se toma una solución permanente por una situación circunstancial. Si cambian las situaciones de hecho como se está proponiendo (baja tasa de interés y recomposición de salarios -), ¿cuál será la respuesta de los poderes políticos? ¿Modificar nuevamente el IBM?Esta es la decepcionante situación normativa en general en nuestro país y en particular en lo que denomino «el sistema de riegos del trabajo» todo es circunstancial, parcial, improvisado, nunca una visión integral del problema a partir de una nueva norma clara y precisa.

Luego, la nueva norma mantiene el sistema por ajuste mensual para el cálculo del IBM y propone otro a la fecha de liquidación del mismo por el índice RIPTE que reemplaza la tasa activa cartera general nominal anual vencida a TREINTA (30) días del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA que se mantiene en caso de mora de la ART en abonar la prestación dineraria.

Una primera observación de la que derivará la segunda. Es un horror sostener que el RIPTE es una tasa de interés. Es un dato estadístico que marca la evolución de los salarios – que curiosamente está calculado y capitalizado cuando no se permite hacerlo con las tasas de interés – y que permite un ajuste del capital convirtiendo casi la deuda dineraria en una deuda de valor. Digo casi porque no deja de ser una deuda dineraria ajustada o actualizada conforme un parámetro elegido por el redactor de la norma.

Ahora bien, la dificultad que plantea el régimen es que en la práctica al momento de practicar la liquidación no cuento con el índice del mes en curso. Ello me llevaría a tomar como dividendo el índice del mes anterior pero surge, en ese contexto, la dificultad que normalmente el RIPTE tiene algunos meses de atraso. Por ejemplo, estamos en octubre de 2019 y el último índice publicado al momento de redacción del trabajo es de junio de 2019. Por tanto, no tengo una referencia precisa para establecer el dividendo de la operación que es similar a la que hacíamos por ajuste de inflación en la década de 1980 y parte de 1990.

Luego, aún contando con el índice, ¿cuál es el divisor de la operación:el índice del mes de ocurrencia de la primera manifestación invalidante -lo cual implicaría restar un mes de actualización dado que tomo el del mes anterior al de liquidación- o cómo hacíamos en el ajuste por inflación tomamos el mes anterior al de la PMI? Es probable que las supuestas aclaratorias de la SRT previstas en el art. 2(LEG102196.2) del DNU 669/19 nos proporcionen un dato concreto al respecto.

Aclarado este aspecto, la operativa es sencilla en cuanto a que efectuada la operación su resultado es el índice de corrección del IBM.

Sin embargo, la reforma reitera el error de establecer que se ajusta el IBM y no el resultado de la prestación dineraria. Esto me lleva nuevamente al problema de los mínimos indemnizatorios que haría comparar montos «actualizados» con mínimos «históricos» conforme la doctrina de «Espósito». Reviendo alguna opinión personal anterior creo que el tema es solucionable.

Se puede realizar la operación a valores de cálculo original del IBM y compararlos con los mínimos indemnizatorios. Si no se encuentran afectados se aplica el RIPTE al IBM o al resultado de la prestación dineraria (el orden de los factores no altera el producto en matemática) y tenemos la nueva prestación ajustada.

Si, por el contrario, el mínimo se encuentra afectado se ajusta el resultado de la fórmula por RIPTE y tenemos una prestación dineraria «ajustada» con los mínimos indisponibles salvaguardados.

No obstante, la reforma subsiste en el error de no disponer expresamente ninguna fórmula de compensación de las prestaciones de pago único. Veremos de analizar este problema seguidamente con el problema de los intereses.

III. LA TASA DE INTERÉS

Como ya dije, el RIPTE no es una tasa de interés y sólo ajusta el capital de la prestación dineraria. Ahora bien, en ese contexto, ¿se puede establecer una tasa de interés sobre capital ajustado? ¿Cuál es la naturaleza de los mismos?¿Cuál sería el fundamento normativo?. ¿Qué tasa se puede aplicar dado los términos de los arts. 767 y 768 del Código Civil y Comercial?

Veamos. Todas las preguntas necesitan una respuesta integral de modo que no se puede contestar separadamente.

Como premisa, es claro que los intereses compensatorios previstos en el art. 767 del CCyC se deben sin que el deudor se encuentre en mora. Ello así dado que una obligación puede llevar intereses y son válidos los que se han convenido entre el deudor y el acreedor, como también la tasa fijada para su liquidación. Si no fue acordada por las partes, ni por las leyes, ni resulta de los usos, la tasa de interés compensatorio puede ser fijada por los jueces.

En el mundo del ser – para no utilizar el término «mercado» que puede generar irritación – el interés es un índice utilizado en economía y finanzas para registrar la rentabilidad de un ahorro o el costo de un crédito. Se le llama interés a los distintos tipos de índice que se emplean en la medición de rentabilidad de los ahorros o que se incorporan al valor de un crédito. La tasa de interés es el porcentaje al que está invertido un capital en una unidad de tiempo, determinando lo que se refiere como «el precio del dinero en el mercado financiero».

En el mundo de la abstracción jurídica el interés es el fruto civil que produce un capital dinerario y se traduce en el rédito, rendimiento o provecho financiero que aquél genera. Ellos pueden ser compensatorios, moratorios o punitorios (cláusula penal conforme art. 769 CCyC). No analizaremos estos últimos dado que son ajenos al problema que se aborda en este trabajo.

Los intereses compensatorios son aquellos que se adeudan como contraprestación o precio por la utilización de un capital ajeno.son ajenos a toda idea de responsabilidad civil, no requieren para su procedencia que medie culpa, dolo u otro factor de atribución objetivo imputable en la conducta del deudor. Se encuentran regulados por el art. 767 CCyC, que autoriza a las partes a fijarlos, siendo válida la tasa fijada para su liquidación. Solo proceden en caso de acuerdo de partes o de previsión legal. Si la tasa no fue fijada por las partes, ni por las leyes, ni resulta de los usos, puede ser establecida por los jueces.

Es decir, los intereses no requieren del concepto de mora y compensan el paso del tiempo.

Por el contrario, los intereses moratorios son aquellos que se deben en caso de mora del deudor en el cumplimiento de su obligación. El deudor, con su incumplimiento, priva ilegítimamente al acreedor de su derecho a percibir un capital y, como consecuencia de ello, se encuentra obligado a reparar el perjuicio ocasionado. Los intereses moratorios, en consecuencia, constituyen la indemnización de tal daño y requieren para su admisión que el incumplimiento le sea imputable al deudor.

En el caso de las prestaciones dinerarias, me parece claro que hasta la determinación de la incapacidad no hay deuda líquida y exigible ya que tampoco es liquidable en virtud de carecerse de un dato necesario a tal fin como es el porcentaje de incapacidad. Por tanto, los intereses debidos desde la primera manifestación invalidante hasta la fecha de exigibilidad de la prestación dineraria son claramente compensatorios. Ello más allá de la deficiente técnica de redacción de los legisladores del art. 2 de la ley 26.773 que no sorprende a esta altura lamentablemente.

En ese contexto hay que analizar la posible aplicación del art.2 de la ley 26.773 en cuanto establece que el derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación causal adecuada de la enfermedad profesional.

La primera pregunta es si la sanción primero de la ley 27.348 y luego este DNU 669/19 modifican o derogan este párrafo de la ley 26.773.

A tal fin es necesario que, en primer lugar, una norma forma parte de un ordenamiento cuando es adoptada por un órgano o autoridad que tiene capacidad para establecerla (competencia formal o material), siguiendo el procedimiento establecido para la adopción de ese tipo de normas y que no contradiga normas jerárquicamente superiores de ese ordenamiento jurídico o no haya sido derogada de manera explícita o implícita por otra norma jurídica.

Ahora bien, la norma es válida constitucionalmente en cuanto a su sanción por el órgano -habilitado a tal fin- que la emite, dado que dicho problema se resuelve con un juicio de existencia o de hecho de la norma y, para ello, se determina sobre la base de tres juicios:

a. Determinar si la autoridad que la promulgó tenía poder legítimo para expedir normas jurídicas; es decir, normas vinculantes en ese determinado ordenamiento jurídico; para ello, hay que remontarse a la Constitución Nacional (CN), que es la base de la validez de todas las normas de determinado sistema (dejamos para otra oportunidad el análisis de la validez de la Constitución y la denominada «norma fundamental» de Kelsen). A modo de referencia, este es el problema que se resolvió en el precedente de la CSJN Banco Comercial de Finanzas (5).

Este interrogante presenta la primera dificultad conforme se planteara previamente. Su análisis excluye cualquier examen de invalidez de todo o de parte de alguna de ellas.No hay duda que la ley 27.348 está sancionada por un órgano competente y por tanto a los efectos del razonamiento que sigo su eventual efecto es indiscutible.

b. Comprobar si la norma no ha sido derogada para que tenga su validez. Como quiera que una norma puede haber sido validada, en el sentido de haber sido promulgada por un poder autorizado para hacerlo, pero esto no quiere decir que lo sea para toda la vida, y eso sucede cuando una norma posterior en el tiempo la haya derogado expresamente o cuando haya regulado la misma materia.

Aquí se presenta el problema de conflicto entre las normas que analizamos dado que al regular la misma cuestión con posterioridad la ley 27.348 deroga la aplicación genérica del art. 2 de la ley 26.773 en relación al IBM. En mi apreciación, si produce en relación al IBM lo que se denomina derogación implícita dado que regula la misma cuestión con posterioridad. Si el DNU 669/19 es ratificado por el congreso y se considera válido constitucionalmente tiene el mismo efecto y por tanto la compensación se limita al ajuste por actualización salarial (RIPTE). Que quede claro que no estoy haciendo un juicio de valor sobre su validez sino una proyección si se ratificara su operatividad normativa.

Sin embargo, no lo hace en relación a las prestaciones de pago único lo cual habilita que al calcularse el monto final de la prestación dineraria por lo menos el IBM esté ajustado por RIPTE y la prestación de pago único tenga un interés que se resolverá si puede ser fijado libremente por los jueces – dado que no hay norma específica – o se aplica la tasa activa cartera general nominal anual vencida a TREINTA (30) días del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA por analogía dado los límites que el art.768 del CCyC establece en cuanto a la libertad del magistrado en seleccionar la tasa aplicable (6).

Ahora bien, retomando el tema del IBM, si por el contario se considerara que el art. 2 de la ley 26.773 está vigente, (7) ¿cuál sería la tasa a aplicar?. No se puede dejar de ver que la tasa de interés tiene un componente de corrección por inflación (8) que en sus trabajo, Pizarro (9) denomina como escorias o resacas o tasa de interés aparente. Sostiene el autor, siguiendo a Molinaro, (10) que la tasa de interés no se integra exclusivamente con la rentabilidad pura del capital (interés puro), sino que se deslizan en ella una serie de componentes de suma importancia, denominados escorias o resacas, que tienen fuerte incidencia a la hora de su determinación y que actúan como factor idóneo para incrementarla. La tasa de interés que incluye esas escorias se denomina tasa de interés aparente o bruta.

Bien, corregido el capital en el caso del IBM, ¿qué tasa reúne a partir del 1/8/2015 los requisitos previstos por el art. 768 del Código Civil y Comercial en cuanto requiere se fijen según las reglamentaciones del Banco Central? Con anterioridad no tengo problemas porque puedo fijar las tradicionales tasas puras del 6 u 8% anual dada la libertad que daba a tal fin el Código Civil vigente hasta el 31/7/2015 en su artículo 622 .

Parecería que las tasas que se fijan en los prestamos UVA sobre capital actualizado reúnen los requisitos del Código civil y Comercial. Sin embargo, ellos están vigentes desde marzo de 2016 – más allá de la actual distorsión funcional dada la crisis y la morosidad del sistema – por lo que hay un período de 7 meses que no tenemos una tasa pura de referencia. En ese contexto sería razonable que se pudiera aceptarla fijación de la tasa pura con la discrecionalidad propia del magistrado en una suerte de «ultra actividad» del art.622 del CC.

Estos dilemas son derivados de lo establecido por el art. 3 del DNU 669/19 que establece la aplicación inmediata de todas las causas judiciales o administrativas pendientes de resolución y de la aplicación del nuevo artículo 12 de la LRT.

Dado el tiempo de tardanza en la resolución de las controversias hay un número residual pero importante de causas pendientes de sentencia anteriores al 1/8/2015 lo que hacen válidas las reflexiones previamente efectuadas.

IV. EL CÁLCULO DE LA PRESTACIÓN DINERARIA. BREVE PROPUESTA.

Bien, efectuadas todas las consideraciones previas la propuesta de cálculo de la prestación dineraria (siempre que la SRT en sus aclaraciones establezca otro mecanismo aunque siempre es dudoso que pueda hacerlo válidamente) es la siguiente:

a) Calcular a valor histórico con IBM ajustado en el promedio por RIPTE las prestaciones dinerarias (IBM x %I x 53 x coef. corrección – 65 % edad del trabajador)= PD (= o > IM x % de I).

El resultado se corrige por RIPTE (como ya dije, el orden de los factores no altera el producto, da igual). Si se considera que devenga intereses se le suman intereses puros dado que, de lo contrario, habría doble actualización.

b) Prestaciones de pago único más interés hasta la fecha de liquidación conforme la tasa activa cartera general nominal anual vencida a TREINTA (30) días del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

c) Si corresponde la prestación adicional prevista en el art. 2 de la ley 26.773 sería:(PD ajustada con interés si se consideran procedentes + PPU con interés) x 20% = Prestación dineraria de pago final.

d) A partir de la mora en el pago de la indemnización será de aplicación lo establecido por el artículo 770 del Código Civil y Comercial acumulándose los intereses al capital, y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación.

En este sentido, el caso es fácil porque a cada uno de los resultados finales se aplica el interés que corresponda al período de mora.

Por su parte, y finalmente siempre es bueno recordar que los intereses moratorios sustituyen la indemnización de los daños y proceden ante el incumplimiento del deudor.

V. CONCLUSIONES

Es evidente que el decreto tanto en su contexto formal como sustancial va a producir una nueva litigiosidad y ampliará la conflictividad de este espacio del mundo laboral.

Algunas de sus soluciones, como la de reemplazar finalmente el viejo art. 12 de la LRT, que era un promedio a valores no constantes y por tanto insostenible matemáticamente y constitucionalmente, parecen adecuadas pero se ven opacadas por la desprolijidad, contradicción y falta de claridad de algunos aspectos centrales de sus modificaciones.

Por ahora sólo puedo decir que el tiempo dirá hacia donde vamos. Una vez más, prudencia y paciencia se requerirá de los operadores jurídicos. Nunca olvidemos que detrás de todo este laberinto normativo hay personas que buscan una respuesta.

———-

(1) Schick, Horacio. Informe laboral N° 71. El Inconstitucional DNU 660/19

(2) CSJN «Consumidores Argentinos c/ EN -PEN- Dto. 558/02 – ley 20.091 s/ amparo» SENTENCIA 19 de Mayo de 2010 Id SAIJ: FA10985614

(3) CSJN Verrocchi, Ezio Daniel c/ Poder Ejecutivo Nacional – Administración Nacional de Aduanas s/ acción de amparo SENTENCIA 19 de Agosto de 1999. Fallos 322:1728. Id SAIJ: FA99000009

(4) Romualdi, Emilio E. El paradigma de la no capitalización de intereses y su conflicto con la realidad 19-jun-2019, MJ-DOC-14943-AR | MJD14943

(5) CSJN, 19/8/2004, «Banco Comercial de Finanzas s/ Quiebra», MJJ77590

(6) Romualdi, Emilio E. El paradigma de la no capitalización de intereses y su conflicto con la realidad 19-jun-2019. MJ-DOC-14943-AR | MJD14943

(7) Machado, José Daniel Interrogantes marginales que suscita el DNU 669/2019 RC D 1336/2019

(8) Romualdi, Emilio E. El paradigma de la no capitalización de intereses y su conflicto con la realidad 19-jun-2019. MJ-DOC-14943-AR | MJD14943

(9) Pizarro, Ramón D. Los intereses en el Código Civil y Comercial LA LEY 31/07/2017, 1

(10) MOLINARIO, Alberto D., «Del interés contractual y cuestiones conexas», ED, 43- 1153.

A %d blogueros les gusta esto: