Se anula la sentencia que rechazó la indemnización por muerte del chofer, por entender que sus patologías no guardaban relación con sus labores, relativizando las pericias médicas

Partes: P. A. F. c/ Galeno ART S.A. s/ Enfermedad profesional

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 14-ago-2019

Cita: MJ-JU-M-120888-AR | MJJ120888 | MJJ120888

Incurre en absurdo el tribunal de grado que relativiza las conclusiones de la pericia médica mediante afirmaciones dogmáticas y carentes del respaldo científico.

Sumario:

1.-Debe anularse la sentencia que rechazó la demanda por indemnización del art. 248 LCT, por entender que las patologías que finalmente llevaron a la muerte del trabajador -hipertensión arterial e hipercolesterolemia- resultaban laboralmente inculpables y no guardaban relación directa ni indirecta con sus labores de chofer de ómnibus de media y larga distancia; ello, pues su conclusión acerca de que la cantidad de horas de trabajo realizadas no resultaban prueba suficiente para demostrar el estrés como causante de la enfermedad profesional denunciada se aparta arbitrariamente y sin fundamento científico alguno del peritaje médico.

2.-Determinar las características de las tareas desempeñadas por el trabajador, como así también la existencia de relación causal o concausal entre estas y el daño padecido, y en general el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio, constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado y ajenas a la casación, salvo que se demuestre el excepcional vicio de absurdo en la labor axiológica de los magistrados, que debe ser fehacientemente demostrado por quien lo invoca.

Fallo:

En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Genoud, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.747, «P., A. F. contra Galeno ART S.A. Enfermedad profesional».

ANTECEDENTES

El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín rechazó la demanda promovida, imponiendo las costas a la actora vencida (v. fs. 287/296). Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 306/321 vta.). Oído el señor Procurador General (v. fs. 360/362 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

CUESTIÓN

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

VOTACIÓN

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

I. El tribunal de trabajo interviniente desestimó íntegramente la acción deducida por la señora A. F. P. -por sí y en representación de sus hijos menores de edad, G. R. y A. A. -este último, hoy mayor de edad-, J. I. y A. E. A. contra Galeno ART S.A., en cuanto procuraban el cobro de una indemnización derivada del fallecimiento del señor R. A. A. -quien en vida fuera esposo y padre, respectivamente, de los accionantes- (v. fs. 287/296). Para así resolver, tras valorar las pruebas rendidas en la causa, si bien tuvo por acreditado en el veredicto que este último trabajaba como chofer de colectivos para la empresa El Rápido de Lincoln S.R.L. y el recorrido diario que realizaba en su labor, el órgano de grado consideró que no resultó probado en autos el estrés laboral padecido por el trabajador en el cual los actores basaron su demanda (v. vered., fs.287/290). Por ello, sostuvo que las patologías que finalmente llevaron a su muerte -hipertensión arterial e hipercolesterolemia- resultaban laboralmente inculpables y no guardaban relación directa ni indirecta con las labores desarrolladas bajo las órdenes de su empleador (v. sent., fs. 294 vta.).

II. Contra la sentencia de grado, se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación del art. 6 de la ley 24.557; el decreto 658/96; los arts. 34 inc. 5, 375, 384, 415 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 34, 37, 44 inc. «d» y 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 306/321 vta.). En primer lugar, se agravia de la decisión del a quo en cuanto este consideró que ninguna prueba se había aportado a la causa tendiente a demostrar el estrés denunciado en la demanda. En este sentido, alega que el juzgador se equivoca al sostener que la cantidad de horas trabajadas no fueron suficientes para acreditar la enfermedad profesional denunciada (v. fs. 311 vta.). Sostiene que las labores prestadas resultaron «causa eficiente» de su afección, dado que actuaron concausalmente en la patología cardíaca, llevándolo a su muerte. Entiende que la sentencia resulta inadecuada y contradictoria (v. fs. 311 vta. y 312). Manifiesta que el tipo de tareas y las condiciones en las que fueron prestadas configuraron una causa de estrés notorio, por lo cual el riesgo resultó inherente a la actividad que desempeñaba. Sostiene que todo ello obró como causa o concausa del fallecimiento del señor A. (v. fs. 312 y vta.). Agrega que el decreto 4.257/68 declara en su art. 1 que la actividad habitual que desempeñan los conductores de ómnibus o vehículos de transporte colectivo de personas es considerada «insalubre» (v. fs.312 vta.). Postula -además- que el perito médico en su informe sostuvo que -en caso de probarse las extensas jornadas de labor-, el estrés constituiría una causa determinante de la afección cardíaca con una influencia de los factores externos del orden del 60%, sobre un 40% respecto de los personales. Agrega que esa patología cardíaca guarda relación concausal con las labores cumplidas para la empleadora (v. fs. 313). En segundo lugar, objeta que el juzgador de grado pusiera en cabeza del trabajador el no haber denunciado su estado físico, cuando en rigor correspondía a su empleador y a la aseguradora de riesgos del trabajo la obligación de denunciar, controlar y velar por su seguridad e integridad. Sostiene que esta última jamás efectuó un control médico sobre el trabajador durante los años que duró el vínculo laboral (v. fs. 313 vta./315 vta.). Por otro lado, entiende que las posiciones absueltas en rebeldía -por la sola confesión ficta- ostentan el valor de plena prueba y son suficientes para acreditar los hechos establecidos en el pliego de posiciones, produciendo los mismos efectos que la confesión expresa (v. fs. 316). Aduce que el sentenciante se apartó irrazonable e infundadamente de las conclusiones del peritaje médico, del cual surge acreditada la relación causal denunciada en la demanda, incurriendo así en una absurda valoración de la prueba (v. fs. 316 vta. y 317). En este sentido, denuncia violada la doctrina sentada por esta Corte en la causa L. 62.544, «Reboredo», sentencia de 23-II-1999 (v. fs. 317 vta.). Finalmente refiere que la sentencia resulta arbitraria porque fundó el rechazo de la acción indemnizatoria con sustento en un precedente de ese mismo tribunal que no guarda ninguna analogía con el presente caso.

III. En mi opinión, coincidente con el dictamen del señor Procurador General (v. dictamen, fs. 360/362 vta.), el recurso debe prosperar.

III.1.En primer lugar, se advierte que el veredicto carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47 de la ley 11.653. Asimismo, se observa que la secretaria del tribunal de origen no rubricó el mentado veredicto (v. fs. 290) ni la sentencia (v. fs. 296), limitándose a suscribir la planilla Augusta de circulación de expedientes y la constancia de registro del resolutorio (v. fs. 296 vta.). Al respecto, cabe destacar que, en tanto los defectos apuntados constituyen falencias de forma (causa L. 98.624, «Rossi», sent. de 3-VI-2009), no conducen por sí solas a la anulación del pronunciamiento. III.2.a Sentado lo anterior, corresponde entonces ingresar en el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.

III.2.b. En lo que interesa por ser materia de agravios, con sustento en las posiciones absueltas en rebeldía, el tribunal de grado tuvo por acreditado que el señor A. trabajó como chofer de ómnibus de media y larga distancia y que su jornada laboral era de lunes a sábados inclusive. También, que diariamente recorría 480 kilómetros, modalidad que se extendió durante todo el tiempo que duró la relación laboral, lo cual le demandaba catorce horas continuas de trabajo. Juzgó probado, además, que debía encargarse de vender los boletos dentro del colectivo y de mantener la unidad en los casos de avería (v. vered., fs. 288 vta. y 289). Por otro lado, sostuvo que ninguna prueba se había aportado a la causa tendiente a demostrar el estrés denunciado en su libelo inicial y que -por el contrario- de la pericia médica surgía como antecedente que ya en el año 2011, el señor A. había sido diagnosticado con «colesterol alto» y medicado, pero que decidió no continuar con el tratamiento farmacológico que se le había indicado.Consideró que tampoco fue acreditado que hubiere requerido asistencia médica por la patología coronaria que padecía (v. vered., fs. 289 y vta.). Apuntó también, que el perito médico señaló como factor concausal en el desarrollo de la patología padecida por el trabajador fallecido las tan extensas jornadas de trabajo esgrimidas por él, en caso de que fueran probadas (v. vered., fs. 288 vta.). Sin embargo, el a quo entendió que «la cantidad de horas de labor no son suficientes para probar el mentado stress laboral como causante de la enfermedad profesional denunciada» (v. vered., fs. 289 vta.). A su vez, tuvo en cuenta que la cardiopatía con bloqueo izquierdo a la cual hizo referencia el experto -así como el colesterol alto detectado dos años antes de su muerte y por el que aparentemente no recibió tratamiento o se abandonó el mismo- no podían constituirse válidamente en enfermedad profesional alguna, dado que no se había demostrado vinculación causal entre las labores desarrolladas con su desenlace fatal por las patologías inculpables pericialmente dictaminadas (v. fs. cit.). Destacó que el causante no realizó denuncia alguna por enfermedad profesional ante la aseguradora de riesgos del trabajo contratada, cuando bien podía haberlo hecho al momento en que fue diagnosticado con colesterol y medicado por ello en el año 2011, ni tampoco cuando en el año 2013, al renovar su licencia de conducir, se le detectó una cardiopatía (v. fs. cit.). Establecido ello, expresó que «la sola circunstancia de que el trabajador hubiere ingresado sano a trabajar a las órdenes del principal, no es en sí misma -en ausencia de otros medios de prueba- demostrativa del nexo causal entre su enfermedad y las condiciones de trabajo» (v. sent., fs. 293 vta.). En ese marco, entendió que los accionantes no lograron demostrar la vinculación causal endilgada entre las tareas y la muerte del trabajador, así como tampoco el estrés padecido por este último (v. sent., fs.294). Para más, definió al estrés laboral -con sustento en lo dicho en otro precedente de su mismo tribunal- y destacó entre sus factores de riesgo, fundamentalmente, «al ritmo de trabajo elevado y aquel determinado por exigencias externas», entre otros. En definitiva, consideró a dicha enfermedad como «una consecuencia de un conjunto de elementos» (v. sent., fs. 294 vta.). Por último, determinó que -en el caso concretoaquellos factores habían sido invocados en la demanda, pero no probados de forma alguna. En ese contexto, consideró que el señor A. falleci ó a consecuencia de padecer hipertensión arterial y la hipercolesterolemia, patologías estas que no guardaban relación directa ni indirecta con las labores que realizaba para su empleadora (v. sent., fs. 294 vta.). Por lo tanto, el tribunal de origen entendió que, no existiendo nexo de causalidad entre ellas, no había obligación de reparación frente a la inculpabilidad del daño sufrido. Con tales fundamentos, rechazó la demanda instaurada (v. fs. 295/296).

III.3. Tiene dicho esta Corte que determinar las características de las tareas desempeñadas por el trabajador, como así también la existencia de relación causal o concausal entre estas y el daño padecido, y en general el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio, constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado y ajenas a la casación, salvo que se demuestre el excepcional vicio de absurdo en la labor axiológica de los magistrados, que debe ser fehacientemente demostrado por quien lo invoca (causas L. 95.205, «Macías», sent. de 22- XII-2008; L. 101.627, «F., M. G.», sent. de 22-VI-2011 y L. 116.613, «Gutiérrez», sent. de 16-IV-2014). Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 110.253, «Diez», sent. de 11-VII-2012; L. 116.962, «Sobrero», sent. de 15-VII-2015 y L.118.753, «Márquez» , sent. de 15-XI-2016). Ahora bien, bajo tales premisas, es posible anticipar que en la especie se verifica el excepcional supuesto tipificante que permite la revisión de lo actuado y decidido por el a quo en esta instancia casatoria, pues con acierto denuncian los recurrentes que el sentenciante de origen incurrió en tal vicio extremo al valorar la prueba. En el caso, conforme surge de la reseña efectuada, el juzgador de grado evaluó la prueba producida -pericial médica y absolución de posiciones ficta- y determinó que los promotores del pleito no habían logrado demostrar el nexo de causalidad o concausalidad entre la muerte del señor A. y las tareas desarrolladas para su empleadora, ello, por cuanto no se había acreditado el estrés denunciado -a la par- que sí se tuvieron por probadas las patologías inculpables padecidas por aquel. Por un lado, es preciso destacar que la experticia médica obrante a fs. 223/227 determinó que si bien la afección de salud por la cual falleció el actor era de carácter inculpable, «existe un factor a considerar que es la influencia del stress, situación a la cual todos nos vemos expuestos en mayor o menor medida, pero que debe considerarse de importancia en este caso, constituyendo un factor concausal en el desarrollo del cuadro si se prueba que el occiso desarrollaba tareas por jornadas laborales tan extensas como lo esgrimido por la actora» (fs. 226 vta.; el destacado figura en el original). Agregó el profesional médico que -en caso de que ello se probara-, conforme el Baremo de Altube Rinaldi, a los efectos de evaluar la influencia concausal entre los factores personales (hipertensión arterial e hipercolesterolemia) en relación con los factores externos (estrés, jornada prolongada y la exposición en años), se debía estimar a estos últimos en un 60% de influencia, frente al 40% por aquellas predisposiciones personales (v. fs.227). Sin embargo -conforme fuera anticipado-, al momento de resolver la contienda, el tribunal de origen rechazó la demanda promovida, aun cuando tuvo por acreditadas las tareas de chofer de colectivo que realizaba el trabajador y -a través de las posiciones absueltas en rebeldía- el recorrido diario que efectuaba en su labor (v. vered., fs. 288 vta./289 vta.). De allí que, su conclusión acerca de que la cantidad de horas de trabajo realizadas no resultaban prueba suficiente para demostrar el estrés como causante de la enfermedad profesional denunciada, se aparta arbitrariamente y sin fundamento científico alguno del peritaje médico. En este sentido, si bien es cierto que esta Corte tiene dicho que los tribunales de trabajo tienen facultades amplias para valorar el mérito y fundamento de la pericia médica, no hay duda que ello no convalida un ejercicio arbitrario de esta atribución jurisdiccional ni puede llevar a prescindir de las consecuencias de un apartamiento infundado del contenido de tal elemento probatorio. En todo caso, la desestimación de las conclusiones del experto debe ser razonable y científicamente fundada (causa L. 77.914, «Zuccoli» , sent. de 2-X-2002). Cuadra recordar, en ese orden, que incurre en absurdo el tribunal de grado que relativiza las conclusiones de la pericia médica mediante afirmaciones dogmáticas y carentes del respaldo científico que es menester, las desinterpreta groseramente o sienta determinaciones que contradicen la verdad objetiva que resulta de la causa, al contraponer una conclusión inexacta frente a la realidad que emerge del dictamen médico (causas L. 93.068, «Encinas», sent. de 6-XII-2006 y L. 97.515, «P., A. C.», sent.de 19-X2011). Por esta razón, acreditadas las tareas de chofer del trabajador, el recorrido diario que realizaba y, por su conducto, las extensas jornadas de labor, no cabe duda que la labor axiológica desplegada por el a quo que lo condujo a dejar a un lado las conclusiones de la aludida experticia (a través de la cual se había evaluado que -en el caso concreto- la influencia del estrés como factor concausal en el desarrollo del cuadro era de un 60%), elude la obligación que asumen los tribunales de grado de fundar adecuadamente sus decisiones ante un eventual apartamiento del contenido o ponderación de dicho medio probatorio. En otras palabras: no pudo el sentenciante -frente a las constancias de la causa- concluir que los accionantes no lograron acreditar con las pruebas rendidas en las actuaciones la relación de causalidad entre las tareas desarrolladas por el trabajador y su fallecimiento.

III.4. A tenor de lo señalado y resultando que lo decidido en los apartados anteriores basta para revocar la sentencia, deviene abstracto el abordaje de los demás agravios que exhibe la impugnación.

IV. Por todo lo dicho, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia impugnada en cuanto incurrió en absurdo al considerar no demostrado el estrés como factor concausal de la enfermedad laboral denunciada. En consecuencia, los autos deberán volver al tribunal de origen para que, nuevamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda atendiendo a las consideraciones aquí efectuadas. Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC). Voto, pues, por la afirmativa. Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

SENTENCIA

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto incurrió en absurdo. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento. Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC). Regístrese, notifíquese y devuélvase.

EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI

HECTOR NEGRI

DANIEL FERNANDO SORIA

LUIS ESTEBAN GENOUD

ANALÍA S. DI TOMMASO

Secretaria Interina

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