Decir que sí: El asentimiento conyugal instaurado por el art. 1277 del Código Civil es exigido para ‘derechos registrables’, dentro de los cuales se encuadraría la cesión de cuotas de una SRL

Partes: Empresa El Norte Bis S.R.L. s/ cesión de cuotas-aumento capital

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista

Sala/Juzgado: 4ta. circ.

Fecha: 13-jun-2019

Cita: MJ-JU-M-120961-AR | MJJ120961 | MJJ120961

El asentimiento conyugal instaurado por el art. 1277 del Código Civil es exigido para ‘derechos registrables’, dentro de los cuales se encuadraría la cesión de cuotas de una SRL.

Sumario:

1.-Es absolutamente subsumible la falta de asentimiento conyugal dentro de lo que el art. 1277 del CCiv. llama ‘vicios o defectos de forma’ cuando las cuotas en cuestión tienen naturaleza ganancial, por ello la falta de asentimiento conyugal en el contrato de transferencia de cuotas sociales constituye una nulidad con relación al cónyuge de cuyo asentimiento se prescindió, pues no cabe más que incluir dentro de ‘forma’ a la necesidad del asentimiento conyugal para casos como el presente donde lo que se transmite es ni más ni menos que un derecho registrable.

2.-El asentimiento de los cónyuges de los cedentes queda fuera del control de los terceros no interesados en la operación efectuada y no responde a ninguno de los supuestos en los que la norma aplicable otorga la posibilidad de observación al Secretario del Registro Público, ello así pues, como adelanté, la facultad que le otorga la ley 3397 al registrador recae sobre el control y su posterior observación de vicios o defectos de forma en los actos y documentos acompañados para su registración, lo que no ocurre en lo referente a la conformidad del cónyuge de los cedentes y, por otra parte, la cesión que aquí se trata no contraría al orden público y tampoco se observa falta de capacidad de los otorgantes (Del voto en disidencia parcial del Dr. Casella).

Fallo:

En la ciudad de Reconquista, a los 13 días del mes de Junio de 2019, se reúnen los Jueces de esta Cámara, Dres. Aldo Pedro Casella, María Eugenia Chapero y Santiago Andrés Dalla Fontana para resolver el recurso interpuesto por el representante de Empresa El Norte Bis SRL contra la providencia dictada por el Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Distrito N° 4 de la Primera Nominación de esta ciudad a cargo del Registro Público de Comercio, en los autos “Empresa El Norte Bis SRL s/ Cesión de cuotas -Aumento Capital- Modif. Contrato y Desig. Gerente”, Expte. N° 421, Año 2016. Acto seguido el Tribunal establece el orden de votación con el estudio de autos:

Casella, Dalla Fontana y Chapero se plantean las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿Es nula la sentencia apelada?

SEGUNDA: ¿Es justa la sentencia apelada?

TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión, el Dr. Casella dijo: Al momento de expresar agravios, el recurrente no argumenta la nulidad del acto jurisdiccional atacado. No obstante, la providencia luce adecuadamente fundada y el quejoso no se ha visto imposibilitado de cuestionarlo al sostener este recurso de apelación, y siendo este instituto de interpretación estricta, taxativa y limitada, y no advirtiendo irregularidades en el procedimiento, ni vicios u omisiones en la sentencia que por su carácter insalvable impongan invalidarla, voto por la negativa.

A la misma cuestión, el Dr. Dalla Fontana y la Dra. Chapero votan en idéntico sentido.

A la segunda cuestión, el Dr. Casella dijo:

1-A fs.110 la actora dedujo recurso de revocatoria parcial con apelación y nulidad en subsidio contra la providencia de fs. 109 del Juez a cargo del Registro Público de Comercio. A fs. 115 se dicta la providencia por la cual se tiene por cumplimentada parte de las disposiciones de la providencia de fs.109, y no hace lugar, y concede los recursos interpuestos subsidiariamente, respecto de las observaciones vertidas “B”, “C”, “D” y “K” de la misma . Ello no obstante, con posterioridad por decreto de fs.143 el a quo tuvo por cumplimentados los items “B” y “D”, y a fs. 141 dispuso la anotación preventiva conforme al art. 23 in fine de la ley 3397 de la cesión de cuotas, el aumento de capital, la modificación del contrato y la designación de gerentes de la entidad “EMPRESA EL NORTE BIS SRL”. De acuerdo a estos antecedentes, la apelación versa sobre los puntos subsistentes de la resolución de fs. 109 en la que el Juez a cargo del órgano registrador revisó el acto impugnado emitiendo opinión jurisdiccional al respecto, contra la cual la parte en desacuerdo interpuso el recurso que aquí se trata de conformidad con lo dispuesto por la ley 3397, reguladora de la actividad de los Registros Públicos de Comercio de esta Provincia.

2-De modo que el recurso de apelación de la actora subsiste en cuanto la resolución de fs. 109 rechazó el planteo efectuado por el recurrente de que se proceda a la inscripción de la cesión de cuotas sin que se haya efectuado el correspondiente asentimiento conyugal en los términos del artículo 1277 del derogado Código Civil (observación C, fs.

109), y el de revocar el pedido de “salvar” un interlineado manuscrito que se observa en la cesión mencionada (observación K, fs. 109).

3-Al sostener el recurso de apelación ante esta Alzada, la actora en su expresión de agravios de fs.151-153, en primer lugar manifiesta que el decisorio del a quo afecta a su mandante por cuando impide el registro de la cesión de las cuotas sociales, aunque fuera “observado”. Sostiene que la falta de asentimiento conyugal en el contrato de transferencia de cuotas sociales constituye una nulidad con relación al cónyuge de cuyo asentimiento se prescindió. Entiende el apelante que el acto en cuestión tiene pleno valor respecto de quien lo celebró por ende es título suficiente para la viabilidad de la inscripción que se peticiona, insistiendo que la falta de consentimiento del cónyuge origina una nulidad de carácter relativo, sólo invocable por el esposo omitido y sus herederos. Continúa abonando la cuestión haciendo un relato de las cuestiones que pueden realizarse sin asentimiento conyugal y la viabilidad del petitorio efectuado.

4-En el segundo agravio, expresa el apelante que en el decisorio referido como “punto K”, le solicita el salvado (con intervención notarial) de un interlineado manuscrito que aparece en el instrumento de cesión, referente a Marcos Amarilla y Avelina Rodriguez de Martinez que no figuran entre las partes del contrato que encabezan el instrumento. Sobre esto, sostiene que el pedido del registro constituye un exceso ritual, por cuando el instrumento fue firmado por los cesionarios aun cuando no se encuentran mencionados en el encabezamiento pero surge del resto de las fojas del instrumento el nombre de Avelina Rodriguez de Martinez como vendedora. Asimismo, manifiesta que la vendedora ha “reconocido el instrumento de cesión” (sic) en los autos “Fernandez Lucas Ricardo y otros c/ Moscato Juan y otros s/ medidas preparatorias juicio sumario” (expte 228/2011), de trámite por ante el Juzgado de 1° Instancia de la Primera Nominación de esta ciudad.

5-Adelanto que en mi opinión le asiste parcialmente la razón al apelante, esto es, en cuanto a la exigencia del asentimiento conyugal.Ello así por cuanto la ley registral mencionada delimita las atribuciones de observación al Secretario del Registro sobre los actos y documentos que se presentan a inscripción por vicios o defectos de forma, o por falta de capacidad de los otorgantes o por tener un objeto contrario al orden público, lo que no se observa en la omisión sobre la conformidad conyugal a la cesión de cuotas que aquí se debate.

Como es sabido, el artículo 1277 del Código Civil derogado exigía la conformidad conyugal para disponer de bienes muebles registrables cuando éstos eran gananciales, no estableciendo la sanción que debía aplicarse ante su omisión. La doctrina y la jurisprudencia no han sido concordantes sobre esta cuestión. Los juristas que se enrolan en la tesitura de la invalidez del acto discrepan acerca de si el acto es nulo o anulable. Una parte de los autores entiende que la invalidez se traduce en la nulidad por aplicación del art. 1043 del Cód. Civil. Se trata de una nulidad relativa que sólo puede ser invocada por el consorte que tuvo que prestar el asentimiento o por sus herederos -la negrilla me pertenece- (Zannoni, Eduardo A.,”Derecho Civil – Derecho de familia”, t. I, p.

620, Buenos Aires, 1978). La doctrina minoritaria, en cambio, sostiene que el acto es inoponible al cónyuge que no dio su asentimiento (Vidal Taquini, “Régimen de bienes en el matrimonio”, pag. 362. Buenos Aires, 1987). Pero, desde luego, esta última postura se encarga de enfatizar que “el acto de disposición que efectúa el cónyuge administrador es válido y eficaz entre las partes, pero es ineficaz para el cónyuge que debió prestar el asentimiento, para quien el acto es como si no existiese” .

El Código Civil y Comercial vigente zanja la discusión referida en torno a las consecuencias que se derivan del acto ejecutado sin contar con la conformidad del no disponente. El artículo 456 aplicable por remisión del art.470 in fine elimina cualquier tipo de incertidumbre que pudiera surgir disponiendo en ese supuesto la nulidad del acto.

Asimismo, echa luz sobre el legitimado para solicitarlo: “la nulidad podrá ser demandada por el cónyuge no disponente dentro del plazo de seis meses de haber tomado conocimiento del acto cuestionado, pero nunca más allá de los seis meses de concluido el régimen matrimonial.

Con el establecimiento de un plazo relativamente corto, se dota de certeza los derechos de los terceros contratantes, sin descuidar el derecho del cónyuge no disponente de plantear su oposición al negocio concretado por su consorte” (Herrera, Marisa y otros. CCC Comentado.

Pag. 98, T II, editorial INFOJUS; v. asimismo Hernandez, Lidia, El Asentimiento Conyugal en el Régimen Actual y en la Reforma Proyectada, sobre efectos de la falta de asentimiento, pag.375 y ss y la opción por la nulidad en el CCCN en pag. 381, en Calvo Costa, Carlos – Director- Doctrina y Estrategia del Código Civil y Comercial, tomo II, Ed. La Ley).

Viniendo ahora a este caso, se advierte que ante la presentación del actor el Secretario del Registro Público de Comercio decretó a fs.19 el punto C, confirmado por la resolución del a quo de fs. 109 que el apelante impugna, en estos términos: “Constituyendo la cesión un acto de disposición de un bien registrable, resulta indispensable el acompañamiento de los respectivos asentimientos conyugales (art. 1277 del C. Civil) instrumentación que se hará con certificación de firmas”. Es decir, requiere los asentimientos conyugales de todos los cedentes del contrato de cesión de cuotas fs. 1/9 que declaran ser casados. Cabe señalar que si bien de esa documental surge la declaración del estado civil, no surge el carácter ganancial de las cuotas que se ceden.Ahora bien, si aun así lo fuera considero que el asentimiendo de los cónyuges de los cedentes queda fuera del control de los terceros no interesados en la operación efectuada y no responde a ninguno de los supuestos en los que la norma aplicable otorga la posibilidad de observación al Secretario del Registro Publico.

Ello así pues, como adelanté, la facultad que le otorga la ley 3397 al registrador recae sobre el control y su posterior observación de vicios o defectos de forma en los actos y documentos acompañados para su registración, lo que no ocurre en lo referente a la conformidad del cónyuge de los cedentes y, por otra parte, la cesión que aquí se trata no contraría al orden público y tampoco se observa falta de capacidad de los otorgantes (art.

23 primer párrafo, ley 3397). Con similar criterio ha sostenido la Sala Tercera de la CCC Rosario que “el cumplimiento del asentimiento conyugal no puede quedar sujeto al control de la autoridad registral, pues la registración es un acto de jurisdicción voluntaria que, como tal, importa una declaración basada exclusivamente en los elementos de juicio unilateralmente aportados por el peticionario y, por ende, no produce efectos de cosa juzgada” (AR/JUR/2783/1998).

6-En la observación inicial de fs. 20, materia del segundo agravio, el Secretario del Registro Público de Comercio textualmente expresa: “K) Se observa asimismo que en la parte final del instrumento de cesión aparece un interlineado en manuscrito no salvado que refiere a dos personas (Marcos Amarilla y Avelina Rodriguez de Martinez) que no figuran entre las partes del contrato que encabezan el instrumento”.

Esta observación es confirmada por la resolución de fs. 109, que dispone: “Relacionado con el punto “K” no cumplimenta lo observado en relación al interlineado manuscrito -foja 7- (contrato de cesión), omitiéndose el salvado y ratificación de sus otorgantes y a su vez no advertido en certificación notarial”, como así también al resolver la reposición a fs. 115, disponiendo escuetamente ” 4 – Pto.K – Salvado de interlineado-Escribano”, y luego, ante la nueva presentación del actor invocando haberlo cumplido, disponiendo: “Al Pto. 3- NO HAY LUGAR, por cuanto el cambio de tinta debe ser subsanado por los firmantes y/ o autoridad certificante al pie del instrumento” (fs. 117). Como se advierte, las sucesivas providencias son equívocas en cuanto podrían incluir, las de fs. 109 y 115 al menos, la intervención notarial. Al respecto cabe señalar que el acto se ha instrumentado mediante contrato privado de las partes (art. 152 Ley General de Sociedades), no siendo requisito de validez, por lo tanto, la actuación notarial, y además considero oportuno advertir que la celeridad y economía procesal que exige la ley sobre los procesos judiciales alcanza también al Registro Público, por lo que se brega para que las exigencias en el cumplimiento de los requisitos faltantes al momento de decretarlos sean efectuados en el primer momento (fs. 20), evitando el agregado de nuevas exigencias en posteriores providencias sobre cuestiones ya analizadas y controladas.

Sin perjuicio de ello, no cabe duda que en el contrato en cuestión se introdujo un agregado o interlineado manuscrito en el texto mecanografiado, interrumpiendo una cláusula del instrumento relativa a las facultades de los profesionales intervinientes, que dice (fs. 7): “Se aclara que comparece el señor Marcos Amarilla, DNI 17.618.687, por autorización de Avelina Rodriguez de Martinez vendedora”. También se verifica, como fue observado, que los mencionados no figuran entre las partes que encabezan el instrumento y que el agregado o interlineado no fue salvado.

El argumento principal del apelante es que la omisión quedó subsanada por el reconocimiento producido en los autos “Fernandez Lucas Ricardo y otros c/ Moscato Juan y otros s/ medidas preparatorias juicio sumario” (expte 228/2011). Efectivamente, en esos autos que tengo a la vista el Juez de Primera Instancia resolvió tener por reconocidas las firmas y el instrumento de cesión de cuotas.

No obstante, considero que la irregularidad observada no quedó subsanada.En primer lugar, en razón de que el reconocimiento que alega el recurrente se produce en el marco de un proceso de “medidas preparatorias de juicio sumario”, en los términos del artículo 390 y siguientes del código ritual provincial, por lo que no puede considerarse las medidas allí producidas como pruebas autónomas válidas fuera de los fines de preparar la vía para la iniciación correcta de los procesos de conocimiento. Las medidas preparatorias no tienen -en principio- carácter probatorio, y en todo caso no es su objeto principal, aunque de esta actividad derive una prueba. Están fundamentalmente orientadas a la constitución adecuada de la litis por lo que es incorrecto interpretar que la sanción a la incomparecencia de los citados a reconocer su firma o el documento pueda ser usado para validar el referido instrumento fuera del proceso de cognición para el cual se está preparando. Concretamente, su función es la de aportar el conocimiento de hechos al que pretenda demandar para interponer debidamente su acción, o para oponer excepciones o defensas por el que prevea que ha de ser demandado. Así lo ha entendido también la doctrina al afirmar que “las medidas preliminares resultan por definición y conceptualmente siempre anteriores al proceso desde el momento que se piden para lograr información o lograr la concurrencia de un requisito sin los cuales no podría iniciarse el proceso” (Chialvo, Tomas. La prueba anticipada en el proceso de daños. Julio 2019. Id SAIJ: DACF090044). Por su parte la Corte Suprema de Justicia de nuestra provincia ha tenido oportunidad de expresarse sobre esta cuestión esclareciendo que este tipo de procesos “tiene por finalidad la determinación de la legitimación procesal de quienes van a intervenir en el proceso, o comprobar circunstancias cuyo conocimiento es útil para fundar una eventual pretensión” (CSJSF “Williner c/ Picasso SRL”, 30-5-91.Z 58-J/104), inteligencia seguida además por Peyrano quien explica que “las medidas preparatorias son aquellas que tramitan con anterioridad a un pleito (previa a la traba de la litis), permitiendo a quien ha de ser parte de un juicio de conocimiento colectar hechos o informaciones que no se pudieron obtener por otros medios, constituyendo un conjunto de actuaciones que se dirigen a aclarar cuestiones que pueden surgir antes del nacimiento de un proceso principal, con el fin de que el planteo de la demanda lo sea con la mayor certidumbre posible” (Peyrano, J. Explicaciones del CPCCSF. T II, pag. 448. Edit. Rubinzal Culzoni), de donde surge patente la relación estrecha entre las medidas preparatorias y el posterior juicio de conocimiento.

En esta lógica las medidas preparatorias no constituyen un medio de prueba suficientemente válido para acreditar un hecho o -en nuestro caso- un reconocimiento fuera del proceso y solamente resulta apto para el procedimiento cognitivo que se debe iniciar con posterioridad. Y tal es así que el artículo 395 del CPCC regula “.el actor podrá entablar la demanda tomando por base los hechos o documentos confesados o reconocidos.”, mientras que el artículo 394 reza “las diligencias pedidas por el que pretende demandar no tendrán valor si no se entabla demanda o si no se inicia el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria, en su caso, dentro del término de quince (15) días de practicadas, sin necesidad de petición de parte o declaración judicial”, no dejando, entonces, lugar a equívocos sobre la posibilidad de utilizar lo producido aquí, fuera del procedimiento correspondiente.

Por ello, el reconocimiento del contrato de cesión de cuotas efectuado en un procedimiento de medidas preparatorias de juicio sumario no resulta idóneo para salvar el interlineado agregado en el instrumento aquí debatido, en el que se aclara la intervención por representante de la vendedora no incluida en el encabezamiento.

Pero además, y aun cuando ese medio se considerara idóneo, otra razón me parece determinante para desestimar la queja del apelante.Y es que al fundar su agravio, al igual que baja instancia, la actora sostiene que aunque en el encabezamiento del contrato de cesión no surge el nombre de Avelina Rodriguez de Martinez como vendedora, la misma “ha reconocido el instrumento de cesión.” (en las aludidas medidas preparatorias).por resolución firme de fecha 21 de marzo de 2013, con lo que ha quedado debidamente salvada cualquier omisión en el encabezamiento del instrumento”. Y sin embargo esta afirmación no es cierta, pues en el Expte. 228/2011 la medida no fue promovida contra Avelina Rodriguez de Martinez ni contra Marcos Amarilla (fs. 20), y por lo tanto no fueron convocado al reconocimiento de la documental (fs. 23), y consecuentemente no se tuvo por reconocida la documental por ellos en la resolución aludida (fs. 75 y vta.).

En consecuencia, corresponde desestimar este agravio y confirmar en este aspecto la resolución recurrida. Ahora bien, corresponde por una parte dejar aclarado que no es exigible la certificación notarial del instrumento en cuestión, y por otra parte, a fin de regularizar definitivamente la inscripción de la cesión de cuotas, indicar que podrá ser reconocido el respectivo instrumento por la presentación que los aludidos realicen ante el Juez a cargo o, en su caso y a solicitud de la actora, mediante la citación a reconocer la documental de acuerdo con el art. 176 del CPCC y bajo los apercibimientos allí previstos.

7-En consecuencia, voto por el acogimiento parcial del recurso de apelación, en cuanto a la exigencia de asentimientos conyugales, que se deja sin efecto, confirmando en lo restante la resolución apelada, con las salvedades que consigno precedentemente.

A la misma cuestión, el Dr. Dalla Fontana expresó: Me permito disentir con el colega preopinante en relación a lo resuelto respecto del primer agravio presentado por el apelante, es decir, sobre la necesidad del asentimiento conyugal al momento de la cesión de las cuotas sociales. En cuanto a la segunda queja expresada, arribaré a la misma solución pero con fundamentos dispares.Me explico a continuación.

El fundamento del cual se sirvió el Secretario del Registro Público de Comercio en primer lugar (fs. 19/20), y el Juez a quo más tarde (fs. 109) para exigir el cumplimiento del entonces imperante art. 1277 del Código Civil, es el que surge del art. 23 de la ley 3397. Conforme lo explicara el anterior vocal, esta última normativa establece que es facultad del Secretario observar los actos y documentos que se presenten a inscripción por vicios o defectos de forma, o por falta de capacidad de los otorgantes por tener un objeto contrario al orden público. A diferencia de mi colega, entiendo que es absolutamente subsumible la falta de asentimiento conyugal dentro de lo que el artículo llama “vicios o defectos de form a” cuando las cuotas en cuestión tienen naturaleza ganancial. El Código Civil velezano en su art. 973 establecía expresamente que la forma es el conjunto de las prescripciones de la ley, y LLAMBIAS al comentar esta norma expresó: “Forma como elemento del acto jurídico es el nexo entre el elemento sujeto y el elemento objeto. Es el modo en que se exterioriza la voluntad -elemento sujeto- cuando tiende a buscar la satisfacción de un fin jurídico propuesto -elemento objeto-” (LLAMBIAS, J.J. “Código Civil anotado”. Tomo II-B. Pág. 150. Editorial Abeledo Perrot. Bs.As., 1984). Teniendo en miras tal descripción, no cabe más que incluir dentro de “forma” a la necesidad del asentimiento conyugal para casos como el presente donde lo que se transmite es ni más ni menos que un derecho registrable. “El art. 1277 requiere también el asentimiento conyugal para disponer o gravar derechos gananciales cuyo registro han impuesto las leyes en forma obligatoria. Quedan comprendidos entre otros: . i) Cesión de cuotas de sociedades comerciales inscriptas en el Registro Público de Comercio (arts. 5° y 7°, ley 19.550)” (HERNANDEZ, L.B. En “Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial”. Tomo 3C, pág. 190.Dirigido por BUERES, A.J., concordado por HIGHTON, E.I. Editorial Hammurabi. Buenos Aires, 2005).

Partidario de esta misma postura es SAMBRIZZI (SAMBRIZZI, E.A. “Régimen de bienes en el matrimonio”. Tomo I, pág. 425. Editorial La Ley. Buenos Aires, 2007).

Desde la óptica societaria, NISSEN también incluye a las cuotas de las SRL dentro de la categoría de “derechos” mencionada por el art. 1277, se opone a hacer prevalecer la celeridad o la informalidad por sobre la seguridad jurídica y la tranquilidad familiar, y añade que “. el requerimiento del consentimiento conyugal para disponer o gravar bienes gananciales cuyo registro ha sido impuesto legalmente no constituye una exigencia arbitraria del legislador, ni carece de fundamento, pues lo que se ha querido es que el requisito previsto por el art. 1277 del Cód. Civil sólo sea exigido cuando se trata de bienes inmuebles, muebles o derechos cuyo valor sea lo suficientemente relevante” (NISSEN, R.A. “El artículo 1277 del Código Civil y su aplicación a las sociedades comerciales”. La Ley, 1997-E. Pág. 754). Lo cierto es que su posición no es aislada ya que buena parte de los grandes autores comercialistas lo respaldan1 y 2. Asimismo, el nuevo Código Civil y Comercial en su art. 470 inc. c) confirma esta interpretación pues “. requiere asentimiento en el caso de participaciones en cualquier tipo de sociedades, exceptuando a las autorizadas para la oferta pública” (BASSET, U.C. “Código Civil y Comercial comentado”. Tomo III, pág. 258. Dirigido por ALTERINI, J.H. Editorial La Ley. Buenos Aires, 2015).

Por si los argumentos hasta aquí mencionados no bastaran, el art. 34 del Cód. Comercio establecía que el Secretario del Registro Público de Comercio era responsable de la exactitud y legalidad de sus asientos. De allí se extrae que observaciones como la efectuada por el RPC no sólo que están dentro de sus facultades, sino que además hacen a su responsabilidad. Es su deber controlar que el contenido de los documentos presentados se ajusten a la ley.”El juzgado de registro no se limita a verificar los requisitos de constitución de la sociedad sino que controla también si el acto constitutivo se conforma con la normativa de la ley, resultando así un examen no sólo extrínseco sino también sustancial (alcanza al contenido del acto respecto de su legalidad), aunque no cabe penetrar en el examen de las razones de oportunidad o de conveniencia económica, o de la posibilidad de éxito de la empresa” (VERÓN, A.V. “Ley General de Sociedades 19.550”. Tomo I. Sección II. Art. 14. Cap. IX, ac. 46. Editorial La Ley. Buenos Aires, 2015). En consecuencia, sin entrar en la discusión de si se trata de un supuesto de inoponibilidad o nulidad -absoluta o relativa-, el Registro no debe tomar una actitud pasiva, sino más bien lo contrario: su funcionamiento debe encaminarse hacia la prevención de cualquier vicio que pudiese llegar a tener el documento cuya inscripción se solicita. “. el control de legalidad que tiene a su cargo el registrador mercantil no puede sino ser amplio y profundo, excediendo las constancias del documento inscribible para adentrarse al negocio fundamental que le da origen, pues no puede arribarse a otra conclusión si partimos de la idea que la finalidad de dicho control es evitar la promoción de futuros litigios que pueden ser evitados mediante un minucioso examen del acto a inscribirse” (NISSEN, R.A. “Ley de Sociedades comentada”. Tomo I, pág. 279. Editorial La Ley).

Por lo tanto, considero que debe confirmarse lo resuelto por el anterior Juzgador respecto de este punto por los siguientes fundamentos otorgados: 1) porque el asentimiento conyugal instaurado por el art. 1277 del Código Civil es exigido para “derechos registrables”, dentro de los cuales se encuadraría la cesión de cuotas de una SRL; 2) porque constituye un requisito de forma cuya ausencia puede incluirse dentro de lo que el art. 23 de la ley 3397 encuadra como “defecto o vicio de forma”; 3) y también porque en virtud del art.34 del Código de Comercio era facultad y asimismo un deber del Registro Público de Comercio observar las constancias que se presenten a su inscripción cuando no se adecuan a las legalidades exigidas por ley.

Continuando ahora por la segunda queja vertida -la relativa al interlineado en manuscrito no salvado- concuerdo con el precedente colega en que la irregularidad no fue subsanada. No coincido, empero, en la exclusión de la certificación notarial como medio para regularizar la inscripción. El art. 152 primer párrafo de la ley 19.550 específicamente exige la autenticación de las firmas cuando la cesión obra en instrumento privado, como en el presente caso. Tal autenticación puede efectuarse ya sea a través de Secretaría o a través de escribano. Lo cierto es que cuanto mayores medios a disposición existan, más aún se allana el camino a los fines de resolver definitivamente el litigio.

En definitiva, aun cuando el apelante sostenga que las observaciones efectuadas por el RPC responden a un exceso ritual manifiesto, tal como lo sostuvo la CSJSF entiendo que: “Precisamente, ese marco legal ha sido instituido no solo en protección de los terceros ajenos, sino también de la misma persona jurídica y de sus integrantes. Por tanto, exigir -tal como lo hace el A quo- el cumplimiento de los recaudos que estatuye la ley de sociedades a los efectos del ejercicio de los derechos pertenecientes al ente social, no constituye “per se” un rito caprichoso sino, por el contrario, el cabal respeto de las formas consagradas por el legislador” (CSJSF. “Secco de Pérez, Rosa c/ Bacigaluppo, José -Cobro de pesos- s/ Recurso de inconstitucionalidad” . 18/08/1999. Expte. N° 218/95. T° 157, F° 98, Cita: 10502/12).

En función de lo expuesto propongo, por un lado, que se deseche el primer agravio expresado por el recurrente.Y en relación a la segunda queja efectuada, concuerdo con el colega preopintante en la solución propuesta, aclarando que la autenticación de las firmas podrá hacerse por medio de Secretaría o por escribano público.

En conclusión, deberá rechazarse el recurso de apelación interpuesto, confirmarse la resolución alzada en su totalidad; e imponer las costas de esta instancia sobre el apelante perdidoso. Así voto.

A la misma cuestión, la Dra. Chapero vota en igual sentido que el Dr. Dalla Fontana.

A la tercera cuestión el Dr. Casella dijo: atento al resultado precedente, corresponde adoptar la siguiente resolución: 1) Desestimar el recurso de nulidad; 2) Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución alzada; 3) Imponer las costas de esta instancia sobre la recurrente perdidosa; 4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en la Alzada en el (%) de los que correspondan a la actuación de la parte que representa en la instancia de grado.

A esta cuestión, el Dr. Dalla Fontana y la Dra. Chapero votan de igual manera.

Por ello, la CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL Y

LABORAL DE LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

RESUELVE: 1) Desestimar el recurso de nulidad; 2) Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución alzada; 3) Imponer las costas de esta instancia sobre la recurrente perdidosa; 4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en la Alzada en el (%) de los que correspondan a la actuación de la parte que representa en la instancia de grado.

CASELLA

Jueza de Cámara

DALLA FONTANA

Jueza de Cámara

CHAPERO

Juez de Cámara

En disidencia parcial

ALLOA CASALE

Secretaria de Cámara