Derecho Humano y acceso al aire

Autor: D´Andreiz, Luis L.
Fecha: 4-sep-2019
Cita: MJ-DOC-14992-AR | MJD14992

Sumario:

  1. Introducción; II. Marco Legal; III. Comentario del Fallo FSM 52000003/2013 «ACUMAR s/Estado de Aguas, Napas Subterráneas y Calidad del Aire»; IV. Consideraciones Finales; V. Bibliografía; VI. Anexo I, Fallo de fecha 14/05/2019, causa FSM 52000003/2013 «ACUMAR s/Estado de Aguas, Napas Subterráneas y Calidad del Aire».

Doctrina:

Por Luis L. D´Andreiz (*)

Resumen: El presente trabajo aboca el estudio de la resolución de fecha 14 de mayo de 2019 contenida en el Expediente FSM 52000003/2013 «ACUMAR s/Estado de Aguas, Napas Subterráneas y Calidad del Aire» , formado en el marco de la causa «MENDOZA, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional s/Ejecución de Sentencia» , que tramita por ante la Secretaria 5 del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Morón, en donde la judicatura actuante resolvió «Declarar que constituye un Derecho Humano el Acceso al Aire sin contaminantes agregados como consecuencia de actividades antrópicas que puedan producir daños a la salud humana».

 

  1. INTRODUCCIÓN:

 

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Morón, en el marco del Expediente: FSM 52000003/2013 «ACUMAR s/Estado de Aguas, Napas Subterráneas y Calidad del Aire» (1), en fecha 14 de mayo de 2019, Declaró que Constituye un Derecho Humano el Acceso al Aire sin contaminantes agregados como consecuencia de actividades antrópicas.

 

La resolución introduce el asunto realizando una sinopsis de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fecha 8 de julio de 2008, detallando el sistema institucional de control en cabeza de la Auditoria General de la Nación; la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, con más el Juzgado de Ejecución de Sentencia y los Terceros interesados -entre los que se encuentra el Cuerpo Colegiado-, organizados y coordinados por el Defensor del Pueblo de la Nación.

 

Luego, presenta los objetivos allí fijados por la Corte -mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca; recomposición del ambiente (en todos sus componentes:agua, aire y suelo); prevención del daño-, y la delineación de las mandas.

 

Seguidamente, realiza una descripción del tipo de proceso, carácter de la sentencia y responsables del cumplimiento de los objetivos antedichos.

 

Para finalmente -extralimitándose en su condición y jerarquía y arrogándose facultades que no le han sido conferidas por ley-, ofrecer una desatinada resolución cargada de defectos de orden y forma, y hacer lugar a la declaración pretendida por el Cuerpo Colegiado, entre otros.

 

  1. MARCO LEGAL:

 

La cuestión objeto de análisis abarca el ordenamiento jurídico argentino en su conjunto y específicamente la Constitución Nacional Argentina (Arts. 41 , 43 , 75 inc. 22 , 116 , 117 , 118 , 119 , 124 y ccs.), Constitución de la Provincia de Buenos Aires (Art. 28 y ccs.), Ley 20.284 «Plan de prevención de situaciones críticas de contaminación atmosféricas» (2), Ley 25.675 «Política Ambiental Nacional» (Art. 4 , 32 y ccs.), Ley 24.051 «Residuos Peligrosos», Ley 26.994 «Código Civil y Comercial de la Nación», Decreto 499/2017 «Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», Ley 27.270 «Apruébase el Acuerdo de París», Ley 25.438 «Apruébase el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptado en Kyoto – Japón».

 

Asimismo, corresponde encuadrar el presente trabajo en los siguientes instrumentos. Declaración Universal de Derechos Humanos (Art.25 y ccs.) (3), Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (4), Protocolo de Kioto (CMNUCC) (5), Acuerdo de Paris (CMNUCC) (6), Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, Convención Americana sobre Derechos Humanos (7), Convención sobre los Derechos del Niño (8), Opinión Consultiva OC-23/17 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Objetivo de Desarrollo Sostenible #3 «Salud y Bienestar» (NU), Objetivo de Desarrollo Sostenible #13 «Acción por el Clima» (NU), entre otros.

 

III. COMENTARIO DEL FALLO:

 

Combinando los preceptos analizados en el presente trabajo, realizaremos un análisis de la resolución del Expediente FSM 52000003/2013 «ACUMAR s/Estado de Aguas, Napas Subterráneas y Calidad del Aire» (9), formado en el marco de la causa «MENDOZA, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional s/Ejecución de Sentencia», que tramita por ante la Secretaria 5 del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Morón (10).

 

Primeramente, introduce el asunto realizando una sinopsis de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fecha 8 de julio de 2008, detallando el sistema institucional de control en cabeza de la Auditoria General de la Nación; la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, con más el Juzgado de Ejecución de Sentencia y los Terceros interesados -entre los que se encuentra el Cuerpo Colegiado-, organizados y coordinados por el Defensor del Pueblo de la Nación.

 

Luego, presenta los objetivos allí fijados por la Corte -mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca; recomposición del ambiente (en todos sus componentes: agua, aire y suelo); prevención del daño-, y la delineación de las mandas.

 

Seguidamente, realiza una descripción del tipo de proceso, carácter de la sentencia y responsables del cumplimiento de los objetivos antedichos.

 

Una vez zanjados los límites, se introduce en el análisis de la cuestión a resolver.Es decir, contestar la postulación realizada por el Cuerpo Colegiado, la que se sustenta de dos ejes; el primero, «se declare que constituye un derecho humano el libre acceso gratuito al aire sin contaminantes agregados como consecuencia de actividades antrópicas que puedan producir daños a la salud humana»; el segundo, no es materia de análisis de esta exposición (11).

 

Ahora bien, en nuestro país existe un reconocimiento constitucional de la materia ambiental atento que «Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.» (12).

 

Dicha declaración, contenida en el 1er párrafo del artículo 41 -incorporado por la reforma constitucional de 1994 en el Capítulo Segundo de la Constitución Nacional «Nuevos Derechos y Garantías»-, establece el contenido y extensión del derecho a tutelar(13), pero no estipula expresamente el derecho humano al acceso gratuito al aire sin contaminantes. Ello tampoco ocurre en los tratados internacionales a los cuales nuestra Nación ha ratificado y/o adherido(14), ni en las leyes nacionales que se hayan promulgado(15). Con lo cual, el derecho tal cual se pretende, no encuentra cabida legislativa de aplicación a nivel local.

 

El 2do párrafo del artículo 41 expresa que «Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.» (16).

 

Dicho mandato esta direccionado a las autoridades estatales, todas las autoridades, involucrando ello al poder ejecutivo, legislativo y judicial.

 

Los artículos 116 a 119 de la Constitución Nacional Argentina legislan respecto a las atribuciones del poder judicial.De ninguno de ellos se desprende la potestad de los magistrados -en el ejercicio de su jurisdicción (17)- de declarar un derecho, menos aún, ponderarlo con alcance de derecho humano.

 

El Art. 32 de la Ley 25.675 en su parte pertinente reza lo siguiente: «La competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia. El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. Asimismo, en su Sentencia, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, el juez podrá extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente su consideración por las partes.»

 

La normativa nacional de presupuestos mínimos contempla cuestiones relativas a la competencia, acceso a la jurisdicción -con la extensión que le otorgan las «Reglas de Brasilla sobre Acceso a la Justicia» (18)-, facultades ordenatorias de la judicatura y la concesión resolutiva ultra petita. Pero aun realizando una interpretación amplísima de la aludida norma, no se puede considerar que el legislador nacional le otorgó al poder jurisdiccional la facultad de declarar derecho humano alguno.

 

Algo similar ocurre en la normativa procesal nacional, artículos 34 a 37 , CAPITULO IV, DEBERES Y FACULTADES DE LOS JUECES, Código Procesal Civil y Comercial de La Nación (19)., donde la ley adjetiva no emplaza a los magistrados a declarar derecho alguno.

 

Con la interpretación armónica de estos artículos lo que advertimos a simple vista se despliega de la siguiente manera:

 

No existe norma de aplicación local que consagre explícitamente el derecho humano al acceso gratuito al aire sin contaminantes.

 

El juzgado actuante no ostenta facultades reconocidas por ley para declarar derecho alguno.Pesa sobre el juez -en su entendimiento de autoridad estadual- el mandato constitucional que exige (20) proveer a la protección del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, con lo cual ninguna parte en un proceso judicial ni tercero interesado -para el caso Cuerpo Colegiado-, debe requerir de aquél medida u actividad jurisdiccional alguna, ya que al proveerla se advierte una grave omisión propia de la magistratura.

 

Es decir, no solo el juzgado carece de facultades para «Declarar que constituye un Derecho Humano el Acceso al Aire s in contaminantes agregados como consecuencia de actividades antrópicas que puedan producir daños a la salud humana» -consagración que como hemos advertido no existe a nivel legislativo-, sino que al hacerlo producto de un requerimiento realizado en el marco de una causa en trámite ante sus estrados, está alegando su propia omisión, torpeza o ilegalidad de no aplicar operativamente el mandato constitucional de proveer a la protección del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano (21).

 

Seguidamente la resolución reza lo siguiente: «La efectividad del derecho Ambiental, pasa por la aplicación real, y eficaz, a toda actividad que incida de manera significativa el medio ambiente, de los principios y la normativa ambiental; operación que exige o demanda del operador jurídico introducir la variable ambiental.No se debe ignorar la importancia del Orden Público Ambiental.se debe hacer ejecutorio el régimen jurídico ambiental.» (22).

 

En dicho pasaje nuevamente se advierte el incumplimiento de parte del magistrado a la norma contenida en la carta fundamental nacional. Antes no se había reconocido como autoridad que debe proveer a la protección del derecho -tutela judicial efectiva-, y ahora, no se considera dentro de la concepción de operadores jurídicos.Es decir, la autoridad judicial se percibe asimismo como ajena de ambos grupos de sujetos con deberes y obligaciones legales de raigambre constitucional.

 

Recordemos que «La tutela del ambiente importa el cumplimiento de los deberes que cada uno de los ciudadanos tienen.Esos deberes son el correlato que esos mismo ciudadanos tienen a disfrutar de un ambiente sano, para sí y para las generaciones futuras, porque el daño que un individuo causa al bien colectivo se lo está causando a si mismo.ambiente, es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual y de allí deriva la particular energía con que los jueces deben actuar para hacer efectivos estos mandatos constitucionales.» (23).

 

«Cuando se encuentran lesionados o amenazados derechos de incidencia colectiva, la tutela judicial efectiva no puede hallarse en un clásico proceso individual. Los derechos colectivos son el punto de inflexión que modifican sustancialmente las figuras procesales tradicionales.» (24). Estamos en presencia de una nueva realidad jurídica basada en la esfera transindividual.

 

«Los limites que debe imponer una sociedad sana, madura y soberana se asocian con: previsión y precaución, regulaciones adecuadas, vigilancia de la aplicación de las normas, control de corrupción.» (25).

 

Por ello, no podemos permitir que quienes ostentan la facultad/deber de resolver los conflictos sociales -para el caso, medio ambientales- bregando por la tan perseguida paz social, se aparten del lugar que ocupan en la sociedad, colocándose a un costado o por encima de aquella, ya que como dice James Lovelock «no somos algo externo ni huéspedes de Gaia (26), sino parte de ella».

 

  1. CONSIDERACIONES FINALES:

 

Como expresa Francisco en su encíclica papal, «el medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos» (27). Existe un deber común de salvaguardarlo, por ello, vemos con buen criterio la ampliación de derechos a tales fines.

 

Creemos que el acceso gratuito al aire sin contaminantes es un derecho humano fundamental, y el desarrollo de su protección es congruente con los principios ambientales:prevención, precautorio, progresividad, responsabilidad, subsidiariedad, sustentabilidad, solidaridad, cooperación (28) y complementariedad (29).

 

La resolución en análisis se mantiene en una ecología ambientalista, cuando la tendencia actual es alcanzar una ecología profunda -deep ecology-, reconociendo «personería a la naturaleza, como titular de derechos propios, con independencia del humano» (30), y así finalmente apartarse del antropocentrismo (31) gobernante.

 

Pero como críticos del contexto en el que vivimos, las normas por las que nos regimos y las conductas que realizamos, no podemos desatender resoluciones como las que aquí se diserta, en la que el magistrado debió decretar una norma individual convertida en sentencia que preste una definición de conceptos tendientes a ampliar la gama protectoria de derechos establecidos sin arrogarse ni atribuirse potestades que le son impropias.

 

El juzgador debió discernir la pretensión del Cuerpo Colegiado dentro del ordenamiento jurídico existente, el cual fue provisto de protección constitucional por el constituyente en el artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina. De tal manera, hubiera otorgado una respuesta que contuviera los caracteres de protección y ampliación de derechos, justicia y legalidad. Sin embargo, e imbuido en el ego que subyuga la declaración de tal tenor, adoptó una solución que adolece del último de los caracteres y ello hizo perder entidad y valor al fondo de la cuestión.

 

  1. BIBLIOGRAFÍA:

 

Anexo I, Fallo de fecha 14/05/2019, causa FSM 52000003/2013 «ACUMAR s/Estado de Aguas, Napas Subterráneas y Calidad del Aire».

 

Esain, José Alberto. El Control de Complementariedad. LA LEY 2019-B. Buenos Aires. 04/04/2019. Cita online: AR/DOC/692/2019.

 

Fallo Originario Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina M. 1569. XL. «Mendoza Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/Daños y perjuicios (Daños derivados de la contaminación ambiental del Rio Matanza-Riachuelo» 20/06/2006. Considerando 18. 2º Párr.

 

Fallo Originario Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina S. 1144. XLIV.«Salas, Dino y otros c/Salta, Provincia de y Estado Nacional s/Amparo» 26/03/2009. Considerando 2. 7º Párr.

 

Laudato Sí. Sobre el cuidado de la casa común. Carta del Santo Padre Francisco. Colección Documentos Eclesiales 33. 1º Ed. 1º Reimp. Buenos Aires. San Pablo. 2016. Págs. 82 y 147.

 

López Alfonsín, Marcelo Alberto. «El derecho a un ambiente sano y su protección constitucional». Revista de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Ed. 2017. Pág. 16.

 

Lorenzetti, Ricardo. Reglas de Brasilla sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. XIV Cumbre Judicial Iberoamericana. 2008 Ministerio Público de la Defensa. Defensoría General de la Nación. Buenos Aires. Pág. 39.

 

Nicolás, Lucas. «Por qué ocuparse del ambiente». El encuadre de los motivos para ocuparse del ambiente. Pág. 33.

 

Sagues, Néstor P. Derecho Procesal Constitucional y Jurisdicción Constitucional. LA LEY 1981-C, 865. Derecho Constitucional. Doctrinas Esenciales Tomo IV, 01/01/2008, 263. Cita online: AR/DOC/7556/2001.

 

Zaffaroni, Eugenio Raúl. «La Pachamama y el Humano». Ed. Madres de Plaza de Mayo. 1º Ed. 8º Reimp. Buenos Aires. 2017. Pág. 69.

 

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(1) ANEXO I: Expediente: FSM 52000003/2013 «ACUMAR s/Estado de Aguas, Napas Subterráneas y Calidad del Aire», Fecha del Fallo: 14/05/2019.

 

(2) La que no ha sido reglamentada al día de la fecha.

 

(3) De rango constitucional conforme Art. 75 inc. 22 Constitución Nacional Argentina.

 

(4) Argentina adhirió a la Convención.

 

(5) Argentina lo ratifico mediante Ley 25.438.

 

(6) Aprobado por Argentina mediante Ley 27.270.

 

(7) De rango constitucional conforme Art. 75 inc. 22 Constitución Nacional Argentina.

 

(8) De rango constitucional conforme Art. 75 inc.22 Constitución Nacional Argentina.

 

(9) Que se limita a comentar la parte resolutiva I.- de la sentencia de fecha 14/05/2019.

 

(10) Ver Anexo I.

 

(11) «Que se ordene a la ACUMAR que establezca el elemento numérico requerido para monitorear la presencia de benceno en el aire, conforme la Res.2/2007; se establezca la presentación de informes integrados y completos de todos los parámetros establecidos en la resolución mencionada; la entrega de una evaluación fundada de los riesgos a la salud humana que signifique la calidad del aire monitoreado; y que se ordene verificar e informar sobre la presencia de en el aire de la cuenca de los elementos mencionados por el presentante» Expediente: FSM 52000003/2013 «ACUMAR s/Estado de Aguas, Napas Subterráneas y Calidad del Aire», Considerando 3°, Punto 2.

 

(12) 1 er Párrafo, Art. 41 Constitución Nacional Argentina (El destacado me pertenece).

 

(13) También los deberes y obligaciones de todos los habitantes.

 

(14) Declaración Universal de Derechos Humanos, Protocolo de Kioto (CMNUCC), Acuerdo de Paris (CMNUCC), Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos del Niño, etc.

 

(15) Ley 20.284 «Plan de prevención de situaciones críticas de contaminación atmosféricas», Ley 25.675 «Política Ambiental Nacional» (Art. 4, 32 y ccs.), Ley 24.051 «Residuos Peligrosos», Ley 26.994 «Código Civil y Comercial de la Nación», Decreto 499/2017 «Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», Ley 27.270 «Apruébase el Acuerdo de París», Ley 25.438 «Apruébase el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptado en Kyoto – Japón»

 

(16) 2 do Párrafo, Art. 41 Constitución Nacional Argentina.

 

(17) Cabe advertir que el termino jurisdicción es extenso y multívoco (basta decir que puede llegar a significar «autoridad, potestad, dominio, poder»). Derecho Procesal Constitucional y Jurisdicción Constitucional. Sagues, Néstor P. LA LEY 1981-C, 865. Derecho Constitucional. Doctrinas Esenciales Tomo IV, 01/01/2008, 263. Cita online:AR/DOC/7556/2001.

 

(18) El acceso a la justicia significa el acceso a la solución de u conflicto y no a un juicio. No necesariamente a un juicio. Reglas de Brasilla sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. XIV Cumbre Judicial Iberoamericana. Ricardo Lorenzetti. Pág. 39.

 

(19) Y su par el CPCC de la Pcia. De Buenos Aires.

 

(20) Norma operativa: se aplica directamente, es decir, por si misma. No requiere de normas reglamentarias para entrar en funcionamiento.

 

(21) Ya que la única norma que contiene implícitamente «el acceso gratuito al aire sin contaminantes» es el Art. 41 de la Constitución Nacional.

 

(22) A NEXO I: Expediente: FSM 52000003/2013 «ACUMAR s/Estado de Aguas, Napas Subterráneas y Calidad del Aire», Fecha: 14/05/2019, Considerando 4º, Párrafo 6º.

 

(23) Fallo Originario Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina M. 1569.

 

  1. «Mendoza Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/Daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Rio Matanza- Riachuelo» 20/06/2006. Considerando 18. 2º Párr.

 

(24) López Alfonsín Marcelo Alberto. «El derecho a un ambiente sano y su protección constitucional». Revista de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Ed. 2017. Pág. 16.

 

(25) Laudato Sí. Sobre el cuidado de la casa común. Carta del Santo Padre Francisco. Colección Documentos Eclesiales 33. 1º Ed. 1º Reimp. Buenos Aires. San Pablo. 2016. Pág. 147. (El destacado me pertenece.)

 

(26) Diosa griega de la tierra. Lovelock, James. The Revenge of Gaia. Why the earh is fighting back – and How wecan still sabe humanity. London, Penguin Books. 2006. Traducida al español: La venganza de la tierra. Por qué a tierra está revelándose y cómo podemos todavía salvar a la humanidad. Barcelona. Planeta. 2007.

 

(27) Laudato Sí. Sobre el cuidado de la casa común. Carta del Santo Padre Francisco. Colección Documentos Eclesiales 33. 1º Ed. 1º Reimp. Buenos Aires. San Pablo. 2016. Pág. 82.

 

(28) Consagrados en el Art.41 CN y en el Art. 4 Ley 25.675.

 

(29) Con el alcance otorgado en el Fallo «Salas» CSJN. Ver Esain, José Alberto. El Control de Complementariedad. LA LEY 2019-B. Buenos Aires. 04/04/2019. Cita online: AR/DOC/692/2019.

 

(30) ZAFFARONI E. Raúl. La Pachamama y el humano. Ed. Madres de Plaza de Mayo. 1º Ed. 8º Reimp. Buenos Aires. 2017. Pág. 69.

 

(31) «Los que colocan al ser humano en el centro de las preocupaciones ambientales con un deber de cuidado y administración responsable». En contrapartida al ecocentrismo o biocentrismo, «los que hacen énfasis en que el ser humano es una especie entre millones, y que los demás componentes de la naturaleza, o al menos algunas formas de vida superiores, también tienen estatus moral y jurídico». Nicolás Lucas. Por qué ocuparse del ambiente. El encuadre de los motivo para ocuparse del ambiente. Pág. 33.

 

(*) Abogado, Universidad Nacional de La Plata. Escribano, Universidad Nacional de La Plata. Postgrado, Especialización en Los Principios Generales del Derecho Ambiental y su Implementación en las Políticas Públicas, Universidad de Castilla-La Mancha, España. Postgrado, Especialización en Contratos y Daños, Universidad de Salamanca, España.

 

  1. de la R.: La opinión del autor no implica la opinión de la revista ambiental, la de su directora, ni la de Acumar.