Responsabilidad penal de las personas jurídicas. La cuestión en la Dogmática Jurídico-Penal y el ejercicio del poder punitivo sobre personas jurídicas en el Anteproyecto de Código Penal

Autor: Suárez, Paulo I.

Fecha: 30-ago-2019

Cita: MJ-DOC-15027-AR | MJD15027

Sumario:

I. Introducción. II. La cuestión en la Dogmática Jurídico-Penal: incapacidad de acción de las personas jurídicas. III. Ejercicio del poder punitivo sobre las personas jurídicas en el Anteproyecto de Código Penal.

Doctrina:

Por Paulo Ignacio Suárez (*)

I. INTRODUCCIÓN

La cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha sido objeto de análisis en la Dogmática Jurídico-Penal desde hace muchos años, decidiéndose la doctrina ampliamente mayoritaria en negar esta posibilidad en función de afirmar la incapacidad de acción en sentido jurídico penal de estos sujetos de derecho.

Sin embargo, desde diversas corrientes del pensamiento en materia penal, sobre todo del tipo organicistas o funcionalistas y, actualmente, de sectores de distinto signo ideológico que provienen del derecho penal económico, la defensa de la ecología y del medio ambiente o de la lucha contra el crimen organizado, se ha procurado fundamentar la capacidad delictiva de aquellas.

En este sentido, el Anteproyecto de Código Penal propuesto por la Comisión creada por Decreto Nº 103/2017 , en otra de las importantes modificaciones que propone al régimen penal vigente, introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, bajo ciertos supuestos y condiciones que más adelante estudiaremos, sujetándolas consecuentemente al ejercicio del poder punitivo y la aplicación de diversas sanciones penales.

II. LA CUESTIÓN EN LA DOGMÁTICA JURÍDICO-PENAL: INCAPACIDAD DE ACCIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

De modo ampliamente mayoritario la Dogmática Jurídico-Penal se ha pronunciado por la incapacidad delictiva de las personas jurídicas como consecuencia de afirmar su incapacidad de acción o de conducta (1).

El principio conocido con el brocárdico latino « societas delinquere non potest» -si bien algunos autores lo han pretendido fundar en la incapacidad de culpabilidad de los entes ideales- en el ámbito de la dogmática penal prácticamente unánime se asienta específicamente en la falta de capacidad de acción en el sentido jurídico del término de las personas jurídicas.

En esta inteligencia, ya desde antaño en Alemania autores de la talla de Feuerbach y Ernst von Beling sostenían que estos sujetos de derecho no cometen delito en función de su incapacidad de acción.Así, Beling afirmaba -dentro del concepto causalista de acción por entonces dominante- que «.las personas jurídicas y las sociedades son incapaces de obrar penalmente, no pueden por ello cometer ningún delito y ser punibles» (2).

Anselm Ritter von Feuerbach acertadamente señalaba que el concepto de delito se elabora sobre la base de la conducta humana individual, de modo tal que « .solo un individuo es posible autor de un delito, nunca una persona moral» (3).

Contemporáneamente, Claus Roxin advierte la relevancia que dentro de la dogmática penal en general, y en el ámbito de la teoría del hecho punible en particular poseen los presupuestos generales de la acción punible, advirtiendo acertadamente que existe en lo sustancial acuerdo en sostener que todo delito supone una acción típica, antijurídica y culpable, y en este sentido que en primer lugar ha de concurrir una «acción» entendida como conducta humana significativa en el mundo exterior que es dominada o al menos dominable por la voluntad, por lo que no son acciones en sentido jurídico los actos de una persona jurídica (4).

En nuestro país, Eugenio Raúl Zaffaroni en su Tratado de Derecho Penal enseñaba de modo coincidente con lo expuesto que « .en el derecho penal «stricto sensu», las personas jurídicas no tienen capacidad de conducta, porque el delito según surge de nuestra ley es una manifestación individual humana» (5).

Efectivamente, en la Dogmática Jurídico-Penal el concepto de delito o hecho punible, entendido como acción típica, antijurídica y culpable, se construye sobre la base del comportamiento humano individual en cuanto exteriorización de una voluntad humana dirigida a un fin (concepto finalista de acción), en función de lo cual debemos concluir que una persona jurídica no comete delito ni puede consecuentemente ser sometida a una pena criminal dada su incapacidad de acción en el sentido jurídico penal del término.

Así, ni dentro de la concepción causalista de la conducta hace largo tiempo superada, como tampoco del concepto finalista de acción, hoy ampliamentedominante, ni de ninguna teoría de la acción que respete adecuadamente los límites ónticos puede sostenerse que una persona jurídica realiza una conducta ni puede, por ello, cometer ningún delito y ser punible.

III. EJERCICIO DEL PODER PUNITIVO SOBRE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL ANTEPROYECTO DE CÓDIGO PENAL

El Código Penal vigente, conforme a nuestro derecho positivo y doctrina ampliamente dominante, excluye la posibilidad de considerar sujeto activo de delito a las personas jurídicas, es decir, no admite la responsabilidad penal de estos sujetos de derecho en función de su incapacidad de acción, según los lineamientos formulados precedentemente.

Sin perjuicio de lo cual, no puede dejar de señalarse que en el ámbito de la legislación penal especial, fundamentalmente del régimen penal cambiario y aduanero, se la ha reconocido o admitido en ciertos precedentes de fallos (6) de la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, y de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, sentencias que no reflejan la posición dominante en nuestro régimen penal actual.

No obstante lo señalado anteriormente sobre el estado de esta temática en el ámbito de la teoría del hecho punible, acertadamente señalan Zaffaroni-Alagia-Slokar que para cualquier teoría de la acción que no respete límites ónticos la cuestión acerca de la posibilidad de ejercicio del poder punitivo sobre personas jurídicas es materia de pura decisión legal (7).

En este sentido, recogiendo las recomendaciones de la OCDE (8), y de conformidad con la Ley de Responsabilidad Empresaria Nº 27.410 , el Anteproyecto de Código Penal incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas en su TITULO VII del LIBRO PRIMERO (Disposiciones Generales), art.38 y concordantes.

La norma jurídico-penal aludida expresamente prescribe:

« ARTÍCULO 38.- Las personas jurídicas privadas de cualquier clase, serán responsables, en los casos expresamente previstos en éste Código, por los delitos cometidos por los sujetos indicados en el artículo 37 que hubieren sido realizados, directa o indirectamente en su nombre, interés o beneficio.

»También serán responsables si quien hubiere actuado en beneficio o interés de la persona jurídica fuera un tercero que careciera de atribuciones para obrar en representación de ella siempre que la persona jurídica hubiese ratificado la gestión, aunque fuese de manera tácita.

»La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad sólo si la persona física que cometió el delito hubiere actuado en su exclusivo beneficio y sin generar provecho alguno para aquélla.

»En los casos de transformación, fusión, absorción, escisión o cualquier otra modificación societaria, la responsabilidad de la persona jurídica será transmitida a la persona jurídica resultante o absorbente.

»La responsabilidad de la persona jurídica subsistirá si, de manera encubierta o meramente aparente, continuare su actividad económica y se mantuviere la identidad sustancial de sus clientes, proveedores y empleados, o de la parte más relevante de todos ellos.

»La persona jurídica podrá ser condenada aun si no fuera posible identificar o juzgar a la persona que hubiese intervenido, siempre que las circunstancias del caso permitiesen establecer que el delito no hubiere podido cometerse sin la tolerancia de los órganos de la persona jurídica.»Las personas jurídicas podrán ser responsables por los delitos previstos en el artículo 145 y los Títulos XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVII del Libro Segundo de este Código».

Se consagraría así, de este modo, en caso de aprobarse el anteproyecto en comentario, un sistema de « doble imputación» que permite la atribución directa de responsabilidad penal a la persona jurídica sin perjuicio de la responsabilidad penal individual de los directores o miembros de los órganos internos de administración del ente ideal (arg. arts. 37, 38 y concordantes del Anteproyecto de Código Penal).

Ya el art. 5 del anteproyecto de referencia alude a la responsabilidad penal de las personas jurídicas al referirse a las penas o consecuencias jurídicas del hecho punible y establece en este sentido que las penas aplicables en contra o respecto de estos sujetos de derecho son las establecidas en el art. 39 del mismo cuerpo normativo.

Ellas son las siguientes, a saber:

A).- «Multa» de dos (2) a cinco (5) veces del beneficio indebido obtenido o que se hubiese podido obtener;

B).- «Suspensión total o parcial de actividades», que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años;

C) «Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales» de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años;

D) «Disolución y liquidación de la personería» cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad;

E) «Pérdida o suspensión de los beneficios estatales» que tuviere;

F) «Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria» a costa de la persona jurídica.

Conforme la descripción legal y normativa del mismo art.38 del anteproyecto en comentario, se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas o de derecho privado, respecto de ciertos delitos taxativamente delimitados, exigiéndose como requisito esencial que hecho punible hubiere sido cometido, directa o indirectamente, « en su nombre, interés o beneficio».

La persona jurídica resulta de este modo penalmente responsable por los hechos delictivos cometidos, en su nombre, beneficio o interés, por los « sujetos integrantes de sus órganos de administración o gobierno» o que tuvieren facultades de organización y control dentro de la empresa, o cuando careciendo la perso na física de facultades de representación del ente ideal, éste último hubiere ratificado su gestión, aunque sea tácitamente.

Tal cómo se expresa en la « exposición de motivos», pareciera establecerse de este modo un criterio de atribución de responsabilidad por culpa « in vigilando» de la persona jurídica privada respecto de los sujetos integrantes de sus órganos de administración o gobierno que hubieren intervenido en el hecho, sin perjuicio de la responsabilidad individual de éstos últimos.

Se detallan asimismo taxativamente aquellos «tipos penales» de la parte especial por los cuales se podrá responsabilizar a la persona jurídica, siendo éstos los delitos comprendidos en el artículo 145 y en los Títulos XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVII del Libro Segundo de Anteproyecto de Código Penal.

Se propone de este modo, tal como se desprende de la exposición de motivos, hacer frente a la creciente « criminalidad económica y organizada» por intermedio de la utilización del Derecho Penal, sancionando a las personas jurídicas en cuanto agente generalmente involucrado o utilizado en estas formas de criminalidad.

———-

(1)Conf. Feuerbach, A. R., en « Lehrbuch des gemeinen in Deutschlandgültigen peinlichenRechts»,1847, pág 52; Beling, E. en « Esquema de Derecho Penal – La Doctrina del Delito Tipo», traducido por Sebastián Soler, editorial Depalma, Bs. As. 1944, 8; Maurach-Zipf en « Derecho Penal-Parte General», Tomo 1, editorial Astrea; Roxin, Claus en « Derecho Penal-Parte General», Tomo I, editorial Civitas, España 1997; Soler, S.en « Derecho Penal Argentino», Tomo I, editorial TEA – Bs As., 5ª Edición actualizado por Guillermo J. Fierro, págs. 330/331; Zaffaroni, E. R. en « Tratado de Derecho Penal», Parte General – Tomo III, editorial Ediar, Bs. As. 1981, páginas 56/57; Zaffaroni – Alagia – Slokar en « Derecho Penal – Parte General», editorial Ediar, Bs. As. 2002, pág. 426 y sgtes; entre muchos otros.

(2)BELING, Ernst von, en: « Esquema de Derecho Penal – La Doctrina del Delito Tipo», traducido por Sebastián Soler, editorial Depalma, Bs. As. 1944, 8.-

(3)Conf. Feuerbach, Anselm Ritter von, « Lehrbuch des gemeinen in Deutschlandgültigen peinlichen Rechts»,1847, pág 52, citado por Zaffaroni, Eugenio Raúl en « Tratado de Derecho Penal», Parte General – Tomo III, editorial Ediar, Bs. As. 1981, páginas 56/57

(4)ROXIN, Claus en: « Derecho Penal-Parte General», Tomo I, editorial Civitas, España 1997, 7, pág. 193/194

(5)ZAFFARONI, Eugenio Raúl en: « Tratado de Derecho Penal», Parte General – Tomo III, editorial Ediar, Bs. As. 1981, página 57

(6)Conf. Cámara Nac. de Casación Penal, Sala III, in re « Peugeot-Citröen Argentina S.A. s/ recurso de casación», Causa Nº 2984, Reg. 715/2001 del 16-11-2001; « Inversora Kilmy S.A. s/ recurso de casación», Causa Nº 3871 del 4-12-2002; Cámara Nac. en lo Penal Económico in re « Bergen» (19-8-2005) y « Arriete» (10-11-2005).-

(7)ZAFFARONI – ALAGIA – SLOKAR en: « Derecho Penal – Parte General», editorial Ediar, Bs. As. 2002, pág. 427.

(8)Ver.: Exposición de motivos del Anteproyecto de Código Penal, pág. 20.

(*) Abogado (UBA). Especialización en Derecho Penal y Criminología (UBA).

A %d blogueros les gusta esto: