Mil razones para ser indemnizados: Daños padecidos en función de la interrupción del servicio de electricidad durante aproximadamente mil horas

Partes: Requejo Alicia Beatriz y otro c/ Edesur S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 6-ago-2019

Cita: MJ-JU-M-120617-AR | MJJ120617 | MJJ120617

Procedencia de un reclamo indemnizatorio interpuesto por usuarios del servicio eléctrico contra la distribuidora, debido a los daños padecidos en función de la interrupción del servicio durante aproximadamente mil horas. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-El incumplimiento de la obligación de suministrar con calidad y eficacia el servicio de electricidad da origen a la responsabilidad de la distribuidora, pues en este ámbito el mero incumplimiento hace presumir la culpa iuris tantum, sin que haya probado la existencia de un caso fortuito, la culpa de la víctima o de un tercero por el que no debe responder; más aún cuando los actores versaron numerosos reclamos.

2.-La empresa distribuidora de energía eléctrica debe abonar a los ocupantes de un inmueble que sufrieron numerosos cortes en el suministro de energía eléctrica una indemnización por los gastos extraordinarios, toda vez que la falta de prueba documental no es óbice para la admisión de su procedencia, siendo la razonabilidad de tales erogaciones un extremo probatorio suficiente cuando es concorde con las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

3.-Corresponde reparar el daño moral padecido por los habitantes de un inmueble que sufrió numerosos cortes de luz, pues es indudable que las consecuencias que traen aparejadas los cortes de energía superan las simples molestias y se elevan al rango de una causal de perturbación de la paz y tranquilidad, con entidad suficiente para configurar un daño moral indemnizable máxime tratándose de una familia y a cargo de una persona de edad avanzada.

4.-La distribuidora de energía eléctrica debe abonar una indemnización del daño punitivo, dado que no cabe ignorar la infinidad de pleitos promovidos contra aquella que evidencian una grave indiferencia por parte del ente prestador hacia el usuario.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 6 días del mes de agosto de 2019, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor Eduardo Daniel Gottardi dice:

I.- Los señores Daniel Norberto F. y Alicia Beatriz Requejo, que habitaban, junto con sus dos hijos, el inmueble de la calle 49, n° 3138, puerta 1034, Barrio Marítimo, Hudson, Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, sufrieron una serie de interrupciones en el suministro de energía eléctrica, que denunciaron ante EDESUR S.A.

Como no obtuvieron respuesta de los sucesivos reclamos iniciaron ante el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) el expediente n° 1431853/2014, que concluyó “que el comportamiento de la Distribuidora ha sido contrario al obrar que le exige el Reglamento de Suministro como el contrato de Concesión, debiendo merituarse la gravedad del incumplimiento teniendo en cuenta la reiteración de los eventos y el actuar negligente de la Distribuidora”. “se observaron 65 cortes en total” . 18 cortes continuados. y . también hubo cortes durante 2010, 2011 2012″. En el art. 2° se dispuso para EDESUR S.A. una sanción “equivalente a la suma de $340,80 por incumplimiento del art. 4° del Reglamento de Suministro.(fs. 176/180), la que no fue cumplida.- No habiendo acreditado EDESUR el cumplimiento de sus obligaciones y suministro de energía, los actores promovieron la demanda de autos en base a la responsabilidad que surge de los arts. 511, 512, 522, 1197, 1198 del Código Civil; del art. 42 de la Constitución Nacional y de los términos de la Ley de Defensa al Consumidor 24.240 (art. 37 inc.a), denunciando que la falta del servicio les alteró su calidad de vida con la consecuente pérdida de alimentos perecederos, gastos extraordinarios que alteraron su ánimo, mas allá de unas simples molestias o fastidio ocasional.

A tal efecto, estimaron los daños en la cantidad total de $70.945 -o en lo que en más o menos resultara de la prueba, intereses y costas- integrada por los siguientes rubros y montos: a) una cantidad indeterminada en concepto de daño material b) $15.000 para cada uno por el daño moral c) $ 15.000 para cada uno por el daño punitivo d)mas $10.945 por los gastos ocasionados (fs. 47/54).

Edesur S.A., en los términos de que da cuenta la contestación de fs. 65/92 formuló una cerrada negativa de los extremos de hecho y de derecho invocados en el escrito de inicio. En particular, la compañía de electricidad manifestó que las interrupciones del servicio no fueron programadas sino que se debieron a circunstancias excepcionales que no pudieron preverse, expresando su categórica negativa de que los actores hubiesen experimentado los daños que denunciaron en su demanda y negando especialmente la procedencia del daño punitivo pretendido, que conforme lo establecido en el art. 3°inc. e) del Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica, no estaría obligada a indemnizar a los usuarios por la inadecuada prestación del servicio, como pretende la parte actora (fs. 65/92).

II.- El señor Juez de Primera Instancia, en el fallo de fs. 334/342, tuvo por acreditado que en el domicilio particular de los señores demandantes se registraron múltiples interrupciones en el suministro de energía eléctrica que totalizaron 1.000 horas, entre enero 2010 y junio 2015.Y atento a la naturaleza contractual de la relación que unía a las partes y que la empresa distribuidora de electricidad no había aportado elemento de juicio acerca de la concurrencia de algún factor de exculpación, le correspondía indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.

Y considerando que con los elementos reunidos en autos bastaban por tener acreditado el nexo causal entre el evento ocurrido y los perjuicios sufridos por los actores; hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a la Empresa Distribuidora Sur S.A. a pagarle a Alicia Beatriz Requejo la suma de $ 64.645 y a Daniel Norberto Fernandez la suma de $ 64.500,con mas sus intereses que serán calculados desde la fecha de origen de los sucesivos cortes de energía, esto es el 12.1.2010, hasta el día del efectivo pago de la condena a dictarse en esta sentencia de acuerdo a la tasa vencida que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones habituales de descuento a treinta días, tasa activa. Y en cuanto al monto consignado en concepto de “daño punitivo” los accesorios se calcularán según la tasa activa desde que dicho pronunciamiento resulte ejecutable y hasta el día del efectivo pago. Con costas a la vencida, todo dentro del plazo de diez días desde que este pronunciamiento quede firme (confr. fs. 334/342).

Esta sentencia consentida por los actores, fue apelada por la demandada (fs.351) que expresó agravios a fs.365/374, que no recibieron respuesta. Agravios éstos que critican sustancialmente que se diera razón a su adversaria sobre la base de una obligación del suministro de energía eléctrica que no es absoluta, y legalmente contemplada en el contrato de concesión del suministro que no genera el resarcimiento a los usuarios en caso de la interrupción del servicio por plazos breves. Los cortes no fueron programados, sino forzados por una situación extraordinaria que no pudo preverse y deben interpretarse como eximentes de responsabilidad que contemplan las normas del Código Civil.Es evidente que la pretensión resarcitoria contenida en la demanda resulta un reclamo desmesurado, carente de apoyatura legal, probatoria y por demás arbitrario. Por último considera que no se ha configurado el daño punitivo reclamado y que fuera otorgado por el sentenciante. Sobre estos argumentos solicita que se impongan las costas a los actores vencidos.(fs. 365/374).

III.- Antes de entrar en la cuestión de fondo y de los aspectos que condicionan su respuesta, debo señalar que no es necesario que trate todos y cada uno de los argumentos de la parte, sino que basta que haga mérito, de aquellos “conducentes” para la justa definición de la contienda (Fallos. 258:301; 307:265, 278:271, 287:230, 294:466, entre otros). Y lo propio haré relativamente a la selección y valoración de la prueba (regla del art. 386, segundo párrafo del Código Procesal).

IV.-Parece útil señalar que como ésta demanda se inició el 16 de julio de 2015 (fs. 54vta.), haré mérito de lo establecido en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto a la eficacia de la Ley en el tiempo, y de acuerdo a la fecha de generación de la relación jurídica trabada entre las partes, a su constitución y legitimación y debo juzgarla por la normativa vigente a esa época. Es decir, que adhiero a la postura doctrinaria que señala que las consecuencias que ya están consumadas, no se encuentran afectadas por las nuevas leyes, excepto retroactividad, pues respecto de ellas existe lo que se ha dado en llamar “consumo jurídico” (ver, Roubier, Le droit transitoire, conflits des lois dans le temps, pág. 198, cit. nro. 42 y pág, 334, cit. nro.68).- En cambio, los efectos o consecuencias que aún no se han producido se rigen por la nueva ley por aplicación inmediata sin retroactividad.

Ello a poco que se repare que hay aplicación inmediata sin retroactividad, cuando la nueva ley anula, modifica, acrece o disminuye los efectos en curso o “in fieri” de las relaciones o situaciones jurídicas. Es decir, los que se producen después de su entrada en vigencia (ver, Revista de Derecho Privado y Comunitario 2015 -Número Extraordinario- Claves del Código Civil y Comercial, Dirección Alegría, H. y Mosset Iturraspe, J.; “Las relaciones y situaciones jurídicas en curso de ejecución”, Kemelmajer de Carlucci, Aída, pág. 152, ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 23-6-2015).- V.- Efectuada esta aclaración señalo que está fuera de discusión que la falta de corriente eléctrica afectó al inmueble en que habitaba la parte actora desde enero 2010 hasta junio 2015 y por espacio de 1.000 horas (ver informe del ENRE fs. 173/174) y que la relación que vincula a las partes es de carácter contractual, como así lo afirmó el señor magistrado y que no es materia de agravio en esta instancia.

Ubicando -entonces- el reclamo de autos en la órbita de la responsabilidad contractual, el incumplimiento de la obligación de suministrar con calidad y eficacia el servicio de electricidad da origen a la responsabilidad de EDESUR S.A., pues en este ámbito el mero incumplimiento hace presumir la culpa iuris tantum, quedando en cabeza de la distribuidora la prueba del caso fortuito, culpa de la víctima o de un tercero por el que no debe responder (confr. LLAMBÍAS, J. J., Tratado de derecho civil, Obligaciones, Bs.As. 1967, t.I, p.190, n° 168; A. ORGAZ, “El daño resarcible”, Bs.As. 1967, p.14).

Mas como la accionada cuestiona la responsabilidad que le ha sido atribuida y los rubros y montos de la condena, encuentro conveniente destacar los aspectos que demuestran la sin razón de los planteamientos de EDESUR, careciendo las defensas esgrimidas en esta instancia de todo sustento normativo. Y voy a demostrar porqué.

En primer lugar, no puedo prescindir del hecho que el actor cursó un primer reclamo a la Distribuidora de Electricidad (EDESUR S.A.) mediante la carta documento que consta a fs. 36, posteriormente por nota bajo el n° R0100-12337484, sin obtener respuesta. Finalmente acudió ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad que por resolución n° 3346/14 del 22.4.2014 dictaminó, “que el comportamiento de la Distribuidora ha sido contrario al obrar que le exige el Reglamento de Suministro como el contrato de Concesión” . .”la reiteración de los eventos y el actuar negligente de la Distribuidora” ha comportado “la gravedad del incumplimiento” de Edesur S.A. (fs.10/23 esp. fs. 21). Y como EDESUR no observó las obligaciones contenidas en el Reglamento de Suministro de Electricidad, el ENRE le aplicó la sanción establecida en el punto 6,.3 del subanexo 4 del Contrato de Concesión.

Es claro que la resolución n° 33 46/14 del 22.4.2014 comporta un reconocimiento firme del incumplimiento de EDESUR, en contravención a la norma del art. 3° inc. c) 2do párrafo del Reglamento del Suministro de Electricidad, pudiendo concluirse que su responsabilidad luce insoslayable a poco que se repare que no resulta neutralizada por los argumentos de la demandada. De donde se sigue que mal pudo el representante letrado de EDESUR S.A.cuestionar la responsabilidad que le fuera atribuida por una resolución dictada por la máxima autoridad de control y eficacia de los servicios públicos (ENRE) que impone el cumplimiento de obligaciones estrictas para asegurar con efectividad la debida protección de los intereses de los usuarios.

Se desprende de lo expuesto que está probado suficientemente en autos el incumplimiento de la obligación que pesaba sobre la prestataria del servicio (conf., Arts.519 y 1O69, Cod. Civil) durante el extenso lapso comprendido entre el 12 de enero 2010 hasta el 30 de junio de 2015 (fs.) totalizando mas de 1.000 horas en el domicilio de los actores(fs. 196/197vta.).

Y aunque lo dicho sobra para tener por ciertas las deficiencias en el suministro del servicio, la prueba testimonial producida por la actora las ratifica (fs.) 204/205.

No habiendo la demandada acreditado el “casus”, su responsabilidad es incuestionable. Parece obvio entonces llegar a la conclusión que ha mediado un incumplimiento no excusable ni justificado del demandado que genera el derecho a la indemnización de los daños ocasionados a los usuarios (confr. doctrina de la Corte Suprema, Fallos 258:322).

VI.- Admitida entonces la responsabilidad de EDESUR S.A. examinaré la procedencia y razonabilidad de las sumas fijadas por el juez, atendiendo a las circunstancias que especifican el caso y a los principios jurisprudenciales que observa esta Sala para cada uno de los rubros cuestionados; bien con el entendimiento de que, por tratarse de un incumplimiento contractual la obligación resarcitoria alcanza solo a los daños que sean consecuencia inmediata del obrar culposo es decir aquellos que ocurren según el curso natural y ordinario de las cosas, sin que aparezcan como resultado de un factor eventual (confr. art. 520 y 901 del Cod. Civil).

Cabe preguntarse entonces si con la cantidad de $24.000 que otorgó el sentenciante para cada uno de los actores, se enjugó suficientemente el sub rubro daños materiales (reparación de artefactos eléctricos).

A ese efecto rescato el valor probatorio que cabe atribuir a la prueba pericial realizada por el perito Electricista de oficio a fs.276/293vta. que detalla -para cada artefacto- un valor de “venta como usado” y agrega un monto estimativo en torno a la “reparación” con una adecuada valoración de cada elemento necesario para su restitución.

Y a esa pericia cabe atenerse por hallarse debidamente fundada y no incurrir en desaciertos, incoherencias o contradicciones que enerven su fuerza suasoria (arts. 386 y 477 CPCC), para desvirtuarlo -como pretende la demandada -es imprescindible traer elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente el error o el inadecuado uso que el experto hubiere hecho de los conocimientos técnicos de los que por su profesión o título habilitante necesariamente ha de suponérselo dotado (conf., Palacio, L.E., Derecho Procesal Civil”, T.IV, pág.702; Cám.Nac.Civil, Sala F, 13-8-1982, E.D.101- 789; id., 24-8-1982, E.D.102-330 y mi voto de esta Sala causa 4141/10 del 2.10.2017).

Es decir que -según lo dicho- está probado y fuera de discusión que la falta de energía que afectó el inmueble de los actores, provocó el deterioro de cierto número de electrodomésticos: heladera, computadora, televisores etc., de modo que sus quejas sólo constituyen manifestaciones axiomáticas que prescinden de las constancias concretas de la causa, de modo que con lo expuesto, queda sellada la suerte de su recurso.

En resumen sobre este sub rubro constitutivo de los daños materiales cabe admitir la procedencia de indemnizar los electrodomésticos dañados que guarda coherencia con las pruebas valoradas por el perito electricista designado de oficio. Es por ello que juzgo que la suma establecida en primera instancia se adecua a los valores detallados, propiciando que se confirme la suma de $24.000 otorgada en primera instancia.

VII.- Edesur S.A.se queja del monto fijado por el señor Juez en concepto del sub rubro “gastos extraordinarios” y a ese fin formula una reseña sobre los principios generales sobre la necesidad de probar el daño y la improcedencia de resarcir daños conjeturales o que no descansan en una prueba del perjuicio realmente sufrido, el que no ha sido acreditado por la actora en forma categórica y fehaciente.

Es cierto que en materia contractual, la existencia del daño no se presume y quien lo alega y pretende su reparación tiene, como carga de su propio interés, el deber de probarlo (art.377 del Código Procesal). Mas en este campo, como en muchos otros, no es admisible sentar reglas generales y válidas para todos los supuestos. Es por ello que considero que no es pertinente aplicar normas y principios en forma mecánica, desatendida de la realidad concreta sometida a su juzgamiento, sino ponderar con prudencia los aspectos que especifican cada conflicto que hay que resolver, sin perder de vista que las presunciones constituyen un medio de prueba admitido por la ley (art. 163, inc.

5°, del Código Procesal) Pues bien como los demandantes no aportaron comprobantes de los gastos que reclaman, en tanto no es habitual conservar tickets o facturas en erogaciones de la naturaleza que nos ocupa, no cabe duda que la estimación del Juez del monto reclamado es fruto de una apreciación prudencial, resultando razonable sostener que por causa de los reiterados cortes del suministro de energía eléctrica y por la magnitud de la privación del suministro de agua y electricidad le provocó a los demandantes gastos extraordinarios por la pérdida de algunos alimentos perecederos y para adquirir los elementos necesarios para paliar los efectos de la falta de luz y de agua corriente.

Desde esa perspectiva la falta de prueba documental no es óbice para la admisión de su procedencia, siendo la razonabilidad de los gastos extraordinarios un extremo probatorio suficiente cuando es concorde con las circunstancias de modo, tiempo y lugar.Es por ello que entiendo que la suma total de $15.145 ($7.645 para la señora Requejo y $7.500 para el señor F.) otorgada por el Juez luce adecuada, y basta para desestimar el agravio relacionado con la procedencia y la suma otorgada por el a quo, por este concepto.

VIII.- Otra queja de EDESUR reside en sostener que el monto fijado por el a quo, como indemnización del daño moral, resulta desmesurado, carente de apoyatura legal y probatoria y además arbitrario. Corresponde -por tanto- determinar si con el monto de $25.000 otorgado por el señor juez para cada uno de los actores se enjugó razonablemente el daño moral reclamado por los accionantes.

Sin embargo, parece innecesario explayarme sobre el grado de los trastornos y mortificaciones que debieron padecer los actores por la falta de servicios tan esenciales como la energía eléctrica y el agua corriente, o describir los padecimientos que provocaron las aludidas privaciones, soportando calores poco frecuentes (véase el 19.1.2012, 4773 minutos; 23.1.2012, 1277 minutos; 2.12.2013, 8.176 minutos etc., etc)(fs.173 vta) sin la posibilidad de recurrir a un acondicionador de aire o tan siquiera de un ventilador y no disponer de heladera o bebidas frescas, trastornos que no requieren prueba específica de su realidad porque situaciones de esa especie configuran, de suyo, un obligado sometimiento al poder decisorio del incumplidor que se asocia a la incertidumbre sobre la fecha, siquiera aproximada, acerca de cuándo se normalizaría el servicio, porque esa información era prometida casi en forma permanente por la empresa, pero no cumplida muchas veces.

Nada más es necesario para concluir que el menoscabo o lesión a intereses no patrimoniales, que configura el daño moral, se ha efectivamente producido.

Es indudable que las consecuencias que traen aparejadas los cortes de energía superan las simples molestias y se elevan al rango de una causal de perturbación de la paz y tranquilidad, con entidad suficiente para configurar un daño moral indemnizable máxime tratándose de una familiay a cargo de una persona de edad avanzada (77 años).

Dicho en otros términos, la privación de esos servicios esenciales, que se prolongaron nada menos que durante mas de mil horas durante diferentes períodos ocurridos durante los años 2010 al 2015, tiene la aptitud suficiente para proyectar sobre los que la padecen una modificación disvaliosa de su espíritu, merecedora de ser indemnizada a título de daño moral (art.522 del Código Civil). Las situaciones que acabo de puntualizar y que he resumido en los párrafos que anteceden configuran una consecuencia inmediata y necesaria de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas (art. 901 del Cód. civil).

Si bien es difícil trasladar al dinero el daño extrapatrimonial (conf. J. Mosset Iturraspe, “Diez reglas sobre cuantificación del daño moral” L.L. 1994 A, p.729), cuando su valuación no está sujeta a cánones estrictos, es a los jueces de la causa a los que les corresponde establecer un “quantum” indemnizatorio prudentemente, según las peculiaridades del caso, y del daño real sufrido por los usuarios del servicio.

En función de las condiciones apuntadas y moviéndome dentro de las dificultades que entraña mensurar en dinero un daño de esta naturaleza, juzgo razonable el resarcimiento de $25.000 para cada uno de los actores fijado por el Juez por este concepto IX.- Un capítulo que merece especial atención es el relativo al tema de los daños punitivos que tuvo por causa el agravio de la distribuidora toda vez que, se reclama en autos con fundamento en lo dispuesto por el art. 52 bis de la Ley 2 4.240 y sus modificaciones. No puede desconocerse que, no cabe duda que la relación que ligara a las partes se encuentra alcanzada por la Ley de Defensa del Consumidor Nro. 24.240 y su modificatoria nro. 26.631.

Ello es así a poco que se repare que conforme claramente lo dispone el art.1 de la normativa citada en primer término, con la modificación que le introdujera la segunda, dicha ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario entendiéndose por tal a toda persona física que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.

A su vez, la Ley 26.361 introduce como art. 52 bis a la Ley 24.240 el siguiente precepto: “Daño punitivo. Al proveedor que no cumpla con sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan.”.- Si bien los daños punitivos son excepcionales, la doctrina Argentina es prácticamente unánime en aceptar la procedencia del instituto de los daños punitivos, que buscan sancionar, castigar en definitiva punir -como lo indica su nombre- determinadas conductas de acuerdo a pautas de valoración establecidas por el ordenamiento legal o libradas al discernimiento judicial, que no dejan de revestir un carácter excepcional en el ámbito civil.

De lo dicho se sigue, la facultad tanto del damnificado de reclamar, como del juez de admitir -si correspondiere-, además de la reparación daño directo la de condenar el pago del daño punitivo, arribándose de tal forma una reparación integral.- La ley 26.361 incorporó las figuras del daño directo y del daño punitivo a favor del consumidor damnificado, que operan de modo distinto pero concurrentemente con armonía, sustentando el principio de reparación integral del daño que se consagra y que en el caso del punitivo agrega un objetivo sancionatorio y preventivo. Su límite estará dado por el enriquecimiento sin causa, que la ley no reconoce ni alienta.- Así la multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el art. 47, inciso b) de dicha ley.Esta figura reconoce su antecedente en los precedentes de la jurisprudencia de los Estados Unidos de América y tiene una finalidad disuasiva y ejemplificadora a través del reconocimiento de una indemnización incrementada para la víctima en casos de grave inconducta del proveedor de bienes o servicios. Y como consecuencia de la integralidad, el daño que se reconozca deberá comprender tanto el daño patrimonial como el extrapatrimonial o moral (conf., Bustamante Alsina, J., Los llamados “daños punitivos” son extraños a nuestro sistema de responsabilidad civil, L.L. 1994-B-680).- Por otro lado, el daño punitivo participa de la naturaleza de una pena privada, que se manda a pagar por encima de los valores en los que se condene en calidad de daños y perjuicios y se encuentra destinada, en nuestra regulación, en principio, al propio damnificado. Esta pena privada está estrechamente asociada a la idea de prevención de ciertos daños y también, al castigo y al desbaratamiento, a futuro, de los efectos ilícitos que, por su gravedad o por sus consecuencias, requieren algo más que la mera indemnización resarcitoria de los perjuicios causados (conf., Cám. Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II, 27-05-2009 en autos “Machinandearena Hernandez Nicolás c/ Telefónica de Argentina” ).

Así, se ha sostenido que el instituto cumple una tríada de funciones a saber: 1) sancionar al causante de un daño inadmisible, 2) hacer desaparecer los beneficios injustamente obtenidos a través de la actividad dañosa y 3) prevenir o evitar el acaecimiento de hechos lesivos similares, al que mereciera la punición (ver, Trigo Represas, F., “La responsabilidad civil en la nueva ley de defensa del consumidor”, L.L., on line).- En el mismo sentido se ha dicho que la finalidad de los daños punitivos es:a) punir graves inconductas; b) prevenir futuras inconductas semejantes, ante el temor de la sanción; c) restablecer el equilibrio emocional de la víctima; d) reflejar la desaprobación social frente a graves inconductas y e) proteger el equilibrio del mercado (conf., Pizarro, R.D., “Derecho de Daños”, pág. 302/304, Ed. La Roca, Buenos Aires, 1993).

En la doctrina nacional parece haber consenso en afirmar que la aplicación de los daños punitivos se encuentra condicionada a la existencia de una conducta especialmente reprochable y cualquier actuación meramente negligente o culpable no dará lugar a la multa prevista en el ya mencionado art.

52 bis de la LDC. Se sostiene que el instituto es de carácter excepcional y de naturaleza restrictiva y que solo procede cuando el proveedor incumpla sus obligaciones con dolo, culpa grave, malicia cuando el comportamiento importe un desprecio inadmisible para el consumidor (ver, Lopez Herrera, E., “Los daños punitivos”, pág, 17 y sigtes.,ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008; Cám. Nac. Comercial, Sala F del 10-5-12, en autos “Rodriguez Silvana Alicia c/ Compañía Financiera Argentina S.A. s/ sumarísimo”).- Por lo dicho y verificándose en la especie por parte de la empresa demandada las conductas antes señaladas, las que se configuraron a la luz de lo acreditado en autos. Es que la admisión de lo pretendido por los actores en lo que a este punto del reclamo se refiere, se impone.- En principio no cabe ignorar la infinidad de pleitos promovidos contra EDESUR que evidencian una grave indiferencia por parte del ente prestador hacia el usuario, y para evitar que persista en esa conducta antijurídica es donde se plasma la función preventiva de los daños punitivos, para evitar hechos similares en el futuro. Y esta afirmación cobra más fuerza a la luz del nuevo Código Civil y Comercial aprobado por ley 26.994 y promulgado según decr.1795/2014, receptando ahora normas enderezadas a regimentar “in genere” una acción preventiva del daño asignándole mayor amplitud a la responsabilidad civil de las personas. Esa regulación “in genere” se encuentra receptada por los arts. 1710 al 1715 del Código Civil y Comercial.

El art. 1710 de dicho estatuto pone en cabeza de todas las personas el “deber de prevenir el daño” y eludir la “causación de un daño no justificado” imponiendo la obligación de “adoptar” de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para “evitar que se produzca un daño.” (confr. La Ley “la prevención del daño en el nuevo Código”- Tomo 2015-D; esta Sala causa n° 1350/14 del 27.9.2016).

Partiendo de esto y sentadas así algunas pautas generales en lo relativo a la novedosa categoría del daño punitivo, resulta procedente la pretensión indemnizatoria de la parte actora por este concepto, atento el incumplimiento incurrido por la demandada y la duración de los diferentes cortes del servicio -que totalizaron mas de 1000 horas- y que además, se reiteraron en diversas oportunidades (ver informe del ENRE a fs. 173/174).

En este contexto, una de las cuestiones que mas complejidad reviste es la cuantificación de la sanción en su traducción a términos numéricos, que me lleva a ponderar la gravedad del incumplimiento y sus efectos, conforme lo estipulado por el art. 47 inciso b) de la Ley N°24.240 (incorporado por el art. 21 de la Ley n°26.361). Propongo si mis distinguidos colegas comparten lo expuesto que se confirme lo decido por el señor Juez en la suma de $ 40.000, (cuarenta mil pesos) en concepto del daño punitivo; monto que se fija a valores de la fecha del pronunciamiento de grado, como en el mismo se indica.

X.- Con lo dicho hasta aquí, que se adecua a las circunstancias de la causa, es que propongo que se confirme la sentencia de grado en todas sus partes. Con costas de ambas instancias a la demandada vencida por aplicación del criterio objetivo del vencimiento adoptado por el art.68 del C.P.C.C.

Los doctores Alfredo Silverio Gusman y Ricardo Victor Guarinoni por razones análogas a las expuestas por el doctor Eduardo Daniel Gottardi adhieren al voto que antecede.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUELVE: confirmar la sentencia apelada de fs.334/342. Con costas de ambas instancias a la demandada vencida por aplicación del criterio objetivo del vencimiento adoptado por el art.68 del C.P.C.C.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

EDUARDO DANIEL GOTTARDI

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

RICARDO VICTOR GUARINONI