Para desafiliar antes tenés que notificar: Reafiliación a la obra social de una persona discapacitada que había sido dada de baja por el titular, sin haber sido notificada

Partes: C. P. V. y otro c/ Estado Nacional Ministerio de Seguridad Policía Federal Argentina s/ amparo de salud

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 18-jun-2019

Cita: MJ-JU-M-119805-AR | MJJ119805 | MJJ119805

Reafiliación a una obra social de una persona discapacitada que había sido dada de baja por el titular, pero que tal situación no le había sido notificada.

Sumario:

1.-La obra social demandada debe restituir la afiliación y la cobertura de salud de la hija discapacitada de la actora, ya que debió haber tomado los recaudos necesarios a fin de notificar en forma previa a la afectada la solicitud de baja requerida por el titular; más si se trata de una afiliada de 15 años de antigüedad y en situación de especial vulnerabilidad por la discapacidad que padece.

Fallo:

Buenos Aires, 18 de junio de 2019.

Y VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la demandada a s. 164/166vta., (concedido en relación y en ambos efectos a fs. 167) contra la resolución de fs. 162/163, que mereciera la réplica de la contraria a fs. 168/170.

Existen, también, recursos de apelación por los honorarios regulados.

Vistas que fueron las presentes actuaciones por el señor Defensor Oficial a fs. 178 y por el señor Fiscal General ante esta Cámara fs. 182/183vta., y CONSIDERANDO:

I.- La señora G.R. inició la presente acción de amparo contra el Estado Nacional Ministerio de Seguridad -Policía Federal Argentina a fin de que se restituya la afiliación y la cobertura de salud de su hija discapacitada P.V.C., quien presenta un diagnóstico de “hipoacusia neurosensorial bilateral, retraso mental moderado, deterioro del comportamiento de grado no especificado y sordomudez”.

En su escrito de demanda relató que el padre de su hija se desempeñó en la Policía Federal Argentina y que la afilió hasta que con fecha 24 de septiembre de 2015 -al concurrir a una farmacia de la obra social- fue informada que su padre la había desafectado de la cobertura con fecha 25 de junio de 2015 (ver fs. 18/24).

A fs. 28/29 se hizo lugar a la medida cautelar solicitada y este Tribunal a fs. 104/05 declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la demandada.

II.-Encontrándose en condiciones de dictar sentencia, el señor Juez de primera instancia hizo lugar a la acción de amparo deducida y ordenó a la demandada que mantuviera la afiliación de la amparista.

Asimismo, señaló que la demandada no cuestionó el derecho de la actora a permanecer como afiliada después del fallecimiento del señor C., en virtud del silencio guardado ante la notificación ordenada a fs.146.

Las costas fueron impuestas a la demandada vencida.

Contra dicha resolución apeló la representación de la Policía Federal Argentina, quien se agravia de que el a-quo no consideró que fue el propio afiliado titular -padre de la señora P.C.- quien voluntariamente solicitó la baja de su afiliación.

En consecuencia, sostiene que “no existió acto u omisión alguna de su parte que pueda ser tildada de arbitraria ni ilegal” (ver fs. 165).

III.- Adentrándonos en las críticas propuestas, corresponde destacar que no se encuentra controvertido que la señora P.C., estuvo afiliada a cargo de su padre a la obra social demandada en su carácter de hija mayor de edad con discapacidad, desde el año 2000 hasta el 25.06.2015 (ver fs.55).

Tampoco se encuentra discutido que una vez que su madre tomó conocimiento de la baja dispuesta en el mes de noviembre de 2015, solicitó la reafiliación de su hija mediante la carta documento que obra agregada a fs. 9/10.

Pues bien, la demandada centra su posición en el artículo 816 del Decreto n° 1866/1983 que reglamenta la Ley 21.965 para el Personal de la Policía Federal Argentina y donde se establece “el derecho de inclusión y exclusión que asiste a los afiliados principales”.

Es así que a partir de ello, el señor C. solicitó el alta como afiliada a la obra social con fecha 31.01.2000 (ver fs. 42) y su hija accedió a diversas prestaciones de salud de acuerdo a las necesidades de su patología (ver fs.6 y 15) hasta el 24.09.2015 cuando su madre intentó solicitar una medicación y le fue denegada por haber sido dada de baja.

En virtud de las circunstancias reseñadas, el accionar llevado a cabo por la obra social fue ilegítimo, pues era deber de la demandada obrar con especial prudencia frente a la situación planteada con una afiliada de 15 años de antigüedad y en situación de especial vulnerabilidad por la discapacidad que padece.

Con ello, lo que se intenta decir, es que la demandada debió haber tomado los recaudos necesarios a fin de notificar en forma previa a la afiliada afectada la solicitud de baja requerida por el titular. Por otro lado, y no menos importante, es que también omitió notificarle la propia baja, situación que determinó que la amparista desconociera que ya no tenía cobertura.

Es deber de este Tribunal, recordar que en el contexto de una relación jurídica preexistente, la facultad del ente asistencial para determinar sobre el otorgamiento de una determinada afiliación, o de sus condiciones, pierde autonomía absoluta y plena y debe interpretarse en forma restrictiva, debiendo prevalecer en caso de duda una hermenéutica de equidad que favorezca a aquél que pretende permanecer en la relación asistencial (conf. CSJN, Fallos:327:5373 y esta Sala causa 5591/05 del 8.09.2006).

A partir de lo reseñado en párrafos precedentes, no se observa que la demandada haya brindado argumentos suficientes que permitan rebatir las conclusiones a las que arribó el señor Juez de primera instancia.

Por las razones expuestas, SE RESUELVE:

Confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (art. 68, primer párrafo del Código Procesal).

Teniendo en cuenta la naturaleza de la pretensión deducida, el mérito, extensión y eficacia de los trabajos y etapa cumplida, se confirman los honorarios regulados a favor del letrado interviniente, doctor Alfredo Luis Arriaran (conf. ley arancelaria vigente).

La doctora Graciela Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).

Regístrese, notifíquese electrónicamente a las partes y al señor Fiscal General ante esta Cámara, publíquese y devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo

Ricardo Gustavo Recondo