De contratos y preavisos: Como principio general, a mayor plazo de vigencia del contrato corresponderá un plazo mayor de preaviso para proceder a su finalización

Partes: Autopista S.R.L. c/ YPF S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: B

Fecha: 8-may-2019

Cita: MJ-JU-M-119113-AR | MJJ119113 | MJJ119113

Como principio general, a mayor plazo de vigencia del contrato corresponderá un plazo mayor de preaviso para proceder a su finalización.

Sumario:

1.-Aun aceptando que una de las partes tuviera una posición más fuerte en la vinculación y haya impuesto las condiciones contractuales, ello no es causal que invalide per se lo pactado; pues además de la alegada asimetría económica, lo que debe probarse es que medió abuso -no abuso en cualquier grado sino uno desestabilizante del adecuado equilibrio del negocio mercantil anudado- en la utilización de esa posición para causar daño, de modo que pueda calificarse a su conducta de ejercicio disfuncional del derecho en los términos del art. 1071 del CCiv.

2.-Si la posibilidad de mudar la forma de contratación hubiera sido tomada de forma arbitraria o caprichosa ello podría generar la obligación de indemnizar.

3.-Como principio general, a mayor plazo de vigencia del contrato corresponderá un plazo mayor de preaviso, ya que no sólo debe apuntarse a la amortización de las inversiones y la eventual obtención de ganancias sino que en una relación estable debe concederse un plazo razonable tendiente a compensar el lucro cesante por las legítimas expectativas que por el adecuado desarrollo de la relación abrigaran al co-contratante.

4.-Con independencia de que el convenio objeto de la litis tenía un plazo cierto de vencimiento, recuerdo que aún en caso de recisión, se reconoció que debe posibilitarse -mediante el otorgamiento de un plazo apropiado- que la contraparte se adecue a las nuevas circunstancias, pero no es correcto tampoco que deba extenderse durante un tiempo excesivo.

5.-Dada la precariedad que exhibían las relaciones entre las partes, de las que dan cuenta los numerosos intercambios telegráficos, y teniendo el convenio plazo de finalización, nada tiene de sorpresiva la decisión de la demandada de no renovar la contratación.

6.-Las simples alegaciones de las partes son inidóneas para producir convicción sobre los hechos que invocan, pues la carga de la prueba no es una distribución del poder de probar que tienen las partes, sino del riesgo de no hacerlo. En consecuencia, no supone ningún derecho del adversario sino un imperativo de cada litigante.

7.-No interesa la condición de actor o defendido ni la naturaleza aislada del hecho, sino los presupuestos fácticos de las normas jurídicas; de manera tal que cada una de las partes quedan gravadas por la carga de probar los hechos contenidos en las normas con cuya aplicación aspira a beneficiarse, sin que interese el carácter constitutivo, impeditivo o modificativo de aquéllos.

8.-Sabido es que quien no prueba lo que tiene que probar pierde el pleito. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 8 días del mes de mayo de dos mil diecinueve, reunidas las Señoras Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos de esta Sala, fueron traídos para conocer los autos “AUTOPISTA S.R.L. contra Y.P.F. S.A. sobre ORDINARIO” (Expte. N° 27.513/2011) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal, resultó que debía votarse en el siguiente orden: Vocalías N° 5, N° 4 y N° 6. Dado que la N° 5 se halla actualmente vacante, intervendrán las Doctoras Matilde E. Ballerini y María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero (art.109 RJN).

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

La Juez de Cámara Matilde E. Ballerini dijo:

I. A fs. 61/64 Autopista S.R.L. promovió -al solo efecto de interrumpir la prescripción- demandada de daños y perjuicios por incumplimiento contractual contra Y.P.F. S.A. (‘YPF’) por la suma de $2.500.000 (pesos dos millones quinientos mil) o lo que en más o menos resulte de la prueba, más intenses y costas.

Explicó que en el año 1966 inició informalmente su actividad comercial, y en 1969 firmó el primer contrato de adhesión con la accionada. Dijo que la relación se desarrolló con normalidad hasta que Repsol S.A. se hizo cargo de ‘YPF’ e impuso un nuevo modelo operativo. Alegó que el 13-09-1999 suscribió un nuevo contrato que modificaba la relación de compra- venta entonces vigente por la entrega de combustible en consignación para su venta por cuenta y orden de la accionada, pasando a integrar la RED XXI de estaciones de bandera.Agregó que el cambio se implementó el 26-04-2000.

Sostuvo que ‘YPF’ le impuso un sistema por el cual se registraba on line toda la actividad relacionada con los combustibles líquidos y calculaba el monto que ‘Autopista’ tenía que rendir al cierre de las operaciones diarias, descontadas comisiones y cargas fiscales. Ese monto era depositado en una cuenta en el Banco Santander Rio desde donde solo podía hacer extracciones la contraria. Argumentó que le era imposible controlar el monto de las comisiones y que las cargas fiscales (IVA sobre comisiones, Ingresos Brutos y tasas por Seguridad e Higiene) nunca fueron deducidas.

Expuso que el 10-01-2002 la demandada modificó las condiciones pactadas exigiendo el pago por anticipado del valor del combustible a entregar, al que le debía adicionar un porcentaje que fue creciendo con el tiempo. Arguyó que las operaciones se registraban en el sistema de la accionada que no le permitía control alguno y no cumplía con ninguna norma contable.

Alegó haber realizado innumerables reclamos formales y que los constantes incumplimientos de la contraria, en su posición dominante en el contrato, le generaron un profundo e irreversible daño económico y financiero, el que fue agravado por la intempestiva decisión de ‘YPF’ de dejar de entregar combustible y retirar la carcelería, no así los tanques subterráneos y surtidores, bloqueando totalmente la capacidad comercial de la actora.

A fs. 249/255 amplió la demanda. Dijo que el cambio de la modalidad de consignación por el de compraventa implicó que la relación entre las partes se desarrollara de forma extracontractual y que la decisión de ‘YPF’ de dejar de entregar combustible alegando la finalización del contrato era injustificada. Desarrolló cronológicamente los incumplimientos que le imputó a la contraria y cuantificó el reclamo (fs. 138/140) que elevó a $3.695.200,07 (pesos tres millones seiscientos noventa y cinco mil doscientos con siete centavos).

A fs. 340/358 YPF S.A.contestó demanda, solicitando su rechazo.

Luego de una pormenorizada negativa de los hechos alegados por la contraria, expuso que el contrato que vinculó a las partes preveía tanto el sistema de consignación como el de reventa. Agregó que el primero su utilizó hasta el 10-11-2002, fecha en que se pasó a la reventa, mutación motivada por los incumplimientos en el pago de las obligaciones de la actora.

Dijo que el 19-06-2008, mediante CD n° 021594931 notificó su voluntad de no renovar el convenio a su vencimiento, que operó el 13-09-2009. Además, refirió que se vio obligada a seguir suministrando productos a la contraria en razón de la medida cautelar dictada en autos “Autopista SRL c/ YPF SA s/ medida precautoria” expte. 42.132/09, que fue revocada el 27-11- 2009 en primera instancia y esta última decisión confirmada por la Alzada el 05-03-2010.

Arguyó que a partir de mediados del año 2000 ‘Autopista’ comenzó a acumular deuda, que motivó la causa “YPF SA c/ Autopista SRL s/ ejecución hipotecaria” (expte. 42.617/03). El proceso concluyó por acuerdo de pago homologado el 29-04- 2009.

Resaltó que el contrato tenía fecha cierta de finalización y que su parte nunca lo incumplió, notificando la intención de no continuar la relación comercial con más de un año de anticipación. Criticó los rubros reclamados, solicitando su desestimación.

En orden a las demás consideraciones fácticas de la causa a los fines de evitar estériles reiteraciones, me remito al decisorio recurrido por encontrarse allí adecuadamente detalladas y expuestas.

II. La sentencia dictada a fs.696/708 rechazó la demanda, con costas.

Para llegar a esa conclusión, la a quo merituó que:

(i) el contrato preveía la posibilidad de operar con la modalidad de compraventa; (i) el cambio decidido por ‘YPF’ estaba justificado en la deuda que mantenía la actora; (iii) se notificó la voluntad de no renovar el contrato con la antelación necesaria; (iv) no se encontraba probada la procedencia de los rubros indemnizatorios requeridos.

III. Contra dicho pronunciamiento se alzó la accionante a fs. 709 y sostuvo su recurso con la pieza de fs. 725/734, contestada a fs. 736/745 por ‘YPF’.

Las críticas de la apelante transitan -esencialmente- por los siguientes argumentos: (i) no se consideraron los incumplimientos iniciales de YPF en el marco de la venta por consignación, particularmente, el pago de los impuestos y tasas, la instalación de los tanques prevista en el Anexo 9, la reducción unilateral de las comisiones y el no reconocimiento de mermas; (ii) se interpretó que la contraria podía modificar la modalidad de la operación; (iii) se consideró acreditado el incumplimiento de su parte; (iv) no se admitió que con el comienzo de la operación bajo la modalidad de compra venta el contrato original dejó de existir;

(v) no se tuvieron por probados los rubros indemnizatorios reclamados.

IV. Liminarmente, señalo que lejos de construir una crítica concreta y razonada de todas y cada una de las distintas razones tenidas en consideración por la Jueza de primera instancia para rechazar su demanda, la actora se limitó cuestionar sólo algunas de ellas y a insistir sobre ciertos rubros reclamados, en ningún caso con una real eficacia argumentativa, como se verá.

No existe controversia en cuanto a la suscripción, el 13-09-1999, del convenio de concesión y suministro que unió a las partes, copiado a fs.27/42; bien que los contendientes asignan diversa interpretación a sus cláusulas.

Así, la actora reputa de ilegitimo el cambio de la modalidad de entrega de combustibles en consignación por el de compraventa, efectivizado en noviembre de 2002 -sumado a otros incumplimientos que imputó a la contraria-, aduciendo que desde ese momento la relación entre las partes se rigió por pautas ajenas al contrato y que en consecuencia la decisión de YPF de terminar con la entrega de combustibles resultó antijurídica.

De su lado la defensa argumenta que el convenio permitía el cambio en la forma de provisión. Este se justificó -desde su visión- en la deuda que ‘Autopista’ mantenía por las entregas del fluido. Posteriormente, comunicó mediante CD la decisión de no renovar el contrato a su vencimiento con una antelación de más de un año y la relación culminó por cumplimiento del plazo decenal previsto, sin que exista obligación alguna por la que deba responder.

Conforme quedó planteada la controversia, y sin perjuicio de resaltar cierta ambigüedad en la demanda, estimo prioritario determinar si existieron incumplimientos que determinen que el contrato referido fue resuelto arbitrariamente por ‘YPF’ sin culpa de la actora o bien, finalizó por vencimiento del plazo.

Para ello, es imprescindible indagar sobre la posibilidad de modificar el método de comercialización del combustible involucrado.

La primera cláusula del convenio de marras (reservado en sobre de documentación original n° 27513/11 que en este acto tengo a la vista) establece que “la sociedad suministrará a la firma, en consignación para su comercialización en su Estación de Servicios-, por cuenta y orden de la misma, o, en caso de considerarlo necesario, en venta a los fines de su reventa a terceros, todos los combustibles-“.

Así, el contrato autorizaría el proceder de ‘YPF’, conforme lo expuso esta Sala al rechazar la acción de amparo deducida por la aquí actora, fundada, precisamente, en el cambio en la metodología de suministro (CNCom., esta Sala, “Autopista SRL c/ YPF SA s/ amparo”, del 12-05-2003).

A pesar del razonamiento ensayado por la accionante, no existe previsión que contradiga esa interpretación.

Es cierto que la cláusula sexta estipula “(precio de compra para operaciones de reventa): para los casos en que, de común acuerdo con la SOCIEDAD, la FIRMA adquiera para su reventa, combustibles y todo otro producto de la línea comercial, los precios a pagar por la FIRMA por los productos que adquiera conforme esta cláusula, serán los que la SOCIEDAD establezca con carácter general, o los que específicamente se acuerden”.

Sin embargo, de ello no se desprende que el cambio de modalidad debía ser necesariamente acordado, sino que implica que la actora podía elegir no adquirir el combustible o hacerlo en cantidades distintas a las previstas para la consignación, cuestión por lo demás natural atento a la forma en que se instrumentaría la operación.

Si en la venta por consignación ‘YPF’ se comprometió a “mante ner un stock adecuado de los productos provistos en consignación para la operación normal de la estación de servicios, de acuerdo a los promedios históricos de ventas” (cláusula séptima), es decir, recaía sobre la demandada el suministro de una cierta cantidad de combustible, es lógico que para la operatoria de compraventa se faculte a las partes a acordar la entrega de cantidades diversas.

La conducta asumida por los contendientes, en la etapa de ejecución del contrato, resulta decisiva a la hora de interpretarlo pues se trata de actos propios, reveladores de su real intención (conf. art. 218 inc.4 del ahora derogado Código de Comercio, vigente al momento de la controversia).

No ignoro que del copioso intercambio epistolar agregado y de las notas que la accionada habría presentado ante YPF (cuya autenticidad no fue corroborada por otras probanzas), surgiría la intención de ‘Autopista’ de retomar el mecanismo de consignación.

Empero, lo cierto es que, rechazado el juicio de amparo referido supra, la quejosa nunca reclamó judicialmente por incumplimiento de los términos acordados ni impetró la recisión con causa a que la habilitaba la cláusula vigesimosexta, si hubiera existido un apartamiento de los términos negociales por parte de la demandada.

Por el contrario, continuó por ocho años una relación comercial que reputó ruinosa, sin que se advierta motivo para ello ni esto fuera explicado con claridad por la accionante.

Además, tampoco asiste razón a la recurrente en el argumento de que el acuerdo original “dejó de existir” por haber cambiado la metodología de entrega, pues no solo esa posibilidad fue contemplada en el contrato, sino que la mayoría de sus disposiciones son igualmente aplicables.

Nótese que, a pesar de los agravios esbozados, la propia accionante admitió en reiteradas oportunidades la vigencia del convenio, conforme lo apuntado en la sentencia en crisis (que no mereció crítica en ese aspecto).

La circunstancia de que el convenio le fuera impuesto a ‘Autopista’ bajo la forma de los contratos por adhesión, no resulta cuestionable por la sola circunstancia de haberse impedido a la parte adherente la discusión particularizada de cada una de sus estipulaciones.Aun aceptando que una de las partes tuviera una posición más fuerte en la vinculación y haya impuesto las condiciones contractuales, ello no es causal que invalide per se lo pactado; pues además de la alegada asimetría económica, lo que debe probarse es que medió abuso -no abuso en cualquier grado sino uno desestabilizante del adecuado equilibrio del negocio mercantil anudado- en la utilización de esa posición para causar daño, de modo que pueda calificarse a su conducta de ejercicio disfuncional del derecho en los términos del art. 1071 del Código Civil (conf. CNCom, esta Sala, “Cellcom SA c/ Cti PCS SA y otros s/ ordinario” , del 14-03-2018; id, id, “Miyazaki Mitsumasa c/ Telecom Personal SA s/ Ordinario”, del 28-04-2009).

En ese entendimiento, admito que si la posibilidad de mudar la forma de contratación hubiera sido tomada de forma arbitraria o caprichosa (como sostuvo la accionante), podría generar la obligación de indemnizar.

Ahora bien, más allá de los continuos reclamos que alegó haber realizado la actora, no existe prueba en el expediente que apunte a ese actuar reprochable.

Es que esos reclamos, desprovistos de otras probanzas que los sustenten, no pasan de ser una manifestación unilateral de la accionante y carecen de fuerza convictiva.

Así, señalo que a pesar de las criticas al sistema contable SAP utilizado por ‘YPF’, el perito contador informó que “cumple con todas las normas de la legislación comercial vigente- es un sistema de gestión comercial muy completo que permite una gestión eficiente en tiempo y forma, en especial a las grandes corporaciones. La demandada tiene autorización de la Comisión Nacional de Valores para llevar su contabilidad con el sistema SAP” (fs. 594).

Además, el experto constató el correcto pago de las comisiones durante el período en que se operó con consignación, así como del IVA sobre ellas, a pesar de que la accionante aseguró no haber percibido ninguna suma por ese concepto (fs.653/4).

Y si bien es cierto que no se acreditó el ingreso de otros impuestos (como ingresos brutos o tasas municipales), la actora no produjo prueba alguna tendiente a demostrar que efectivamente hizo esos desembolsos.

No se advierte, a priori¸ ninguna dificultad para acreditar el pago de los impuestos cuyo reembolso reclama pues bien podía haber adjuntado los recibos correspondientes, oficiado a los organismos recaudadores o requerido al experto contable que verifique la información en sus libros de comercio.

Tampoco se probó que se hubieran reducido los porcentajes de comisiones pactados, que el perito entendió correctamente integrados.

En lo tocante a las mermas, no surge de los términos contractuales que estas debieren ser abonadas a ‘Autopista’, ni que se hubieran transgredido los términos del Anexo 4.

Allí se estableció que “Una empresa especializada, contratada por la SOCIEDAD [YPF] efectuará el estudio para la determinación de mermas por zona térmica. En el supuesto de que se produzca déficit por encima de los valores fijados, corresponderá ser imputado a la FIRMA [AUTOPISTA] si se verifica que existió una conducta fraudulenta o negligente imputable al ámbito de su responsabilidad. Si se determina que la FIRMA cumplió fehacientemente con las normas y/o procedimientos establecidos para el control de stock, no corresponderá el cargo.”.

La actora no probó que se le hubiera impuesto cargo alguno por mermas, de manera que no asiste razón a su reclamo.

Ahora bien, en este punto es menester resaltar que, conforme lo expuso la Jueza a quo, surge de las constancias obrantes en las copias certificadas de los autos “YPF SA c/ Autopista SRL s/ ejecución hipotecaria”, expte. 42.617, que tramitaron ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 59, que al momento del cambio en la modalidad de venta de combustibles ‘Autopista’ mantenía una deuda con la demandada, que fue reclamada en esas actuaciones y culminó con el acuerdo de pago de fs. 546/547.

Esa acreencia se encuentra documentada con la certificación contable que sirvió de antecedente a la ejecución hipotecaria y no fue desvirtuada en estos autos.Es llamativo, en ese sentido, que no se hubiera requerido su comprobación como parte de la prueba pericial contable ofrecida por la demandante.

Tampoco puedo pasar por alto que la actora no acompañó las notas informando volumen, precio vendido y comisión estipulada, que debía emitir conforme la cláusula quinta, último párrafo (ver informe pericial de fs. 595vta., último párrafo) y fue declarada negligente en la producción de la prueba informativa dirigida al Banco Santander Rio (fs. 567/9).

Esto último era de crucial importancia pues los contendientes acordaron que “en caso de duda acerca del origen y destino de los fondos debitados de la cuenta bancaria consignando, el resumen de cuenta y últimos movimientos emitidos por el Banco será considerado instrumento arbitrante” (cláusula cuarta, punto f).

En suma, a pesar de la vehemencia con que atacó esa deuda, nada hizo para justificar su improcedencia.

Agréguese que se tuvo a la actora por desistida de la prueba testimonial (fs. 543), que bien podría haber echado luz sobre la operatoria y las dificultades que reseñó, sin que hubiera solicitado la producción de ninguna probanza ante esta Alzada.

En referencia a los tanques que debían ser entregados en comodato, la propia demandada reconoció que no los puso a disposición y pretendió justificar su accionar en la mora de la contraria.

No surge del ‘Anexo 9’ el plazo en que se debía cumplir con la instalación. Más allá de ello, destaco que no se acreditó que su falta haya producido perjuicios a la actora, desde que no se probó la alegada diferencia en la periodicidad de las auditorias que tuvo que realizar, ni su precio. Nótese que tanto los tanques instalados en 1979 como aquél más moderno (de 1993) debían ser auditados en las mismas fechas (fs. 334) y que la auditoria efectuada en marzo de 2008 tenía una validez de seis meses pero aquella facilitada al perito ingeniero, de marzo de 2010, era válida por un año (fs.545).

Ergo, no puede deducirse la periodicidad en que eran necesarias dichas comprobaciones ni su relación con la antigüedad de los tanques.

Agrego que, contrariamente a lo alegado, surge del convenio que ‘la instalación de la totalidad de los Tanques será a cargo de LA FIRMA [AUTOPISTA]”, de manera que los posibles beneficios bien podrían compensarse con los gastos que no debió realizar, máxime tomando como parámetro el costo estimado por el perito ingeniero exclusivamente para el retiro de los tanques ($425.500, fs. 554). Claro que estas consideraciones son hipotéticas, atento al deficiente esfuerzo probatorio.

Asimismo, carece de asidero el pedido de que la contraria retire los tanques existentes en la estación de servicio y remedie los suelos a fin de utilizar el predio para otra actividad.

No surge de los antecedentes tenidos a la vista que los tanques de combustible existentes en la estación de servicio sean propiedad de ‘YPF’, ni se comprometió la demandada a realizar las tareas tendientes al saneamiento de los suelos.

Contrariamente, aun admitiendo que esos bienes sean propiedad de la accionada -cosa que, se repite, no se acreditó- de la cláusula decimoséptima del contrato surge que “el costo de desinstalación de los elementos dados en comodato a la Firma, será, en todos los casos, a cargo de la misma”.

El último de los rubros reclamados a los que hace referencia el memorial en estudio es un saldo de $74.471,38 que la defensa adeudaría a la quejosa y que surgiría de la captura de pantalla obrante a fs.99.

Si bien ‘Autopista’ se queja porque “la sentenciante le resta valor” a esa pieza, no explica que permitiría tenerla por cierta, cuando no fue objeto de la pericia contable, se declaró negligente la prueba dirigida al Banco Santander Rio y no se la corroboró de forma alguna.

De lo hasta aquí expuesto se colige que no se acreditaron incumplimientos esenciales de parte de ‘YPF’ que hagan suponer la existencia de un abuso en los términos explicados supra.

Por el contrario, se concluye que el cambio de la modalidad de venta por consignación a la de reventa, notificada a la actora mediante CD del 23-09-2002 (fs. 328) era una alternativa prevista en el convenio y no resultó un proceder caprichoso de la demandada, sino que se justificó en la deuda mantenida por ‘Autopista’.

Aclarada de esta manera la vigencia del contrato, en tanto no se encuentra controvertido que la defendida continuó proveyendo de combustibles conforme a la modalidad de reventa y la actora continuó operando la estación de servicios bajo la marca YPF, recuerdo que su cláusula segunda establecía: “La duración del convenio será de DIEZ (10) AÑOS a contar de la fecha presente, renovable automáticamente por períodos iguales, salvo que algunas de LAS PARTES notifique en forma fehaciente a la otra con una antelación mínima de doce meses al vencimiento del plazo o de la eventual prórroga en curso, su voluntad de darlo por terminado”.

La accionada notificó su intención de no renovar el contrato con más de 14 meses de antelación a su vencimiento mediante CD del 19-06-2008 (fs. 315), recibida por la quejosa conforme se desprende de la documentación por ella aportada (fs.207). Esa anticipación fue incluso superior a la contractualmente prevista.

Por lo demás, aclaro que, como principio general, a mayor plazo de vigencia del contrato corresponderá un plazo mayor de preaviso, ya que no sólo debe apuntarse a la amortización de las inversiones y la eventual obtención de ganancias sino que en una relación estable debe concederse un plazo razonable tendiente a compensar el lucro cesante por las legítimas expectativas que por el adecuado desarrollo de la relación abrigaran al co-contratante (conf. CNCom, esta Sala, “Antelo Pablo c/ Laboratorio Domínguez SA s/ ordinario” , del 06- 09-2018).

Con independencia de que el convenio objeto de la litis tenía un plazo cierto de vencimiento, recuerdo que aún en caso de recisión, se reconoció que debe posibilitarse -mediante el otorgamiento de un plazo apropiado- que la contraparte se adecue a las nuevas circunstancias, pero no es correcto tampoco que deba extenderse durante un tiempo excesivo (conf. CNCom, esta Sala, “Godicer SA c/ Cervecería y Maltería Quilmes SAICAyG” , del 10-06-2004).

Dada la precariedad que exhibían las relaciones entre las partes, de las que dan cuenta los numerosos intercambios telegráficos, y teniendo el convenio plazo de finalización, nada tiene de sorpresiva la decisión de la demandada de no renovar la contratación.A todo evento, la antelación con que se hizo saber esa voluntad se aprecia suficiente conforme las particulares circunstancias del caso.

Para finalizar, en atención a las diferentes consideraciones que se efectuaron en esta ponencia, me permito recordar que la prueba tiene por objeto formar en el ánimo del juzgador la convicción necesaria acerca de la existencia o inexistencia de las circunstancias relevantes del juicio, es decir, de los hechos conducentes para el logro de la solución del conflicto.

Ello, porque las simples alegaciones de las partes son inidóneas para producir convicción sobre los hechos que invocan, pues la carga de la prueba no es una distribución del poder de probar que tienen las partes, sino del riesgo de no hacerlo. En consecuencia, no supone ningún derecho del adversario sino un imperativo de cada litigante (cnfr. CNCom, esta Sala, “Nannis, Gonzalo María c. Caniggia, Claudio Paul s/ ordinario” , del 14-02-2005; entre otros).

No interesa la condición de actor o defendido ni la naturaleza aislada del hecho, sino los presupuestos fácticos de las normas jurídicas; de manera tal que cada una de las partes quedan gravadas por la carga de probar los hechos contenidos en las normas con cuya aplicación aspira a beneficiarse, sin que interese el carácter constitutivo, impeditivo o modificativo de aquéllos.

Y sabido es que quien no prueba lo que tiene que probar pierde el pleito (conf. Couture, E., “Fundamentos del derecho procesal civil”, página 244, Bs. As., Depalma, 1973).

Como se resaltó, no existen constancias en el expediente que permitan inferir la veracidad de las afirmaciones de la actora, pues tal como se expuso supra, la causa carece de prueba eficaz, atendible y concordante (conf.CNCom, esta Sala, “Zakim, Santiago Elías y otro c/ Banco Río de la Plata S.A.” del 28-06-2002, entre muchos otros) que permita responsabilizar a ‘YPF’ por los graves incumplimientos contractuales que le fueron imputados.

En definitiva, las quejas no pueden tener favorable acogida.

Consecuentemente con la forma en que se resuelve, las costas de ambas instancias se impondrán a la actora objetivamente vencida (Cpr.: 68).

Decidida de esta manera la cuestión sometida a conocimiento de la Alzada, es menester reseñar que al presentar su informe, el perito ingeniero advirtió que no se habían cumplido las normativas ambientales referidas al cierre transitorio o definitivo de la estación de servicios, resaltando que el mantenimiento de los tanques en el status verificado al momento de la pericia era inadecuado, con potenciales condiciones de “riesgos y peligros a la comunidad, personal y medio ambiente”, requiriendo la notificación de la situación a la Secretaría de Energía (hoy Ministerio de Energía de la Nación) y a la Municipalidad de La Matanza (fs. 598vta.).

Sin perjuicio de las impugnaciones efectuadas a dicho informe, en atención al potencial daño ambiental denunciado y de conformidad con el principio precautorio que emana de la Ley 25.675, encomiéndese a la Sra. Juez de Primera Instancia hacer saber a los organismos referidos lo informado por el perito ingeniero.

VI. Como corolario de todo lo expuesto, si mi criterio es compartido, propongo al Acuerdo: desestimar el recurso de fs. 709 confirmando la sentencia recurrida. Con costas de ambas instancias a la actora vencida (Cpr. 68). Asimismo, se encomienda a la Sra. Juez de Primera Instancia practicar las comunicaciones indicadas supra.

He concluido.

Por análogas razones la Dra. Díaz Cordero adhirió a la conclusión propiciada por su distinguida colega. Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron las Sras. Jueces de Cámara María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde E. Ballerini.

Es copia del original que corre a fs. 302/13 del Libro de Acuerdos Comerciales. Sala B

RUTH OVADIA

SECRETARIA DE CÁMARA

Buenos Aires, 8 de mayo de 2019.-

Y VISTOS:

Por los fundamentos del Acuerdo que precede se resuelve: desestimar el recurso de fs. 709 confirmando la sentencia recurrida. Con costas de ambas instancias a la actora vencida (Cpr. 68). Asimismo, se encomienda a la Sra. Juez de Primera Instancia practicar las comunicaciones indicadas supra.

Notifíquese por Secretaría conforme Acordadas N° 3/11 y 38/13 CSJN. Oportunamente, cúmplase con la publicación a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, según lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada n° 15/13 CSJN y devuélvase al Juzgado de origen.

MARÍA L. GÓMEZ ALONSO de DÍAZ CORDERO

MATILDE E. BALLERINI