Dolarización: Se multa a la firma organizadora del sistema de tarjeta de crédito por haber cobrado en dólares la compra de unos pasajes aéreos facturados en pesos

Partes: First Data Cono Sur S.RL. c/ GCBA s/ recurso directo sobre resoluciones de defensa al consumidor

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sala/Juzgado: II

Fecha: 28-may-2019

Cita: MJ-JU-M-119776-AR | MJJ119776 | MJJ119776

Se confirma la multa a la firma organizadora del sistema de tarjeta de crédito por haber cobrado en dólares la compra de unos pasajes aéreos facturados en pesos.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sanción de multa impuesta a la empresa actora por haber cobrado en dólares la compra de unos pasajes aéreos facturados en pesos, pues constituye infracción a lo dispuesto en el art. 9 inc. d) de la Ley CABA 757 y al art. 19 de la Ley 24.240.

2.-Corresponde confirmar la disposición mediante la que se sancionó a la firma actora con multa por infracción a lo art. 9 inc. d) de la Ley CABA 757 y al art. 19 de la Ley 24.240 pues la defensa opuesta vinculada a su falta de legitimación pasiva para actuar en las presentes, por cuanto considera que no existe relación contractual con la denunciante, es inatendible, en tanto la operatoria de ‘tarjeta de crédito’ constituye un sistema integrado por distintos contratos que forman una unidad al estar conexados por su finalidad, siendo su complementación y coordinación necesarias para el funcionamiento del mismo.

3.-Se juzga que el planteo de falta de legitimación pasiva no puede tener favorable acogida y por lo tanto, la firma actora debe responder ante la denunciante por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 24.240 , toda vez que la empresa de tarjeta de crédito organiza y administra un verdadero sistema, cuya supervisión y control mantiene; máxime siendo que la responsabilidad de las entidades organizadoras del sistema de tarjeta de crédito frente al consumidor ha sido encuadrada por la jurisprudencia dentro del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor.

4.-La entidad organizadora del sistema de tarjeta de crédito no puede eximirse de responsabilidad frente al usuario, alegando no haber contratado directamente con él, cuando las condiciones generales del contrato de adhesión surge su claridad, no pudiendo soslayar su intervención directa en las relaciones jurídicas que se generan en torno de la emisión y uso de la tarjeta.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de mayo de dos mil diecinueve, se reúnen en acuerdo los señores jueces de la sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dictar sentencia en los autos “FIRST DATA CONO SUR SRL C/ GCBA S/ RECURSO DIRECTO SOBRE RESOLUCIONES DE DEFENSA AL CONSUMIDOR”, 36388/2017-0, y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: DRES. ESTEBAN CENTANARO, FERNANDO E. JUAN LIMA Y MARIANA DÍAZ.

A la cuestión planteada, el DR. ESTEBAN CENTANARO dijo:

RESULTA:

1. Las presentes actuaciones se iniciaron como consecuencia de la denuncia efectuada por el Sr. R.O.M ante la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en lo sucesivo, DGDyPC o Dirección), contra la empresa First Data Cono Sur SRL (en adelante, First Data o la empresa) como consecuencia del cobro en dólares estadounidenses de unos pasajes aéreos comprados y facturados en pesos argentinos.

En su presentación, relató que en diciembre de 2015 su hija, mediante la extensión de la tarjeta de crédito Mastercard del banco BBVA Francés de su titularidad, efectuó la compra – en pesos argentinos – de unos pasajes aéreos a través de la compañía Edreams.

Expuso que al recibir el resumen de la tarjeta de crédito con la que se efectuó la compra, advirtió que figuraban dos montos por dicha operación, uno en pesos argentinos y otro en dólares estadounidenses.Explicó que ante dicha situación, se puso en contacto con los representantes de Mastercard, quienes le habrían informado que el monto correcto era el detallado en moneda extranjera, calculado al tipo de cambio de la fecha de cierre de la tarjeta.

Finalmente, agregó que realizó una nueva compra por la misma compañía (Edreams), pero con su tarjeta de crédito Visa del banco Santander Río y que en dicha oportunidad el cobro fue en pesos argentinos.

2. A fs. 19 luce el acta de la audiencia de conciliación celebrada en sede administrativa en la que se dejó asentado el pedido de las partes de un cuarto intermedio. A fs. 30 obra el acta en la que se dejó constancia de la incomparecencia de la demandada.

3. Clausurada la instancia conciliatoria, obra la providencia PV-2016- 25146239-DGDYPC por la cual la Dirección imputó a First Data por presunta infracción al artículo 19 de la ley 24240 al entender que “. la denunciada habría consignado en dólares estadounidenses una compra de pasajes efectuada por el denunciante, facturada en pesos. Ello surgiría de las facturas emitidas por Edreams SL por la compra de pasajes, en pesos y el resumen de tarjeta Mastercard que factura esa operación en dólares. Asimismo el denunciante aporta un resumen Visa del Banco Santander Rio que factura una compra a Edreams SL en pesos.” (v. fs. 49/50).

A fs. 52/61 se presentó la empresa, planteó la falta de legitimación pasiva, solicitó la citación de Mastercard Internacional como tercero y formuló el respectivo descargo.

A fs. 62 la DGDyPC desestimó el planteo de falta de legitimación pasiva y la solicitud de citación de tercero.

4. A fs.67/69 la Dirección dictó la disposición DI-2017-3364- DGDYPC mediante la que sancionó a First Data Cono Sur SRL con multa de pesos catorce mil quinientos dieciocho ($14.518) por infracción al artículo 9 inciso d) de la ley 757 – texto consolidado – y pesos cuarenta mil ($40.000), por infracción al artículo 19 de la ley 24.240 (en adelante, LDC) (cnf. artículo 1 de la disposición – v. fs. 68 vta.-).

Por otra parte, ordenó la publicación de la parte dispositiva en el cuerpo principal del diario “La Nación”, dentro del término de treinta días a computarse desde su notificación (cnf. artículo 3 de la disposición – v. fs. 68 vta.-).

Para así resolver, la DGDyPC sostuvo que ante la verificación de la falta de presentación de justificativo a la incomparecencia de la demandada a la audiencia cuya acta luce a fs. 30, quedó acreditada la infracción al artículo 9 inciso d) de la ley 757. Adujo que “la inasistencia de la denunciada a la audiencia de conciliación impide tratar en forma rápida y veraz la problemática que motivó el reclamo del denunciante, vedando que las partes puedan exponer sus posturas e intereses en un ámbito propicio para la negación y solución del conflicto existente” (v. fs. 67 vta.).

Seguidamente, respecto a la sanción impuesta por infracción al artículo 19 de la ley 24.240, la Dirección entendió que “.la sumariada ignoró [la facturación en pesos] decidiendo unilateralmente consignarla en dólares en contraposición con la voluntad que le diera origen a dicha compra” (v. fs.67 vta.) Asimismo, indicó que “. más allá de la solicitud bancaria y normativa invocadas por la sumariada mediante las cuales intenta justiciar su accionar, lo que debe ponerse de resalto es la conducta reprochable configurada en la falta de comunicación al denunciante de cómo se realizaría el cobro de la compra y también la falta de información brindada al consumidor respecto de cómo se incumpliría con la modalidad y moneda seleccionada por el consumidor a efectos de realizar el mentado cobro” (v. fs. 68).

5. Notificada la disposición, se alzó la empresa denunciada (cnf. fs.71/87).

En su recurso, First Data opuso como defensa su falta de legitimación pasiva en orden a las presuntas infracciones imputadas, por cuanto considera que es ajena a la relación de consumo. Esgrimió que su vínculo es con los bancos o entidades financieras, no así con los consumidores y los comerciantes (v. fs. 78 vta.).

Arguyó que no reviste el carácter de proveedor, por lo que no se encuentra configurada la relación de consumo, no siendo posible imputarle la violación del artículo 19 de la LDC.

Sostuvo que quien informó sobre el monto de la operación fue el comercio (en el caso, Edreams) por lo que, a su entender, debía reprochársele a este último la modificación de la moneda y, de manera solidaria, a la entidad emisora de la tarjeta, que es quien cobró los cargos y financió la compra del tarjetahabiente.

Finalmente, ofreció prueba y efectuó el petitorio.

6. Recibidas las actuaciones, previo dictamen del Sr. fiscal de la Cámara, a fs. 143 se declaró la competencia del tribunal y se tuvo por habilitada la instancia judicial.

Corrido el pertinente traslado, a fs. 158 se dio por decaído el derecho del GCBA de contestarlo y se declaró la cuestión de puro derecho (v. fs. 158).

En virtud de ello, a fs. 163/169 obra la presentación de la actora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 389 del CCAyT, a fs. 172/174 vta. dictaminó el Sr.fiscal de la Cámara y, finalmente, a fs. 175 se elevaron los autos al acuerdo.

A fs. 178 se hizo saber la nueva integración del tribunal.

CONSIDERANDO:

7. Como paso previo a entrar en el análisis de aquello que fuera materia del recurso, cabe recordar que los jueces no están obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean conducentes para la correcta composición del litigio (cfr. art. 310 del CCAyT y doctrina Fallos 272:225; 274:486; 276:132 y 187:230, entre otros).

8. Ahora bien, previo a ingresar al estudio de los agravios de la parte actora, deviene oportuno señalar las normas que resultan de aplicación al fondo del caso debatido en autos.

La ley 24.240, en su artículo 1º, modificado por la ley 26.994, sostiene que “[.] se considera consumidor a la persona física y jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social”.

A su vez, la Constitución nacional prevé que “[l]os consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios” (art. 42 CN, 1º y 2º párrafo).

La Constitución local dispone en el capítulo decimoquinto dedicado a los consumidores y usuarios que “[l]a Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la ley determine como inadecuadas” (art. 46 CCABA, 1º y 2º párrafo).

9.Sentado lo anterior y a los fines de lograr una mejor exposición, encuentro oportuno describir, someramente, las características del procedimiento al que se ciñe el actuar de la administración frente a casos como el que nos ocupa.

En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el procedimiento administrativo por infracciones a los derechos de los consumidores y usuarios se encuentra reglado por la ley 757 en cuyo artículo 1° establece “[l]a presente ley tiene por objeto establecer el procedimiento administrativo para la implementación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los derechos de los consumidores y usuarios, reconocidos en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802) y disposiciones complementarias, sin perjuicio de las competencias concurrentes de la autoridad nacional de aplicación, así como de todas las normas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo objeto sea la protección al consumidor y que no dispongan de un procedimiento específico”.

Por su parte, el artículo 3° de la ley prevé que “cuando existan presuntas infracciones dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las disposiciones indicadas en el artículo primero de la presente ley, la autoridad de aplicación debe iniciar actuaciones administrativas de oficio o por denuncia”.

De modo tal que, en lo que aquí interesa, las actuaciones pueden iniciarse de oficio – a través de una inspección – o bien por la denuncia de un consumidor o usuario afectado. Luego de presentada esta última, la autoridad administrativa llamará a las partes a una audiencia a efectos de llegar a un acuerdo conciliatorio.

Ahora bien, en el supuesto de que las partes no alcancen acuerdo alguno, la administración debe examinar los hechos denunciados y, si de las circunstancias del caso sugieren prima facie la existencia de una infracción a la ley 24.240, realizará una imputación al supuesto infractor.Si, en cambio, las partes logran llegar a una transacción, se labrará un acta donde queden asentadas las condiciones convenidas.

10. Así delimitado el marco normativo aplicable, corresponde ingresar en el análisis del recurso interpuesto.

La defensa opuesta por la parte actora reside en su falta de legitimación pasiva para actuar en las presentes, por cuanto considera que no existe relación contractual con la denunciante. Adelanto mi opinión en el sentido de rechazar el agravio, por las razones que expondré a continuación.

En “BBVA Banco Francés SA c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones” , expediente RDC 1079/0, del 27 de octubre de 2007, tuve la oportunidad, como vocal de esta sala, de analizar y desestimar una excepción de falta de legitimación pasiva formulada en términos similares a la presente.

Allí, expresé que “[.] la operatoria de “Tarjeta de Crédito”, puede conceptuarse como un sistema integrado por distintos contratos bilaterales, individuales y autónomos jurídicamente entre ellos, celebrados entre partes diversas (como por ejemplo los pactados entre los usuarios con el ente emisor, los de éste con el administrador del sistema – si se trata de un sistema abierto-, los del administrador con los comercios adheridos o proveedores, etc.), que forman una unidad al estar conexados por su finalidad, siendo su complementación y coordinación necesarias para el funcionamiento del mismo (Moeremans, Daniel, Conexidad de Contratos en el sistema de tarjeta de crédito, LL-2000-B, 1086)”.

La empresa de tarjeta de crédito -en este caso, First Data- “[.] organiza y administra un verdadero sistema, cuya supervisión y control mantiene y que debe, por ello, responder solidariamente con el emisor”.

La responsabilidad de las entidades organizadoras del sistema de tarjeta de crédito frente al consumidor ha sido encuadrada por la jurisprudencia dentro del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, manifestando que se trata de “[.] un servicio prestado con exhibición de la marca y su emblema comercial [.] por lo que la codemandada Visa Argentina SA, queevidentemente cifra su obtención de ganancias en el prestigio de aquella marca, debe ser responsabilizada por haber puesto su marca en el servicio [.]” (CNCom, Sala C, 14/02/2003 “Buschiazo, Juan Antonio y otro c. Banco Bansud Sociedad Anónima y otro s/ ordinario” , ED, ejemplar del 10/07/2003).

En la misma línea se expresó que “la entidad organizadora del sistema no puede eximirse de responsabilidad frente al usuario, alegando no haber contratado directamente con él, cuando las condiciones generales del contrato de adhesión surge su claridad, no pudiendo soslayar su intervención directa en las relaciones jurídicas que se generan en torno de la emisión y uso de la tarjeta” (CNCom, Sala A, “Torres Carbonell, Mario c. Citibank NA y Mastercard SA”, 26/06/2003, publicado en http://www.eldial.com.ar del 13/08/2003 y en LL, ejemplar del 05/09/2003).

De los argumentos citados precedentemente se desprende que First Data debe responder ante la denunciante por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley 24.240, por lo que el planteo de falta de legitimación pasiva no puede tener favorable acogida.

Por tanto, a mérito de las consideraciones expuestas propongo al acuerdo que: I) se rechace el recurso directo interpuesto por First Data Cono Sur SRL a fs. 71/87 y, en consecuencia, se confirme la disposición DI-2017-3364-DGDYPC; II) sin especial imposición de costas toda vez que no ha mediado contradicción (art. 62, segundo párrafo, CCAyT).

A la cuestión planteada, el DR. FERNANDO E. JUAN LIMA dijo:

Que adhiero al voto del Dr. ESTEBAN CENTANARO.

A la cuestión planteada, la DRA. MARIANA DÍAZ dijo:

I. Adhiero, en lo sustancial, al voto de mi colega Dr. Esteban Centanaro, por cuanto lo allí expuesto resulta suficiente a fin de resolver el recurso directo bajo análisis.

II. En consecuencia, voto por: i) rechazar el recurso directo interpuesto a fs. 71/87, ii) sin especial imposición de costas por no haber mediado contradicción (cfr. art.62, segundo párrafo, CCAyT).

Por tanto, a mérito de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:

I) rechazar el recurso directo interpuesto por First Data Cono Sur SRL a fs. 71/87 y, en consecuencia, confirmar la disposición DI-2017-3364-DGDYPC; II) sin especial imposición de costas toda vez que no ha mediado contradicción (art. 62, segundo párrafo, CCAyT).

Regístrese, notifíquese a las partes por secretaría y al Sr. fiscal de la Cámara en su público despacho. Oportunamente, devuélvase.

Dr. Esteban Centanaro

Juez de Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dra. Mariana Díaz

Jueza de Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dr. Fernando E. Juan Lima

Juez de Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires