¿De qué hablamos cuando hablamos de prueba?

Autor: Fiorenza, Alejandro A.

Fecha: 7-may-2019

Cita: MJ-DOC-14879-AR | MJD14879

Sumario:

I. Introducción. II. La prueba en general. III. El objeto de la prueba VI. El fin de la prueba. V. Fuentes y medios de prueba.

Doctrina:

Por Alejandro A. Fiorenza (*)

I. INTRODUCCIÓN

En alguna oportunidad dijo Eduardo Coture que en general «.los problemas de la prueba consisten en saber qué es la prueba; qué se prueba; quién prueba; cómo se prueba; qué valor tiene la prueba producida. En otros términos: el primero de esos temas plantea el problema del concepto de la prueba; el segundo, el objeto de la prueba; el tercero, la carga de la prueba; el cuarto, el procedimiento probatorio: el último, la valoración de la prueba.» (1). Teniendo en cuenta estas recomendaciones, creemos necesario dejar en claro -desde ya- que no vamos a ocuparnos de todas las cuestiones aludidas sino que, por el contrario, optaremos simplemente por brindar a los lectores algunas nociones básicas en torno de los temas que consideramos importantes a los fines de obtener una primera respuesta a la pregunta formulada en el título mismo del presente trabajo; es decir, respecto de qué podría entenderse por «prueba» en el contexto propio del derecho procesal, para que luego, a partir de la misma, sea posible para aquellos avanzar en el estudio de otros aspectos más profundos de la «problematica probatoria».

II. LA PRUEBA EN GENERAL

Recuerda Arazi que «etimológicamente, el vocablo prueba (al igual que probo) deriva de la voz latina «probus», que significa bueno, honrado; así pues lo que resulta probado es bueno, es correcto, es auténtico» (2). Al mismo tiempo, pone de resalto Alvarado Velloso que «.castizamente el verbo probar significa examinar las cualidades de una persona o cosa y su resultado es demostrar la verdad de un proposición referida a esa persona o cosa.» (3). En el caso particular de la prueba, lo que se procura demostrar viene a ser la verdad relativa a las diferentes afirmaciones que en torno de los hechos del caso hubieran sido formuladas por las partes.Porque como bien sostuviera De Santo, no puede perderse de vista que todas las normas jurídicas supeditan la producción de sus efectos a la existencia de una cierta y determinada situación de hecho; de modo tal que cuando los sujetos del proceso afirman en sus escritos liminares la existencia de un hecho al que le atribuyen alguna consecuencia jurídica deben, ante todo, alegar la coincidencia de ese hecho con el presupuesto fáctico de la norma invocada en apoyo de su postura (4).

Ahora bien, aquella coincidencia alegada no será puesta en tela de juicio a nivel procesal en la medida en que no fuera puesta en entredicho por la parte contraria. En efecto, «.cuando una afirmación cualquiera (el cielo es azul, por ejemplo) es contestada (negada: por ejemplo, el cielo no es azul) por alguien, pierde de inmediato la calidad de verdad definitiva con la cual pudo ser expresada y se convierte, automáticamente, en una simple proposición que requiere ser demostrada por quien desea sostenerla» (5). Luego dice Alsina que «cuando el actor y demandado están de acuerdo sobre la forma en que los hechos se han producido, el juez debe aceptarlos, a menos que sean inverosímiles o contrarios al orden natural de las cosas; se dice entonces que la cuestión es de puro derecho, y el juez prescindirá de la prueba, limitándose a aplicar el derecho» (6).

En esta misma línea explica Couture que «los hechos y los actos jurídicos son objeto de afirmación o negación en el proceso. Pero como el juez es normalmente ajeno a esos hechos sobre los cuales debe pronunciarse, no puede pasar por las simples manifestaciones de las partes, y debe disponer de medios para verificar la exactitud de esas proposiciones. Es menester comprobar la verdad o falsedad de ellas, con el objeto de formarse convicción a su respecto.Tomada en su sentido procesal la prueba es, en consecuencia, un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio»; al tiempo que sostiene aquél autor que en definitiva «la prueba (.) no es una averiguación» (7). Lo que entendemos acertado si se toma en cuenta que es del proceso -en cuanto método- que se vale el órgano judicial para tomar conocimiento de la verdad relativa a los hechos del caso, valiéndose al efecto de una concreta actividad como es la probatoria, que -como no podía ser de otra manera- tendrá un objeto más acotado, el cual consistirá básicamente en la verificación de aquellos hechos que hubieran sido afirmados por una de las partes y negados por la otra.

De este modo se hace posible entender porqué se suele explicar a nivel doctrinario que los hechos afirmados en cualquier alegación (esto es, aquél acto de parte mediante el cual -en apoyo de una determinada pretensión- se afirma o se niega la existencia de un hecho o la aplicabilidad o inaplicabilidad de una norma jurídica a ese hecho) pueden ser admitidos o negados expresamente por la otra parte:en el primer caso, el juez, con las limitaciones que surgen de la ley o de la indisponibilidad del objeto procesal, debe tener por exacto el hecho concordantemente afirmado por las partes, de modo que a éstas sólo les resta exponer sus respectivos puntos de vista acerca de las normas jurídicas aplicables al caso; en el segundo, en cambio, la actividad meramente alegatoria debe complementarse mediante una actividad distinta cuyo objeto consiste en verificar la exactitud de los datos fácticos que las partes incorporan al proceso a través de las afirmaciones, y que se denomina -precisamente- prueba (8).

Lo que debe quedar en claro, entonces, es que el proceso judicial constituye ni más ni menos que un método epistemológico del que se vale el órgano judicial para alcanzar una verdad relativa a los hechos del caso que le toca juzgar; al tiempo que la prueba vendría a ser una suerte de herramienta que se utiliza en el marco de aquél método, un instrumento al que echa mano el propio magistrado o tribunal, dentro del proceso, para verificar la veracidad de lo que hubiera sido afirmado por las partes en sus presentaciones liminares, es decir, en sus respectivas pretensiones y defensas. En otras palabras, que el objeto del proceso estará dado simplemente por la búsqueda de la verdad sobre los hechos que hacen al caso que aguarda por una respuesta jurisdiccional; mientras que a la prueba le bastará con que en autos exista un cierto cúmulo de elementos en base a los cuales sea posible para el juzgador afirmar que una de las diferentes versiones de aquellos hechos se encuentra probada o confirmada.

III.EL OBJETO DE LA PRUEBA

Por lo general se habla del objeto de la prueba y se pierde de vista que el término mismo, esto es «objeto», constituye un vocablo multívoco, con lo cual se precisa en primer lugar una correcta aclaración del alcance con el que se lo usa en esta problemática en particular; sobre todo si se toma en cuenta que el mismo ha sido utilizado por nosotros mismos con otros sentidos. Por ejemplo, cuando tenemos la oportunidad de hablar en torno del proceso judicial, siempre dejamos en claro que el objeto del mismo está dado por el conocimiento de la verdad de los hechos del caso que le toca resolver al órgano judicial, utilizando, entonces, lo que sería la cuarta acepción del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), según la cual el objeto vendría a ser el fin o intento a que se dirige o encamina una acción u operación. Cuando nos ocupamos de la disciplina atinente al derecho procesal, en cambio, hablamos de su objeto echando mano, en este otro caso, a la quinta acepción del DRAE, conforme a la cual se trataría de la materia o asunto de que se ocupa una ciencia o estudio.

En el caso del objeto de la prueba debe quedar en claro que utilizamos el vocablo «objeto» de conformidad a la primera acepción del DRAE, es decir, entendiendo que el mismo estaría dado por todo lo que puede ser materia de conocimiento o sensibilidad de parte del sujeto. Lo que es conteste, a su vez, con la concepción que guardamos del proceso judicial, en cuanto empresa metódica y epistemológica de la que se vale el órgano judicial para tomar conocimiento de aquellos hechos que hubieran motivado las pretensiones jurídicas que aguardan por una respuesta jurisdiccional de su parte; porque la prueba -como se adelantara- no vendría a ser sino una herramienta de la que se vale el juez o tribunal en el marco del mismo.De este modo se puede ingresar de lleno al tema, recordando que en general se ha dicho por parte de la doctrina que «.el objeto de la prueba se halla constituido por los hechos invocados en las alegaciones, debiendo entenderse por “hechos” todos aquellos sucesos o acontecimientos externos o internos susceptibles de percepción o deducción» (9). Es decir, que «los hechos que son objeto de prueba deben (.) haber sido afirmados por las partes», porque en el marco de la actividad probatoria, «.el juez (.) no investiga ni averigua, sino que verifica las afirmaciones de los litigantes» (10). Por ende, como bien señala Palacio: se hallan excluidos de la prueba aquellos hechos que no hubieran sido afirmados por ninguna de las partes (11).

Pero lo cierto es que el objeto de la prueba no se extiende a «todos» los hechos afirmados por las partes en sus escritos liminares, sino que además, «para ser objeto de prueba los hechos deben ser controvertidos.», lo que sucede «.cuando son afirmados por una de las partes y desconocidos o negados por la otra, es decir, cuando constituyen el contenido de una afirmación unilateral» (12). Ello así, al menos, en lo que hace a sistemas dispositivos como los que están presentes por lo general en los ordenamientos procesales de corte civil y comercial vigentes en los diferentes países del denominado derecho continental.

Al respecto tiene dicho Alvarado Velloso que en el desarrollo de la serie procesal «.la etapa confirmatoria viene después de la correspondiente a la de negación por el demandado (…) de los hechos afirmados por el actor (…). Si ambos contendientes están de acuerdo acerca de la existencia de los hechos afirmados (es decir, no hay negación de ellos y, por tanto, no hay hechos con tradictorios), se acostumbra a decir (…) que no hay controversia, de modo que la cuestión es de puro derecho y, por ende, nada hay que confirmar en el respectivo proceso.(…) A este supuesto de no controversia quedan legalmente equiparados en innumerables leyes procesales los casos referidos a contestación evasiva y admisión tácita de hechos por falta de negación específica. (…) Por lo contrario, si en la etapa pertinente hubo negación, de entre todos los hechos que en general son susceptibles de ser confirmados, en el caso concreto habrán de serlo sólo y exclusivamente los hechos controvertidos (son los hechos afirmados por una parte y negados por la otra)» (13).

No obstante, puede ocurrir que a pesar de no haber existido negación de hecho alguno de los afirmados por el actor por parte del demandado y, por ende, no contarse en el proceso con ningún hecho controvertido acerca del cual se tenga que desarrollar -en principio- actividad probatoria alguna, igualmente deban las partes echar mano de esta última y a través suyo avanzar en la confirmación de aquellos particulares hechos que, aunque no se encuentren discutidos, terminen dando forma a las denominadas «cuestiones de demostración necesaria».

Así, pues, se constituye una excepción a aquello de que vendrían a ser objeto de prueba solamente los hechos afirmados por una de las partes y negados por su contraria, esto es los controvertidos; porque en el supuesto de los hechos de demostración necesaria, a pesar de no haber sido ellos controvertidos en ningún momento, igualmente requieren de una actividad confirmatoria dentro del proceso, por parte de los sujetos que en él intervienen y que en la acreditación de los mismos tienen algún interés.Habiéndose dicho, al respecto, que son objeto de prueba «.también los hechos de demostración necesaria, ante cuya existencia debe abrirse la causa a prueba pues no cabe considerar probada toda afirmación fáctica por la sola falta de contestación de la demanda.» (14).

La doctrina tiene dicho, en este sentido, que a veces, «.maguer no existir negación en el caso y, por ende, no haber hechos controvertidos acerca de los cuales tenga que recaer la tarea confirmatoria, el actor deba confirmarlos del mismo modo que si hubieran sido negados, lo cual puede ocurrir siempre que esté comprometido el orden público; conociéndose ello doctrinalmanete con la denominación de cuestión de demostración necesaria.» (15); en cuyo caso «.la confirmación debe ser efectuada del mismo modo que si hubiera mediado negativa expresa respecto de la pretensión deducida.» (16). Queda claro, por tanto, que es necesaria la confirmación o prueba -si se prefiere- de los hechos alegados por alguna de las partes en los que estuviera comprometido el orden público (17), aún cuando los mismos no fueran negados por la contraria, puesto que se trata de hechos de demostración necesaria.

Aunque la cuestión no termina allí, porque en alguna oportunidad hemos puesto de manifiesto nosotros que el elenco de los llamados hechos de demostración necesaria no se agotaría -en realidad- con aquellos que refieren a cuestiones de orden público o que constituyen el presupuesto fáctico de tal clase de normas, sino que abarca también aquellos otros hechos que deberán de ser acreditados mediante prueba pertinente por la simple y sencilla razón de que a pesar de la trascendencia que revisten para el resultado del proceso, no pueden ser objeto de reconocimiento o negación por parte de la parte contraria (18).

De este modo surge una nueva problemática: determinar cuáles vendrían a ser tales hechos en cada caso.Para ello proponemos, en primer término, determinar la importancia que revisten los hechos en cuestión (o sea, los no controvertidos) a los fines de resolver el caso en torno del cual se origina el proceso mismo; esto es si puede efectivamente hacerse lugar a la demanda instaurada sin haber sido acreditado el hecho en cuestión. Seguidamente se deberá recurrir a las reglas de la absolución de posiciones, porque lo cierto es que serán los hechos que no pueden ser objeto de tal medio de prueba los que en definitiva constituyen los denominados hechos de demostración necesaria, al menos para quién los alegue y esté interesado en generar la convicción del órgano judicial a su respecto al momento de emitir su fallo.

En conclusión, deberá quedar en claro que cuando hablamos del objeto de la prueba no sólo nos referimos a los hechos controvertidos, sino que también incluimos a los de demostración necesaria, que no sólo abarcan a los que tienen alguna vinculación con el orden público (como históricamente lo entendiera la doctrina y jurisprudencia local), sino también a los que siendo necesarios para la resolución del caso no pueden ser objeto de confesión por la parte contraria a la que los hubiera alegado y por ende volcado al proceso.

IV. EL FIN DE LA PRUEBA

En el apartado anterior nos ocupamos del objeto de la prueba judicial, que se resume en aquello sobre lo cual puede recaer o versar la misma; pero luego -siguiendo a Devis Echandía, cabe preguntarse ¿Para qué se prueba en el proceso?, ¿Qué se persigue al llevarle al juez la prueba?La respuesta a este interrogante constituye lo que debe entenderse por el fin de la prueba judicial; a lo que él responde diciendo que su función, que el fin definido de aquella tiene, puede apreciarse a partir de lo manifestado con relación a la naturaleza de la prueba, esto es, cuando señala el mismo autor que «.el proceso necesita entrar en contacto con la realidad del caso concreto que en él se ventila, pues si el juez no conoce exactamente sus características y circunstancias, no le es posible aplicar correctamente la norma legal que lo regula y declarar así los efectos jurídicos materiales que de ella deben deducirse y que constituirán el contenido de la cosa juzgada, en estricta congruencia con la demanda y las excepciones. Ese indispensable contacto con la realidad de la vida sólo se obtiene mediante la prueba, único camino para que el juez conozca los hechos que le permitan adoptar la decisión legal y justa para cada caso concreto» (19).

Pero lo anterior puede llevar a la confusión de creer que el fin de la prueba es el mismo que el correspondiente al proceso o al procedimiento, y ello no es del todo correcto. Porque si bien todos apuntan hacia un mismo norte, lo hacen de manera distinta; para decirlo sencillamente, es diferente el grado de búsqueda, de intensidad, que correspondería al proceso, al procedimiento y a la prueba. Lo que se podría traducir de modo tal que se entienda que la búsqueda de la verdad, en sentido absoluto, aparece como el objeto del proceso judicial en cuanto concepto ideal y abstracto; mientras que el procedimiento, en cuanto reflejo o copia imperfecta de aquél en el mundo real humano, se deberá contentar con alcanzar -al menos- algún grado de certeza en relación a los hechos invocados por las partes, y a tal efecto se servirá ni más ni menos que de la actividad probatoria, en cuanto herramienta o instrumento para llevar adelante la confirmación de aquellos que hubieran resultado contradictorios.Lo correcto sería, entonces, entender que el proceso, en cuanto ideal, tiene por fin el conocimiento relativo a la verdad de los hechos del caso litigioso que al órgano judicial le toca resolver, en orden a que luego sea posible brindar para el mismo una respuesta jurisdiccional lo más ajustada a derecho posible. El procedimiento, luego, en su calidad de proceso bajado a la realidad y sujeto en su estructura -por consiguiente- a un concreto números de normas jurídicas de tipo procesales, tiene el objeto de arribar al mejor conocimiento posible de los hechos del caso (sólo entonces cabe hablar de debido procedimiento). La prueba, finalmente, formando parte del proceso y por ende también del procedimiento, en cuanto instrumento del mismo, sirve para confirmar la verdad relativa a los hechos que hubieran sido afirmados por las partes en sus escritos liminares, en la medida en que los mismos hubieran sido negados y por tanto resulten contradictorios, o bien cuando aquellos fueren de demostración necesaria.

Se aprecia así la diferente finalidad que tiene la prueba con respecto al proceso y al procedimiento, aunque es innegable que siendo parte de los mismos, porque en definitiva se trata ni más ni menos que de una actividad de tipo procesal que desarrollan los sujetos que intervienen en el proceso y que le sirve al órgano judicial como instrumento para el mejor logro tanto del propio objeto del proceso como, por lógica consecuencia, de un mejor logro de su propio objetivo principal consistente en emitir un fallo lo más ajustado a derecho posible. Porque a decir de Falcón, «la opción de la verdad, en sentido absoluto, aparece como un objetivo general de aspiración, que (.) naturalmente excede las posibilidades humanas. Dentro del campo humano (.) generalmente la verdad jurídica será la certeza a la que llega el decisor respecto de la prueba al sopesar los distintos elementos y darles mayor valor a unos que a otros y siempre observando las reglas y principios procesales para llegar a esas conclusiones.» (20).

En palabras de Taruffo:«.la prueba sirve, y con tal finalidad es empleada, como instrumento de conocimiento sobre el cual el juez se apoya para descubrir y establecer la verdad de los enunciados de hecho que son objeto de su decisión. En otras palabras, la prueba provee al juez los datos cognoscitivos, la información de la cual debe servirse para formular tal decisión» (21). En similar sentido nos pronunciamos nosotros con anterioridad, al decir que para el juez la prueba no sirve sino para verificar la verdad o falsedad de los hechos relatados por las partes al interponer los escritos inaugurales del proceso; y a partir de ello allegarse al objeto último del proceso, cual es, precisamente, el conocimiento de la verdad de los hechos de la causa (22).

De modo tal que, como bien explica D e Santo, lo correcto sería descartar de antemano «.como finalidad de la actividad probatoria, la obtención de la denominada verdad real o material aunque, demás está decirlo, sea éste el objetivo ideal a alcanzar en todo proceso» (23). Porque «la prueba es, en todo caso, una experiencia, una operación, un ensayo, dirigido a hacer patente la exactitud o inexactitud de una proposición. En ciencia, probar es tanto la operación tendiente a hallar algo incierto, como la destinada a demostrar la verdad de algo que se afirma como cierto» (24). Aunque sin perder de vista, claro está, que observada la cuestión desde el punto de vista de las partes, por ejemplo, que ello podría ser algo diferente en la medida en que para el juez el objetivo de la prueba podrá ser el de averiguar la realidad de los hechos litigiosos, para obtener su propia certeza sobre ellos a fin de formular el pertinente encuadre jurídico y aplicarles las normas; pero para las partes aquél fin estará dado en convencer al juez de la verosimilitud de los hechos que ellas han articulado en fundamento o defensa de sus respectivas posiciones jurídicas (25).

V.FUENTES Y MEDIOS DE PRUEBA

Otra problemática interesante que se genera en relación a la actividad probatoria desplegada dentro de un proceso judicial tiene que ver con la diferencia que a nivel doctrinario se establece entre las fuentes y los medios de prueba. Distinción que no es menor, porque «.nos permite explicar las facultades judiciales para esclarecer los hechos controvertidos (.). En efecto, el juez civil puede ordenar medios de prueba para verificar los hechos afirmados por las partes, pero, en principio, no puede investigar la existencia de fuentes de prueba (.). Puede ordenar de oficio la realización de un peritaje, nombrar a los peritos, fijar los puntos de pericia, disponer que se practique otra pericia por el mismo perito y otros de su elección (.), etc., porque, como hemos dicho, los peritos son medios de prueba. En cambio, no puede investigar la existencia de personas que puedan declarar como testigos porque ellos son fuente de prueba» (26). Será importante, asimismo, en virtud de que aquella distinción determina el límite entre las leyes sustanciales y las procesales, para tratar el tema de la prueba; en la medida en que las primeras sólo pueden legislar lo atinente a las fuentes, mientras que las segundas sólo se ocupan de los medios de prueba, que es materia exclusivamente procesal.

Con respecto a las fuentes, se suele estar de acuerdo en cuanto a que se trata ni más ni menos que de «.los hechos percibidos por el juez, de los cuales éste obtiene, gracias a una operación mental, el conocimiento de esos mismos hechos o de otros que interesan al proceso.La fuente de prueba consiste, por lo general, en hechos diferentes del que se trata de probar, sea que lo representen (como ocurre con un documento respecto al contrato, con una declaración de testigo o de parte respecto al hecho narrado, o con una fotografía en relación con la persona fotografiada) o que solamente lo indiquen (como en la prueba indiciaria), pero puede suceder que el hecho fuente sea el mismo hecho por probar, como ocurre en la inspección judicial cuando recae directamente sobre el segundo» (27).

En relación a los medios de prueba, en cambio, apunta Taruffo que constituyen «.un fenómeno multifacético cuya naturaleza y definición varían de acuerdo con distintos factores históricos, culturales y jurídicos» (28). De tal modo se pueden mencionar las posiciones clásicas en nuestra doctrina, según las cuales se entiende por medio de prueba «.los instrumentos y órganos que aportan al órgano jurisdiccional ese conocimiento y esas fuentes de prueba (.), es decir, los elementos personales y materiales de la prueba» (29); esto es, «.los modos u operaciones que, referidos a cosas o personas, son susceptibles de proporcionar un dato demostrativo de la existencia o inexistencia de uno o más hechos» (30).

Por otro lado, autores como Devis Echandía hacen alusión a la existencia de dos visiones diferentes al respecto:una primera según la cual «.se entiende por medio de prueba la actividad del juez o de las partes, que suministra al primero el conocimiento de los hechos del proceso y, por lo tanto, las fuentes de donde se extraen los motivos o argumentos para lograr su convicción sobre los hechos del proceso, es decir, la confesión de la parte, la declaración del testigo, el dictamen del perito, la inspección o percepción del juez, la narración contenida en el documento, la percepción e inducción en la prueba de indicios»; y una segunda en virtud de la cual «.se entiende por medio de prueba los instrumentos y órganos que suministran al juez ese conocimiento y esas fuentes de prueba (.), a saber; el testigo, el perito, la parte confesante, el documento, la cosa que sirve de indicio, es decir, los elementos personales y materiales de la prueba (en vez del testimonio, el dictamen, la confesión, el contenido del documento y la actividad perceptiva-deductiva de la prueba indiciaria)» (31).

Debe quedar en claro, entonces, que una cosa es la fuente de prueba o confirmación, que no es sino la fuente del conocimiento que deja llegar a la comprensión del hecho, y otra diferente es, en cambio, el medio de prueba.» (32); con la salvedad de que para nosotros es correcta la visión de Arazi en cuanto dejar reservado este último término «.a la actividad del juez, de las partes o de terceros, desarrollada dentro del proceso, para traer fuerzas de prueba; esa actividad se realiza de la manera indicada en cada ordenamiento procesal» (33). Con lo cual, le asiste la razón a De Santo en el sentido de que «el medio aporta los hechos fuentes de la prueba y por ende el hecho por probar no se deduce de aquél sino de éstos» (34).

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(1) COUTURE, Enrique J.: Fundamentos del derecho procesal civil, Depalma, Buenos Aires, 1958, p. 216.

(2) ARAZI, Roland: La prueba en el proceso civil, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008, p. 17.

(3) ALVARADO VELLOSO, Adolfo:Introducción al estudio del derecho procesal, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008, tomo III, p. 15.

(4) DE SANTO, Víctor: La prueba judicial. Teoría y práctica, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1994, p. 9.

(5) ALVARADO VELLOSO, Adolfo: Introducción al estudio del derecho procesal, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008, tomo III, p. 17.

(6) ALSINA, Hugo: Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, Ediar, Buenos Aires, 1958, tomo III, p. 221.

(7) COUTURE, Enrique J.: Fundamentos del derecho procesal civil, Depalma, Buenos Aires, 1958, p. 217.

(8) DE SANTO, Víctor: La prueba judicial. Teoría y práctica, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1994, p. 9 y 10.

(9) DE SANTO, Víctor: La prueba judicial. Teoría y práctica, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1994, p. 38.

(10) ARAZI, Roland: La prueba en el proceso civil, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008, p. 18.

(11) PALACIO, Lino E.: Manual de derecho procesal civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, p. 393.

(12) DE SANTO, Víctor: La prueba judicial. Teoría y práctica, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1994, p. 41.

(13) ALVARADO VELLOSO, Adolfo: Introducción al estudio del derecho procesal, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008, tomo III, p. 29 y 30.

(14) CCCLRaf, 16-04-99, Zeus, 80-J-416.

(15) ALVARADO VELLOSO, Adolfo: en Estudio del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe, Fundación para el desarrollo de las ciencias jurídicas, Rosario, 2014, Tomo II, p. 1298.

(16) ALVARADO VELLOSO, Adolfo: Introducción al estudio del derecho procesal, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008, Tomo III, p. 31.

(17) Según LUQUI: «.las normas de orden público son las que rigen imperativamente ciertas situaciones o relaciones, como requisito estructural de un orden jurídico determinado; y por eso su obligatoriedad, no obstante el carácter dispositivo que pueda tener el orden jurídico, porque, si estas reglas no se respetaran, el derecho positivo no podría ser lo que debe ser o lo que se quiere que sea, ni serviría para cumplir con los fines para los cuales se lo ha creado.Las normas de orden público son algo así como las reglas de juego de un sistema jurídico determinado.» (LUQUI, Roberto E., «Reflexiones sobre el concepto de orden público», La Ley 2016-C).

(18) FIORENZA, Alejandro A.: «Los hechos de demostración necesaria en el CPCCSF», Microjuris, Sección Doctrina de Santa Fe, cita: MJD10612.

(19) DEVIS ECHANDÍA: Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial, Victor P. de Zavalía, Buenos Aires, 1981, tomo I, p. 238.

(20) FALCON, Enrique M.: Tratado de derecho procesal civil y comercial, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2011, tomo II, p. 622.

(21) TARUFFO, Michele, «La función epistémica de la prueba», en Problemática de la prueba, coordinado por María Victoria Mosmann y Mariela Panigadi, Astrea, Buenos Aires, 2018, p. 5.

(22) FIORENZA, Alejandro A.: La verdad en el proceso, Astrea, 2019, p. 176.

(23) DE SANTO, Víctor: La prueba judicial. Teoría y práctica, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1994, p. 13.

(24) COUTURE, Enrique J.: Fundamentos del derecho procesal civil, Depalma, Buenos Aires, 1958, p. 215.

(25) MASCIOTRA, Mario: «La finalidad de la prueba en el proceso civil», La Ley 2013-C, 1146.

(26) ARAZI, Roland, La prueba en el proceso civil, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008, p. 95.

(27) DEVIS ECHANDÍA, Hernando: Teoría General de la Prueba Judicial, Victor P. de Zavalía, Buenos Aires, 1981, tomo I, p. 550.

(28) TARUFFO, Michele: La prueba, Marcial Pons, Buenos Aires, 2008, p. 59.

(29) DE SANTO, Víctor, La prueba judicial. Teoría y práctica, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1994, p. 30.

(30) PALACIO, Lino E., Manual de derecho procesal civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, p. 395.

(31) DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial, Victor P. de Zavalía, Buenos Aires, 1981, tomo I, p. 551.

(32) ALVARADO VELLOSO, Adolfo, Introducción al estudi o del derecho procesal, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008, tomo III, p. 35.

(33) ARAZI, Roland, La prueba en el proceso civil, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008, p. 94.

(34) DE SANTO, Víctor, La prueba judicial. Teoría y práctica, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1994, p. 30.(20)

(*) Abogado, UCA Rosario. Ayudante de las cátedras de Teoría General del Proceso y Derecho Procesal Civil y Comercial, UCA Rosario. Auxiliar, Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario. Autor de publicaciones sobre temas de su especialidad.