Medición de glucemia asegurada: La empresa de medicina prepaga debe cubrir al actor el sensor de glucemia indicado por su médico tratante

Partes: -S.I- H. R. c/ Omint S.A. de Servicios s/ amparo de salud

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 14-mar-2019

Cita: MJ-JU-M-117780-AR | MJJ117780 | MJJ117780

Se confirma el amparo que obliga a la empresa de medicina prepaga a cubrir al actor el sensor de glucemia pues es lo mas justo de acuerdo con lo indicado por su médico tratante.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la medida cautelar que obliga a la empresa de medicina prepaga que otorgue al actor la cobertura del sensor de glucemia indicado por su médico, la provisión de tiras reactivas para medir la glucemia a fin de calibrar el sensor, la insulina degludec y los comprimidos toda vez que el Programa Médico Obligatorio (PMO) fue concebido como un régimen mínimo de prestaciones que las obras sociales deben garantizar, no constituye una limitación para los agentes de seguro de salud, sino que consiste en una enumeración no taxativa de la cobertura mínima que los beneficiarios están en condiciones de exigir a las obras sociales.

2.-Toda vez que las empresas de medicina prepaga se encuentran igualadas en cuanto a sus obligaciones prestacionales en relación con las restantes obras sociales y a este tipo de casos son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 23.753 -modificada por la Ley 26.914 – y sus normas reglamentarias, puntualmente en cuanto establece que la cobertura de los medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol de los pacientes con diabetes, será del 100% y en las cantidades necesarias según prescripción médica (art. 5 ), se confirma la medida cautelar que obliga a la empresa demandada que otorgue la cobertura de dispositivos y medicamentos indicados por el médico tratante del actor.

3.-Resulta justo confirmar la medida cautelar decretada por el magistrado de la instancia anterior, puesto que resulta ser la solución que, de acuerdo con lo indicado por el médico tratante, mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende, en tanto que compromete la salud e integridad física de las personas.

Fallo:

Buenos Aires, 14 de marzo de 2019.

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto y fundado por la demandada a fs. 46/54, respondido por el accionante a fs. 80/83, contra la decisión de fs. 43/44; y CONSIDERANDO:

1. El Sr. R. H. inició la presente acción de amparo, con medida cautelar, a fin de que Omint S.A. de Servicios le otorgue la cobertura de: a) sensor de glucemia Free Style Libre, del laboratorio Abbott (conteniendo el lector, aplicador y sensores necesarios para medir la glucemia y recambiar cada 14 días), provisión de tiras reactivas para medir la glucemia a fin de calibrar el sensor; b) insulina degludec (Tresiba); y c) teneligliptina -comprimidos- a razón de 20 mg. por día (cfr. fs. 8). El Sr. Juez decidió hacer lugar a la medida cautelar en los términos solicitados por el amparista (cfr. fs. 43/44). Contra esa decisión la accionada interpuso recurso de apelación a fs. 46/54, el que fue concedido a fs. 55 (primer párrafo).

2. La demandada solicitó la revocación del pronunciamiento sobre la base de agravios que pueden resumirse en los siguientes: a) el fallo carece de fundamentación suficiente; b) no hay versomilitud en el derecho. La requerido no está contemplado por la normativa aplicable al caso; c) no hay peligro en la demora; y d) no hay contracautela suficiente, debería ser real y no juratoria.

3. Resulta adecuado recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido en repetidas oportunidades que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes o probanzas producidas en la causa, sino únicamente aquéllos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

4. Ahora bien, de las constancias de la causa surge que el actor se encuentra afiliado a la demandada (cfr. fotocopia de la credencial a fs.2/vta.) y que su médico tratante indicó el uso de “Freestyle libre sensor intermitente a demanda de glucosa”, debido a que había obtenido los mejores resultados terapéuticos (cfr. prescripción obrante a fs. 3/vta.).

Cabe agregar que a fs. 87/88 Omint S.A. de Servicios manifestó que -en cumplimiento de la medida precautoria decretada- había comprado el sensor FreeStyle Abbott requerido por el amparista.

5. En cuanto a la verosimilitud del derecho invocado, no debe olvidarse que este requisito esencial para la procedencia de la medida cautelar, se refiere a la posibilidad de que el derecho exista y no a una incontestable realidad, la cual sólo se logrará al agotarse el trámite (cfr. Fenochietto-Arazi, Código Procesal comentado, t. 1, pág. 742; esta Sala, causas 14.152 del 27-10-94, 44.800 del 21-3-96, 35.653/95 del 29-497, 21.106/96 del 17-7-97, 1251/97 del 18-12-97, 7208/98 del 11-3-99, 889/99 del 15-499, 436/99 del 8-6-99, 7208/98 del 4-11-99, 1830/99 del 2-12-99, 7841/99 del 7-22000,424/2017 del 27/6/2017 y 3417/2017 del 12/10/2017).

6. Cabe recordar que el Programa Médico Obligatorio (PMO) fue concebido como un régimen mínimo de prestaciones que las obras sociales deben garantizar (Resolución 201/02 y 1991/05 del Ministerio de Salud). Es que, como sostuvo este Tribunal -en precedentes análogos al presente-, el PMO no constituye una limitación para los agentes de seguro de salud, sino que consiste en una enumeración no taxativa de la cobertura mínima que los beneficiarios están en condiciones de exigir a las obras sociales (cfr. esta Sala, doctr. causas 630/03 del 15/4/03, 14/06 del 27/4/06 y 3605/17 del 12/9/2017, entre otras), y el mismo contiene un conjunto de servicios de carácter obligatorio como piso prestacional por debajo del cual ninguna persona debería ubicarse en ningún contexto (cfr.esta Sala, causas 630/03 del 15/4/03, 14/2006 del 27/4/06, 3395/17/1 del 21/9/17, 4092/17/1 del 26/9/17, 5712/14 del 7/6/18 y 673/17 del 11/9/18, entre otras). Corresponde precisar que a partir de la entrada en vigencia de la ley 26.682, las empresas de medicina prepaga deben cubrir con carácter obligatorio y como mínimo en sus planes de cobertura médico asistencial, el Programa Médico Obligatorio vigente según la Resolución del Ministerio de Salud de la Nación y el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad prevista en la ley 24.901 y sus modificatorias. Tal prescripción normativa resulta concordante y complementaria de lo que anteriormente disponía la ley 24.754 en su artículo 1° respecto de que “las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga deberán cubrir, como mínimo, en sus planes de cobertura médico-asistenciales las mismas prestaciones obligatorias dispuestas para las obras sociales, de conformidad con lo establecido por las leyes 23.660, 23.661 y 24.455 (y sus respectivas reglamentaciones)”. De lo expuesto surge que las empresas de medicina prepaga se encuentran igualadas en cuanto a sus obligaciones prestacionales en relación con las restantes obras sociales (cfr. esta Sala, causa 3054/2013 del 3 de marzo de 2013).

7. Ello sentado, es importante recordar que esta Cámara, en un caso análogo al presente, sostuvo que a este tipo de casos son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 23.753 -modificada por la Ley 26.914- y sus normas reglamentarias. En lo que aquí interesa, el artículo 5 de la citada norma establece: “la cobertura de los medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol de los pacientes con diabetes, será del 100% y en las cantidades necesarias según prescripción médica” (cfr.esta Cámara, Sala 2, causa 4127/2018, del 18/10/2018). En ese sentido la Resolución 1156/14 del Ministerio de Salud establece en el artículo 5° que el anexo II relativo a las “Normas de Provisión de Medicamentos e Insumos para Personas con Diabetes” conforma el Sistema de Prestaciones Médicas Obligatorias (P.M.O.). En importante destacar que el anexo II establece que las normas citadas de previsión de medicamentos e insumos deberán ser revisadas y actualizadas como mínimo cada dos años, a fin de poder incluir en la cobertura los avances farmacológicos y tecnológicos que resulten de aplicación en la terapia de la diabetes y promuevan una mejora en calidad de vida de los pacientes diabéticos -el resaltado no está en el original-.

8. Con relación al peligro en la demora, este Tribunal ha reconocido que -en los casos en que se cuestionan decisiones relacionadas con la salud de las personas- se acredita con la incertidumbre y la preocupación que los distintos padecimientos generan en los amparistas, de modo que la medida precautoria solicitada sea necesaria para disipar un temor de daño inminente, acreditado prima facie o presunto (cfr. esta Sala, causas 3581/16 del 22/6/2017, 7312/2016 del 22/6/2017 y 424/2017 del 27/6/2017, entre otras; en ese sentido, ver Fassi-Yáñez, Código Procesal comentado, t. 1, pág. 48 y sus citas de la nota nº 13 y Podetti, Tratado de las Medidas Cautelares, pág. 77, nº 19).

9. En cuanto a la caución, esta Cámara -en casos análogos al presente- ha decidido que en atención a la naturaleza de la cuestión debatida en la medida cautelar, a la dolencia que sufre el amparista y estando en juego el derecho a la salud de las personas, corresponde confirmar la caución juratoria decidida por el señor juez y no la real como pretende la recurrente (cfr.esta Sala, causas 8661/09 del 8/11/11, 470/16 del 29/12/2016, 102/2017 del 22/6/2017, 7114/16 del 1/8/2017 y 4092/17/1 del 26/9/17, entre muchas otras).

10. En tales condiciones, y teniendo en cuenta que el juzgamiento de la pretensión cautelar sólo es posible mediante una limitada aproximación a la cuestión de fondo sin que implique avanzar sobre la decisión final de la controversia, cabe concluir que resulta justo confirmar la medida cautelar decretada por el magistrado de la instancia anterior, puesto que resulta ser la solución que, de acuerdo con lo indicado por el médico tratante, mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad física de las personas (Corte Suprema de la Nación, Fallos: 302:1284)-, reconocido por los pactos internacionales (art. 25, inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 12, inc. 2, ap. d, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; cfr. esta Sala, causas 22.354/95 del 2/6/95, 53.078/95 del 18/4/96, 1251/97 del 18/12/97, 436/99 del 8/6/99, 7208/98 del 4/11/99, 53/01 del 15/2/01 y 2038/03 del 10/7/03, entre otras; en igual sentido, C.S. Mendoza, Sala I, del 1/3/93 y C. Fed. La Plata, Sala 3, del 8/5/200, ED del 5/9/2000).

11. Por último y en cuanto a las costas de Alzada, éstas deben ser distribuidas en el orden causado en atención al estado liminar de las actuaciones y a la índole de la cuestión debatida (art. 68, segunda parte, y art. 69 del Código Procesal).

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: confirmar la resolución de fs. 43/44 en cuanto fue motivo de agravio. Con costas en el orden causado (art. 68, segunda parte y art. 69 del Código Procesal). El Dr. Guillermo Alberto Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.). Regístrese, notifíquese y devuélvase a primera instancia.

María Susana Najurieta

Fernando A. Uriarte