Abuso sexual y accidente in itinere: Se indemniza el daño psíquico de la trabajadora que fuera víctima de abuso sexual cuando se dirigía al trabajo

Partes: G. A. d. V. c/ Mapfre Argentina ART S.A. s/ accidente – Ley especial

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 15-mar-2019

Cita: MJ-JU-M-117736-AR | MJJ117736 | MJJ117736

La trabajadora que fuera víctima de abuso sexual cuando estaba esperando el transporte para asistir a su trabajo, tiene derecho a percibir una indemnización por daño psíquico. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Es procedente otorgar una reparación por daño psíquico a la trabajadora que sufrió un accidente calificable como in itinere, siendo que resultó abusada sexualmente por un sujeto en momentos en que esperaba el transporte para asistir a su trabajo, porque es innegable que se vio sometida a un suceso traumático, que indudablemente repercutió en su psiquis, y constituyó una vivencia psicotraumática grave, que puso en riesgo su integridad psicofísica, y a todas luces resulta apta para provocar una secuela psicológica independiente.

2.-El daño psíquico, tratándose de una trabajadora que sufrió un accidente de trabajo calificable como in itinere porque fue abusada sexualmente por un sujeto en momentos en que esperaba el transporte para asistir a su trabajo, tiene una etiología vivencial pura, sin necesidad del ser el resultado de una afección de origen físico con secuelas funcionales, pues deriva de un suceso que impactó emocionalmente en el psiquismo de la actora generando como consecuencia una reacción psicológica.

3.-La valoración de un daño hecha por un nuevo ordenamiento jurídico, en la medida en que se trata de una norma más favorable a la víctima, conforme los principios de progresividad y justicia social, vale para la reparación pendiente.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de marzo de 2019, para dictar sentencia en los autos: «G. A. d. V. c/ Mapfre Argentina ART S.A. C/ MAPFRE ARGENTINA ART SA S/ ACCIDENTE – LEY ESPECIAL» se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR NESTOR RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia que hizo lugar en lo sustancial al reclamo, con fundamento en la normativa de riesgos del trabajo, llega apelada por ambas partes a tenor de las presentaciones de fs. 210/214 y fs. 219/222, la primera replicada a fs. 224/227.

A fs. 217 el perito contador cuestiona los honorarios regulados en su favor.

II.- Por razones de orden metodológico, abordare los planteos en el orden en que se exponen a continuación, mas previamente estimo del caso señalar que no llega controvertida a esta instancia que el 24 de mayo de 2012, la actora sufrió un evento dañoso, calificable de in itinere, siendo que resultó abusada sexualmente por un sujeto en momentos en que esperaba el transporte para asistir a su trabajo.

Sentado lo expuesto, estimo del caso referirme en primer lugar a la queja de la demanda quien concretamente sostiene que frente a la ausencia de daño físico, debió desestimarse el daño psíquico constato por la perito psiquiatra.

Al respecto, el tenor del planteo me lleva a inferir que la accionada ni siquiera se detuvo a contemplar aunque sea mínimamente los sucesos acontecidos y reconocidos en autos -de los que resultó victima la actora- para intentar una defensa como la que expone en su memorial de agravios.

Por lo demás, y aun en casos en que las circunstancias eran diversas del presente, he señalado que no comparto la postura que sostiene que el daño psicológico debe estar necesariamente supeditado al daño físico, o que a falta de éste se niegue la existencia de aquel, o apoye la peregrina idea de que el porcentaje del primero no pueda superar al del segundo.

Ahora, en el presente es innegable que la actora sevio sometida a un suceso traumático, que indudablemente repercutió en su psiquis, y constituyó un una vivencia psicotraumática grave, que puso en riesgo su integridad psicofísica, y a todas luces resulta apta para provocar una secuela psicológica independiente.

Así, no se puede desconocer el daño psíquico, que, como en el caso de autos, tiene una etiología vivencial pura, sin necesidad del ser el resultado de una afección de origen físico con secuelas funcionales; pues deriva de un suceso que impactó emocionalmente en el psiquismo de la actora generando como consecuencia una reacción psicológica que fue científicamente valorada por la perito médica psiquiatra.

Corolario de lo expuesto, propongo confirmar lo actuado en primera instancia.

III.- La actora sostiene que la sentencia le causa agravio, por cuanto no aplicó al supuesto de autos las mejoras previstas por la ley 26.773, mientas que la accionada se queja por la cuantificación del monto de condena que practicó la sentenciante contemplando el pisco previsto por la Resolución de la Secretaría de la Seguridad Social, Nro.34/2013.

Sobre los temas planteados habré de efectuar las siguientes aclaraciones.

He sostenido inveteradamente en precedentes sometidos a mi consideración, que debe regir la aplicación inmediata de la disposición más favorable al trabajador.

En este sentido, basado en el estudio efectuado del Profesor Ricardo Jesús Cornaglia, publicado el 2 de noviembre de 2011, en la revista La Ley, Nº 209, entiendo que la valoración de un daño hecha por un nuevo ordenamiento jurídico, en la medida en que se trata de una norma más favorable a la víctima, conforme los principios de progresividad y justicia social, vale para la reparación pendiente.

Y el análisis que se efectúa in extenso al respecto en la obra de Paul Roubier «Les conflits des lois dans le temps» (Théorie dite de non retroactivité des lois) quien ya en el año 1929 distinguía entre efectos inmediatos de la ley y efectos retroactivos, resaltando la engañosa posición que colocaba a la regla de la irretroactividad de la ley en la condición propia de un principio general del derecho.

En idéntico temperamento he puntualizado que el Dr. Guillermo Borda comentando la reforma del Código Civil de Vélez en su artículo 3º y apoyando la validez del principio de la aplicación inmediata de las leyes sociales denunció a los jueces que aplicaban abusivamente la doctrina de la irretroactividad de la ley, arrogándose arbitrariamente las funciones del legislador (Borda, Guillermo. «Efectos de la ley con relación al tiempo en el artículo 3º del Código Civil modificado por la ley 17.711). (ver esta Sala in re «Pellico Rogelio Jorge c/ Liberty ART S.A. s/ Accidente – Ley Especial» Sentencia Definitiva nro. 46823 y «Melgarejo Ruiz Gregorio c/ QBE Argentina ART S.A. s/ acción de amparo» , Sentencia Definitiva nro.45740 del 18 de septiembre de 2013, entre otros).

Ahora bien, por razones de economía procesal, y a fin de evitar un dispendio jurisdiccional que afectaría al trabajador de mantener mi criterio, cuando estamos ante un crédito alimentario de un sujeto de preferente tutela (art. 14 bis de la Constitución Nacional), quien vería dilatado en el tiempo el cobro de su indemnización, aplicaré doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re «Espósito Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente – ley especial» del 7/06/16, que estableció que las disposiciones del art. 17.5 de la Ley 26.773 atinentes a las prestaciones en dinero» entrarían en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarían únicamente «a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha.

Siendo así, advirtiendo que el accidente discutido en autos ocurrió el 24 de mayo de 2012, no cabe aplicar al caso las disposiciones de la ley 26.773, y tampoco las contenidas el Dto. 742/14; correspondiendo en consecuencia, adecuar el monto de la prestación que corresponde a la actora, y fijarlo en $ 80.784,55 (53 x 3.672,86 x 25% x 1,66), conforme las pautas firmes y la modificación propuesta, destacando que dicha suma resulta superior al piso que surge del Dto.1694/09 vigente al momento del infortunio.

IV.- En función de las consideraciones señaladas, el capital nominal de condena ascenderá a la suma de $ 80.784,55 (pesos ochenta mil setecientos ochenta y cuatro con cincuenta y cinco centavos), que devengará intereses desde el 24/05/2012 y hasta el efectivo pago, conforme la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación -en función de lo dispuesto en las Actas CNAT 2601, 2630 y 2658 -teniendo en cuenta los periodos en los que rigen cada una de ellas-; cuya aplicación propongo al presente caso, en virtud de la máxima del derecho romano que establece «accesorium sequitur principale» (lo accesorio sigue la suerte de lo principal) y pues entiendo que las mismas tienden a morigerar las consecuencias dañosas originadas en el desfasaje producido por la situación económica de conocimiento público y notorio.

Así, considero que los intereses constituyen el reconocimiento de la privación que sufre el damnificado por no disponer del capital desde que naciera la deuda, lo contrario implicaría perjudicar al trabajador, al ver disminuido el valor de su crédito por el mero transcurso del tiempo y, por ende su naturaleza es distinta a la de la actualización.

En el caso, la actora debió acudir a la instancia judicial para que se le reconozca la incapacidad derivada del accidente in itinere que sufrió, y por ende se le abonen las prestaciones dinerarias, con lo cual, estimo que, dadas las constancias de la litis corresponde aplicar intereses desde que se produjo el evento dañoso, máxime cuando en accidentes traumáticos como los de autos la mora se produce automáticamente, esto es, ni bien sucedido el hecho generador del daño.

Por otra parte, entiendo que el concepto de mora está referido a la dilación o tardanza en cumplir la obligación, por parte del deudor, es decir es la indemnización que debe pagar el deudor ante el cumplimiento tardío de su obligación de dar una suma de dinero.

Entonces, considero que el acreedor (en este casola trabajadora) es una víctima del incumplimiento de éste último; ha sido privado por éste de la capacidad de elegir el destino de los fondos que no ha recibido en tiempo oportuno, y el mecanismo de aplicación de intereses no debe generarle perjuicio ni menoscabo patrimonial sino justamente evitar el deterioro del crédito reconocido cumpliendo de esa forma con la manda Constitucional que garantiza la integridad del crédito laboral.

En el contexto descripto, he tenido la oportunidad de expresar mi voto afirmativo en el Acta 2.601 de la CNAT de fecha 21/05/2014, en la que se resolvió establecer que la tasa de interés aplicable sea la Tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses; y que dicha tasa fuera aplicable desde que cada suma fuera debida respecto de las causas que se encontraran -a la fecha del dictado de la resolución- sin sentencia.

Es por ello que la justa indemnización debida a la dependiente, ante el cumplimiento tardío de la obligación por parte del deudor, sólo puede arribarse con la aplicación de la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación, ello conforme las facultades conferidas por el artículo 767 siguientes del Código Civil y Comercial, con los alcances del Acta 2630 y Acta 2658.

En virtud de lo dicho se advierten evacuados los planteos de las partes en materia de intereses.

V.- Sin perjuicio de lo normado por el art. 279 del C.P.C.C.N., en atención a que la modificación que he dejado propuesta precedentemente no varía en lo sustancial el resultado del litigo, considero ajustado a derecho mantener la imposición de costas a cargo de la parte demandada efectuada en la anterior instancia, toda vez que ello se co mpadece con lo normado por el principio rector en la materia plasmado en el art.68 del C.P.C.C.N., que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota.

Con relación a los honorarios, cabe señalar que teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la ley 27.423, para justipreciarlos, es necesario indagar en cada caso la época o momento en que se cumplió el hecho, acto o relación jurídica que engendró y sirvió de fundamento a la obligación, ya que esa circunstancia determinará cuál es la legislación aplicable.

Ello así en concordancia con el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del precedente que se registra en el Fallo 319:1915 (mantenido en Fallos: 320:31 ; 2349 y 2756 ; 321:146 ; 330 , 532 y 1757 ; 325:2250), así como el reciente CSJN 32/2009 (45-E)/Cs1 ORIGINARIO «Establecimientos Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa» que guarda relación con lo dictaminado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el fallo «MORCILLO Hugo Héctor c/ PROVINCIA DE Buenos Aires S/ INCOST. Decr.-ley 9020» de fecha 8 de noviembre de 2017.

Allí se estableció que frente a una nueva norma arancelaria, como la que en el caso nos ocupa -Ley 27.423 (B.O. del 22/12/2017), promulgada por Decreto 1077/17, que contiene, en su Art. 7, una observación del Art. 64-, la remuneración por la labor en los juicios debe determinarse tomando en cuenta las etapas del proceso cumplidas. Resulta necesario, entonces, ante la entrada en vigor de un nuevo ordenamiento arancelario, discriminar aquellas pasadas durante la vigencia del régimen anterior, de las que se hicieron a partir de la operatividad del nuevo sistema.

De tal modo, en el caso, en tanto los trabajos profesionales, por la labor cumplida en la primera instancia, se realizaron estando en vigencia la Ley 21.839, el Art. 38 de la ley 18.345, el Art.13º de la ley 24.432 (DL 16.638/57) habrán de utilizarse las normas arancelarias allí contenidas.

En función de lo expuesto, considerando el mérito, extensión de la labor desarrollada, el monto del juicio, la naturaleza del litigio y demás pautas arancelarias, juzgo que los emolumentos regulados en grado son equitativos, por lo que propongo mantener los porcentajes, adecuando los mismos al nuevo capital e intereses determinado.

VI.- De tener favorable adhesión mi voto las costas de alzada serán impuestas a la demandada, atendiendo a la suerte alcanzada por los recursos y las pautas doctrinarias y jurisprudenciales señaladas en los considerandos precedentes (art. 68 2º párr. del CPCCN).

A tal fin, propongo regular los honorarios de los profesionales intervinientes en el (%), de lo que les corresponda por su actuación en la instancia previa (art. 16 ley 27.423).

LA DOCTORA GRACIELA L. CARAMBIA DIJO: por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR LUIS A. CATARDO: no vota (art. 125 de la ley 18.345).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada, y determinar el capital de reparación en la suma $ 80.784,55 (pesos ochenta mil setecientos ochenta y cuatro con cincuenta y cinco centavos), que devengará intereses desde el 24/05/2012 y hasta el efectivo pago, conforme la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación -en función de lo dispuesto en las Actas CNAT 2601, 2630 y 2658 -teniendo en cuenta los periodos en los que rigen cada una de ellas-. 2) Confirmar la sentencia en todo lo demás que decide y fue materia de recurso y agravio. 3) Imponer las costas de alzada a la demandada. 4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por las tareas de alzada en el (%), de lo que les correspondiera por su actuación en la instancia previa. 5) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nro. 15/2013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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