Muerte de un hijo: Responsabilidad de la empresa de energía eléctrica por el fallecimiento del hijo de la actora al recibir una descarga en la calle

Partes: F. N. L. c/ Edesur S.A. s/ daños y perjuicios s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: F

Fecha: 27-feb-2019

Cita: MJ-JU-M-117587-AR | MJJ117587 | MJJ117587

Responsabilidad de la empresa de energía eléctrica por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento del hijo de la actora al recibir una descarga en la calle. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde responsabilizar a la empresa de energía eléctrica por el fallecimiento del hijo de la actora cuando se encontraba caminando por la calle, resbaló y se agarró de un cable que colgaba del tendido eléctrico, sufriendo una descarga, pues la alegación hecha por la demandada en torno a que no se habrían formulado denuncias respecto de la conexión clandestina carece de relevancia, ya que la empresa no probó haber cumplido con su deber de supervisión, realizando inspecciones o tomando medidas para evitar esta clase de situaciones, teniendo en cuenta la alta peligrosidad del fluido eléctrico que circula por los cables.

2.-La responsabilidad de la empresa prestataria de energía eléctrica no sólo emana del carácter de propietaria de las instalaciones sino de la obligación de supervisión que es propia de su actividad, lo que obliga a ejercer una razonable vigilancia de las condiciones en que el servicio público se presta, para evitar consecuencias dañosas.

Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 27 días del mes de febrero de 2019, reunidos en acuerdo los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala «F» para conocer en los autos del epígrafe, respecto de las cuestiones sometidas a su decisión, a fin de determinar si es arreglada a derecho la sentencia apelada.

Practicado el sorteo correspondiente resultó el siguiente orden de votación: Sres. Jueces de Cámara Dres. GALMARINI.

POSSE SAGUIER. ZANNONI.

Sobre la cuestión propuesta el Dr. Galmarini dijo:

I.- Relató la actora que el día 3 de septiembre de 2010 su hijo G. A. R. F. se encontraba caminando por la calle Condie y que al intentar cruzar la intersección de esta arteria con la calle Asunción, partido de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires, resbaló y se agarró de un cable que colgaba del tendido eléctrico, sufriendo una descarga que le produjo su fallecimiento.

Con fundamento en los hechos expuestos demandó a EDESUR SA en su carácter de prestataria del servicio eléctrico y dueña de las instalaciones eléctricas, a quien imputa el incumplimiento de su deber de vigilancia y supervisión de las referidas instalaciones.

El Sr. juez de primera instancia admitió la demanda y condenó a la accionada a abonar a la actora la cantidad de $3.018.000, más sus intereses y las costas del juicio.

La sentencia fue apelada por ambas partes. La actora fundó su recurso mediante la presentación obrante a fs. 378/384 y la demandada lo hizo a fs. 373/375. Los agravios de la demandada fueron respondidos a fs.386/391 y los de la actora no fueron contestados.

II.- En la especie se encuentra fuera de discusión que el día 3 de septiembre de 2010 el hijo de la actora falleció al recibir una descarga eléctrica al sujetarse de un cable o tensor que colgaba de un tendido eléctrico en la vía pública.

La acción fue correctamente fundada en la instancia anterior en el art.1113, segundo párrafo, segundo apartado del Código Civil, respecto del titular de la propiedad. Es prácticamente uniforme la doctrina y jurisprudencia en que nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad objetiva por el riesgo de la cosa, siendo el artículo aludido la normativa aplicable. Se encuentra fuera de discusión el carácter riesgoso que representa un cable que transporta electricidad. Como dice Lorenzetti, es la presencia de un daño causado por la cosa la que muestra su carácter riesgoso, ya que el riesgo se muestra dañando («Estudio sobre la nueva concepción normativa del riesgo creado en el Derecho Argentino», en «Derecho de daños», 2° parte, ed. La Rocca, pág. 346).

La empresa demandada se agravia de la responsabilidad que le atribuyó el magistrado alegando que la causa del accidente que motivó estas actuaciones fue el hecho de un tercero por el cual no debe responder. Ello toda vez que el daño habría sido causado por un elemento ajeno a su parte, un alambre enrollado al poste, que fue colocado en forma clandestina.

En cuanto a la responsabilidad de la empresa prestadora de energía eléctrica, ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, a los fines de establecer la responsabilidad de las demandadas en el evento, debe estarse a lo dispuesto en el art. 1113, párr. 2°, última parte, del Cód. Civil. En efecto, no hay duda de que la electricidad, a la que resultan aplicables las disposiciones referentes a las cosas (art.2311, Cód.

Civil), presenta una condición esencialmente riesgosa que somete a quienes la utilizan como dueños o guardianes a las consecuencias legales previstas en esa norma. Agregó el Alto Tribunal que, respecto de la empresa prestataria del servicio público que proveía por entonces la energía eléctrica a los domicilios de la zona, su responsabilidad no sólo emana del carácter de propietaria de las instalaciones sino de la obligación de supervisión que es propia de esa actividad, la que la conduce a ejercer una razonable vigilancia de las condiciones en que aquél se presta para evitar sus consecuencias dañosas (conf. CSJN, Fallos, 310:2103).

La misma doctrina volvió a ser sustentada en fallos más recientes, posteriores a las privatizaciones, al establecer que la responsabilidad de la empresa prestataria de energía eléctrica no sólo emana del carácter de propietaria de las instalaciones sino de la obligación de supervisión que es propia de su actividad, lo que obliga a ejercer una razonable vigilancia de las condiciones en que el servicio público se presta, para evitar consecuencias dañosas (conf. CSJN, Fallos, 326:4495(ref.MJJ18981)). Existe una obligación de supervisión que es propia de esa actividad, previsión ésta que está contemplada en el inc. k) del art. 56 de la ley 24.065 que integra el marco energético nacional (conf. CSJN, Fallos 326:1673 ), y que de acuerdo a la información que se desprende de las presentes actuaciones, no advierto satisfactoriamente cumplido por la demandada (conf. mi voto en Sala «L», en autos «Aparicio, Oscar c/Edesur S.A. s/daños y perjuicios» del 25-04-2006, publicado en La Ley On line).

La empresa accionada en su condición de distribuidora de energía eléctrica no puede desligarse de sus facultades de contralor habida cuenta de la especialización del servicio que presta, y por la necesidad de garantizar la seguridad. Se trata de una empresa con fines de lucro que obtiene un provecho económico (conf. CNCiv.Sala J, noviembre 20-2007, «A., A. M. c/ Edenor S.A. s/ daños y perjuicios», el dial AA43BD).

Por otra parte cabe señalar que la demandada no ha probado que la detección de la conexión clandestina a la que alude en su defensa fuera realmente imposible para ella. Por el contrario, nótese que en el marco del proceso penal labrado con motivo del hecho, el Sr. Jorge Alberto de Goia, empleado de la accionada declaró que «junto con una cuadrilla de guardia se acercaron al lugar mencionado y al arribar vieron que efectivamente había una persona sin vida tendida en el suelo y a un lado del cuerpo había un tensor el cual sostiene un poste de luz y este transmitía corriente eléctrica y al tomar contacto con el suelo húmedo producía descarga, razón por la cual es que se procedió al corte de suministro en la zona para luego cortar el tensor y así asegurar la zona y quitar peligro» (fs. 9 vta de la causa penal N°7-00-0488433- 10 que obra por cuerda).

La alegación hecha por la recurrente en torno a que no se habrían formulado denuncias respecto de la conexión clandestina carece de relevancia, pues la empresa no probó haber cumplido con su deber de supervisión, realizando inspecciones o tomando medidas para evitar esta clase de situaciones, teniendo en cuenta la alta peligrosidad del fluido eléctrico que circula por los cables.

Consecuentemente, en orden a lo expuesto y al no haberse ninguna de las eximentes previstas en la citada norma, corresponde confirmar la sentencia en cuanto atribuyó responsabilidad a la empresa demandada por el hecho que motivó estos actuados.

III.- Valor vida:

Se agravia la demandada por considerar excesivo el importe fijado por esta partida ($2.000.000).

La pérdida de la vida significa la pérdida del máximo e insustituible bien que comprende la salud, o sea, el estado de bienestar indispensable para el desarrollo de la vida en un ambiente social, cultural, propio de la persona como ser social.La pérdida de su vida es la pérdida total de la salud y de la integridad psicofísica de la persona. La muerte no es un daño abstracto sino el punto final de un proceso dañoso que comenzó con la afectación de la salud la integridad psicofísica en una posibilidad más grave. No es una causa sino una consecuencia. Un importante sector doctrinario entiende que la vida no tiene valor en sí misma. Se relaciona con lo que pueda significar en beneficios económicos para los que dependan del difunto. Para los herederos puede operar, la pérdida de la vida, como lucro cesante, pérdida de una chance, o sea como un daño indirecto. Aquí, en realidad, no se da valor a la vida sino a la pérdida de beneficios o expectativas ciertas de los que rodeaban al difunto. La vida, para algunos, no tiene valor, pues para el difunto no hay posibilidad de resarcir nada (conf. Ordoqui Castilla, G., «Daño mortal», «Responsabilidad Civil», Aída Kemelmajer de Carlucci, Ed. Rubinzal-Culzoni, ps. 532/533).

La privación de los beneficios actuales o futuros que la vida de la persona reportaba a otros seres que gozaban o podrían gozar de aquéllos, constituye un daño cierto y así se mide el valor económico de la vida de la víctima por los bienes económicos que el extinto producía. No está de más puntualizar que, ni la ley ni los pronunciamientos judiciales, ha atribuido un valor a la vida humana independientemente de la consideración de los daños sufridos por su pérdida (CNCiv., sala F, diciembre 14/1999, «Andrade, Diego R.L. c/ Pereyra, Juan C.y otros s/ daños y perjuicios»). Para acceder al resarcimiento no es necesario acreditar la magnitud y extensión de los aportes en dinero de la víctima a favor de su madre.

En cuanto a la determinación de las sumas que corresponda fijar por este daño patrimonial, cabe recordar que es necesario tener en cuenta las características que rodean al caso, en cuanto a edad de la víctima y del damnificado, actividad que aquélla desarrollaba, situación económica, social y educacional. De este modo, se intenta establecer una indemnización que implique reemplazar el sostenimiento económico que habrían de obtener los damnificados de la víctima a través del tiempo.

Los testigos J. C. P. y M. F. P. fueron coincidentes en sostener que el menor A. H. R., además de ir a la escuela, trabajaba en el taller de su madre (fs. 228 y 230 vta./31). Por lo expuesto, teniendo en cuenta la edad que tenía la víctima al momento de su deceso (16 años), la edad de su madre (33 años) y las circunstancias soicioeconómicas que surgen del expediente n°72.249/2013 sobre beneficio de litigar sin gastos, juzgo que el importe fijado por el magis trado para resarcir esta partida resulta excesivo por lo que propongo su reducción a la cantidad de $500.000.

IV.- Tratamiento psicológico futuro:

Se queja la demandada por considerar excesivo el monto fijado por este rubro ($18.000).

Teniendo en cuenta que la perito psicóloga indicó que la actora deberá realizar «una terapia psicológica con frecuencia semanal consistente en 60 sesiones» (fs. 200vta.), juzgo que el importe fijado por esta parida no resulta excesivo por lo que propicio su confirmación.

V.- Daño moral:

Se agravia la demandada del importe fijado por esta partida ($1.000.000) y solicita su reducción. Cabe aclarar que el Sr. juez de grado ponderó dentro de este acápite la incapacidad psíquica del 25% que padece la actora como consecuencia del hecho de autos (ver fs.200).

En un caso análogo al presente mi distinguido colega Dr. Eduardo A. Zannoni ha sostenido: «La pérdida de un hijo es, no se me oculta, uno de los dolores más grandes -si no el mayor- que puede llegar a sufrir una persona. Los factores que tuvo en cuenta la magistrada de grado no pueden ser otros que valoraciones de ese tipo. Si bien no es susceptible de prueba directa, cabe presumir el daño moral in re ipsa por la índole del hecho generador del perjuicio» (CNCivil Sala «F», LL, 2000-E-924).

No es indispensable probar el dolor experimentado por la muerte de un hijo, pues tal daño se infiere por vía inductiva (conf., Pizarro, Ramón D., Daño moral, Bs. As., Hammurabi, 1996, pág. 563 y sgtes.) Es verdad que su cuantificación queda librada al criterio prudente de los magistrados, aunque ellos deben computar la entidad y magnitud de la lesión o agravio en función de las proyecciones de la persona en sus esferas existencial y psíquica, de sus padecimientos, de sus angustias y sufrimientos.La reparación «integral» del daño moral no puede resolverse sino en términos de aproximación, tanto desde la perspectiva del daño mismo, como desde la perspectiva de la indemnización, pues el monto que se fije no puede representar ni traducir el perjuicio ni sustituirlo por un equivalente (Zavala de González, Matilde, Cuánto por daño moral, LL, 1998-E-1061; Peyrano, Jorge W., De la tarifación judicial ‘iuris tantum’ del daño moral, JA, 1993-I-880).

Atento a ello, ponderando la intensidad de los padecimientos sufridos por la madre del menor fallecido a raíz del accidente de marras, juzgo que el importe de $1.000.000 concedido por el sentenciante resulta adecuado, por lo que propongo su confirmación.

VI.- Intereses:

Estableció el sentenciante que los intereses relativos a los montos por los que prospera la demanda devengarán intereses a la tasa del 6% anual desde la fecha del hecho dañoso hasta la de la sentencia y a partir de allí y hasta el efectivo pago a la tasa activa carera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina. Ello con excepción de los intereses relativos al importe fijado por «tratamiento psicológico» respecto del cual dispuso que se computarán desde la fecha del hecho hasta la del peritaje a la tasa del 6% anual y de allí hasta su efectivo pago a la tasa activa antes señalada.

La actora solicita que los intereses se calculen a la tasa activa desde la fecha del hecho hasta la del efectivo pago.

A partir del precedente resuelto por la Sala con fecha 14 de febrero de 2014 en los autos «Zacañino, Loloir Z. c/ AYSA s/ daños y perjuicios» (expte. N° 162543/2010, L. 628.426), este Tribunal por unanimidad ha adherido a la solución según la cual la tasa activa prevista en el fallo plenario «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A.s/ daños y perjuicios» , del 20 de abril de 2009, no representa un enriquecimiento indebido, pues en manera alguna puede considerarse que la aplicación de esa tasa en supuestos como el del caso implique una alteración del significado económico del capital de condena.

Consecuentemente habrá de modificarse este aspecto del pronunciamiento disponiendo que los intereses relativos a los montos por los que prospera la demanda se calcularán desde la fecha del hecho dañoso hasta el efectivo pago de la condena a la tasa activa antes referida.

Atento a lo expuesto, voto por que se confirme la sentencia apelada en lo sustancial que decide y por que se la modifique fijando por «valor vida» la cantidad de $500.000 y estableciendo que los intereses se calcularán de la forma establecida en el apartado VI del presente pronunciamiento. Con costas de alzada a cargo de la demandada sustancialmente vencida (art. 68 del Código Procesal).

Por razones análogas a las aducidas por el vocal preopinante los Dres. POSSE SAGUIER y ZANNONI votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta. Con lo que terminó el acto.

Buenos Aires, 27 de febrero de 2019.

AUTOS Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en lo sustancial que decide y se la modifica fijando por «valor vida» la cantidad de $500.000 y estableciendo que los intereses se calcularán de la forma establecida en el apartado VI del presente pronunciamiento.

Con costas de alzada a cargo de la demandada.

Notifíquese y devuélvase.

JOSE LUIS GALMARINI

JUEZ DE CAMARA

EDUARDO ANTONIO ZANNONI

JUEZ DE CAMARA

FERNANDO POSSE SAGUIER

JUEZ DE CAMARA

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