Los tapó el agua: Responsabilidad del Estado provincial por los daños sufridos a raíz de la inundación de una fracción del campo de la actora provocado por una obra hídrica

Partes: Alduncín Egaña S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 13-mar-2019

Cita: MJ-JU-M-117742-AR | MJJ117742 | MJJ117742

Responsabilidad del Estado provincial por los daños y perjuicios sufridos a raíz del anegamiento de una fracción del campo de la sociedad actora provocado por una obra hídrica. Cuadro de rubros indemnizatorios.


Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios sufridos a raíz del anegamiento de una fracción del campo de la sociedad actora provocado por una obra hídrica realizada por el Estado provincial, pues el recurrente enarbola un discurso que no permite evidenciar los yerros que endilga al decisorio que se ataca, ya que la evaluación de las constancias habidas y de los términos y precisiones que se fueron fijando a lo largo de las actuaciones descartan de plano que mediante el dictado de la aclaratoria en crisis el Tribunal de Alzada se haya extralimitado en su competencia modificando la sustancia de lo definido anteriormente.

Fallo:

En la ciudad de La Plata, a los 13 días del mes de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Negri, de Lázzari, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 121.624, «Alduncín Egaña S.A. contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios».

ANTECEDENTES

La Sala I de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata modificó la resolución de fs. 2.060/2.062 en cuanto no había incluido el reclamo indemnizatorio por los períodos 2013/2014 y 2014/2015, el cual admitió de acuerdo con la afectación constatada en el fundo de la actora, según la pericia producida por el ingeniero Servidio, a fs. 1.994 y vta. (v. fs. 2.091/2.097 y aclaratoria: fs. 2.102/2.103). Se interpuso, por el letrado apoderado del Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 2.107/2.112). Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

CUESTIÓN

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

VOTACIÓN

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

I. A. Helguera, en representación de la firma Alduncín Egaña S.A., inició el presente reclamo indemnizatorio en virtud de los daños y perjuicios sufridos a raíz del anegamiento de una fracción del campo de la sociedad actora provocado por una obra hídrica realizada por el Estado provincial (v. demanda: fs. 81/87 y ampliación: fs. 190/197).

II. La magistrada de origen estimó procedente la acción (v. fs. 900/924), decisión que fue confirmada por el Tribunal de Alzada (v. fs.1.028/1.046 vta.), resolviéndose que se repararían en la etapa de ejecución de sentencia los daños futuros en la medida en que estos respondieran a las mismas causas ya analizadas. Precisamente en dicha etapa de ejecución de sentencia y ante la permanencia en el tiempo de los efectos perniciosos de la inundación en el predio de la sociedad accionante, fueron requeridos nuevos informes periciales, los que constataron la persistencia de los perjuicios (v. fs. 1.722/1.823; 1.880/1.890; 1.925 y vta. y 1.989/1.994 vta.).

III. En consecuencia, el juez de grado resolvió hacer lugar a la pretensión actoral en relación a los daños comprendidos entre los años 2009 y 2013, tramo de la sentencia que fue modificado por la Cámara extendiendo la reparación hasta el año 2015 y por los rubros y montos luego detallados en el fallo aclaratorio (v. fs. 2.060/2.062 vta.; 2.091/2.097 y 2.102/2.103).

IV. Contra esta última decisión -sentencia aclaratoria de fs. 2.102/2.103-, se alza la letrada apoderada del Fisco de la Provincia de Buenos Aires mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 36 inc. 3, 166 inc. 2, 267 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 17, 18 y 19 de la Constitución nacional y 15 de su par provincial. Asimismo, alega el vicio de absurdo. Finalmente, hace reserva del caso federal (v. fs. 2.107/2.112). En apretada síntesis, aduce que la Cámara ha transgredido los límites impuestos por el ordenamiento ritual en materia de decisiones aclaratorias incorporando «nuevos daños» no reconocidos expresa ni tácitamente en el iter sentencial (v. fs. 2.109/2.111). De otra parte, arguye que tal proceder resulta arbitrario y menoscaba el derecho de defensa, en tanto infringe lo decidido en el pronunciamiento de fs. 1.028/1.046 pasado en autoridad de cosa juzgada (v. fs. 2.111 y vta.).

V.El recurso no prospera. V.1. En lo que interesa a los fines de abastecer adecuadamente la controversia suscitada en autos, considero necesario efectuar un breve repaso de ciertos antecedentes de la causa, pues tal evaluación de lo decidido en estas actuaciones, en sus justos y precisos términos, nos permitirá arribar a la conclusión de si la denuncia que expone el apoderado del Fisco en su recurso extraordinario encuentra debido fundamento. V.1.a. La firma Alduncín Egaña S.A., en su escrito inicial, peticionó la reparación de los siguientes rubros como consecuencia del anegamiento de su fundo:

1) Daño emergente:

a. Pérdida de pasturas.

b. Costos directos del cultivo. c. Reducción del stock ganadero.

d. Mayores costos sanitarios y alimentación del ganado.

e. Mortandad de animales.

f. Pérdida de alambrados.

g. Pérdida de aguadas y 2) Lucro cesante:

a. Pérdida de cosecha 1998.

b. Lucro cesante años 1999 y 2000.

c. Lucro cesante futuro (v. fs. 191/195 vta.).

La magistrada de origen estimó procedente la acción, evaluando y acogiendo, en su justa dimensión, y más allá del lucro cesante y los montos destinados a la recuperación del campo, los reclamos por los rubros pérdida de pasturas, costos directos del cultivo, reducción de stock ganadero, mayores costos sanitarios y alimentación del ganado, mortandad de animales, pérdida de alambrados, pérdida de aguadas (v. fs. 900/924). Apelada tal decisión por la actora, el Tribunal de Alzada precisa en su sentencia que «.desde el ingreso de las aguas hace ya diez años no pueden humanamente preverse todos y cada uno de los daños, ni su magnitud y detalle. Sin hesitación opino que congruentemente con el pedido formulado en la demanda de que se repararan los daños, algunos aún indeterminados (fs. 86) al tiempo de interponerla, resulta procedente disponer que se complemente la indemnización no solamente con los mencionados (aguadas, otras mejoras) sino los que resultaren justificados en la etapa de ejecución de sentencia» (fs.1.038 vta.; el resaltado es propio), declarando también que «el lucro cesante deberá indemnizarse a la actora comprendiendo los [períodos] correspondientes al ejercicio cerrado en junio de 1998 y hasta que se produzca la recuperación del campo» (fs. 1.028/1.046 vta.; el destacado me pertenece). V.1.b. A fs. 1.052 y vta. la actora promovió la ejecución de la sentencia.

A continuación, solicitó nuevo informe del perito ingeniero agrónomo interviniente, D. Servidio, a los fines de determinar si se habían verificado las condiciones para comenzar la recuperación del campo, cuantificando su costo, y el lucro cesante futuro devengado entre el año 2008 y la fecha de presentación del nuevo dictamen (v. fs. 1.528 y vta.). A fs. 1.702 la firma accionante agregó las actas de constatación que daban cuenta del anegamiento del bien objeto de autos como consecuencia del desborde del Canal «La Estrella», solicitando que el aludido experto «.de conformidad con lo previsto por la Excma. Cámara (fs. 1045 punto b) que reconoc[ía] el derecho a percibir el lucro cesante ‘hasta que se produzca la recuperación del campo'» constatara y tasara los nuevos daños que se estaban verificando como consecuencia del mal funcionamiento de la obra pública. El ingeniero agrónomo presentó los informes requeridos a fs. 1.722/1.823 y fs. 1.989/1.994 vta., haciendo lo propio el ingeniero en construcciones M. Lanciotti a fs. 1.880/1.890 y fs. 1.925 y vta. V.1.c. Corridos los pertinentes traslados, el magistrado de origen resolvió hacer lugar a lo peticionado por la actora, determinando que los daños producidos luego del año 2008 y hasta el año 2013 obedecían a la misma causa ya juzgada en autos, prosperando la pretensión en relación a los daños comprendidos entre los años 2009 y 2013, por los siguientes montos y conceptos:lucro cesante total ($1.371.040,80), comprensivo de los períodos 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 y 2012/2013 y costo de recuperación del suelo ($1.312.737). Impuso las costas a la demandada vencida (v. fs. 2.060/2.062 vta.; el destacado me pertenece). V.1.d. Apelada tal decisión, sostiene el Tribunal de Alzada en la sentencia que luego se encargará de aclarar que «la actora se agravia en cuanto se omite indemnizar el lucro cesante correspondiente a los ciclos 2013/2014 y 2014/2015, así como el lucro cesante por recuperación, cuya indemnización ya fue prevista en la sentencia de autos. Señala asimismo que la resolución en crisis ha omitido indemnizar los nuevos daños que el perito ingeniero agrónomo ha establecido a saber: daños en cultivos, verdeos y pasturas, mejoras, maquinarias y equipos, mayores costos en pastaje y capitalización de hacienda así como mayores erogaciones en concepto de mortandad y sanidad extra [.] a fs. 1028/1046 esta Sala admitió los daños provocados por el ingreso de las aguas al predio de los demandados. Pero en tanto la inundación persistía y podía remitir, permanecer o aumentar en el futuro, por razones de economía procesal se decidió que era innecesario exigir a la actora la realización de nuevos procesos de conocimiento. En consecuencia la sentencia incluyó daños futuros en la medida que éstos respondieren a las mismas causas ya analizadas detenidamente en autos [.] Bajo este piso de marcha, y atendiendo específicamente a los planteos de ambas partes concluyo que habiéndose comprobado en autos la existencia de daños reconocidos en la sentencia por los períodos que van desde 2009 hasta abril de 2015, habiendo sido ello objeto del reclamo de fs. 1528, deben estar comprendidos en la indemnización reclamada. Cabe señalar que a fs. 1528 la actora peticionó los daños, condicionando su alcance a la determinación pericial que, por las razones explicadas por el perito a fs. 1993 vta. Punto c,1) se postergó desde marzo de 2012 hasta abril de 2015.Se han realizado en autos las pericias correspondientes y se ha corrido traslado de todo lo informado, quedando resguardado el debido proceso con relación a la determinación de daños admitidos en la sentencia y diferida, como fue, su determinación crematística. Por ello, propongo admitir la indemnización por los períodos en que se ha constatado afectación del fundo de la actora, hasta abril de 2015 según la pericia producida por el Ing. Servidio y según los montos indicados a fs. 1994 vta. (arts. 260, 272, 273, 274, CPCC)»; el resaltado es propio. Al tratar la tercera cuestión, el juez que lleva la palabra expone que «Atendiendo al acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo: 1) confirmar la apelada resolución de fs. 2027 y vta. y su ampliatoria de fs. 2029, en lo que ha sido materia de recurso y agravios; 2) modificar la apelada resolución de fs. 2060/2062 en cuanto no se incluye el reclamo indemnizatorio por los períodos 2013/2014 y 2014/2015, los que se admiten por los períodos en que se ha constatado afectación del fundo de la actora, hasta abril de 2015 según la pericia producida por el Ing. Servidio obrante a fs. 1994 vta. y por los montos allí indicados» (fs. 2.091/2.097; el resaltado también es propio).á A fs. 2.101 y vta. la apoderada del ente societario accionante solicitó se aclarase la parte dispositiva del fallo en tanto no contenía los montos indicados a fs. 1.994 vta. y que se establezca el detalle de los mismos. V.1.e. En virtud de lo peticionado, se dictó sentencia aclaratoria indicándose que los montos por los cuales prosperaba la indemnización requerida eran los siguientes:»Daños en cultivos ($ 530.268); Daños en verdeos y pasturas ($ 251.015); Excedente suplementación forraje ($ 174.233); Pastaje y capitalización de hacienda ($ 283.758); Venta forzosa, mortandad y sanidad extra ($ 184.030); Mejoras afectadas ($ 55.310); Maquinarias y equipos ($ 15.000); Lucro cesante 2009/2010 ($ 234.984); Lucro cesante 2010/2011 ($ 269.610); Lucro cesante 2011/2012 ($ 227.364); Lucro cesante 2012/1013 ($ 668.180); Lucro cesante 2013/2014 ($ 501.097); Lucro cesante 2014/2015 ($ 262.536); Costo de recuperación del suelo ($ 1.312.737) y Lucro cesante por recuperación ($ 891.800)» (fs. 2.102/2.103).

V.2. Precisamente de tal pieza aclaratoria viene quejándose el Fisco recurrente, afirmando que «.se comprueba de forma sencilla que la sentencia dictada el 9 de marzo de 2017 nada dijo, contrariamente a lo afirmado por el a quo en su aclaratoria, sobre los ‘nuevos daños’ reclamados por la actora en su expresión de agravios [.] el fallo de la Cámara sólo se hizo eco de la apelación en cuanto criticó la sentencia de primera instancia por omitir ‘indemnizar el lucro cesante correspondiente a los ciclos 2013/2014 y 2014/2015’ [.] los agravios referidos a ‘los nuevos daños que el perito ingeniero agrónomo ha establecido’ [.] no ha tenido acogida expresa ni tácita en la pieza jurídica bajo análisis, como se desprende claramente del razonamiento explicitado por el juzgador de segundo grado que he reseñado». En síntesis, sostiene que la aclaratoria no cumple tal función sino que, por el contrario, amplía los términos de la sentencia que viene a «aclarar». Denuncia que no hay aclaratoria sino resolución de una cuestión de la cual el Tribunal de Alzada no se había ocupado. Ha sostenido reiteradamente este cuerpo que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. La frustración de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 118.911, «Ortiz Vda. De Polo», resol. de 4- II-2015; C.119.531, «Chirichimo», resol. de 4-III-2015; C. 120.072, «Rivara», resol. de 9-III-2016; e. o.), tal como se verifica en la especie. Ello pues las distintas reproducciones de lo esencial de lo actuado en autos -que me he permitido traer al análisis- evidencian que el recurrente basa su queja discursiva brindando su propia interpretación del fallo aclarado del Tribunal de Alzada, afirmando que esta sólo se ha ceñido en la evaluación de los daños al llamado lucro cesante correspondiente a los ciclos 2013/2014 y 2014/2.015, cuando en realidad la Cámara en todo momento habla de daños habidos durante los períodos productivos hasta el mes de abril de 2015; remitiendo reiteradamente a los montos indicados por el perito a fs. 1.994 vta. (v. fs. 2.096), sin precisar las sumas que se determinan en tal resumen de tasación (algunas de ellas ya adelantadas parcialmente en el informe provisorio de fs. 1.722/1.724). Esta Corte tiene dicho desde hace tiempo que «No se altera lo sustancial de la decisión cuando, salvando la omisión incurrida, el Tribunal adecua la parte dispositiva del fallo a lo que antes había acordado» (conf. causa Ac. 39.789, «De Orta», sent. de 27-XII-1988); y que «La aclaratoria sólo es procedente cuando se debe corregir cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro o suplir cualquier omisión en que se hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio» (conf. causas C. 93.804, «D. L. d. R., S. M.», resol. de 28-IX-2005; C. 90.941, «Sociedad de Fomento Cariló», resol. de 26-IV-2006; C. 93.741, «Domingo Ciancio S.R.L.», resol. de 23-V-2007; C. 102.248, «Denesiuk», resol. de 30-III-2011 y C. 121.275, «Talpey Trading S.A.», resol. de 7-III-2018). Desde tal premisa, el fallo aclaratorio no altera sustancialmente la sentencia que le precede, ni el Tribunal de Alzada excede los límites de su competencia (art. 166 inc.2, CPCC) cuando, como en el caso, suple la omisión de una cuestión deducida y discutida en el litigio, manteniendo en todo tiempo la integridad ideológica que sustentaba el pronunciamiento aclarado al especificar en qué medida concreta se patentizaba la condena (y cuando, lo reitero, en distintas ocasiones se hacía referencia en la sentencia aclarada a los montos de fs. 1.994 vta.). En síntesis, el recurrente enarbola en el caso un discurso que no permite evidenciar los yerros que endilga al decisorio que se ataca, pues la evaluación de las constancias habidas y de los términos y precisiones que se fueron fijando a lo largo de las actuaciones descartan de plano que mediante el dictado de la aclaratoria en crisis el Tribunal de Alzada se haya extralimitado en su competencia modificando la sustancia de lo definido anteriormente. VI. Por ello, no habiéndose acreditado las violaciones alegadas, corresponde el rechazo del recurso deducido; con costas a la recurrente vencida (arts. 68 y 289, CPCC). Voto por la negativa. Los señores Jueces doctores Negri y de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa. A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo: Habré de acompañar el voto de los colegas que me preceden, pues -más allá de su acierto o error- tal como lo señala el ponente, la Cámara en su pronunciamiento hace referencia a la totalidad de los daños detallados en la experticia de fs. 1.989/1.995, lo que permite concluir que la transcripción realizada en la sentencia aclaratoria no excede ni se aparte de lo decidido oportunamente. Así repárese en que, además de lo señalado en el voto que me antecede, a fs. 2.095 y vta. el Tribunal hace claramente alusión a la totalidad de los daños provocados -no sólo al lucro cesante y recuperación de sueño- en el fundo, haciendo referencia incluso a los daños provocados sobre las instalaciones de éste (v. específicamente el tercer párrafo de fs. 2.095). Sobre la base de tales consideraciones voto por la negativa. Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas (arts. 68 y 289, CPCC). Regístrese, notifíquese y devuélvase.

EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI

HECTOR NEGRI D.

FERNANDO SORIA

LUIS ESTEBAN GENOUD

CARLOS E. CAMPS

Secretario

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