Lo que importa es el daño no la enfermedad: Se indemniza la incapacidad psíquica de la trabajadora aún cuando en la demanda no se precisara cuál es la enfermedad sufrida

Partes: Lamaire Silvana Cintia c/ Asociart ART S.A. s/ accidente – Ley especial

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VI

Fecha: 14-feb-2019

Cita: MJ-JU-M-117251-AR | MJJ117251 | MJJ117251

La incapacidad psíquica debe ser indemnizada si la trabajadora la posee, aún cuando en la demanda no se precisara con claridad cuál es concretamente la enfermedad sufrida. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Es procedente incorporar al porcentaje de incapacidad, el correspondiente a la incapacidad psíquica, al estar acreditado pericialmente que la trabajadora presenta un cuadro atribuible a una Reacción Vivencial Anormal Neurótica con manifestación Depresiva Grado II, aún cuando en la demanda no se precisara con claridad cuál es la enfermedad psíquica padecida, en tanto ni la trabajadora ni su representante letrado son galenos como para tener conocimiento científico acerca de la patología que sufre.

2.-El daño psíquico es innegable cuando se trata de infortunios severos, ya sea súbitos o de enfermedades laborales o con-causadas por el trabajo, y puede adquirir diferentes dimensiones confluyendo distintos factores en ello, como la edad, la calificación de la víctima, el grado de incapacidad y el temor ante la posibilidad de no poder recuperar la aptitud laboral que se tenía, o como adaptarse ante las disminuciones sufridas, con sus secuelas personales, sociales y familiares.

3.-La determinación del daño psíquico debe contar con el concurso inescindible del médico -si es psiquiatra mejor- y del psicólogo, siendo que el objeto del ‘saber psiquiátrico’ tiene una matriz universalizante mientras que el ‘saber psicológico’ tiene una particularidad tomando al sujeto periciado como ser único e irrepetible.

4.-Para que un hecho entendido jurídicamente, devengue en daño psíquico en quien lo sufre requiere de la convergencia de dos factores fundamentales: uno de orden externo, cual es la dimensión del estímulo que provoca la respuesta psíquica, y otro de orden interno, que es la posibilidad del sujeto de metabolizar la realidad.

5.-Es improcedente considerar que la trabajadora se encuentre incapacitada psíquicamente si el trauma fue leve -caída imprevista sobre la rodilla izquierda al prestar servicios- y padece una situación de angustia porque no quiere operarse ya que los médicos no pueden garantizar una restitución integral de su estado de salud, pero sin que ese trauma la haya afectado mentalmente para relacionarse con terceros o su entorno laboral (voto en disidencia parcial del Dr. Pose).

6.-El denominado trastorno post-traumático o síndrome vicario constituye una respuesta tardía o diferida del ser humano a un acontecimiento estresante y abrumador, o a una situación de naturaleza excepcionalmente amenazante o catastrófica -accidente de tránsito con riesgo vital, agresiones, robo, violación, etc.- que pueden sufrir los trabajadores en el ejercicio de su actividad profesional y que lo llevan a considerar que vive en un mundo inseguro o impredecible quebrando su confianza espiritual (voto en disidencia parcial del Dr. Pose).

Fallo:

Buenos Aires, 14 de febrero de 2019 En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

La sentencia de primera instancia (fs. 134/137) que hizo parcialmente lugar a la demanda entablada viene apelada por ambas partes.

La parte actora presenta su escrito recursivo a fs. 138/140 con réplica de la accionada a fs. 150/153.

Por su parte, Asociart ART S.A. apela a tenor del memorial que luce agregado a fs. 142/144 y la contestación de agravios del demandante obra a fs. 146/149.

En materia de honorarios, la perito psicóloga apela sus honorarios por considerarlos bajos (fs. 141).

En primer término, analizaré la queja deducida por la accionada que se agravia por cuanto entiende que no hay relación de causalidad entre el daño físico padecido por la actora y el accidente denunciado.

Adelanto que en mi opinión, la queja no puede prosperar.

En efecto, la aseguradora reitera los argumentos expuestos en la impugnación efectuada en autos respecto de la prueba pericial médica, argumentos que ya fueron valorados por la Sra. Jueza a quo, quien decidió admitir el grado incapacitante determinado por el experto por los fundamentos científicos en que se basó y por provenir de un experto en la materia que ha tenido en cuenta todos los antecedentes obrantes en autos y que examinó en forma adecuada al reclamante.

Con relación a la trascendencia de los informes periciales médicos, no puede dudarse que la misma es fundamental, en tanto asesoran en temas que escapan a la formación profesional de quienes ejercemos la judicatura. Por cierto que el Magistrado conserva la herramienta que le proporciona el art.477 del CPCCN, que establece que la fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el Juez teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios o técnicas en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y los demás elementos de convicción que ofrezca la causa.

Entiende constante y reiterada jurisprudencia que queda satisfecha la labor del perito como auxiliar de la justicia si sus afirmaciones obedecen a elementos de juicio que tuvo en cuenta y se apoyan suficientemente en los antecedentes de la causa y en sus conocimientos técnicos específicos (CSJN 1-12- 92 «POSE José c/ Prov. de Chubut y Otra» JA 1994-III Síntesis). Creo necesario destacar que el perito médico detalló los resultados obtenidos en los estudios médicos efectuados a la actora con motivo de la pericia, mediante los cuales detectó que la misma presenta una limitación funcional de miembro inferior izquierdo, provocándole una limitación funcional de flexión impidiéndole una bipedestación segura y que le impide realizar entre otras actividades, la actividad deportiva. Y señaló que existe nexo causal entre el infortunio ocurrido el 3/6/2013 y las dolencias descriptas. Agregó que el relato de Lemaire, el mecanismo de producción y la secuela hallada en el examen físico, corroborada con los estudios complementarios, son coincidentes y verosímiles (ver fs. 83/86, fs. 90 y fs.94).

En tal orden de ideas, si se pretende descartar las conclusiones periciales, deben aducirse razones de entidad suficiente para apartarse de las mismas y, sobre todo, soporte probatorio y no advierto que, en el caso, se encuentren reunidas dichas circunstancias, en tanto las manifestaciones efectuadas por el apelante no resultan más que expresiones de disconformidad con las conclusiones del médico y apreciaciones dogmáticas sin anclaje en prueba objetiva de autos.

Por todo lo expuesto, corresponde desestimar la queja en estos aspectos y confirmar el pronunciamiento en este sentido.

Seguidamente, me detendré en el recurso de la parte actora destinado a cuestionar el rechazo del reclamo realizado por la incapacidad psicológica.

Al respecto, la recurrente ataca el criterio en el que se basa la sentenciante de grado así como que haya considerado que no se hallaba explicado claramente el grave perjuicio psicológico que la actora refiere haber sufrido.

Adelanto que, en mi opinión, la queja debe ser atendida.

Tal como he sostenido en casos similares al presente, no comparto el criterio restrictivo al que adhirió la magistrada de grado en su pronunciamiento. Dicha posición, parte de la idea de que para considerar la existencia de un daño psíquico es necesaria la presencia de un síndrome psiquiátrico, que no puede diagnosticarse a partir de un síntoma aislado sino de un conjunto de síntomas agrupados en algún cuadro clínico.Agrega que la enfermedad psíquica debe además ser novedosa ya sea porque no estaba presente con anterioridad o porque ha agravado o acentuado sus características previas y causalmente vinculadas al accidente o a la enfermedad.

Se trata sin duda de una conceptualización académica muy respetable y respetada en el ámbito médico forense pero no es la única voz en la materia ni tampoco puede aplicarse dogmáticamente a un caso concreto judicial que depende de sus circunstancias particulares, porque en ese caso se limitaría seriamente el campo de aplicación de las lesiones psíquicas originadas en infortunios laborales, enfermedades profesionales o laborales.

El síndrome psiquiátrico puede o no estar presente en este tipo de lesiones, porque no puede obviarse que para el dictamen sobre la incapacidad psicológica concurren la psiquiatría y la psicología, constituyendo la psicopatología como una rama compartida entre el saber de la Psicología y la Psiquiatría.

Por ello, la determinación del daño psíquico debe contar con el concurso inescindible del médico -si es psiquiatra mejor- y del psicólogo.El objeto del «saber psiquiátrico» tiene una matriz universalizante mientras que el «saber psicológico» tiene una particularidad tomando al sujeto periciado como ser único e irrepetible.

Es necesario articular el diagnóstico propuesto desde el discurso de la psiquiatría en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) de la Asociación Americana de Psiquiatría y la implementación de una batería psicodiagnóstica completa y exhaustiva como la que se le ha realizado al actor.

Para que un hecho entendido jurídicamente, devengue en daño psíquico en quien lo sufre requiere de la convergencia de dos factores fundamentales:

– Uno, de orden externo, cual es la dimensión del estímulo que provoca la respuesta psíquica.

– Y el otro, interno que es la posibilidad del sujeto de metabolizar la realidad.

Cuando se rompe el equilibro entre ambos estamos ante el conflicto psíquico y eventual daño psíquico.

El daño psíquico se constituye en relación a una injuria, traumatismo o lesión con entidad suficiente para ello y su conceptuación es mucho más amplia que la utilizada por la Sra.

Jueza de grado.

Qué duda cabe que un accidente de trabajo o una enfermedad originada o derivada del trabajo que incapacita a un ser humano es algo «novedoso» en el sentido de nuevo que altera el equilibrio anterior del sujeto, que implica por tanto contar con uno de los requisitos de aquella definición académica traída en el pronunciamiento de grado (Risso, Ricardo E. «Daño Psíquico. Delimitación y diagnóstico.

Fundamento teórico y clínico del dictamen pericial» Cuadernos de Medicina Forense Año 1 n.2 pág.67/75, 2003.www.pjn.gov.ar.).

Por tanto, y como ya adelantara, corresponde hacer lugar a la queja de la parte actora.

En efecto, de los términos del informe efectuado por la perito psicóloga se desprende que Lemaire presenta un cuadro atribuible a una Reacción Vivencial Anormal Neurótica con manifestación Depresiva Grado II, por el que determinó que Lemaire padece un 10% de incapacidad psicológica que se condice con el grado de incapacidad denunciado en la demanda (ver 13, pto. 2).

Agrego que, a mi modo de ver, el reclamo por daño psicológico cumple con las previsiones del art. 65 de la LO; pues no puede pretenderse que el escrito precisara con claridad cuál es la enfermedad psíquica que padece la actora, en tanto ni la trabajadora ni su representante letrado son galenos como para tener conocimiento científico acerca de la patología que sufre. Obsérvese que frente a esta circunstancia, se solicita a fs. 13, pto. 2, tercer párrafo) «.que se evalúe el estado psíquico emocional que le produjo el accidente de autos.» lo que dio lugar a la intervención de la perito especialista en el tema.

De acuerdo a los términos del dictamen de referencia -que encuentro debidamente fundado y circunstanciado- se impone otorgarle plena eficacia probatoria (arts. 386, 477 del CPCCN y 155 de la L.O.).

Estimo que el dictamen médico, posee eficacia probatoria, teniendo en cuenta la competencia del perito interviniente y los principios científicos o técnicos en que se funda, apreciación que también está sometida a las reglas de la sana crítica que, en mi opinión, han sido respetadas Además, cabe señalar que si la decisión del juez se aparta de los términos del dictamen debe sustentarse en fundamentos de índole científica.En tal sentido, creo necesario recordar que para apartarse de la valoración del perito médico, el juez debe encontrar sólidos argumentos, ya que se trata de un campo del saber ajeno al hombre de derecho y, aunque no son los peritos médicos los que fijan la incapacidad, sino que ella es tan sólo sugerida por ellos y, finalmente, determinada por el juzgador basándose en las pruebas que surgen del expediente y las normas legales de aplicación, su informe resulta fundamento adecuado para la determinación de la minusvalía que se ordena reparar. De no ser así, nos encontraríamos con resoluciones arbitrarias e impropias basadas en subjetividades que, como en el presente caso, resultan contrarias al derecho del reclamante y víctima del daño.

Asimismo, señalo hay una conceptualización más amplia que se adecúa a los accidentes y enfermedades laborales que resulta coincidente con la contestación que efectuó el perito médico a a fs. 106/108 al responder la impugnación de la parte demadanda.

Es la que define al daño psíquico como «.toda forma de deterioro, o disfunción o disturbio o alteración o desarrollo psicógeno o psicoorgánico de las personas, que impactando sobre sus esferas afectiva y/o intelectiva y/o volitiva, limita su capacidad de goce individual, familiar, social y/o recreativa. Debe tenerse presente que cada ser humano tiene su peculiar campo de «tarea» y/o cualquier «quehacer vital» o -también – «capacidad de goce», diferenciándose éste de las demás personas, no solo en su extensión, sino también en cuanto a su comprensión, implica al «conjunto de cualidades que integran una idea o concepto» (Castex Mariano N.»Hacia una definición del daño psíquico» en Actualizaciones en Medicina y Psicologías Forenses, nº 3, Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, 1989/90).

El daño psíquico es innegable cuando se trata de infortunios severos, ya sea súbitos o de enfermedades laborales o con-causadas por el trabajo, y puede adquirir diferentes dimensiones confluyendo distintos factores en ello, como la edad, la calificación de la víctima, el grado de incapacidad y el temor ante la posibilidad de no poder recuperar la aptitud laboral que se tenía, o como adaptarse ante las disminuciones sufridas, con sus secuelas personales, sociales y familiares. Por todo lo expuesto, cabe hacer lugar al recurso intentado por la actora en este aspecto y -en el estricto marco del agravio- corresponde modificar el porcentaje de incapacidad receptado en grado, incorporando al mismo el 10% correspondiente a la incapacidad psíquica, que se advierte consolidado.

La solución que he dejado propuesta exige recalcular la prestación dineraria del art. 14, apartado 2, inc. a) de la LRT, y la prestación de pago único del art. 3 de la Ley 26.773, cuya procedencia arriba firme a esta Alzada.

Así, tendré en cuenta el IBM de $8.394,41; una incapacidad del 30% de la T.O. y el coeficiente de edad de 2,6 (65/25), por lo que el nuevo monto de condena se establece en el suma de $416.429,88 ($347.024,90 + $69.404,98); crédito que devengará los intereses desde la fecha y a la tasa que referiré a continuación luego de tratar los restantes agravios que dedujo la accionada.

La accionada afirma que le causa agravio que la Sra. Jueza a quo aplique intereses de acuerdo con la tasa prevista por esta Cámara en el Acta 2601/14 y 2630/16.

Considero que no le asiste razón a la apelante.

Digo esto, porque, de acuerdo con lo dispuesto por esta Cámara en la ya citada Acta Nro.2601/14, la «tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses.», que comenzó a regir el 21/05/2014, es «.desde que cada suma es debida respecto de las causas que se encuentran sin sentencia y con relación a los créditos del trabajador» y, en el caso, el pronunciamiento de origen fue dictado en febrero de 2018 (ver fs. 134), o sea, durante la vigencia de la citada acta. Dicha tasa luego fue mantenida en el 36% anual por esta Cámara en el Acta 2630/16 del 27/04/2016.

Obsérvese, por lo demás, que la mayoría de los integrantes de esta Cámara, en oportunidad de debatir el cambio, sostuvieron que la aplicación del acta, en casos como el presente, no resultaba «retroactiva», pues el parámetro que se tuvo en cuenta fue que la nueva tasa debía calcularse desde que cada suma era debida respecto de aquellas causas que se encontraran sin sentencia.

Propongo, entonces, se confirme lo decidido en la anterior instancia en lo referido a este aspecto.

La misma suerte adversa correrá el agravio por el cual la apelante cuestiona que los intereses se devenguen a partir de la fecha del accidente.

Ello porque lo decidido tiene sustento en el art.2° de la ley 26.773 que, en su tercer párrafo, dispone que «El derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación causal adecuada de la enfermedad profesional».

A su vez, tal como lo tiene dicho esta Sala en casos que guardan sustancial analogía con el presente, no hay motivos que justifiquen un apartamiento del principio general de las obligaciones civiles, en el sentido que el cómputo de los intereses debe hacerse desde el momento del evento dañoso, hecho que da nacimiento a la obligación de indemnizar, lo que, en el sub lite, tuvo lugar el 3/6/2013, tal como se decidió en la sede de grado (arts. 1748 del CCyCN, antes arts. 1083 y concs. del Código Civil y SD Nro. 63.474 del 21/11/2011, del registro de esta Sala, «Araujo Narciso Miguel c/ La Palmira S.A. y otro s/ Accidente – Acción Civil»).

Corresponde entonces, desestimar el agravio y confirmar lo decidido en la anterior instancia.

En atención al nuevo resultado del litigio, corresponde dejar sin efecto lo decidido en la instancia de grado en materia de costas y honorarios, lo que torna abstracto el tratamiento de los recursos deducidos a fs. 143, pto 2.3 y fs. 141 (art. 279 del CPCCN).

En coherencia con lo expuesto, sugiero imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada vencida de conformidad con el principio general en la materia (art. 68, CPCCN).

En atención a la extensión e importancia del trabajo realizado, valor económico del litigio y pautas arancelarias de aplicación, propicio regular los honorarios del patrocinio y representación letrada de la parte actora, de la parte demandada, del perito médico y de la perito psicóloga en el (%), (%), (%) y (%) del monto total de condena (arts. 38 de la L.O., 6º, 7º, 19, 39 y concs.de ley 21.839 y ley 24.432).

En relación planteo referido a la aplicación al caso de la limitación prevista en la ley 24.432, corresponde en su caso, diferir su tratamiento para la etapa procesal prevista por el art. 132 L.O.

Asimismo, estimo los honorarios de los representantes letrados intervinientes en esta Alzada en el (%) de lo que, en definitiva, les corresponda por sus labores en la instancia previa (art. 14 de la ley 21.839).

EL DOCTOR CARLOS POSE DIJO:

Debo disentir respetuosamente con la propuesta de mi estimado colega el Dr. Luis A. Raffaghelli en cuanto atribuye a la trabajadora encontrase afectada por daño psicológico vinculado con el evento dañoso acaecido el 3 de junio de 2.013.

En efecto, el denominado trastorno post-traumático o síndrome vicario constituye una respuesta tardía o diferida del ser humano a un acontecimiento estresante y abrumador, o a una situación de naturaleza excepcionalmente amenazante o catastrófica -accidente de tránsito con riesgo vital, agresiones, robo, violación, etc.- que pueden sufrir los trabajadores en el ejercicio de su actividad profesional y que llevan a la víctima a considerar que vive en un mundo inseguro o impredecible quebrando su confianza espiritual (conf. crit. Neffa, Julio, «Los riesgos psicosociales en el trabajo», p. 372, ed. Conicet; Pérez Sales, «Manual de Psiquiatría» p. 407, ed. Ene Life Publicidad SA, España) puesto que el daño psíquico es factible de producirse ante las denominadas psiconeurosis de terror producidas por grandes catástrofes sufridas en circunstancias dramáticas (ver Pirolo, «Derecho del Trabajo Comentado», t. IV, p. 555). Se ha precisado que el trastorno de estrés postraumático afecta a las personas que se han visto expuestas a accidentes o situaciones traumatizantes, se caracteriza por síntomas de entumecimiento, retraimiento psicológico y social, dificultades para controlar las emociones, sobre todo la ira, y recuerdo vivo e intrusivo de las experiencias de la situación traumática.Por definición, un acontecimiento traumatizante es aquel que es ajeno a la variedad normal de acontecimientos de la vida cotidiana y que el individuo vive como abrumador, suele suponer una amenaza para la vida propia o la de alguien cercano, o la contemplación de una muerte o lesión grave, sobre todo si se produce de forma repentina o violento (OIT, «Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo», Salud Mental, 5.14).

Asimismo, se ha expresado, que el desorden de estrés postraumático, también llamado neurosis traumática o neurosis de guerra, afecta a cientos de miles de personas que han sobrevivido al trauma de desastres naturales como terremotos o accidentes aéreos y/o a desastres de hechura humana como la guerra, la violación y el holocausto (Kohan y Grosman, «Psiquiatría sin miedos», p. 124, ed. Sudamericana), su estudio profesional data de la guerra de Vietnam, ya que sus veteranos resultaron afectados por la referida patología; algunos ellos por haber sido testigos de actos violentos y sádicos, de ahí que también la figura que nos ocupa merezca el nombre de síndrome vicario. Sin perjuicio de ello el fenómeno fue conocido como fatiga de combate durante las Guerras Mundiales y, al presente y en lo principal, afecta al personal de los cuerpos de seguridad, sanitario de urgencias y bomberos (OIT, «Enciclopedia de la Salud y Seguridad en el Trabajo», Salud Mental, 5.14/5). Esta es la enfermedad contemplada por el decreto nº 659/96 haciendo referencia a la reacción o desorden por estrés postraumático que será reconocido cuanto tenga directa relación con eventos traumáticos relevantes que ocurran en el trabajo ya sea como accidentes o como testigo presencial del mismo.Sin perjuicio de ello, un simple accidente puede derivar en una neurosis cuando afecta la vida mental, familiar o social de un trabajador lo que puede suceder en supuestos de incapacidades importantes con lesiones trascendentales -quemaduras, afectación de la movilidad, pérdida de visión, sordera, etc.- o cuando los eventos hayan contribuido a desarrollar algún desorden fóbico -agorafobia, claustrofobia, acrofobia, agateofobia, etc.- tal como puede suceder con los sujetos q ue han sido víctimas de operaciones quirúrgicas infructuosas o que se han encontrado internados en un institución médica durante un período extenso(conf. crit. esta Sala sent. nº 71.571, 17/9/18, «Paredes c/Prevención Art SA»; id. sent. 71.660, 16/9/18, «Mañe c/Galeno ART SA»).

Pero cuando el trauma es leve y cura sin secuelas o éstas existen y no son trascendentales, no es factible concluir que exista daño psíquico o, en su caso, de detectarse tal dolencia, ésta puede derivar de factores extralaborales producidos por el factor vida: pérdida de afectos, ruptura matrimonial, destrucción del proyecto de vida derivado de la pobreza, la falta de educación y/o conflictos familiares y de ahí que la norma reglamentaria imponga, a los profesionales del arte de curar, evaluar cuidadosamente la personalidad previa del sujeto, su biografía, los episodios de duelo, la respuesta afectiva, las expectativas laborales frustradas y sus relaciones personales con el medio:no cabe indemnizar el displacer propio de personalidades inmaduras con baja tolerancia a la frustración (Maddaloni, «La prueba pericial médica en los juicios laborales», DT 2018-2-443).

Por otra parte, no cabe olvidar que si bien un evento dañoso puede determinar alteraciones en la salud del dependiente en el desarrollo de los traumas mentales pueden incidir otros factores ajenos al trabajo, desde la propia personalidad del dependiente hasta los enfrentamientos que pueda tener con terceros ajenos a la empresa, su entorno familiar o social, lo que obliga a que todo reproche de responsabilidad en la materia tenga sólida base fáctica y jurídica siendo de destacar que la salud mental ha sido definida como una condición sometida a fluctuaciones debido a factores biológicos y sociales que permiten al individuo alcanzar una síntesis satisfactoria de sus propios instintos, potencialmente conflictivos; formar y mantener relaciones armónicas con terceros, y participar e cambios constructivos en su entorno social y físico (crit. Comisión de Expertos de la Organización Mundial de la Salud).

En el caso a estudio el trauma fue leve -caída imprevista sobre la rodilla izquierda al prestar servicios- y la actora padece una situación de angustia porque no quiere operarse ya que los médicos no pueden garantizar una restitución integral de su estado de salud (ver dictamen, fs. 104) pero no advierto que el trauma pueda haberla afectado mentalmente para relacionarse con terceros o su entorno laboral, por lo que debe concordar con la solución impuesta por la Dra. Pinotti (ver fs. 134/7).

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Que adhiero al voto del Dr. Raffaghelli.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345) EL TRIBUNAL RESUELVE:I- Modificar la sentencia de grado, y en su mérito, establecer como nuevo monto de condena la suma de $416.429,88 (Pesos cuatrocientos dieciséis mil cuatrocientos veintinueve con ochenta y ocho centavos) con más los intereses dispuestos en grado; II- Confirmar el pronunciamiento de grado en todo lo restante que decide; IIIRegular los honorarios del patrocinio y representación letrada de la parte actora, de la parte demandada, del perito médico y de la perito psicóloga en el (%), (%), (%) y (%) del monto total de condena; IV- Fijar los honorarios de los representantes letrados intervinientes en esta Alzada en el (%) de lo que, en definitiva, les corresponda por sus labores en la instancia previa (art. 14 de la ley 21.839).

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

LUIS A. RAFFAGHELLI

JUEZ DE CAMARA

CARLOS POSE

JUEZ DE CAMARA

GRACIELA L. CRAIG

JUEZ DE CAMARA

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