Interés superior del…padre: Resulta improcedente dejar sin efecto el usufructo constituido a favor de una menor, si ello implica un beneficio exclusivo para su padre

Partes: D. F. J., V. O. C. s/ autorización judicial

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta

Sala/Juzgado: III

Fecha: 17-ago-2018

Cita: MJ-JU-M-116892-AR | MJJ116892 | MJJ116892

Resulta improcedente otorgar autorización para dejar sin efecto el usufructo constituido a favor de una menor de edad si tal acto sólo implica un beneficio exclusivo para su progenitor.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la autorización otorgada en primera instancia para dejar sin efecto el usufructo constituido en beneficio de la hija menor de los actores respecto de un inmueble cuya nuda propiedad corresponde a su padre, pues no surge de la resolución recurrida cuál es el beneficio que tal acto implica para la menor, lo cual configura un elemento esencial porque, de hecho, el acto autorizado no implica de manera alguna un beneficio para aquella, sino que el beneficio es exclusivo para su progenitor.

2.-El hecho de que la hija de los actores haya manifestado comprender el acto que implica dejar sin efecto el usufructo constituido en su beneficio sobre un inmueble cuya nuda propiedad corresponde al padre, no significa que cuente con capacidad para disponer de sus derechos patrimoniales por sí misma, pues el CCivCom. reconoce mayores capacidades a los adolescentes, fundamentalmente en lo que hace al ejercicio de derechos personalísimos (art. 26 CC.), pero no respecto de la disposición de los derechos patrimoniales, para los cuales exige la mayoría de edad (excepto de los bienes obtenidos con su empleo, trabajo, profesión o industria conforme arts. 683 , 686 y CC., respecto de los cuales ejercen la administración y disposición con anterioridad).

3.-Si el art. 689 del CCivCom razonablemente prohíbe obligar al hijo como fiador de sus progenitores, el pedido de levantamiento del usufructo constituido en beneficio del hijo, para poder disponer del inmueble a los fines de obtener créditos comerciales o garantizar obligaciones del progenitor, guarda una importante analogía con la previsión legal, y refleja la contraposición de intereses que el ordenamiento vigente busca evitar, en protección de los derechos del más vulnerable, el hijo.

4.-La disposición de los bienes de los hijos es uno de los actos que requiere autorización judicial (art 692 , CCivCom), y el objetivo de dicha autorización es que el juez, con intervención del Ministerio Público, verifique la conveniencia o beneficio para el hijo, del acto que se pretende realizar, por lo cual deben indicarse los motivos de la solicitud, el uso que se hará del producto del bien, y siempre con cargo de rendición de cuentas.

Fallo:

Salta, 17 de agosto de 2018.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados «D., F. J.; V., O. C. – Autorización Judicial», Expte. No 567.923/16 del Juzgado de 1a Instancia en lo Civil de Personas y Familia 5a Nominación; Expte. No 567.923/16/18 de esta Sala Tercera, y CONSIDERANDO

La doctora María Inés Casey dijo:

I) La Asesora de Incapaces N° 8 Dra. Catalina Russo Manenti apela a fs. 61 la resolución dictada por el señor Juez de Primera Instancia en fecha 22 de septiembre de 2017, obrante a fs. 54/55, considerando que la misma le causa gravamen irreparable a su asistida S.A.D., hija de los actores. El recurso de apelación es concedido en relación y con efecto suspensivo a fs. 62 y la apelante formula memorial de agravios a fs. 63. El señor F. J. D., con el patrocinio letrado del Dr. Martín Fleming contesta la expresión de agravios a fs. 65/66, y lo propio hace la Sra. O. V. con el patrocinio letrado del Dr. Gustavo Srur a fs. 67/68, ambos solicitando el rechazo de la apelación interpuesta. A fs. 79/81 obra el dictamen del Sr. Fiscal de Cámara Civil, Comercial y Laboral, Dr. Ramiro Michel Cullen, quien se expide por el acogimiento del recurso y por que se deje sin efecto el levantamiento del usufructo. El señor Juez de Primera Instancia (fs. 54/55) otorgó la autorización solicitada por los actores señores F. J. D. y O. V. para el levantamiento del usufructo vitalicio constituido a favor de S.A.D., DNI N° xx.xxx.xxx, sobre el inmueble Matrícula N° 18.297 del Departamento Capital, siendo el titular de la nuda propiedad, su padre el señor F. J. D. (cédula parcelaria agregada a fs. 15/16). A tal fin consideró que la adolescente comprendía el acto y que sus intereses se encuentran resguardados por tener otro inmueble a su nombre. La Asesora de Incapaces N°8, Dra.Catalina Russo Manenti considera que la resolución dictada es contraria al interés de su asistida la adolescente S.A.D., entiende que la resolución sólo y exclusivamente beneficia al Sr. Díaz en desmedro del derecho de su representada, que afecta enormemente sus

intereses y derechos, ya que la misma sólo dispondría de la nuda propiedad de un inmueble identificado con Matrícula No 59.973, cuyo usufructo vitalicio tienen sus progenitores, es decir que sólo podría disponer del uso y goce del mismo ante su fallecimiento, o si éstos levantaran voluntariamente el usufructo. Agrega que si bien la adolescente durante su minoría de edad tendría cubiertas sus necesidades en virtud de la obligación alimentaria de sus progenitores, sus derechos se verían afectados cuando alcance la mayoría de edad, por lo que en función de lo previsto en el artículo 103 del Código Civil y Comercial, y teniendo en cuenta el interés superior del niño (artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 3 de la ley 26061 y artículo 639 del Código Civil y Comercial), pide se revoque la resolución dictada. El Sr. D. contesta la expresión de agravios, sosteniendo que la Asesora de Incapaces no efectúa una crítica razonada de la sentencia y que esboza una teoría que implica que los padres de la menor le impedirán el uso y goce del catastro No 59.973 del cual es propietaria, siendo que ya usa y goza del mismo por cuanto habita allí junto a su madre. Considera que la apelante no explica de qué manera concreta se estaría perjudicando a la menor y no toma en cuenta los motivos por los cuales se solicitó el levantamiento del usufructo, que reitera perjudica su actividad comercial por no poder dar avales ante entidades financieras, y así crecer comercialmente. Manifiesta que si a él le va mejor, su hija se verá beneficiada.Sostiene que la actuación de la Asesora de Incapaces se enmarca en el inciso a) del artículo 103 del Código Civil y Comercial, siendo de carácter complementaria en el caso, y que la adolescente fue escuchada y comprende los alcances de lo que se solicita, por lo que pide el rechazo de la apelación. (fs. 65/66). La Sra. V. contesta el traslado de la apelación a fs. 67/8, y también requiere su rechazo, por cuanto entiende que la sentencia no causa agravio a la menor, que la constitución del usufructo fue producto de un error de la escribana actuante, y que los derechos hereditarios de su hija se mantienen intactos. A fs. 79/81 se expide el señor Fiscal de Cámara considerando que puede hacerse lugar al recurso y dejar sin efecto el levantamiento del usufructo.

II) Siendo que el actor ha cuestionado la suficiencia de los agravios de la apelante, la señora Asesora de Incapaces No 8, cabe expedirse al respecto. En reciente precedente, que mantiene la posición sostenida por este tribunal, se dijo que «la Corte de Justicia de la Provincia y la propia Cámara de Apelaciones de la Provincia, de manera uniforme sigue la jurisprudencia y doctrina que sostiene un criterio amplio en orden a la valoración de la suficiencia de los agravios por ser el que mejor armoniza con el derecho de defensa y con el sistema de la doble instancia. Así, se dijo que en caso de duda sobre los méritos exigidos para la valoración de la expresión de agravios debe estarse a favor de su idoneidad (C.J. Salta, 22-12-92, Rondoni vs. Eckardt, Tomo 44, f° 1109/1113; CApel. CC. Salta, Sala I t. 1998, f° 357/358; 1992, f° 101/102; 1995, f° 442/445; 2000, f° 402/403; 2001, f° 205/206; id. Sala III, t. 1993, f° 901; t. 2001, f° 415; t.2003, f° 232); y también se sostuvo que aunque el escrito adolezca de defectos, si contiene una somera crítica de lo resuelto por el juez, suficiente para mantener la apelación, no cabe declarar desierto el recurso (CNFed., Sala Cont.Adm., L.L. 121-134; id., L.L. 127-369; CApel. CC. Salta, Sala III, t. 2003, f° 49)» (CApel. CC. Salta, Sala III, t. 2017, fo 945/955). III) Sobre la actuación de la Asesora de Incapaces: en forma previa al análisis de los agravios planteados por la representante del Ministerio Público Pupilar, es necesario definir el marco de la actuación de la Asesora de Incapaces en el caso, en tanto el actor sostiene que la misma es complementaria en función del inc. a) del artículo 103 del Código Civil y Comercial, mientras que el señor Fiscal de Cámara considera que se trata de un supuesto de actuación principal, entendiendo que existe una colisión o contraposición de intereses entre la niña y sus padres. El artículo 103 del Código Civil y Comercial establece la actuación del Ministerio Público respecto de personas menores de edad, a la que califica en el ámbito judicial, como complementaria o principal. De conformidad al inciso a) de la norma, es complementaria en todos los procesos en los que se encuentran involucrados intereses de personas menores de edad. En estos procesos judiciales, en que las niñas, niños o adolescentes intervienen

representados por sus padres o representantes legales, se requiere la actuación complementaria del asesor de incapaces, y su falta de intervención puede causar la nulidad relativa del acto o proceso. El inciso b) de la norma define los supuestos en los cuales corresponderá la actuación principal del referido magistrado, la que se configura: (i) cuando los derechos de los representados están comprometidos, y existe inacción de los representantes; (ii) cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes; (iii) cuando carecen de representante legal y es necesario proveer la representación.En estos supuestos la norma impone la actuación principal del asesor de incapaces, con independencia de la actuación de los representantes legales, y aún en contra de los mismos, cuando éstos omiten cumplir con sus obligaciones o exista oposición de intereses con los mismos. Por su parte el art. 54 de la ley 7328 Orgánica del Ministerio Público, prevé como misión del asesor de incapaces la de velar por la persona, los bienes y los derechos de quienes son incapaces de hecho; comprendiendo estos deberes tanto el ámbito judicial como extrajudicial. Y el art. 56 inc 5, determina que les corresponde sustituir a los representantes de los incapaces en el ejercicio de toda pretensión, petición o defensa procesal cuando sus representantes legales no las ejercitaran o sus intereses respectivos se encontraren en contradicción. Ahora bien, también puede darse la situación, como en el proceso que nos ocupa, en que una intervención inicialmente complementaria, se convierta en principal, porque conforme sostiene de manera constante la Corte Suprema de Justicia de la Nación: «.la función de orden público que el citado art. 59 del Código Civil y la ley 24.946 le confiere no se limita a una simple ratificación de lo actuado por los representantes necesarios, sino que sus atribuciones se extienden a entablar todas las acciones y recursos necesarios en resguardo del interés de sus representados.» (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 29/04/2008, Morales, Jorgelina Nilda y otros c. Provincia de Buenos Aires y otros, La Ley Online). Así también lo entendió recientemente el mismo Tribunal cuando consideró que negar la intervención principal del Ministerio Público recurriendo una resolución, en un proceso en que la madre omitió fundar el recurso, lesiona el derecho de la defensa en juicio de la menor de edad, por lo que hizo lugar a la queja planteada y declaró procedente el recurso extraordinario (CSJN, 24/04/2018 CIV 20919/2014 – «T., A. A. y otro c/ L., F. D.s/ alimentos» – elDial.com – AAA81C). En el caso que nos ocupa, la actuación de la Asesora de Incapaces fue inicialmente complementaria en el proceso judicial iniciado por los padres de la adolescente, en el que solicitaban autorización judicial para dejar sin efecto el usufructo constituído en beneficio de su hija, oponiéndose a lo solicitado por entender que ello le causaba perjuicio a su asistida (fs. 45/46). Ante el dictado de la resolución haciendo lugar a lo solicitado por los actores, en franca oposición a los derechos de su hija, la actuación de la Asesora de Incapaces devino en principal, a fin de garantizar el derecho de defensa en juicio, el derecho de propiedad y el superior interés de su asistida. Cabe mencionar que ya en 1933 la Cámara Nacional en pleno se expidió definiendo que «ni el usufructo legal ni la facultad de administrar que los arts. 287 y 293 del Cód. Civil acuerdan a los padres, excluyen la intervención del Ministerio de Menores y el contralor de los jueces, cuando se trata de disponer de los fondos de propiedad de los hijos» (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en pleno, 10/09/1933, Barlett, Esteban s/su testamentaria, Publicado en: La Ley Online; Cita Online: AR/JUR/12/1933).

IV) Respecto de la disposición de los bienes de los hijos:la responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral (artículo 638 Código Civil y Comercial), y forma parte del contenido de la responsabilidad parental la representación, administración y disposición de los bienes del hijo menor de edad (Capítulo 8, Título VII del Libro Segundo del Código Civil y Comercial). El concepto y contenido de lo que hoy entendemos por responsabilidad parental (antes llamada patria potestad) ha ido evolucionando en el tiempo desde una posición centrada en los derechos de los padres sobre la persona y bienes de sus hijos, para luego ir incorporando los deberes y la finalidad de la

institución, hasta llegar a la concepción actual en la que se destacan el objetivo y funcionalidad del conjunto de deberes y derechos de los progenitores respecto de sus hijos. Aún antes de la sanción del Código Civil y Comercial la Corte Suprema de Justicia de la Nación así lo sostuvo: «Que, en línea con lo expresado, el propio texto del artículo 264 del Código Civil derogado contemplaba que los derechos y deberes que conforman la patria potestad, se ejercerán para la protección y formación integral de sus hijos, por lo que no resultaría irrazonable concluir que el citado interés superior del menor hace a la esencia de la actuación paterna. La interpretación de tal prerrogativa que poseen los progenitores no puede efectuarse, en la actualidad, dejando de lado los paradigmas consagrados por la Convención sobre los Derechos del Niño y por la ley 26.061, normas que además de reconocer la responsabilidad que le cabe a los padres y a la familia de asegurar el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de los derechos y garantías del niño, otorga a la autoridad estatal facultades para adoptar las medidas que considere necesarias para proteger y restablecer tales derechos ante situaciones en que se vean vulnerados» (CSJN, «N. N.O U., V. s. Protección y guarda de personas», 12/06/2012, consid. 21., citado por María Victoria Pellegrini, en el comentario al artículo 638, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Directores Gustavo Caramelo, Sebastián Picasso, Marisa Herrera, Tomo II, Libro Segundo, Infojus, 1a Edición, 2015). La gestión de los bienes de los hijos es un derecho-deber de los padres, que deben ejercer en beneficio de los primeros. Su propósito es conservar el patrimonio de sus hijos hasta que éstos alcancen la mayoría de edad. Dentro de las facultades conferidas, hay actos que los padres pueden realizar libremente, otros actos que requieren autorización judicial, y otros que no pueden realizar ni aún con ella, distinción que se justifica en función de la relevancia y consecuencias de los mismos respecto del patrimonio de sus hijos. La disposición de los bienes de los hijos es uno de los actos que requiere autorización judicial (art 692 del Código Civil y Comercial), y el objetivo de dicha autorización es que el juez, con intervención del Ministerio

Público, verifique la conveniencia o beneficio para el hijo, del acto que se pretende realizar. Es por ello que se deben indicar los motivos de la solicitud, el uso que se hará del producto del bien, y siempre con cargo de rendición de cuentas. Por estar en juego derechos e intereses del hijo, la intervención del Ministerio Público en estos casos es necesaria, pudiendo declararse la nulidad de los actos cumplidos sin su intervención. En el presente caso, los padres solicitan autorización judicial para dejar sin efecto el usufructo constituído en beneficio de su hija respecto del Catastro 18.297 cuya nuda propiedad corresponde a su padre, el Sr. Díaz, autorización que el Sr. Juez de Primera Instancia otorga. Sin embargo, no surge de la resolución cuál es el beneficio que tal acto implica para la hija.De hecho, falta ese elemento esencial porque el acto autorizado no implica de manera alguna un beneficio para la adolescente, sino que el beneficio es exclusivo para su progenitor, tal como señala la apelante. Cabe asimismo considerar, que el artículo 689 del Código Civil y Comercial expresamente menciona que los progenitores no pueden hacer contrato alguno con el hijo, especificando que ni aún con autorización judicial «pueden comprar por sí ni por persona interpuesta, bienes de su hijo ni constituirse en cesionarios de créditos, derechos o acciones contra su hijo; ni hacer partición privada con su hijo de la herencia el progenitor prefallecido, ni de la herencia en que sean con él coherederos colegatarios; ni obligar a su hijo como fiadores de ellos o de terceros». La finalidad de la norma es claramente evitar conflictos de intereses, en virtud de las facultades de representación, administración y disposición de los progenitores respecto de los bienes de los hijos. Razonablemente si la norma mencionada, prohíbe obligar al hijo como fiador de sus progenitores, el pedido de levantamiento del usufructo constituido en beneficio del hijo, para poder disponer del inmueble a los fines de obtener créditos comerciales o garantizar obligaciones del progenitor, guarda una importante analogía con la previsión legal, y refleja la contraposición de intereses que el ordenamiento vigente busca evitar, en protección de los derechos del más vulnerable, el hijo. El argumento de que si al progenitor le va mejor económicamente ello

redundará en beneficio de la hija, es una hipótesis de cumplimiento eventual: primero porque no se sabe si le irá mejor, y segundo porque aún en ese supuesto puede el progenitor disponer de sus bienes en beneficio propio y no de su hija. Tampoco garantiza los derechos de la adolescente, el que sea titular de la nuda propiedad de otro inmueble, cuyo usufructo vitalicio tienen sus padres, porque no podrá disponer de los frutos del inmueble hasta que sus padres fallezcan.El hecho de que la adolescente viva en el inmueble con su madre no implica disponer de los frutos del inmueble, ya que la provisión de vivienda es uno de los elementos básicos de la obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental (artículo 659 Código Civil y Comercial). No cabe analizar en el presente los motivos y objetivos de la compraventa del inmueble Catastro 18.297, mediante la cual se vende, cede y transfiere a los actores la nuda propiedad y a la adolescente S.A.D. el usufructo (Escritura Pública No 374, obrante a fs. 7/8), por cuanto ello no surge de la escritura. Pudo haber sido por haberse adquirido con dinero de la hija recibido a título gratuito, o bien por decisión propia y libre de los progenitores, en cuyo caso, en virtud de la teoría de los actos propios, deben asumir las consecuencias de los mismos. Invocar que se trató de un error de interpretación de la escribana, carece de toda razonabilidad, y tampoco fue acreditado en el proceso ni cuestionado el instrumento público acompañado. Cabe destacar también, que en lo que se refiere a administración y disposición de los bienes, en el Código Civil y Comercial se elimina el usufructo de los padres respecto de los bienes de los hijos, que preveía el Código Velezano, y se exige para la disposición de dichos frutos contar con autorización judicial, previéndose sólo en supuestos específicos su utilización, sin autorización pero con la debida rendición de cuentas (art. 697 y 698). En los Fundamentos del Anteproyecto del Código Civil y Comercial se justifica la modificación del siguiente modo: «Se deroga la figura del usufructo paterno porque si los hijos son sujetos de derechos diferentes a sus padres, los frutos de sus bienes no deben ingresar al patrimonio de sus progenitores, sino que deben ser conservados y reservados para ellos.De este modo, la regla es que

la renta de los bienes de los hijos le corresponde a éstos, no debiéndose confundir con los bienes de los progenitores; sólo de manera excepcional, los progenitores pueden disponer de ellas previa autorización judicial y por razones fundadas en beneficio de los hijos, debiéndose rendir cuenta. Esta autorización no es necesaria cuando las rentas se destinen para gastos para la subsistencia y educación del hijo, los gastos derivados de la administración de estos fondos y gastos de enfermedad o entierro de los hijos (Fundamentos., página 96). Corresponde efectuar algunas aclaraciones respecto de la participación de la hija de los actores al proceso, ya que tanto el señor Juez en la sentencia, como el Sr. Díaz, sostienen que la adolescente comprende el acto, como argumento para justificar la autorización otorgada. Si bien la adolescente fue escuchada en el proceso (fs. 41) y «comprende el acto», ello no significa que cuente con capacidad para disponer de sus derechos patrimoniales por sí misma. El Código Civil y Comercial reconoce mayores capacidades a los adolescentes, fundamentalmente en lo que hace al ejercicio de derechos personalísimos (artículo 26 y cc Código Civil y Comercial), pero no hace lo propio respecto de la disposición de los derechos patrimoniales, para los cuales exige la mayoría de edad (excepto de los bienes obtenidos con su empleo, trabajo, profesión o industria conforme artículos 683, 686 y cc. Código Civil y Comercial, respecto de los cuales ejercen la administración y disposición con anterioridad). Es decir, que el hecho de que la adolescente comprenda el acto, no significa que pueda autorizarlo ni disponer libremente de sus derechos patrimoniales, por lo cual dicho hecho no es suficiente en el caso. Cabe destacar que al momento de celebrarse la audiencia la adolescente tenía recién 14 años de edad.En virtud de lo expuesto, y dado que la autorización solicitada afecta los derechos patrimoniales de la adolescente S.A.D., hija de los actores, sin significar beneficio alguno para ella, ni de índole patrimonial ni extrapatrimonial, considero que corresponde hacer lugar a la apelación planteada por la señora Asesora de Incapaces No 8 Dra. Catalina Russo

Manenti. Voto entonces por revocar la resolución dictada a fs. 54/55 y dejar sin efecto la autorización otorgada. Con costas en ambas instancias a los peticionantes (artículo 67 del Código Procesal). El doctor Marcelo Ramón Domínguez dijo: Que adhiere al voto de la doctora María Inés Casey. LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA, I) HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 61 por la señora Asesora de Incapaces No 8 en contra de la sentencia de fs. 54/55, y REVOCA la misma, dejando sin efecto la autorización otorgada. CON COSTAS en ambas instancias. II) REGÍSTRESE, notifíquese y REMíTASE. CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA SALA III- VOCALES: DRES MARíA INéS DE LOS áNGELES CASEY

MARCELO RAMÓN DOMíNGUEZ

SECRETARIA: DR. JAVIER GARCÍA PECCI

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