Por el camino equivocado: Rechazo de la demanda por la muerte del trabajador ocurrida a manos de unos delincuentes por haberse desviado hacia un área peligrosa

Partes: Escobar Fabiola Patricia Sofía c/ Cablevisión S.A. y otro s/ accidente – acción civil

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 12-dic-2018

Cita: MJ-JU-M-116144-AR | MJJ116144 | MJJ116144

Se rechaza la demanda por la muerte del trabajador ocurrida a manos de unos delincuentes cuando, junto con su grupo de trabajo, se desvió de la zona asignada hacia un área de conocida peligrosidad para que uno de sus compañeros comprara estupefacientes.

Sumario:

1.-Cabe confirmar el rechazo de la acción civil deducida a raíz de la muerte del trabajador que en vida fuera el esposo de la actora, ocurrida a manos de unos delincuentes que le dispararon cuando se habían desviado de su zona de trabajo -a un área peligrosa- para que uno de sus compañeros comprara estupefacientes, pues se trata de actos delictivos perpetrados por terceros que abordaron al causante fuera del establecimiento de la empleadora y fuera del radio de trabajo que tenía asignado y que utilizaron una cosa (arma) que no estaba bajo la guarda del empleador ni de la aseguradora.

2.-La circunstancia de que la muerte del trabajador haya ocurrido dentro de la jornada de trabajo no acarrea la responsabilidad de las demandadas pues, en definitiva, el acto delictivo fue cometido por un tercero, ajeno a la relación laboral.

3.-El deber de seguridad que prevé el art. 75 LCT hacía exigible a la empleadora el cumplimiento efectivo de las normas de seguridad e higiene, pero en ningún caso le imponían el seguimiento de sus dependientes para modificar conductas adictivas ni para evitar que consuman drogas ilegales.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, el 12 de diciembre de 2018, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia rechazó las pretensiones indemnizatorias deducidas con fundamento en el derecho común. A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpuso recurso de apelación la parte actora, en los términos y con los alcances que explicita en su expresión de agravios (ver fs. 589/592). A su vez, la perito psicóloga cuestionó la regulación de honorarios profesionales efectuada en su favor, por baja (ver fs. 594/598) Al fundamentar el recurso, la parte actora se agravia porque el a quo consideró que la empleadora y la aseguradora no resultaban responsables en los términos del derecho común.

También se queja porque el Sr. Juez de grado concluyó que el daño no provenía del vicio o riesgo de la cosa que se encontrara bajo la guarda de la empleadora ni de la ART, ni del acto de un dependiente de ésta que pueda originar la responsabilidad refleja que prevé el art. 1.113 del Código Civil. Por las razones que -sucintamente- se han reseñado, solicita que se modifique, en tales aspectos, la sentencia recurrida y que, en definitiva, se haga lugar a la demanda, con costas. Sólo con el fin de adecuar el tratamiento de las cuestiones planteadas a un método expositivo que posibilite un lógico desarrollo argumental, estimo conveniente analizar los agravios en el orden que se expondrá. Se agravia la parte actora porque el Sr. Juez de la anterior instancia concluyó que no correspondía condenar a la empleadora y a la aseguradora en los términos establecidos en el art. 1.113 del Código Civil.Cuestiona los argumentos del fallo, el modo en que fue valorada la prueba obrante en autos y señala que, a su modo de ver, quedó demostrada la responsabilidad de ambas codemandadas en los términos del derecho común. Los términos en que fueran expresados los agravios imponen memorar que la actora refirió en el escrito inicial que el Sr. Chuit -quien en vida fuera su esposo- ingresó a trabajar para Cablevisión S.A, como técnico desinstalador y que realizaba sus tareas en la vía pública.

Expresó que, cuando el causante llegaba a la base, el supervisor el asignaba con qué compañero conductor iba a salir a trabajar y, de tal manera, se le hacía entrega de una hoja de ruta con los domicilios hacia dónde se debía dirigir. Agregó que, en caso de que debiera modificarse, dicho cambio era notificado por los superiores a través de “Nextel”. Indicó que el causante realizaba el recorrido con su compañero, a bordo de una camioneta que pertenecía a la accionada. Relató que el día 31/12/2010, aproximadamente a las 11 horas, mientras su esposo se encontraba cumpliendo sus tareas en favor de la empleadora, el automóvil se detuvo en la zona del bajo Flores, cerca de la villa 1-11-14, junto con otro vehículo de la empresa. Explicó que, en tal oportunidad, el Sr. Cardozo -quien manejaba el vehículo que transportaba al causante- descendió del automotor y que también lo hizo el otro conductor -el Sr. Galeano-, que venía en la otra camioneta con Paolillo y que ambos se dirigieron a la villa con el objeto de comprar cocaína. Destacó que, en tal situación, dos sujetos abordaron al causante y que dispararon con armas de fuego en la zona del abdomen, produciéndole así el fallecimiento. Señaló la demandante que el suceso se produjo en ocasión del trabajo de su esposo, por lo que considera responsables a la empleadora y a la aseguradora en forma solidaria en los términos del derecho común.La empleadora, Cablevisión S.A., en el responde (ver fs. 49/58) reconoció que el Sr. Chuit había sido su empleado y que, el día del fallecimiento, tenía asignada una hoja de ruta con el recorrido por el barrio de Villa Pueyrredón y Parque Chas pero que, ese día, el causante se había desviado considerablemente del lugar asignado al momento del hecho fatal.

Señaló que, a su juicio, el día del hecho en cuestión, Sr. Chuit junto con sus compañeros de trabajo decidieron -en forma voluntaria e intempestiva interrumpir sus labores y desplazarse hacia una zona que no estaba dentro del radio asignado y de conocida peligrosidad, por lo que considera que no se trató de un accidente generado por el hecho o en ocasión del trabajo. En el marco que imponen tanto los términos en los cuales quedó trabada la litis como aquellos en los que se sustentan los agravios expresados por la parte actora, creo necesario puntualizar que, luego de un análisis detallado de la prueba producida, la actora no acreditó que la muerte de quien en vida fuera su esposo pueda considerarse atribuíble a alguno de los factores de imputabilidad previstos en el derecho común, como para poder establecer la responsabilidad de las codemandadas con base en normas propias de dicho marco normativo.

En primer lugar, cabe señalar que, en las copias certificadas de la causa penal FN 342/2011 de la Fiscalía de Distrito de los Barrios de Nueva Pompeya y Parque Patricios que se encuentran agregadas a fs. 351/354 aparece la declaración de Cardozo -quien había sido chofer y compañero de móvil del Sr. Chuit- y quien refirió expresamente que éste (el causante) le ofreció acompañarlo a la Villa 1-11-14 “como medida de seguridad” (sic, ver fs. 351). Asimismo, a fs. 365/366 se encuentra agregada la copia de la declaración de Paolillo, quien indicó que Chuit le manifestó que “mejor los acompañaban porque ellos dos estaban de la cabeza” -refiriéndose a Galeano y Cardozo- (sic.ver fs. 365).

A su vez, a fs. 440/441 declaró Quiroga, quien indicó que el día del infortunio, se le asignaron tareas al actor, se le dieron órdenes para trabajar y se le indicó que debía cumplirlas en Villa Pueyrredón, Constituyentes y Parque Chas. Dicha declaración, tal como fue señalado en el fallo, se encuentra corroborada por la fotocopia certificada obrante a fs. 106/107, de la cual surgen los domicilios que Chuit y Cardozo debían visitar para cumplir sus tareas, es decir, todos ubicados en las zonas detalladas por el testigo mencionado (cfr. art. 90 LO). Por otra parte, cabe destacar que el Sr. Juez a quo señaló al respecto que “.el peligro de la zona aledaña a la Villa 1-11-14 es de público y notorio conocimiento, y si bien de lo que surge de las declaraciones testimoniales brindadas, el Sr. Cardozo era quien manejaba el vehículo que ingresó a la zona donde ocurrió el hecho, lo cierto es que no se ha articulado en la demanda que el Sr. Chuit hubiere interpuesto oposición alguna, y se ha acreditado que éste aceptó acompañar a sus compañeros a comprar cocaína a la Villa en cuestión sin que su voluntad fuere viciada”. Tales fundamentos del fallo, no merecieron una crítica concreta y razonada (cfr. art. 116 LO), por lo que arriban firmes a esta Alzada y resultan irrevisables en esta instancia.

Además, la apelante tampoco efectuó una crítica concreta y razonada con respecto a la conclusión del judicante referida a que el causante -al momento del accidente que provocó su muerte- se encontraba aproximadamente a 10 Km de la zona asignada. Obsérvese que si bien a fs.591 transcribe el segmento del fallo que hace alusión a ello, lo cierto es que la apelante hace hincapié en que en ese momento su esposo no se encontraba en horario de descanso sino en horario de trabajo, pero nada dice – puntualmente- acerca de que el causante se encontraba a 10 km de la zona que tenía asignada para prestar servicios (cfr. art. 116 LO), afirmación ésta que, por lo tanto, también arriba incólume a esta Alzada y que, por lo tanto, lleva a concluir que el infortunio se produjo fuera de área de control de seguridad que estaba a cargo de la empleadora (cfr. art. 75 LCT). Sin perjuicio de lo expuesto, cabe destacar que la circunstancia de que el infortunio haya ocurrido dentro de la jornada de trabajo (como lo afirma la parte actora), en nada permite modificar la conclusión anterior pues, en definitiva, el acto delictivo fue cometido por un tercero, ajeno a la relación laboral.

Si bien que quedó evidenciado que el Sr. Cardozo (compañero de trabajo del causante) tenía cierta adicción a las drogas, lo cierto es que el deber de seguridad que prevé el art. 75 LCT hacía exigible a la empleadora el cumplimiento efectivo de las normas de seguridad e higiene (cfr. .ey 19.587 y complementarias); pero, en ningún caso, le imponían el seguimiento de sus dependientes para modificar conductas adictivas ni para evitar que consuman drogas ilegales.Tampoco modifica la conclusión que vengo exponiendo la circunstancia de que Cablevisión hubiera contratado empleados adictos a la cocaína que conduzcan vehículos sin carnet habilitante -como lo sostiene la apelante- pues, como se vió, no sólo quedó demostrado que el causante se encontraba fuera del radio asignado para trabajar sino que, además, quedó evidenciado que concurrió a dicho lugar sin haberse opuesto a ello y como “medida de seguridad” y porque consideraba que era “mejor acompañarlos.”. En definitiva, en el caso de autos, entiendo que no se encuentran acreditados los presupuestos de hecho que, en el marco del derecho común, permitirían establecer la existencia de relación causal adecuada entre la muerte del causante y un factor objetivo o subjetivo de responsabilidad atribuíble a alguna de las codemandadas.

Como he señalado precedentemente el deber de seguridad que prevé el art. 75 LCT hacía exigible a la empleadora el cumplimiento efectivo de las normas de seguridad e higiene (cfr. .ey 19.587 y complementarias) pero, en ningún caso, le imponían el seguimiento de sus dependientes para modificar conductas adictivas ni para evitar que consuman drogas ilegales. Tampoco se ha probado que la muerte del causante tenga relación de causa lidad adecuada con el vicio o el riesgo de un cosa bajo la guarda de la empleadora o con el obrar doloso o culpable de otro dependiente de ésta como para que pudiera atribuirse responsabilidad a cualquiera de las demandadas en los términos de los arts. 1.074 y 1.113 del Código Civil (actualmente, arts. 1749, 1753, 1757 del C.C. y C.N.); y, tampoco hay evidencia de que el fallecimiento del Sr. Chuit derive de algún incumplimiento al deber de seguridad a cargo de la empleadora ni de las medidas preventivas a cargo de la ART.Valorados los elementos de juicio aportados a esta causa, estimo que la parte actora no ha logrado acreditar que la muerte de quien en vida fuera su esposo ocurrida como consecuencia del suceso delictual invocado en autos guarde relación de causalidad adecuada con los factores de imputabilidad antes mencionados, como para atribuir sus consecuencias a las demandadas en los términos del derecho común.

Por lo pronto, observo que, de acuerdo con lo explicado en el escrito inicial y de las propias declaraciones de Cardozo y Paolillo, los delincuentes abordaron al causante con fines de robo (ver declaración de Paolillo. Fs. 365), por lo que parece claro que la muerte del Sr. Chuit no provino del vicio o riesgo de una “cosa” que se encontrara bajo la guarda de Cablevisión S.A. ni de la ART, ni del acto de un dependiente de aquélla que pueda originar la responsabilidad refleja que prevé el art.1.113 del Código Civil (actualmente art. 1753 C.C. y C.N.). Por el contrario, se trata de actos delictivos perpetrados por terceros que abordaron al causante fuera del establecimiento de la empleadora y fuera del radio de trabajo que tenía asignado y que utilizaron una cosa (arma) que no estaba bajo la guarda del empleador ni de la aseguradora.

Por otra parte, es evidente que la actividad comercial desplegada, en virtud de sus características y de los elementos que normalmente se utilizan en ella, no son “cosas” que puedan considerarse generadoras de un riesgo relacionable causal y adecuadamente con actos delictuales que, si bien son frecuentes, no tienen origen en esa actividad comercial sino en la ineficacia e inoperancia de las autoridades administrativas que tienen a su cargo el ejercicio del poder de policía destinado a prevenir y evitar la comisión de este tipo de delitos.

La actora adujo que la empleadora no habría cumplido con el deber de seguridad a su cargo (ver fs. 10 vta.y siguientes); pero lo cierto es que las obligaciones que emergen de la ley 19.587 y del art.75 de la LCT están referidas a las condiciones de higiene y seguridad que corresponden a la índole de la actividad de la empresa y de la tarea propia de cada dependiente; y no a las condiciones de seguridad pública que está a cargo del Estado Nacional y/o de los estados provinciales o de la Ciudad Autónoma en forma excluyente. Tampoco está demostrado un obrar doloso o culpable de la empleadora o de la aseguradora co-demandadas que guarde relación causal adecuada con el deceso del causante como para entender que alguna de ellas resulta subjetivamente responsable por incumplimiento de lo establecido por el art.75 de la LCT o del art. 4 de la LRT (Cfr. art. 1.074 del Código Civil y actualmente art. 1749 C.C y C.N.). En definitiva, no es factible admitir la responsabilidad patronal cuando no se ha demostrado el referido nexo causal adecuado entre el fallecimiento del Sr. Chuit y el factor de imputabilidad alguno atribuíble a la ex-empleadora o la aseguradora co-demandada.

En una causa de aristas similares a la presente, esta Sala a través del voto de mi distinguido colega, Dr. Miguel Ángel Maza -a cuyas consideraciones adherí- señaló que “No considero que los riesgos actuales de la actividad laboral de . (que se desempeñaba en una sucursal de la empresa co-demandada y que presenta una reacción vivencial por los robos que se habían perpetuado allí) sean suficientes para responsabilizar a su empleador conforme al supuesto de responsabilidad objetiva invocado por la apelante (art. 1113 del Código Civil); en tanto, que tampoco encuentro argumentos suficientes para imputarle responsabilidad subjetiva (art. 1109), porque no encuentro objetivadas cuáles habrían sido las medidas de seguridad en cabeza de la empleadora que debiera haber tomado más allá de las acreditadas en la causa”.

Señaló también el Dr. Maza que , “no se aprecian cuáles habrían sido los comportamientos omitidos por Dia Argentina S.A.que justificarían un reproche de responsabilidad por hechos ilícitos cometidos por terceras personas, por las cuáles, en principio, la empleadora no debiera responder”. (Cfr. esta Sala, in re “Saez Vanesa c/Día Argentina S.A. s/accidente”, S.D. Nº 95.225 del 12-9-07) La actividad de los delincuentes, aún cuando pueda resultar previsible, no se desarrolla bajo la órbita de actuación empresaria de la empleadora, ni se la puede responsabilizar por actos delictivos perpetrados por terceros ajenos a su actividad normal y habitual. El Estado Nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma son quienes deben desarrollar en forma excluyente todo tipo de actividad preventiva y/o obstructiva del actuar de los delincuentes, por lo que es evidente que un sujeto privado (en el caso la ex empleadora y la ART) no puede tener a su cargo la adopción de medidas contra la delincuencia que sólo competen a la autoridad pública que, como ya he señalado, es la única obligada y autorizada a preventir y a combatirla. En virtud de las conclusiones antes expresadas, considero que corresponde desestimar los agravios articulados por la parte actora y confirmar la sentencia recurrida en cuanto rechazó íntegramente la pretensión resarcitoria basada en el derecho común (art. 499 del Código Civil y art. 726 del C.C. y C.N.).

Ahora bien, sin perjuicio de lo expresado, cabe destacar que, tal como ha quedado evidenciado en las presentes actuaciones, el actor se encontraba dentro del vehículo que era utilizado para desempeñar sus funciones habituales. Si bien la camioneta o automotor se encontraba -en el momento del hecho delictivo- a 10 km de la zona asignada, lo cierto y concreto es que el causante se encontraba dentro del vehículo por el hecho y en ocasión del trabajo que desempeñaba en favor de la demandada; y si bien el conductor de la camioneta decidió efectuar un desvío antes de ir a la zona en la que debía cumplirse la tarea, tal desvío no fue imputable al Sr.Chuit quien, reitero, estaba subido al vehículo con motivo y ocasión del trabajo que cumplía para Cablevisión S.A. En una causa de aristas similares, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al hacer suyos los términos del dictamen de la Procuradora Fiscal, consideró que, probada la existencia de un infortunio encuadrable en los términos de la LRT, si no es procedente la acción basada en el derecho común, debe establecerse la responsabilidad de la ART que otorgó la cobertura en base a la ley especial.

Sostuvo la Corte -al hacer suyos los términos del dictamen- que “.los jueces tienen no sólo la facultad sino también el deber de discurrir conflictos y dirimirlos con ajuste al derecho aplicable, valorando autónomamente la realidad fáctica y, encuadrándola en las normas jurídicas con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes (Fallos: 324:2946 , entre otros); pues la facultad que deriva del ejercicio de la regla iura novit curia no comporta agravio constitucional (doctrina de Fallos: 323:2456 ; 324:2946; 326:3050, entre otros). Ello es así en tanto no alteren las bases fácticas del litigio (Fallos 256:147; 261:191; 300:1015; 313:915) o la causa petendi (Fallos: 327:5837 ).” (Cfr. C.S.J.N., 20-8-2015 in re “Milano, Horacio c/Liberty ART S.A. s/accidente acción civil”, CSJ 913/2011 (47-141) C51). En tal contexto, toda vez que, en el caso, la aseguradora no ha desconocido la existencia de la cobertura y que ha quedado acreditado que el accidente que originó la muerte de quien en vida fuera esposo de la actora, se produjo por el hecho y en ocasión del trabajo, propicio modificar la sentencia recurrida y condenar a la aseguradora en los términos de la ley especial.

En orden a ello, corresponde señalar que, en atención a que el caso de autos se encuentra enmarcado dentro de la circunstancia que contempla el art. 18 de la LRT -que remite a lo establecido en el art.15 ap. 2 LRT (conf. dec. 1694/09)-, debe determinarse en primer orden la prestación económica que corresponde reconocer en base a dicha disposición normativa; y, luego, adicionar a ésta la prevista en art. 11 inc. 4, ap b) de la LRT (conf. dec. 1694/09). De acuerdo a lo expuesto, observo que, con relación al art. 15 inc. 2 de la LRT, el art. 4 del decreto 1694/09, en consonancia con la doctrina emergente del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Milone” se estableció una “indemnización” de pago único que nunca puede ser inferior a $ 180.000.-. En el caso de autos, la indemnización que le corresponde percibir a la actora arroja un total de $ 690.246,82.- (53 x $ 5.209,41 -ver fs. 144- x 2,5) que resulta superior al mínimo imperativo previsto en el art. 4º del decreto reglamentario 1694/09 y que, por lo tanto, corresponde diferir a condena en concepto de indemnización art. 15 ap. 2 LRT. A este importe corresponde adicionar una compensación dineraria de pago único de $ 120.000 (cfr. art. 11 inc. 4 ap. b) y art. 1 dec. 1694/09), todo lo cual asciende a un total de $ 810.246,82.- que serán diferidos a condena, con más los intereses que serán calculados desde el 31/12/2010 .- y hasta su cancelación definitiva, a cuyo efecto se aplicará la tasa de interés activa de acuerdo a lo establecido en el Acta 2357/02 hasta el 20/5/2014 y desde el 21/5/2014 de acuerdo a las Actas N° 2601/14 y N° 2630/16, hasta el 30/11/17; y que, a partir del 01/12/17 y hasta el efectivo pago, de acuerdo a lo establecido en el Acta CNAT N° 2658/17.Por otra parte y de acuerdo con el res ultado que se ha dejado propuesto para resolver la apelación en el marco de la acción basada en el derecho común, estimo que las costas de alzada deben ser impuestas en el orden causado, atento la naturaleza de la cuestión debatida y la forma de resolverse (art.68 2da. pte. del CPCCN). En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada durante el trámite en primera instancia y a las pautas que emergen, del art. 6 y subs. de la ley 21.839 (actualmente contempladas en sentido análogo en el art. 16 y conc. de la ley 27.423), del art. 38 de la LO, considero que los honorarios correspondientes a la perito psicóloga no son bajos, por lo que propicio confirmarlos. De acuerdo a lo establecido en el art. 279 del CPCCN y al resultado propuesto en base a la LRT, corresponde imponer las costas relativas a la condena que se propicia en los términos de la ley especial, a cargo de Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo, en ambas instancias.

En base a las pautas antes indicadas, por lo actuado en primera instancia, por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y por la representación y patrocinio letrado de la ART, en el marco de la acción que se admite en base a la LRT, corresponde regular los honorarios de cada una de ellas en el 15% y en el 12%, respectivamente, a calcularse sobre el monto total diferido a condena (capital más intereses). Por otra parte, con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839 (actualmente en sentido análogo, en el art.30 la ley 27.423), habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada Cablevisión S.A, propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el 30% y 30%, respectivamente, de lo que les corresponda, por lo actuado en la instancia anterior, en el marco de la acción basada en el derecho común. A su vez, a la representación y patrocinio letrado de la actora, por lo actuado en la Alzada, en el marco de la pretensión que se admite en base a la LRT, en el 30% de lo que le corresponde por lo actuado en primera instancia con respecto a la condena dispuesta contra la ART.

El Dr. Gregorio Corach dijo: Que adhiere a las conclusiones del voto de Miguel Ángel Pirolo, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE:1) Confirmar la sentencia dictada en la instancia de grado anterior en todo lo que fue materia de apelación y agravios en el marco de la acción basada en el derecho común; 2) Imponer las costas de la Alzada, en el marco de esa acción, en el orden causado; 3) Confirmar los honorarios regulados a la perito psicóloga por las tareas realizadas en la anterior instancia; 4) Condenar Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en base a la L.R.T., a abonar al actor la suma de $ 810.246,82.- con más los intereses establecidos en el considerando respectivo; 5) Imponer las costas -con relación a la acción que progresa con fundamento en la ley especial- a cargo de la aseguradora, en ambas instancias; 6) Regular los honorarios -en el marco de la acción que se admite con fundamento en la ley especial- de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la representación y patrocinio letrado de la aseguradora, en el (%) y (%), respectivamente, a calcularse sobre el capital diferido a condena, más intereses; 7) Regular los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la codemandada Cablevisión S.A., por los trabajos realizados en esta Alzada, en el (%) y (%), respectivamente, de lo que corresponde, a cada una de ellas, por lo actuado en la instancia anterior, en el marco de la acción basada en normas del derecho común.

A su vez, regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora por lo actuado en el marco de la pretensión que se admite en base a la LRT, en el (%) de lo que le corresponde por lo actuado en primera instancia con respecto a la condena dispuesta en contra de la ART; 8) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. Gregorio Corach

Juez de Cámara

Miguel Ángel Pirolo

Juez de Cámara

BRS