Mala praxis de un médico de guardia que se equivocó en el diagnóstico de un paciente, y le impidió aumentar su chance de sobrevida

Partes: B. N. I. y otros c/ Clínica Regional S.R.L. y otros s/ ordinario

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de General Pico

Sala/Juzgado: B

Fecha: 12-oct-2018

Cita: MJ-JU-M-115752-AR | MJJ115752 | MJJ115752

Responsabilidad por mala praxis del médico de guardia que equivocó el diagnóstico del paciente, lo cual impidió a éste aumentar su chance de sobrevida. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Es procedente admitir la demanda por mala praxis médica pues si bien el cuadro que presentaba el paciente era grave de por sí, de haber recibido una atención adecuada y oportuna conforme a su patología cardíaca, se hubiera permitido probablemente un noventa por ciento de chance de sobrevida por lo cual cabe concluir que en el deceso concurrieron dos causas independientes entre sí: en un diez por ciento la enfermedad preexistente y en el noventa por ciento restante la mala praxis en que incurrió el médico de guardia a partir de un error de diagnóstico injustificable porque consideró que se trataba de un trastorno gastrointestinal y lo medicó en consecuencia.

2.-El médico de guardia y la clínica deben responder por el daño derivado de la muerte de un paciente pues aquel incurrió en un error de diagnóstico, lo que impidió que el paciente recibiera la medicación adecuada e indicada a la patología cardíaca que presentaba, en tanto no le fueron realizados los análisis y los estudios y prácticas médicas que correspondían en la emergencia.

3.-Si el paciente falleció, sus deudos pueden reclamar los daños causados por la muerte mediante el ejercicio de una acción ‘iure propio’ y no ‘iure hereditatis’, acción de responsabilidad civil extracontractual, por ser ajenos y extraños a la vinculación contractual médicopaciente, siendo que el hecho dañoso es la muerte y es a partir de ese momento en que la indemnización es debida.

Fallo:

En la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, a los doce días del mes de octubre del año dos mil dieciocho, se reúne en ACUERDO la SALA B de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados “B., N. I. y otros C/ CLÍNICA REGIONAL S.R.L. y otros S/ ORDINARIO” (expte. Nº 6218/18 r.C.A.), venidos del Juzgado Civil de Primera Instancia N° 3 de esta Circunscripción.

El Dr. A. PÉREZ BALLESTER, sorteado para emitir el primer voto, dijo:

I. Antecedentes del caso:

a) El día sábado 18 de abril de 2009 A. J. V. se encontraba trabajando como mozo en un servicio de catering y siendo aproximadamente las 23:00 horas comenzó a sentir agudos dolores abdominales, por lo que decidió ir hasta la Clínica Regional, donde se encontró con su esposa N. I. B. y su hijo N. V. En aquella oportunidad fue atendido por el Dr. J. C. Z., médico de guardia de dicho centro asistencial. Entendiendo que se trataba de un trastorno gastrointestinal lo medicó con ranitidina inyectable y le recetó el mismo medicamento (Taural 300) indicado para afecciones gástricas, le hizo una orden para realización de ecografía abdominal para que se la efectuara durante la semana, le indicó que se retirare a su domicilio y que visitara a un gastroenterólogo el día lunes siguiente. Acorde al consejo médico, V. se retiró a su domicilio y se acostó a descansar. Transcurridas algunas horas, se sintió mal en razón que volvió a sentir el agudo dolor abdominal, motivo por el cual, junto con su esposa y su hijo menor, regresó al mencionado establecimiento a las 4:00 horas aproximadamente, siendo atendido nuevamente en la guardia por el Dr. Z. quien le administró suero y lo medicó con analgésicos y omeprazol (indicado para cuadros de gastritis). Como no había camas disponibles en la clínica para internarlo el Dr.Z. determinó que V. quede internado en la guardia. Por administración de la Clínica se registró la internación en la sala de guardias a las 4:20 horas. El médico se retiró a descansar a su habitación. El estado de salud de V. empeoró y según lo describió su esposa, encontrándose en la sala de guardia comenzó a vomitar algo blanco con sangre, se ahogaba y se le pusieron los pies y las manos moradas. La mujer desesperadamente comenzó a tocar el timbre sin que nadie acudiera a su llamado por lo que se dirigió a la administración donde fue atendida por el empleado administrativo D. A. G. (de turno hasta las 6.00 hs.) que fue quien le avisó al Dr. Z. por teléfono interno sobre lo que estaba ocurriendo con el paciente. A las 6.00 hs comenzó su turno en la administración el empleado administrativo S. E. G., permaneciendo V. internado en la sala de guardia. Siendo aproximadamente las 6:40 hs la esposa de V. se volvió a presentar en la administración requiriendo la presencia del médico, por lo que el empleado G. volvió a llamar por teléfono interno al galeno quien le dio la orden de que se haga un electro (esa orden iba dirigida a las enfermeras de turno). El testigo (que declaró en sede penal) dijo que debió llamar por tercera vez al Dr. Z. y en el último llamado le pidió que se presente en la sala de guardia porque la salud del paciente se había agravado. Luego de la tercer llamada en rigor de la cuarta si se tiene en cuenta el aviso efectuado por el empleado administrativo G. el médico se hizo presente y de inmediato sentó a V. en una silla de ruedas y siendo aproximadamente las 7:00 horas lo llevó a la Sala de Terapia Intensiva. El médico terapista Dr. Juan Pablo Anconetani, quien accedió a su turno a las 8:00 horas, se hizo cargo del paciente que se encontraba muy grave.Tras ser sometido a varios estudios y prácticas médicas de emergencia, falleció las 9:00 horas a causa de un infarto agudo de miocardio (ver testimonio del médico terapista a fs. 112/113 de la causa penal). b) Sentencia penal condenatoria: en base a esos hechos C. J. V., hijo del fallecido, efectuó denuncia penal el día 21/4/2009 ante la Fiscalía N° 4 de esta ciudad generándose las actuaciones penales caratuladas: “Imp.: Z., Juan Carlos s/ Homicidio Culposo”, Expte. N° 51.947/09 que tramitó inicialmente por ante el Juzgado de Instrucción y Correccional N° UNO con asiento en esta ciudad (en adelante c.p.). A fs. 180/199 c.p. con fecha 27/7/2009 se dictó auto de procesamiento y prisión preventiva del imputado en orden al delito de Homicidio Culposo (art. 84, 1° párrafo del Código Penal), disponiendo a su vez su inhabilitación provisoria para el ejercicio de guardias médicas en todo establecimiento público o privado, auto de procesamiento que fue confirmado por el Tribunal de Impugnación Penal (fs. 286/287 c.p.). Posteriormente la causa fue elevada a juicio comenzando a intervenir la Cámara en lo Criminal N° UNO (fs. 331 c.p.). Realizado el debate oral (ver actas glosadas a fs. 396/411 c.p.), en fecha 27 de agosto de 2013 se dictó sentencia penal por la cual se condenó a J. C. Z., como autor material y penalmente responsable del delito de homicidio culposo (art. 84, primer párrafo del Código Penal), a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional y 6 años de inhabilitación para realizar guardias médicas en cualquier institución, sea pública o privada (fs. 412/430 c.p.), sentencia condenatoria que fue confirmada por el Tribunal de Impugnación Penal mediante sentencia dictada el 29/05/2014 (fs. 465/469 c.p.).

c) Demanda civil: con fundamentos en la sentencia penal condenatoria dictada por la Cámara del Crimen N° UNO, el día 27/11/2013 la esposa N. I.B. y los hijos Cristian José y N. D. V. promovieron demanda por daños y perjuicios contra el médico de guardia, Dr. J. C. Z. y contra la Clínica Regional S.R.L. por la suma de $ 837.464,92. La actora N. I. B. reclamó para sí: 1. Daño moral: $ 120.000,00; y 2. Lucro Cesante: $ 537.464,92; el actor C. J. V.: 1. Daño moral: $ 90.000,00; y el actor N. D. V.: 1. Daño moral: $ 90.000,00 (ver demanda fs. 31/44).

d) Clínica Regional S.R.L. contestó la demanda a fs. 52/62. Por diversos argumentos que expuso entiende que en la emergencia no correspondía imputarle responsabilidad civil al médico de guardia, solicitando se rechace la demanda. En subsidio, cuestionó por altos y exagerados los montos pretendidos, y que de admitirse, se ajusten en sus justos límites. También pidió que los intereses se manden a pagar a partir del día de la sentencia. Solicitó se cite en garantía en los términos del art. 118 de la LS 17.418 a la compañía de seguros “Noble Compañía de Seguros Sociedad Anónima”, quien se presentó al proceso a contestar la citación en garantía a fs. 90/93. Admitió que mediante la emisión de una Póliza del ramo Responsabilidad Civil Profesional se comprometió a mantener indemne exclusivamente a su Asegurado Clínica Regional S.R.L. hasta cubrir la suma de $ 400.000,00 por cada acontecimiento, estando obligado el asegurado, en caso de siniestro, a participar con el 10% del monto indemnizatorio convenido o resultante de la sentencia, conforme franquicia pactada. Adhirió a los términos de la contestación de demanda efectuada por su Asegurado (ver fs. 90/93). Tanto la Clínica Regional S.R.L. a fs. 195, como su aseguradora a fs. 207, comparecieron mediante nuevos letrados apoderados, ante la renuncia del anterior (fs. 183).

e) J. C. Z. contestó la demanda a fs. 107/111 solicitando su rechazo.Dijo que al momento del hecho se encontraba matriculado en la Provincia de La Pampa y que tenía un Seguro Médico que le proporcionaba el Colegio Médico de La Pampa, y pidió se cite en garantía a la aseguradora “Seguros Médicos S.A.” quien se presentó contestando la citación en garantía a fs. 144/151. Admitió que a la fecha del evento se encontraba vinculada con el Dr. Z. a través de un contrato de seguro de responsabilidad profesional médica, por una suma máxima asegurada de $ 200.000,00 y una franquicia de $ 15.000,00. Solicitó se rechace la demanda por no advertir, dijo, los motivos por los cuales correspondía atribuirle responsabilidad del Dr. Z. en el fallecimiento de V. En subsidio impugnó los rubros indemnizatorios pretendidos por los actores (fs. 144/151). f) La jueza de grado en la sentencia de fs. 344/354 admitió la demanda y condenó solidariamente a J. C. Z. y a la Clínica Regional S.R.L. a abonarle a la Sra. N. I. B. la suma de $ 1.106.111,96 (daño moral $ 120.000,00 y daño patrimonial $ 986.111,96), admitió el daño moral para C. J. V. por la suma de $ 90.000,00 y también para N. D. V. la suma de $ 90.000,00, en todos los casos con más los intereses fijados en el considerando, con costas a la codemandadas vencidas. Hizo extensiva la condena, concurrentemente con sus respectivos asegurados, a “Seguros Médicos S.A.” y a “Noble S.A. Aseguradora de Responsabilidad Profesional” hasta el límite de la cobertura pactada. Básicamente la jueza de grado endilgó el 100% de responsabilidad civil a los dos codemandados en virtud de lo dispuesto por el art. 1102 del Código Civil, N.por la cual la sentencia penal condenatoria hace cosa juzgada en sede civil en todo lo referente a la autoría del hecho y a la culpa del condenado, quedándole vedado al juez civil decidir que el condenado penalmente no fue el autor del hecho o que no tuvo culpa en el evento dañoso. Apelaron las dos partes codemandadas y sus respectivas compañías de seguros, apelaciones que trataré en forma conjunta en virtud que la críticas efectuadas a la sentencia recurrida coinciden en lo sustancial.

II) Los Recursos:

1. La responsabilidad civil. Su atribución:

1.a. Apeló el demandado J. C. Z. (fs. 355), quien expresó agravios a fs. 382/384, los que fueron contestados por la actora a fs. 388/392 y por la Clínica Regional S.R.L. a fs. 402.

Agravio 1°: se queja porque la jueza le achacó al médico de guardia, Dr. Z., el 100% de culpa en el fallecimiento del Sr. V. Concretamente dice a modo de crítica concreta, que el error en que incurrió el a quo consi stió en no analizar la pericia médica practicada en este proceso y a cargo de una perito médico cardióloga, dictamen pericial que se glosó a fs. 301. Refiere que la perito actuante en su dictamen afirmó que el cuadro padecido por el Sr. V. “tiene una alta mortalidad”, y entiende el recurrente que aún en el supuesto que al Sr. V. “se le hubiera dado la mejor atención del mundo”, no obstante ello, lo más probable era el fatal desenlace como ocurrió. Reitera que la jueza de grado para achacar el 100% de responsabilidad al médico de guardia “no tuvo en cuenta que el cuadro padecido por el Sr. V.es de una alta mortalidad” y que el paciente tenía escasas probabilidades de supervivencia, pudiendo existir diversas causas que lo llevaron a tener que soportar la patología cardiológica que le ocasionó la muerte al sufrir un infarto, afirmando que estamos ante un desenlace el fallecimiento por causa de un infarto que obedece a una multiplicidad de causas, pero dice que la causa más importante no fue la deficiente atención en la sala de guardia, sino la gravedad del cuadro. Dice que si bien existe una sentencia penal condenatoria en su contra por haberse considerado que existió de parte del médico de guardia un deficiente atención al Sr. V., reitera y afirma que “lo real y cierto es que el fatal desenlace no es exclusivamente atribuible.” al Dr. Z.; la mala atención que le proporcionó este último no fue la causa principal del fallecimiento, constituyendo un error considerar como única causa de la muerte la mala praxis, cuando claramente en el caso no fue la causa principal, reiterando que la principal causa es la “alta mortalidad del cuadro del paciente”. En base a ello solicita el recurrente se reduzca su responsabilidad a sus justos términos teniendo en cuenta que la causa principal del deceso del Sr. V. no ha sido la mala praxis, sino el cuadro con el que ingresó a la clínica.

1.b. Apeló Seguros Médicos S.A. (fs. 371) (compañía aseguradora del Dr. Z.), quien expresó agravios a fs. 440/442, los que fueron contestados por la actora a fs. 450/453 y por Clínica Regional S.R.L. a fs. 464.

Agravio 1°: se queja porque el fallo recurrido, parte del presupuesto de un error que pone en cabeza del profesional asegurado (Dr. Z.) y en la Clínica Regional S.R.L., ignorando por completo a la patología que portaba el paciente; que al asegurado Dr. Z. se lo hace responsable civilmente por no haber realizado los controles adecuados al riesgo del paciente, pero afirma que ello no es correcto “por cuanto el.” Dr. Z.”. indicó se le realizaran al paciente los adecuados controles posibles según las condiciones y posibilidades que existían en el lugar; que, en la medida que de los estudios que no surgieran parámetros de riesgo aumentados.”, el Dr. Z. “. indicó el tratamiento que correspondía frente a un caso abstruso”. Se agravia porque la jueza de grado dispuso una indemnización, “. sin considerar que el riesgo derivado de la patología del paciente, convertía al reclamo en una pérdida de chance de sobrevida, por cuanto tal patología ha sido una causa concurrente con el resultado”. También se agravia porque el a quo ha considerado la conducta del Dr. Z. como reprochable, no obstante las limitaciones y dificultades operativas existentes en el medio en que actuó, de acuerdo a los stándares de la unidad de guardia.

1.c. Apeló la aseguradora citada en garantía “Noble Compañía de Seguros S.A.” (fs. 369), quien expresó agravios a fs. 411/417, los que fueron contestados por la actora a fs. 419/424 y por Clínica Regional a fs. 434.

Agravio 1°: se agravia porque la jueza de grado omitió considerar la pericia médica realizada en estos autos. Refiere que el a quo fundó su sentencia en las constancias obrantes en el expediente penal, sin percatarse que en la pericia médica de fs. 301, a cargo de una médica especialista en cardiología, con total claridad se informó sobre la total ausencia de responsabilidad por parte del Dr. Z. y de la Clínica Regional SRL. Si bien las conclusiones del médico forense brindadas en el expediente penal, contradicen el informe del perito oficial actuante en estos autos, se queja porque el a quo, en un esfuerzo para favorecer a la parte actora, “fuerza la prueba para adherir a aquella que encuentra en quien imputar el lamentable fallecimiento del Sr.V.”. Refiere que de la pericia oficial se desprende con toda claridad que es el propio cuadro del paciente el que determinó el inevitable desenlace, a pesar de haberse dispensado el tratamiento correcto; y el dictamen forense, en abierta contradicción con la pericia producida en autos, achaca el resultado fatal a una omisión de diagnóstico del cuadro coronario padecido por el occiso; en cambio el dictamen pericial de autos establece la inexistencia de culpa del obrar médico, sin establecer una relación de causalidad entre dicho obrar y la muerte del Sr. V. Dice que el a quo no brindó los fundamentos por los que se apartó y/o no tuvo en cuenta la pericia practicada en este proceso, lo que constituye una clara arbitrariedad.

1.d. Apeló la Clínica Regional S.R.L. (fs. 373), quien expresó agravios a fs. 470/474, los que fueron contestados por la actora a fs. 476/480.

Agravio 1°: se agravia porque al médico de guardia se le atribuyó el 100% de responsabilidad. Se queja porque la jueza de grado injustificadamente ignoró la pericia médica practicada en autos y glosada a fs. 301. Dice que en el referido dictamen la perito actuante determinó de manera clara y contundente la inexistencia de culpa del profesional actuante (Dr. Z.). También afirma que en la sentencia en crisis no se ha valorado adecuadamente el carácter y la naturaleza jurídica de la obligación asumida por el médico de guardia y las implicancias que ello posee en la evaluación de la conducta del galeno y en la definitiva determinación de la medida de su responsabilidad. Dice que la obligación del médico es una obligación de medios y que, como consecuencia de ello, en principio, incumbe a la parte actora la carga de demostrar la culpa o negligencia del médico.Según su criterio, la jueza omitió cumplir con su deber de colocarse en la situación de las partes en el lugar y tiempo en que el médico actuó y preguntarse si éste lo hizo por uno de los caminos posibles, si fue aceptable la conducta médica en el marco de las circunstancias que rodeaban al caso en esa oportunidad concreta. Refiere también que el a quo omitió tener en cuenta que para que exista la obligación de reparar un daño efectivamente comprobado, es imprescindible que entre la actividad desarrollada y el daño producido, exista una real y eficiente relación de causalidad adecuada. En tal sentido destaca que la sentenciante no evaluó convenientemente la verdadera trascendencia que tuvo en el lamentable desenlace, el cuadro que presentaba el paciente, “que determinaba que aún siendo destinatario de la más completa y calificada asistencia, muy probablemente el paciente igualmente habría fallecido” (ver fs. 471). Afirma la recurrente que, en el caso, el indeseado final “. ha sido consecuencia de una conjunción de causas, entre las que la atención profesional que recibiera el paciente, ciertamente no fue la adecuada para producirlo, en orden al curso ordinario de los acontecimientos; afirma que el juicio de probabilidad determina, en este caso, que el efecto dañoso no es el que debía resultar N.lmente de la acción del galeno según el orden natural y ordinario de las cosas”. En definitiva dice que corresponde concluir inequívocamente que el deceso de V. no resulta imputable al accionar del médico Z. y, en el hipotético caso en que pudiera entenderse que el proceder del galeno ha asumido al respecto la condición de concausa, solicita que su responsabilidad y la de la clínica, se establezca en su justa medida, de acuerdo a la incidencia que pudiera haber tenido en el fatal desenlace.

2. Parece conveniente comenzar con el análisis en parte de la prueba médica que se produjo en el expediente penal.El médico forense, doctor Juan Carlos Toulouse, que fue quien realizó la autopsia de la víctima, elaboró un informe que obra agregado a fs. 123/146 (c.p.). Del mismo surge, entre otras cosas, lo siguiente: 1) la causal de muerte del señor V. fue un infarto agudo de miocardio derecho, cara diafragmática; 2) respecto de las N.s a seguir ante un dolor agudo abdominal superior se debe pensar en un afección cardíaca, por lo que la primera patología a descartar es la coronaria, por lo tanto se hace necesario un electrocardiograma durante la crisis del dolor, análisis de laboratorio para descartar un infarto agudo y consultar a un cardiólogo. Se debe realizar un estudio clínico adecuado a la sospecha, ya que el corazón tiene prioridad en este tipo de sintomatología. Descartada la afección cardíaca entonces sí se puede pensar en un trastorno gastrointestinal; 3) erróneamente se interpretó el cuadro clínico del señor V.como gastrointestinal y por lo tanto se actuó en consecuencia, no tomando los recaudos que la bibliografía médica indica se deben tomar; 4) la administración de Taural y las inyecciones suministradas no tuvieron por sí incidencia alguna en el cuadro final que desencadenó el señor V.; 5) “Si se hubiera diagnosticado correctamente la afección cardíaca y se hubiera actuado en consecuencia, probablemente la evolución del paciente hubiera sido diferente, pero la gravedad del cuadro cardíaco isquémico no habilita a decir que se pudo evitar la muerte, ya que la evolución posterior al tratamiento correcto instaurado habría determinado las posibilidades de vida”; 6) el profesional actuante brindó la atención necesaria a partir de una interpretación errónea del cuadro clínico y en ningún momento se planteó los diferentes diagnósticos diferenciales de la sintomatología presentada, no consideró la patología cardíaca como desencadenante del cuadro pese a que algunos parámetros debieron llamar la atención (fundamentalmente el cuadro vaso vagal descripto p or los familiares). En la historia clínica solo consta la interpretación errónea del diagnóstico y la acción médica en consecuencia.

En la sentencia penal confirmatoria y dictada por el Tribunal de Impugnación Penal se señaló, entre otras cosas, “. que J. C. Z.recibió en dos oportunidades como médico de guardia de la Clínica Regional al paciente José Adam V., por primera vez a las 23:00 horas y en una segunda oportunidad a las 04:00 horas aproximadamente, refiriendo el paciente en ambos momentos padecer agudos dolores abdominales, siendo tratado por el profesional con medicación específica para atacar un problema gastrointestinal, sin efectuar estudios acordes que la buena práctica aconseja a fin de establecer con precisión la sintomatología que presentaba el paciente y proceder en consecuencia”. El Tribunal de Impugnación Penal, al confirmar la sentencia dictada por la Cámara en lo Criminal N° UNO, entendió relevante destacar algunas afirmaciones de dicho cuerpo colegiado respecto de algunos medios probatorios, por ejemplo, la pericia realizada por el médico forense Dr. Juan Carlos Toulouse quien en su informe “. fue muy claro y preciso en el sentido de que si se da un caso de dolor agudo abdominal y vómitos, es dable pensar la existencia de un cuadro intestinal agudo, pero para dar un diagnóstico definitivo, es esencial descartar otras patologías, como esencial debe descartarse lo cardíaco, mediante la realización de un ECG y enzimas cardíacas por medio de un análisis de laboratorio (.) Por su parte el Dr. Juan Pablo Anconetani (Médico Terapista de la Clínica Regional), manifiesta que el dolor abdominal con el que el paciente ingresó a las 23:00 horas y luego a las 04:00 horas de la mañana, pudo haberse debido a un problema cardíaco y no a un problema gástrico, ya que un problema coronario puede manifestarse de distintas maneras y con diferentes dolores”. “Es indudable que existió un hecho claro y puntual, cual fue que el señor V. al concurrir a la Clínica Regional a consecuencia de su dolor abdominal y siendo atendido en la oportunidad por el imputado Z., fue medicado por este último con un medicamento para la gastritis, sin realizarse los correspondientes estudios para eliminar la posibilidad de un infarto, ya que aquellos dolores, pueden ser producidos por un problema cardíaco.Esta omisión por parte del Dr. Z., sin lugar a ningún tipo de dudas, trajo como consecuencia el infarto que se le produjo con posterioridad y el fallecimiento del señor José Adam V.”. “La circunstancia de la omisión por parte del imputado de efectuarle un ECG al Sr. V. y a consecuencia de ello, su posterior desenlace fatal, ha quedado plenamente acreditado, no sólo con lo expresado claramente por el señor Médico Forense y el Dr. Anconetani, sino también por la doctrina volcada al respecto por el Tribunal de Juicio, de las que surge claramente que una de las funciones esenciales que debe cumplir el “Médico de Guardia”, de conocer la totalidad de las dolencias del paciente y de tomar y de derivar al mismo, en forma rápida y eficaz”. Se agregó: “. En el caso subexamen, la actitud del Dr. Z., no sólo en la primera oportunidad en que concurre el Sr. V. a la Guardia, sino con posterioridad en la segunda oportunidad, de medicarlo por un problema de gastritis, sin tomar las medidas que la urgencia aconsejaba, como ser efectuar él mismo un ECG (dando por sentado que como profesional médico debía estar en conocimiento que un dolor abdominal puede deberse a un problema cardíaco), está demostrando una impericia médica en relación a las funciones que debe cumplir un médico de guardia, actuando imprudentemente al no realizar el estudio aludido supra. Trayendo como consecuencia de ello, un daño posterior a la víctima, en este caso de consecuencias fatales.” (ver sentencia penal, fs. 465/469).

3. El tema introducido por el médico y clínica recurrente, como las dos compañías de seguros, nos introduce en el análisis del nexo causal.

Uno de los temas más complejos de la responsabilidad civil consiste en la determinación del nexo causal existente entre la actuación del médico y el resultado dañoso.Los peritos señalan, por lo general, que los resultados dañosos tienen múltiples causas y es preciso comprender que para la ciencia médica no será una causa la que produzca el resultado sino un conjunto de ellas que en grado diverso aportarán para la conformación del resultado final, y obviamente, la comisión u omisión del médico puede ser una de ellas pero no hay exactitud sobre este punto y es dentro de ese ámbito, muchas veces complejo y ambiguo, en que el juez debe evaluar hasta donde debe hacerse responsable a una persona por sus actos (ver Lorenzetti, Ricardo Luis: “Responsabilidad Civil de los Médicos”, Tomo II, ps. 199, 207, y 208; 2° edición ampliada y actualizada. Código Civil y Comercial de la Nación; edit. Rubinzal Culzoni año 2016).

Presenta especial interés la concausalidad, en particular debido a la contribución causal del paciente, en orden a su estado de salud preexistente antes del acto médico. “La concausa es una causa que interfiere o actúa independientemente de la condición puesta por el agente a quien se atribuye el daño. Se trata de una pluralidad de hechos causales independientes entre sí, y que puede ser preexistente: por ejemplo: una enfermedad previa a la mala praxis” (ver Ossola Federico A. en “Derecho Civil y Comercial, Julio César Rivera Graciela Medina (directores). Responsabilidad Civil”, ps. 346 y 88; edit. Abeledo Perrot año 2017).

En el caso el médico de guardia incurrió en un error de diagnóstico, lo que impidió que V. recibiera la medicación adecuada e indicada a la patología cardíaca que presentaba. Por la misma razón al paciente no se le realizaron los análisis ni los estudios y prácticas médicas que correspondían en la emergencia, que de haberse hecho, eventualmente o probablemente se podría haber evitado el infarto.Sin perjuicio de ello, es cierto que la patología cardíaca que presentaba la víctima era grave y que dicha gravedad en varios aspectos era independiente y ajena al actuar del médico.

Corresponde tener presente y reiterando lo ya expuesto, que el médico forense doctor Juan Carlos Toulouse, que realizó la autopsia de la víctima, en su informe que obra agregado a fs. 123/146 de la causa penal, entre otras cosas, senaló que:”Si se hubiera diagnosticado correctamente la afección cardíaca y se hubiera actuado en consecuencia, probablemente la evolución del paciente hubiera sido diferente, pero la gravedad del cuadro cardíaco isquémico no habilita a decir que se pudo evitar la muerte, ya que la evolución posterior al tratamiento correcto instaurado habría determinado las posibilidades de vida” (sic fs. 414 vta. de la sentencia penal) (el remarcado en negrita me pertenece).

A fs. 301 la perito cardióloga, Dra. Schechtmann, informó lo siguiente: 1) el motivo de consulta fue el dolor abdominal en hipocondrio derecho y epigastrio; 2) el paciente fue internado en guardia luego de un segunda consulta por haberse empeorado el cuadro de dolor al cual se le agregaron vómitos. Durante su permanencia en guardia se le solicitó realizar radiografía de tórax, laboratorio y ecografía abdominal según consta en la historia clínica; 3) el paciente fue internado en Unidad de Terapia Intensiva al presentar signos de descompensación hemodinámica; 4) la perito entiende que la atención brindada al Sr. V. en la Unidad de Cuidados Intensivos fue adecuada. Se le realizaron maniobras de reanimación cardio pulmonar avanzada con asistencia ventilatoria mecánica e infusión de drogas inotrópicas acordes al cuadro de shock y paro cardiorespiratorio que presentó el paciente y produjo la muerte (debido a la alta mortalidad que presenta este cuadro a pesar de la práctica de un tratamiento correcto). Se advierte fácilmente que la perito ninguna referencia hizo respecto del actuar del médico de guardia. Si bien señaló que mientras estuvo internado en la guardia el Dr. Z.solicitó que se realice radiografía de tórax, laboratorio y ecografía abdominal según consta en la historia clínica, ninguna referencia hizo que el galeno de guardia haya indicado que dichas prácticas debían hacerse de emergencia y no esperar a la horas de la mañana del domingo y/o del lunes posterior. La perito actuante en autos tampoco mencionó el hecho que Z. omitió ordenar que al Sr. V. se le hiciese de urgencia algo tan elemental de acuerdo a la sintomatología que presentaba un electrocardiograma. En definitiva la perito actuante en autos se limitó a señalar que el tratamiento y medicación que se proporcionó en la Unidad de Cuidados Intensivos fue adecuado (el que estuvo a cargo del terapista Dr. Anconetani). Pero sobre lo que nada se dice, y la experta no tiene por qué saberlo, es que según se expresó en la sentencia penal, Z. trasladó en sillas de ruedas al paciente en un mal estado de salud a las 7:00 hs aproximadamente hasta la Sala de Cuidados Intensivos y lo colocó en una cama, afirmando el propio Z. que a partir de allí se hizo cargo del paciente el médico Terapista Dr. Anconetani. Sucede que este médico terapista dijo que se hizo presente en la Clínica Regional recién a las 8:00 hs, momento que entraba de turno en la terapia, según lo declarado por el propio médico en su declaración testimonial brindada en sede penal. Si los horarios referidos fueren correctos, cabe preguntarse quién se hizo cargo del paciente en grave estado de salud entre las 7:00 hs y las 8:00 hs. La actora nada probó al respecto, y se trata de una cuestión no articulada por las partes en conflicto.

Ciertamente la perito médico cardióloga a fs. 301, refirió que la patología cardíaca que presentaba el Sr. V.era de “alta mortalidad”, aspecto que de algún modo también destacó el médico forense que realizó la autopsia y presentó el informe ya referido en sede penal cuando expresó que “. la gravedad del cuadro cardíaco isquémico no habilita a decir que se pudo evitar la m uerte.”.

Volviendo al tema de la concausalidad, se ha dicho que: “En la responsabilidad médica es muy importante la discriminación de lo que produce el actuar del médico y lo que causa la enfermedad a fin de determinar la autoría causal “. “El paciente llega enfermo y su enfermedad tiene su propio curso causal; llega dañado y puede empeorar si la enfermedad continúa, o curarse. Hay un curso causal determinado por la enfermedad”. “El médico se obliga a prestar los medios tendientes a la curación”. “Lo que se debe analizar en el plano de la causalidad es este “plus causal” que agrega el médico al acontecer de la enfermedad”, y dentro de esa perspectiva podemos encontrarnos con distintas circunstancias. A saber: “1) El médico puede desarrollar correctamente su prestación y el enfermo puede curarse: no hay incumplimiento; 2) Puede realizar correctamente su prestación y el enfermo agravarse, ya que la enfermedad no es curable. En este caso el galeno también cumple correctamente puesto que no obliga a curar. Hay daño en el sentido de que el paciente sufre, pero es causado por la enfermedad y no por el médico; 3) El médico puede desarrollar una prestación culposa y agravar la enfermedad. En este caso es responsable por lo que su obrar causa al paciente y no por el que causa la enfermedad. Si el paciente se hubiere curado con una buena prestación médica, el galeno responde por todo el daño; si en cambio no se hubiere curado, pero habría mejorado o curado parcialmente, el médico responde por este plus de mejora parcial que no se logró; 4) El médico puede no desarrollar ninguna prestación, debiendo hacerlo.En este caso no causó directamente ningún daño, ya que no hay un obrar comisivo sino una abstención. Esta omisión resulta dañosa porque priva al paciente de la chance de la curación” (conf. Lorenzetti, ob. cit., Tomo II, p. 215).

La concausa alude al supuesto de acumulación causal entre dos hechos para producir un resultado. Existe un factor que es el obrar médico, que puede ser causa exclusiva o no del daño. Por ello, los factores extraños pueden construirse en una concausa excluyente o coadyuvante. “Éste es el caso en que concurren la enfermedad y el obrar medical para la causación dañosa en el paciente.” (conf. Lorenzetti, ob. cit., Tomo II, p. 216).

V. se trata de un paciente que se presentó en la Sala de Guardias encontrándose enfermo, y la prestación médica culposa de lo que no se discute prestada por el galeno Z. se entremezcla causalmente con la enfermedad en la producción dañosa. En el caso, como concurren la enfermedad del paciente y la acción del médico, hay un fenómeno de concausalidad en la producción del resultado dañoso final. Frente a esa concausalidad y “. como el análisis no puede dejarse librado a la intuición, se hace necesario reconocer la necesidad de fijar algunos espacios lógicos y probatorios a fin de darles objetividad. Debe despejarse el razonamiento mediante preguntas pertinentes: ¿Puede N.lmente el hecho producir ese resultado? ¿Lo produjo en otros casos?. En virtud de ello se establecerá el poder causal de la acción medical y de la acción de la enfermedad, por sí mismas. Para ello puede recurrirse a datos estadísticos y del caso. El segundo paso es definir cómo influyeron cada una de las concausas. Si se determina en el paso anterior que la acción del médico, por sí misma, es idónea para producir el daño que evaluamos (por ej.incapacidad absoluta), no es necesario el segundo paso puesto que, por más que la concausa enfermedad hubiera iniciado el daño, éste igual se hubiera producido”. “Si, por el contrario, la enfermedad N.lmente produce una incapacidad parcial, por ejemplo del 50%, y estamos ante un daño de una minusvalía del 100%, habrá una incidencia del 50% de la acción medical” (conf. Lorenzetti, ob. cit., Tomo II, ps. 217 y 218).

En cuanto a la autopsia realizada, el doctor Toulouse informó que el corazón fue enviado a patología, y al hacerse “. el examen histológico se observó área de infarto con formación quística necrótica en cara diafragmática de ventrículo derecho, área de fibrosis en vértice que se correspondería a infarto antiguo y área hemorrágica en cara interna de ventrículo izquierdo casi septal correspondiente a infarto incipiente de miocardio” (ver sentencia penal, fs. 415 de la c.p.). Es decir, del examen histológico del corazón surge que V. en tiempo anterior habría sufrido un infarto que afectó la cara diafragmática del ventrículo derecho, y probablemente nunca lo supo si estamos a los dichos de su esposa. Interesa destacar algunas partes del “comentario médico legal” que el médico forense efectuó en su informe sobre los resultados de la autopsia. Destacó que “. de acuerdo a lo observado en autopsia y en documentación anexa, el hombre falleció por infarto agudo de miocardio ventrículo, cara diafragmática con edema y hemorragia pulmonar.”. “. El infarto de miocardio, es la muerte celular de las miofribrillas causada por falta de aporte sanguíneo a una zona del corazón que es consecuencia de la oclusión aguda y total de la arteria que irriga dicho territorio. También puede suceder cuando existe una obstrucción significativa de una arteria coronaria por un placa de ateroma y los cambios de tono N.les de la arteria pueden ocluirla completamente, con o sin ruptura de placa.La isquemia aguda y total o casi total, comienza a producir áreas de necrosis en el subendocardio dentro de la primera hora posterior a la falta de sangre en la región. Después de las 3 primeras horas posteriores a la oclusión coronaria, comienzan a aparecer extensiones de la necrosis hacia el tercio medio de la pared en la región isquémica. La necrosis transmural de toda el área isquémica se logra ver al tercer día posterior de la oclusión coronaria.”; “. En cuanto al cuadro clínico y diagnóstico, el síntoma característico es el dolor retroesternal en el 85% de los casos, opresivo, intenso.”. “Habitualmente dura más de 30 minutos, puede prolongarse por varias horas.”; “En el 15% de los casos el infarto miocárdico ocurre sin que el paciente sufra dolor (.) y en estos casos el infarto puede manifestarse por signos de gasto cardíaco.; por insuficiencia cardíaca (edema pulmonar) o por muerte súbita.” (ver sentencia penal, fs. 415vta./416 de la causa penal).

En el caso del Sr. V. la sintomatología comenzó con un fuerte dolor abdominal y ello ocurrió cuando se encontraba trabajando el servicio de catering. Conforme a la literatura médica que expuso el médico forense en su informe de autopsia, lo más probable es que V. y esto se señala como meramente hipotético, por el fuerte dolor que sentía, haya sufrido al inicio una importante oclusión aguda, total o parcial, impidiendo la correcta irrigación del corazón en la zona que se trate; o bien también pudo ser posible que haya sufrido una obstrucción significativa de una arteria coronaria por un placa de ateroma; etc.

Lo que quiero señalar es que el médico de guardia fue ajeno a aquella oclusión y/o obstrucción coronaria y V. se presenta en la guardia cuando ya su patología cardíaca se encontraba evolucionando. Está probado que el médico Z.actuó, a partir de un error de diagnóstico injustificable, con total impericia y negligencia (con culpa). Si bien se trataba de una patología que reconoce una alta mortalidad, según la perito médico actuante en autos, cuando las mismas son diagnosticadas de inmediato y el paciente es atendido y medicado correctamente, y en tiempo oportuno, la probabilidad de sobrevida del enfermo era factible, según lo explicado por el médico forense Toulouse. Según una encuesta nacional realizada en el año 2.016, por la Federación Argentina de Cardiología (FAC) y la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), la mortalidad intrahospitalaria de pacientes con infarto agudo de miocardio (IAM) es del 8,8% aproximadamente, y el reconocimiento precoz de la patología permitiría adoptar estrategias para reducir la mortalidad (http://www.fac.org.ar/2/revista/17v46n1/originales/01/argeniamst.php).

Si bien el cuadro que presentaba V. era grave de por sí, en mi opinión y conforme las pruebas producidas, a mi juicio, de haber recibido una atención adecuada y oportuna conforme a la patología cardíaca que presentaba, se hubiera permitido probablemente un 90% de chance de sobrevida a la víctima. Conforme a ello, y receptando parcialmente los agravios de los apelantes, corresponde afirmar y tener por acreditado que al fallecimiento del Sr. V. concurrieron dos causas independientes entre sí: en un 10% la enfermedad preexistente de la víctima y en el 90% restante la mala praxis en que incurrió el médico de guardia a partir de un error de diagnóstico injustificable.

Conforme a la contribución causal referida cabe asignar al médico J. C. Z. y a la Clínica Regional S.R.L. el 90% de responsabilidad civil en el fallecimiento del Sr. V., y en esa medida deben responder por los daños causados a los actores.

4. El lucro cesante y daño moral:

La cónyuge supérstite I. N. B.en la demanda dijo que su marido era la única persona que aportaba con los ingresos generados con su trabajo a todas las necesidades del hogar; que había trabajado durante 21 años en la planta de gas envasado de la firma Finarvis SRL; que un año antes de su fallecimiento renunció a dicho trabajo, continuando con la actividad del servicio de catering. Dijo también que su marido había comenzado a trabajar en una empresa de vigilancia privada (Search O.S.S.A) haciendo algunas suplencias, empresa en la cual ya había realizado el examen preocupacional. Refirió que el día 20/4/2009 de la mencionada empresa llamaron al celular de su marido para comunicarle que a partir del 1 de mayo de 2009 debía presentarse a trabajar, oportunidad en que les comunicó que su esposo había fallecido.

La demanda fue interpuesta el día 27/11/2013 (fs. 44), resultando evidente que la actora esperó que se expida la Cámara en lo Criminal N° UNO, tribunal que dictó sentencia penal c ondenatoria el día 27/8/2013.

En virtud del tiempo transcurrido entre el fallecimiento (ocurrido el día 19/4/2009) a los efectos de estimar el daño patrimonial lucro cesante sufrido por la muerte de su esposo y para amortiguar los efectos nocivos de la inflación se supone, tomó como ingreso mensual la suma de $ 3.300,00 que era el Sueldo Mínimo Vital y Móvil vigente al 1 de agosto de 2013 y aplicó el cálculo actuarial considerando que el Sr. V. contaba con 49 años de edad al fallecer, y ponderando una vida laboralmente activa hasta los 75 años de edad (26 períodos), que se trataba de un empleado en relación de dependencia (13 meses) y una tasa de interés pura del 6% anual. De esta manera determinó la suma de $ 671.831,16. Luego procedió a restarle el 20%, porcentaje que estimó que el Sr. V.destinaría para sus gastos personales, por lo que reclamó la suma de $ 537.464,92, con más intereses hasta la fecha de su efectivo pago, monto estimado a la fecha del fallecimiento. En concepto de daño moral reclamo $ 120.000,00, monto estimado a la fecha del hecho dañoso.

Por su parte los hijos Cristian José y N. D. V. (ambos mayores de edad) en concepto de daño moral cada uno reclamó la suma de $ 90.000,00, montos estimados a la fecha del hecho dañoso (ver demanda fs. 40/43). La jueza de grado en la sentencia recurrida (fs. 344/354) tuvo por probado que el Sr. V. con su trabajo atendía las necesidades del hogar, lo que quedó corroborado por los testigos que declararon a fs. 267 a 375 de autos; que por imperio de los arts. 1084 y 1085 del Código Civil se establece la obligación de pagar al cónyuge todos los gastos para su subsistencia; el a quo entendió que el monto reclamando en la demanda resultaba prudente, “. en tanto toma como base para el cálculo actuarial la suma que establezca en concepto de salario mínimo vital y móvil. También entiendo correcta la disminución de tal importe en un 20% para solventar necesidades personales del fallecido.”. Resaltó que V. al momento de su fallecimiento contaba con 49 años de edad, correspondiendo estimarse una sobrevida de 21 años (lo dicho significa que la sentenciante estimó una vida laboralmente activa hasta los 70 años). Después tuvo por acreditado que la víctima realizaba tareas de mozo y que con ellas atendía las necesidades del hogar, donde también residía uno de sus hijos. Agregó que “. Conforme el criterio sentado por esta Cámara de Apelaciones (Exptes.2427/03, 4886/12 entre otros), habré hacer lugar a la petición de que se realice el cálculo actuarial tomando como base el salario mínimo vital y móvil vigente en la actualidad (la sentencia fue dictada el 11/04/2017) ($ 8.060,00), atento que resulta de público conocimiento el proceso inflacionario que afecta el país, por lo que de tomarse el salario vigente al momento del hecho, se produciría un desmedro patrimonial injustificado hacia la actora” (fs. 353). “Consecuentemente y, teniendo en cuenta el resultado del cálculo actuarial (que arroja la suma de $ 1.232.639,95 expresado en su 100%) y la disminución del 20% que estima la actora, entiendo que el rubro debe prosperar por la suma de (.) ($ 986.111,96), suma a la que se deberá adicionar interes (.) desde el momento en que la presente sentencia quede firme y hasta el momento de su efectivo pago.”. Es decir, aplicó el cálculo actuarial pero no tomó los reales o probables ingresos de la víctima a la fecha de su deceso y/o el SMVM vigente a esa fecha y sin que nadie se lo solicitara aquél cálculo lo hizo considerando el SMVM vigente a la fecha del dictado de la sentencia. Otra particularidad que presenta dicho pronunciamiento es que el a quo dispuso que los intereses sobre la suma de $ 986.111,96 recién debían comenzar a computarse cuando la sentencia quede firme cosa que al día de la fecha no ocurrió. En lo referente al daño moral admitió los montos pretendidos por los actores, esto es, $ 120.000,00 para la viuda y $ 90.000,00 para cada uno de los hijos, montos expresados a la fecha del fallecimiento, fecha a partir del cual correspondía computar los intereses de la tasa promedio mixta.

4.a. Apeló el demandado J. C. Z. (fs. 355). Se agravia (2° agravio) porque admitió el rubro lucro cesante en la suma de $ 986.111,96.Se queja porque el a quo tomó el SMVM a la fecha de la sentencia, y no el vigente a la época del fallecimiento. Además, porque tomó el SMVM a la fecha de sentencia, pero aplicó la fórmula del cálculo actuarial desde la fecha del fallecimiento, explicando los fundamentos por los cuales, según su criterio, no corresponde. Pide se reduzca el monto admitido a sus justos términos y se tome el SMVM vigente a la fecha del deceso, y a partir de allí se realice el cálculo actuarial practicado por el a quo. También se agravia (3° agravio) porque la jueza sólo descontó el 20% como destinado a gastos personales del fallecido. Pide se amplíe ese porcentaje.

4.b. Apeló Seguros Médicos S.A. (fs. 371) (compañía aseguradora del Dr. Z.). Se agravia (2° agravio) por los valores indemnizatorios admitidos por el a quo. Además del monto por el cual fue admitido el daño moral, particularmente se agravia porque se haya tomado el SMVM vigente a la fecha del dictado de la sentencia y a su vez haya aplicado una tasa de interés que, sabido es, ya contienen la inflación habida, por lo cual aplicadas a un valor actualizado que también contiene la inflación, es violatorio del derecho de propiedad; que en su caso, de aplicarse, correspondería aplicar una tasa de interés pura en razón que el capital ya se encuentra capitalizado. Pide se aplique la tasa de interés pura. En definitiva la aseguradora apelante sostiene que “. al haberse computado el factor inflación, implícito en el valor del SMVM calculado a la fecha de la sentencia, la tasa del interés de condena sólo debe tender a compensar la falta de utilización del capital y no a asegurar al acreedor contra la pérdida del valor, que ya ha sido compensado”. Dice que la tasa de interés pura no debe exceder del 6% anual (fs. 442).

4.c.Apeló la aseguradora citada en garantía “Noble Compañía de Seguros S.A.” (compañía aseguradora de Clínica Regional SRL) (fs. 369). Se agravia (2° agravio) (en subsidio) por los montos indemnizatorios admitidos por la jueza de grado, limitándose a calificarlos como excesivos, tanto el daño moral como el lucro cesante. Respecto de este último dice que no surge ni se explica en el decisorio recurrido de qué modo el a quo alcanzó la suma de $ 986.111,96, monto que califica como arbitrario, toda vez que la jueza no consideró qué ingresos tenía concretamente la parte actora ni explica cómo arriba a esa importante suma. Pide se revoque el rubro. También se agravia (3° agravio) por lo manifestado por el a quo en lo relativo a la aplicación de los intereses, como así también en cuanto a partir de cuándo se computan los mismos. También se agravia porque en la sentencia al momento de cuantificar el rubro lucro cesante la jueza tuvo en cuenta valores actuales y como consecuencia de ello no debe ser actualizado el capital indemnizatorio sino después de la fecha de la sentencia, agraviándose particularmente respecto de la fecha a partir de la cual el a quo considera que se deben computar los intereses moratorios. Dice que como se trata de un supuesto de responsabilidad contractual, los intereses moratorios comienzan a devengarse solamente con la constitución en mora del supuesto deudor, y ello ha acontecido a partir de la intención de la actora de ejercer su pretensión, esto es, reclamar por los hechos de autos y ello ha ocurrido recién cuando se notificó a la Clínica el traslado de la demanda, no correspondiendo que los intereses se computen desde la fecha del hecho, sino desde que la demandada quedó en mora (fecha de la notificación de la demanda y/o apertura de la mediación). Se agravia también porque el a quo mandó a pagar la tasa promedio mixta.Pide se aplique la tasa pasiva para operaciones de descuento del Banco de la Nación Argentina (ver fs. 417 vta.).

4.d. Apeló la Clínica Regional S.R.L. (fs. 373). Se agravia (2° agravio) por el monto en que fue admitido el rubro lucro cesante. Dice que en la sentencia recurrida se incurre en el error de ajustar dos veces la suma en la que fija el monto indemnizatorio respectivo, en tanto que para la realización del cálculo actuarial (que computa intereses por pago adelantado de una suma periódica) adopta como base el salario mínimo vital y móvil a la fecha del dictado de sentencia y la edad de la víctima al tiempo de su fallecimiento. Manifiesta que corresponde tomar el salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha del fallecimiento y practicar el cálculo actuarial que realizó la jueza, debiéndose aplicar los intereses a partir de la mora que, por tratarse de un supuesto de responsabilidad contractual, los accesorios deben ser computados desde la fecha en que fue notificada la demanda. Recuerda que en el caso los actores expresaron claramente en su demanda que la cantidad de la demanda lo era “al momento del hecho”, y el juez al cuantificar el rubro en el modo que lo hizo violentó el principio de congruencia, citando en apoyo lo resuelto por esta Cámara de Apelaciones en el Expte. N° 5797/16 r.C.A. En otro orden también cuestiona que la sentenciante haya considerado que V. hubiese destinado para sus gastos personales un exiguo 20%. Por los fundamentos que expone entiende que dicho porcentaje es mayor y así solicita se resuelva. También se agravia (3° agravio) por los montos admitidos en concepto de daño moral, solicitando que la indemnización por tal concepto sea reducida a sus justos límites. Todos los agravios serán tratados conjuntamente y en la medida que se lo estime necesario.

5.La actora al fundar su pretensión en concepto de lucro cesante en su demanda no solicitó ni insinuó que al momento de sentenciar se tenga en cuenta el salario mínimo vital y móvil vigente al momento de dictar sentencia. Debe tenerse presente que la demandante no men cionó los posibles reales ingresos de su marido al momento del fallecimiento y directamente pidió que se tenga en cuenta el salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha de interponer la demanda, estos es, la suma de $ 3.300,00. Como derivación del principio dispositivo el Juez tiene el deber de fundar toda sentencia definitiva, respetando siempre el principio de congruencia (art. 35 inciso 5º, Cód. Procesal), y ello se respeta cuando la sentencia contiene una decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en juicio (art. 155 inciso 6º, Cód. Procesal). Al momento de iniciar el proceso, la parte actora pretendió que se tomara en cuenta para el cálculo de la indemnización el SMVM a la fecha de la demanda, por lo tanto no puede sentenciarse aplicando el SMVM a la fecha de la resolución del expediente.

El testigo López (fs. 267) dijo que conocía a V. desde hacía mucho tiempo atrás, como repartidor de garrafa de gas y que durante los fines de semana trabajaba de mozo, afirmando que era el único sostén de su grupo familiar (2°, 3°, 4° y 5°); que cuando falleció su hijo N. era menor de edad (6°); que después del fallecimiento la esposa I. B. y su hijo menor N. tuvieron que salir a a trabajar (9° y 10°), que antes de morir, V. tenía las expectativas de comenzar a trabajar en una empresa de seguridad privada; que ya se había hecho el examen preocupacional y que le había dado todo bien (12°) (fs. 267).

La testigo Frías (fs. 270) dijo ser conocida de la familia de V.desde varios años atrás (2° y 3°). Dijo que su trabajo habitual y durante muchos años era la de repartidos de gas, y que también trabajaba de mozo en los fines de semana (4°), aunque en el último tiempo viajaba a Buenos Aires a comprar ropa para luego ser vendida en General Pico (1° repregunta); dijo que el único sostén del grupo familiar era V. (5°); que después de su fallecimiento la esposa e hijo menor estuvieron muy mal y se vieron en la necesidad de salir a trabajar (9° y 10°); que V. iba a comenzar a trabajar en un nuevo empleo, que ya había efectuado todos los estudios para entrar (12°) (fs. 270/271).

El testigo San Martín (fs. 274/275) dijo conocer a V. desde el año 2004 o 2005 (2° y 3°); dijo que V. trabajó para él en el servicio de comidas, pero que tenía otras actividades; que también trabajaba en una empresa de seguridad pero que en esos días no estaba trabajando porque a la empresa se le había vencido el contrato y se lo renovaban en otro lugar; que tenía que presentarse en el Supermercado la Anónima (como seguridad); que cuando no tenía fiestas en los fines de semanas, trabajaba en una cochera ubicada en calle 18 y 19, lo que sería una changa (4°). Respecto del percance de salud, para el testigo V. sufrió un infarto agudo. Según lo que contaron los compañeros de trabajo en la empresa de catering, V. se fue quedando violeta e ingreso a la clínica con un supuesto infarto. A la clínica lo trasladó un empleado de la empresa de catering. (8°). Dijo que después del fallecimiento de V., el hijo menor N.salió a buscar trabajo y entró a trabajar en la firma De León; Cristian, el hijo mayor, entró a trabajar en la policía; cree que la esposa se dedicó a hacer pollos rellenos o algo así, que no tenía certeza de ello (10°). Refirió que, según lo que le comentó unos de sus hijos, estaba por entrar a trabajar en La Anónima antes de fallecer (12°) (fs. 274/275).

A fs. 26/30 se adjuntó en fotocopias prueba documental que acredita que a fines de diciembre de 2008 el Sr. V. se sometió al examen médico preocupacional, con aspiración de comenzar a trabajar en forma permanente en la empresa de seguridad privada denominada Search O.S.S.A., de donde surge que se encontraba apto para desarrollar las tareas propias de la empresa.

6. El criterio prevaleciente en nuestra doctrina es asignarle naturaleza contractual al vínculo que une al médico con sus pacientes. Pero cuando el incumplimiento del contrato por parte del galeno implica un delito penal, el paciente o sus deudos pueden demandarlo reclamando la indemnización de daños y perjuicios con fundamento en las N.s que regulan la responsabilidad extracontractual que se configura con la violación del deber general legal de no dañar a otro, cuestión ajena a la existencia de un contrato, procurando la reparación integral de los daños sufridos (art. 1107, Cód. Civil). Si el paciente falleció, como ocurrió en el caso, su deudos pueden reclamar los daños que le causó la muerte del enfermo mediante el ejercicio de una acción “iure propio” y no “iure hereditatis”, acción de responsabilidad civil extracontractual, por ser los parientes del fallecido ajenos y extraños a la vinculación contractual médico paciente. El hecho dañoso fue la muerte del paciente y es a partir de ese momento en que la indemnización es debida. En el campo extracontractual la mora es automática, comenzando el curso de los intereses moratorios a partir de cada perjuicio sufrido por la víctima (ver Alterini Ameal López Cabana:”Curso de Obligaciones”, Tomo I, n° 366, p. 171; Tomo II, n° 1862, p. 491; n° 1849, p. 486 y n° 1108, p. 125; edit. Abeledo Perrot año 1977; Trigo Represas López Mesa: “Tratado de la Responsabilidad Civil”, Tomo II, ps. 307 y 309; edit. La Ley año 2005).

En el mismo sentido se sostiene que los intereses de la indemnización de daños y perjuicios derivados de una hecho ilícito, cumplen una función indemnizatoria, puesto que procuran asegurar al damnificado la reparación integral a que tiene derecho, evitándole el mayor perjuicio que pudiera significarle la demora en obtenerla. En el campo extracontractual la mora es automática, comenzando el curso de los intereses moratorios a partir de cada perjuicio sufrido por la víctima, o dicho de otra manera, desde el día en que se produce cada perjuicio objeto de reparación. Los intereses moratorios de los distintos rubros indemnizatorios, no necesariamente deben computarse desde que ocurrió el hecho ilícito, puesto que el padecimiento o surgimiento de ciertos daños patrimoniales que sufre la víctima pueden no coincidir con la fecha del hecho dañoso, circunstancia que debe ser valorada por el juez en cada caso en concreto y conforme a la naturaleza del daño sufrido (ver Cazeaux Pedro N. Trigo Represas Félix A.: “Derecho de las Obligaciones”, Tomo VI, ps. 343/344 n° 3236; 4° edición aumentada y actualizada; edit. La Ley 2010).” (Expte. N° 5006/12 r. C.A.). Debe tenerse en cuenta que la sentencia judicial que impone el pago de una indemnización en concepto de daños y perjuicios es meramente declarativa no es constitutiva, es decir, solo declara el derecho que lo funda, que es anterior al pronunciamiento, puesto que, por lo general el derecho a la indemnización surge en el mismo momento en que hecho ilícito provoca el daño.Por lo dicho se rechazan los agravios de los recurrentes que refieren que, en el caso, por tratarse de una responsabilidad contractual, los intereses moratorios deben comenzar a computarse desde la fecha de la interposición de la demanda y/o desde la notificación de la misma. 7. Para calcular el valor económico de la privación de asistencia económica que sufren personas amparadas por la presunción legal del art. 1084 del Cód. Civil, con relación a la estimación de aportes dinerarios, señala Zavala de G. que debe tenerse presente como indicadores orientativos: a. la actividad productiva que desempeñaba la víctima; b. los ingresos que percibía y c. la medida de su contribución a los allegados. El Máximo Tribunal Federal sostuvo que “Para establecer la cuantía del resarcimiento a la viuda e hijos del muerto art.1084, Cód. Civil si bien deben descartarse los criterios matemáticos, no pueden dejar de ponderarse los ingresos económicos de la víctima, pues la idea de “subsistencia” a que la N. se refiere debe asemejarse a todo lo que la ley supone que habría podido suministrarse como sostén y efectiva ayuda, lo cual, en definitiva, queda reservado a la adecuada y prudente apreciación judicial. Es menester computar las circunstancias particulares de cada caso (capacidad productiva, edad, profesión, ingresos, posición económica y social) todo lo cual debe ser apreciado mediante una compresión integral de los valores materiales y espirituales” (CSJN, 17/4/1997, in re: “Savarro de Caldara, Elsa I. y otros c/ Ferrocarriles Argentinos Buenos Aires, Fallos: 320:536); “La remuneración percibida por la víctima de una accidente en el que falleciera, constituye simplemente una pauta a los efectos de fijar el monto indemnizatorio de lo necesario para la subsistencia de su esposa e hijos, pero lo indemnizable no es la productividad de la víctima, ni todas las necesidades de subsistencia, sino el modo en que el extinto las satisfacía” (CCivCom, Mar del Plata, Sala II, 20/9/2005, LLBA, 2006238) (ver Z. de G., Matilde.”Tratado de daños a las personas. Perjuicios económicos por muerte”, Tomo 1, p. 226; edit. Astrea año 2008).

Refiere la autora mencionada que “El verdadero problema sobre la cuantía se suscita cuando falta todo indicador”. Por ejemplo, “entre otras múltiples hipótesis, si el extinto se encontraba desocupado.”. A falta de prueba concreta, se puede recurrir a una productividad media; es decir, fijar un salario presuntivo aproximado a los ingresos que obtiene la generalidad o el común de los trabajadores, que sea suficiente para vivir con discreción, descartando polos de probreza y de riqueza”. “A partir de tal parámetro, procede estimar el eventual aporte que habría “repartido” entre sus familiares, descontando siempre la porción para cubrir las necesidades personales y teniendo en cuenta que, con frecuencia, la contribución de cada cual se reduce cuanto mayor sea el número de personas a quienes se destinaba” (ver Z. de G., ob. cit., Tomo 1, p. 227).

“El daño presunto del cónyuge supérstite no puede alcanzar salvo demostración adversa la integridad de sus necesidades alimentarias, pues no cabe reputar que ha quedado, a raíz del homicidio, en estado absoluta carencia económica. La prudencia de los jueces en la fijación del monto de la indemnización, a la que alude el art. 1084, cumple aquí un papel esencial (conf. Z. de G., ob. cit., Vol. 1, p. 296).

En la mayoría de los casos, el daño material de la viuda no consiste sólo en mermas dinerarias, sino también en la privación de cooperación y ayuda por el fallecido, motivo por el cual los ingresos y la porción con que se beneficiaba la actora sólo pueden constituir pautas aproximadas para fijar una indemnización apropiada”; “. Jamás puede pretenderse que procedimientos matemáticos a partir de recursos del extinto y de probable continuidad de vida arriben a resultados exactos; los primariamente obtenidos deben ser adaptados a las circunstancias particulares del caso y de acuerdo a la prudencia judicial” (ver Z. de G., ob. cit., Tomo 1, p.298).

8. Si bien al momento de su fallecimiento el Sr. V. solo ejercía el oficio de “mozo” trabajando para un servicio de catering, fundamentalmente los fines de semanas, resulta evidente que conservaba su potencialidad productiva intacta, y lo más probable que accediera a trabajar a la empresa de servicios de seguridad privada y/o cualquier otro trabajo estable con jornada laboral completa, contando con esos ingresos principales, con más los que obtuviera trabajando como mozo prestando labores para el servicio de catering.

A la fecha de su fallecimiento (19/4/2009) el Salario Mínimo Vital y Móvil era de $ 1.240,00. El sueldo de un empleado de comercio vigente a partir del 1/4/2009 se fijó, por ejemplo, para las categorías: Auxiliar “C” en la suma de $ 1.438,71 y Administrativo “F” en la suma $ 1.483,62. Existiendo una altísima probabilidad de que la víctima hubiese accedido a cualquier empleo con dichos ingresos, a los que se le debe agregar un ingreso extra mensual (estimado) debido a su labor de mozo, fundamentalmente durante los fines de semana, a los efectos del cálculo actuarial practicado por la actora en su demanda, en el caso estimo razonable considerar un ingreso mensual de $ 1.600,00 a la fecha del fallecimiento, debiéndose tener presente que sólo se trata de una mera referencia a los efectos de cuantificar prudentemente el rubro daño patrimonial en los términos del último párrafo de art. 157 del Código Procesal. Con el alcance indicado se recepta parcialmente los agravios de los recurrentes.

En lo que respecta al porcentaje de sus ingresos que la víctima hubiere destinado para atender sus gastos personales, entiendo que el 20% estimado por la actora en su demanda y lo decidido por el a quo en el mismo sentido, resulta razonable frente a las circunstancias del caso en concreto, debiéndose destacar fundamentalmente que V.era el único aportante para atender todas la necesidades del hogar, de su esposa y las propias, y eventualmente las de su hijo menor de edad, tratándose sin dudas de un grupo familiar humilde. Entiendo que, en los casos de personas con ingresos escasos y cargas de familia, el porcentaje de ingresos que pueden reservarse, se reduce por las necesidades y la solidaridad familiar. Por lo dicho, en este punto se rechaza el agravio de los recurrentes.

Conforme a lo señalado y siguiendo el criterio cuantificatorio seguido por la actora (ver demanda fs. 42 vta./43) en lo que se refiere a la tasa anual del 6% y una vida laboralmente activa hasta los 70 años de edad (cuestión resuelta por el a quo y que no fue apelada), teniendo en cuenta que el Sr. V. nació el 18/9/1959, que falleció cuando tenía 49 años de edad el día 19/4/2009 restándole 21 años de vida productiva y un ingreso mensual de $ 1.600,00 trabajando en relación dependencia (13 meses por año), se obtiene un monto de $ 244.692,79 a la fecha del hecho dañoso, al que corresponde restarle el 20%, porcentaje estimado en que la víctima lo dispondría para atender sus gastos personales, el monto se reduce a $ 195.754,24, al que se le debe restar el 10% de acuerdo a la atribución de responsabilidad que se propone en el presente en razón de la concausalidad, por lo que el monto en concepto de lucro cesante estimado mediante la fórmula del cálculo actuarial queda reducido a la suma de $ 176.178,80 a la fecha del hecho dañoso.No obstante lo recién señalado, debe tenerse presente que este tribunal de alzada siempre sostuvo que no resulta conveniente aferrarse rígidamente a los resultados de las cálculos matemáticos sino que, cuando las circunstancias del caso, los planteos de las partes y las pruebas obtenidas lo han aconsejado, no existe impedimento legal para que aquel resultado pueda ser corregido y modificado sea aumentándolo y/o diminuyéndolo en la medida que el juzgador lo estime adecuado de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto.

Debe tenerse presente que la suma determinada mediante la fórmula del cálculo actuarial (que se limita a reflejar la pérdida de capacidad productiva de una persona) se expresa a la fecha del siniestro, y a partir de allí corresponde aplicar los intereses determinados en la sentencia hasta la fecha de su efectivo pago. Este Tribunal ha sostenido reiteradamente que la tasa de interés promedio mixta que actualmente se utiliza en esta circunscripción judicial, tiene un componente inflacionario y también tiene el propósito de evitar que la inflación devore la indemnización que le corresponde a la víctima, cuyo interés legítimo se ve de este modo respetado (entre otros Exptes. 3100/05; 3209/05; 4247/09; 4405/10 r.C.A. r.C.A).

El cálculo matemático está referido a la fecha del hecho dañoso (en el caso a la fecha del fallecimiento) y es a ese momento en que se tienen en cuenta determinados datos de la víctima, por ejemplo su edad, sus ingresos, su grado de incapacidad, su grupo familiar, etc. Obviamente, la inflación futura, para todos desconocida, las fórmulas matemáticas no la contemplan.

Ahora bien, suele suceder que el pago de la indemnización se demore por cualquier circunstancia y el damnificado corre el riesgo de que se deteriore su poder adquisitivo.”. Esto no significa, sin embargo, necesariamente su desprotección, pues es sabido que los intereses, que comienzan a correr a partir de la fecha en que se produjo el daño, tienen un componente inflacionario, de manera que compensan, de un modo seguramente variable, el proceso inflacionario que acontezca. La llamada “tasa mix” que aplica el tribunal supera holgadamente la tasa real o pura que correspondería a una situación de inflación cero, y que en el período anterior a la ley de convertibilidad se estimaba generalmente en el 4 ó 6% anual. Así se lo destacó en forma reiterada (exptes. 2367/03, 3100/05 y 4555/10, r. C. A., entre otros)”. “Sin embargo, debe admitirse que esa función compensadora de la tasa de interés, que en principio protege al acreedor de la depreciación de la moneda, se va perdiendo cuando pasa mucho tiempo hasta el pago de la deuda.”, como sucede en este caso, en el que se deben indemnizar los daños ocurridos hace nueve años. “Esto ocurre porque los intereses que se manda pagar no son acumulativos, mientras que sí lo son los aumentos de los precios, lo que al cabo cierto tiempo distorsiona o anula el efecto compensatorio mencionado”. “. En este caso, el excesivo tiempo transcurrido desde que se produjeron los daños, y el aceleramiento impreciso del proceso inflacionario en los últimos años, deben tenerse en consideración para que la indemnización que reciba la actora se vea afectada lo menos posible por el deterioro del signo monetario. Esto no importa más que adecuar prudencialmente el resultado obtenido a través del cálculo matemático a las circunstancias particulares del caso; como la fórmula empleada no pudo computar el proceso inflacionario posterior, y la tasa de interés dejó de cumplir con eficacia, ante el largo tiempo transcurrido, su función compensadora de la inflación, lo que corresponde hacer (.) es elevar con prudencia el monto de la indemnización.” (del voto del Dr. Hugo Carlos Rodríguez en Expte.N° 4.405/10).

El precedente referido, en el cual emití el primer voto, resulta aplicable al caso en análisis, puesto que han transcurrido más de nueve años desde el hecho dañoso (19/4/2009) y la fecha en que se dictó la sentencia de primera instancia (11/4/2017), y lo se debe agregar más de otro año por la sustanciación en la alzada.

Teniendo en cuenta las especiales circunstancias económicas imperantes inflación, la prolongada duración del proceso judicial (penal y civil), y el principio de reparación integral emanado de nuestro sistema legal, y tendiendo a lograr una justa reparación de daños que debe contemplar la totalidad de la repercusión patrimonial en la vida de la esposa reclamante contemplando todas sus manifestaciones, en este particular caso, el monto en concepto de lucro cesante debe ser elevado de modo prudencial hasta la suma de $ 250.000,00 (art. 157, Cód. Procesal), monto estimado a la fecha del fallecimiento, correspondiendo aplicar los intereses de la tasa promedio mixta de uso judicial a partir de esa fecha hasta la de su efectivo pago.

Con el alcance indicado se recepta parcialmente el recurso de los demandados recurrentes y se revoca la parte de la sentencia que admitió el rubro lucro cesante en la suma de $ 986.111,96.

9. Con respecto al daño moral, los cuatro recursos se encuentran claramente desiertos. El a quo expresó los fundamentos, los que se comparten, por los que admitía el daño moral en los montos ahora cuestionados, omitiendo los apelantes realizar una crítica concreta y razonada respecto de aquellos fundamentos en los términos del art. 246 del Código Procesal. No obstante ello los montos admitidos en la sentencia recurrida deben ser reducidos en un 10% en virtud de la atribución de responsabilidad atribuida a cada parte. Conforme a ello el monto en concepto de daño moral para N. I. B. se reduce a la suma de $ 108.000,00 ($ 12.000,00); y los de los actores C. J. V. y N. D. V.se reducen a la sum a de $ 81,000,00 ($ 9.000,00) para cada uno, en todos los casos con más intereses fijados por el a quo y que deben ser calculados desde la fecha del hecho dañoso hasta la de su efectivo pago. Con el alcance indicado se receptan parcialmente los cuatro recursos de apelaciones en lo que se refieren al rubro daño moral.

10. Conclusión: a. Se admiten parcialmente los cuatro recursos de apelación de los apelantes y se reduce la responsabilidad civil de los codemandados Dr. J. C. Z. y Clínica Regional S.R.L. a un 90%.

b. Se admiten parcialmente los cuatro recursos de apelación de los apelantes y se reduce el rubro “lucro cesante” en favor de la actora N. I. B. a la suma de $ 250.000,00, monto expresado a la fecha del hecho dañoso, con más los intereses explicados en el considerando.

c. Se admite parcialmente los cuatro recursos de apelación de los apelantes y se reduce el rubro daño moral en favor de la actora N. I. B. a la suma de $ 108.000,00; y el de los actores C. J. V. y N. D. V. se reducen a la suma de $ 81.000,00 para cada uno; en todos los casos con más los intereses fijados en el considerando.

d. Las costas de ambas instancias se imponen del modo siguiente: 1. Lucro cesante: a las partes codemandadas vencidas por el monto por el cual prospera. Por su orden, por la parte en que es rechazado. Condena en costas que se hace extensiva a las respectivas aseguradoras dentro del límite del contrato de seguro pactado; 2. Daño moral: a las partes codemandadas vencidas por el monto por el cual prospera. Condena en costas que se hace extensiva a las respectivas aseguradoras dentro del límite del contrato de seguro pactado; 3. Las regulaciones de honorarios practicadas a los abogados intervinientes por lo actuado en la primera instancia deben se adecuadas a este pronunciamiento.

Así voto.

El Dr. Roberto M.IBAÑEZ, sorteado para emitir el segundo voto, dijo:

Por sus fundamentos, adhiero al voto del colega preopinante.

En consecuencia, la SALA B de la Cámara de Apelaciones:

RESUELVE:

I. Hacer lugar parcialmente a las apelaciones interpuestas por los codemandados a fs. 355 (J. C. Z.), a fs. 369 (Noble S.A.), a fs. 371 (Seguros Médicos S.A.) y a fs. 373 (Clínica Regional S.R.L.) y: a) reducir el rubro “lucro cesante” en favor de la actora N. I. B. a la suma de $ 250.000,00 y b) fijar el rubro “daño moral” en favor de la actora N. I. B. a la suma de $ 108.000,00, y en favor de C. J. V. y N. D. V. a la suma de $ 81.000,00 para cada uno. En consecuencia, fijar el monto de condena en la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL ($ 520.000), más los intereses desde la fecha del hecho dañoso a la tasa promedio mixta que surge de dividir por dos el resultado que arroja la suma de la tasa que cobra el Banco de La Pampa por préstamos financieros a 90 días (activa) y la que paga la entidad financiera mencionada por los depósitos a plazo fijo por treinta días (pasiva), y hasta la fecha de su efectivo pago.

II. Imponer las costas en ambas instancias del siguiente modo: las derivadas del rubro “lucro cesante”, por el monto por el cual prospera a las codemandadas vencidas, y por la parte en que es rechazado en el orden causado, condena en costas que se hace extensiva a las respectivas aseguradoras dentro del límite del contrato de seguro pactado; y 2. las derivadas del rubro “daño moral” a las codemandadas vencidas, condena en costas que se hace extensiva a las respectivas aseguradoras dentro del límite del contrato de seguro pactado.

III. Regular los honorarios de Primera Instancia de los Dres. Silvina M. Bogetti y Carlos M. Iglesias en el .% del monto de condena y en el .% del monto rechazado del rubro lucro cesante; los del Dr. Carlos H.Testa en el .% del monto de condena y en el .% del monto rechazado del rubro lucro cesante; los del Dr. Juan Carlos Garat en el 5,88% del monto de condena y en el .% del monto rechazado del rubro lucro cesante; los de los Dres. Luciano Alba y María E. Ramis en el .% del monto de condena y en el .% del monto rechazado del rubro lucro cesante; los del Dr. Fernando D. Guevara y Cecilia María Ozino Caligaris para cada uno en el .% del monto de condena y en el .% del monto rechazado del rubro lucro cesante.

IV. Regular los honorarios de Segunda Instancia de los Dres. Silvina M. Bogetti en el .% de los fijados a los abogados de la actora para primera instancia; los de los Dres. Carlos H. Testa en el .% de los fijados para la instancia precedente a los abogados de la codemandada Clínica Regional SRL; los de los Dres. Luciano Alba, María E. Ramis, Fernando D. Guevara y Cecilia María Ozino Caligaris en el .% de los fijados para la instancia anterior.

V. Mantener el porcentaje de honorarios fijados a la perito médica Carolina Schechtmann, a calcularse sobre el monto de la presente condena.

VI. Disponer que en todos los casos se compute capital más intereses y se adicione el IVA si correspondiere.

Protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase al juzgado de origen.

Dr. Roberto M. IBAÑEZ

Dr. A. PÉREZ BALLESTER

Dra. María Teresa SALVATIERRA

Secretaria de Cámara Civil