Obra social debe indemnizar por daños al actor por no haber cubierto los gastos de internación de su madre en el geriátrico designado.

Partes: T. M. A. y otro c/ OSTEE s/ civil y comercial- varios

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

Sala/Juzgado: III

Fecha: 18-sep-2018

Cita: MJ-JU-M-114318-AR | MJJ114318 | MJJ114318

 

Procedencia de la demanda de daños deducida contra la obra social por no haber cubierto los gastos de internación de la madre del actor en el geriátrico al que fue trasladada. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que acogió parcialmente la acción de amparo deducida, pues quedó demostrado el deterioro en la salud de la madre del amparista, que requirió otro tipo de cuidados e internación, siendo trasladada para su debida atención, y que los reclamos de cobertura no fueron debida y temporáneamente atendidos por la obra social, incumplimiento que genera la obligación de la demandada de responder por el período que no cumplió con la cobertura necesaria, haciendo lugar al reclamo por el daño emergente respecto de lo abonado por el actor en concepto de internación.

2.-El hecho de que la obra social requiriera la obtención del Certificado de Discapacidad para acceder a brindar la cobertura no modifica el hecho de que las necesidades de la madre del actor quedaron evidenciadas en forma previa a ello, a partir de los certificados médicos expedidos por sus médicos tratantes, por lo que estos no hicieron más que confirmar su estado de salud preexistente a la fecha de su expedición y, consecuentemente, el derecho a obtener la cobertura por parte de la obra social desde su reclamo judicial.

3.-Debe rechazarse el daño moral reclamado por el hijo por derecho propio, pues la prueba que el demandante produjo apuntó a acreditar las perturbaciones que dijo sufrir -aunque de una manera muy general- en su ánimo (‘angustias y padecimientos’, ‘no poder dormir’, ‘agitación’), mas no hizo lo propio con el nexo adecuado de causalidad que debió mediar entre esas contigencias y la conducta de la demandada.

Fallo:

En la ciudad de La Plata, a los 18 días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho, reunidos en Acuerdo los señores jueces que integran la Sala Tercera de esta Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, toman en consideración el expediente FLP 13169/2014/CA1: “T., M. A. y otro c/OSTEE s/Civil y Comercial- Varios”, procedente del Juzgado Federal de Primera Instancia n° 2, Secretaría Civil n° 6, de esta ciudad.

Practicado el sorteo el orden de votación resultó:

Antonio Pacilio y Carlos Alberto Vallefín.

El juez Pacilio dijo:

I. La decisión recurrida y los agravios.

1. Llega la causa a esta alzada con motivo de los recursos de apelación interpuestos por la demandada (fs. 571) y el actor (fs. 572), contra la sentencia dictada a fs. 565/570. En tal decisión, el a quo hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por M. A. T., por derecho propio y en calidad de apoderado de su madre, la señora E. del V. R. y, consecuentemente, condenó a la Obra Social de los Trabajadores de las Empresas de Electricidad (OSTEE) a abonarle la suma de cuarenta y cuatro mil cuatrocientos pesos ($ 44.400), más intereses a tasa pasiva. Asimismo, impuso las costas a la accionada vencida (art. 68 CPCCN) y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.

2. En su memorial, el actor se agravió de lo siguiente: a) el rechazo de los daños peticionados por el actor por derecho propio, por no considerar probada la relación de causalidad con el accionar de la obra social, reiterando los sufrimientos que el incumplimiento de la obligación pactada por parte de aquélla le generó; b) el rechazo de los daños punitivos, con cita de diversos precedentes jurisprudenciales en los que se reconoció su procedencia y que considera aplicables al sub examine (fs. 582/587).

3. Por su parte, la demandada cuestionó los siguientes puntos:a) la improcedencia del único rubro de condena reconocido en la sentencia, señalando contradicciones en los fundamentos brindados en la sentencia y destacando que no existió ningún incumplimiento de OSTEE anterior al mes de febrero de 2014, en tanto desde el momento en que la señora E. del V. obtuvo el certificado de discapacidad (el 28/02/14) cubrió adecuadamente las prestaciones requeridas; b) la condena en costas en tanto la demanda sólo fue acogida en una mínima parte y rechazada en los rubros y montos principales del reclamo (fs. 588/591).

4. El actor contestó los agravios de la demandada a fs. 593/599 vta. y ésta los del actor a fs. 600/vta.

II. Antecedentes.

1. La causa se inició con la demanda de daños y perjuicios interpuesta por M. A. T., por derecho propio y como apoderado de su madre, la señora E. del V. R. contra la Obra Social de los trabajadores de las Empresas de Electricidad (en adelante OSTEE).

1.1. En lo sustancial, refirió que como consecuencia del fallecimiento de sus hermanos, en distintos accidentes de tránsito, su madre sufre un cuadro de depresión importante que derivó en problemas psiquiátricos, por los que fue internada en la Clínica Privada de Psiquiatría San Juan, de la ciudad de La Plata, durante dos meses en el año 2003.

Manifestó que luego de ser dada de alta, debió ser internada en un lugar adecuado a sus necesidades y que ingresó al Hogar Geriátrico “Despertares”. Agregó que, consultado al médico auditor de la obra social respecto de su cobertura, éste le respondió que dicha prestación no estaba contemplada en el Plan Médico Obligatorio y que debía hacerse cargo de los cuidados de su madre.

Refirió que a mediados del año 2012, su madre padeció un aneurisma que complicó su situación y motivó la necesidad de trasladarla a otro lugar que pudiera cubrir adecuadamente su cuidado.Sostuvo que requerida dicha internación “por psiquiatría” a la obra social demandada a través de sucesivas notas y una queja presentada a fines del año 2012, no obtuvo respuesta favorable, lo que determinó la realización de un reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud.

La falta de respuesta a sus reclamos motivaron el inicio de una acción de amparo, para que finalmente la obra social accediera a su pedido.

Relató que la pensión de su madre no alcanzaba para cubrir su atención por lo que tuvo que afrontar todos los gastos, endeudándose para poder cumplir con sus obligaciones, padeciendo situaciones de angustia y preocupaciones constantes.

1.2. Estimó los daños sufridos en las sumas de 80.300 pesos en concepto de daño material, 12.075 pesos por daño moral y asimismo, solicitó la fijación de daño punitivo (art. 52 bis, ley 24.240), dejando a criterio del juez la fijación de la suma que estime corresponder. Ofreció prueba y fundó el derecho en las siguientes disposiciones legales: arts. 512, 522, 1068, 1077, 1078 y 1083 del Código Civil; art. 319 del CPCCN, arts. 2 y 3 de la ley 22.431, art. 1 de la ley 25.504, arts. 1 y 2 de la ley 26.657 y art. 52 bis de la ley 24.240 (fs. 41/49 vta.).

1.3. A fs. 76/78 el actor amplió la demanda, señalando que su madre ingresó al Geriátrico “Despertares” el 5 de noviembre de 2004, habiéndose solicitado a la obra social la cobertura por psiquiatría, aunque sea de una parte de los gastos de internación y que aquélla nunca quiso gestionar ni dar curso a su pedido. Acompañó las facturas abonadas del Hogar Geriátrico Despertares durante los años 2006 a 2009 que no había aportado en el inicio (fs. 53/75).

2. La obra social contestó demanda a fs.

88/91 vta. Negó todos los hechos allí relatados y dio su propia versión.Así, sostuvo que cada vez que la madre del actor necesitó atención y se formuló el requerimiento a la obra social, ésta fue cubierta, como por ejemplo la internación en la Clínica Privada San Juan, que fue abonada en su totalidad por OSTEE.

Señaló que desde el año 2004 hasta el año 2012 no tuvieron novedades de la actora ni de su hijo, hasta que efectuó los reclamos que derivaron en la acción de amparo que tramita ante el mismo juzgado, en el marco de la cual se acordaron la totalidad de las prestaciones que OSTEE cubriría a la señora R., las que se vienen cumpliendo desde entonces.

Explicó que la prestación geriátrica no estaba a cargo de la obra social y que, en todo caso, las facturas acompañadas fueron abonadas por el señor T., tercero ajeno al contrato entre OSTEE y su madre.

Asimismo, alegó que las facturas anteriores al mes de abril de 2012 estarían prescriptas.

Respecto al daño moral solicitado, expresó que sólo se fundó “en las angustias y padecimientos sufridos”, sin indicar cuáles son, quién de los dos actores lo reclama y/o en qué proporción.

3. A fs. 168/185 vta., el actor denunció la existencia de hechos nuevos y acompañó nueva prueba documental.

Así, manifestó que a partir del día 14/05/2014 la demandada dejó de cumplir el acuerdo homologado judicialmente en el marco del amparo que tramita ante el mismo juzgado. Sostuvo que la desatención injustificada de la obligación asumida, con relación al pago del reintegro, que se mantuvo por un lapso de 43 días, le generó el incumplimiento de sus obligaciones personales, los que detalla exhaustivamente. Consecuentemente, actualizó los montos de los daños reclamados en concepto de daño moral y de daño material (60.950 pesos), así como también el daño punitivo y ofreció nuevas pruebas.

4. El juez a quo ordenó el traslado de los hechos nuevos denunciados a la demandada (fs.186), la que planteó que en la cédula de notificación no se acompañaron las copias respectivas, por lo que no se le posibilitó el ejercicio de su derecho de defensa (fs. 196/vta.), planteo que fue desestimado por el magistrado a fs. 202/vta.

5. Abierta la causa a prueba (fs. 203/vta.), se agregaron los oficios contestados por el Hogar Geriátrico Modelo (fs. 223), Telefónica (fs. 231, 256 y 269), el Banco ICBC (fs. 233, 267 y 457), el Hogar Geriátrico “Despertares” (fs. 243), Edelap (fs. 254/255), Kiara Automotores S.A. (fs. 258 y 351), ANSeS (fs. 272/332, 443 y 531/539), la Clínica Mosconi (fs. 369) y el Banco HSBC (fs. 496); se recibieron las declaraciones de los testigos propuestos por la parte actora (fs. 343, 379, 428/vta., 431/vta., 433/vta., 446/vta., 448/vta.) y se agregó el informe del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 22 de La Plata (493/494 vta.) Finalmente, se incorporó el alegato de la parte actora a fs. 554/562 vta.

III. Consideración de los agravios.

1. La condena a OSTEE.

1.1. Por cuestiones metodológicas, se tratarán en primer lugar los agravios de la obra social demandada, dirigidos a cuestionar la improcedencia del rubro de condena reconocido en la sentencia apelada.

La recurrente sostuvo que existieron contradicciones en lo resuelto por el juez a quo, en tanto por un lado sostuvo que la internación geriátrica no es una cobertura prevista por el PMO ni, por ende, obligatoria para la obra social y, por el otro, alegó que la situación cambió “cuando la salud de la señora R.hace necesaria otro tipo de atención”, ubicando a partir de allí un presunto incumplimiento de la obra social en virtud del cual condena el reintegro del monto de facturas por internación geriátrica, bajo el concepto resarcimiento del “daño material”.

Agregó que se condenó a OSTEE al reintegro de facturas por internación entre julio de 2013 y enero de 2014, períodos durante los cuales no estaban dadas las condiciones para que el beneficiario pudiera reclamar la cobertura, en tanto aún estaba pendiente la expedición del Certificado Único de Discapacidad, que se emitió el 28/02/2014. Señaló que a partir de allí, OSTEE cubrió adecuadamente las prestaciones debidas, por lo que no existió ningún incumplimiento de su parte anterior a dicha fecha.

1.2. Dichos agravios no prosperarán. En efecto, de una lectura pormenorizada de las constancias de la causa y del expediente FLP 23102404/2013 “T., M. A. c/Obra Social de los Trab. De las Empresas de Electricidad s/Amparo Ley 16.986” -solicitado ad effectum videndi- es posible concluir que no existen las contradicciones señaladas por el recurrente, para atacar la sentencia de primera instancia.

1.2.1. Así, el rechazo de los montos indemnizatorios solicitados durante el período 2004-2013 en que la señora E. del V. R. estuvo internada en el Hogar Geriátrico “Despertares” tuvo como fundamento la ausencia de prueba en cuanto al reclamo de cobertura a la obra social y, por ende, de la negativa de aquélla a este respecto. Asimismo, se estableció que no se demostró que durante dicho lapso la señora R. hubiera necesitado una atención distinta que los cuidados geriátricos y que éstos no se encuentran contemplados en el Plan Médico Obligatorio.

1.2.2. Por el contrario, respecto de los montos por los que prosperó la condena el juez de grado tuvo en consideración que a partir del 13/03/2013 la señora R.fue trasladada al Hogar Geriátrico Modelo Clínica Neuropsiquiátrica Berisso S.A., en función de un agravamiento de su estado de salud y que el Hogar Geriátrico Despertares no podía brindar la atención que necesitaba.

Dicha prestación -junto con otras que el nuevo cuadro de salud de la señora R. demandaba- fue requerida por el actor a la obra social, no obteniendo respuesta favorable y motivando el inicio de una acción de amparo, en el mes de junio de 2013. En el marco de dicha acción -como bien lo señaló el a quo- quedaron demostradas las afecciones que padecía la señora R. y la necesidad de su internación en un centro multidisciplinario que estuviera en condiciones de brindar una respuesta general y efectiva a sus padecimientos; también se evidenció que, a fin de dar cobertura de lo solicitado, la obra social demandada requirió la tramitación del Certificado Único de Discapacidad, el que fue expedido con fecha 28/02/2014.

En el mes de marzo de 2014, el actor celebró un acuerdo conciliatorio con OSTEE en el que convinieron los reintegros y las prestaciones a brindar a la señora R., acuerdo que fue homologado por resolución judicial del 01/04/2014.

1.2.3.En dicho contexto, el juez de grado entendió que quedó demostrado el “deterioro en la salud de la señora R., que requirió otro tipo de cuidados e internación, siendo trasladada para su debida atención, y que los reclamos de cobertura no fueron debida y temporáneamente atendidos por la obra social, siendo la cuestión finalmente encauzada en el marco del juicio de amparo promovido.” Consecuentemente, estimó que ese incumplimiento genera la obligación de la obra social de responder por el período que no cumplió con la cobertura necesaria, haciendo lugar al reclamo por el daño emergente respecto de lo abonado por el actor en concepto de internación en el Hogar Geriátrico Modelo, a partir del año 2013, por la suma de 44.400 pesos, correspondientes a las facturas que se acompañan del mes de julio de 2013 a enero de 2014 (ver fs. 26/31), suma a la que adicionó el pago de intereses hasta su efectivo pago, a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina.

1.2.4. En este sentido, estimo que resulta acertado lo resuelto por el magistrado en tanto a partir del agravamiento de la salud de la señora R. y la necesidad de internación en un lugar que pudiera hacer frente a las patologías por ella padecidas, su hijo -el aquí actor- no sólo requirió la cobertura de dichas prestaciones a la obra social sino que, como consecuencia de su negativa, se vio obligado a iniciar una acción de amparo.

El hecho de que la obra social requiriera la obtención del Certificado de Discapacidad para acceder a brindar la cobertura no modifica el hecho de que las necesidades de la señora T.quedaron evidenciadas en forma previa a ello, a partir de los certificados médicos expedidos por su médico de cabecera, doctor Raúl Ciani, por el médico psiquiatra doctor Miguel Ángel Goñi y por el médico especialista en nefrología doctor Pablo Neuman.

En definitiva, el certificado de discapacidad no hizo más que confirmar el estado de salud de la señora R. que es preexistente a la fecha de su expedición y, consecuentemente, el obtener la cobertura por parte de la obra social desde su reclamo judicial.

1.2.5. Consecuentemente, considero que corresponde desestimar los agravios de la demandada y confirmar lo resuelto por el juez de grado en tanto ordenó el reintegro de lo abonado por el actor en concepto de internación en el Hogar Geriátrico Modelo Clínica Neuropsiquiátrica Berisso S.A., durante los meses de julio de 2013 a enero de 2014.

2. El rechazo del daño moral.

2.1. El actor se agravió del rechazo por parte del juez de grado de los daños peticionados por derecho propio, por entender que no quedó acreditada la relación de causalidad con el accionar de la obra social.

Señaló que quedó demostrada la existencia de un daño, por el estrés que le produjo la imposibilidad de contar con los medios económicos para mantener a su madre internada y cubrir las deudas que se generaron por el incumplimiento de la obra social, que repercutieron en su salud, atento que padeció un cuadro de hipertensión severo, por el que debió ser internado.

Sostuvo que la suma actualizada de 450.000 pesos solicitada por este rubro se sustenta, principalmente, en los gastos que nacen como consecuencia del daño a su salud, que lo obliga a abonar todos los meses la suma de 1.659 pesos por dos medicamentos (Anlodipina 5 mg. Y Valsartan 80 mg.) que le fueron prescriptos de por vida.

2.2. Estimo que el agravio no puede prosperar.

En efecto, de acuerdo al art.1078 del ex Código Civil argentino la acción por indemnización del daño moral sólo competía -salvo muerte de la víctima- al damnificado directo. Luego el art. 1079 establecía que la obligación de reparar el daño causado por un delito existe no sólo respecto de aquel a quien el delito ha damnificado directamente, sino respecto de toda persona que por él hubiese sufrido, aunque sea de una manera indirecta.

Sentado ello y evaluando con amplitud la presentación “por derecho propio” que hizo T. desde el inicio de este pleito, puede considerarse que los extremos vinculados con la legitimación para el reclamo del rubro en trato, desde su posición de damnificado indirecto, se hallan satisfechos.

2.3. Ahora bien, es preciso señalar que la doctrina ha dejado sentado que el art. 1079 no puede ser interpretado aisladamente, sino que principios de buena hermenéutica exigen que se la estudie en función del resto del articulado para evitar que al autor del hecho ilícito se lo obligue a indemnizar a cualquier persona que haya sufrido un daño, aunque no sea “jurídico” (conf. Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, tomo 5, 2da. reimpresión, Belluscio, Augusto C., [dir.], Buenos Aires, Astrea, 1994, p. 124, nota al art. 1079 y sus remisiones jurisprudenciales y doctrinarias).

Visto de esta perspectiva sistémica, quien pretenda acceder a una reparación debe encaminar su actividad procesal a acreditar los clásicos presupuestos de la responsabilidad civil: conducta antijurídica, daño, relación de causalidad y factor de atribución.

2.4. En este orden de ideas, aun cuando los perjuicios morales no demandan una acreditación directa dada su índole personalísima, concediéndose incluso la posibilidad de demostrarlos a partir de presunciones que tienen como origen el propio hecho antijurídico -re ipsa loquitur- (ver, por muchos, Mosset Iturraspe, Responsabilidad por daños. El daño moral, tomo V, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 1999, p.239 y Trigo Represas, Félix A.; López Mesa, Marcelo J., Tratado de la responsabilidad civil, tomo I, Buenos Aires, La Ley, 2005, p. 544 y sus remisiones), esas presunciones no se extienden a la relación de causalidad. Siendo ello así, el actor debió también avalar en el expediente la concurrencia de los presupuestos contenidos en los arts. 901, 902, 903 y concordantes para acceder a una reparación.

2.5. En el sub judice y tal como lo destacó el señor juez de grado, estimo que la prueba que el demandante produjo apuntó a acreditar las perturbaciones que dijo sufrir -aunque de una manera muy general- en su ánimo (“angustias y padecimientos”, “no poder dormir”, “agitación”, entre otros síntomas, v. fs. 45 y 171 y vta.), mas no hizo lo propio con el nexo adecuado de causalidad que debió mediar entre esas contigencias y la conducta de la demandada.

Esta orfandad no puede ser suplida con indicios ni presunciones en abstracto, como parece proponer el actor tanto en su demanda y su ampliación, como en su memorial. Porque empleando el giro de la doctrina, la causalidad no puede presumirse pues no se está frente a un criterio de probabilidad dado que, en definitiva, se es autor o coautor de un daño o no se lo es (Trigo Represas, Félix A.; López Mesa, Marcelo J., Tratado de la responsabilidad civil cit., p. 631 y sus citas jurisprudenciales).

3. El daño punitivo.

3.1. El actor se agravió del rechazo de la procedencia del daño punitivo solicitado. Sostuvo que si bien el juez reconoció que se produjo un daño que admitió en la sentencia, entendió que éste no llegaba a ser tan gravoso como para justificar su admisión. Por ello, citó diversos precedentes en los que se consideró que existieron conductas graves que terminaron con una sanción y luego, los comparó con las circunstancias de la causa, entendiendo que eran similares y aplicables.

3.2.El juez a quo basó su decisión en que:

“El instituto en cuestión parte, en efecto, de la premisa de que la mera reparación del perjuicio puede resultar insuficiente para desmantelar los efectos de ciertos ilícitos, en particular cuando quien daña a otro infringiendo el ordenamiento jurídico lo hace deliberadamente, o, al menos, con grave menosprecio para los derechos de terceros, con una negligencia o descuido craso” (cfr. Trigo Represas, Félix A., “La Prevención y el daño punitivo”, Revista de Derecho de Daños, 2008- 2).”.

A ello, agregó que “los daños punitivos son siempre accesorios a una situación gravemente dañosa que no puede ser presumida, sino que debe ser demostrada. El abogado que pretenda demandar daños punitivos debe estar consc iente de que son un plus, un agregado a la condena de carácter excepcional y no rutinario. Por eso lo que debe demostrar es que su cliente realmente fue perjudicado en grado sumo por el proveedor a quien se debe disuadir de incurrir en su conducta (cfr. López Herrera, Edgardo, “Daños punitivos en el Derecho Argentino. Art. 52 bis, Ley de Defensa del Consumidor”, JA-2008-II, pág. 1208/1209).”.

Así, concluyó que “teniendo en consideración el carácter accesorio que reviste la multa civil y ante la inexistencia de los presupuestos antes referidos, no corresponde reconocer lo pretendido por la actora”.

3.3.Tal como lo sostuvo el juez de grado tanto la doctrina como los criterios jurisprudenciales mayoritarios referidos al daño punitivo, reconocen el carácter excepcional de la figura y exigen para su procedencia la configuración de una serie de requisitos.

Esto es, la existencia de un daño resarcible, del que la multa civil opera como “accesoria”, que el dañador haya actuado con dolo o culpa grave o desaprensión por los derechos de terceros y que con dicha conducta se hayan obtenido beneficios económicos o tenido en mira obtenerlos, ya sea por ganancias o ahorro en implementar medidas de prevención.

En este mismo sentido me he pronunciado en mi voto en la causa n° 18.390/12 (“ROSBACO, Federico Guillermo c/Obra Social de Seguros s/Amparo Ley 16986”), sentencia del 14/08/2012, en la que -si bien el rechazo de la multa civil se basó en que se solicitó en el marco de una acción de amparo- desarrollé los requisitos para su procedencia en sentido coincidente al que lo hizo el juez de grado.

3.4. Precisado lo anterior, cabe concluir que la admisibilidad o no de la imposición de una suma en carácter de “daño punitivo” o “multa civil” debe analizarse en cada caso concreto, en función de la gravedad de la conducta de quien incumplió las obligaciones a su cargo y de las especiales circunstancias del caso, las que no aconsejan apartarse de lo decidido en primera instancia al respecto.

Ello es así, en tanto si bien la obra social demandada sólo comenzó a cumplir la prestación de internación psiquiátrica de la señora R.a partir de la obtención por parte de ésta del Certificado de Discapacidad, siendo que -como quedó demostrado en el marco del amparo y con el reconocimiento del rubro por el cual se la condena- su necesidad se encontraba debidamente justificada en forma previa a partir de los certificados médicos acompañados, no puede interpretarse que dicho incumplimiento reúna los requisitos para su configuración como daño punitivo, conforme lo expuesto supra.

4. Las costas.

Dada la solución que se alcanza y lo establecido por el art. 68 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, considero que no existen motivos para apartarse del principio objetivo de la derrota y que, en consecuencia, corresponde desestimar el reproche en cuestión introducido por la demandada.

IV. Conclusión.

En mérito a las consideraciones precedentes, propicio al acuerdo: Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que decide y fuera materia de agravio, con costas de alzada a las vencidas en sus respectivos recursos (art. 68 del CPCC).

Así lo voto.

El juez Vallefín dijo:

Que adhiere al voto del juez preopinante.

Con lo que terminó el acto firmando los señores jueces intervinientes y el Secretario autorizante dejándose constancia del estado de vacancia de la tercera vocalía de esta Sala (art. 109 RJN).

La Plata, 18 de septiembre de 2018.

Y VISTOS:

POR TANTO, en mérito a lo que resulta del Acuerdo cuya fotocopia autenticada antecede, SE RESUELVE:

Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que decide y fuera materia de agravio, con costas de alzada a las vencidas en sus respectivos recursos (art. 68 del CPCC).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

NOTA: Se deja constancia del estado de vacancia de la tercera vocalía de esta Sala (art. 109 R.J.N)

CARLOS ALBERTO VALLEFIN

juez de cámara

ANTONIO PACILIO

Juez de Cámara

MARCELO SANCHEZ LEUZZI

SECRETARIO