Improcedencia de la acción de clase, ya que quien invoca la representación colectiva debe acreditar su idoneidad.

Partes: W. E. S. c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo de salud

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 4-oct-2017

Cita: MJ-JU-M-115607-AR | MJJ115607 | MJJ115607

 

Improcedencia de la acción de clase iniciada por un abogado cuestionando los aumentos habidos en las cuotas que percibe la empresa de medicina prepaga a la cual se encuentra afiliado.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar el rechazo de la acción de clase en tanto el abogado actor pretende que los efectos de la sentencia se extiendan al universo de individuos afiliados a una empresa de medicina prepaga que se vieron afectados en iguales condiciones, por los aumentos sufridos en la cuota pues si bien es cierto que podrían encontrarse cumplidos alguno de los requisitos que tornan viable una acción colectiva en defensa de intereses individuales homogéneos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación exigió en casos análogos que quien invoca la representación colectiva debe acreditar su idoneidad para ello, calidad que debe mantenerse a lo largo de todo el proceso.

2.-La invocación de la condición de abogado matriculado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal no basta para reconocer la idoneidad específica que exige la representación colectiva para promover una demanda pretendiendo que los efectos de la sentencia se extiendan al universo de individuos afiliados a una empresa de medicina prepaga, cuales son la capacidad, antecedentes de protección judicial o extrajudicial de los intereses de los miembros del grupo y su conducta en otros procesos colectivos.

Fallo:

Buenos Aires, 4 de octubre de 2018.

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs.300/312, (concedido en ambos efectos a fs. 313), contra la sentencia de fs. 296/299, que mereciera la réplica de la demandada a fs. 318/327.

Vistas que fueron las presentes actuaciones por el señor Fiscal General ante esta Cámara a fs. 363/367vta, y CONSIDERANDO:

I. El señor W.E.S. inició la presente acción de amparo colectivo contra Swiss Medical S.A. con el objeto de que se deje sin efecto el aumento general de la cuota del 9,5% aplicado en diciembre de 2011 y del 5,5 % en mayo de 2012, pues sostiene que fueron aplicados sin la autorización de la Superintendencia de Servicios de Salud.

El accionante requirió que se dejen sin efecto los aumentos, que se disponga el reajuste de la cuota correspondiente y se restituya a cada afiliado lo cobrado en exceso y, por último, la imposición de una multa a la demandada prevista en el artículo 52 bis de la ley 24.240.

Fundó su legitimación para promover la acción colectiva en que el derecho es compartido por todos los afiliados a quienes les fueron aplicadas las mismas medidas.

II. A fs. 113 el señor Juez de primera instancia ordenó la inscripción de la causa en el Registro Público de Procesos Colectivos, y a fs. 181/123 la demandada se presentó y opuso las excepciones de litispendencia, falta de legitimación activa, incompetencia y prescripción.

A fs. 296/299, el señor Juez de primera instancia resolvió “rechazar la legitimación del actor, y en consecuencia, la acción de clase intentada”.

Para así decidir, expuso que “el mero hecho de que una pluralidad de sujetos comparta una pretensión, no habilita, per se, a considerar que el proceso que estos entablen sea de los llamados procesos colectivos. Existen notables diferencias entre un mero litisconsorcio facultativo y un proceso colectivo, pese a que ambos involucren a grupos de personas” (ver fs.297).

Asimismo juzgó que en el caso no se encontraban reunidos la totalidad de los requisitos generales exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para promover acciones colectivas. En particular, manifestó que no se justificó adecuadamente la necesidad de que el reclamo fuera canalizado a través de un proceso de esa naturaleza, ello pues porque la “. pretensión persigue fines puramente patrimoniales y que requiere de la producción de prueba con relación a cada uno de los sujetos afectados para determinar la pertinencia y la cuantía de la indemnización reclamada por cada uno de ellos” (ver fs. 298).

En otro orden, manifestó que el reclamante tampoco logró explicar su legitimación para reclamar en nombre del colectivo dado que sólo se limitó a justificar su calidad de asociado y afectado, y “no logró demostrar una adecuada representación al colectivo involucrado” (ver fs. 299).

Contra dicha decisión apeló el actor a fs. 300/312. En su memorial de agravios se queja de que el a-quo no tuvo en cuenta que la acción fue promovida en los términos del art. 43 párrafo segundo de la Constitución Nacional y del artículo 54 de la ley 24.240, que otorgan legitimación colectiva al consumidor afectado.

Expone que conforme doctrina de la CSJN no existiría óbice alguno en la procedencia de acciones colectivas cuando el objeto es de índole patrimonial.

Sostiene que la acción refiere a intereses individuales homogéneos que se encuentran afectados por un hecho único y continuo de la demandada, y que si bien se vulneran derechos que son enteramente divisibles, el incumplimiento por parte de Swiss Medical de la Resolución 1526/12 constituye una causa que afecta por igual los derechos de los asociados, siendo la pretensión común para todos éstos.

Finalmente, destacó que su idoneidad para representar al colectivo afectado fue invocado y asimismo que se encuentra justificada su condición de abogado matriculado al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

III. A fs.338/341, se presentó el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y expresó su intención de “acompañar al Dr. E.S.W. [.] respecto de la petición articulada por el letrado en relación al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que rechazó su legitimación para interponer acción colectiva” (art. 338).

Fundó su intervención en los artículos 20 y 21 de la ley 23.187, los cuales le encomiendan la defensa de sus miembros y le otorgan legitimación procesal para ejecutar la acción pública.

A fs. 342 el señor Juez de primera instancia denegó su participación por considerar que excedía lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 23.187, lo que motivó el recurso de reposición con apelación en subsidio por parte del Colegio (ver fs. 343/344).

IV. Para resolver la controversia debe tenerse en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa H.270.XII, “Halabi, Ernesto c/ PEN-ley dto. 1563/04 s/ amparo , del 24.02.2009 (ver en especial, considerando 12 y 13 del voto de la mayoría), estableció que “.por regla general en material de legitimación es que los derechos sobre bienes jurídicos individuales son ejercidos por su titular. Ello no cambia por la circunstancia de que existan numerosas personas involucradas, toda vez que se trata de obligaciones con pluralidad de sujetos activos o pasivos, o supuestos en los que aparece un litisconsorcio activo o pasivo derivado de la pluralidad de sujetos acreedores o deudores, o bien una representación plural.En estos casos, no hay variación en cuanto a la existencia de un derecho subjetivo sobre un bien individualmente disponible por su titular, quien debe, indispensablemente probar una lesión a ese derecho para que se configure una cuestión justiciable”.

En ese mismo pronunciamiento la CSJN, sostuvo que “.la tutela de los derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos corresponde al Defensor del Pueblo, a las asociaciones y a los afectados, y que ella debe ser diferenciada de la protección de los bienes individuales, sean patrimoniales o no, para los cuales hay una esfera de disponiblidad en cabeza de su titular”.

Por último, allí se hizo referencia a los “derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos”, es decir, el caso de los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, de los derechos de los usuarios y consumidores como de los derechos de sujetos discriminados”.

Esta última categoría se encuentra conformada por: a) existencia de un hecho único o complejo que causa lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales; b) la pretensión debe estar enfocada a los efectos comunes y no en lo que cada individuo puede peticionar y, c) el interés individual considerado aisladamente no debe justificar la promoción de una demanda o tratarse de supuestos que aun cuando dañen a un sujeto pongan en evidencia un gran interés estatal para su protección, debido a que “.cobran preeminencia otros aspectos referidos a materias tales como el ambiente, el consumo, la salud o afecten a grupos que han sido tradicionalmente postergados, o en su caso, débilmente protegidos.” (ver considerando 13 del voto de la mayoría).

Asimismo, en su considerando 20 el Alto Tribunal, formuló algunas precisiones en cuanto a los recaudos elementales que hacen a la admisión formal de toda acción colectiva, a saber:a) precisa identificación del grupo o colectivo afectado; b) la idoneidad de quien pretende asumir su representación y, c) la existencia de un planteo que involucre, por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho de derecho que sean comunes u homogéneas a todo el colectivo.

Tal doctrina fue reiterada y ampliada por el Supremo Tribunal en la causa “Padec c/ Swiss Medical S.A. s/ nulidad de cláusulas contractuales”.

V. Dicho esto, corresponde recordar que el actor pretende que los efectos de la sentencia se extiendan al universo de individuos afiliados a la demandada que se vieron afectados en iguales condiciones, por los aumentos sufridos en la cuota.

Ahora bien, si bien es cierto que podrían encontrarse cumplidos alguno de los requisitos que tornan viable una acción colectiva en defensa de intereses individuales homogéneos, la CSJN exigió en casos análogos que quien invoca la representación colectiva debe acreditar su idoneidad para ello, calidad que debe mantenerse a lo largo de todo el proceso (ver causa “Padec” y punto II del apartado 2 del Reglamento de Procesos Colectivos aprobado por la Acordada CSJN n° 12/2016).

Sobre dichos argumentos, el recurrente no incorporó elementos en la demanda que demuestren la idoneidad necesaria para constituirse en representante del colectivo por el que pretendió accionar. Es decir, la invocación de su condición de abogado matriculado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal no basta para reconocer la idoneidad específica que exige la representación colectiva, a saber -entre otros-: la capacidad; antecedentes de protección judicial o extrajudicial de los intereses de los miembros del grupo y su conducta en otros procesos colectivos. Motivo por el cual corresponde la confirmación de dicho aspecto del decisorio.

VI.Por último, tocante al recurso de apelación interpuesto por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, resulta oportuno recordar que la presentación de dicho cuerpo colegiado fue con el objeto de acompañar la defensa del actor, sin haber acreditado que se halle impedido el libre ejercicio de su profesión, esté afectada su dignidad o decoro profesional. Tampoco se advierte que la decisión arribada pueda afectar los intereses generales de la profesión de abogado (conf. ley 23.187, CSJN, Fallos: 330:1222 y 331:1176, y esta Cámara, Sala I, causa 5688/93 del 7.10.1993).

En tal sentido, se confirma el pronunciamiento apelado a fs. 343/344.

Por las consideraciones expuestas precedentemente, SE RESUELVE:

Confirmar la resolución apelada en cuanto ha sido materia de agravios, con costas (art. 68, pr imer párrafo del CPCCN)

El Dr. Guillermo Alberto Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).

Regístrese, notifíquese electrónicamente a las partes y al señor Fiscal General ante esta Cámara, publíquese y devuélvase.

Ricardo Gustavo Recondo

Graciela Medina