Es arbitraria la nulidad de una sentencia por considerar inválidas las tareas investigativas sin previa intervención judicial

Partes: H. J. R. s/ infracción Ley 23.737

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 27-sep-2018

Cita: MJ-JU-M-114603-AR | MJJ114603 | MJJ114603

Arbitrariedad de la sentencia que anuló todo lo actuado en una causa por tráfico de estupefacientes al considerar inválidas las tareas investigativas desarrolladas por los agentes sin previa intervención judicial.

Sumario:

1.-Corresponde descalificar la sentencia que declaró la nulidad de todo lo actuado y absolvió a los imputados por el delito de tráfico de estupefacientes, en tanto no se advierte que ni el modo en el que fue recabada la notitia criminis, ni las posteriores tareas de verificación de la información que desarrollaron los agentes policiales, generaron alguna afectación irreparable a las garantías constitucionales que amparan a los investigados, y que merezca ser desvinculada de las restantes circunstancias que permitieron al tribunal oral que dictó la sentencia condenatoria sostener la validez de lo actuado.

2.-No hay razón alguna que pueda dar fundamento a una prohibición constitucional de que las fuerzas de seguridad que reciben información acerca de la comisión de un delito de acción pública desarrollen las tareas de investigación que son propias de su función, en el particular, la vigilancia del lugar donde se entregarían los estupefacientes, antes de transmitirlas a los magistrados encargados de la persecución penal.

3.-Si bien la decisión de no registrar la identidad del denunciante ni los términos de su declaración pudo haber limitado la capacidad jurisdiccional para ejercer un control sobre la actuación policial, ese defecto no es idóneo para anular todo lo actuado en su consecuencia si no se ha alegado perjuicio alguno para los acusados que sea específicamente atribuible a dicha omisión (del dictamen del Sr. Procurador Fiscal, al que los Dres. Rosatti y Rosenkrantz remiten por su voto).

Fallo:

Procuración General de la Nación

-I-

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 de Rosario condenó a J. R. H y M. S. E por considerarlos coautores del delito de tráfico de estupefacientes previsto en el artículo 5, inciso c, de la ley 23.737. En particular, se los halló responsables por el almacenamiento de más de ciento cincuenta kilogramos de marihuana, fraccionada en noventa y nueve paquetes acondicionados para su distribución o comercialización, en la casa en que vivían, en la localidad de Roldán, provincia de Santa Fe. El tribunal les impuso las penas de ocho años de prisión y ocho mil pesos de multa al primero, y cuatro años de prisión y cuatro mil pesos de multa a la segunda, además de inhabilitación absoluta por el tiempo de las condenas, accesorias legales y costas del proceso (cf. fs. 974/976 y 997/1030 del expediente principal, al que aluden también todas las referencias que siguen).

A su turno, la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que entendió en el caso en virtud del recurso de casación interpuesto por la defensa de ambos condenados, resolvió, por mayoria, declarar la invalidez “de todo lo actuado en la presente causa a partir de fs. 1, anular la sentencia de condena impugnada y absolver a H y E en relación con los hechos por los que habían sido acusados (cf. fs.1117/1131).

Al fundamentar su decisión, la cámara entendió que el procedimiento policial que concluyó con el hallazgo de los estupefacientes almacenados en el domicilio de la localidad de Roldán habría violado el límite constitucional -recogido en precedentes de V.E. como el registrado en Fallos:333:1674 (“Quaranta”), entre otros que obligaría a los funcionarios de la fuerza de seguridad actuante a registrar la identidad de la persona cuya denuncia motivó su actuación y a no encarar actividades de investigación, como las que dieron lugar a la detención de los acusados y al posterior pedido de registro de su domicilio, sin dar intervención previa a las autoridades judiciales y del Ministerio Público competentes a fin de que sean éstas la que autoricen y, en su caso, dirijan las medidas de investigación requeridas para una eventual persecución penal.

-II-

El Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal dedujo recurso extraordinario, con el que objetó el pronunciamiento absolutorio sobre la base, primero, de que éste se fundaría en una interpretación errónea del derecho federal aplicable que “rompe el necesario equilibrio que debe existir entre el derecho del individuo sometido a proceso y el del Estado en perseguir y castigar el delito”.

En segundo término, postuló que, además de haber dado un alcance exagerado a las garantías constitucionales vinculadas al procedimiento declarado inválido, la decisión del a qua habría desconocido la doctrina de V.E. según la cual ellas tienen un carácter tal que se exige de quien pretende la invalidación de actos procesales en virtud de su violación “la acreditación del concreto perjuicio que pudo inferirle el presunto vicio de procedimiento y la solución distinta que pudo alcanzarse en el fallo de no haber existido ese vicio” (cf. fs. 1161/1173 vta.; los pasajes transcriptos corresponden a fs. 1172 y 1172 vta. respectivamente).

El a qua declaró inadmisible el recurso federal interpuesto (cf. fs. 1177), lo que motivó la presente queja.

-III-

En mi opinión, la apelación ha sido mal denegada.El recurrente ha dirigido su impugnación contra una sentencia definitiva dictada por el superior tribunal de la causa, ha puesto en cuestión la interpretación de normas de la Constitución Nacional en la que el a qua ha apoyado su decisión, y ésta ha sido contraria a la pretensión que el apelante funda en ellas según la inteligencia que propugna. En fin, entiendo que así están reunidas las condiciones de procedencia del artículo 14 de la ley 48 (cf., mutatis mutandis, Fallos: 325:1404, cons. 4°).

También considero que asiste razón al recurrente en lo que respecta al fondo de su planteo.

En efecto, el a qua destacó dos irregularidades producidas durante el procedimiento policial que dio inicio a este proceso. Por un lado, observó la injustificada omisión de registrar la identidad y el testimonio del denunciante; por otro, la demora igualmente injustificada en dar intervención a las autoridades judiciales y del Ministerio Público así como la realización de tareas de investigación -a saber, observación de los movimientos de la casa, seguimiento y finalmente detención en la vía pública y registro del vehículo en el que se trasladaban H y E En relación con la primera de ellas, considero que el solo mantenimiento del anonimato del denunciante cuya información originó la investigación no es suficiente para tenerla por inválida.

En mi opinión, es acertada la interpretación del a qua según la cual la jurisprudencia de V.E. en materia de intromisiones policiales en ámbitos constitucionalmente protegidos requiere, en primer lugar, que los funcionarios involucrados den cuenta de los hechos sobre la base de los cuales consideraron justificada la injerencia realizada a fin de permitir el control judicial de sus actos (cf., en especial, disidencia del juez Petracchi en Fallos: 321:2947 ). Sin embargo, no encuentro fundamento en los hechos del caso para postular que tal exigencia haya sido incumplida.Antes bien, advierto que los funcionarios de la policía provincial que intervinieron en el inicio de este proceso asentaron suficientemente sus actos del día 13 de mayo de 2009 que llevaron esa misma noche a la detención de los acusados, de modo que el magistrado que intervino a partir de entonces pudo ejercer un control significativo de la actuación policial desarrollada.

Y si bien la decisión de no registrar la identidad del denunciante ni los términos de su declaración pudo haber limitado la capacidad jurisdiccional para ejercer ese control, considero que ese defecto no es idóneo para anular todo lo actuado en su consecuencia como lo ha hecho el tribunal de casación si, como ocurre en el presente caso, no se ha alegado perjuicio alguno para los acusados que sea específicamente atribuible a dicha omisión, En tal sentido, cabe recordar que es doctrina sostenida por VE que “en materia de nulidades procesales prima un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad práctica, que es razón ineludible de su procedencia, En efecto, la nulidad por vicios formales carece de existencia autónoma dado el carácter accesorio e instrumental del derecho procesal; exige, como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho. De otro modo, la sanción de nulidad aparecería respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público” (Fallos:323:929 y 325:1404 ).

-IV-

En lo referido al VICIO consistente en la demora injustificada en dar intervención a las autoridades judiciales o del Ministerio Público -las que intervinieron recién con el pedido de orden de registro domiciliario, cuando H y E ya habían sido detenidos, aproximadamente doce horas después de recibida la denuncia y tras haber pasado todo el día observando los movimientos ocurridos en el domicilio al que aludía la denuncia (cf. acta que da cuenta de la denuncia, fs. 45; informe sobre las observaciones en el domicilio de los acusados, fs. 46/51; solicitud y orden de registro, encuentro también que el a quo ha dado un alcance exagerado a la protección constitucional contra la arbitrariedad policial.

Como lo postula el recurrente, no hay razón alguna que pueda dar . fundamento a una prohibición constitucional de que las fuerzas de seguridad que reciben una denuncia acerca de la comisión de un delito lleven a cabo medidas de investigación no invasivas dirigidas a corroborar su veracidad antes de transmitirla a las autoridades judiciales y del Ministerio Público encargadas de la persecución penal. En ausencia de una prohibición constitucional así, la actividad llevada a cabo por los funcionarios de la policía de la provincia de Santa Fe que intervinieron en el inicio del presente caso -que, por lo demás, cumplió con las disposiciones pertinentes del Código Procesal Penal de la Nación, en especial, los artículos 183, 184 Y 230 bis- no puede ser reputada inválida del modo en que lo ha hecho el a quo.

Efectivamente, tras recibir la denuncia de la que se da cuenta brevemente en el acta de fojas 45, en la que se anunciaba que ese día se recibiría una cantidad grande de marihuana en el domicilio de la calle Río Tercero 850 de la localidad de Roldán, se dispuso la vigilancia del lugar.A lo largo del día se vieron movimientos consistentes con lo denunciado, en particular, el arribo de un vehículo utilitario que ingresó al inmueble. Más tarde, se hizo ingresar al predio a una camioneta, que hasta ese momento siempre se estacionaba en la calle, a la vista de los vigilado res. Cuando, unas horas después, la camioneta salió, quienes vigilaban pudieron razonablemente sospechar que en ella podría trasportarse material estupefaciente que podría haber llegado, tal como el denunciante lo pronosticara, en el vehículo utilitario que había llegado al domicilio ese día. Sobre esa base, pudo procederse a la detención y registro del vehículo de acuerdo con las disposiciones del artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación.

-V-

Por lo expuesto, y por los argumentos que en igual sentido ha desarrollado el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en su impugnación -y que doy aquí por reproducidos en honora la brevedad- mantengo el recurso interpuesto.

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015

EDUARDO EZEQUIEL CASAL

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2018.

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa H., J. R. s/ infracción ley 23.737 (art. 5, inc. c)”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que los antecedentes del caso, los fundamentos de la resolución del a quo y los agravios que sustentan el recurso extraordinario interpuesto por el representante del Ministerio Público han sido correctamente reseñados en los apartados I y II del dictamen del señor Procurador Fiscal y a su lectura corresponde remitir por razones de brevedad.

2°) Que el recurso es formalmente admisible ya que fue interpuesto por un sujeto procesalmente legitimado contra una sentencia de carácter definitivo dictada por el superior tribunal de la causa y, a su vez, el escrito que lo contiene cumple con él recaudo de fundamentación autónoma.Por otra parte, los agravios del apelante suscitan cuestión federal suficiente, toda vez que denuncia que el alcance otorgado a las garantías constitucionales vinculadas al procedimiento declarado inválido no constituye derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.

3°) Que, ingresando al tratamiento de las cuestiones planteadas, corresponde reseñar que, para decidir como lo hicieron, los jueces que formaron la mayoría en la decisión del a quo asumieron que la actuación de los funcionarios policiales en la génesis del proceso habría generado su ilegitimidad en relación con dos cuestiones. La primera de ellas se relaciona con el modo en el que se recabó la denuncia que impulsó la investigación; mientras que la segunda estaría vinculada, según sostuvieron, con la omisión de comunicar la actividad desarrollada respecto de los imputados a las autoridades judiciales y del Ministerio Público.

4°) Que aun cuando el señor Procurador Fiscal en su dictamen brinda al examen de tales asuntos un tratamiento diferenciado, esta Corte comparte al respecto la inteligencia sostenida en la apelación federal, en cuanto allí se considera que ambas circunstancias se relacionan, en última instancia, con el control de legitimidad de la actuación de los funcionarios de la policía de la Provincia de Santa Fe al momento de proceder a la interceptación del vehículo en el que circulaban los imputados y a inspeccionar su contenido.

5°) Que conviene recordar aquí lo dicho por esta Corte, en el sentido de que el examen de un proceso exige al juez valorar la concatenación de los actos de acuerdo con la sana crítica racional y atendiendo a las reglas de la lógica (cfr. doctrina de Fallos:310:1847 y 311:2045) y que esas reglas se verían alteradas si, como ha sucedido en este caso, se anula un procedimiento como consecuencia de supuestas irregularidades cometidas con anterioridad al único acto con efectiva injerencia en los derechos fundamentales de los imputados.

Aplicando esa línea de razonamiento al examen de lo actuado en el sub lite resulta que, como correctamente lo postulan los representantes del Ministerio Público, no hay razón alguna que pueda dar fundamento a una prohibición constitucional de que las fuerzas de seguridad que’ reciben información acerca de la comisión de un delito de acción pública desarrollen las tareas de investigación que son propias de su función, antes de transmitirlas a los magistrados encargados de la persecución penal.

Sobre esa base, la fundamentación que ensaya el a quo con el fin de explicar la extensión de la nulidad decretada es incorrecta, en tanto no se advierte allí que ni el modo en el que fue recabada la notitia criminis, ni las posteriores tareas de verificación de la información allí aportada que desarrollaron los agentes policiales, generaron alguna afectación irreparable a las garantías constitucionales que amparan a los investigados, que merezca ser desvinculada en su análisis de las restantes circunstancias que permitieron al tribunal oral que dictó la sentencia condenatoria sostener la validez de lo actuado.

6°) Que, por otra parte, en relación con el argumento adicional que comparten los jueces Slokar y Ledesma -aunque postulando conclusiones disímiles-, en cuanto juzgan que en un caso como el presente correspondía brindar intervención necesaria al _Fiscal de Instrucción, corresponde remitir, en lo pertinente, a la doctrina expresada por esta Corte al dictar sentencia in re CSJ 183/2013 (49-L) “Lemos, Ramón Alberto” Fallos: 338:1504 (cfr.punto V del dictamen emitido por el señor Procurador Fiscal en esa oportunidad, a cuyos términos y conclusiones se remitió el Tribunal).

7°) Que en virtud de lo dicho hasta aquí, la sentencia no cuenta con fundamentos mínimos suficientes y, por lo tanto, obstan a su calificación como acto judicial válido en los términos de la doctrina de la arbitrariedad.

Por ello, y lo concordantemente dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto el pronunciamiento apelado. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expresado en el presente. Notifíquese y remítase.

ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – HORACIO ROSATTI (por su voto) – JUAN CARLOS MAQUEDA – CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ (por su voto)

VOTO DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON HORACIO ROSATTI Y DON CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ

Considerando:

Que esta Corte comparte, en lo pertinente, los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal, a cuyos términos corresponde remitir por razones de brevedad.

Por ello, se resuelve: Hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y revocar la sentencia apelada.

Agréguese la queja al principal.

Vuelvan los autos al tribunal de origen para que -por quien corresponda- se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expuesto. Notifíquese y cúmplase.

HORACIO ROSATTI – CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ