Se desafecta como bien de familia el inmueble integrante del acervo conyugal, en el que vive la hija mayor de la partes

Partes: A. G. A. c/ T. M. V. s/ liquidación de sociedad conyugal

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: E

Fecha: 5-oct-2018

Cita: MJ-JU-M-114840-AR | MJJ114840 | MJJ114840

Se procede a la desafectación como bien de familia de un inmueble integrante del acervo conyugal, en el que vive la hija mayor de las partes, pues de lo contrario se desnaturalizaría el fin tuitivo del instituto.

Sumario:

1.-Corresponde proceder a la desafectación como bien de familia del inmueble integrante del acervo conyugal para luego liquidarse dicho bien de la forma que propongan las partes, sin perjuicio que la hija mayor de las partes, actualmente es la única que habita el inmueble inscripto como bien de familia, del cual fue designada como beneficiaria, pues de otro modo se desnaturalizaría el fin tuitivo que lo inspira, manteniendo un inmueble indefinidamente bajo su amparo sin que a la par existan las razones que le sirvan de sustento y sustrayendo dicho inmueble de la potestad de sus propietarios sin justificación razonable alguna.

2.-La afectación de un inmueble al régimen del bien de familia se vincula con la protección del interés familiar, en efecto, el bien de familia tiene por objeto preservar un determinado inmueble de los avatares patrimoniales de su titular e incluso de su propia voluntad en beneficio del núcleo familiar conviviente a la época de la afectación.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 5 días del mes de octubre de dos mil dieciocho, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “E”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados “A., G. A. C/ T., M. V. S/ LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL” Y “A., G. A. C/ T., M. V. S/ DESAFECTACIÓN DE BIEN DE FAMILIA”

respecto de la sentencia única corriente a fs. 224/232 de los primeros autos mencionados, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

La sentencia apelada ¿es arreglada a derecho? Practicado el sorteo, resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara Dres. FERNANDO M. RACIMO. JUAN CARLOS G. DUPUIS. JOSE LUIS GALMARINI.

A la cuestión planteada, el Dr. Racimo dijo:

I. La Sra. juez de primera instancia dictó una única sentencia a fs. 224/232 de los autos sobre “liquidación de sociedad conyugal” (fs. 285/293 de los autos “sobre desafectación de bien de familia”) desestimando las demandas incoadas por el actor, por las razones que expuso, tanto en lo relativo a la desafectación del régimen de bien de familia al que se encuentra inscripto el único inmueble perteneciente a la sociedad conyugal como así también a la pretensión de liquidación de la sociedad conyugal respecto a dicho inmueble aunque sí se admitió la demanda con relación a los bienes muebles e impuso las costas en el orden causado.

De ello se agravian las partes. El actor en los memoriales de fs. 325/331, en lo relativo al pedido de desafectación como bien de familia del inmueble, cuyo traslado fue contestado a fs. 340/344 y 346/348, y en el escrito de fs. 248/249, respecto a la desestimación de la liquidación del mencionado inmueble, que fue respondido a fs. 252/254. La demandada y la tercera interesada expresaron sus agravios a fs. 320 y 322/323, que fueron respondidos a fs.333/334 y 336/338, de los autos “sobre desafectación de bien de familia” y fs. 244/245, contestados a fs. 255/256, de los autos sobre “liquidación de la sociedad conyugal”, en todos los cuales la queja se refiere a la forma en que fueron impuestas las costas en dicho decisorio respecto a los dos procesos.

Por una cuestión de orden metodológico corresponderá analizar en primer lugar los agravios vertidos respecto al tema de la desafectación como bien de familia del mentado inmueble.

II. En ese orden, debe señalarse que las partes están contestes en que adquirieron el inmueble de la calle Billinghurst., 3° piso, UF n° ., de esta ciudad en el mes de abril de 1995 y que en el mes de diciembre del mismo año lo constituyeron como bien de familia y designaron como beneficiaria de dicha afectación a su única hija M. d. P. A., hoy mayor de edad y presentada en autos como tercera interesada (ver fs. 269/270).

Del certificado de dominio y acta de afectación glosados a fs.

179/182 de los autos habidos entre las partes sobre “liquidación de sociedad conyugal” (expte. n°.), que en este acto se tienen a la vista, surge la mentada constitución del inmueble como bien de familia, en los términos de la ley 14.394, y la designación de la hija de ambos condóminos como beneficiaria de tal régimen.

Tampoco existe discrepancia alguna entre las partes con respecto a que el inmueble se encuentra habitado por M. d. P. A. y ello también surge del informe elaborado a fs. 258/261, en el cual también se dejó constancia que el inmueble tiene 3 ambientes con dependencias (de aproximadamente de 95 m2).

III. Ahora bien, la afectación de un inmueble al régimen del bien de familia se vincula con la protección del interés familiar.En efecto, el bien de familia tiene por objeto preservar un determinado inmueble de los avatares patrimoniales de su titular e incluso de su propia voluntad en beneficio del núcleo familiar conviviente a la época de la afectación.

Este interés puede entenderse como la realización de los fines esenciales del núcleo familiar y la protección del interés individual dentro del grupo, siempre que se armonice con dichos fines esenciales.

Desaparecido el interés familiar que tuvo en miras el constituyente, no se justifica la aplicación del régimen de excepción de que se trata (conf. Areán, Beatriz, “Bien de Familia”, ed. Hammurabi, 2001, pág. 32).

Los efectos del bien de familia perduran en el tiempo mientras no se produzca alguna de las causales de desafectación; como ninguna de estas causales se refiere al mero transcurso del tiempo, ha podido afirmarse que la duración de la eficacia del mismo es indeterminada temporalmente. No obstante ello, también se ha señalado que no puede perdurar indefinidamente (conf. Mariani de Vidal, Marina, “Curso de Derechos Reales”, ed. Zavalía, t 2, pág. 80). Los fundamentos de la institución y su misma naturaleza determinan la necesidad de que el régimen cese al producirse situaciones que revelen la ausencia de alguno de los elementos constitutivos esenciales, o que evidencien hechos incompatibles con la subsistencia del bien de familia (conf. Guastavino, “Bien de familia”, nº 565, pág. 439).

Parece oportuno recordar que la institución de que se trata tiene un doble objetivo:el económico, tendiente a la conservación de una parte del patrimonio dentro del núcleo familiar, y el social, en cuanto propende al mantenimiento de la familia bajo un mismo techo (conf.

CNCivil, Sala C, LL 1981-D, 514). Empero, si el interés familiar desaparece, no se justifica la aplicación del régimen de excepción que establece la ley, pues de otro modo se desnaturalizaría el fin tuitivo que la inspira, manteniendo un inmueble indefinidamente bajo su amparo, sin que a la par existan las razones que le sirven de sustento (conf. CNCivil, esta Sala, ED 81-749; id., ED 85-720; id., c. 444.245 del 28-11-05, c. 601.235 del 24-5-12, entre muchas otras).

IV. Desde otra óptica, bien puede afirmarse que las causales de desafectación del bien de familia deben interpretarse en un sentido riguroso, tanto cuando son impetradas por terceros acreedores como cuando surgen desavenencias dentro del seno de la familia protegida. También lo es que se ha dicho que el instituto no debe convertirse en una valla insuperable al ejercicio de los derechos que no comprometen el amparo de la familia, aunque toquen el interés de alguno de sus miembros (conf. CNCivil, Sala D, del 29-2-1984, citado por Guastavino, “Derecho de familia patrimonial, Bien de Familia”, ed. La Ley, 3ra. Edición, 2010, t. II, pág. 391).

Así, el mentado régimen tutela la vivienda ya obtenida, ya sea en propiedad o por cualquier otro medio legítimo, en la que habita la persona y su grupo familiar, frente a las acciones de alguno de sus miembros y también frente a los derechos de los terceros. En todo caso se trata de una apelación a la solidaridad, ya que eventualmente esta tutela requiere posponer el ejercicio de facultades inherentes a derechos patrimoniales del titular y con ello afecta o difiere alguno de los contenidos de la propiedad. Es decir que la característica de inajenabilidad prevista en el art.37, salvo en casos en que sería perjudicial para el interés familiar, determina que el constituyente no puede cancelar su constitución en forma autónoma, con lo cual se protege a los beneficiarios no sólo frente a los terceros que pretendan embargar o ejecutar el inmueble, sino también ante posibles actos repentinos, negligentes o contrarios al interés familiar del propietario (conf. Molina de Juan, Mariel F., “Desafectación del bien de familia”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2011-1, “Bien de familia”, pág. 353/354, apartado I, y 359, apartado VI.1., y sus citas).

En este sentido, no puede perderse de vista que se trata de un inmueble que se encuentra inscripto en condominio entre ambos cónyuges por partes iguales y que, ante la negativa de uno de ellos sin que el otro tenga la mayoría absoluta, en principio, no podría accederse a la pretendida desafectación (arg. art. 49, inc. c], de la ley 14.394 y art. 255, inc. c], del Código Civil y Comercial de la Nación) salvo que, se alegaran y se demostrase la existencia de causas graves que justifiquen tal temperamento (art. 49, inc. e] de la ley citada).

Pero ello debe ser así, siempre y cuando no se considere que la negativa de la cónyuge demandada a desafectar el inmueble del mencionado régimen resulte una conducta abusiva, en principio, intolerable para nuestro derecho.

Durante la vigencia del Código Civil derogado -con anterioridad a la previsión del art. 10 del Código Civil y Comercial de la Nación- algunas sentencias calificaban al abuso del derecho como un verdadero principio general. En tal sentido se declara que “el abuso del derecho constituye la instrumentación normativa de un principio general que inspira el sistema legislativo, afirma la preeminencia de la regla moral y tiene aplicación en todos los ámbitos del ordenamiento, en planos funcionales y éticos.Parece, entonces, que existen muy escasos derechos “incausados”.

Por el contrario, la regla es que la facultad de exigir el cumplimiento estricto de un convenio no tiene carácter absoluto, como no lo tienen ninguna de las prerrogativas reconocidas legalmente; en consecuencia, para merecer el amparo legal, su ejercicio ha de ser regular, adecuado a los fines que se han tenido en cuenta al reconocerlo, y con sujeción a los principios de la buena fe, la moral y las buenas costumbres.

Lo que se sanciona es el ejercicio antisocial o antifuncional de un derecho que produce la desviación de los propósitos perseguidos por la institución de que se trate y que tornan a tal accionar como abusivo o disvalioso.

Ya se apuntó que aparte de la relatividad de los derechos en abstracto existía su relatividad en concreto, y esa es la dimensión en la que se hace mérito del abuso, que surgiría de la ponderación casuística de las disputas jurídicas. Mejor que hablar de abuso es remarcar que como las apreciaciones hermenéuticas deben hacerse en concreto, cuando de ellas surge una injusticia, la solución del conflicto fluye mediante el juego de la equidad, que traza la relatividad de los derechos en concreto, concreción ineludible para intentar una recta interpretación. Se ha interpretado -al examinar el art. 1071 del Código Civil- que los derechos tienen un espíritu que es la razón por la cual la ley los ha concebido y que cuando ellos han sido desviados de la finalidad que los inspira, dejan de merecer esa protección legal (conf. Borda, Guillermo A., “La reforma de 1968 al Código Civil”, Buenos Aires, Perrot, 1971, pág. 131 con cita de Josserand, Derecho Civil, Buenos Aires, t. 1. vol. 1, n° 162). La importancia de rescatar este espíritu de la ley estaba concretada en nuestro derecho por el art. 16 del Código. Y su relevancia no sólo en la temática en la que se inserta el abuso, es defendida por A. en estos términos:”Cada caso debe resolverse con arreglo a la norma que le sea aplicable; pero no a tenor de la pura letra del precepto, sino según su espíritu, averiguado mediante la interpretación. Así que el llamado rigor literal de la norma desaparece al interpretarla debidamente. Pero, una vez averiguado el espíritu, y si, habida cuenta de sus circunstancias, cae dentro de él el caso en cuestión, no es posible soslayar, bajo ningún pretexto, la aplicación del espíritu de la norma, sea o no riguroso (.) puede ocurrir que por las circunstancias especiales del caso que sea, acontezca que aplicarle el precepto de que se trata, resulte inequitativo. Entonces, aunque no diga la ley que tal precepto no se aplique en ese caso, su inaplicabilidad se deduce del propio resultado injusto que la aplicación acarrearía. E improcedente la aplicación en cuestión, se produce un vacío legal que hay que llenar con el principio que inspira el precepto, es decir, despojando a éste de las particularidades de regulación que le hacen inadecuado, lo que es forma de aplicar los principios generales” (conf. Alterini, Jorge Horacio, “Relatividad de los derechos en concreto. Antijuridicidad circunstanciada. Quid del llamado abuso del derecho”, La Ley Online AR/DOC/1361/2014, y sus citas).

Nuestro Máximo Tribunal afirmó que es necesario distinguir entre el derecho y su ejercicio, ya que una cosa es que el derecho prescripto a favor de una de las partes sea abusivo y otra distinta es establecer que ese derecho fue ejercido en forma abusiva (conf. C.S.J.N., del 04-08-1988, in re “Automóviles Saavedra SA c. Fiat Argentina SA”, La Ley 1989-B-4).

Tal incorporación del supuesto de las denominadas “situaciones abusivas” que se configura cuando el abuso es el resultado del ejercicio de una pluralidad de derechos que, considerados aisladamente, podrían no ser calificados como tales, pero que analizados y contemplados en su conjunto generan una situación de abuso, que justifica la actividad jurisdiccional (conf.Lorenzetti, Ricardo L., “Las nuevas fronteras del abuso del derecho [situaciones jurídicas lesivas de libertades, tutela del mercado y amparo]”, La Ley 1995-E-1013).

Pareciera entonces que el abuso del derecho puede entenderse como una aplicación del principio de buena fe sobre el ejercicio de la forma de ejercer las pretensiones sobre los demás individuos en la sociedad, a partir de la utilización de las normas jurídicas que confieren las potestades. En otras palabras, esas potestades no pueden ser ilimitadas (conf. Gómez Laplaza, María del Carmen, “Abuso del derecho”, Revista de Derecho Privado, 2006, págs. 3-73 citada por Iannello, Pablo A., “El concepto de abuso del derecho en el código civil y comercial” La Ley Online AR/DOC/391/2017).

En el caso, debe establecerse si la hija mayor de las partes, que actualmente es la única que habita el inmueble inscripto como bien de familia, del cual fue designada como beneficiaria, tiene derecho a seguir gozando de tal prerrogativa legal luego de decretado el divorcio de sus padres y, así, excluir dicho bien de la liquidación de la sociedad conyugal.

Así, debe verificarse si el interés familiar está o no comprometido en la actualidad de tal manera que justifique que se mantenga la situación mencionada y, por ende, que deba impedirse la liquidación del inmueble pretendida por el padre.

Resulta relevante también analizar tal pretensión de acuerdo a lo dispuesto por el art. 34 de la mentada normativa -aun cuando dicha exigencia no prevalezca en el régimen de afectación actual- que establecía que el valor del inmueble afectado no debe exceder de las necesidades de sustento o de vivienda de la familia del constituyente y que hoy, habitado únicamente por la hija de las partes, sin lugar a dudas, excede notoriamente tal previsión, lo cual permitiría admitir la reclamada desafectación (conf. C.S.J.N., del 01-09-1987, in re “Magnasco de Bicchi, María C.y otro c/ Lavagnino Tschirch de Magnasco, Angélica”).

Es que, excedido ese límite, es viable la desafectación por contrariar la finalidad de la norma que no consiente el otorgamiento del beneficio legal a viviendas que por superar aquellos requerimientos vitales puedan ser calificadas como suntuarias. Se trata, pues, de un análisis comparativo entre la importancia de la propiedad y las necesidades del núcleo familiar que alberga (conf. Arrinda, María F., “Abuso de derecho en el fuero de familia”, La Ley Online 0003/800566 y sus citas).

Se ha dicho que si bien es cierto que no se ha demostrado que quien habita el inmueble tenga su propio sustento e ingresos de tal entidad que pueda procurarse por sí misma una vivienda, no puede soslayarse que no rige en la especie obligación alimentaria de los progenitores por cuanto la beneficiaria ha superado la edad prevista por el art. 663 del Código Civil y Comercial de la Nación (28 años, ver fs. 127 del expte. n° 54.676/2012).

En tales circunstancias, la negativa expresada por la parte demandada en punto a la desafectación como bien de familia del único inmueble integrante del acervo conyugal para proceder a su liquidación resulta abusiva y no debe admitirse, pues de otro modo se desnaturalizaría el fin tuitivo que lo inspira, manteniendo un inmueble indefinidamente bajo su amparo sin que a la par existan las razones que le sirvan de sustento y sustrayendo dicho inmueble de la potestad de sus propietarios sin justificación razonable alguna.

Por ello, deberá revocarse la sentencia recurrida y, en consecuencia, procederse a la desafectación como bien de familia del inmueble integrante del acervo conyugal para luego liquidarse dicho bien de la forma que propongan las partes.

V. Ahora bien, pese a lo señalado precedentemente, deberá mantenerse la forma en que fueron impuestas las costas en ambos procesos -en el orden causado-. En efecto, debe señalarse que la eximición que autoriza el art.68 del Código Procesal procede, en general, cuando media “razón fundada para litigar”, expresión ésta que contempla aquellos supuestos en que, por las particularidades del caso, cabe considerar que el vencido actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho invocado en el litigio. Sin embargo, no se trata de la mera creencia subjetiva del litigante en orden a la razonabilidad de su pretensión, sino de la existencia de circunstancias objetivas que demuestren la concurrencia de un justificativo para eximirlo de costas y sólo ha de disponerse la exención cuando existen motivos muy fundados, por la predominancia del criterio objetivo de la derrota (conf. CNCivil, esta Sala, LL 1987-B-435 y sus citas; c. 167.349 del 5-5-95; c. 171.720 del 22-5-95; c. 173.494 del 20-6-95, c. 551.101 del 31-5-10, c. 582.470 del 13-7-11, c. 616.991 del 20-3-13, c. 82.726 del 11-07-14, entre muchas otras).

Asimismo, la norma que contiene el art. 68 del Código Procesal, sólo puede ceder en supuestos que presenten serias dificultades en la solución del conflicto (conf. CNCivil, esta Sala, c. 146.831 del 12-5-94, c. 180.868 del 9-10-95, c. 178.944 del 12-10-95, c. 186.222 del 12-12-95, c. 544.363 del 8-02-10, c. 616.991 del 20-3-13, c. 82612/2002 del 16-09-13, entre muchas otras), situación que se ajusta al caso de autos.

Es que las particularidades que ofrece la cuestión debatida indica que las costas que motivaron el presente decisorio debieron imponerse en el orden causado, atento también a que la vencida pudo creerse con derecho a peticionar como lo hiciera (conf. CNCivil, esta Sala, c. 518.065 del 21-10-08, c. 522.728 del 15-12-08, c. 524.390 del 18-2-09, c. 531.130 del 21-5-09, c.82.358/2016/CA1 del 3-4-18, entre muchos otros; Barbieri, Patricia en Higthon – Areán, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.”, t. 2, pág. 64, comen. art. 68; Colombo – Kiper, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Anotado y Comentado”, t. I., pág. 491, núm. 12, comen. art. 68; Fenochietto – Arazi, op. y loc. cits., pág. 260, punto c.; Gozaíni Osvaldo Alfredo, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Anotado”, t. I, pág. 217, comen. art. 68; Fenochietto Carlos Eduardo, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado”, t. I, pág. 286, núm. 6), máxime si se pondera que se está frente a una cuestión sujeta -como en el caso- a la prudente apreciación judicial. En ese entendimiento, las costas de ambas instancias deben imponerse en el orden causado.

Propongo, por ende, que se revoque la sentencia apelada en lo que decide y fuera materia de agravios, con el alcance que surge de los considerandos y que las costas de ambas instancias sean impuestas en el orden causado.

Los Sres. Jueces de Cámara Dres. Juan Carlos G. Dupuis y José Luis Galmarini por análogas razones a las expuestas por el Dr.

Fernando M. Racimo, votaron en el mismo sentido. Con lo que terminó el acto. JUAN CARLOS G. DUPUIS. FERNANDO M. RACIMO. JOSE LUIS GAMARINI.

Este Acuerdo obra en las páginas nº 823 a nº 826 del Libro de Acuerdos de la Sala “E” de la Exma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, 5 de octubre de 2018.

Y VISTOS:

En atención a lo que resulta de la votación de que ilustra el acuerdo que antecede, se revoca la sentencia apelada en lo que decide y fuera materia de agravios, con el alcance que surge de los considerandos.

Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado (art. 68 del Código Procesal). Regulados que sean los honorarios en la instancia de grado se fijarán los correspondientes a esta Alzada. Notifíquese y devuélvase.

JUAN CARLOS GUILLERMO DUPUIS

JUEZ DE CAMARA

FERNANDO MARTIN RACIMO

JUEZ DE CAMARA

JOSE LUIS GALMARINI

JUEZ DE CAMARA