Responsabilidad del fabricante de televisores que demoró la reparación de un aparato por supuesta imposibilidad de conseguir los repuestos

Partes: Samsung Electronic Argentina S.A. c/ Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor s/ recurso directo sobre resoluciones de defensa al consumidor

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sala/Juzgado: III

Fecha: 23-ago-2018

Cita: MJ-JU-M-114288-AR | MJJ114288 | MJJ114288

Es sancionable la conducta del fabricante de televisores que demoró la reparación de un aparato sin justificar su imposibilidad de conseguir los repuestos importados necesarios.

Sumario:

1.-Es procedente confirmar la multa impuesta a la empresa fabricante de televisores que no cumplió con su deber de asegurar el suministro de repuestos necesarios para brindar un servicio técnico adecuado (art. 12 , Ley 24.240), pues para justificar su conducta se limitó a mencionar que las restricciones a las importaciones eran de público y notorio conocimiento, absteniéndose de aportar cualquier medio de prueba que permita al tribunal elucidar si, al momento de los hechos, estaba efectivamente impedida de conseguir los repuestos necesarios, ya sea importándolos o adquiriéndolos en el mercado local, máxime considerando que la orden emitida por el prestador de servicio técnico en ningún momento señala que la extensión del plazo de reparación se sujetaba a la disponibilidad de repuestos importados.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los días del mes agosto de dos mil dieciocho, reunidos en acuerdo los jueces de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para conocer en el recurso directo de apelación interpuesto y fundado a fs. 19/22 vta. contra la disposición DI-2016-1747-DGDYPC dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, en los autos caratuladas “Samsung Electronics Argentina S.A. c/ Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor s/ Recurso Directo sobre Resoluciones de Defensa al Consumidor”, Expediente No D15988- 2016/0, y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Esteban Centanaro, Dra. Gabriela Seijas y Dr. Hugo Zuleta, al tiempo que resuelven plantear y votar si se ajusta a derecho la resolución apelada.

A la cuestión planteada, el Dr. Esteban Centanaro dijo:

I. La presente acción se inició como consecuencia de la denuncia efectuada por el Sr. Ricardo Salomón Izón ante la Dirección de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante DGDYPC o Dirección) contra Samsung Electronics Argentina S.A. (en adelante, Samsung). Relató que el 28 de julio de 2014 llevó su televisor LED al servicio técnico Samsung-San Martín, donde presupuestaron los trabajos de reparación en mil quinientos pesos ($1500) y estimaron que serían terminados en el plazo en 15 días. Sin embargo, pese a comunicarse telefónicamente en seis ocasiones y concurrir personalmente en otras cinco a la sede del servicio técnico, nunca se le indicó claramente cuándo se le devolvería el aparato. Solicitó que la empresa le entregara la unidad reparada u otra equivalente, más los costos del servicio Direct TV, que ascienden a doscientos cincuenta pesos mensuales ($250) y que, al

momento de la denuncia, llevaba cinco meses abonando sin contar con un televisor para poder utilizarlo (cfr. fs. 2/3).

II. A fs.17 luce el acta en la que consta que las partes no llegaron a una amigable composición.

A fs. 35/40 obra la providencia PV-2016-11049273-DGDYPC, por la cual la DGDYPC decidió darle tratamiento conjunto a veinte denuncias contra Samsung, entre las cuales se encontraba la del Sr. Izón (expediente No 26300331/2015), imputándole, con relación a ésta última, la presunta infracción del deber de brindar un servicio técnico adecuado contenido en el artículo 12 de la ley 24240, puesto que “[.] la denunciada en su carácter de fabricante del Televisor LED de propiedad del denunciante sometido a reparación no habría asegurado el adecuado suministro de partes y repuestos imprescindibles a esos fines [.]” (fs. 29).

A fs. 33/46, la empresa formuló descargo. En lo atinente a la denuncia del Sr. Izón, sostuvo que el certificado de garantía entregado al denunciante indicaba que, en el supuesto de no encontrarse disponibles los repuestos importados, el tiempo de reparación estaría sujeto a las normas y plazos vigentes de importación III. En la disposición DI-2016-1747-DGDYPC (ver fs. 69/77), la Dirección consideró que la empresa no había cumplido con su deber de asegurar el suministro de repuestos necesarios para brindar un servicio técnico adecuado, conforme al artículo 12 de la ley 24240.

La DGDYPC condenó a Samsung a abonar veinticinco mil pesos ($ 25.000) en concepto de multa (cfr. anexo obrante a fs. 78/79) y publicar la sanción en el diario Clarín.

IV. Samsung interpuso recurso de apelación (cfr. fs.19/22 vta.).

Argumentó que el certificado de garantía aclaraba que los tiempos de reparación estaban condicionados por los plazos y normas vigentes de importación, y que era de público y notorio conocimiento (y, por lo tanto, exento de prueba) que entre 2014 y 2015 el abastecimiento de repuestos importados había estado interrumpido y sólo de forma antojadiza la Secretaría de Comercio de la Nación habilitaba el ingreso de estos productos, no habiendo normas escritas que permitieran saber qué importaciones serían autorizadas.

Subsidiariamente, solicitó que se redujera la multa por cuanto no guardaba proporcionalidad con los daños alegados ni se expresaban las fundamentos que la motivaban.

Hizo reserva del caso federal y requirió que se revocara la disposición recurrida.

V. Corrido el pertinente traslado, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante GCBA) contestó los agravios a fs. 113/118 vta., escrito al que corresponde remitirse en honor a la brevedad.

A fs. 132/134 obra el dictamen del Sr. Fiscal de Cámara. A fs. 139 pasaron los autos al acuerdo.

VI. Como paso previo a entrar en el análisis de aquello que fuera materia del recurso, cabe recordar que los jueces no están obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean conducentes para la correcta composición del litigio (conf. art. 310 del CCAyT y doctrina Fallos 272:225; 274:486; 276:132 y 187:230, entre otros).

Sentado ello, liminarmente estimo necesario analizar el régimen legal aplicable a la presente cuestión.

El artículo 12 de la ley 24240 dispone: “Servicio Técnico.Los fabricantes, importadores y vendedores de las cosas mencionadas en el artículo anterior, deben asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos”.

La Constitución nacional prevé que “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios” (art. 42 CN, 1o y 2o párrafo).

Y, por su parte, la Constitución local establece en el capítulo decimoquinto, dedicado a los consumidores y usuarios que “[l]a Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la ley determine como inadecuadas” (art. 46 CCABA, 1o y 2o párrafo).

VII. La actora sostiene que no incumplió con su deber de asegurar un servicio técnico adecuado en los términos del artículo 12 de la ley 24240 porque la provisión de los repuestos necesarios para concretar la reparación se encontraba interrumpida por las restricciones a la importación vigentes al momento de los hechos. Esta eventualidad se encontraba prevista en el certificado de garantía.

Entiendo que este agravio no puede tener favorable acogida.La empresa se limita a mencionar que las restricciones a las importaciones eran “de público y notorio conocimiento”, absteniéndose de aportar cualquier medio de prueba que permita a este tribunal elucidar si, al momento de los hechos, se encontraba efectivamente impedida de conseguir los repuestos necesarios, ya sea importándolos o adquiriéndolos en el mercado local.

El certificado de garantía acompañado a fs. 53/54, aunque indica en su punto 6 que “[p]or tratarse de partes y repuestos importados, en el supuesto de no contar con los necesarios para la reparación, el tiempo de reparación estará sujeto a las normas y plazos vigentes de importación”, no cuenta con la firma del denunciante o cualquier otra indicación que demuestre siquiera que éste fue informado sobre tal posibilidad. En su lugar, las orden No 00056396 emitida por el prestador de servicio técnico de la actora en ningún momento señala que la extensión del plazo de reparación se sujetaba a la disponibilidad de repuestos importados (cfr. fs. 7).

Por estos motivos, este agravio debe ser desestimado.

VIII. Por último, el argumento de la actora en cuanto a la supuesta desproporción de la sanción impuesta con la falta imputada también debe ser descartado.

El artículo 49 de la ley 24.240 ordena tener en cuenta a la hora de graduar la sanción “[.] el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho”.

La DGDYPC tuvo expresamente en cuenta que la actora era reincidente (ver fs.75). Ello, sumado a la posición en el mercado de la empresa y los riesgos de generalización de la infracción, el perjuicio sufrido por el consumidor (cuyo televisor se encuentra en condiciones inutilizables), y el hecho de que la sanción aplicada se encuentra mucho más próxima al mínimo que al máximo legal (cfr. “Metronec S.A. c/ GCBA s/ Otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”, Expediente No RDC 3235/0, sentencia del 08/04/2016, sala III, voto del Dr. Centanaro, considerando X), me llevan a concluir que la sanción no es desproporcionada.

Por tal motivo, corresponde rechazar el agravio esgrimido por la recurrente en este punto.

IX. Las costas se imponen a la actora, al no encontrar motivos para apartarme del principio objetivo de la derrota (artículo 62 CCAyT).

XII. En mérito de las consideraciones expuestas, propongo al acuerdo:

1) Rechazar al recurso directo interpuesto a fs. 19/22 vta. y, como consecuencia, confirmar la disposición DI-2016-1747-DGDYPC; 2) Imponer las costas a la actora.

A la cuestión planteada, la Dra. Gabriela Seijas dijo: adhiero al voto del Dr. Centanaro.

En razón de las consideraciones expuestas, se RESUELVE:

1) Rechazar al recurso directo interpuesto a fs. 19/22 vta. y, como consecuencia, confirmar la disposición DI-2016-1747-DGDYPC; 2) Imponer las costas a la actora.

Se deja constancia de que el Dr. Zuleta no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.

Regístrese, notifíquese al Fiscal de Cámara y a las partes.